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SCP 0920/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 23 de diciembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50650-2022-102-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; puesto que, que la Jueza ahora accionada en el Auto Definitivo 16/2022 de 20 de enero, que resolvió el recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 de 24 de agosto de 2017 omitió motivar porque considera que está bien y es legal la interpretación efectuada por el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, respecto a los conceptos de suspensión, paralización o desmovilización y su aplicación a la cláusula octava del contrato punto 8.2.4.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 093/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 503 a 508, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Marco jurisprudencial acerca del recurso de nulidad de laudo arbitral
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0920/2024-S3 Sucre, 23 de diciembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50650-2022-102-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 093/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 503 a 508, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Nicolás Villar Bravo en representación legal de la empresa Construcciones y Servicios VIHEEM Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 14 y 17 de junio de 2022, cursantes de fs. 407 a 410 vta. y 414, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 27 de septiembre de 2016, presentó al “…Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Vivienda de Santa Cruz – CAINCO…” (sic), la solicitud de inicio de proceso arbitral con el propósito de la resolución de un contrato privado de ejecución de obra para el levantamiento de plataforma hasta subrasante sin capa mejorada, dentro del Tramo II ‘“Fátima - Puerto Ganadero”’ en la extensión de 15 km dentro del proyecto de construcción de la carretera ‘“San Ignacio - Puerto Ganadero”’; en ese entendido, corridos los trámites y desarrollado dicho proceso, el 24 de agosto -se entiende de 2017-, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial (CCAC) de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Santa Cruz emitió el correspondiente Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 de esa fecha; contra el cual presentó recurso de nulidad, que fue resuelto “el 28 de septiembre” y debido a la emisión del Auto de 3 de ese mes de 2021, por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimocuarto de la Capital del referido departamento, el cual declaró legal la compulsa planteada se ordenó al citado Tribunal Arbitral conceder el recurso de nulidad interpuesto, que remitió antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, radicando la causa ante la Jueza ahora accionada el 9 de noviembre de igual año, quien mediante Auto Definitivo 16/2022 de 20 de enero, declaró la improcedencia del recurso de “anulación” -siendo lo correcto nulidad- de ese Laudo Arbitral. De la lectura del Auto Definitivo 16/2022 se advierte un desglose de los puntos de reclamo del recurso de nulidad y su contestación; sin embargo, en el análisis del caso concreto no realizó la compulsa reclamada en los argumentos de la nulidad. Es así que, refiriéndose a la solicitud del recurso de nulidad por afectación a los derechos a la defensa, al debido proceso y a la motivación del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, se advierte que su argumentación deja de lado la labor motivacional consistente en desglosar las pretensiones expuestas en el indicado recurso y si ellas son evidentes desde la doctrina, jurisprudencia y la normativa sustantiva y adjetiva, a efectos de su contrastación, su cumplimiento e inobservancia, debiendo generar certidumbre sobre su decisión; empero, lo advertido es contrario a ese concepto, denotando la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación. No se explicó o motivó por qué a criterio de la Jueza hoy accionada: a) Está bien y es legal la interpretación del Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz sobre los conceptos de suspensión, paralización o desmovilización y su aplicación a la cláusula octava del “contrato punto 8.2.4”; b) La confesión provocada no constituye prueba si en el punto cuarenta y nueve del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, no se observó el cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 162 al 165 del Código Procesal Civil (CPC); ya que, no se efectuó un desarrollo de las preguntas y su tasación como prueba debido a la incomparecencia del diferido a confesión, o el valor probatorio que se le debe otorgar con base en los mencionados artículos; c) No se motivó sobre la incongruencia advertida entre las pretensiones de las partes procesales, presumiendo la voluntad de las mismas, cuando de la revisión del proceso no se evidencia que la parte demandada hubiese hecho uso de la reconvención, demandando la resolución del contrato por incumplimiento del demandado, y no explicó que el silencio de la parte demandada no puede ser presumido como voluntad de resolver el contrato, cuando el referido Tribunal Arbitral incluso analizó el incumplimiento de ambas partes, conforme lo establece el Auto Supremo (AS) 609/2014 de 27 de octubre sobre la interpretación del art. 568 del Código Civil (CC); y, d) Respecto a los daños y perjuicios tampoco motivó sobre que debería tornarse incongruente declarar probada la pretensión del demandante, que es la única del proceso y no generar el resarcimiento del daño que esa resolución implica de conformidad al art. 568 del CC, concordante con lo previsto por el art. 213.3 del CPC. Los agravios descritos en su recurso de nulidad, no fueron “desmenuzados” por la Jueza ahora accionada, con el propósito de que pueda advertir que el respectivo control jurisdiccional no fue realizado. No se tomó en cuenta que el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz al emitir el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad, lo que derivó en una incorrecta decisión y aplicación del ordenamiento jurídico, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; además, de presentar contradicciones en su contenido, al declarar por un lado probada la resolución del contrato; y por otro lado, improbados los daños y perjuicios. El Auto Definitivo 16/2022, emitido por la Jueza hoy accionada, no realizó una motivación suficiente sobre los agravios expuestos, al indicar que el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz cumplió con la valoración de los medios probatorios en la pretensión y en la calificación de los daños, sin fundamentar el porqué de esa apreciación y su fundamento normativo, dejando de motivar sobre el cumplimiento del art. 568 del CC, lo que hace incongruente al Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, al declarar probada la resolución y no calificar daños.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: 1) La Jueza ahora accionada en el plazo de tres días a partir de su notificación, emita un nuevo auto, valorando los argumentos de la acción tutelar interpuesta, anulando el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO “…S/N de 27 de octubre de 2017…” (sic), e instruyendo al Tribunal Arbitral de la CAINCO que conoció el arbitraje objeto de la presente acción de defensa, que en un plazo similar a los tres días, emita nuevo Laudo Arbitral y sea bajo apercibimiento de ley; y, 2) Por la gravedad del asunto, se condene a la cancelación de costas y costos a la empresa CHINA INTERNATIONAL WÁTER & ELECTRIC CORP. (Sucursal Bolivia).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 y 6 de septiembre de 2022, según consta en las actas cursantes de fs. 494 a 499 vta., y 501 a 502 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) La Jueza ahora accionada no logró “desmembrar” todos los hechos denunciados en el recurso de nulidad planteado, relacionados con la extemporaneidad del recurso de idoneidad, que ya fue determinado con base a otra acción tutelar; la interpretación errónea del concepto de suspensión dentro del numeral 8.2.4., de la cláusula octava del Contrato Privado de Ejecución de Obra de 5 de agosto de 2016; la presunción legal respecto a la confesión provocada que no fue absorbida por el demandado y que genera efectos legales a partir de lo previsto por los arts. 172 y 175 del CPC; el rechazo en cuanto a la inspección vehicular solicitada dentro del proceso arbitral; la incongruencia de declarar resuelto el citado Contrato presumiendo la voluntad de las partes procesales con base en que el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, señala de una presunción de voluntades, cuando no está debidamente expresado que el demandado está dispuesto a resolver voluntariamente ese Contrato; ya que, si no se hubiese resuelto no se tuviera el proceso arbitral, existe una demanda de su parte y no una reconvención de la otra parte; ii) De los agravios descritos, existe una resolución de contrato con base en el art. 568 del CC; por lo que, se debió calificar y disponer los daños y perjuicios, conforme lo establece el AS 609/2014; iii) Los seis puntos descritos debieron basarse en la resolución que resolvió la nulidad del Laudo Arbitral planteado; iv) Confrontados los agravios con lo resuelto en el Auto Definitivo 16/2022, se tiene que la Jueza hoy accionada, al referirse a la nulidad expresó sus argumentos; sin embargo, no atacó uno por uno esos agravios expuestos en su recurso de nulidad; v) La Jueza hoy accionada no revisó el proceso ni la resolución impugnada, tampoco fundamentó por qué cree que está de acuerdo con lo resuelto en dicha resolución o si la misma vulnera derechos, dejándolo en indefensión; vi) En el indicado Laudo Arbitral, sobre la confesión provocada señaló que las preguntas no son concernientes al caso; ya que, se hablaba de movilización y la parte contraria de otro tema, siendo una forma que no conlleva fundamentación; al respecto la Jueza ahora accionada debió tener en cuenta lo establecido por los arts. 167 y 169 de CPC y como ello genera presunciones; además, del hecho que no fue “…absorbida por el diferido a realizarlas…” (sic); vii) En su informe la Jueza hoy accionada no refiere por qué omitió ingresar al análisis de esa situación, lo cual demuestra la falta de motivación y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva; y, viii) Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto el Auto Definitivo 16/2022 y se le ordene a la Jueza ahora accionada, emita un nuevo auto definitivo contemplando, analizando y motivando todos los agravios expuestos en su recurso de nulidad; quien si bien no puede realizar nuevas valoraciones probatorias; empero, puede advertir vulneraciones de derechos conforme al no cumplimiento del procedimiento, las normas y la jurisprudencia.