B.IA.LEGAL

SCP 0919/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de diciembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
47854-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 68 a 75, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Dejar sin efecto el acta de declaración de 11 de abril de 2022, recibida por Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de materia contra el peticionante de tutela; y, ordenar que la Fiscal a cargo de la causa repita el acto en el marco de los Fundamentos Jurídicos y normativa aplicable desarrollados en el presente fallo constitucional; y en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución y Orden de Aprehensión; así como, la Imputación Formal, todos del 11 de abril de 2022, emitidos por la Fiscal accionada; los Autos 142/2022 y 143/2022 ambos del 11 de abril, el Mandamiento de Detención Preventiva de 13 de abril de 2022, dictados por la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, el Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, pronunciado por Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz. 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 254/2022 de 29 de abril, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 4° Notifíquese por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional al Gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, en forma personal y/o por cédula, para que de inmediato, en el acto y sin formalidades, deje en libertad al tutelado Eduardo Rodríguez Fuentes; sin perjuicio, también notifíquese del mismo modo a Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, para que garantice la libertad inmediata del tutelado, ambas autoridades bajo responsabilidad. 5º Remitir al Consejo de la Magistratura, el presente fallo constitucional, a los fines del inicio de las acciones legales pertinentes contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera, y Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por sus actuaciones arbitrarias. 6º Remitir a la Fiscalía General del Estado, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el fin del inicio de las acciones legales pertinentes contra Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia de la Fiscalía departamental de La Paz, por la aprehensión ilegal dispuesta. 7° Notifíquese por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI), en sus oficinas de La Paz, para acciones de Régimen Disciplinario contra el policía Sgto. 2do. Alfredo Chávez Márquez, investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0919/2024-S3 Sucre, 16 de diciembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47854-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 68 a 75, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Prudencio Flores Barrancos en representación sin mandato de Eduardo Rodríguez Fuentes contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera, Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur; e, Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 41 a 45 vta., el accionante a través de su representante legal expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Amanda Dávila Tórres, en representación sin mandato de la Fundación Abya Yala-Bolivia, el 28 de marzo de 2022, presentó acción penal en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa, hurto, apropiación indebida y legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscal de materia adecuó el tipo penal de estafa y le citó para que preste declaración informativa el 30 de marzo del igual año; sin embargo, la querellante el 31 del mismo mes y año adjuntó la Resolución Ministerial (RM) 185/2013 de 27 de diciembre, con la que supuestamente acreditó a tres miembros más como directores de Abya Yala-Bolivia, de esta forma se amplió la querella por el ilícito de estafa con víctimas múltiples o estafa agravada; empero, el poder acompañado y la Resolución Ministerial referida, no le facultaba para denunciar por ese delito; por tal razón, tanto la Fiscal de Materia como la autoridad jurisdiccional discrecionalmente, no valoraron adecuadamente la documental para así desestimar la querella y su ampliación. Es así que, la representante del Ministerio Público el 4 de abril de 2022, comunicó al Juez de la causa la ampliación de querella por el delito de estafa con víctimas múltiples, sin corregir la citación para su declaración por simple estafa, que fue recibida el 11 de abril de 2022 a horas 09:00; empero, extrañamente dispuso su aprehensión por el ilícito de estafa agravada y posteriormente, a horas 11:05 del mismo día, recién fue notificado con la querella y la ampliación; es decir, después de su declaración informativa por estafa simple, en la misma fecha, fue imputado formalmente por ese delito y a las dos horas siguientes la Jueza de la causa señaló audiencia de medidas cautelares, la cual se llevó a cabo a horas 15:30, sin darle tiempo para recabar la documentación pertinente a objeto de enervar los riesgos procesales, dejándolo de esta manera en total indefensión, más aún cuando fue notificado con el acto procesal siete minutos antes de su realización, habiendo la Jueza ahora accionada incurrido en los siguientes agravios: a) No valoró adecuadamente la orden de citación para que preste su declaración informativa por el delito de estafa simple; b) No motivó correctamente que los hechos descritos por la Fiscal fueron por el ilícito de “…giro de cheque, no de engaños…” y menos a víctimas múltiples, que hasta ese momento no se acreditaron; c) No justificó debidamente, por qué la Fiscal lo convocó para declarar por