Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de agosto de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la propiedad privada, y a los principios de verdad material y favorabilidad; puesto que, el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre confirmando la Resolución 248/2019 de 28 de mayo, no explicó las razones por las cuales consideró como presentación extemporánea la tercería de derecho preferente de pago establecida por el art. 53 del CPC; a pesar de que, la adjudicación de los bienes inmuebles rematados a favor de la entidad ejecutante no se encontraba aún aprobada por el Juez de la causa, lo que impedía que con dicha adjudicación se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes seguían siendo de propiedad del ejecutado, al no haberse suscrito aún la minuta de transferencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 2981 a 2989, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir los plazos establecidas en la normativa procesal constitucional en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento, por las razones expuestas en la última parte de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0924/2023-S3 Sucre, 25 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49206-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 131/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 2981 a 2989, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Adolfo Rocha Méndez en representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.) contra Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La parte accionante a través de su representante legal por memoriales presentados el 27 de enero y 18 de febrero de 2022, cursantes de fs. 2601 a 2606 vta.; y, 2758 a 2761, manifestó lo siguiente:
El 29 de febrero de 2012, la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercera interesada-, inició un proceso ejecutivo contra los garantes solidarios, mancomunados e indivisibles de la Agencia de Viajes Alianza Travel Bolivia (S.A.), demandando el pago de $us143 603, 71.-(ciento cuarenta y tres mil seiscientos tres 71/100 dólares estadounidenses) y Bs1 369 056,79.- (un millón trescientos sesenta y nueve mil cincuenta y seis 79/100 bolivianos), más intereses legales y penales, proceso que se tramitó en el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz. El 12 de septiembre de 2014, el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 293/2014 de “12 de septiembre”, declarando probada la demanda ejecutiva interpuesta por la Compañía ahora tercera interesada y la excepción de impersonería respecto a la representante de la Agencia de Viajes Alianza Travel Bolivia (S.A.) e improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva en el título ejecutivo, interpuesta por Patricia Rosario Ulloa Alzamora. De acuerdo a los certificados de gravámenes, se acreditan que sobre los bienes inmuebles de propiedad de Rolando Rafael Ortiz Narvarte -hoy tercero interesado-, con matrículas 2.01.0.99.0121392, 2.01.0.99.0121369 y 2.01.0.99.0121386, antes del gravamen inscrito por la Compañía ahora tercera interesada, se encuentran registradas hipotecas en favor de la parte accionante, situación que fue reconocida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien dispuso en el curso del trámite, su notificación a los fines de ley. Mediante Auto de 31 de octubre de 2018, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló audiencia para el primer remate respecto a los tres inmuebles de propiedad del garante Rolando Rafael Ortiz Narvarte -ahora tercero interesado-, para el 26 de noviembre de igual año, y al no haberse presentado postores en dicha oportunidad, mediante Auto de 31 de diciembre del citado año, el referido Juez, señaló audiencia de segundo remate para el 4 de febrero de 2019. Después de haberse llevado el segundo remate, y antes que exista solicitud de aprobación de adjudicación judicial de los bienes rematados a favor de la Compañía -hoy tercera interesada-, la parte accionante, el 7 de marzo de 2019 acompañando prueba plena, interpuso tercería de derecho preferente de pago, la que corrida en traslado a la Compañía -entidad ejecutante hoy tercera interesada-, mereció el memorial de respuesta, mediante el cual la citada Compañía, a tiempo de solicitar recién la aprobación del remate, solicitó el rechazo de referida tercería, por considerar que su presentación se produjo después de realizado el segundo remate y por lo tanto de forma extemporánea. Por Resolución 248/2019 de 28 de mayo, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, declaró improbada la tercería de derecho preferente de pago, con el fundamento de que dicha tercería debió haber sido interpuesta antes del segundo remate. En virtud a ello, la parte accionante, planteó recurso de apelación contra la indicada Resolución, impugnación que fue resuelta por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre, que confirmó la Resolución 248/2019, con el argumento de que la indicada tercería planteada no habría sido interpuesta de forma oportuna antes de efectuarse el segundo remate. De acuerdo al art. 53 del Código Procesal Civil (CPC) la tercería de derecho preferente de pago se debe deducirse hasta antes de hacerse efectivo el pago al acreedor demandante, razón por la cual, tanto el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz como el Vocal ahora accionado, efectuaron una indebida interpretación del mencionado artículo, al concluir que la adjudicación efectuada a favor de la Compañía hoy tercera interesada -entidad ejecutante-, constituirá el pago de la obligación ejecutada, interpretación que resulta ilógica, pues, cuando interpusieron la tercería de derecho preferente de pago, la segunda subasta y el remate de los bienes inmuebles de propiedad de Rolando Rafael Ortiz Narvarte -hoy tercero interesado- no se encontraban aprobados por el Juez de la causa, lo que imposibilitaba la consideración de que con la adjudicación de los inmuebles efectuadas por el martillero judicial a favor de la citada Compañía, se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes siguen siendo de propiedad del ejecutado, al no haberse aún suscrito la minuta de transferencia de los bienes inmuebles rematados a favor de la Compañía ahora tercera interesada como entidad ejecutante. El Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir el Auto de Vista A-244/2020, vulneró sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la propiedad privada, y a los principios de verdad material y favorabilidad, al no haber efectuado una correcta interpretación y aplicación del art. 53 del CPC, privándoles de esta manera de defender su acreencia, su patrimonio y sus legítimos intereses ante el Órgano Judicial.
La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la propiedad privada, y a los principios de verdad material y favorabilidad; citando al efecto los arts. 56.I, 115. I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela solicitada, y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre; y, b) Se disponga la emisión de uno nuevo que ordene se resuelva la tercería de derecho preferente de pago, a través de una correcta interpretación y aplicación del art. 53 del CPC, en función de los grados y preferencias de los acreedores hipotecarios, conforme lo establece el art. 1393 del CC.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 2973 a 2980, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de representante legal en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Vocal hoy accionado al haber rechazado la tercería de derecho preferente de pago a pesar de la existencia de prueba idónea, vulneró el principio de verdad material; 2) El referido Vocal en la interpretación del art. 53 del CPC, vulneró el principio de favorabilidad, al respecto mencionó la SC 0136/2003-R de 6 de febrero y SCP 0450/2012 de 29 de junio; y, 3) La falta de análisis de los fundamentos expresados en el recurso de apelación, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, al no explicar adecuadamente la pertinencia o no de la aplicación del art. 425 del citado Código, la falta de aprobación del remate, la aplicación de pago por compensación y la extensión de la minuta que debe perfeccionar la venta judicial; además, de la falta de competencia del martillero para considerar el pago en efectivo por disposición del art. 423 del referido Código. Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la parte accionante refirió que: i) El 2018 se produjo la notificación con la audiencia del primer remate de los inmuebles embargados; ii) Fueron tres bienes inmuebles los rematados; iii) El segundo remate se llevó adelante el mes de febrero de 2019 y la tercería de derecho preferente de pago fue interpuesta el 7 de marzo de igual año; iv) De acuerdo al art. 53 del CPC la citada tercería se puede interponer antes de realizarse el pago en efectivo por parte del adjudicatario; v) No existió pago por compensación; vi) El 27 de julio de 2021 fueron notificados con el Auto de Vista A-244/2020; vii) Por un problema en plataforma se vieron obligados a presentar la acción judicial el 27 de enero de 2022 utilizando el Buzón Judicial y las pruebas físicas se presentaron el 27 de igual mes y año; viii) La constancia de presentación en el Buzón Judicial se evidencia por el certificado de recepción 18399 que demuestra que la acción de amparo constitucional fue presentada el 27 de enero de 2022 a las 17:19 horas; ix) No se encontró un desarrollo jurisprudencial respecto a la aplicación del art. 53 del citado Código y por eso se debe observar el principio de favorabilidad en su aplicación; x) Por efecto del remate, el adjudicatario del bien inmueble debió empozar el precio base del inmueble; y, xi) La tercería de derecho preferente de pago fue rechazada con el argumento de su presentación extemporánea.
Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 2821 a 2823, manifestó que: a) La acción de amparo constitucional carece de una explicación clara y precisa de como su persona hubiere vulnerado los derechos denunciados, lo que impide que la jurisdicción constitucional asuma conocimiento por falta de carga argumentativa; b) No se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido a que en el Auto de Vista A-244/2020, se efectuó una exposición respecto a la tercería de derecho preferente de pago planteada, estableciéndose que la decisión adoptada por el Juez de la causa en la Resolución 248/2019 apelada, era correcta; y, c) La parte accionante ejerció su derecho a la defensa al presentar los medios de impugnación a su alcance y las peticiones correspondientes dentro el proceso Con base a esos argumentos, solicitó se deniegue la tutela.