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 474 a 475, señaló que: a) El accionante al plantear el recurso de nulidad, alegó como causal de nulidad, la ‘“…AFECTACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA, EN TANTO AL DEBIDO PROCESO Y LA MOTIVACIÓN…”’ (sic); al respecto, conforme lo establecido por el art. 112 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA) -Ley 708 de 25 de junio de 2015-, la autoridad judicial podrá declarar la nulidad del Laudo Arbitral solo por las causales previstas en dicho artículo, pudiendo solicitar una o varias de esas causales; b) Bajo esos presupuestos restrictivos, de la lectura del recurso de nulidad que en esencia refiere a la labor valorativa de los medios probatorios, señalando que el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz no tenía por qué atribuirse la intención de las partes procesales y que si existían medios probatorios que respalden su pretensión se debió declarar improbada la demanda; c) Asimismo, se indicó que dicho Tribunal se extralimitó en sus competencias, reiterando que la falta de valoración correcta de la prueba significó una omisión insalvable; d) Únicamente la causal de Laudo Arbitral “Contrario al Orden Público” permite a la autoridad jurisdiccional ingresar a analizar el fondo de la problemática del asunto, situación diferente a las demás causales de anulación; debido a que en los demás casos se limita únicamente a analizar la concurrencia o no de infracciones de las formas que prevé cada una de ellas, lo que implica que solo pueden ser revisadas si la parte realizó una protesta oportuna; e) La causal alegada en el recurso de nulidad por el accionante, no se encuentra prevista como una causal de nulidad por el art. 112 de la LCA; f) Conforme lo expuesto, el Auto Definitivo 16/2022 se encuentra debidamente motivado y fundamentado, con relación a la intervención de la jurisdicción ordinaria respecto a “Laudos Arbitrales”, en cuyo considerando V se señaló que no se puede ingresar a cuestionar, plantear y reabrir el debate probatorio; ya que, es inviable que por medio del recurso de nulidad del Laudo Arbitral se pueda ordenar al Tribunal Arbitral como realizar la valoración de los medios probatorios, con la aclaración de que dicho recurso no se instituye como un mecanismo de revisión de lo valorado y resuelto; g) En dicho Auto Definitivo se consideró que si bien la parte recurrente -accionante- menciona la nulidad por afectación a los derechos a la defensa, al debido proceso y a la motivación; empero, se busca que se ordene al Tribunal Arbitral una nueva valoración de los medios probatorios y se declare probada la demanda de resolución del Contrato de Ejecución de obra de 18 de agosto de 2015 conforme a su pretensión y se cuantifique los daños sufridos por la “empresa demandante”; y, h) Su actuación está dentro de los parámetros establecidos para resolver un recurso de nulidad de laudo arbitral, sin producirse ninguna omisión indebida en la resolución de la problemática recurrida y menos alguna vulneración de derechos; motivo por el cual pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Du Hongbo representante de la empresa CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (Sucursal Bolivia), no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno. Sin embargo, consta su notificación cursante de fs. 445 a 446; empero, no con la audiencia de 2 de septiembre de 2022.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, por Resolución 093/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 503 a 508, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto Definitivo 16/2022 emitido por la Jueza ahora accionada; y, 2) Que la nombrada autoridad judicial emita un nuevo auto definitivo con los fundamentos expuestos en la citada Resolución constitucional; y, denegó la tutela solicitada respecto al derecho a la tutela judicial efectiva; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Los jueces en materia civil al momento de resolver el recurso de nulidad, conforme con el art. 112 de la LCA, no pueden valorar la prueba ofrecida en el proceso arbitral; sin embargo, la actividad desarrollada por el Tribunal Arbitral para la valoración probatoria puede tener defectos que devengan en vulneraciones de derechos, lo cual no implica valoración sino conducción a la legalidad con la que fueron valoradas, y si se apartaron de esa legalidad; ii) El Auto Definitivo 16/2022, al compulsar el recurso de nulidad del Laudo Arbitral, si bien realizó una delimitación de las competencias del juez respecto a la resolución de un recurso de nulidad, se observa que no resuelve las cuestionantes planteadas, cuando ingresa al análisis de fondo de dicho recurso; debido a que, no analiza de manera precisa cada uno de los puntos planteados en el recurso de nulidad, y solo expresa que el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz valoró las pruebas, sin ponderar si esa valoración cumple las exigencias del Código de Procedimiento Civil; iii) El accionante solicitó la interpretación de la Cláusula Octava en el numeral 8.2.4., -del Contrato Privado de Ejecución de Obra- que fue objeto de la demanda; el incumplimiento de los arts. 162 al 165 del CPC, con relación a la confesión provocada de Du Hongbo -ahora tercero interesado-; la incongruencia que existe entre declarar probada la demanda de resolución del Contrato de Ejecución de obra y la falta de pago de daños y perjuicios respecto al art. 568 del CC, aspectos que no fueron individualizados por la Jueza hoy accionada en el impugnado Auto Definitivo 16/2022; iv) De la lectura del citado Auto Definitivo, no se logra evidenciar la motivación conforme lo solicitado en el recurso de nulidad y la respuesta al mismo; v) En ese contexto, se evidencia que no existió la debida fundamentación ni motivación al emitirse el referido Auto Definitivo, quedando acreditado que la Jueza ahora accionada incurrió en la vulneración de derechos; vi) Sobre la falta de congruencia, no se cumplió con el imperativo constitucional de la motivación, al no sustentarse razonable y congruentemente su decisión, fundando dentro del marco jurídico y los aspectos fácticos expuestos en el citado Auto Definitivo; y, vii) La Jueza hoy accionada no vulneró la tutela judicial efectiva; ya que, atendió el recurso de nulidad del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, en el tiempo y conforme a procedimiento, cumpliendo su labor como jueza.

I.2.5. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de agosto de 2024, cursante de fs. 515, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria; reanudándose dicho plazo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 30 de octubre del citado año, cursante a fs. 562; por lo que, esta Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 de 24 de agosto de 2017, emitido por el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, que declaró, entre otros aspectos, probada en parte la demanda arbitral interpuesta por la empresa Construcciones y Servicios VIHEEM S.R.L., en cuanto a la solicitud de resolución del Contrato de Ejecución de Obra de 18 de igual mes de 2015, su Adenda de 4 de mayo de 2016 y el Contrato Privado de Ejecución de Obra de 5 de agosto del referido año; e, improbada las pretensiones de cobro de montos impagos y resarcimiento de daños y perjuicios (fs. 524 a 538 del Anexo 3). II.2. Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2017, ante el Presidente y Árbitros del Tribunal Arbitral 288; José Nicolás Villar Bravo, en representación legal de la empresa Construcciones y Servicios VIHEEM S.R.L. -hoy accionante-, formuló recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, conforme el art. 112 de la LCA, solicitando, entre otros aspectos, que se declare probada la nulidad solicitada y se ordene la emisión de un nuevo laudo arbitral; asimismo, en cuanto a la exigencia de la protesta previa como condición de procedibilidad del mencionado recurso, solicitó se observe lo establecido por la “SCP 1673/2012”, bajo los siguientes fundamentos: a) Incurre en error conceptual sobre la suspensión, paralización y desmovilización; ya que, expone un criterio imperfecto al sugerir que la desmovilización no constituye paralización; b) Se incurre en argumento fallido al aseverar que la prueba producida por el Notario de Fe Pública no genera convicción, entre otras cosas porque escribió lo que le dictaron, siendo que dicho funcionario da fe de lo que ve y le informan; el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz se redujo a ocultar la prueba superficialmente y no aplicar las reglas del proceso civil; ya que, el reglamento arbitral no contiene normas respecto a la prueba; c) Impugna lo aseverado respecto a la confesión provocada de Du Hongbo -ahora tercero interesado-, a la cual le otorga un criterio sustancial al medio probatorio; puesto que, en su criterio dicha confesión deja ver dos situaciones; la primera el cumplimiento del contrato por parte de la empresa Construcciones y Servicios VIHEEM S.R.L., y los dineros adeudados de la referida empresa; d) El citado Tribunal desconoció los efectos de la postulación material de resolución así como el efecto de la resolución contractual, que es evaluable en dinero; y, e) Se incurre en error al presumir que se advierte voluntad consentida en la resolución en cuyo caso no pueden evidenciarse daños, siendo que existe intereses contrapuestos y controvertidos, la resolución implica indemnización (fs. 544 a 552 del Anexo 3). II.3. A través del Auto Definitivo 16/2022 de 20 de enero, Consuelo Rosario Saravia Rodríguez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, declaró la improcedencia del recurso de “anulación” -siendo lo correcto nulidad-, del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 presentado por el accionante; bajo los siguientes fundamentos: 1) La parte recurrente -accionante-cuestiona la actividad interpretativa del Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, en cuanto a la valoración de la prueba y sus conceptos, indicando que la misma fue erróneamente valorada, a objeto de resolver dicho planteamiento, es preciso recurrir a lo advertido por la jurisprudencia constitucional que estableció que, la autoridad jurisdiccional en el ámbito de sus especificas funciones como autoridad de anulación no puede ingresar a cuestionar, plantear y reabrir el debate probatorio; ya que, dada la naturaleza -se entiende jurídica- del arbitraje, en el recurso de nulidad del citado Laudo Arbitral cabe únicamente verificar si concurren las causales de nulidad expresamente establecidas; siendo inadmisible que se pretenda la nulidad basadas en conceptos derivados de la aplicación de la ley sustantiva o errores de hecho o derecho en la valoración de la prueba y ya que el pilar fundamentación del proceso arbitral lo constituye la autonomía de voluntad de las partes, en cuyo contexto, el recurso de anulabilidad no se instituye como un mecanismo de revisión de lo valorado y resuelto por los árbitros dentro de un trámite arbitral; 2) Conforme a los arts. 66 y ss. del Reglamento del Procedimiento Arbitral, constituye una facultad del Tribunal Arbitral determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas, a partir de lo cual puede considerar cualquier elemento que curse en el cuaderno procesal y que sea necesario para la decisión que considere justa; 3) Si bien en el recurso de nulidad se refuta la interpretación de terminología y definición realizada por ese Tribunal Arbitral al momento de dictar el mencionado Laudo Arbitral y pretende que bajo sus razonamientos se efectúe una nueva valoración por el Notario de Fe Pública, la confesión provocada y la prueba documental, insinuando que ese Tribunal efectuó una incorrecta valoración de la prueba y que se extralimitó en sus competencias; ya que, si a su criterio no existían los medios probatorios debió declararse improbada la demanda; sin embargo, los argumentos atribuidos al citado Tribunal como hechos que generan afectación al derecho a la defensa no guardan relación con los presupuestos de procedencia de hechos generadores de la afectación de los derechos a la defensa y al debido proceso; 4) Asimismo, no es evidente que el mencionado Laudo Arbitral carezca de motivación; puesto que, incluyó una serie de reclamos sobre la valoración de la prueba y definiciones, sin efectuar una discriminación adecuada, que permita hacer una valoración de la afectación de su derecho a la defensa previsto por el art. 112.I.3. inc. b) de la LCA; 5) El citado Tribunal Arbitral en los fundamentos y motivación expuestos al momento de resolver la disputa mediante el Laudo Arbitral, realizó una relación precisa de todas y cada uno de los antecedentes y la valoración de todos los medios probatorios, ofrecidos y admitidos; específicamente en el punto cuarenta y ocho refiriendo al “Acta Notarial” haciendo notar; además, de las observaciones al contenido del acta, que existen dos pruebas realizadas al mismo tiempo en dos lugares distintos por el mismo funcionario público, con la aclaración a la incógnita que el referido Notario de Fe Pública que realizó las dos actuaciones al mismo tiempo en lugares diferentes, señaló que escribió lo que le dictaron, concluyendo que ante las circunstancias dicho medio probatorio no forma convicción que viabilice lo pretendido por la parte demandante; asimismo, en el punto cuarenta y nueve de manera clara precisan el análisis del medio probatorio de confesión provocada del hoy tercero interesado y por qué no constituye prueba respecto de la controversia; en lo referente a la valoración de los medios probatorios, la motivación y fundamentación sobre la pretensión de daños y perjuicios, el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 realizó un análisis detallado con sustento en la normativa civil sobre la inviabilidad de los daños y perjuicios reclamados, concluyendo que no probó el incumplimiento de la parte demandada, no hay daños que puedan imputarse; y, 6) Al declarar probada en parte la demanda arbitral interpuesta por la empresa Construcciones y Servicios VIHEEM S.R.L., “…declarando la resolución demandada…” (sic) e improbada en cuanto a daños y perjuicios no afectó el derecho a la defensa; puesto que, las partes procesales intervinieron en todos y cada uno de los actos y se valoró los medios probatorios ofrecidos oportunamente, lo que evidencia que la “resolución recurrida” de nulidad no vulneró los derechos alegados por la citada empresa; no es posible suplantar la función arbitral o arrogarse capacidades que rebasan el ámbito de su competencia y que se ordene de manera arbitraria al Tribunal Arbitral que dicte nuevo Laudo Arbitral, bajo criterios subjetivos de la “parte recurrente” (fs. 368 a 373); el accionante fue notificado con dicho Auto Definitivo el 21 de enero de 2022, (fs. 374).

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; puesto que, que la Jueza ahora accionada en el Auto Definitivo 16/2022 de 20 de enero, que resolvió el recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 de 24 de agosto de 2017 omitió motivar porque considera que está bien y es legal la interpretación efectuada por el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, respecto a los conceptos de suspensión, paralización o desmovilización y su aplicación a la cláusula octava del contrato punto 8.2.4.

-se entiende del Contrato Privado de Ejecución de Obra de 5 de agosto de 2016-; asimismo, no motivó porque la confesión provocada no constituye prueba, si en el punto cuarenta y nueve del citado Laudo Arbitral no se observa el cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 162 al 165 del CPC; ya que, no se realiza un desarrollo de las preguntas y su tasación como prueba, debido a la incomparecencia del diferido a confesión, o el valor probatorio que se le debe otorgar con base en los mencionados artículos; tampoco existe motivación sobre la incongruencia advertida entre las pretensiones de las partes procesales, presumiendo la voluntad de las mismas ni sobre el cumplimiento del art. 568 del CC, que hace incongruente dicho Laudo Arbitral al declarar probada la resolución del contrato e improbados los daños y perjuicios; e, incurre en motivación insuficiente y prolija sobre los agravios alegados en su recurso de nulidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

La SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo, señaló que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”.

Asimismo, se debe referir que, con relación al principio de congruencia, en su dimensión externa, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, citando a su vez a la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, estableció que la obligación del tribunal de alzada es de pronunciarse no solo respecto de los agravios formulados por el apelante sino también con relación a la contestación del recurso. Entendimiento también es aplicable al pronunciamiento del tribunal de casación; puesto que, la garantía del debido proceso, en su elemento de principio de congruencia opera en todas las fases del proceso con relación a los actos constitutivos de cada instancia.

Finalmente, refiriéndose a lo tipos de incongruencia la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: «…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)».

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo, efectúa la siguiente sistematización de la jurisprudencia constitucional, estableciendo que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.3. Marco jurisprudencial acerca del recurso de nulidad de laudo arbitral

La SCP 0354/2021-S3 de 14 de julio, estableció que: «Dentro de la legislación boliviana, en los temas conciliación y arbitraje, el antecedente legislativo previo se encontraba contenido en la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997 -Ley de Arbitraje y Conciliación-, norma ahora abrogada, que sin embargo, estableció las bases de estas materias en el tratamiento nacional, y en función de esta se emitió jurisprudencia constitucional de necesario conocimiento, pues fue aquella la que cimentó el camino de los entendimientos en vigencia. Inicialmente, nos remitiremos a la SC 0038/2004 de 15 de abril, emitida en un Recurso Directo de Nulidad, cuya problemática refería que se impugnó la competencia de la Corte Suprema de Justicia respecto del recurso de casación interpuesto que admitió dentro de un proceso arbitral; en ese entendido, se indicó el siguiente razonamiento sobre los recursos en procesos de arbitraje: “Dada la naturaleza jurídica de los procesos arbitrales, de ser un medio alternativo (a los procesos judiciales) de solución de controversias, el legislador ha restringido al mínimo las vías judiciales de impugnación de las decisiones que se adopten en dichos procesos, declarando en su caso expresamente la improcedencia de los recursos judiciales. Así en la norma prevista por el art. 23-III de la LAC, la Ley dispone que ‘la decisión que tome la autoridad judicial competente con referencia a la conformación del Tribunal Arbitral, no admitirá recurso alguno’. De otro lado, en cuanto se refiere al Laudo Arbitral que emita el Tribunal Arbitral, la Ley sólo ha previsto el recurso de anulación, así establece la norma prevista por su art. 62 LAC cuando dispone que ‘Contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral sólo podrá interponerse recurso de anulación (...)’. Cabe advertir que dichas limitaciones no alcanzan a los procesos constitucionales, entre ellos las acciones tutelares, que las partes intervinientes en los procesos arbitrales podrían plantear en aquellos casos en los que se lesione el orden constitucional o los derechos fundamentales o garantías constitucionales”. Por otra parte, en la SC 0080/2006 de 16 de octubre, dentro de un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad se denunció como contrario al orden supremo que el art. 12.III de la LAC, no permitía recurso alguno contra la declaración de existencia de convenio arbitral, vulnerando tanto la defensa como el debido proceso; en la resolución de la cuestión presentada, se señaló lo siguiente: “Una vez puntualizados el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que prevé la Constitución Política del Estado, haciendo el juicio de constitucionalidad de la frase ‘sin lugar a recurso alguno’ contenida en el art. 12.III de la LAC, se concluye que ésta no vulnera de ningún modo lo dispuesto por el precepto constitucional referido, que consagra el derecho a asumir defensa irrestricta que tiene toda persona y a ser juzgada en proceso justo y equitativo, dado que como se tiene anotado la limitación absoluta a la impugnación a la que alude dicha frase es atribuible a la naturaleza jurídica de los procesos arbitrales que restringe al máximo la intervención judicial, y está inserta en la excepción legal por la que la ley proclama la irrecurribilidad en algunos asuntos sometidos a su jurisdicción, reduciendo la tramitación de la excepción de arbitraje a una única y última instancia, sin lugar a mayores recursos”.

Con base en los fallos previos, se emitió la SC 0093/2006 de 28 de noviembre, emitida en un Recurso Directo de Nulidad, en el cual, el recurrente denunció que la autoridad jurisdiccional no solo anuló el Laudo Arbitral objeto de la anulación interpuesta, sino que ingresó al fondo de la problemática del proceso arbitral; al respecto, el Tribunal se pronunció señalando: “…la potestad del juez de partido en lo civil, que actúa en el auxilio judicial para conocer y resolver el recurso de anulación, como el propio nombre de esa vía impugnativa lo señala, se circunscribe a la labor de verificar si existe ciertamente alguna o algunas de las causales establecidas por ley que hagan procedente tal recurso, y de ser así, deberá anular el laudo arbitral -pues ese es el fin del recurso-, sin ingresar a dirimir el fondo de la controversia sometida a proceso arbitral, sino que deberá disponer que el tribunal arbitral emita nuevo laudo, subsanando las causales que originaron la antedicha anulación. A esa conclusión se arriba luego de comprender la naturaleza propia del proceso arbitral, al que se acude en busca de la solución de una controversia por parte de un tribunal que no es parte del Poder Judicial, no es un tribunal ordinario, y por esa razón, si se permitiera que el juez que dispone la anulación del laudo arbitral resuelva el fondo del diferendo, se estaría desconociendo la voluntad de las partes que suscribieron el compromiso arbitral para que sea un tribunal distinto al judicial el que resuelva su controversia, por una parte, y por otra, se estaría atribuyendo al juez una competencia que la ley no le reconoce, dado que su labor debe limitarse solamente a comprobar la existencia de una causal legal de anulación y, por ende, disponer la anulación del laudo, sin que le sea posible suplantar la función del tribunal arbitral que es el que, en definitiva, tiene que resolver en el fondo la demanda arbitral” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Entendimiento reiterado en la SC 0616/2011-R de 3 de mayo, dictado en una acción de amparo constitucional, en que se declaró: “…existen casuales determinadas a efecto de pretender la nulidad de un Laudo Arbitral, y que deben ser alegadas en el transcurso del proceso arbitral por cuanto necesariamente corresponde realizar la protesta respecto a la causal que dará lugar a la nulidad del Laudo Arbitral, no pudiendo excusarse de esa situación, debiendo corresponder al Juez que conozca el recurso de anulación simplemente velar por el cumplimiento y la existencia de una causal legal de anulación a efecto de la validez de la misma, y por ende disponer la anulación del laudo sin que le sea posible ingresar, analizar y sustituir la función del Tribunal Arbitral que es el que tiene la facultad de resolver en el fondo la demanda arbitral, a efecto de que esa instancia como medio alternativo de soluciones de controversias a los procesos judiciales, emita un nuevo Laudo Arbitral”.

Hasta este punto, en términos generales, la jurisprudencia expuesta constituye un resumen sustancial de lo que prescribía la jurisprudencia constitucional acerca del Arbitraje y el recurso de anulabilidad del Laudo dictado; y actualmente, desde la promulgación de la Ley 708 de 25 de junio de 2015 -Ley de Conciliación y Arbitraje-, se tiene la SCP 1481/2016-S3 de 16 de diciembre, que a raíz de una acción de amparo constitucional dentro del nuevo marco legal, estableció lo que sigue: “La nueva fórmula arbitral introducida por la Ley 708 de 25 de junio de 2015, al ordenamiento jurídico boliviano, incorpora nuevos institutos que permiten viabilizar el procedimiento arbitral, flexibilizando el desarrollo del arbitraje bajo el principio de primacía de la autonomía de la voluntad de las partes, dejando de lado los formalismos para adoptar una posición más dispositiva o contractual tanto respecto a la determinación del contenido del convenio y la cláusula arbitral como en relación a la designación de árbitros, operando en el mismo sentido ya en el desarrollo del procedimiento arbitral desde la etapa inicial, de méritos, de elaboración y emisión del Laudo Arbitral, manteniéndose contundentemente jurisdiccionalista en su ejecución al sobreponer su eficacia de cosa juzgada y restringir taxativamente la etapa recursiva.

Se rescató así la visión de una ‘justicia pronta’ como principal finalidad de este instituto, de ahí que si bien desde su concepción original el proceso arbitral excluía toda idea de impugnación, si se la introdujo en nuestro arreglo jurídico con algunas variantes, reconociéndose en la legislación actual el derecho a impugnar pero en un sentido estricto a fin de corregir vicios o irregularidades en los actos arbitrales.

En ese sentido, el recurso de nulidad previsto por la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje no concentra su finalidad en determinar si un laudo está desarrollado dentro del marco de lo justo, sino en la nulidad del mismo; toda vez que, a la jurisdicción ordinaria no le está permitida juzgar la valoración o aplicación de la ley realizada por los árbitros como tampoco las convicciones resueltas por estos en equidad, de esta manera, el art. 111 de la Ley 708, introduce el procedimiento del recurso de nulidad del laudo arbitral, reconocido por su naturaleza extraordinaria, como el único medio de impugnación, estableciendo causales expresas que taxativamente se identifican en el art. 112 de esa Ley, sobre la base de motivos tasados que tienden a mantener la efectividad de los laudos adoptados por el Tribunal Arbitral o el Árbitro único como una de sus características fundamentales, restringiendo la efectividad de dichas causales a irregularidades adjetivas o errores dentro del proceso y solo las tasadas en la merituada disposición, mas no a irregularidades sustantivas, toda vez que se trata de un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral y no de una vía o instancia en la que revise el fondo de la controversia resuelta por el laudo” ; en este sentido, a momento de desarrollar las causales de nulidad del Laudo Arbitral, conforme las disposiciones de la Ley 708, se tiene que cuando el Laudo sea contrario al Orden Público (art. 112.I.2 de la Ley precitada) se indica: “…la ley busca proteger que lo dispuesto en el Laudo sea respetado; es decir, se trata de legitimar una decisión que no contradice los principios básicos de moralidad y justicia del sistema jurídico boliviano tendientes a proteger subsistencia del Estado y sus ciudadanos, esto quiere decir que la aplicación de esta causal debe circunscribirse al contenido del laudo en concreto y no a la sustanciación del procedimiento del cual provino, velando porque no incluya elementos que atenten al orden público, no pudiendo en consecuencia irradiarse al plano procesal a fin de guardar las formalidades y garantías dentro del desarrollo de un proceso, para lo cual el merituado art. 112.I.3 en su inc. b) establece como causal de nulidad específicamente relacionada con el debido proceso a aquellas las infracciones únicamente referidas al derecho a la defensa. Debe considerarse que el orden público constituye una garantía negativa -un contrapeso- por su pluridimensionalidad y mutabilidad en razón de espacio y tiempo, pero necesario en la práctica que pese al grado de autonomía de esta institución, por su misma eficacia impide un total desentendimiento del lugar donde pretenda ser desarrollado; bajo este contexto, en la órbita nacional, la noción en el sentido y alcance que atribuye la Ley de Conciliación y Arbitraje, debe interpretarse de la forma más restrictiva y escrupulosa posible, desestimado todas aquellas solicitudes de nulidad en las que se cuestione la ‘justicia’ del laudo, posibles deficiencias o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión, porque se abriría el portal a desmedidas impugnaciones que tan solo hagan mención al orden público, desnaturalizando el arbitraje”. Posteriormente, la SCP 0037/2019-S4 de 1 de abril, dentro de una acción de amparo constitucional, complementa el razonamiento anterior, señalando lo siguiente: “Cabe añadir que sobre el significado de orden público; es decir, sobre cuáles son los principios más básicos de la moralidad y justicia en un ordenamiento jurídico, la doctrina como fruto de la experiencia, discusión y trabajo, adquirió un grado importante de consenso, en cuanto a que el orden público tiene dos dimensiones, una procesal y otra sustantiva, donde los principios de justicia y moralidad son aquellos que se consideran necesarios para la protección primero, de los derechos procesales fundamentales de las partes en el procedimiento arbitral y segundo, de los derechos contractuales fundamentales de las partes.

Siguiendo el estudio de Homayoon Arfazezadeh, cuyas conclusiones pueden asimilarse al arbitraje interno, el orden público cubre lo que tradicionalmente se denomina como debido proceso, en particular ‘el derecho de las partes a ser debidamente llamadas al arbitraje, igualdad en el trato, un procedimiento adversarial (que incluye el derecho a ser oído), la prohibición de parcialidad y la falta de independencia, fraude o corrupción por parte de los árbitros y el principio de cosa juzgada. Por su parte, el orden púbico sustantivo incluye elementos como el deber de actuar de buena fe, la prohibición de abuso de derecho, prohibición de discriminación, prohibición de expropiación sin un debido proceso y la protección de los incapaces.

Continuando con el análisis, la doctrina también es uniforme, al señalar los siguientes principios interpretativos que guían el análisis de la nulidad de un laudo arbitral por ser contrario al orden público: i) El principio de excepcionalidad que impele a respetar el principio de cosa juzgada de los laudos, a menos que exista una circunstancia muy excepcional que lo impida, toda vez que el arbitraje tiene como principal objetivo la celeridad en la solución de controversias para poner fin en forma definitiva a una disputa entre las partes; de forma que procede la causal en los casos en los que existe una auténtica contradicción entre el laudo y el orden público y no cuando el juzgador se encuentra en desacuerdo con la decisión del tribunal arbitral respecto al fondo de la controversia; ii) La interpretación restrictiva del alcance del orden público porque se trata de un concepto de gran abstracción que podría dar lugar a tácticas obstructivas del arbitraje y del cumplimiento de sus resoluciones; y) iii) Que sea evidente; es decir, que la ilegalidad debe saltar a la vista del juzgador. La facultad de determinar si un laudo es contrario al orden público, no autoriza a los tribunales a evaluar el fondo de la controversia, pues por medio del acuerdo arbitral, las partes decidieron someter la resolución de la controversia a un tribunal arbitral y no a los tribunales nacionales; por lo tanto, la contradicción entre el laudo y el orden público, debe ser obvia con un simple análisis superficial”’».

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; puesto que, que la Jueza ahora accionada en el Auto Definitivo 16/2022 de 20 de enero, que resolvió el recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288 de 24 de agosto de 2017 omitió motivar porque considera que está bien y es legal la interpretación efectuada por el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, respecto a los conceptos de suspensión, paralización o desmovilización y su aplicación a la cláusula octava del contrato punto 8.2.4. -se entiende del Contrato Privado de Ejecución de Obra de 5 de agosto de 2016-; asimismo, no motivó porque la confesión provocada no constituye prueba, si en el punto cuarenta y nueve del citado Laudo Arbitral no se observa el cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 162 al 165 del CPC; ya que, no se realiza un desarrollo de las preguntas y su tasación como prueba, debido a la incomparecencia del diferido a confesión, o el valor probatorio que se le debe otorgar con base en los mencionados artículos; tampoco existe motivación sobre la incongruencia advertida entre las pretensiones de las partes procesales, presumiendo la voluntad de las mismas ni sobre el cumplimiento del art. 568 del CC, que hace incongruente dicho Laudo Arbitral al declarar probada la resolución del contrato e improbados los daños y perjuicios; e, incurre en motivación insuficiente y prolija sobre los agravios alegados en su recurso de nulidad.

Con relación a las denuncias referidas a la valoración de la prueba, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional, en el marco de la doctrina constitucional de las auto restricciones desglosadas en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional, señaló que la valoración de la prueba es una actividad propia de los jueces de las diferentes jurisdicciones del órgano judicial o de las autoridades administrativas; sin embargo, la SCP 0030/2018-S2 estableció que: “…La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación…”.

La auto restricción precedentemente señalada, tiene una intensidad mayor cuando se trata de resoluciones judiciales que resuelven el recurso de nulidad del laudo arbitral. En efecto, dada la naturaleza jurídica del proceso arbitral, que constituye un medio alternativo de resolución de conflicto, y el carácter extraordinario del recurso de nulidad contra el laudo arbitral, las eventuales vulneraciones del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que pueden ser denunciadas dentro de la causal de nulidad de “laudo contrario al orden público”, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, debe regirse por los principios interpretativos de la referida causal de nulidad, entre ellos al principio de excepcionalidad, que impele a respetar el principio de cosa juzgada de los laudos. Lo cual implica; por una parte, la exigencia para el recurrente de una mayor carga argumentativa que ponga en manifiesta evidencia las eventuales vulneraciones de dicho derecho; y por otra parte, desde la perspectiva del juzgador ordinario la obligación de efectuar una interpretación restrictiva de los motivos por los cuales es posible la revisión de la labor del Tribunal Arbitral, en lo que refiere a la valoración probatoria, tomando en cuenta en cada momento que su labor no es la de revisar el mérito del pronunciamiento y por lo mismo de efectuar una nueva valoración probatoria, sino que el Tribunal Arbitral garantice la vigencia del derecho al debido proceso.

En ese marco, de ninguna manera es posible, que la jurisdicción constitucional proceda a verificar si la Jueza hoy accionada que resolvió el recurso de nulidad del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, efectuó o no una correcta valoración probatoria como pretende el accionante, lo cual no solo excede a las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, sino porque esa labor se encuentra al margen de las atribuciones de control jurisdiccional a través del recurso de nulidad, sobre el proceso arbitral que le reconoce la Ley de Conciliación y Arbitraje al juez ordinario civil y comercial; ya que, como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial debe limitarse a verificar la concurrencia de la causal de nulidad alegada por el accionante, sin inmiscuirse en la labor decisoria propia del Tribunal Arbitral; puesto que, de lo contrario se desconocería la autonomía de la voluntad de las partes que decidieron someter la resolución de su conflicto al proceso arbitral. Este razonamiento también resulta aplicable con relación a los desacuerdos de las partes respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria.

Asimismo, de la revisión de la valoración probatoria y de la interpretación de la legalidad, tienen además el óbice de que en el recurso de nulidad que formuló el accionante no alegó la causal de “Laudo arbitral contrario al orden público”, previsto por el art. 112.2 de la LCA, sino del derecho a la defensa referida a la justa valoración de la prueba.

Respecto a la denuncia de motivación insuficiente y prolija sobre los agravios alegados en su recurso de nulidad, tampoco resulta evidente; puesto que, a pesar de la falta de claridad y precisión del recurso de nulidad interpuesto por el accionante, la Jueza ahora accionada efectuó el análisis respecto a la única causal de nulidad que se insinuó en dicho recurso, en el que de forma etérea se hizo alusión al derecho a la defensa, como elemento del debido proceso, referida a la justa valoración de la prueba; con relación a lo cual concluyó que, si bien en el recurso de nulidad se refuta la interpretación de la terminología y definición realizada por el Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz, al momento de dictar el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, el accionante pretende que bajo sus razonamientos se efectúe una nueva valoración al acta notarial, la confesión provocada y la prueba documental, insinuando que dicho Tribunal efectúo una incorrecta valoración de la prueba y que se extralimitó en sus competencias; ya que, si a su criterio no existían los medios probatorios debió declararse improbada la demanda; sin embargo, los argumentos atribuidos al citado Tribunal Arbitral como hechos que generan afectación al derecho a la defensa no guardan relación con los presupuestos de procedencia de hechos generadores de la afectación a los derechos a la defensa y al debido proceso. Asimismo, que no era evidente que el Laudo Arbitral carezca de motivación, debido a que se englobó una serie de reclamos sobre la valoración de la prueba y definiciones, sin efectuar una discriminación adecuada que permita realizar una valoración de afectación de su derecho a la defensa previsto por el art. 112.I.3 inc. b) de la LCA.

Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no advierte motivación arbitraria en la emisión del Auto Definitivo 16/2022; puesto que, la Jueza ahora accionada, comprendiendo a cabalidad sus atribuciones en la resolución del recurso de nulidad del Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, con base en la jurisprudencia constitucional, señaló que no puede ingresar a cuestionar, plantear o reabrir el debate probatorio y que era inadmisible que se pretenda la nulidad de la determinación del Tribunal Arbitral del CCAC de la CAINCO de Santa Cruz basada en razonamientos o conceptos derivados de la aplicación de la ley sustancial o por la existencia de errores de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada.

En lo que se refiere a la incongruencia en el recurso de nulidad solamente se instó la causal de nulidad del derecho a la defensa como elemento del debido proceso referida a la valoración de la prueba. Toda vez que la congruencia no es un elemento configurativo del derecho a la defensa -salvo el caso de la correspondencia de los hechos de la acusación y la sentencia, en materia penal- sino del derecho al debido proceso, su eventual vulneración, no es configurativa de la contravención del derecho a la defensa; a partir de lo cual, la eventual lesión de la congruencia externa en la que pudo incurrir el Laudo Arbitral CCAC-CAINCO Arbitraje 288, carece de relevancia constitucional; puesto que, en mérito al principio dispositivo sobre el que se funda el proceso arbitral, la Jueza ahora accionada solo puede pronunciarse sobre la causal alegada en el recurso de nulidad, en este caso la vulneración del derecho a la defensa; por lo cual, en mérito a lo establecido en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, corresponde denegar la tutela solicitada.

Finalmente, con relación a las denuncias de vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la “seguridad jurídica”, no amerita pronunciamiento de fondo, ya que el accionante no precisa de qué manera hubiesen sido vulnerados los mismos, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada, sobre esta denuncia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 093/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 503 a 508, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 0354/2021-S3 de 14 de julio, consideración que dentro de la causal de contrario al orden público queda comprendido las vulneraciones al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación del laudo arbitral.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0920_2024-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): d3fe4cbca158b73e1296860ae5b8f6b3e76648038d53df12cfbb64d5d6f45030

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