estafa, cuando la misma describió hechos de giro de cheque y aplicó indebidamente el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece un mínimo legal de dos años para la aplicación de la aprehensión y que la estafa tiene un mínimo de un año; por lo que, no correspondía su aprehensión menos la detención preventiva dispuesta por la jueza de la causa; y, d) No consideró que la audiencia de medidas cautelares era para corregir los errores cometidos por la Fiscal, de acuerdo a la competencia establecida en el art. 54.1 del CPP, actividad que no realizó la autoridad jurisdiccional; por lo que, infringió sus derechos y garantías constitucionales previstas en los arts. 115, 116 y 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), inclusive estableció riesgos procesales, al no haberle dado tiempo ni oportunidad para recabar la documental para desvirtuarlos. Por lo que, contra su ilegal aprehensión, planteó apelación incidental; instancia en la cual, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, simplemente la convalidó, argumentando que: 1) El apelante sólo relató los hechos sin señalar los agravios; sin embargo, en los mismos se los expuso e identificó claramente; 2) La Fiscal en la fase preliminar puede tomar decisiones que crea conveniente conforme al art. 279 del CPP y la autoridad jurisdiccional no puede inmiscuirse en la labor del Ministerio Público; y, 3) Efectuó la audiencia sin haberle notificado, ni constatar si tuvo oportunidad de acceso a la plataforma virtual, para asumir defensa material o técnica. Por otra parte, contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares presentó apelación, que fue resuelta por el Vocal del mismo Tribunal de Justicia, quien confirmó la Resolución por Auto 143/2022 de 11 de abril, en la audiencia que se efectuó sin la presencia de su abogado y de su persona, porque no fue notificado, transgrediendo sus derechos y garantías constitucionales y dejándole en completa indefensión para fundamentar agravios en la audiencia de apelación. Expresó que, la violación de sus derechos continuaron; puesto que, en el acta de audiencia de apelación de 29 de abril de 2022, el secretario informó: ”SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES PROCESALES” (sic); sin embargo, no consta su notificación como parte imputada, sino en su calidad de abogado; además que, invocó el art. 25.2 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, referido a que la inasistencia del imputado ante los tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, no es causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente, norma que en este caso no es aplicable por no haberle notificado para la audiencia de apelación de medidas cautelares, menos para la de aprehensión ilegal, defecto que no se puede suplir con la aplicación sesgada de un reglamento que debe servir para aclarar y garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley, notificando con cada acto al principal interesado -el apelante- y no suplir con la ausencia sin notificación y menos sin dar un tiempo oportuno para contar con la presencia de su defensor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115, 116, 118 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: i) Se anule la aprehensión ilegal de 11 de abril de 2022, emitida por la Fiscal de Materia, ordenando su libertad inmediata; ii) La realización de nueva audiencia de medidas cautelares ante la Jueza de la causa; y, iii) Se efectúe nueva audiencia de apelación donde exponga los agravios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 67, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: a) Denuncia a través de esta acción tutelar que no se cumplió con las formalidades legales, la Fiscal al disponer su aprehensión, la Jueza de la causa con su detención y los Vocales accionados al no corregir esas actuaciones ni llevar adecuadamente la audiencia de apelación; b) La Fiscal accionada le citó para que preste su declaración informativa por el delito de estafa simple, tal como acreditó por el acta de 11 de abril de 2022, aplicando indebidamente el art. 226 del CPP, haciendo notar que la denuncia formulada en su contra radicó en que el contador de la Fundación Abya Ayala Bolivia, quien era personal de confianza de la Gerencia le hizo firmar varios cheques por diferentes conceptos, circunstancia que no tiene vinculación con el tipo penal de estafa, además que no describió cuál fue el engaño o ardid; sin embargo, la Fiscal de Materia emitió Resolución de aprehensión por el ilícito de estafa con agravación de víctimas múltiples con la que fue notificado el mismo día a horas 11:25 y paralelamente a horas 11:05, lo notificaron con la ampliación de la querella por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples; es decir, declaró por un delito y lo imputaron por otro a horas 13:30 del mismo día sin considerar la autoridad Fiscal que el poder otorgado a la querellante y la Resolución Ministerial 185/2013 de 27 de diciembre, no la facultaban denunciar, sino solo para administrar la entidad, después de dos horas se realizó la audiencia de medidas cautelares, oportunidad en la que denunció esa aprehensión ilegal; puesto que, el tipo penal de estafa simple tiene un mínimo legal de un año; por lo que, no correspondió la medida dispuesta y a pesar de lo aducido la Jueza de la causa la declaró legal mediante Resolución 142/2022 de 11 de abril, decisión contra la que planteó apelación incidental; c) La Jueza accionada discrecionalmente convalidó la ampliación de querella para aplicarle la medida de última ratio, además