Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de junio de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de igualdad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de corrupción de menores con agravante, no obstante haber interpuesto de manera escrita y dentro del plazo previsto por ley, recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, los Vocales demandados omitieron pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre la admisibilidad o el rechazo de dicha impugnación, señalando, a través de un proveído genérico, que debía estarse a lo determinado en la audiencia de apelación incidental de 8 de febrero de 2024, sin considerar que el referido acto procesal, versó únicamente sobre la apelación del denunciante, no así respecto a la presentada por su persona de forma escrita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 151/2024 de 13 de diciembre, cursante de fs. 85 a 88, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el decreto de 9 de febrero de 2024, pronunciado por Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
b) Que los Vocales demandados o quienes ejerzan dicho cargo, señalen día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del solicitante de tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0919/2026-S3 Sucre, 19 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 63007-2024-127-ACC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 151/2024 de 13 de diciembre, cursante de fs. 85 a 88, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brayan Mario Sossa Limachi contra Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 6 y 12 de marzo de 2024, cursantes de fs. 21 a 28; y, 32 a 33 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 318 y 319.1 del Código Penal (CP), el 2 de febrero de 2024, por Auto Interlocutorio de igual data, la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva por el tiempo de tres meses en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba; razón por la cual, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental de forma oral, solicitando la revocatoria del fallo emitido, y se determine su privación de libertad por cuatro meses; remitiéndose los actuados dentro del plazo de veinticuatro horas, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento. Disconforme con el Auto Interlocutorio emitido, mediante memorial de 7 de febrero de 2024, interpuso recurso de apelación incidental dentro del plazo legal establecido, con la finalidad que se revoque dicha determinación, y se emita una nueva resolución; sin embargo, mientras se resolvía la apelación presentada por el Ministerio Público, la Jueza a quo -sin admitir, rechazar y/o correr en traslado su impugnación-, por proveído de 8 del referido mes y año, puso en conocimiento de los Vocales demandados, su impugnación; quienes de forma genérica y sin la debida fundamentación ni motivación alguna, por decreto de 9 del citado mes y año, dispusieron que debía estarse a lo determinado en la audiencia de 8 de febrero del citado año, sin considerar que dicha audiencia versó únicamente sobre la apelación interpuesta por el denunciante, mas no respecto de la presentada por el ahora accionante. No interpuso ningún recurso contra el proveído de 9 de febrero de 2024, ya que el mismo se basa en la falta de una respuesta fundamentada que resuelva la apelación incidental formulada por su persona, impidiéndole ejercer de manera adecuada algún medio de impugnación contra dicha determinación.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el decreto de 9 de febrero de 2024, ordenando a los Vocales demandados, admitan su recurso de apelación incidental de 7 de igual mes y año.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante a fs. 84, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ni su abogado, asistieron a la audiencia, ratificándose la acción tutelar por su lectura.
Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 13 de diciembre de 2024, cursante a fs. 75 a 78 vta., manifestaron que: a) Pronunciaron el Auto de Vista de 8 de febrero de 2024, debidamente fundamentado y ceñidos en la normativa penal adjetiva vigente, doctrina y jurisprudencia constitucional aplicable, sin vulnerar derecho constitucional alguno de las partes, menos del accionante, quien por el contrario pretende que la vía constitucional revise la interpretación efectuada en el mismo, utilizándose la acción de defensa como una vía recursiva, no correspondiendo ingresar analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales en las resoluciones emitidas por estas, cuando se encuentran debidamente fundamentadas; b) El accionante estuvo presente en la audiencia de apelación incidental de 8 de febrero de 2024, en la cual, ejerció una participación activa al responder a los fundamentos expuestos por el Ministerio Público; es decir, tuvo la oportunidad de hacer conocer ante el Tribunal de alzada, la interposición de su recurso y su calidad de apelante, lo que habría permitido al Tribunal corroborar dicho extremo y asumir las acciones correspondientes; sin embargo, el impetrante de tutela no realizó dicha manifestación, lo que imposibilitó que el Tribunal a su cargo, pudiera conocer y valorar esa circunstancia, el cual, no podía suponer ni mucho menos adivinar hechos que no hayan sido oportunamente planteados, menos si no constaban antecedentes del mismo en el legajo remitido a esa instancia; c) El reclamo del impetrante de tutela, está basado en una negligencia atribuible a este, dado que su inacción generó la situación de la cual, se considera agraviado, destacando que este estuvo presente en la audiencia referida y que conforme a los principios de inmediación y concentración, no es posible que el Tribunal revise, en audiencias separadas, una misma resolución; d) Al haber abordado de manera integral la apelación en dicha audiencia, la competencia del Tribunal quedó cumplida, asimismo, debe resaltarse que el accionante, al participar de este acto procesal, convalidó la actuación desarrollada en el marco de la legalidad; e) Por otro lado, en cuanto al principio de trascendencia, es preciso enfatizar que el accionante, fundamenta su reclamo señalando que, su recurso fue presentado dentro de plazo de setenta y dos horas; sin embargo, de acuerdo con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los plazos para interponer un recurso de apelación en materia de medidas cautelares son