Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia; alegando que, el Juez codemandado pronunció el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, que dispuso su detención preventiva, confirmada por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 422 de 18 de igual mes y año; decisión que no consideró que el grado de autoría y la participación en el hecho, no fueron acreditados con ningún elemento de convicción; además, a los otros coimputados dentro del proceso penal, les aplicaron medidas cautelares menos gravosas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 1° DENEGAR la tutela solicitada; y, 2° Remitir copia legalizada de este fallo constitucional y de sus antecedentes a través de Secretaría General de este Tribunal, ante la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, para que investigue a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías en la presente causa y determine lo que en derecho corresponda.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0920/2023-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44787-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 246/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 133 a 136 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Wilder Alanes Agreda contra Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2021, cursante de fs. 47 a 56 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rilda Amurrio Perez y Willy Siles Molina en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba -codemandado-, mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, determinó su detención preventiva por cinco meses en el Centro Penitenciario El Abra del citado departamento, por la concurrencia de los riesgos establecidos en los arts. 233.1 y 2, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), decisión que careció de la sana crítica y conculcó el principio de inocencia; ya que, fue incongruente la declaración de la víctima con el certificado médico forense, respecto a la identificación del supuesto agresor; por ende, no pudo establecer su grado de autoría y participación; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental, declarada improcedente por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -demandados-; pese a que, en la misma causa penal existían otros coimputados a quienes les otorgaron medidas menos gravosas.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su detención domiciliaria, arraigo y presentación ante el Ministerio Público “…ANTE LA INEXISTENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL ART 233 NUMERAL 1 EN CUANTO AL GRADO DE AUTORIA Y BAJO UNA IGUALDAD PROCESAL EN CUANTO A LOS OTROS CO IMPUTADOS ANALIZADOS LAS PRUEBAS EN SEDE CONSTITUCIONAL ANTE UN REBROTE DE COVID-19 EN CENTROS PENITENCIARIOS…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 131 a 132 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo mencionó que: a) Los Vocales demandados observaron la competencia del Juez de garantías, obviando los alcances del art. 125 de la CPE, concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y citando la SCP 0602/2020-S3 de 6 de octubre; en todo caso, su abogado tiene domicilio procesal en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, requisito exigido en la jurisprudencia constitucional; y, por el principio de informalidad que rige esta acción de defensa, corresponderá se ingrese al análisis de la misma; b) Si bien, la justicia constitucional no podrá valorar la prueba; en el presente caso, los demandados se apartaron de los márgenes de legalidad; puesto que, dentro de la declaración informativa -no señala fecha- y del informe psicológico -no refiere data- de la víctima, se estableció que el 6 de noviembre de 2021, la prenombrada decidió retirarse del domicilio de su prima -coimputada-, llamando a “Willy Siles” -su amigo- para que la recoja; posteriormente, el aludido contra su voluntad la metió a una habitación y ejerció agresión sexual en su contra, extrañamente después actuó como testigo y denunciante en el proceso penal, acusando de ese acto a su persona, en total incoherencia con la realidad; c) Los demandados no tomaron en cuenta que respecto al grado de autoría, el certificado médico forense determinará su participación conforme a los estudios realizados a los hisopos colectados; es decir, existiendo esa duda razonable, no debieron imponerle la detención preventiva, cuando a los otros coimputados se les otorgó medidas menos gravosas, incurriendo en incongruencia omisiva; d) En ese sentido, interpuso recurso de apelación y al ser el único que lo presentó, no podía agravarse su situación, atendiendo al principio reformatio in peius; empero, las autoridades demandadas confirmaron la resolución impugnada, con el mismo fundamento del Juez inferior, vulnerando sus derechos; y, e) Existió ofuscación de la víctima, no siendo cierto que el acuerdo transaccional que suscribió fue forzado; en todo caso, la prenombrada por una rencilla con su prima, presentó una denuncia falsa y temeraria, sin los elementos indiciarios mínimos; en consecuencia, el desistimiento presentado por el Ministerio Público debió modificar su situación jurídica, más aún ante el anuncio de la cuarta ola a causa del COVID-19, solicitando que por los principios de igualdad procesal y proporcionalidad, se le aplique detención domiciliaria, fianza y arraigo.
Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 129 a 130, manifestaron que, en atención a lo desarrollado en la SCP 0602/2020-S3, con relación al debido proceso en su componente de juez natural en materia constitucional, la competencia para conocer y resolver lo demandado por el impetrante de tutela, debiera ser ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, más aún si el prenombrado no acreditó con documentación, las razones por las cuales presentó esta acción de libertad en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, siendo que ello no está sujeto a su voluntad o conveniencia, debiendo remitirse este proceso constitucional ante la autoridad llamada por ley; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 126 a 128, señaló que: 1) Llamó la atención que esta acción de defensa fue formulada en fin de semana, ante una jurisdicción ajena al lugar donde se suscitaron los actos que la originan, considerando que el peticionante de tutela -imputado- está recluido y procesado en la ciudad de Cochabamba, donde correspondía su tramitación en razón de competencia por territorio, atendiendo los principios de economía procesal y acceso a la justicia pronta y oportuna, contraviniendo de esa forma la razonabilidad como elemento del debido proceso y en franca transgresión de los arts. 115 de la “CPP” y 8 de la CADH; 2) De acuerdo a la línea jurisprudencial vinculante, el Juez de garantías estaría impedido de realizar una valoración probatoria y reemplazar a la jurisdicción ordinaria; en tal sentido, la resolución de aplicación de medidas cautelares de 8 de ese mes y año, fue dictada con la debida fundamentación, en el marco de los principios de inmediación, sana crítica y valoración objetiva de los indicios, la cual se ratificó por el Tribunal de alzada; en consecuencia, la solicitud de modificación de la medida extrema aplicada al solicitante de tutela, devendría en contradictoria e improcedente; debido a que, no se podría alegar inexistencia del requisito sustancial previsto en el art. 233.1 del CPP y pedir sustitución por otra menos gravosa; ya que, si no concurre dicho requisito no correspondería disponer esa medida cautelar, develando en el fondo, la aceptación de su participación en el hecho; 3) La conducta de los otros coimputados se apreciará conforme su grado de participación, siendo que la responsabilidad penal es intuito persona; por lo que, resultó equívoco alegar un tratamiento uniforme para la aplicación de medidas cautelares; 4) El accionante está privado de su libertad por la vinculación a un hecho que el Ministerio Público tipificó como presunto delito de violación, evidenciándose también otros ilícitos de diferente naturaleza, como la tenencia de armas de fuego y de precursores; y, 5) En cuanto a la versión diferente de la víctima en su declaración, en ningún momento ella desvinculó al accionante del hecho; por tal razón, los insumos fueron valorados bajo el principio de presunción de verdad, conforme lo establecido en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, máxime si “…en la audiencia se notó cierta influencia negativa incluso de su propio abogado que parecía más abogado del imputado que de la víctima…” (sic); por lo que; en ese sentido, no existió detención ilegal o persecución indebida que habilite la tutela constitucional, solicitando se deniegue la misma.
El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 246/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 133 a 136 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, el Juez codemandado aplique el art. 231 bis del CPP, a favor del accionante, determinando una fianza de Bs15 000.- (quince mil bolivianos), una detención domiciliaria estricta y las medidas que la referida autoridad considere necesarias para asegurar la presencia del aludido; asimismo, dejó sin efecto el Auto de Vista 422 de 18 de ese mes y año, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de la documentación adjunta al expediente constitucional, se advirtió que existe un desistimiento de los denunciantes, y un acuerdo transaccional que por la naturaleza del delito no daría fin al proceso, pero favoreció al impetrante de tutela; y, ii) Por el principio de igualdad jurídica en relación a las medidas cautelares impuestas a los otros coimputados que no fueron la detención preventiva y atendiendo lo previsto en el art. 45 de la CADH, como autoridad jurisdiccional se debe adoptar decisiones que enfrenten el hacinamiento carcelario, dando prioridad a la población con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio por el rebrote de COVID-19; en consecuencia, ante la existencia de suficientes elementos que viabilicen la solicitud del peticionante de tutela, en el marco de los principios de “…igualdad jurídica, razonabilidad, aplicabilidad, temporalidad, y otras medidas cautelares” (sic), deberá cesar la privación de libertad del prenombrado. Por escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, cursante de fs. 143 a 144 vta., el Juez codemandado solicitó explicación y complementación relacionada a: a) La falta de pronunciamiento sobre la incompetencia para resolver esta acción de defensa; b) La incongruencia entre los fundamentos de la Resolución 246/2021 y lo pedido por el accionante; c) El sustento jurídico por el que incorporó prueba no considerada por el Juez de instancia y en consecuencia, por el Tribunal ad quem; d) El sustento jurídico para favorecer unilateralmente al solicitante de tutela, rompiendo el equilibro procesal de los sujetos procesales, omitiendo la obligación de diligencia y protección a la víctima; e) La razón por la que no se notificó al Ministerio Público, siendo que existen menores de edad y mujeres; f) El motivo que propició la vulneración de reglas y prohibiciones de un juez de garantías al suplir la labor de la jurisdicción ordinaria, al emitir una resolución cual si se tratase de un juzgado ordinario; g) El sustento material para determinar que en este caso corresponde aplicar el principio in dubio pro reo y cuál el fundamento para concluir que no existe igualdad procesal; h) El razonamiento para no realizar la ponderación y el ejercicio argumentativo para determinar que la detención preventiva no es la medida más idónea; i) El fundamento que conduce a la afectación de los derechos a la salud y a la vida, “…cuando cursa en antecedentes que está guardando cuarentena en el penal de el Abra en un área reservada para justamente precautelar su salud ante un eventual contagio con el COVID” (sic); j) Explique en qué domicilio se cumplirá la detención domiciliaria, atendiendo las circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a fin de garantizar un “efectivo control” y el control de custodio policial para verificar su observancia; k) Aclare si se mantienen los fundamentos de los riesgos procesales, identificando normativa y jurisprudencia que la sostengan; y, l) “…aclare porque el presente caso no tiene NUREJ y si en el Distrito de La Paz existían o no Juzgados especializados de turno para conocer de acciones de libertad o constitucionales” (sic); ante tales cuestionantes, el Juez de garantías a través del decreto de 26 de noviembre de 2021, declaró no ha lugar a la misma, arguyendo que fue clara y concisa la Resolución 246/2021, haciendo énfasis que tiene carácter obligatorio y vinculante.
Mediante decreto constitucional de 26 de abril de 2023, cursante a fs. 218, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 13 de septiembre de 2023 (fs. 260 a 262); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba -demandado-, determinó la detención preventiva de Wilder Alanes Agreda -accionante-, por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario El Abra del citado departamento (fs. 224 a 227 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 422 de 18 de noviembre de 2021, Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, declaró improcedente la apelación interpuesta por Sayda Amurrio Perez y el peticionante de tutela, confirmando el referido Auto Interlocutorio (fs. 229 a 235).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia; alegando que, el Juez codemandado pronunció el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, que dispuso su detención preventiva, confirmada por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 422 de 18 de igual mes y año; decisión que no consideró que el grado de autoría y la participación en el hecho, no fueron acreditados con ningún elemento de convicción; además, a los otros coimputados dentro del proceso penal, les aplicaron medidas cautelares menos gravosas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este punto, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, indicó que: “Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo.
Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”.
La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (el énfasis nos pertenece). Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…” (el resaltado es añadido).
Al respecto, la SCP 0010/2021-S4 de 22 de marzo, señaló que: [Al igual que en todo proceso, en la sustanciación de las acciones de defensa de orden constitucional, la competencia se constituye en un presupuesto de existencia misma del proceso, que además tiene repercusión en la validez del proceso, resulta obvia su relevancia en la admisión y la misma tramitación del proceso, es por tal razón que ya el art. 32 del CPCo, establecía reglas de la competencia de obligatorio cumplimiento en cuanto al territorio que si bien eran aplicables a los jueces y tribunales de garantías que antes fungían como tribunales de competencia, no variaron sustancialmente en relación a las que regulan función de las Salas Constitucionales creadas por determinación de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, que creó e introdujo las Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional; normativa que de manera taxativa y puntual, mantiene y prevé una regulación competencial en cuanto a territorio, que debe ser cumplida por los Vocales constitucionales y los jueces de provincia que asumen la función de jueces de garantías, precisamente por la relevancia que tiene la competencia en el diseño proceso, y, la seguridad y preservación del orden jurídico, de modo que no se desorganice la estructura funcional de los órganos de justicia en el país, situación que puede decantar en una mala praxis de las partes, de elegir a los juzgadores que mejor les convenga, generando incertidumbre en la imparcialidad de las mismas, que además implica inseguridad jurídica en la justica constitucional. En tal marco el art. 2 de la Ley 1104, sobre la competencia prevé que: «I. Las Salas Constitucionales son competentes para conocer y resolver: a. Acción de Libertad;
b. Acción de Amparo Constitucional;
c. Acción de Protección de Privacidad;
d. Acción de Cumplimiento;
e. Acción Popular;
f. Otras previstas en la Ley Nº 254 de 5 de julio de 2012, “Código Procesal Constitucional”, para jueces y tribunales de garantías. II. Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal». Asimismo, el art. 3 de la cita Ley, conforme ya se precisó, establece una regulación específica sobre la competencia territorial de las Salas Constitucionales, determinando que:
«I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas.
Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento. III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante». Normativa que mantiene los preceptos de análisis de la competencia en razón de territorio que desarrolló la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, en la que se estableció que son competentes para conocer las acciones de defensa: «1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia»; empero, prevé una mayor precisión en cuanto estos presupuestos disponiendo que; 1) En relación al lugar donde se haya producido los hechos que generan la violación del derecho, son competentes las Salas Constitucionales de las capitales de departamento y jueces de garantías de los municipios que se encuentren a veinte kilómetros de dichas Salas; y, en los municipios no comprendidos dentro de ese radio de acción, las acciones de defensa podrán plantearse ante cualquier juez o Sala Constitucional del departamento en que se produjo el hecho; en lo demás se mantiene el criterio: 2) En caso de falta de autoridad competente en el departamento, el lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte; y, 3) En caso de que la violación o acto lesivo se hubiese producido en lugar distinto al domicilio del afectado o afectada, se podrá tomar en cuenta lugar de su residencia. Por otra parte, en relación al análisis concreto y el hecho de que no se puede establecer la competencia del Tribunal de garantías, en este caso de la Sala Constitucional, en función al lugar de domicilio del apoderado del accionante, resulta necesario citar lo desarrollado en la SCP 0836/2016-S3 de 10 de diciembre, que resolviendo un caso similar, determinó que: «El Juez de garantías, al entender que su competencia se determina en función al domicilio del representante legal desconoce los elementos básicos que hacen al mandato, por el ejemplo que el titular del derecho es el mandante y no el mandatario, criterio que fue desarrollado en la SCP 1890/2012 de 12 de octubre, la cual 7 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art. 129, conceptualiza y fundamenta quién ostenta legitimación activa, señalando: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente’”»] (las negrillas nos pertenecen).
Con carácter previo, es menester pronunciarse sobre la competencia para sustanciar la presente causa, al respecto, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, admitió esta acción de libertad presentada el 21 de noviembre de 2021 -domingo-, mediante el Auto de admisión de igual fecha; sin embargo, se advierte de obrados, que no cumple lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, desglosada en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en tal sentido, se tiene que: 1) El hecho que generó la interposición de esta acción de defensa, es el Auto de Vista 422 de 18 de noviembre de 2021, pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -codemandada-; es decir, que la Sala Constitucional competente para conocer y resolver dicho mecanismo constitucional, es la del citado departamento; ello considerando que, ese presupuesto desestima los otros contemplados en los parágrafos II y III del citado artículo; 2) Si bien, este tipo de acciones pueden ser atendidas por los Jueces o Tribunales en materia penal, conforme dispone el art. 2.II de la mencionada norma, la interpretación del mismo debe guardar armonía con lo previsto en el art. 3.II y III de la referida Ley, el cual aclara que en los municipios que no sean ciudades capitales de departamento o municipios ubicados a veinte kilómetros de estos, los accionantes pueden presentar ante cualquier juzgado público de la jurisdicción o sala constitucional del departamento donde acontecieron los hechos que generaron la vulneración del derecho; o en su defecto, cuando en ese lugar no hubiese autoridad, será la jueza, juez, tribunal o sala constitucional al que el afectado puede acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte; en este punto, tal situación deberá ser acreditada por el interesado y valorada por quien resuelva la acción de defensa; y, 3) Considerando la última parte de lo señalado en el art. 3.III de la Ley 1104, en caso que la conculcación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia del impetrante de tutela, este podrá desplegar la acción de defensa ante la sala o juzgado competente en razón de su domicilio. Por las razones expuestas precedentemente, este Tribunal no puede proceder con la revisión de la Resolución 246/2021; ya que, la misma fue dictada por un Juez de garantías que carece de competencia; consecuentemente, dicho fallo no tiene efecto jurídico alguno. No obstante, que el Juez de garantías actúo sin competencia, inobservando la Constitución Política del Estado así como el Código Procesal Constitucional; por lo que, de manera excepcional en el presente caso, por razones de economía y celeridad procesal, siendo que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o restituir los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal y de circulación, evidenciando que en el caso concreto, existen los suficientes elementos de convicción para resolver el fondo de la problemática plateada, este Tribunal resolverá de manera directa la presente causa. Ahora bien, de la compulsa de antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela y otros, por la presunta comisión del delito de violación, el Juez codemandado pronunció el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, disponiendo la detención preventiva del prenombrado, por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba (Conclusión II.1); por lo que, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarado improcedente por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 422 (Conclusión II.2). Decisión de alzada que el accionante considera lesiva a sus derechos, activando esta jurisdicción constitucional; alegando que, el Juez codemandado no valoró la declaración de la víctima con el certificado médico forense, respecto a la identificación del agresor, impidiendo establecer el grado de autoría y participación; pese a ello, dispusieron su detención preventiva, decisión ratificada por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 422, sin considerar que a los otros coimputados de dicha causa penal, les impusieron medidas cautelares menos gravosas, afectando el principio de proporcionalidad e incurriendo en la dictación de una resolución carente de fundamentación y congruencia. Considerando que este Tribunal en revisión, verifica la vulneración de derechos y/o garantías, a partir de la última resolución pronunciada en la jurisdicción ordinaria; toda vez que, esta tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar la determinación dispuesta por la autoridad de menor jerarquía -entendimiento asumido por la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-; corresponde el análisis del Auto de Vista 422, dictada por la Vocal demandada. En mérito a lo expuesto, se procederá a identificar los agravios del recurso de apelación, conforme se tiene en el acta de 18 de noviembre de 2021:
i) “…incongruencia con relación al presupuesto material que radica en el hecho de no haberse analizado de manera correcta lo expresado por la víctima en la audiencia de aplicación de las medidas cautelares, se alega también vulneración al debido proceso en su elemento motivación por ausencia de valoración razonable de la prueba, en el entendido de que la misma, no es suficiente para acreditar la existencia del hecho en cuanto al presupuesto material” (sic); y, ii) “…la prueba es insuficiente para la construcción de los indicadores de peligro de fuga u obstaculización basados esencialmente en la declaración informativa de la víctima que no está respaldada por otro elemento.
…no existe una valoración integral de la prueba y el quebrantamiento del principio de legalidad e inobservancia de la jurisprudencia, todo ello reflejado en el hecho de que el peligro de fuga establecido en el Núm. 7) del Art. 234 procesal, fue construido sobre la base del supuesto material recopilando similares elementos que fueron identificados a momento de concluirse en la concurrencia del presupuesto material” (sic). Por su parte, el Auto de Vista 422, declaró improcedente la apelación formulada por el peticionante de tutela; por ende, confirmó el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021; con base en los siguientes fundamentos: a) “…En la presentación de la carga argumentativa recursiva es necesario que la misma deba responder a los lineamientos que incorpora el Art. 396 Núm. 3 )del Código de Procedimiento Penal, relativo a la condición de forma, esta condición de forma requiere del apelante la indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución lo que en definitiva es el reflejo de agravio, porque en doctrina el agravio se entiende como la lesión de un derecho cometido en una resolución, (…) el Tribunal considera que no existe el agravio, no existe la falta de fundamentación y mucho menos la incongruencia porque claramente el Juez de Instancia hace referencia a qué elementos lo llevan a concluir en sentido de que el accionar de SAYDA AMURRIO PÉREZ si se enmarca en la atribución que hace el Ministerio Público; dicho de otro modo, se respalda la hipótesis fiscal respecto a SAYDA AMURRIO PEREZ, la declaración de la víctima que si sirve de sustento para la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional no es el único elemento que ha sido mencionado por la misma, toda vez que en la foja 87 vlta en la última parte del segundo párrafo, se identifica cuáles son los documentos presentados por el Ministerio Publico de los cuales la autoridad de instancia ha obtenido los elementos necesarios para vincular a SAYDA AMURRIO PEREZ con el hecho punible en la forma descrita en la hipótesis fiscal, si esto es así, no se puede argüir de que la base del razonamiento de la autoridad de instancia verse en la declaración informativa de la declaración de la víctima, que dicho sea de paso se fue prestad[a] ante funcionarios policiales, ante funcionario del S.L.I.M, así como ante funcionarios de la fiscalía, es decir en tres oportunidades se habria prestado esta declaración y la supuesta declaración prestada en audiencia de medidas cautelares si ha merecido valor, la autoridad de instancia otorgo un valor distinto al que pretende ahora la parte apelante, pero no es carente de valoración, sino por el contrario si se le ha otorgado un valor diferente al que sugiere la parte apelante y en todo caso tiene que atacarse esa valoración a objeto de verificarse que en la misma no se pueda identificar los elementos del sistema de la sana crítica y aquello ha sido obviado por la parte apelante, de donde resulta que en cuanto al presupuesto material este Tribunal no advierte que el Juez de Instancia hubiere generado agravio alguno, toda vez que se ha limitado a corroborar en base al juicio de probabilidad la existencia del hecho y la vinculación de SAYDA AMURRIO PEREZ Y WILDER ALANES AGREDA, el mismo en la forma identificada por la autoridad fiscal, en base a los elementos extraidos de los documentos presentados ante la autoridad de instancia” (sic); b) “Respecto al presupuesto procesal, solo hay similitud de fundamentación y argumento en cuanto al peligro de fuga y obstaculización; respecto al Num.7) del Art. 234 del Código de Procedimiento Penal, es por ello que en el caso de WILDER ALANES AGREDA se ha incorporado el Num.6) del Art. 234 del Código de Procedimiento Penal y se alega que en esta construcción existe una falta de fundamentación, respecto, a de que forma la existencia de ese presupuesto generaría el peligro de fuga, cuando el legislador bajo la potestad reglada, vale decir el principio de legalidad identifica que circunstancias nos permiten advertir que el imputado no se someterá al proceso, identifica la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada y este indicador ya ha sido aunque bajo otra numeración, ya fue analizada por el Tribunal Constitucional en la S.C. 56/2014 de 3 de enero, donde claramente se identifica y tiene tácitamente incluida en la incorporación el hecho de que es necesario también tomar en cuenta el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado, por haberse acreditado que con anterioridad cometió un delito o está siendo o fue sometido a procesos investigativos, este hecho genera una probabilidad adicional de delinquir y esta situación es la que precisamente está enmarcada en el entonces Art. 234 Num.8) del Código de Procedimiento Penal y ahora es el Num.6) del Art. 234 Procesal, esta situación de peligrosidad distinta al peligro efectivo tiene por base los antecedentes criminales reiterados, es en base a aquello que el juzgador pueda entender de que el imputado no se va a someter al proceso por la existencia de actividad delictiva reiterada, siendo necesario bajo la potestad reglada, se debe verificar la existencia de esa actividad delictiva; en la foja 88 vlta, párrafo segundo, se hace referencia a un historial de denuncias de WILDER ALANES AGREDA y precisamente bajo un criterio de razonabilidad la autoridad de instancia hace una distinción entre aquellos proceso ya cerrado, de aquel que todavía está aperturado, una labor que inclusive va más allá de lo referido en la línea jurisprudencial que únicamente requiere la acreditación objetiva de que el imputado con anterioridad fue sometido al procesos que permiten ver de qué habrían hecho de la delincuencia una forma de vida, esa es la naturaleza de este indicador, bajo un criterio favorable inclusive al imputado, hace esta distinción entre que proceso resulta ser un indicador de que el imputado tiene actividad delictiva reiterada y resulta ser el que esta aperturado, la respuesta esta implícitamente en la identificación del Num. 6) del Art. 234 Procesal y las razones de porque se asume esta decisión está claramente desarrolladas, no se ha atacado esta fundamentación, sino simplemente se aduce como inexistente cuando existe motivación, esta debe ser contrastada con criterios de razonabilidad con criterios de equidad y que lógicamente responda y recoja los mismos o no sea arbitraria y esto es lo que tendría que haber atacado la parte apelante y no lo ha hecho” (sic); c) “En la construcción del peligro de fuga sustentado en el Art 234.
Num. 7) del Código de Procedimiento Penal, de forma coincide sostienen los apelantes de que la misma responde a similares elementos que están sosteniendo el presupuesto material; sin embargo este Tribunal advierte de que lo afirmado por la parte apelante ante la eventualidad de que fuera como se afirma, es evidente, no podría construirse de esa manera el indicador, pero en el caso en particular no ocurre aquello que se afirma e, toda vez de que la autoridad de instancia hace referencia primero a la situación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer y que además el día del hecho habría estado sujeta a consumo de bebidas alcohólicas, que se ha ejercido fuerza para introducirla a la vivienda y a la habitación, no se habla del hecho punible como tal, cuya acción tipo, es la afectación a la libertad sexual en base al uso de la intimidación, violencia física, psicológica contra la persona y actos sexuales no consentidos que involucren acceso carnal, esa es la base del hecho procesal; el presupuesto material, la acreditación de violencia en la persona, en este caso la autoridad de instancia hace referencia a aspectos distintos al exigido para la corroboración de presupuesto material y que está sustentado en la condición de mujer, en el consumo de bebidas alcohólicas, en la forma irregular de ingreso a la vivienda y habitación, y, también el ingreso a la casa y la intimidación para el ingreso a la casa, estos son los elementos que han le han permitido ver al juez de instancia que los imputados constituyen un peligro efectivo para la victima porque se ha ahondado su situación de vulnerabilidad y si esto es así, tampoco es evidente lo afirmado por la parte apelante que en esta construcción habría elementos propios del hecho punible, esto definitivamente no es así” (sic); d) “En relación al peligro de obstaculización, en este punto hace referencia la parte apelante de que el único sustento es la declaración de la víctima y que inclusive es una construcción basada en subjetividades y no así en un[a] precisión objetiva que establezca de qué forma se generaría la obstaculización; la parte apelante omitió considerar de que en este caso en particular, la autoridad de instancia hizo referencia a sujetos fundamentales relativos a la cercanía entre los imputados y la víctima, la influencia por un lado que ejerce WILDER ALANES AGREDA en los co-imputados y la influencia negativa en la victima, son dos elementos diferentes y que además hallan una acción objetiva desarrollada por la victima producto del temor inicialmente advertido por su integridad y que se plasma en el hecho de presentarse en la audiencia para dar una versión diferente, esta supuesta declaración que ha sido identificada como tal por uno de los apelantes, ha sido valorada en sentido de que la declaración refleja la materialización de la obstaculización, si esto es así, resulta evidente la existencia de esta influencia negativa y el peligro de obstaculización sustentada en el Art. 235 Num.2) Procesal y es este elemento que en definitiva le permite concluir a la autoridad de instancia en sentido de que la única medida que puede asegurar los bienes del proceso resulta ser la detención preventiva, porque en la foja 89 vlta, primer párrafo, que se ha inducido a una obstaculización conforme se ha identificado en este acto procesal, basado en lo expresado por la víctima en esa audiencia, respecto a este punto tampoco se advierte la generación de agravios por la parte apelante” (sic); y, e) “Finalmente al plazo de duración de la detención preventiva, evidentemente la resolución no contiene la identificación de los actos investigativos que van a ser desarrollados en el plazo de cinco meses que han sido solicitados por el representante del Ministerio Público, en el acta dela audiencia celebrada el 8 de noviembre se advierte de la intervención del Ministerio Publico en la foja 86 vlta. que si existe la identificación, la autoridad de instancia omite identificar aquello que estableció por quien dirige la investigación como es los actos investigativos, la pericia de la victima, los antecedentes policiales de los imputados, inspección en el lugar de los hechos, valoración social de la víctima y los imputados, pericia biológica y comparación genética, esos son los actos investigativos que van a ser desarrollados dentro el plazo de cinco meses, que es el plazo solicitado por el Ministerio Público. Ahora bien, evidentemente no existe respuesta por parte del juez de instancia, no hay la motivación del porque hace la diferenciación de los plazos, sin embargo si tomamos en cuenta que únicamente han apelado los imputados, este Tribunal debe regir su análisis y decisión al principio de prohibición de reforma en perjuicio, es por ello de que si se da por cierto de que deben desarrollarse estos esos investigativos en cinco meses, esto debiera ser el plazo de duración de la detención preventiva, pero como quiera con relación a SAYDA AMURRIO se ha establecido la duración de tres meses y es apelante, este Tribunal no puede agravar este plazo y simplemente debe mantenerlo porque en definitiva el plazo de cinco meses acogido por el juez de instancia responde a los actos investigativos identificados por el Ministerio Publico, consecuentemente conforme se ha desarrollado puntualmente por este Tribunal, no existe la generación de agravios, por el contrario lo que se advierte es que el juez de instancia hizo una identificación particular de la participación tanto de WILDER ALANES AGREDA y SAYDA AMURRIO PEREZ de forma diferenciada, hizo una fundamentación individual y cumplió con las exigencias del Art. 124 Procesal, excepto en el plazo de duración de la detención preventiva que esta se subsana porque existe la identificación por parte del representante del Ministerio Publico en la audiencia celebrada el 8 de noviembre 2021” (sic). Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el Tribunal de alzada debe circunscribirse al límite previsto en el art. 398 del CPP; es decir, a aquellos agravios que fueron expuestos en la apelación, además se encuentra obligado a emitir un fallo que genere en el justiciable la convicción de que la medida asumida es justa; en ese sentido, debe estar fundamentada y motivada, máxime si se impone la medida cautelar de detención preventiva, correspondiendo exprese la concurrencia de los presupuestos que la norma prevé para su procedencia. En ese contexto, de la revisión del Auto de Vista 422, se advierte que, la Vocal demandada detalló los antecedentes que dieron lugar a la interposición de los recursos de apelación incidental planteado por el solicitante de tutela y otra, identificando los agravios que denunciaron los prenombrados que fueron fundamentados en la audiencia de apelación incidental, cumpliendo con la fundamentación descriptiva; asimismo, la referida autoridad judicial manifestó en cuanto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP, que la peligrosidad tiene por base los antecedentes criminales advertidos en el caso del accionante a fs. “88 vlta” señalando que tiene todo un historial de denuncias en su contra, ante lo cual, el Juez a quo realizó una distinción entre los procesos aperturados y cerrados; asimismo, sobre la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, señaló que el presupuesto material se acreditó con la condición de mujer que tiene la víctima, el consumo de bebidas alcohólicas y la forma irregular de intimidación de la nombrada en el ingreso a la vivienda y a la habitación, concluyendo que existe peligro efectivo para la misma; y, sobre la obstaculización, el aludido Auto de Vista estableció que esa influencia negativa sobre la víctima, se plasmó en el hecho de que la prenombrada dio una versión diferente en la audiencia para la consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela, de 8 de noviembre de 2021, a la que consta en su declaración inicial, pero ello fue producto del temor a su integridad física; denotando con lo expresado una debida fundamentación fáctica. Sobre la fundamentación jurídica del Auto de Vista 442, se realizó una cita de los arts. 231 bis, 233, 233.1, 234.6 y 7, 396 inc. 3) y 398 del Código Adjetivo Penal, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0295/2012, 2138/2012, 0200/2017-S2, 0394/2018-S2 y 0098/2019-S2; como también, los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005 y 214 de 28 de marzo de 2007; normativa y jurisprudencia que de forma coherente e íntegra sostienen la decisión asumida; por lo que, este Tribunal considera que la Vocal demandada utilizó adecuada y correctamente los señalados preceptos procesales y la jurisprudencia antes descritos, fortaleciendo así sus argumentos. Finalmente, se evidencia una debida fundamentación intelectiva; ya que, la Vocal demandada desplegó su razonamiento manifestando que, el Juez codemandado al momento de resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, hizo referencia a que la declaración de la víctima sirvió para respaldar la hipótesis fiscal, pero no es la única prueba, advirtiendo que detalló los documentos presentados por el Ministerio Público, que corroboran con base en el juicio de probabilidad, la existencia del hecho y su vinculación con el accionante; por otra parte, sobre lo previsto en el art. 234.6 del CPP, refirió que es diferente la peligrosidad al peligro efectivo que tiene por base los antecedentes criminales reiterados, entendiendo que el impetrante de tutela no se someterá al proceso por la existencia de actividad delictiva reiterada, e incluso el Juez de instancia identificó qué procesos aperturados inciden en el caso concreto. En cuanto a lo establecido en el art. 234.7 del citado Código, se encuentra el estado de vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer, quien el día del hecho estuvo bajo los efectos del alcohol y se ejerció fuerza en su contra para introducirla a la vivienda y a la habitación; asimismo, sobre el peligro de obstaculización se reflejó en la influencia negativa que tuvo sobre la víctima siendo la acción objetiva el temor que generó sobre la prenombrada, producto de ello, cambio de versión y de esa forma se materializó esa obstaculización, resultando necesaria la aplicación de la detención preventiva del peticionante de tutela. Contrastados los argumentos antes descritos, se advierte que la Vocal demandada al momento de dictar el Auto de Vista 422, tomó en cuenta las reclamaciones expuestas en el recurso de apelación del prenombrado; ya que, explicó de forma clara, las razones por las cuales el Juez codemandado acreditó la existencia del hecho, así como la prueba que considera resulta suficiente para establecer el peligro de fuga y obstaculización, y no solo -como entiende el solicitante de tutela-en la declaración de la víctima; en efecto, resulta evidente una amplia fundamentación y motivación, formando pleno convencimiento que la decisión del inferior tiene sustento, aditamentando a ello, la justificación de la necesaria aplicación de la detención preventiva por cinco meses, siendo que los actos investigativos serán desarrollados en ese tiempo, salvando lo omitido por el Juez inferior y que atiende lo identificado por el Ministerio Público, en la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, de 8 de noviembre de 2021. Conforme al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda resolución que nace a la vida jurídica, debe contemplar una debida fundamentación y motivación; así, cuando una autoridad judicial emita una resolución, imprescindiblemente deberá exponer los hechos, valorar la prueba aportada por las partes, realizar la fundamentación legal y citar normativa desarrollando las razones determinativas que sustenten la parte dispositiva; es decir, a tiempo de conocer una situación jurídica deberá resolverla exponiendo los motivos que respalden su decisión, dejando pleno convencimiento en el justiciable de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino como se concluyó.
Por consiguiente, de todo el análisis precedente, resulta evidente que el Auto de Vista cuestionado, reflejó una fundamentación y motivación acorde a los datos del proceso, aplicando correctamente la normativa vigente y aplicable al caso concreto, así como la identificación de la prueba y su valoración, generando convencimiento que los hechos fueron juzgados de forma imparcial y procurando el respeto de los sujetos procesales, desplegando un razonamiento que denota claridad y razonabilidad; asimismo, la citada resolución tiene una estructura de forma y fondo, que satisface de manera clara los puntos cuestionados por el peticionante de tutela, quien equivocadamente considera que dichas resoluciones lesiva a sus derechos, tal como se advierte del análisis que antecede; por lo que, en atención al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela impetrada.
Es preciso referirse a la conducta de Marco Antonio Amaru Flores, Juez de garantías, quien carecía de competencia para conocer y pronunciarse sobre la presente acción de libertad, haciendo caso omiso a las advertencias que plasmaron en sus informes el Juez codemandado y los Vocales demandados a su turno sobre aquello; tomando en cuenta que al haber resuelto esta acción, reconoció como suficiente el argumento del impetrante de tutela, que en audiencia de garantías señaló que: “…la justificación para presentar esta acción de libertad en la ciudad de El Alto radica (…) que mi persona ha sido contratada por los familiares (…) el suscrito señor magistrado cuenta con un domicilio procesal en la ciudad de El Alto (…) mi persona como abogado causídico recientemente contratado tiene la facultad de presentar la acción tutelar en la ciudad de El Alto y por un simple informalismo…” (sic). Ciertamente, la omisión de pronunciamiento del nombrado Juez de garantías sobre la alegada falta de competencia, convalidó el argumento sostenido por el accionante, desconociendo que la competencia se determina en función del domicilio del titular del presunto derecho vulnerado y no de su abogado patrocinante; así también razonó la SCP 0836/2016-S3 de 10 de agosto, que resolvió un caso similar, determinando que: «El Juez de garantías, al entender que su competencia se determina en función al domicilio del representante legal desconoce los elementos básicos que hacen al mandato, por el ejemplo que el titular del derecho es el mandante y no el mandatario, criterio que fue desarrollado en la SCP 1890/2012 de 12 de octubre, la cual 7 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art. 129, conceptualiza y fundamenta quién ostenta legitimación activa, señalando: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente…’”» (énfasis añadido). Por otra parte, considerando que la Resolución 246/2021 fue dictada el 22 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el art. 129.IV de la CPE concordante con el art. 38 de la CPCo, el Juez de garantías debió remitir ese fallo y los antecedentes de la presente acción de libertad a este Tribunal en el plazo de veinticuatro horas; empero, se advierte que recién se efectivizó el 17 de diciembre del citado año, incurriendo en dilación e inobservando la Ley Fundamental, normas vigentes y el principio de celeridad. De igual forma, también extraña a este Tribunal que el Juez de garantías supliera las actuaciones de las autoridades judiciales ordinarias, al disponer de forma arbitraria e irracional la libertad del peticionante de tutela sin custodios, máxime cuando la labor de ponderación de los elementos de convicción para la cesación de la detención preventiva es única y exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal; así también, lo entendió la SCP 0281/2012 de 4 de junio, la cual indicó que: “En materia procesal penal, la imposición de una medida cautelar personal o real, obedece a garantizar el cumplimiento de la ley, el desarrollo del proceso, el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y la presencia del imputado -carácter instrumental-; la imposición de las mismas se rige esencialmente por la concurrencia de los requisitos que establece la norma adjetiva penal, correspondiendo al juez o tribunal que ejerza el control jurisdiccional de la investigación valorar o sopesar la concurrencia de los suficientes elementos de convicción que hagan procedente la aplicación de la medida cautelar, su cesación y/o modificación. En ese marco, no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación que compete única y exclusivamente a los jueces y tribunales que tienen a su cargo la causa; en el entendido, que este Tribunal tiene por función exclusiva ejercer el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley y no así la ponderación de los suficientes elementos que motivaron la imposición o no de una medida cautelar, como sería el caso de la detención preventiva. Teniendo presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional, la resolución que la impuso no causa ejecutoria, dado que son revisables aún de oficio, pudiendo modificarse por otra que sea más o menos grave, o inclusive prescindir de ellas -art. 250 del CPP-. Por cuanto, la cesación de la medida cautelar, sólo será procedente cuando hubieren variado o cambiado los motivos o circunstancias que dieron lugar a su imposición -art. 239 del CPP-, determinación que será asumida previa compulsa de los mismos por el juez o tribunal que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son nuestras). En ese sentido, siendo que la conducta del Juez de garantías desconoció la jurisprudencia constitucional, excediendo sus facultades y atribuciones, corresponde a este Tribunal remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que sea esa la instancia que investigue y determine las responsabilidades que correspondan, respecto a la referida autoridad judicial. En consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 1° DENEGAR la tutela solicitada; y, 2° Remitir copia legalizada de este fallo constitucional y de sus antecedentes a través de Secretaría General de este Tribunal, ante la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, para que investigue a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías en la presente causa y determine lo que en derecho corresponda. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0920_2023-S2.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 16808c3dfa27207ad86127339fda918f72969d7fb15eeb1b612b5f33c696bbab
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