estableció riesgos procesales previstos en el art. 234.2 y 7 del CPP, sin tener presente que no tuvo el tiempo necesario para la obtención de documentación pertinente a efectos de desvirtuarlos; puesto que, acreditó domicilio y familia pero no así trabajo, porque debido a la denuncia fue despedido de su fuente laboral, de esa manera dispuso su detención preventiva, ante esta situación apeló las resoluciones de medidas cautelares y de aprehensión ilegal; d) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tomó conocimiento de las medidas cautelares y los riesgos procesales establecidos en su contra, instaló la audiencia el 29 de abril de 2022 a horas 16:00, sin darle oportunidad que se defienda, porque a los dos minutos cuando su abogado logró ingresar al portal web, a causa de una dificultad en el acceso a la plataforma virtual, la mencionada autoridad judicial declaró inadmisible el recurso confirmando la Resolución apelada, argumentó no haber escuchado agravios ni del imputado o su patrocinante; razón por la cual, plantearon una corrección de procedimiento y enmienda; además que, el secretario informe si fue notificado para que esté presente en el acto procesal, mereciendo la respuesta, conforme al art. 25 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal de la Ley 1173, la inasistencia del imputado encontrándose el abogado no es causal de suspensión, norma que en su caso no es aplicable porque no fue notificado y su abogado ingresó a la audiencia un poco retrasado; circunstancia que, debió ponderarse por el principio de favorabilidad; y, e) Posteriormente señaló audiencia de apelación de la aprehensión ilegal para el 16 de mayo de 2022, donde la Vocal accionada Silvia Maritza Portugal Espinoza, emitió la Resolución 135/2022, en la que declaró la legalidad de la misma sin comprobar que el imputado no fue notificado, manifestó que el órgano jurisdiccional de acuerdo al art. 279 del CPP, no puede inmiscuirse en las labores del Ministerio Público que es libre de ejercer sus funciones y realizar en el marco de sus competencias las acciones que mejor le parezcan, encontrándose indebidamente procesado porque los Vocales accionados no corrigieron los actos arbitrarios que ocurrieron desde su ilegal aprensión; por lo tanto, reiteró se conceda la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió informe escrito de 18 de mayo de 2022, cursante a fs. 58 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El impetrante de tutela no señaló por cuál de las causales previstas tanto en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional (CPCo), interpuso esta acción de defensa; puesto que, no indicó de manera clara si su vida se encuentra en peligro, estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad, lo cual ameritó su denegatoria, más aún al no estar bien planteada su pretensión, tampoco se encontró un petitorio congruente con el fundamento de hecho y de derecho; puesto que, su reclamación no fue correctamente esbozada al no estar identificados de forma adecuada los elementos configuradores, deviniendo de ello una falta de fundamentación de la acción planteada; 2) No exteriorizó que su vida estaba en peligro por el incumplimiento de un acto, que sería el único argumento por el cual se superaría la barrera de la subsidiariedad; consiguientemente, el demandante de tutela no refirió de forma precisa cuál fue la causal de procedencia de la acción de libertad que invocaba para que le sea concedida; 3) Circunscribió sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la audiencia en la que no escuchó ninguna fundamentación de agravios ocasionados en la decisión apelada, siendo que el art. 398 del CPP, establece de manera taxativa el límite competencial de los tribunales de alzada, concordante con la SCP 0077/2012 de 16 de abril; y, 4) Se tiene establecido en el art. 279 del Código Penal (CP), referido al control jurisdiccional dispone que: “…los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad”; norma que determina limitaciones en relación a las autoridades jurisdiccionales, quienes no pueden diseñar cómo debe la autoridad Fiscal realizar su trabajo. César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, remitió informe de 18 de mayo de 2022, cursante a fs. 57, por el que solicitó se deniegue la tutela peticionada; expresando que, en relación a la Resolución 254/2022 de 29 de abril, se determinó en forma objetiva, que se convocó a las partes, se realizó la espera correspondiente, no siendo evidente que fue emitida por premura de su persona, como acredita con la grabación de la audiencia, no se presentó oportunamente; y, una vez que se emitió la decisión, recién se conectó y observó la parte contraria la intervención extemporánea del apelante; es decir, que no se conectó a la audiencia a la hora señalada y la Sala realizó la espera respectiva, lo que motivó se dicte la mencionada resolución. Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la zona Sur del departamento de La Paz, en audiencia desplegó informe mediante el cual pidió se deniegue la tutela, argumentando que: i) La causa le fue remitida con la imputación formal contra el impetrante de tutela por el delito de estafa con agravante de víctimas múltiples; por lo que, señaló audiencia de medidas cautelares dentro de la 24 horas, en la cual la defensa denunció la aprehensión ilegal que mereció la Resolución 142/2022 de 11 de abril, emitida conforme a los antecedentes cursantes; es así que, en la audiencia denunció su aprehensión ilegal por el delito de estafa y que la Fiscal no realizó una correcta valoración en relación al tipo penal de estafa o de estafa con agravación de víctimas múltiples, por lo que no procedía la mencionada aprehensión conforme al art. 226 del CPP; sin embargo, la tipificación de una causa es atribución del Ministerio Público; es decir, su persona no podía cambiar la tipificación de una resolución de imputación formal, en consideración además a que el ilícito de estafa y estafa agravada es un mismo tipo penal en relación a la raíz y a la característica del tipo penal; puesto que, la agravación de víctimas múltiples es una variante y no se trata de dos tipos diferentes; por lo que, rechazó el incidente de aprehensión ilegal; y, ii) Los agravios a que hace referencia en este actuado procesal, fueron expuestos ante el Tribunal de alzada, confundiendo que esta acción tutelar es una tercera instancia y el Tribunal de garantías revise nuevamente los supuestos agravios, lo que no es posible siendo responsabilidad de los sujetos procesales establecer y plantear los agravios, teniendo presente que la decisión que asumió fue confirmada por la Sala Penal correspondiente, razón por la que no existió vulneración, sino una interpretación de la normativa legal vigente y concluyó que la Fiscal emitió la resolución de aprehensión conforme al tipo penal respectivo. Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia en audiencia informó, pidiendo se deniegue la tutela impetrada, con costas para el patrocinante que actuó con mala fe, arguyendo que: a) El proceso penal referido se inició a denuncia de la Fundación Abya Yala - Bolivia, que es víctima y persona jurídica constituida por varias personas que se vieron afectadas en su patrimonio, representada legalmente por Amanda Dávila Torres, quien presentó querella y luego amplió la investigación por el mismo delito de estafa con agravante de víctimas múltiples el 4 de abril de 2022, antes de la citación y declaración del imputado efectuada el 11 del mismo mes y año, donde estuvo presente su abogado y se dio lectura a sus derechos, el abogado indicó en la audiencia de medidas cautelares que ésta ampliación la conoció por el sistema JL; b) Al ser la víctima una persona jurídica, existe multiplicidad de personas afectadas en su patrimonio; razón por la que, se amplió la investigación, hecho corroborado en la misma declaración informativa que prestó el solicitante de tutela donde consta su firma y la de su abogado, sin ninguna observación y ahora alega como vulneratoria de sus derechos; por lo cual, ante la existencia de suficientes elementos de convicción respecto a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales se aplicó lo establecido en el art. 226 del CPP, porque la tipificación de ambos delitos de estafa con víctimas múltiples cumplió con los presupuestos exigidos por la citada norma legal; por lo que, no es evidente que su aprehensión fue ilegal; y, c) El Ministerio Público en ningún momento se refirió al giro de cheques y que no acreditó el engaño; contrariamente a lo sostenido por el peticionante de tutela, ello fue considerado en la audiencia de medidas cautelares; toda vez que, el ardid fue demostrado tanto documentalmente como por la declaración de una de las víctimas Amanda Dávila Torres, quien afirmó que fue engañada para firmar esos cheques; es decir, que el imputado le hizo creer que los mismos eran para las actividades inherentes a la función; sin embargo, fueron endosados al demandante de tutela y cobrados por “X” persona, reiterando que la subsunción del tipo penal se adecuó al hecho y no fue objeto de observación por la parte imputada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, mediante la Resolución 13/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 68 a 75, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Las autoridades accionadas, la Fiscal de materia, la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera y los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia todos de La Paz, actuaron conforme a procedimiento cumpliendo con todos los presupuestos legales; 2) En la Resolución 142/2022 de 11 de abril, se estableció que la aprehensión del solicitante de tutela por parte del Ministerio Público fue legal de acuerdo al art. 226 del CPP; y, por Resolución 143/2022 de igual mes y año, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, contra las que el imputado planteó apelación incidental; 3) El Vocal accionado César Wenceslao Portocarrero Cuevas, emitió el Auto de Vista 254/2022 de 29 de abril, declarando inadmisible la apelación debido a que en la audiencia no se expusieron los agravios que la decisión apelada le hubiese causado, confirmando la Resolución 143/2022 de medidas cautelares; 4) Mediante Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, la Vocal accionada declaró la legalidad de la aprehensión, decisión emitida con la debida fundamentación conforme al art. 124 del CPP; y, 5) No es evidente que el demandante de tutela estaría indebidamente procesado o privado de su libertad, en consideración a que se encontraba sometido a un proceso penal y su detención fue dispuesta por la autoridad jurisdiccional; además que, no se cumplieron los presupuestos que hacen a un procesamiento ilegal o indebido; puesto que, no se encuentra en estado de absoluta indefensión, porque conoció los actos de la investigación, asistió a la audiencia de medidas cautelares, planteó recurso de apelación contra las resoluciones de aprehensión y de medidas cautelares; respecto a las cuales, en la audiencia señalada no presentaron los agravios que creían conveniente.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto de 15 de mayo de 2024, cursante a fs. 84, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 2 de diciembre del mismo año, que fue notificado el 6 del mismo mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Emergente de la denuncia formulada el 28 de marzo de 2022, por Amanda Dávila Torres, Gerente General de la Fundación Abya Yala Bolivia contra Eduardo Rodríguez Fuentes -peticionante de tutela- el Ministerio Público el 29 de igual mes y año, informó a la autoridad jurisdiccional el inicio de las investigaciones, por la presunta comisión del delito de estafa tipificado por el art. 335 CP (fs. 2 a 3). II.2. A través de la orden de citación de 30 de marzo de 2022, se emplazó al impetrante de tutela para que preste su declaración informativa el 11 de abril del mismo año a horas 09:00, por el delito de estafa; diligencia realizada el 7 de abril del mismo año (fs. 26). II.3. Cursa acta de declaración de 11 de abril de 2022 a horas 09:00, que da cuenta que se recibió la declaración de Eduardo Rodríguez Fuentes, por el delito de estafa con víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 346 bis del Código Penal (CP), sin que se le haga conocer los cargos presentados en su contra (fs. 8 a 9). II.4. Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia -accionada- el 11 de abril de 2022, emitió Resolución y orden de aprehensión contra Eduardo Rodríguez Fuentes por el delito de estafa agravada (fs. 17 a 20), la cual fue ejecutada a horas 11:25 del mismo día (fs. 20 vta.); y, le imputó por el delito antes señalado, solicitando además su detención preventiva (fs. 21 a 25). II.5. En la audiencia de medidas cautelares realizada el 11 de abril de 2022 a horas 15:30, el imputado planteó incidente de aprehensión ilegal, que fue rechazado por la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, mediante Auto 142/2022 del mismo día, resolución que fue apelada por el peticionante de tutela (fs. 27 a 30); posteriormente, por Auto 143/2022 de igual fecha, la jueza de la causa determinó su detención preventiva, decisión contra la cual interpuso apelación incidental (fs. 32 a 35 vta.). II.6. Instalada la audiencia virtual de apelación incidental, el Vocal César Wenceslao Portocarrero Cuevas -ahora accionado-, a través del Auto de Vista 254/2022 de 29 de abril, confirmó el Auto 143/2022 por el cual se dispuso la detención preventiva, bajo el argumento que los recurrentes y sus abogados no se presentaron a la audiencia, por lo que no expusieron argumento alguno (fs. 37 a 40 vta.). II.7. Mediante Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, los accionados Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron el Auto 142/2022 de 11 de abril, por el cual se declaró legal la aprehensión cuestionada (fs. 121 a 124).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y acceso a la justicia; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de estafa, se cometieron varias arbitrariedades, alegando que: i) La Fiscal de Materia recibió su declaración informativa y dispuso su aprehensión ilegalmente por el delito de estafa agravada, del cual no tuvo conocimiento ni le fue notificado; ii) La Jueza de la causa, omitiendo valorar los datos del proceso, declaró legal la aprehensión; y, posteriormente ordenó su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el delito de estafa con víctimas múltiples; iii) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en apelación confirmó la detención preventiva, sin haberle notificado para esa audiencia ni permitirle hacer uso de su defensa material ni técnica; y, iv) Los Vocales de la referida Sala Penal, confirmaron su ilegal aprehensión, sin haber comprobado su notificación por el ilícito de estafa agravada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El control de convencionalidad en el ámbito penal

El bloque de constitucionalidad está consagrado por el art. 410 de la CPE, al incorporar al rango constitucional a todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia que versen sobre Derechos Humanos y las normas de derecho comunitario. La Sentencia Constitucional 0110/2010-R de 10 de mayo, estableció que: “La aplicación del bloque de constitucionalidad a este régimen de transición constitucional, hace que el sistema jurídico se armonice y que las causas iniciadas con el régimen anterior sean resueltas bajo el régimen actual sin vulnerar el principio de irretroactividad, ya que el efecto de irradiación de la Constitución hace que ésta se ejecute a situaciones pendientes de resolución; además, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, estuvieron en plena vigencia en el momento de iniciarse las causas pendientes de resolución y permanecen actuales en la etapa de transición constitucional, tópico que refuerza la legitimidad de esta doctrina; asimismo, en caso de existir aspectos más beneficiosos reconocidos por la Constitución abrogada, utilizando el criterio de interpretación de “favorabilidad para los derechos humanos”, sin que éstos signifiquen contradicción con el nuevo orden, podrán ser introducidos al bloque de constitucionalidad como valores y reglas constitucionales, vinculantes a casos concretos. En consecuencia, en la especie, corresponde aplicar el bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y principios y valores de rango constitucional en caso de ser necesario, de acuerdo a los criterios de interpretación constitucional pertinentes. (énfasis añadido). A partir de ello se entiende que, en materia de Derechos Humanos la Norma Fundamental, asume un enfoque encaminado a que toda autoridad jurisdiccional, particularmente en materia penal, deba interpretar derechos de conformidad con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad en el marco de una estructura de argumentación que incluye la premisa normativa, la premisa fáctica y, como consecuencia de la aplicación del silogismo jurídico, la decisión o parte dispositiva. La premisa normativa, en coherencia con el pluralismo jurídico igualitario y el bloque de constitucionalidad, contiene a la norma interna escrita, las normas y procedimientos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como las normas y estándares del sistema universal e interamericano de DDHH, debe ser interpretada de conformidad con las pautas constitucionalizadas de interpretación. Por otra parte, conforme lo determinado en los arts. 13 y 256 de la Norma Fundamental y los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el control de convencionalidad, de acuerdo al mandato contenido en ellos obliga a toda autoridad administrativa o jurisdiccional en todas las materias, incluida la penal, someterse al control de convencionalidad y efectuar interpretaciones conforme al bloque de constitucionalidad a través de la aplicación de oficio y de manera directa y preferente de estándares más altos de protección a derechos, aplicación preferente que deberá estar guiada por las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos.

III.2. La aprehensión y su legalidad

El art. 23 de la CPE, establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito (…) V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra” (sic).

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su art. 9 señala: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella” (sic). Por su parte, el art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostiene: “2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.” (sic). Sobre la facultad del Ministerio Público para emitir de manera directa una orden de aprehensión, la SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, señaló: “El art. 226 del CPP, establece la finalidad y oportunidad para que el Ministerio Público pueda disponer directamente la aprehensión de un ciudadano prescindiendo de la citación previa, ante la concurrencia de determinados requisitos para que la medida a adoptarse esté amparada por ley, ya que su incumplimiento determinará que se esté frente a una acción arbitraria que lesiona las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica procesal. Así, la SC 1508/2002-R de 11 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.2, determinó que es posible que un Fiscal de Materia emita un mandamiento de aprehensión amparado en el referido art. 226 del CPP, cuando se cumplan los requisitos expresamente señalados en esa norma: 1) Que la presencia del imputado sea necesaria para la investigación; 2) Que existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública, sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años, mínimo contemplado en pocos delitos y 3) Que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, requisito que debe tomar en cuenta las circunstancias y la concurrencia de indicios establecidos en los arts. 234 y 235 CPP”. Por su parte la SCP 0973/2022-S4 de 1 de agosto, señaló lo siguiente: “sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios” (las negrillas son añadidas). No obstante lo señalado, la norma antes transcrita debe ser interpretada y aplicada en el marco de lo establecido por el art. 224 del CPP, referido a la citación previa y su falta de presentación injustificada, cuando corresponda. De la referida exposición de normas constitucionales y legales se concluye, que los casos en los que la autoridad fiscal está habilitada para ejercer la facultad de aprehensión se encuentran delimitados y expresamente enmarcados en presupuestos concretos, atendiendo a la finalidad de cada una de las referidas figuras procesales; de la misma manera, es clara la excepción de la aplicación de dicha medida (aprehensión por la Fiscalía) en determinados tipos delictivos…” Resulta necesario mencionar que la revisión de la legalidad o ilegalidad de la aprehensión corresponde al juez; para ello debemos remitirnos al entendimiento jurisprudencial plasmado en la SC 0957/2004-R de 17 de junio, al señalar que: “…tanto para la legitimidad de la detención como para cualquier consecuencia que de ésta pudiera resultar, y que puede traducirse en elementos de convicción a ser utilizados, por ejemplo, para disponer la detención preventiva del imputado. En consecuencia, la violación de estos derechos puede ser alegada en cualquier momento frente al juez y, en caso de que éste la considere verdadera, deberá corregirla, anulando aquellos actos que implicaron vulneración a los derechos y garantías del detenido. Este entendimiento está presente en el art. 169.3 del CPP, que al referirse a los defectos absolutos, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a ‘3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código’ (las negrillas nos corresponden). De acuerdo a lo anotado, al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos: (…) 2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).” (negrillas agregadas); en ese sentido toda autoridad jurisdiccional en el marco del control jurisdiccional, debe efectuar el control de la legalidad material y formal de la aprehensión, que implica analizar si la privación de libertad (aprehensión) fue dispuesta de acuerdo a la habilitación contenida en la Ley y sobre todo bajo las formalidades legales establecidas.

III.3. El debido proceso y el derecho a la defensa

La SCP 0603/2021-S1 de 4 de noviembre, señala que: “El debido proceso se encuentra consagrado en la CPE, como un derecho fundamental (art.115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art.180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R, de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido, configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:

’En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones...‘ Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia”. Sobre este tópico, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció al señalar en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente caso, es preciso referir que dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (las negrillas nos corresponden). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho:

‘A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’. (…) Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado”. En cuanto al ejercicio del derecho a la defensa material y técnica en apelación de medidas cautelares, la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, sostuvo: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 14 de mayo1, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad: …si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se constata que el impetrante de tutela, alega que se vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de estafa ampliado al de estafa con víctimas múltiples, se cometieron varias arbitrariedades, a saber: a) La Fiscal de materia recibió su declaración informativa y dispuso su aprehensión ilegalmente por el delito de estafa agravada, del cual no tuvo conocimiento ni le fue notificado; b) La Jueza de la causa, omitiendo valorar los datos del proceso, declaró legal la aprehensión; y, posteriormente ordenó su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el delito de estafa con víctimas múltiples; c) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en apelación confirmó la detención preventiva, sin haberle notificado para esa audiencia ni permitirle hacer uso de su defensa material ni técnica; y, d) Los Vocales de la referida Sala Penal, confirmaron su ilegal aprehensión, sin que se haya comprobado su notificación para declarar por el ilícito de estafa agravada. Planteada la problemática, los referidos hechos denunciados serán sometidos al siguiente análisis:

III.4.1. Respecto a la aprehensión ilegal

Al efecto corresponde en primer término referirse que la Fiscal de materia recibió la declaración del solicitante de tutela y dispuso su aprehensión ilegalmente, actuación que fue declarada legal tanto por la Jueza de la causa a través de la Resolución 142/2022, como por la Vocal accionada por Auto de Vista 135/2022, quien al asumir conocimiento de la apelación formulada contra la precitada resolución, concluyó que la a quo actuó correctamente y conforme a procedimiento; en ese marco, debe dejarse establecido que, en el presente caso, el accionante previamente a acudir a la justicia constitucional, solicitó el control jurisdiccional sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión ordenada en su contra; empero, las autoridades judiciales de instancia y de alzada accionados, en lugar de reparar la lesión de los derechos denunciados, dispusieron la legalidad de la misma; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado.

III.4.1.1. Sobre la actuación de la Fiscal de materia accionada

Al respecto, se tiene que el peticionante de tutela, después de haber sido emplazado a prestar su declaración informativa por el delito de estafa tipificado por el art. 335 del CP, sin corregir la citación, el día de su declaración realizada el 11 de abril de 2022 a horas 09:00, recibió la misma por otro delito, el tipo penal de estafa agravada por víctimas múltiples previsto por el art. 346 bis del CP; es decir, le tomaron la declaración sin que tenga conocimiento ni se le haya notificado de forma previa con el nuevo delito; posteriormente, de acuerdo a la diligencia realizada el 11 de abril de 2022 a horas 11:05, le notificaron con el memorial de querella de 28 de marzo de 2022 y memorial de ampliación de querella de 31 del mismo mes presentada por Amanda Dávila Torres, representante de Abya Yala-Bolivia, por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples; así también, el mismo día 11 de abril del mismo año, la Fiscal accionada emitió Resolución y orden de aprehensión en su contra por el delito de estafa agravada, que fue ejecutada a horas 11:25 del mismo día; y, luego le imputó por el delito antes señalado, solicitando además su detención preventiva. La omisión fiscal advertida, constituye una lesión al debido proceso y al derecho a la defensa; por cuanto, al desconocer el demandante de tutela los cargos en su contra, fue impedido de ejercer mecanismos de defensa en el momento de su declaración. Al respecto, la declaración informativa del imputado constituye un verdadero mecanismo de defensa; criterio