computables en horas corridas y no en días inhábiles, en este caso, la resolución impugnada, fue emitida en audiencia pública de 2 de febrero de 2024, momento en el cual, las partes procesales quedaron notificadas conforme a procedimiento; en consecuencia, el plazo de setenta y dos horas para la interposición del recurso de apelación vencía el 5 de febrero de 2024, considerando la hora en que haya concluido la audiencia de aplicación de medidas cautelares impugnada, no obstante, el accionante refiere haber presentado su memorial recién el 7 de febrero de 2024, lo que excede de manera clara y manifiesta el plazo establecido, en ese sentido, el recurso interpuesto resulta extemporáneo, conforme a la normativa aplicable; y, f) Se pronunciaron respecto al Auto recurrido, cumpliendo así con su competencia, dicho acto procesal que se llevó a cabo con la anuencia del accionante, quien no formuló ninguna observación ni realizó referencia a los aspectos que ahora alega como vulnerados; por tanto, no se evidencia afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa, correspondiendo desestimar el presente reclamo en mérito a los fundamentos expuestos; en consecuencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
Verónica Pérez Sanca, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba, en audiencia señaló, estarse a las resultas de la determinación a ser emitida.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 151/2024 de 13 de diciembre, cursante de fs. 85 a 88, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) La tutela que brinda la acción de amparo constitucional debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se hubiera aceptado fehacientemente el acto ilegal o la omisión indebida, o tácito, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo; 2) De los antecedentes, se observa que el accionante, estuvo presente en la audiencia de apelación de medida cautelar de 8 de febrero de 2024, acompañado de su abogado defensor; sin embargo, no puso en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba los hechos y derechos vulneratorios que objeta a la fecha; es decir que, hubiese interpuesto apelación incidental a la medida cautelar impuesta, consecuentemente se sometió de manera voluntaria a la determinación del Auto de Vista que declaró la improcedencia de la apelación formulada por el Ministerio Público y confirmó el auto Interlocutorio de 2 del citado mes y año, pretendiendo una nueva revisión por parte del Tribunal de alzada de la misma Resolución, sometiéndose de manera voluntaria y expresa a dicha determinación; y, 3) Elementos que, de manera razonada, permiten concluir que, en el caso particular, existieron actos positivos, libres e inequívocos de sometimiento de la parte accionante al desarrollo de la audiencia de apelación incidental, lo que conlleva una manifestación implícita de su voluntad de proseguir con la tramitación del proceso; consiguientemente, permitió la continuidad y desarrollo de la audiencia sin formular observación alguna, menos aún poner en conocimiento del Tribunal de alzada la interposición de un recurso de apelación también dirigido contra la misma Resolución que se encontraba siendo objeto de revisión por dicha instancia; en consecuencia, ante la concurrencia de la causal de actos libremente consentidos, expresa y expresamente previstas por el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, siendo pertinente la denegatoria de la acción de defensa interpuesta.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Brayan Mario Sossa Limachi -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores con agravante, mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del prenombrado por el lapso de tres meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento; determinación contra la cual el Ministerio Público formuló, en audiencia, recurso de apelación incidental (fs. 2 a 7). II.2. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2024, a horas 9:03, ante la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio señalado ut supra, solicitando su remisión con carácter de urgencia; lo que motivó que, mediante decreto de 8 del mismo mes y año, la autoridad judicial dispusiera que dicho recurso sea puesto en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento (fs. 8 a 14). II.3. Mediante Auto de Vista de 8 de febrero de 2024, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente la apelación formulada por la representante del Ministerio Público y, en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 2 del referido mes y año (fs. 15 a 17 vta.). II.4. Consta decreto de 9 de febrero de 2024, a través del cual, los Vocales demandados, señalaron que, habiendo sido remitido el recurso de apelación incidental presentado el 7 de febrero de igual año, por el impetrante de tutela y proveído de 8 de igual mes y año, la parte solicitante debía estarse a lo determinado en la audiencia de 8 de febrero del citado año (fs. 18).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de igualdad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de corrupción de menores con agravante, no obstante haber interpuesto de manera escrita y dentro del plazo previsto por ley, recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, los Vocales demandados omitieron pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre la admisibilidad o el rechazo de dicha impugnación, señalando, a través de un proveído genérico, que debía estarse a lo determinado en la audiencia de apelación incidental de 8 de febrero de 2024, sin considerar que el referido acto procesal, versó únicamente sobre la apelación del denunciante, no así respecto a la presentada por su persona de forma escrita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a la temática, la SCP 0387/2025-S3 de 20 de mayo de 2025, estableció: El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación 1El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y “puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito”. Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las subreglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:
[iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…) Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe disponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido]
Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:
[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”.
