B.IA.LEGAL

SCP 0925/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54183-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes, considera lesionados sus derechos a la libertad y debido proceso, vinculado con los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, la Jueza demandada dispuso la ampliación de su detención preventiva por treinta días, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el 5 de diciembre de 2022, en base a un cómputo equivocado y arbitrario, debido a que, el plazo de ciento veinte días de detención preventiva que quedó firme fenecía el 26 de noviembre de ese año, error que implica un exceso de ocho días de privación de libertad; habiendo apelado esa determinación fundamentó el agravio en el error de cómputo del plazo; no obstante, la Vocal demandada, al resolver el recurso, confirmó el Auto apelado sin considerar ni subsanar el cómputo erróneo del plazo de la detención preventiva; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas no exceder el tiempo de detención preventiva y recalculen el cómputo de ciento veinte días. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 27/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a los derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y principio de legalidad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, emitido por la Vocal demandada, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado; 3° Denegar la tutela en relación al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Exhortar a Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, observar la jurisprudencia y entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional, a efectos de su aplicación en futuros casos similares.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0925/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54183-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Sánchez Rodríguez y Jesús Fernando Vaca Bonilla en representación sin mandato de Néstor Zurita Martínez contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 66 a 77 vta., el accionante a través de sus representantes, expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por noventa días, cuyo plazo vencería el 27 de octubre de 2022. Posteriormente, el Ministerio Público, el 28 de ese mismo mes y año, solicitó la ampliación de detención preventiva, que no obstante fue realizada fuera de término legal y procesal, la Jueza ahora demandada, en audiencia de 4 de noviembre de ese mismo año, a través de Auto Interlocutorio 167/2022 de misma fecha, dispuso la ampliación solamente por treinta días, fijando audiencia para considerar su situación jurídica para el 5 de diciembre de igual año, cómputo que resulta equivocado y arbitrario, porque correspondía computar que los ciento veinte días que quedaron firmes fenecían el 26 de noviembre de 2022, razón por la que apeló dicha determinación. En instancia de apelación, se fijó audiencia para el 24 de noviembre del mismo año, en la cual fundamentó el agravio sobre el error de cómputo de ocho días que omitió considerar la a quo, empero, la Vocal hoy demandada, confirmó lo dispuesto en el Auto apelado. Así, ambas autoridades, dispusieron que cumpla un tiempo de detención de 128 días y no así de 120, usando mal el cómputo del plazo previsto en el art. 130 del Código Procesal Penal (CPP); lo cual atentó a su derecho a la libertad vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y debido proceso, vinculado con los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 9.2, 23, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas no exceder el tiempo de detención preventiva y recalculen el cómputo de ciento veinte días, que quedaron firmes con el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 88 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los representantes sin mandato del accionante, en audiencia ratificaron íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándola, señalaron que: a) La Jueza demanda reconoció y admitió el error del cómputo de plazos, por lo que señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 29 de noviembre de 2022, cuando exoficio le correspondía fijar esa audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al cumplimiento del plazo de detención, que es desde el 26 de ese mes y año, en consecuencia señalar audiencia para el 28 de igual mes y año; y, b) El fundamento para la audiencia fijada por la Jueza, fue la realización de una pericia geo referencial; sin embargo, transcurrieron más de veinte días sin que el Ministerio Público, haya notificado con ella; al contrario, el 25 del mismo mes y año, nuevamente solicitó ampliación de detención preventiva con el mismo fundamento emergido el 4 de noviembre de ese año.