Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 21 de agosto de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela acusa la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y a la inamovilidad laboral; toda vez que, el demandado no acató la determinación de la Jefatura del Trabajo, plasmada en la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, emitida a su favor, misma que dispone su inmediata reincorporación laboral al puesto de trabajo del que fue despedida sin causa justa y sin considerar que goza de inamovilidad por ser progenitora de menor de un año de edad; incumplimiento arbitrario y voluntarioso puesto que, es la segunda vez que la CNS Regional Pando se resiste a cumplir conminatorias de reincorporación pronunciadas a su favor; motivo por el cual, denunciando acoso y represalias emergentes de la emisión de la primera conminatoria, acude a la instancia constitucional solicitando se conceda la tutela, y se disponga que: 1) Se la reincorpore a su fuente laboral, bajo la modalidad de contrato recurrente perteneciente a personal de planta, debido a que trabajó de forma ininterrumpida por el lapso de un año y nueve meses y realizó todos los aportes a las AFPS y demás correspondientes por ley; 2) Se le restituya de inmediato su seguro de salud del que continúa siendo privada; 3) Se proceda al pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que se encuentran pendientes; y, 4) Se le paguen las sesenta horas que trabajó sin marcar en el biométrico desde el 31 de marzo al 5 de abril de 2022; y, 5) La CNS Regional Pando, le cancele todos los daños y perjuicios ocasionados emergente del despido injustificado como ser gastos médicos, abogado y otros. Cor…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR en parte la Resolución 52/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que Ronald Jimmy Mendoza Llampa, actual Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, dé cumplimiento de manera íntegra a lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación; con el respectivo pago de costas y daños y perjuicios averiguables en la ejecución de esta sentencia.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0920/2023-S1 Sucre, 21 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 48396-2022-97-AAC Departamento Pando En revisión la Resolución 52/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Paola Mejía Chiri contra Carlos Edwin Ayaviri Ayaviri Administrador a. i. de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cobija del departamento de Pando.
Mediante memorial presentado el 6 de junio de 2022, cursante de fs. 52 a 56, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Desde el 11 de junio de la gestión 2020, ingresó a trabajar a la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Pando, desempeñándose con responsabilidad, eficacia y solidaridad en el puesto de Auxiliar de Enfermería y cumpliendo los roles de turnos asignados a su persona, hasta que en el mes de noviembre del mismo año fue despedida sin justa causa y por encontrarse embarazada, en ese entonces tenía cinco meses de gestación, además de ello, todo el país se encontraba en la contingencia por la pandemia de COVID-19; por semejante arbitrariedad, se apersonó al Ministerio de Trabajo de Cobija, entidad que verificados los hechos denunciados, emitió la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 005/21 de 26 de enero de 2021, siendo producto de ello, reincorporada el 10 de febrero del señalado año.
Señala que a partir de dicha reincorporación, a modo de represalia fue objeto de maltrato y acciones que considera se constituyen en acoso laboral, que detalla de la siguiente manera: a) El mismo día de haber sido operada por el nacimiento de su hijo, le asignaron los turnos nocturnos, sin respetar sus horarios de lactancia y demás beneficios; b) Era objeto de llamadas de atención injustificadas que la acusaban de haber llegado fuera de horario de ingreso; sin embargo, era la hora de lactancia que hacía uso; y, c) María Cristina Acosta, Jefa de Enfermeras, ejercía sobre ella acoso laboral, diciéndole que era una consentida de la Jefa de Servicios y que por ello, ejecutaba acciones para hacerla mover de puesto, presionándola para que trabaje más de nueve horas, palabras y acciones que diariamente recibía llegando a tornarse muy agobiante su situación, al punto de haber sido aplazada en una evaluación que nunca le fue realizada por la Supervisora de Enfermeras quién evaluó a todas sus compañeras, sino por la Jefa de Enfermeras que ejercía maltrato sobre su persona. Pese a haber aguantado todos los actos ejecutados en su contra, fue retirada nuevamente sin justa causa, aclara que nunca se le hizo llegar pre aviso alguno y que se le dijo que se le cancelaría únicamente hasta el 31 de marzo de 2022, siendo que trabajó hasta el 5 de abril de dicho año, ante ello, nuevamente se constituyó ante las oficinas del Ministerio de Trabajo de Cobija, entidad que pronunció a su favor la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, mediante la cual establece que en plazo de tres días sea reincorporada a su fuente laboral; no obstante a tener conocimiento de la misma, la CNS Regional Cobija omite hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, arguyendo que se extravió la carpeta donde se encuentra sus antecedentes de trabajo, y que existirían contratos de trabajo que no firmó en la gestión 2022, pretendiendo que suscriba contratos de gestiones pasadas, donde figuran fechas de conclusión, pretensión fraudulenta debido a que nunca existió contrato escrito con tiempo determinado.
La solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y a la inamovilidad laboral; citando al efecto, los arts. 35, 45, 46, 48, 49 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo en consecuencia: 1) Se la reincorpore a su fuente laboral, bajo la modalidad de contrato recurrente perteneciente a personal de planta, debido a que trabajo de forma ininterrumpida por el lapso de un año y nueve meses realizando todos los aportes a las AFPS y demás correspondientes por ley; 2) Se le restituya de inmediato su seguro de salud del que continúa siendo privada; 3) Se proceda al pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que se encuentran pendientes; 4) Se le paguen las sesenta horas que trabajó sin marcar en el biométrico desde el 31 de marzo al 5 de abril de 2022; y, 5) La CNS Regional Pando, le cancele todos los daños y perjuicios ocasionados emergente del despido injustificado como ser gastos médicos, abogado y otros.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 13 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 74 a 75 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado presente en audiencia ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Ronald Jimmy Mendoza Llampa, Administrador de la CNS Regional Pando, mediante Informe presentado el 13 de junio de 2023, manifestó que: i) Adjuntó el INF/UAJ/2022, emitido por Tania Cinthia Yucra Estrada, Asesora Jurídica de la entidad ahora demandada, a la que representa, en el cual, se concluye que la Conminatoria laboral, emitida a favor de la ahora accionante no sea acatada, debido a que la esta hubiera incumplido la Circular 157/20 de 20 noviembre de 2020, y que dicho incumplimiento estaría corroborado mediante Informe Cite 187/20200 emitido por el Técnico de Recursos Humanos; y, ii) Asimismo, sostiene que sobre la impetrante de tutela pesa una evaluación negativa de desempeño laboral; hechos por los que se recomienda derivar el señalado Informe a la autoridad sumariante, a fin de establecer la responsabilidad en los funcionarios que dejaron que la accionante se vuelva personal de planta, sin previo informe de justificación técnica de la unidad solicitante.
La Sala Constitucional del departamento de Pando, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 52/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 76 a 78, concedió en parte la tutela solicitada -sin especificar en la parte resolutiva en que parte deniega la tutela impetrada-, disponiendo que Carlos Edwin Ayaviri Ayaviri, Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, dé cumplimiento en los límites y alcances dispuestos en la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación; determinación que se asumió sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El demandado fue notificado con la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, emitida a favor de la accionante el 6 de mayo de 2023, sin que a la fecha, transcurriendo más de un mes, se haya dado cumplimiento a la misma; b) El demandado no se refirió respecto a los derechos reclamados por la peticionante, debido a que no asistió a la audiencia y únicamente presentó un memorial de apersonamiento, por ello, se desconocen las razones por las cuales omitió dar cumplimiento a lo ordenado por la Conminatoria emitida por el Ministerio de Trabajo a favor de la impetrante, hecho que lleva a concluir que la vulneración al derecho de la trabajadora fue perpetrado con total falta de respeto al Estado Constitucional de Derecho; y, c) Con relación al pago de beneficios sociales e indemnizaciones; y, el pago de las sesenta horas trabajadas, se concluyó que no es posible determinar el monto a cancelarse; por ello, dichos puntos deben ser sometidos a un término probatorio en la instancia laboral.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, emitida por Luis Garvizu Echave, Jefe Departamental de Trabajo de Pando, se conmina a Carlos Edwin Ayaviri Ayaviri Administrador a.i. de la CNS Regional Pando, a efectuar la reincorporación inmediata por inamovilidad laboral de la trabajadora Elizabeth Paola Mejía Chiri en el plazo máximo de tres días hábiles (fs. 23 a 25). II.2. Consta Informe INF/UAJ-41/2022 de 25 de mayo, emitido por Tania Cinthia Yucra Estrada, Asesora Jurídica de la CNS Regional Pando, mediante el cual, señala que la anterior autoridad de esa Regional no dio cumplimiento a la Circular 157/20 de 20 de noviembre; asimismo, que a la accionante se le realizó una evaluación de su desempeño laboral en la gestión 2021, producto de ello, alcanzó una calificación de cincuenta puntos, debido a que no mantenía buenas relaciones interpersonales con su entorno laboral, pesando sobre ella una llamada de atención; recomendando en consecuencia; que dicho informe sea derivado a una autoridad sumariante a objeto de determinar la existencia de alguna responsabilidad en los funcionarios que habrían permitido que la peticionante se convierta en personal recurrente sin previo informe de justificación técnica de la unidad solicitante (fs. 67 a 71).