2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).
de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.
En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido]. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente: [Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…). En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de igualdad procesal; toda vez que los Vocales demandados, no obstante haber interpuesto de manera escrita y dentro del plazo establecido por ley recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, omitieron pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre la admisibilidad o el rechazo de su impugnación, determinando, en su lugar, mediante un proveído genérico, que debía estarse a lo determinado en la audiencia de apelación incidental de 8 de febrero de 2024, sin considerar que el referido acto procesal versó únicamente sobre la apelación interpuesta por el denunciante y no así sobre su impugnación.
De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se evidencia que, dentro del proceso penal de referencia, mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de tres meses, a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento; determinación que fue objeto de recurso de apelación incidental por parte de la Fiscal de Materia asignada al caso, quien, en el mismo acto procesal, formuló su impugnación de manera oral y, posteriormente, por el impetrante de tutela, quien mediante memorial presentado el 7 del indicado mes y año interpuso de forma escrita dicho recurso.
De igual forma, se tiene que, remitidos en alzada los legajos de apelación supra referidos, mediante Auto de Vista de 8 de febrero de 2024, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados- declararon improcedente la apelación formulada por la representante del Ministerio Público, confirmando el Auto Interlocutorio cuestionado; y, con relación al recurso presentado por el peticionante de tutela, a través de decreto de 9 del citado mes y año, determinaron que, habiendo sido remitidos a esa instancia el memorial de “…07 de febrero y proveído de 08 de febrero de 2024”, la parte solicitante debía estarse a lo resuelto en la audiencia de 8 de febrero del referido año. Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el precedente constitucional en vigor establece que, si bien los arts. 403.3 y 404 del CPP, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las cuales por su naturaleza están sujetas a un procedimiento especial, regulado por el art. 251 del citado Código, modificado por la Ley 1173, referido exclusivamente al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares de carácter personal; criterio que fue desarrollado por la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, la cual estableció que la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, constituye un procedimiento especial, que no reúne los requisitos establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar personal puede ser planteada de forma oral en la misma audiencia o por escrito dentro del término de setenta y dos (72) horas, conforme establece el art. 251 del CPP, que señala: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”, ello se justifica por dos razones: la primera, por la naturaleza del derecho o bien jurídico protegido -la libertad-; y la segunda, porque los actos procesales, de acuerdo con la Ley 1970, se rigen esencialmente por los principios de oralidad e inmediación; por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403.3 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza. En ese marco, los Vocales demandados, al disponer respecto a la formulación del recurso de apelación incidental del accionante que se esté a la resolución del recurso de apelación incidental del Ministerio Público, inobservaron el precedente constitucional en vigor, que establece que, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental y remitidas las actuaciones pertinentes en alzada para su examen, el Tribunal de apelación, sin más trámite, debe resolverlo dentro de los tres días siguientes a la recepción de las actuaciones; es decir, en el caso presente, correspondía que, conforme a sus competencias, se pronunciara de manera fundamentada y motivada respecto a la admisibilidad o rechazo del recurso de apelación incidental del peticionante de tutela elevado a su conocimiento; sin embargo, no lo hizo, remitiéndolo al examen de los agravios expuestos por el Ministerio Público, privando al impetrante de tutela a obtener una resolución que resuelva su apelación incidental, incurriendo en vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como del derecho a la defensa y del principio de igualdad procesal, al dejarlo en absoluta indefensión respecto de los agravios que pretendía demostrar.
Por lo previamente detallado, resulta evidente que las autoridades demandadas, al emitir el decreto de 9 de febrero de 2024, no aplicaron la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico precedente; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, con la aclaración de que dicha concesión no implica un análisis de fondo del recurso de apelación incidental. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 151/2024 de 13 de diciembre, cursante de fs. 85 a 88, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el decreto de 9 de febrero de 2024, pronunciado por Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
b) Que los Vocales demandados o quienes ejerzan dicho cargo, señalen día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del solicitante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0919_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): eabf09e2d47c0026fd7125cfffd877386bb914c26a66258b857bd7a56fa456db
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