Constancio Lino Quispe Ramos en representación legal de la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A., por memoriales presentados el 16 de marzo y 5 de abril de 2022, cursantes de fs. 2795 a 2797 vta., y 2844 a 2845, manifestó que: 1) Se debe declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional al haber sido presentada fuera del plazo de los seis meses que establece el art. 55.I de la Ley “524” -siendo lo correcto Código Procesal Constitucional Ley 254 de 5 de julio de 2012-, pues la parte accionante fue notificada con el Auto de Vista A-244/2020, el 27 de igual mes de 2021 y la fecha de presentación de la acción tutelar data de 28 de enero de 2022; 2) La parte accionante, con carácter previo al señalamiento del primer remate de los inmuebles de propiedad de Rolando Rafael Ortiz Narvarte -hoy tercero interesado- fue notificada con los actuados correspondientes en su calidad de acreedor el 27 de octubre de 2017 y recién se apersonó al proceso planteando de manera extemporánea para presentarse con una tercería de derecho preferente de pago el 7 de marzo de 2019, después de un año y cinco meses, cuando el 4 de febrero de igual año nuestra Compañía ahora tercera interesada, se había adjudicado los inmuebles en el marco del art. 422.II del CPC por ausencia de postores; es decir, ya se había consolidado la propiedad de los referidos inmuebles por asignación judicial, demora que hace entender que la acreencia del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -parte accionante- ya hubiera sido pagada; 3) En el marco de los arts. 1482 del CC y 422.II del CPC, la Compañía -hoy tercera interesada- adquirió la propiedad de los inmuebles subastados con anterioridad a la presentación de la tercería de derecho preferente de pago; 4) De acuerdo al art. 1485 del CC su derecho consolidado respecto a los inmuebles adjudicados, gozan de oponibilidad frente a cualquier pretensión de otro acreedor que no acreditó oportunamente su pago preferencial; 5) Los bienes inmuebles adjudicados constan en la Escritura Pública 035/2021 de 22 de marzo e inscritos en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) 2.01.0.99.0121386, 2.01.0.99.0121369 y 2.01.0.99.0121392; 6) De acuerdo al art. 418.IV del CPC, es el martillero judicial como autoridad competente quien adjudica los bienes rematados y no así el Juez de la causa, cuya función es la aprobar el remate y la extensión de la minuta de transferencia y la orden de protocolización, tal como lo dispone el art. 425.II del citado Código; y, 7) El Auto de Vista A-244/2020 impugnado con la presente acción de amparo constitucional no vulneró el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, porque la parte accionante accedió a la justicia sin ningún tipo de restricciones y los jueces de instancia resolvieron en el fondo los argumentos expuestos por la parte accionante. En cuanto a la vulneración de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada, la nombrada incumplió lo establecido por el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo) al no explicar de manera clara y concreta en que consiste dichas vulneraciones. En virtud a estos fundamentos solicitó se declare inadmisible o se deniegue la acción tutelar planteada. En audiencia a través de sus abogados se ratificó en los memoriales cursantes de fs. 2795 a 2797 vta. y 2844 a 2845, y ampliándolos, manifestó que: i) Si bien en la adjudicación del inmueble a su favor no hubo un pago de dinero en efectivo; sin embargo, este acto debe ser considerado dentro de los parámetros de los arts. 218.IV y 291.II del CPC, ii) Una vez que se consolidó la transferencia de los inmuebles, solo falta que el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, emita la orden de desapoderamiento de los ocupantes del inmueble; y, iii) No debería otorgarse la medida cautelar de no innovar, debido a que la Compañía hoy tercera interesada, como entidad acreedora tiene consolidado su derecho propietario sobre los inmuebles adjudicados. Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional, la Compañía ahora tercera interesada a través de su abogado refirió que: a) El 27 de octubre de 2017, la parte accionante, fue notificada con los antecedentes del proceso ejecutivo; b) Se los notificó como llamamiento a todos los acreedores que tenían registro de acreencias en los inmuebles subastados; c) El 4 de febrero de 2019 se adjudicaron los bienes inmuebles subastados; d) Los bienes inmuebles rematados pertenecían a un garante; e) Son dos -siendo lo correcto tres- bienes inmuebles; f) No hubo ningún acto de oposición a la adjudicación; g) El Auto de aprobación de remate y adjudicación data de 25 de noviembre de 2019; y, h) De acuerdo al art. 1482 del CC no son adjudicatarios sino asignatarios de buena fe. Nataniel Ivar Eguez Terrazas, Moyra Roxana Peres Postigo, Patricia Rosario Ulloa Alzamora, Ana María Lavadenz Peralta, Rolando Rafael Ortiz Narvarte, Rodolfo Amadeo Holzman Nano, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 2769, 2770, 2839, 2872 y 2959.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 131/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 2981 a 2989, denegó la tutela solicitada, sin costas ni costos, bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien la parte accionante fue notificada el 27 de julio de 2021 con el Auto de Vista A-244/2020 y de acuerdo al formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial, la acción de amparo constitucional se hubiera presentado el 28 de enero de 2022; sin embargo, de acuerdo a la certificación del Buzón Judicial, la acción se presentó el 27 de enero de 2022; es decir, dentro de los seis meses que prevé el art. 129 de la CPE, lo que demostraría que se cumplió con el principio de inmediatez; 2) Si la parte accionante tenía conocimiento del proceso de ejecución un año y cinco meses antes del segundo remate, debió haber efectuado el seguimiento respectivo con la debida diligencia de esos actos procesales, sabiendo que tenían una acreencia privilegiada sobre los bienes inmuebles rematados; 3) La compensación es otra figura respecto a la asignación; y, 4) El Auto de Vista A-244/2020 de manera clara, sencilla y precisa cumple con los estándares de la fundamentación y la motivación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de subasta y remate de 4 de febrero de 2019, en cuyo contenido consta que ante la ausencia de postores, la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercera interesada- en su calidad de ejecutante, se adjudicó un departamento ubicado en el segundo piso del edificio Sol & Terra, una baulera, y un parqueo, registrados en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con las matrículas computarizadas 2.01.0.99.0121392, 2.01.0.99.0121369 y 2.01.0.99.0121386 (fs. 2394).
II.2. Por memorial presentado el 7 de marzo de 2021, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, Sergio Rocha Méndez en representación de Banco Mercantil Santa Cruz Socidad Anónima (S.A.) -hoy parte accionante-, presentó tercería de derecho preferente de pago (fs. 2450 a 2451 vta.).
II.3. Mediante Resolución 248/2019 de 28 de mayo, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, declaró improbada la tercería de derecho preferente de pago, interpuesta por la parte accionante (fs. 2469 a 2471 vta.).
II.4. A través de memorial presentado el 17 de junio de 2019, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, la parte accionante, planteó recurso de apelación contra la Resolución 248/2019 (fs. 2474 a 2476).
II.5. Mediante Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre, Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ahora accionado y Jorge Adalberto Quino Espejo, ex Vocal de la referida Sala, confirmaron la Resolución 248/2019 (fs. 2490 a 2491). El citado Auto de Vista con la que fue notificada la parte accionante el 27 de julio de 2021 (fs. 2492).
La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la propiedad privada, y a los principios de verdad material y favorabilidad; puesto que, el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre confirmando la Resolución 248/2019 de 28 de mayo, no explicó las razones por las cuales consideró como presentación extemporánea la tercería de derecho preferente de pago establecida por el art. 53 del CPC; a pesar de que, la adjudicación de los bienes inmuebles rematados a favor de la entidad ejecutante no se encontraba aún aprobada por el Juez de la causa, lo que impedía que con dicha adjudicación se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes seguían siendo de propiedad del ejecutado, al no haberse suscrito aún la minuta de transferencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0458/2016-S3 de 20 de abril estableció que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben observarse a tiempo de asumir una determinación, tanto en sede judicial como administrativa. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió …’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, estableció que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero refiriendo a la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, indicó que: en cuanto a los supuestos de motivación arbitraria estableció que: “se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio…” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0814/2020-S3 de 27 de noviembre al respecto estableció que: “El entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria tiene como antecedente la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que precisó lo siguiente: ‵Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso…′. Criterio reiterado por las SSCC 1917/2004-R de 13 de diciembre y 0085/2006-R de 25 de enero, en las cuales se establece que dicha actividad es facultad de los jueces y tribunales ordinarios y sólo cuando dicha interpretación hubiere quebrantado los principios, valores, derechos y garantías constitucionales es posible que se realice el control tutelar de constitucionalidad. Estableciéndose en la última Sentencia Constitucional mencionada, dos requisitos que debía cumplir el accionante para que el Tribunal Constitucional ingrese a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria, siendo estos: a) Que el accionante explique el por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y, b) Que precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, agregándose un tercer requisito en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, referido a establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron lesionados con dicha interpretación.
Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, citando a su vez, a las SSCC 1358/2003-R de 18 de septiembre, 1237/2004-R de 3 de agosto y 1917/2004-R de 13 de diciembre, se suprimieron los requisitos de la carga argumentativa de la SC 1846/2004-R (en el mismo sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2018-S2, 0074/2019-S2 y 0800/2019-S2, entre otras). Sin embargo, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, exigió al accionante que demuestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades accionadas, vulnera derechos y garantías en tres dimensiones diferentes: ‵a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales′. La jurisprudencia antes mencionada fue, a su vez confirmada por la SCP 0371/2014 de 21 de febrero.
En ese marco, la SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, resume los supuestos de procedencia de revisión de la legalidad ordinaria, señalando que: ‵…no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca′.
Con base a la contextualización de la línea jurisprudencial referida a la legalidad ordinaria, las autorrestricciones establecidas como requisitos a ser cumplidos por el accionante, quedan resumidos en la obligación de que el accionante deba explicar de manera simple, clara y concreta cómo la interpretación de una norma realizada por la autoridad judicial o administrativa vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales”. (las negrillas nos corresponden).
La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la propiedad privada, y a los principios de verdad material y favorabilidad; puesto que, el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir Auto de Vista A-244/2020 de 10 de septiembre confirmando la Resolución 248/2019 de 28 de mayo, no explicó las razones por las cuales consideró como presentación extemporánea la tercería de derecho preferente de pago establecida por el art. 53 del CPC; a pesar de que, la adjudicación de los bienes inmuebles rematados a favor de la entidad ejecutante no se encontraba aún aprobada por el Juez de la causa, lo que impedía que con dicha adjudicación se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes seguían siendo de propiedad del ejecutado, al no haberse suscrito aún la minuta de transferencia. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, de acuerdo al Acta de subasta y remate de 4 de febrero de 2019, se establece que, ante la ausencia de postores, la Compañía hoy tercera interesada en su calidad de ejecutante, se adjudicó un departamento en el segundo piso del edificio Sol & Terra, una baulera, y un parqueo, registrados en la Oficina de DD.RR. en las matrículas computarizadas 2.01.0.99.0121392, 2.01.0.99.0121369 y 2.01.0.99.0121386 (Conclusión II.1.). Por memorial presentado el 7 de marzo de 2021, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, la parte accionante presentó tercería de derecho preferente de pago (Conclusión II.2.). Posteriormente, mediante Resolución 248/2019 de 28 de mayo, el Juez del citado Juzgado, declaró improbada la citada tercería, interpuesta por la parte accionante (Conclusión II.3.). A través del memorial presentado el 17 de junio de 2019, ante el referido Juzgado la parte accionante, planteó recurso de apelación contra la Resolución 248/2019 (Conclusión II.4.). Finalmente, mediante Auto de Vista A-244/2020, el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Resolución 248/2019. El citado Auto de Vista fue notificado a la parte accionante el 27 de julio de 2021 (Conclusión II.5.). Consideraciones previas
Respecto al plazo previsto por el art. 129.II de la CPE, la Compañía ahora tercera interesada señaló que la parte accionante fue notificada con el Auto de Vista A-244/2020 -hecho que también fue expuesto por la parte accionante- y que esta presentó la acción tutelar el 27 de enero de 2022; por lo que, incumplió el principio de inmediatez.