II.3. Cursa Certificado de incapacidad temporal emitido por la CNS de Cobija Regional Pando, emitida por Mauricio Beramendi Luna, Ginecólogo Obstetra, por el cual, se toma conocimiento que Elizabeth Paola Mejía Chiri, estuvo con baja por maternidad a partir del 23 de marzo de 2021 hasta el 6 de mayo del mismo año (fs. 11).
La impetrante de tutela acusa la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y a la inamovilidad laboral; toda vez que, el demandado no acató la determinación de la Jefatura del Trabajo, plasmada en la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, emitida a su favor, misma que dispone su inmediata reincorporación laboral al puesto de trabajo del que fue despedida sin causa justa y sin considerar que goza de inamovilidad por ser progenitora de menor de un año de edad; incumplimiento arbitrario y voluntarioso puesto que, es la segunda vez que la CNS Regional Pando se resiste a cumplir conminatorias de reincorporación pronunciadas a su favor; motivo por el cual, denunciando acoso y represalias emergentes de la emisión de la primera conminatoria, acude a la instancia constitucional solicitando se conceda la tutela, y se disponga que: 1) Se la reincorpore a su fuente laboral, bajo la modalidad de contrato recurrente perteneciente a personal de planta, debido a que trabajó de forma ininterrumpida por el lapso de un año y nueve meses y realizó todos los aportes a las AFPS y demás correspondientes por ley; 2) Se le restituya de inmediato su seguro de salud del que continúa siendo privada; 3) Se proceda al pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que se encuentran pendientes; y, 4) Se le paguen las sesenta horas que trabajó sin marcar en el biométrico desde el 31 de marzo al 5 de abril de 2022; y, 5) La CNS Regional Pando, le cancele todos los daños y perjuicios ocasionados emergente del despido injustificado como ser gastos médicos, abogado y otros. Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: a) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; b) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto; c) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, d) Análisis del caso concreto.
En la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto, entre otras, se señaló de manera clara que en todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.
Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2.
Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
a) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
2) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
3) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
4) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
5) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
6) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
(…)
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso (…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones (…)
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero y la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, asumieron el siguiente razonamiento:
El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo.
Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.
Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria.
Por su parte, la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas y el subrayado son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional.
Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral.
Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender, que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.
No obstante lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la CPE, es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida Norma Suprema.
Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013 y 1617/2013, entre muchas otras. Así, en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad.
En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela.
Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos.
Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;
ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad -art. 62 de la CPE-. Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino, que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y lactancia, aspectos que dan lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras). Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, lo entendió la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.
Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 0130/2005-R de 10 de febrero, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:
…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas nos corresponden). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la Norma Suprema), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de 2La SC 1497/2011, señaló: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’.
La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle.
Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 3La referida SC 130/2005-R, en su F.J.III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de ‘todas las personas’, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas.
En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.
los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez, provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni VI. concesionados (las negrillas son nuestras).
En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:
…todo trabajador del sector público o privado, tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad… (negrillas agregadas) Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, en el marco de la protección que brinda la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional precisó que está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento, refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:
se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE… Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril, efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, señalando que la condición de servidora o servidor público provisorio no 4El FJ III.2 de la citada Sentencia expresa lo siguiente “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE-permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza”. 5Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 6La citada Sentencia en el FJ.III.5. señala que “…al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección”. 7El art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE; por cuanto, si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo, que no admite discriminación alguna; por lo que, la Norma Suprema está orientada a proteger a la madre o padre progenitores, garantizándole su inamovilidad en el trabajo sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales, que serán desarrollados en un apartado posterior.
La peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y a la inamovilidad laboral; debido a que, el Administrador de la CNS Regional Pando, no dio cumplimiento a lo dispuesto en la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, pronunciada a su favor, en la que se dispone su inmediata reincorporación laboral a su puesto de trabajo del que fue arbitrariamente despedida sin importar que goza de inamovilidad por ser progenitora de menor de un año de edad; denuncia también sufrir de acoso laboral, debido a que en una primera oportunidad ya fue reincorporada mediante Conminatoria, hecho por el cual, a modo de represalias fue sometida a actos hostiles contra su persona por parte de la Jefa de Enfermeras con el fin de que renuncie, al extremo de que sus derechos emergentes de embarazo y nacimiento de su hijo le fueron negados, afirma que el hecho de hacer uso de sus horas de lactancia fue utilizado para acusarla de abandono; por todo ello, y dado que es la segunda vez que la CNS Regional Pando se resiste a cumplir la Conminatorias de Reincorporación pronunciada a su favor; interpone la presente acción de tutela, denunciando acoso y represalias solicitando se conceda la tutela, y se disponga que: 1) Se la reincorpore a su fuente laboral, bajo la modalidad de contrato recurrente perteneciente a personal de planta, debido a que trabajó de forma ininterrumpida por el lapso de un año y nueve meses y realizó todos los aportes a las AFPS y demás correspondientes por ley; 2) Se le restituya de inmediato su seguro de salud del que continúa siendo privada; 3) Se proceda al pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que se encuentran pendientes; 4) Se le paguen las sesenta horas que trabajó sin marcar en el biométrico desde el 31 de marzo al 5 de abril de 2022; y, 5) La CNS Regional Pando, le cancele todos los daños y perjuicios ocasionados emergente del despido injustificado como ser gastos médicos, abogado y otros. De la revisión y compulsa de la documentación presentada por la parte accionante y lo referido por los abogados de los demandados, constituidos en la Audiencia Pública de la presente acción de defensa, se comprueba la existencia de la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Pando, por la cual se conmina a Carlos Edwin Ayaviri Ayaviri Administrador a.i. de la CNS Regional Pando, a proceder a su inmediata reincorporación en el plazo máximo de tres días hábiles (Conclusiones II.1). Por otra parte, se corrobora la existencia del Informe INF/UAJ-41/2022 de 25 de mayo, emitido por Tania Cinthia Yucra Estrada, Asesora Jurídica de la CNS Regional Pando, anexo al Informe el 13 de junio de 2023 (Conclusiones II.2), presentado por Ronald Jimmy Mendoza Llampa, actual Administrador de la CNS Regional Pando, por el que dicha profesional, refiere que la anterior autoridad de esa Regional no acató a la Circular 157/20 de 20 de noviembre; así como que la peticionante, no mantenía buenas relaciones interpersonales con su entorno laboral, y que existía contra ella una llamada de atención; recomendando en consecuencia que el citado Informe sea derivado a una autoridad sumariante a objeto de determinar la existencia de alguna responsabilidad en los funcionarios que habrían permitido que la solicitante se convierta en personal recurrente sin previo informe de justificación técnica de la unidad solicitante. Ahora bien, sobre el informe desglosado en párrafo precedente corresponde resaltar que la profesional suscribiente en sus conclusiones refiere de manera enunciativa la existencia de la Conminatoria MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, y luego procede a argüir otros aspectos netamente administrativos para concluir recomendando derivar antecedentes a un sumario administrativo, conclusión fuera de norma legal alguna, puesto que el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral no está sujeta a algún supuesto sumario administrativo; por ello, se puede colegir que dicha argumentación sin base legal alguna es pretendida utilizar como un pretexto para dilatar y evadir el cumplimiento de lo ordenado mediante la Conminatoria, extremo que pone en evidencia los extremos acusados por la accionante en relación a acoso y represalias por parte de la entidad en salud obligada, corresponde referir que el actual Administrador de la entidad en salud ahora demandada, si bien, presentó Informe de defensa, sin embargo únicamente se apersonó y adjuntó el Informe de Asesoría legal que no contiene fundamento legal alguno, tampoco se hizo presente en audiencia; de todo ello, pone de manifiesto una actitud evasiva en cuanto a contestar e informar en relación a los derechos alegados como lesionados por la accionante, así como una negativa a proceder con el cumplimiento de la Conminatoria en cuestión; a raíz de ello, se infieren ciertas las alegaciones de la solicitante. De la documental compulsada se tiene que es evidente el incumplimiento de la Conminatoria a favor de la accionante de tutela por parte de la CNS Regional Pando, incumplimiento arbitrario e injustificado, debido a que una vez la Jefatura Departamental del Trabajo pronuncie una conminatoria laboral, la misma debe ser cumplida de forma indefectible y en todos sus términos; sin importar siquiera que exista en contra de ella algún recurso de impugnación en la vía administrativa, esto por la naturaleza misma de una conminatoria que es provisional; es así que, se evidencia la vulneración de los derechos denunciados por el impetrante de tutela; lo referido es en estricta sujeción de lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 y III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otra parte, consta el Certificado de incapacidad temporal emitido por Mauricio Beramendi Luna, Ginecólogo Obstetra de la CNS de Cobija Regional Pando, de la cual se evidencia que Elizabeth Paola Mejía Chiri, estuvo con baja por maternidad a partir del 23 de marzo de 2021 hasta el 6 de mayo del mismo año (Conclusiones II.3); motivo por el cual, la accionante goza de inamovilidad laboral hasta que su hijo (a) cumplan el año de edad, toda vez que, el recién nacido se encuentra protegido hasta que cumpla un año de edad; dicha protección, incluye la inamovilidad laboral de su progenitor (a) por mandato del art. 48.VI de la CPE, que a la letra dice: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (sic); es así que, la inamovilidad laboral a partir de la interpretación progresiva de la Norma Suprema, resulta ser una garantía constitucional que no admite excepción o discriminación alguna; por lo que la inamovilidad referida, no está condicionada a la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, misma que debe ser garantizada hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; por ello, en el caso de autos se evidencia que se lesionó el derecho de inamovilidad laboral por ser progenitora de un niño o niña menor a un año de la impetrante de tutela lo expresado es en sujeción al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
La accionante solicitó que mediante esta acción tutelar se disponga su reincorporación laboral bajo la modalidad de contrato recurrente perteneciente a personal de planta, toda vez que, de forma ininterrumpida se desempeñó laboralmente por el lapso de un año y nueve meses y que no suscribió contrato laboral con tiempo determinado o plazo fijo, asimismo, se desempeñó en labores propias y permanentes dentro de la intuición en salud, de forma ininterrumpida, hecho demostrado con boletas de pago y aportes a las AFPS; sin embargo, al existir hechos a probarse los mismos deben ser de pronunciamiento de la judicatura laboral.
En cuanto a la solicitud de pago de costas, daños y perjuicios, corresponde conceder sobre tal extremo, ante la constatación de la vulneración flagrante de los derechos laborales de la accionante, sobre tal extremo, cuyo monto será averiguable en ejecución de esta sentencia. En consecuencia, la Sala Constitucional del departamento de Pando al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR en parte la Resolución 52/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que Ronald Jimmy Mendoza Llampa, actual Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, dé cumplimiento de manera íntegra a lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación por Inamovilidad Laboral MTEPS-JDTP 011/22 de 25 de abril de 2022, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación; con el respectivo pago de costas y daños y perjuicios averiguables en la ejecución de esta sentencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 La SCP 0076/2012 de 12 de abril, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”.
de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 8El FJ III.8, expresa: “La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0920_2023-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 460cc61589a5d8287e2fa7a1712d0b145dc065fffbc14bb45a2ab7cf362a6a86
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →