B.IA.LEGAL

SCP 0924/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de diciembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
64556-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, actuó sin perspectiva de género y no realizó un razonamiento lógico ni mucho menos jurídico suficiente, debido a que ratificó el Auto Interlocutorio 109/2024 de 1 de abril, dando por bien hecho el criterio de Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, quien a través de dos informes normalizó la situación de violencia -agresión sexual por un adulto hacia una menor de edad- que vivió su hija en una comunidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 51/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 46 a 61, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

a) Disponer dejar sin efecto la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, a afectos de que el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita una nueva resolución de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material. 3° Llamar severamente la atención a Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del citado departamento, por no cumplir sus funciones en el marco legal y constitucional, más aún, tratándose en casos que impliquen niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. 4° Llamar la atención a Patricia Wilma Medrano Ávila, Inés Clotilde Tola Fernandez y Daniel Juan Huaynoca Villca, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por lo manifestado en la última parte de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  2. III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  3. III.3. Los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia
  4. III.4. Del riesgo procesal de fuga establecido en el art. 234.7 - antes numeral 10- del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha
  5. III.5. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0924/2024-S3 Sucre, 26 de diciembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 64556-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 51/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 46 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Daza Vicker en representación sin mandado de Lucio Tola Carrillo contra Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de mayo de 2024, cursante de fs. 28 a 39, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Brayan Mercado Choque, por la presunta comisión del delito de estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del Código Penal (CP), cometido contra su hija menor de edad, el nombrado fue detenido preventivamente ante la existencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido al estado de vulnerabilidad de la víctima con relación a su agresor, por ser mujer y menor de edad, quien se encuentra embarazada, al ser agredida presumiblemente desde sus doce años de edad; además, que existen actos pendientes de investigación, por el estado del proceso y la posible influencia que el agresor podía realizar contra la víctima; empero, de manera irregular el 1 de abril de 2024 se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva; en la cual, a través del Auto Interlocutorio 109/2024 de igual fecha, se dispuso la cesación de la detención preventiva de Luis Brayan Mercado Choque, por enervarse únicamente el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP con argumentos desnaturalizados, aplicándose por ello medidas menos gravosas contenidas por el art. 231 bis del CPP. En ese entendido, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 109/2024, el cual fue radicado en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo conocido y resuelto por el Vocal ahora accionado, en audiencia de 20 de mayo de 2024 a las 2:00 horas aproximadamente, actuado en el que el citado Vocal refirió que se estaba “cayendo de sueño” y solicitó que se resuma la intervención de su abogado, para luego declarar un cuarto intermedio -con el que estuvo de acuerdo por la hora en la que se desarrolló esa audiencia-, señalando que el “Lunes 20 de mayo” a las 14:30 horas iba a dictar la resolución; por consiguiente, emitió la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, que ratificó el Auto Interlocutorio 109/2024 apelado y simplemente detalló los argumentos de las partes intervinientes, sin emitir ninguna argumentación o algún tipo de razonamiento, declaró infundados los agravios que expuso, dando por bien hecho el criterio de Juez de primera instancia, quien a través de dos informes normalizó la situación de violencia -agresión sexual por un adulto hacia una menor de edad- que su hija menor de edad vivió en una comunidad; es decir, que actuó sin perspectiva de género -que la víctima cuenta con una protección reforzada y que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia- y sin un razonamiento lógico ni mucho menos jurídico suficiente.

I.1.2. Derecho y principios vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material; citando al efecto los arts. 15, 22, 23.I, 115.I, 119.I, 120.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2; y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga a) la nulidad de la Resolución 312/2024 de 20 de mayo; y, se emita una nueva acorde a los lineamientos constitucionales; y, b) Declare la responsabilidad del Vocal ahora accionado debido a que omitió actuaciones eficaces con relación al hecho denunciado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La víctima es una menor de catorce años de edad quien debido a la “agresión” que sufrió por parte de Luis Brayan Mercado Choque resultó embarazada; por lo que se solicita se realice una tutela inmediata al contar con una protección reforzada conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2019-S2 de 24 de junio y 0970/2017-S1 de 11 de septiembre; 2) A través de la acción de defensa existe la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentren dentro el ámbito de protección de la acción de libertad, siempre que tenga relación con el hecho inicialmente denunciado, debido a un daño irreparable ocasionado, en este caso, a una menor de edad por su grado de vulnerabilidad con relación a su agresor; 3) El Juez de la causa sostuvo su determinación de otorgar la cesación de la detención preventiva a Luis Brayan Mercado Choque por desvirtuarse el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, con base a dos informes que normalizan la relación sexual de una menor de edad con un mayor de edad, uno correspondiente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del departamento de La Paz y el otro a la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén, en el primero se puso en conocimiento sobre los usos y costumbres en temas de embarazo de menores de edad, lo referido al concubinato y unión libre entre menores de edad y de menores de edad con mayores de edad, así como las normas de trato social, señalando que en el municipio de los Yungas del citado departamento el embarazo se da con normalidad en adolescentes, la promiscuidad es alta en mujeres quienes empiezan a tener relaciones a partir del once, doce y trece años, existiendo la creencia que si una mujer es virgen a los quince años, es fea, otro fenómeno es que lo mencionado es consentido por los padres, siendo normal que un mayor de edad embarace a una menor de edad; 4) En el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belén Do Pará) ratificada por Bolivia por Ley 1599, promulgada el 18 de agosto de 1994, se desarrolló el deber de la debida diligencia; 5) Con base a los citados informes, se determinó que se desvirtuó el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, entendimiento patriarcal al señalar que su hija y su agresor viven en el seno de una misma comunidad, aspecto que generó la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; y, 6) Una visión patriarcal atribuye diferentes características y roles a las mujeres y varones, donde el hombre ostenta un lugar superior mientras que la mujer una condición inferior, como en el presente caso que se normalizó que menores de edad tengan relaciones con mayores de edad, lo que no significa que sea correcto o legal, o acorde a los derechos y garantías constitucionales.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; sin embargo, de la revisión de antecedentes consta que no fue citado con esta acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 51/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 46 a 61, concedió la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto la Resolución 312/2024, emitida por el Vocal ahora accionado, debiendo emitirse una nueva Resolución conforme con los fundamentos de la citada Resolución constitucional, en el plazo de setenta y dos horas; bajo los siguientes fundamentos: i) La reconducción procesal de acciones de defensa pueden realizarse indistintamente de una acción a otra, previa verificación, que de postergarse la tutela, esta sería tardía, tornándose en irreparable la vulneración de los derechos e ineficaz; así como, que se trate de una población o colectivo en condición de vulnerabilidad que merezca una protección prioritaria por parte del Estado, en el caso concreto se tiene que se vulneró el derecho fundamental de una menor de doce y catorce años de edad, quien sufrió violencia sexual y en su favor no se aplicó la perspectiva de género, la protección reforzada de la víctima y la debida diligencia; ii) Las Resoluciones de medidas cautelares emitidas por los Tribunales de apelación, en aplicación correcta del art. 398 del CPP tienen la principal finalidad de justificar su decisión, a través de dos elementos interdependientes, las cuales son la premisa normativa y la premisa fáctica; empero, por el silencio del Vocal ahora accionado y el hecho de no contar con la Resolución 312/2024 con la finalidad de establecer si se cumplió con los dos elementos referidos; sin embargo, por la presunción de veracidad alegada por el accionante hace creer que es verdad que no se cumplieron con dichos elementos; iii) El análisis que realizó el Tribunal de alzada no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones alegadas por el recurrente y manifestarse a cada una de ellas y expresar fundadamente los motivos por los que consideró que efectivamente los art. 233, 234 y 235 del CPP fueron desvirtuados; iv) Los Jueces y Tribunales están obligados a la protección de los derechos de las víctimas de violencia en razón de género; más aún, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes; v) Por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar prueba, por ser una atribución conferida exclusivamente de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; sin embargo, existen excepciones en cuyos casos debe demostrar que se le vulneraron derechos y garantías constitucionales; puesto que, con relación a la denuncia realizada por el accionante se tiene que el Vocal hoy accionado emitió la citada Resolución ausente de razonabilidad y sin realizar una fundamentación correcta de la valoración de la prueba; no obstante, se debió tomar en cuenta la perspectiva de género, al momento de valorar los dos documentos correspondientes a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del departamento de La Paz y la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén, que hicieron viable desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, que pusieron en conocimiento sobre los usos y costumbres en temas de embarazo en menores de edad, señalando que estuviesen acostumbrados a dicha situación, sin considerarlo delito; vi) Si bien la Constitución Política del Estado reconoce los derechos de los pueblos indígena originario campesinos (PIOC) a su libre determinación para aplicar sus propios sistemas normativos; sin embargo, se encuentran limitados cuando se vulneran derechos y garantías individuales de menores de edad, casos en los que deben sujetarse a los principios generales, respetando de manera relevante la dignidad y la integridad de las mujeres; ya que, no es posible justificar por parte de una autoridad judicial las tradiciones, usos y costumbres legendarias de los PIOC, al existir principios universales que deben protegerse, para restablecer el balance en la protección de niñas, niños y adolescentes; y, vii) Se debe emitir una nueva resolución atendiendo la protección de los derechos de la víctima de violencia en razón de género en el marco del enfoque integral del problema jurídico en un equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-05/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 67 a 72); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 13 de junio de 2024, cursante a fs. 74 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 30 de octubre del citado año, cursante a fs. 108; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 053/2024 de 22 de febrero, emitido por Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por el que se dispuso y determinó aplicar la medida cautelar de detención preventiva de Luis Brayan Mercado Choque, medida que debe ser cumplida en el “…centro de rehabilitación para adolescentes menores de QALAHUMA…” (sic) del departamento de La Paz por un plazo de seis meses (fs. 10 a 13). II.2. Mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2024, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, Luis Brayan Mercado Choque solicitó se señale audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva, al amparo de lo previsto por el art. 239.1 del CPP (fs. 17 a 18). Mereciendo en respuesta el Auto Interlocutorio 109/2024 de 1 de abril, a través del cual el citado Juez determinó la cesación de la detención preventiva del nombrado; asimismo se dispuso la aplicación de medidas cautelares personales establecidas por el art. 231 bis del CPP (fs. 25 a 27 vta.). II.3. A través de memorial presentado el 5 de abril de 2024, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto del El Alto del departamento de La Paz; Lucio Tola Carrillo -ahora accionante- interpuso recurso de apelación de medidas cautelares contra el Auto Interlocutorio 109/2024 (fs. 19 a 24 vta.). II.4. Consta Resolución 312/2024 de 20 de mayo, emitida por Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- a través del cual dispuso admitir el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; y en consecuencia, declaró improcedente las cuestiones planteadas, determinando confirmar el Auto Interlocutorio 109/2024 (fs. 101 a 103). II.5. Cursa Informe de 12 de marzo de 2024, presentada por el presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén que en lo más relevante señala que, con relación al tema de embarazos a menores de edad, concubinato o unión libre entre menores de edad, “…con pesar que la realidad que se vive en zonas tropicales, comunidades indígenas y otras no es algo que se aplique ya que el desarrollo psicológico, social, cultural es diferente, podría atribuir al clima, a la alimentación, al desarrollo físico de las y los menores, al despertar sexual de más temprana edad, al consentimiento de los padres de familia…” (sic), respecto al problema familiar de Luis Brayan Mercado Choque, tanto su persona como varios dirigentes y vecinos tenían pleno conocimiento de los sucesos, al ser la comunidad relativamente pequeña vieron la relación del nombrado con la menor de edad; además, “…que sus señores padres LUCIO TOLA CARRILLO y GUADALUPE CAYO, quienes son vecinos y miembros de esta comunidad, tenían pleno conocimiento y aceptación de dicha relación…” (sic [fs. 14 a 16]). II.6. Consta Certificado Médico Legal Forense de 21 de febrero de 2024, emitido por la Médica Forense del instituto de Investigaciones Forense (IDIF) del Ministerio Público; a través del cual, se certificó en la parte de conclusiones que la menor AA de catorce años de edad, reporta un embarazo incipiente (fs. 2 a vta.). II.7. Cursa Informe Psicológico de 21 de febrero de 2024, correspondiente a la menor de edad AA, donde en conclusiones se señala que la nombrada expresa sentimientos de tristeza por su situación actual y respecto al embarazo por sentirse indecisa respecto a continuar con el mismo; asimismo, en recomendaciones se sugiere que se realice acciones en beneficio de la adolescente con la finalidad de precautelar la integridad física y psicológica de la misma; así como, recibir apoyo terapéutico entre otras recomendaciones (3 a 4 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, actuó sin perspectiva de género y no realizó un razonamiento lógico ni mucho menos jurídico suficiente, debido a que ratificó el Auto Interlocutorio 109/2024 de 1 de abril, dando por bien hecho el criterio de Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, quien a través de dos informes normalizó la situación de violencia -agresión sexual por un adulto hacia una menor de edad- que vivió su hija en una comunidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, establece que: «Por disposición del art. 58 de la CPE: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone:

“I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley”. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”.

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

La SCP 0604/2020-S1 de 12 de octubre, respecto al enfoque interseccional señala que: «“…se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos[…] tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados[…], que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ‘…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...’. (…) Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (‘Campo Algodonero’) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.

409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. (…) III.1.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH[…], que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral[…]. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños[…]; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño[…] incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ‘Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño’. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez[…], que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4[…] del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I.Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,

psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional

(…), tanto en el ámbito público como privado (…). De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.

En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable[…].

Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida.

El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[…], resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual[…]. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas[…]-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ‘los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto’. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ‘…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece’. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: ‘La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual’. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ‘…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente’. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)

IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma

de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (…). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.

De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ‘…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer’. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, a tención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar”» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia

La SCP 466/2021 S1 de 20 de septiembre, al respecto señala: “…la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre[…], en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no sólo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no sólo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos[…]; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ‘3) El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas’. Por otra parte, en el Título V, Legislación penal, en el Capítulo III, la citada Ley 348 establece los principios procesales (art. 86) que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: ‘2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento’. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional[…] o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia” (las negrillas son nuestras).

III.4. Del riesgo procesal de fuga establecido en el art. 234.7 - antes numeral 10- del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha

Integral contra la Violencia a Niña, Niños y Adolescentes y Mujeres respecto al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia contra la mujer desde una visión de género

La SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre, estableció que: “La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia[…]. La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para asegurar: 1) La averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 2) El desarrollo del proceso -arts. 23.I de la Norma Suprema; y, 221 y 235 del adjetivo penal-; 3) La aplicación de la ley -art. 221 de la citada disposición legal-; y, 4) La presencia del imputado -art. 234 del CPP-.

Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito referido al peligro de fuga y de obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: ‘La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’, previstos en los arts. 234 y 235 del señalado cuerpo normativo. Sobre el peligro de fuga, contenido en el art. 234 del citado Código, dispone que: ‘Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia’. Dicha norma establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral de las mismas, entre las que se encuentra (…) el numeral 10 del art. 234 del aludido Código [actualmente numeral 7 con la modificación del art. 11 de la Ley 1173], el ‘Peligro efectivo para la víctima o el denunciante’. (…) En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados por esta Sala, que consideró la normativa internacional e interna, transcritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización; pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos en base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente; pues, de lo contrario se produciría una ‘revictimización’; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye a dicho imputado y la conducta exteriorizada por éste contra las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si esa conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante[…]. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad en la que se encuentran; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación deben tomar en cuenta los derechos de la víctima evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida cautelar a imponerse al imputado o la modificación que pretenda a quien se atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia” (las negrillas nos corresponden).

III.5. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una

medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’”.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, actuó sin perspectiva de género y no realizó un razonamiento lógico ni mucho menos jurídico suficiente, debido a que ratificó el Auto Interlocutorio 109/2024 de 1 de abril, dando por bien hecho el criterio de Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, quien a través de dos informes normalizó la situación de violencia -agresión sexual por un adulto hacia una menor de edad- que vivió su hija en una comunidad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por el que se dispuso y determinó aplicar la medida cautelar de detención preventiva de Luis Brayan Mercado Choque, medida que debe ser cumplida en el “…centro de rehabilitación para adolescentes menores de QALAHUMA…” (sic) del departamento de La Paz por un plazo de seis meses (Conclusión II.1.); en mérito a ello, mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2024, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, Luis Brayan Mercado Choque solicitó se señale audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva, al amparo de lo previsto por el art. 239.1 del CPP. Mereciendo en respuesta el Auto Interlocutorio 109/2024 de 1 de abril, a través del cual el citado Juez determinó la cesación de la detención preventiva del nombrado; asimismo se dispuso la aplicación de medidas cautelares personales establecidas por el art. 231 bis del CPP (Conclusión II.2.), determinación que el accionante apeló por memorial de 5 de abril de 2024 (Conclusión II.3.); siendo resuelto por el Vocal ahora accionado a través de la Resolución 312/2024, quien dispuso admitir el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; y en consecuencia, declaró improcedente las cuestiones planteadas, determinando confirmar el Auto Interlocutorio 109/2024 (Conclusión II.4.). Asimismo, por Informe de 12 de marzo de 2024, presentado por el presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén, en lo más relevante señala que, con relación al tema de embarazos a menores de edad, concubinato o unión libre entre menores de edad, “…con pesar que la realidad que se vive en zonas tropicales, comunidades indígenas y otras no es algo que se aplique ya que el desarrollo psicológico, social, cultural es diferente, podría atribuir al clima, a la alimentación, al desarrollo físico de las y los menores, al despertar sexual de más temprana edad, al consentimiento de los padres de familia…” (sic), respecto al problema familiar de Luis Brayan Mercado Choque, tanto su persona como varios dirigentes y vecinos tenían pleno conocimiento de los sucesos, al ser la comunidad relativamente pequeña vieron la relación del nombrado con la menor de edad; además, “…que sus señores padres LUCIO TOLA CARRILLO y GUADALUPE CAYO, quienes son vecinos y miembros de esta comunidad, tenían pleno conocimiento y aceptación de dicha relación…” (sic [Conclusión II.5.]); el Certificado Médico Legal Forense de 21 de febrero de 2024, emitido por la Médica Forense del IDIF del Ministerio Público; a través del cual, se certificó en la parte de conclusiones que la menor AA de catorce años de edad, reporta un embarazo incipiente (Conclusión II.6.); y, finalmente el Informe Psicológico de 21 de febrero de 2024, correspondiente a la menor de edad AA, donde en conclusiones se señala que la nombrada menor expresa sentimientos de tristeza por su situación actual y respecto al embarazo por sentirse indecisa respecto a continuar con el mismo; asimismo, en recomendaciones se sugiere que se realice acciones en beneficio de la adolescente con la finalidad de precautelar la integridad física y psicológica de la misma; así como, recibir apoyo terapéutico entre otras recomendaciones (Conclusión II.7.). En el presente caso, y considerando que el accionante identificó a la Resolución 312/2024, emitida por el Vocal hoy accionado como la decisión judicial que generó la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, al confirmar el Auto Interlocutorio 109/2024. Con la finalidad de verificar si dicha denuncia resulta o no evidente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la referida Resolución; en consecuencia, se tiene que dicha Resolución carece en absoluto de expresión de fundamentos de hecho y derecho, únicamente contiene los argumentos expuestos en el recurso de apelación incidental por parte de la víctima del proceso penal, así como las consideraciones planteadas por el imputado, señalando en la parte final de la parte considerativa de la resolución que, “De la revisión del legajo de apelación y de los antecedentes, que cuenta este cuaderno y lo expuesto en audiencia y de la compulsa realizada se tiene lo siguiente” (sic), pasando a dictar directamente la parte resolutiva de la Resolución. Aconteciendo aquello, a pesar de que la parte apelante -accionante-, conformada por la víctima menor de edad cuestionó en el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 109/2024 -que determinó la cesación de la detención preventiva del imputado- la no valoración integral de los medios probatorios presentados por el imputado y al fundar su decisión en el hecho de que, los informes producidos por la defensa desvirtuaban lo previsto por el art. 234.7 del CPP y al no presentar ningún tipo de documentación para desvirtuar lo señalado por el art. 235.2 del citado Código, hizo referencia expresa de las prerrogativas con las que contaba por su calidad, de mujer y menor de edad, como el hecho de no emitir una resolución acorde con la perspectivas de género, se vulneró el principio de interseccionalidad y se estableció estándares patriarcales con relación a la valoración de los documentos ofrecidos por el imputado en audiencia, refiriéndose al informe de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del departamento de La Paz y al informe de la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén, que indicaban que, era normal la relaciones entre adultos y menores en esa localidad y que la relación del imputado con la menor de edad AA era conocido e incluso consentida por los padres de la víctima y del imputado, que forman parte de esa comunidad. Es decir que, el Vocal ahora accionado dio por bien hecho el Auto Interlocutorio 109/2024, que sustentó su decisión en un informe emitido por la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del departamento de La Paz; a través de cual, se puso en conocimiento del Fiscal de Materia sobre los usos y costumbres en temas de embarazo de menores de edad, así como los situaciones de concubinato o unión libre entre menores de edad; asimismo, un segundo informe que fue emitido por la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén, quien a solicitud de Ministerio Público puso en conocimiento sobre sus usos y costumbres, entre los cuales está la conducta reiterativa de menores de edad y sobre todo las relaciones que tienen los adolescentes con personas adultas, sobresaliendo en el punto cuatro de su informe, que ponían en conocimiento respecto al problema familiar de Luis Brayan Mercado Choque por el supuesto delito de estupro, señaló que su persona; así como, dirigentes y vecinos de la comunidad, incluso los señores padres de la menor de edad AA quienes son vecinos, tendrían pleno conocimiento y aceptación de los sucesos, al ser pequeña la comunidad y que el imputado y su familia pertenecen a esa comunidad; es decir, que las autoridades dieron fe que tanto el progenitor como la progenitora de la menor de edad AA dieron pleno consentimiento y aceptación a la relación que mantenía el imputado con la referida menor de edad; asimismo, se manifestó que considerando que son elementos que si bien no desvirtuaran en su integridad lo señalado por el art. 234.7 del CPP, son aspectos que no se tenían conocimiento al momento de aplicar las medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional; además que, se debía tener presente que la documentación adjuntada por el imputado fue notificada al Ministerio Público como al querellante; empero, el Fiscal de Materia no asistió para poder observar la documentación presentada, ni mucho menos para formular alguna oposición a la solicitud de cesación de la detención preventiva, similar situación sucedió con la víctima, si bien la DNA se opuso a la solicitud; sin embargo, entienden que el mismo no fue parte de la audiencias de consideración de aplicación de medidas cautelares. Es así que, ante la ausencia del Fiscal de Materia quien tenía la obligación de acudir a esa audiencia para hacer conocer al operador de justicia respecto a la necesidad de mantener o no la medida cautelar ante la existencia de nuevos elementos de convicción, situación que no aconteció y que de ninguna manera pude ser suplida por el operador de justicia, quien se constituye en el tercero imparcial y que debe fallar con base a lo que se debatió en audiencia pública; señalando por último que, se daría viabilidad a la solicitud de cesación de la detención preventiva; empero, considerando la existencia de riesgos procesales determinó aplicar medidas cautelares menos gravosas. En consecuencia, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el interés superior de la niña, niño y adolescente implica la preeminencia de sus derechos, la prioridad en recibir socorro y atención de los servicios públicos y privados; además, del acceso a una administración de justicia pronta y oportuna, por constituirse en un grupo vulnerable que cuenta con un tratamiento jurídico proteccionista, obligando a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades con referencia a ese sector sean velando por su interés superior y aplicando un grado especial de diligencia y cuidado al momento de adoptar sus decisiones. En ese contexto, el Vocal ahora accionado incurrió en un accionar por demás negligente, al no desplegar un razonamiento que considere o explique mínimamente porque validó el Auto Interlocutorio 109/2024, labor que debió ser realizada bajo los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, más aun cuando al estar implicada una menor de edad, víctima de violencia sexual, la aplicación del principio de interés superior del niña, niño y adolecente era un parámetro fundamental que debió ser considerado en la decisión que afectó a una persona parte de dicho grupo vulnerable, entendimiento que obliga a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo de la denuncia realizada por el accionante a través de esta acción de defensa; es así que, se evidencia que el Vocal ahora accionado no analizó el informe del presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén “OPIM” y Organización de la Mujer Indígena de Mosetén “OMIN”, TCO Mosetén, que fue cuestionado por la entonces parte apelante -accionante-, en el que se sustentó la determinación de conceder la cesación de la detención preventiva del presunto agresor de la menor de edad AA, debido a que dicho informe manifestó respecto a los embarazos y concubinato o unión libre entre menores de edad, no entre un menor y un mayor de edad, como se afirmó al momento de asumir decisiones en el proceso, que el mismo se constituía en un uso o costumbre ancestral ejercitado por ese pueblo indígena; sino que más bien refiere que era una práctica que lo atribuía al lugar donde viven, al clima, a la alimentación, al desarrollo físico, entre otros factores; asimismo, refiere que en el caso particular de la menor de edad AA, la comunidad y en especial los progenitores de la citada menor de edad y del imputado tenían conocimiento y aceptaban la relación existente entre ambos. En ese entendido, se tiene que dicha práctica arraigada, que implica una situación de violencia sexual ejercida contra mujeres menores de edad, que se torna en recurrente -por lo referido en los informes- en la población de Palos Blancos del departamento de La Paz, no fue reconocida en sí en una costumbre ancestral ni tradicional del pueblo indígena Mosetén; además, el informe analizado hizo referencia a los embarazos en menores de edad y matrimonios y uniones libres entre menores de edad y no así a relaciones entre una menor de edad y una persona que logró la mayoría de edad -como mal interpretaron las autoridades judiciales-, constituyéndose por ello, dicha práctica en un estereotipo de género, que no puede ser normalizado por el simple hecho de la inactividad del entorno social y familiar respecto a ese acontecimiento, aspecto asumido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de el Alto del departamento de La Paz, el mismo que debió identificar y cuestionar el Vocal hoy accionado, debido a que los razonamientos en los que sustenta sus decisiones pueden contribuir a su naturalización incluso legitimación, perpetuando ese estereotipo, y así crear un ambiente propicio para el ejercicio de dicha práctica, en esa misma línea es reprochable que la instancia de protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, como es la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del referido departamento -si bien no cursa en antecedentes el informe que emitieron, sin embargo, se encuentra referido expresamente en la decisiones asumidas por las autoridades judiciales- hubiera tolerado y refrendado el estereotipo señalado, constituyéndose en cómplice de la vulneración de los derechos de una menor de edad, mujer, tornando el problema en mucho más grave, al entenderlo así la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso González y otras (“caso Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, al establecer que: “…es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades...” De lo que, se advierte que el Vocal ahora accionado no adoptó una actuación jurisdiccional con la debida diligencia reforzada, para contrarrestar los factores de riesgo a los que estuvo expuesta la menor víctima, al no enmarcar su accionar en el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes como estableció la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto, poseen: ”…los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (…) 60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia” (las negrillas son nuestras), como tampoco al principio de interés superior de ese grupo etario, cuando el referido principio se constituye en un fin imperioso en esta clase de casos, más aun cuando no se puede desconocer que la supuesta víctima es menor de edad, mujer y se encuentra embarazada, a la que se le debe aplicar en su tratamiento un enfoque interseccional, en atención a sus múltiples indicadores de vulnerabilidad, que exige una protección jurídica reforzada. Es más, no observó el derecho de la menor víctima a vivir un mundo libre de violencia y discriminación, a través del rechazo de este tipo de prácticas mediante la adopción de medidas para enfrentar y responder la violencia contra las mujeres; más aún, en consideración a las características particulares de vulnerabilidad de la menor víctima -dependencia y desarrollo físico y mental-, debido a que implícitamente se validó el estereotipo cuestionado, el cual, como se percibió, se encuentra arraigado en ciertos lugares -zonas tropicales-; por lo que deben ser analizados por las autoridades pertinentes considerando el sistema jurídico nacional, constitucional y los instrumentos internacionales; puesto que, su vigencia depende a que estas sean compatibles con los derechos fundamentales reconocido por los mismos, no hacerlo constituye un atentado a la dignidad de las mujeres y la vulneración de sus derechos humanos. Ahora bien, la situación que se cuestiona en el presente caso, también afectó directamente el derecho de acceso a la justicia de la víctima, al entenderse la misma en situaciones de violencia, no únicamente como poder denunciar el hecho, sino también el recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos vulnerados (Fundamento jurídico III.3. de este fallo constitucional); es así que, la negligencia desplegada por parte del Vocal ahora accionado afectó dicho pretensión; por lo tanto, su actuación se torna en reprochable; más aún, considerando que la víctima es una persona especialmente vulnerable, extremo que es visible en el presente caso, debido a que en el informe psicológico realizado a la misma, se determinó que se encontraba triste por su situación actual y sobre su embarazo, que se encuentra indecisa sobre su continuidad, recomendándose por ello que se realicen acciones en beneficio de la adolescente con la finalidad de precautelar la integridad física y psicológica.

Además, el Vocal ahora accionado no efectuó el análisis de la enervación de riesgos procesales que fueron establecidos por el Auto Interlocutorio 053/2024 que determinó la detención preventiva del imputado, por demostrarse la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, cuando el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del citado Código, debe ser concebido en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, al ser la victima una menor de edad, respecto a quien el Estado a través de las instancias correspondientes, debe actuar con la debida diligencia para evitar su revictimización, impidiendo cualquier acercamiento con su presunto agresor, extremo que se advierte que no se realizó en favor de la menor de edad AA, pudiendo afectar en su integridad y equilibrio emocional, por su situación de vulnerabilidad demostrada en el informe psicológico que cursa en antecedentes. Por todo lo manifestado, corresponde conceder la tutela solicitada contra el Vocal hoy accionado, para que, en apego a la normativa legal, jurisprudencia constitucional e instrumentos internacionales, asuma con la debida diligencia una determinación acorde a los estándares de protección especial a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. Finalmente, respecto a la denuncia del accionante referente a la vulneración al derecho a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material, los mismos solo fueron citados, sin explicar cómo fueron vulnerados con relación al caso concreto y además los principios mencionados no fueron vinculados a un derecho en específico para ser tutelados a través de esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. De la actuación Tribunal de garantías

Del análisis del cuaderno procesal, consta que ante la presentación de la acción de defensa, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, dictó el Auto de admisión de 21 de mayo de 2024, ordenando la citación del Vocal ahora accionado a efecto de que preste su informe correspondiente; sin embargo, no existe constancia de que efectivamente el nombrado fue citado con la demanda de acción de libertad interpuesta en su contra; puesto que, no cursa en obrados dicha citación; empero, en la audiencia de consideración de la acción de libertad, se informó por parte de la Secretaria abogada que las partes procesales fueron notificadas; siendo por ello, ese motivo objeto de solicitud de documentación complementaria por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, se remitió las notificaciones realizadas al Vocal ahora accionado como al Fiscal Departamental de La Paz, con el acta de audiencia y Resolución constitucional, ambas de 22 de mayo de 2024, como consta de fs. 89 a 90. En ese sentido, se tiene que el Tribunal de garantías al proceder de la manera referida precedentemente, hizo caso omiso a la previsión del art. 126.I de la CPE, el cual determina que una vez presentada la acción de libertad, se señalará audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a la misma y se practique la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona accionada, aspecto que también se encuentra establecido por el art. 49.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional consecuentemente debería proceder a anular obrados, ordenando la citación a Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- con la demanda de acción de libertad interpuesta en su contra, precisamente precautelando su derecho a la defensa, dejando sin efecto la Resolución 51/2024 objeto de revisión; empero, por razones de economía procesal, tomando en cuenta que el presente caso involucra derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, los cuales cuentan con atención prioritaria, y que la subsanación o corrección de la notificación extrañada no incidirá en la forma de la resolución asumida por este Tribunal, al tener conocimiento del contenido de la Resolución 312/2024 -cuestionada-, como efecto de la solicitud de documentación complementaria realizada por esta Sala del Tribunal Constitución Plurinacional, siendo incluso dispuesta la remisión de la referida Resolución por el Vocal ahora accionado (fs. 100), correspondiendo emitir el presente fallo constitucional, empero, llamando la atención al Tribunal de garantías a objeto que en futuras acciones de esta naturaleza, cumplan y/o remitan la notificación correspondiente a la acción de defensa interpuesta. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 51/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 46 a 61, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

a) Disponer dejar sin efecto la Resolución 312/2024 de 20 de mayo, a afectos de que el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita una nueva resolución de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la defensa en su elemento a ser oído y a los principios de celeridad y de verdad material. 3° Llamar severamente la atención a Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos del citado departamento, por no cumplir sus funciones en el marco legal y constitucional, más aún, tratándose en casos que impliquen niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. 4° Llamar la atención a Patricia Wilma Medrano Ávila, Inés Clotilde Tola Fernandez y Daniel Juan Huaynoca Villca, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por lo manifestado en la última parte de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0924_2024-S3.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): c4dce36010c57db418998c945e5a7e2e94a9d73ea84ae17c4c33a3d8417537da

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