Al respecto, lo aseverado por la Compañía hoy tercera interesada no es evidente; toda vez que, si bien, de acuerdo al formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 203999390, la presente acción de defensa fue presentada el 28 de enero de 2022; sin embargo, de acuerdo a lo informado por la parte accionante y comprobada por los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Certificado de Recepción 18399 emitido por el Buzón Judicial, la acción de amparo judicial fue presentada el 27 de enero de 2022 a las 17:19 horas y la presentación material de los elementos probatorios el 28 de igual mes y año; por lo que, se tiene por cumplido el principio de inmediatez. Precisado como se tiene el objeto procesal en la presente acción de amparo constitucional, corresponde su análisis y consideración, y se tiene:
Respecto a la denuncia de vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación
En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, estableció que la motivación significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, observándose en no incurrir en una decisión basada en una motivación arbitraria. En cuanto a la fundamentación, señaló que dicho elemento se constituye en una garantía de que el juzgador -entendido este de manera amplia-, tanto en procesos judiciales como administrativos explicará de manera clara y sustentada en derecho los motivos que los llevaron a tomar una decisión.
En el presente caso, antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario realizar la contrastación entre los agravios expuestos en el recurso de apelación y el contenido del Auto de Vista A-244/2020. En ese orden, la parte accionante expuso lo siguiente:
i) El Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, al declarar improbada la tercería de derecho preferente de pago con el argumento de su presentación extemporánea, incurrió en una indebida interpretación del art. 53 del CPC, debido a que la referida tercería puede interponerse hasta antes de hacerse efectivo el pago al acreedor demandante.
ii) El Juez de la causa pretende asimilar la facultad de adjudicación que otorga el art. 422.II del CPC al pago del precio del inmueble rematado, desconociendo lo establecido por el art. 425 del citado Código, que obliga al acreedor adjudicatario presentar a la autoridad judicial la liquidación para su respectiva aprobación, con el propósito de compensarse la obligación adeudada con el valor del inmueble en su última base, lo que no ocurrió en el presente caso, al no existir aprobación de la liquidación y del remate como requisitos esenciales para el perfeccionamiento de la venta judicial a favor del acreedor.
iii) Pretender que la obligación de pago ejecutada judicialmente sea extinguida por el simple ejercicio unilateral de la facultad de adjudicación por parte del acreedor de los bienes inmuebles rematados, es otorgarle la posibilidad de que este proceda al pago directo, aspecto que es inaceptable y desconoce la potestad y atribución que tienen las autoridades jurisdiccionales.
En respuesta al recurso de apelación planteado por la parte accionante, el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista A-244/2020 confirmando la Resolución 248/2019, bajo los siguientes argumentos:
a) Si bien la entidad apelante -parte accionante- cumplió con la presentación de la documentación que demuestra su acreencia; sin embargo, a tiempo de presentar la tercería de derecho preferente de pago, ya se había efectuado el remate del bien inmueble subastado, consiguientemente la adjudicación por la parte ejecutante -Compañía hoy tercera interesada- en el marco del art. 422.II del CPC, lo que no implica limitación al derecho de los terceros y otros acreedores, los cuales al estar anoticiados con las subasta, podían efectuar las observaciones correspondientes, porque si bien es cierto que la parte ejecutante tiene el derecho de adjudicarse el bien objeto de remate, también está obligada a solicitar la debida liquidación a los efectos de establecer los montos adeudados, si acaso el monto de la adjudicación fuese mayor, con dicho saldo se procederá al pago de terceras personas si corresponde.
b) Si bien la inscripción de una hipoteca resulta ser preferencial en cuanto al pago respecto a terceros; sin embargo, al ser la adjudicación una forma de pago a la acreencia del ejecutante, la interposición de la tercería de derecho de preferencia de pago debió ser interpuesta de forma oportuna antes de dicho acto, aspecto que no ocurrió, a pesar de la comunicación procesal anterior al acto de subasta.
En el marco de lo referido, en la presente acción tutelar, la parte accionante denuncia que el Vocal ahora accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al dictar el Auto de Vista A-244/2020, no explicó las razones por las cuales consideró como presentación extemporánea la tercería de derecho preferente de pago establecida por el art. 53 del CPC; a pesar de que, la adjudicación de los bienes inmuebles rematados a favor de la Compañía hoy tercera interesada -entidad ejecutante- no se encontraba aún aprobada por el Juez de la causa, lo que impedía que con dicha adjudicación se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes seguían siendo de propiedad del ejecutado, al no haberse suscrito aún la minuta de transferencia.
En este marco, de la revisión y análisis del Auto de Vista A-244/2020, se evidencia que el Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fundamentó y motivó su decisión, identificando la problemática planteada en apelación, para que en el marco del art. 422.II del CPC, concluyan que, si bien la parte accionante cumplió con la presentación de la documentación que demuestra el registro preferencial de su acreencia; sin embargo, la interposición de la tercería de derecho preferente de pago se la efectuó cuando ya se había efectuado el remate del bien inmueble subastado y adjudicado al acreedor ejecutante, como una forma de pago a su acreencia, en tal explicación, confirmaron la Resolución 248/2019 apelada la que declaró improbada la tercería de derecho preferente de pago interpuesta por la parte accionante.
Fundamentación y motivación que al margen de resultar congruente con el problema de fondo planteado respecto a la oportunidad de interposición de la tercería de derecho preferente de pago, evidencia que el Vocal ahora accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cumplió con su obligación de explicar de manera clara y concisa los motivos de su determinación; es decir, resolvió el tema de fondo, estableciendo bajo su criterio jurisdiccional que una vez efectuado el acto de adjudicación por el acreedor del inmueble subastado en el marco del art. 422.II del CPC y este constituir una forma de pago de su acreencia, ya no es viable atender una tercería de derecho preferente de pago, fundamentación y motivación que es extrañada por la parte accionante; pero que a su vez, es cuestionado por ésta, al argumentar que se hubiese interpretado y aplicado inadecuadamente el art. 53 del citado Código con relación al art. 425 del indicado Código, debido a que la tercería de derecho preferente de pago cuando se adjudica el bien inmueble rematado un tercero ajeno a la causa, se puede deducir hasta antes de hacerse efectivo el pago al acreedor demandante, y cuando el adjudicatario es el acreedor, se puede interponer la referida tercería antes de que la adjudicación sea aprobada por el Juez de la causa y de la suscripción de la minuta de transferencia del inmueble rematado, ya que mientras no ocurra aquello no se puede considerar que con dicha adjudicación se hubiese producido el pago de la obligación, ya que dichos bienes siguen siendo de propiedad del ejecutado. Criterios de disentimiento con la citada fundamentación y motivación contenida en el Auto de Vista A-244/2020 que no pueden ser analizados por esta jurisdicción, que no se constituye una instancia de revisión del proceso; puesto que, la parte accionante, no cumplió con la carga argumentativa requerida para tal fin, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues si bien cuestionó que la interpretación desarrollada por el Vocal hoy accionado no es correcta, no explicó por qué la labor interpretativa impugnada resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, precisando el nexo de causalidad entre los derechos vulnerados y la interpretación impugnada. Por lo expuesto, corresponde denegar tutela solicitada.
Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada, la parte accionante no desarrolló un argumento jurídico constitucional vinculado a la supuesta vulneración de derechos respecto al Vocal hoy accionado como miembro de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que suscribió el Auto de Vista A-244/2020. Asimismo, no vinculó los principios de verdad material y favorabilidad a los derechos supuestamente vulnerados, lo que impide un pronunciamiento por parte de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional. Otras consideraciones Respecto a la actuación de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que la acción de amparo constitucional fue presentada el 27 de enero de 2022 y subsanada el 18 de febrero de igual año, siendo admitida por Auto de 22 del citado mes y año (fs. 2762 y vta.), señalándose audiencia de la acción de amparo constitucional para el 2 de marzo del indicado año; es decir, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas establecido por el art. 56 del CPCo, advirtiéndose la inobservancia del plazo previsto en el referido Código.
Asimismo, se advierte que, celebrada la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 3 junio de 2022, acto procesal en el que se emitió la Resolución 131/2022 objeto de revisión, la misma fue remitida el 20 de julio del citado año y recepcionada por este Tribunal Constitucional Plurinacional el 21 de igual mes y año, como se aprecia en el descargo del Courier (fs. 2997); es decir, después de un mes y dieciocho días de haber sido resuelta, denotando ello la falta de cuidado y celeridad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 2981 a 2989, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir los plazos establecidas en la normativa procesal constitucional en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento, por las razones expuestas en la última parte de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0924_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 433bf908ce317cf7c06608eaf1ae02aa0081a1cb9e281a2a24048760c032b408
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →