Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al juez natural y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, en audiencia de procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica, emitió sentencia y al encontrarse ejecutoriada, solicitó la aplicación de sanciones alternativas, dado que, la pena impuesta no superaba los tres años y no contaba con sentencia condenatoria previa. En atención a ese pedido, el Juez demandado concedió la libertad bajo sanciones alternativas; no obstante, hasta la fecha no emitió el correspondiente mandamiento de libertad a su favor. Ante ello, la autoridad demandada refiere que en la audiencia de procedimiento abreviado -originado en la visita de congestionamiento carcelario-, se sentenció al accionante por el delito de violencia familiar o doméstica, según acuerdo presentado; empero, al momento de emitir el mandamiento de libertad se percató de su error involuntario, ya que desconocía que el Ministerio Público amplió el tipo penal a tentativa de feminicidio. De esa manera, a través de Auto 25 de 6 de marzo de 2023, dejó sin efecto dicha sentencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, en razón a que fue dictada condenando al accionante por un tipo penal diferente al imputado por el Ministerio Público, ante lo cual el Fiscal de Materia presentó acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0924/2025-S2 Sucre, 20 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54287-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacob Rodríguez Sulamayo en representación sin mandato de Javier Mamani Baptista contra Yiye David Rios Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 29 a 32 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Blanca Felicidad Zabala -su esposa-, incoó una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, misma que posteriormente fue retirada; sin embargo, ante un nuevo hecho de carácter accidental ocurrido el 19 de diciembre de 2022, el Ministerio Público, a denuncia nuevamente de su esposa, presentó acusación fiscal en su contra por la supuesta comisión del delito de tentativa de feminicidio; a raíz de ello, fue aprehendido y puesto a disposición del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Tercero del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz, quien ordenó su detención preventiva. Posteriormente, mediante memoriales, solicitó al Ministerio Público una salida alternativa por el delito de violencia familiar o doméstica, argumentando que el delito de feminicidio en grado de tentativa nunca existió, ya que durante la audiencia cautelar la denunciante reconoció que se trató de un accidente. Es así que, el 3 de marzo de 2023, aprovechando las jornadas de descongestionamiento acontecidas en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, Yiye David Rios Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del referido departamento -hoy demandado- llevó adelante audiencia para tratar su solicitud de procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica, acontecida con la presencia de todas las partes procesales -víctima, Fiscal de Materia y su persona-. Petición que mereció sentencia dictada por el Juez demandado en el acto, y ejecutoriada ante la renuncia al recurso de apelación restringida por los asistentes. Oportunidad que aprovechó para solicitar la aplicación de sanciones alternativas en su beneficio, dado que, la pena impuesta no superaba los tres años y no contaba con sentencia condenatoria previa; nueva solicitud que, en igual sentido fue atendida por la citada autoridad judicial, concediendo su libertad bajo sanciones alternativas; no obstante, el mencionado Juez omitió librar el correspondiente mandamiento de libertad, sin sustento legal que le permita de oficio dejar sin efecto lo que en su momento fue resuelto. Máxime cuando tampoco corresponde aplicar la previsión del art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante la existencia de una sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso, que en su momento únicamente pudo ser revocada, anulada o dejada sin efecto, mediante apelación restringida como recurso idóneo establecido por ley, conforme lo establecen los arts. 370, 407 y 408 del citado cuerpo normativo procesal.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al juez natural, a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada en el término menor de veinticuatro horas libre el correspondiente mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 52, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de la acción de libertad y en audiencia de garantías, aclaró que: a) En el presente caso, el Ministerio Público suscribió el acuerdo legal para el procedimiento abreviado, presentado como prueba; b) La parte demandada, hasta el día de hoy no sacó a la muestra el expediente; y, c) La corrección prevista en el art. 168 del CPP se aplica únicamente a resoluciones de mero trámite, y no así, respecto una sentencia.
Yiye David Rios Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 41 y vta., señaló que: 1) En la primera visita de descongestionamiento carcelario de la gestión 2023, se realizó la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado y sanción alternativa del ahora accionante, quien fue condenado a tres años de prisión por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, como consecuencia de la sentencia, se le otorgó el beneficio de la sanción alternativa; 2) Al momento de emitir los mandamientos correspondientes, advirtió un error involuntario; incurrido cuando detectó que el proceso penal fue iniciado por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; sin embargo, posteriormente el Ministerio Público amplió la investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra el impetrante de tutela. Última circunstancia que motivó se le imponga como medida cautelar la detención preventiva a través de audiencia de 26 de enero de 2023, por su similar Tercero, debido a que su despacho se encontraba en vacación judicial; 3) Ante el descrito error involuntario, mediante Auto 25 de 6 de marzo de igual año, declaró la nulidad de la audiencia celebrada el 3 de citado mes y año, dejando sin efecto tanto la sentencia de procedimiento abreviado como el auto de sanción alternativa, en razón a que la sentencia fue dictada respecto a un delito distinto al imputado por el Ministerio Público; por lo cual, conminó a la antecedida entidad a presentar el requerimiento conclusivo correspondiente, que fue cumplida con la presentación de la acusación formal; y, 4) En virtud de lo anterior, se concluye que no existió vulneración ni restricción de derechos constitucionales, y menos aún del derecho a la libertad.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 02/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 52 a 55, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Una sentencia dictada en juicio oral puede ser impugnada o no, y posteriormente adquiere calidad de cosa juzgada; en el caso de autos, la resolución cuestionada proviene de un proceso de salida alternativa, no así de un juicio oral; de manera, que se trata de una audiencia regulada en un precepto distinto del Adjetivo Penal. Por ello, en aplicación del art. 168 del CPP y bajo el principio de trascendencia, la autoridad demandada estaba facultada para dejar sin efecto dicho acto procesal; ii) Desde la perspectiva constitucional y convencional, no debe confundirse una sentencia emitida en juicio oral con aquella dictada en audiencia de salida alternativa; iii) Al haberse dejado sin efecto el referido acto procesal, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo acusatorio por el mismo delito de violencia familiar o doméstica, en concordancia con lo planteado por la parte accionante; es así que, en la etapa de juicio oral, el prenombrado tendrá la oportunidad para demostrar su inocencia; y, iv) No se consideró si la tipificación de los supuestos hechos como violencia familiar o doméstica, o como tentativa de feminicidio es correcta o no.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial de 18 de agosto de 2022, Blanca Felicidad Zavala Cari, formalizó denuncia ante el Ministerio Público contra de Javier Mamani Baptista -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 5 a 6). II.2. Mediante memorial de 5 de enero de 2023, Erlinda Pereira Rodríguez, Fiscal de Materia, presentó imputación formal (sin aprehendido) contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa; y, por acta de audiencia de medidas cautelares y Auto 15/“2022” de 26 de enero de 2023, José Luis Rodríguez Echevarría, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Tercero del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal, dispuso la detención preventiva del accionante, como medida excepcional, por un plazo de sesenta días, fijando audiencia para considerar su situación jurídica el 27 de marzo de referido año (fs. 8 a 17). II.3. Cursa acuerdo legal para procedimiento abreviado de 3 de marzo de 2023, suscrito por la Fiscal de Materia, la parte accionante y su abogado patrocinante (fs. 18). II.4. Por memoriales presentados el 29 de febrero y 1 de marzo de 2023, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz, el impetrante de tutela solicitó se señale día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 25 a 26 vta.). II.5. A través de Auto 25 de 6 de marzo de 2023, Yiye David Rios Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz, dispuso “LA NULIDAD DE LA AUDIENCIA DE FECHA 03/03/2023, llevada a cabo en la ‘PRIMERA VISITA Y DESCONGESTIONAMIENTO CARCELARIO – GESTIÓN 2023’, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA de fecha 03/03/2023 de Salida Alternativa de Procedimiento Abreviado y el AUTO de Sanción Alternativa de fecha 03/03/2023, en razón que se dictó sentencia condenando por un delito distinto al que imputó el Ministerio Público” (sic [fs. 42 a 43]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al juez natural y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, en audiencia de procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica, emitió sentencia y al encontrarse ejecutoriada, solicitó la aplicación de sanciones alternativas, dado que, la pena impuesta no superaba los tres años y no contaba con sentencia condenatoria previa. En atención a ese pedido, el Juez demandado concedió la libertad bajo sanciones alternativas; no obstante, hasta la fecha no emitió el correspondiente mandamiento de libertad a su favor. Ante ello, la autoridad demandada refiere que en la audiencia de procedimiento abreviado -originado en la visita de congestionamiento carcelario-, se sentenció al accionante por el delito de violencia familiar o doméstica, según acuerdo presentado; empero, al momento de emitir el mandamiento de libertad se percató de su error involuntario, ya que desconocía que el Ministerio Público amplió el tipo penal a tentativa de feminicidio. De esa manera, a través de Auto 25 de 6 de marzo de 2023, dejó sin efecto dicha sentencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, en razón a que fue dictada condenando al accionante por un tipo penal diferente al imputado por el Ministerio Público, ante lo cual el Fiscal de Materia presentó acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad". A su vez, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo concurrir dos supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".
En el presente caso y conforme a los antecedentes, se advierte que Javier Mamani Baptista -hoy accionante- fue denunciado por Blanca Felicidad Zavala Cari, ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1); posteriormente la Fiscal de Materia presentó imputación formal contra el mencionado, por la supuesta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa. De esa manera, en audiencia de medidas cautelares, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Tercero del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz -en suplencia legal-, dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela (Conclusión II.2). Así, por acuerdo legal para procedimiento abreviado -violencia familiar-, suscrito por la Fiscal de Materia, el impetrante de tutela y su abogado (Conclusión II.3), este último solicitó al Juez ahora demandado, el señalamiento de día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (Conclusión II.4); ante esa petición, la referida autoridad demandada -en su informe- señaló que el 3 de marzo de 2023 llevó a cabo dicha audiencia solicitada -en la visita de descongestionamiento carcelario-, sentenciando al accionante con una pena de tres años, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica -conforme al acuerdo suscrito-, otorgándole el beneficio de la sanción alternativa; sin embargo, al momento de emitir los mandamientos pertinentes se percató que se incurrió en error involuntario, ante lo cual produjo la emisión del Auto 25 de 6 de marzo de 2023, por el que declaró la nulidad de lo actuado precedentemente, en razón a que se dictó sentencia por un delito distinto al imputado por el Ministerio Público -delito de feminicidio en grado de tentativa- (Conclusión II.5). Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, es preciso referir que conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad procede en casos de indebido procesamiento, cuando: a) El acto lesivo u omisión indebida se encuentre vinculado con la restricción o supresión de la libertad; y, b) Exista absoluto estado de indefensión. En relación con el primer presupuesto, el accionante fue detenido preventivamente por un plazo de sesenta días como efecto de una solicitud del Ministerio Público, en el marco del proceso penal incoado a denuncia de Blanca Felicidad Zabala Cari por la presunta omisión del delito de tentativa de feminicidio. De manera que, en el momento de habérsele otorgado la sentencia en procedimiento abreviado, que se llevó a cabo en la visita carcelaria, el Juez demandado no conocía de la ampliación del antedicho delito, por lo que, enmendando su error dejó sin efecto tal beneficio que le fue otorgado al accionante dentro del proceso de violencia familiar o doméstica, y por ende no se emitió el mandamiento de libertad, conminado al Ministerio Público, de lo cual consta la presentación de acusación formal en antecedentes. En ese entendido, lo reclamado por el accionante no guarda vinculación directa con su libertad, ya que ese acto procesal fue declarado nulo y se encuentra actualmente privado de libertad por el delito de tentativa de feminicidio, al persistir los riesgos procesales; en consecuencia dicho presupuesto no fue cumplido. En cuanto el segundo presupuesto, el accionante, tuvo participación activa en el proceso mediante la interposición de memoriales y solicitudes de audiencia ante la autoridad correspondiente; por lo que, no se evidencia su estado de indefensión y que, en caso de persistir la transgresión de sus derechos, puede recurrir vía acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0924_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9c82f618be07a3404155ee79ec84e2269f1b8f3fca730919dc08aab52e91006e
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