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito de 25 de noviembre de 2022, cursante a fs. 85 a 86, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante, al momento de cuestionar el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, no expuso las razones específicas por las cuales la labor interpretativa impugnada vulneraría el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, limitándose únicamente a relatar antecedentes, citar jurisprudencia constitucional y alegar aspectos que no coincidían con los fundamentos del Auto de Vista objeto de análisis; 2) Consideró que la Jueza a quo realizó un análisis integral, valoró los actos de investigación que el Ministerio Público tuvo que realizar, asimismo los antecedentes del caso y gravedad del hecho; pudo ver que la autoridad a quo fundamentó debidamente la ampliación de treinta días, toda vez que el fiscal señaló todo los actos que se debía realizar; 3) La parte recurrente manifestó que desde el 4 hasta el 24 de noviembre de 2022, dentro de esos veinte días el Ministerio Público no habría realizado ningún acto de investigación, institución que hizo conocer que la ciudad de Santa Cruz se encontraba en un paro de más de un mes aproximadamente, situación que no se pudo omitir; por lo que consideró loable la ampliación de treinta días solicitados; y, 4) Al confirmar la resolución del juez de primera instancia actuó conforme a lo establecido por los arts. 124, 171 y 173 del CPP, así como con lo señalado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre; respetando las garantías del debido proceso del accionante, enmarcando la resolución conforme a los principios de congruencia y verdad material, instituido en el art. 180.I de la CPE; y tomó en cuenta lo previsto en el art. 235 ter del CPP. Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital de Santa Cruz, mediante informe escrito de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 83 y vta., solicitó que se deniegue tutela, señalando: i) El 28 de octubre de 2022, el Ministerio Público solicitó la ampliación de detención preventiva del accionante, por lo que el 4 de noviembre del mismo año ordenó la ampliación de la detención preventiva por un plazo de treinta días, resolución que fue apelada por el imputado; y, ii) Efectuando un cómputo exacto del plazo de detención, el mismo vence el 26 de noviembre de 2022, por lo que advertida del error involuntario en el señalamiento de audiencia, señaló audiencia para el 29 de ese mes y año; que al haber subsanado de oficio no corresponde conceder la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 27/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 89 a 92 vta., denegó la tutela solicitada, con el argumento que, por la prueba aportada, la jueza demandada advertida de su error involuntario, mediante Decreto de 25 de noviembre de 2022 habría señalado audiencia de consideración del plazo de detención preventiva para el 29 del mismo mes y año, infiriendo que al momento de la presentación de la acción tutelar los supuestos fácticos habrían cesado, lo cual implica que la supuesta vulneración al derecho a la libertad y debido proceso habría cesado con el señalamiento de audiencia referido; por lo cual coligió la pérdida del objeto procesal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor Zurita Martínez -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, hoy demandada, mediante Auto Interlocutorio 1236/2022 de 29 de julio de 2022, dispuso aplicar la detención preventiva del imputado, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento veinte días (fs. 32 vta. a 37); plazo que fue modificado a noventa días a través del Auto de Vista de 3 de octubre de 2022 (fs. 46 a 52 vta.). II.2. El Ministerio Público, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza de la causa ampliación del plazo de detención preventiva por noventa días (fs. 53 a 56); solicitud que fue considerada en audiencia de 4 de noviembre de ese año, acto en el cual por Auto Interlocutorio de esa fecha, se amplió el plazo referido por treinta días, y se señaló audiencia para considerar la situación jurídica del imputado para el 5 de diciembre del mismo año; actuado procesal en el que el abogado defensor interpuso recurso de apelación incidental (fs. 62 a 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes, considera lesionados sus derechos a la libertad y debido proceso, vinculado con los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, la Jueza demandada dispuso la ampliación de su detención preventiva por treinta días, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el 5 de diciembre de 2022, en base a un cómputo equivocado y arbitrario, debido a que, el plazo de ciento veinte días de detención preventiva que quedó firme fenecía el 26 de noviembre de ese año, error que implica un exceso de ocho días de privación de libertad; habiendo apelado esa determinación fundamentó el agravio en el error de cómputo del plazo; no obstante, la Vocal demandada, al resolver el recurso, confirmó el Auto apelado sin considerar ni subsanar el cómputo erróneo del plazo de la detención preventiva; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas no exceder el tiempo de detención preventiva y recalculen el cómputo de ciento veinte días. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:

[E]s la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad 1La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado. Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares

[E]l Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Sistematización jurisprudencial extraída de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, la Jueza demandada dispuso la ampliación de su detención preventiva por treinta días, señalando audiencia para considerar su situación jurídica el 5 de diciembre de 2022, con base en un cómputo equivocado y arbitrario, debido a que, el plazo de ciento veinte días de detención preventiva que quedó firme fenecía el 26 de noviembre de ese año, error que 8El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

implica un exceso de ocho días de privación de libertad; habiendo apelado esa determinación fundamentó el agravio en el error de cómputo del plazo; no obstante, la Vocal demandada, al resolver el recurso, confirmó el Auto apelado sin considerar ni subsanar el cómputo erróneo del plazo de la detención preventiva. Debe tenerse en cuenta que, si bien el accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso, vinculado con los principios de legalidad y seguridad jurídica; en cuanto al debido proceso debe entenderse que este se refiere además a los elementos fundamentación y motivación, sobre los cuales también versará el análisis del caso. De los antecedentes contenidos en el expediente, se corrobora que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y organización criminal, la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 1236/2022 de 29 de julio, inicialmente dispuso aplicar la detención preventiva del imputado, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento veinte días; plazo que posteriormente fue modificado a noventa días a través del Auto de Vista de 3 de octubre de 2022. Ulteriormente, el Ministerio Público, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2022, solicitó a la Jueza de la causa ampliación del plazo de detención preventiva por noventa días, solicitud que fue considerada en audiencia de 4 de noviembre de ese año, en la cual por Auto Interlocutorio de esa fecha, se amplió el plazo referido por treinta días, y se señaló audiencia para considerar la situación jurídica del imputado para el 5 de diciembre del mismo año; la Resolución referida contiene la siguiente argumentación: a) El Ministerio Público argumentó que la investigación es compleja, a esa fecha de la audiencia aún continuaban pendientes actos investigativos necesarios para la averiguación de la verdad, existían requerimientos fiscales a entidades distintas de los cuales aún no se tenía respuesta, se necesitaba una pericia geo referencial y la revisión del flujo de llamadas de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados, la ampliación era necesaria para garantizar que se realicen estas diligencias pendientes, asegurando la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; b) La defensa señaló que, el Ministerio Público no indicó de forma precisa las diligencias pendientes, resultando la solicitud demasiado amplia y violatoria del derecho del defendido; se presentaron memoriales solicitando diligencias que no fueron respondidos por el fiscal ni cursaban en el cuaderno de investigaciones; solicitó el rechazo de la solicitud porque no estaba debidamente fundamentada y no existía una complejidad en el caso; c) El art. 233.3 del CPP permite ampliar la detención preventiva cuando el caso es declarado complejo o cuando subsisten actos investigativos pendientes; consideró necesario realizar los actos detallados por el Fiscal para asegurar la averiguación de la verdad histórica de los hechos, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, y concluyó que, "al existir actos pendientes dentro de la investigación, corresponde aceptar la solicitud del Ministerio Público"; y d) Resolvió ampliar el plazo de detención preventiva para el accionante por un plazo de treinta días más; y señaló audiencia para considerar la situación jurídica del imputado para el día lunes 5 de diciembre del 2022. El accionante, al considerar dicha decisión arbitraria interpuso recurso de apelación incidental, expresando como agravio que, el error del cómputo del plazo de detención preventiva que venía cumpliendo desde el 29 de julio de 2022 y la errada fecha dispuesta para la consideración de su situación jurídica para el 4 de diciembre de ese año, que no respetaría los ciento veinte días del plazo de detención, sino que resultaría que deba purgar ciento veintiocho días de detención en total, lo cual implicaría ocho días más de privación de libertad ilegítima e ilegal. En instancia de apelación, la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, que confirmó el Auto Interlocutorio apelado; no obstante, que no cursa en el expediente el acta de apelación y el Auto de Vista, los argumentos del mismo se extraerán del contenido de la acción tutelar, del acta de audiencia tutelar y del informe escrito de 25 de noviembre de 2022, -presentado por la demandada-, quien refirió: 1) La jueza a quo realizó un análisis integral, valoró los actos de investigación que el Ministerio Público tuvo que realizar; asimismo, los antecedentes del caso y gravedad del hecho; pudo ver que la autoridad a quo fundamentó debidamente la ampliación de treinta días, toda vez que el fiscal señaló todo los actos que se debía realizar; 2) La parte recurrente manifestó que desde el 4 hasta el 24 de noviembre de 2022, dentro de esos veinte días el Ministerio Público no habría realizado ningún acto de investigación, institución que hizo conocer que la ciudad de Santa Cruz se encontraba en un paro de más de un mes aproximadamente, situación que no se pudo omitir; por lo que consideró loable la ampliación de treinta días solicitados; y, 3) Al confirmar la resolución del juez de primera instancia actuó conforme a lo establecido por los arts. 124, 171 y 173 del CPP, así como con lo señalado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre; respetando las garantías del debido proceso del accionante, enmarcando la resolución conforme a los principios de congruencia y verdad material, instituido en el art. 180.I de la CPE; y tomó en cuenta lo previsto en el art. 235 ter del CPP. Es pertinente establecer que, la acción de libertad es el mecanismo idóneo para proteger el derecho a la libertad cuando esta es vulnerada por un procesamiento indebido, siempre que se afecte directamente el mismo y se hayan agotado los mecanismos intraprocesales de impugnación; lo cual ocurrió en el presente asunto, por cuanto el accionante impugnó el error del cómputo del plazo de detención preventiva asumido en el Auto Interlocutorio de 4 de noviembre de 2022, mediante el recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, que constituye el último acto procesal ordinario que resolvió su situación jurídica. En principio, en relación a la actuación de la Jueza demandada, se corrobora que en el Auto interlocutorio de 4 de noviembre de 2022, se refirió a los argumentos del Ministerio Público y de la defensa; e hizo referencia a lo previsto por el art. 233.3 del CPP, y concluyó que era necesario realizar los actos detallados por el Fiscal para asegurar la averiguación de la verdad histórica de los hechos, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, al existir actos pendientes dentro de la investigación para ampliar el plazo de detención preventiva para el accionante por un plazo de treinta días más; sin embargo, específicamente en relación al señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica del imputado para el 5 de diciembre del 2022, no realizó ninguna explicación; al contrario, su decisión dejó entrever error en el cómputo del vencimiento del plazo de la detención preventiva, volviendo el mismo en ciento veintiocho días, ocho días más del plazo establecido. Asimismo, conforme acreditó el juez de garantías quien tuvo acceso al cuaderno procesal bajo el principio de inmediación, resulta evidente que, emitió un Decreto de nuevo señalamiento de audiencia para la consideración del plazo de detención preventiva, para el 29 de noviembre de 2022; señalamiento que reprogramó advertida del error del cómputo del plazo de detención preventiva, que vencía el 26 de ese mes y año, que como recaía en un día sábado y tomando en cuenta lo previsto en el art. 113.II del CPP debió haberse señalado audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas debiendo habilitarse incluso horas inhábiles, es decir, hasta el 28 del indicado mes y año; sin embargo, esta reprogramación de audiencia, no dejó de ser arbitraria toda vez que no enervó la vulneración consumada, por cuanto no solo inobservó la norma procesal citada precedentemente, sino dispuso que el accionante permaneciera detenido hasta esa fecha, excediendo el plazo legal de vencimiento; esta decisión, que mantenía la detención ilegalmente prolongada, demuestra que el Auto Interlocutorio denunciado adolecía de vicios materiales por el uso de un cómputo equivocado y arbitrario, lo cual lesionó los derechos a la libertad y el debido proceso alegados. En ese marco, a continuación, revisaremos los planteamientos del accionante contrastando los agravios del recurso de apelación que interpuso con la resolución de alzada cuestionada que dejó firme la ampliación del plazo de detención preventiva por treinta días más y el inicial señalamiento de audiencia para el 5 de diciembre de 2022. Al respecto, el hoy accionante mencionó que, el error del cómputo del plazo de detención preventiva que venía cumpliendo desde el 29 de julio de 2022; y, la errada fecha establecida para el 4 de diciembre de ese año para la consideración de su situación jurídica, que no respetaría los ciento veinte días del plazo de detención, sino que resultaría que deba purgar ciento veintiocho días de detención en total, lo cual implicaría ocho días más de privación de libertad ilegítima e ilegal. Contrastando el recurso y la resolución de apelación, se corrobora que la Vocal demandada, a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental, en cuanto al agravio referido al error del cómputo del plazo de detención preventiva de los treinta días ampliados a los noventa días iniciales, que decantó en fijar una fecha errada para la consideración de su situación jurídica, que no respetaría los ciento veinte días del plazo de detención, sino que resultaría ocho días más de privación de libertad ilegítima e ilegal; no realizó un análisis lógico y razonable del agravio planteado por el apelante; esta omisión de pronunciamiento sobre un punto fundamental que afectaba la legalidad del plazo de la detención preventiva al recaer sobre el derecho a la libertad, la Vocal convalidó la arbitrariedad. Al contrario, se limitó a abordar únicamente sobre la ampliación del plazo de treinta días, al señalar que la Jueza a quo fundamentó debidamente la ampliación, toda vez que el fiscal señaló todos los actos pendientes que se debía realizar, al efecto consideró que la ciudad de Santa Cruz se encontraba en un paro por más de un mes aproximadamente; y, que actuó conforme a lo establecido por los arts. 124, 171 y 173 del CPP, así como con lo señalado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre; de ahí que su decisión deviene en arbitraria, lo cual vulneró el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación vinculado a la libertad. Este argumento de la vocal demandada no contiene una fundamentación específica que analice y explique por qué era correcto el cómputo del plazo de detención realizado por la a quo, tampoco se mencionó explicación alguna respecto al señalamiento de la audiencia para el 4 de diciembre de 2022, tal como fue solicitado explícitamente como agravio; al contrario, no cumple con la fundamentación y motivación exigida por el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, es un componente esencial que garantiza que toda restricción a la libertad se base en razones de hecho y de derecho, esta exigencia cobra mayor trascendencia en resoluciones que imponen, mantienen o modifican la detención preventiva. Como se evidencia, la Vocal demandada ignoró la función de revisión integral de la segunda instancia máxime si los defectos se generaron en la resolución de primera instancia; toda vez que, no realizó una revisión del fallo de la juez a quo, considerando los motivos de agravio, por cuanto no emitió ningún pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado sobre el mismo. En ese marco, los tribunales de alzada están impelidos a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones; y, poseen suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación de medidas cautelares, toda vez que el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, establece que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por lo examinado, se concluye que la Vocal demandada incumplió lo establecido en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió; y que, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Además, la justificación de la ampliación que hace referencia a la gravedad del hecho y la simple enumeración de actos pendientes son argumentos retóricos o insuficientes que no satisfacen los requisitos de la debida motivación en materia cautelar, debido a que el Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones relativas a los riesgos procesales; así, la confirmación del Auto Interlocutorio apelado por parte de la Vocal, sin abordar el agravio del error en el cómputo ilegal y basándose en una motivación genérica, no demostró que la ampliación de la detención preventiva del accionante fuera necesaria y razonable para el cumplimiento de sus fines legítimos, con lo cual la resolución deviene en arbitraria y vulneradora del derecho a la libertad al margen de las formas establecidas por el CPP, lo cual además lesiona el principio de legalidad. Por todo lo fundamentado y motivado; corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en relación al principio de seguridad jurídica invocado por el accionante, este Tribunal no evidencia la forma en la que el mismo fue lesionado, a efectos de su consideración y tutela; por consecuencia, corresponde denegar la tutela.

III.3.1. Con relación al Juez de garantías

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido Juez de garantías, denegó la tutela aplicando el fundamento de la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, bajo el argumento que la Jueza demandada advertida de su error involuntario, mediante Decreto de 25 de noviembre de 2022 habría señalado audiencia de consideración del plazo de detención preventiva para el 29 del mismo mes y año, infiriendo que al momento de la presentación de la acción tutelar la supuesta vulneración al derecho a la libertad y debido proceso habría cesado. Al respecto, se soslayó considerar que en esta acción tutelar se demandó como actos lesivos la actuación de la jueza y vocal demandadas, en relación al error en el cómputo del plazo de la detención preventiva que devino en un señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica más allá del plazo establecido. En ese marco, compelía ingresar al análisis de fondo y considerar las actuaciones jurisdiccionales denunciadas como actos lesivos. Es más, tratándose de acciones de libertad, en casos en que hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectoras de este mecanismo de defensa; correspondía al Juez de garantías resolver la acción tutelar dentro del alcance de protección de la acción de libertad innovativa, que de acuerdo al razonamiento asumido en la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; tal cual ocurrió en el presente caso, toda vez que, si bien la a quo reprogramó la audiencia de consideración de la situación jurídica para el 29 de noviembre de 2022, no cesó el acto ilegal; por cuanto persistió el error del cómputo del vencimiento del plazo de cesación de detención preventiva del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 27/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a los derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y principio de legalidad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, emitido por la Vocal demandada, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado; 3° Denegar la tutela en relación al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° Exhortar a Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, observar la jurisprudencia y entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional, a efectos de su aplicación en futuros casos similares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0925_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): d39883fa3ca95bcb72fd52f0b66bcbc9c83086839c689554af2654c2f83c420a

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