que debe ser aplicado desde y conforme a lo previsto por el art. 121.I de la CPE, que dispone: “En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”; y, el art. 95 del CPP en su primer párrafo, establece que: “El imputado podrá declarar todo cuando considere útil para su defensa”; en ese marco normativo, la Fiscal al no haber notificado ni tampoco informado al impetrante de tutela de forma previa a su declaración con el nuevo delito endilgado y las circunstancias de tiempo, espacio y modo de su comisión, incumplió con su obligación determinada en el art. 67 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012- el cual establece que el Fiscal debe cuidar en todo momento que el imputado conozca sus derechos fundamentales, las garantías constitucionales y legales que le asisten, el estado de las investigaciones o del proceso; por tal razón, la declaración informativa, conforme a lo establecido por el art. 114.II de la CPE, debe ser anulada. Es por demás notorio, que la Fiscal accionada, al incurrir en la omisión anotada, la cual tomó su declaración, luego emitió su aprehensión, le imputó y solicitó la aplicación de medidas cautelares por este delito, actuaciones que resultan arbitrarias, por no cumplir con el debido proceso, y repercuten en la situación jurídica del solicitante de tutela; estos actuados realizados en su contra, importan un procesamiento indebido por parte de la autoridad Fiscal accionada, arbitrariedades que lesionan el derecho a la libertad; puesto que, la pena establecida por el tipo penal de estafa agravada, de acuerdo a los arts. 226 y 232 del CPP, da lugar a su aprehensión y detención preventiva, contexto diferente al delito inicialmente atribuido, cual es el de estafa, cuya sanción impedía estas formas de privación de libertad. Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el control de convencionalidad en el ámbito penal, implica que toda decisión de cualquier autoridad, debe estar sometida a la Constitución Política del Estado y al control de convencionalidad, obligando a efectuar interpretaciones conforme al bloque de constitucionalidad a través de la aplicación de oficio y de manera directa y preferente de los estándares más altos de protección a derechos. Bajo ese marco, compelía comunicar al solicitante de tutela sobre la ampliación del delito por estafa agravada, antes de su declaración informativa, para que asuma defensa idónea contra el nuevo tipo penal endilgado, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior; así por ejemplo, plantear incidentes y/o excepciones y no someterlo a un procesamiento arbitrario que derivó en su aprehensión, por un delito que no tuvo conocimiento previo; éste hecho anómalo que colocó al peticionante de tutela en indefensión, porque no conoció los supuestos hechos ilícitos que se le atribuían, quiénes eran las otras víctimas, cuando se trataba únicamente de la Fundación Abya Yala - Bolivia, ni en qué calidad o grado de participación intervino, en las circunstancias de tiempo, lugar, forma de su comisión y los medios de pruebas existentes, fue reclamado ante la jueza de instrucción a cargo del proceso, así como ante el de alzada, sin que se repare la lesión flagrante a sus derechos alegados; omisión que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede convalidar; toda vez que, al permitir que el accionante haya prestado su declaración informativa bajo esas circunstancias irregulares, es que se transgredió lo establecido en los arts. 92 y 93, en relación a los arts. 163 y 291 del CPP. En ese contexto, los actos subsecuentes realizados por la Fiscal accionada como la aprehensión dispuesta contra el impetrante de tutela, constituye un acto arbitrario e ilegal; puesto que, se le privó de libertad por un delito que no tuvo conocimiento y contra el cual se le impidió oponerse, cuando la Fiscal debió someter su actuación a lo determinado conforme a los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, garantía que debió ser cumplida de manera ineludible, siendo que con ello se garantiza que el imputado conozca los motivos de su detención, tal cual disponen los arts. 23.I,III y V de la CPE, 9.1 y 2 del PIDCP; y, 7.2 y 4 de la CADH, para que así se le permita activar mecanismos de defensa idóneos y eficaces de defensa de su libertad personal, frente a una medida o hecho que considere ilegal y arbitraria. En ese entendido, habiendo verificado este Tribunal que el impetrante de tutela, no tuvo conocimiento de los cargos por el nuevo delito endilgado diferente al inicialmente comunicado en su contra y de no haberle otorgado así el tiempo necesario y suficiente para preparar y asumir una debida defensa por el ilícito que presuntamente se le atribuye, es que resulta evidente que la declaración informativa, la Resolución y orden de aprehensión, emitidos por la Fiscal de materia accionada, no se adecúa a los parámetros legales y convencionales antes señalados, derivando en la lesión de los derechos del peticionante de tutela, al no haberse aplicado la CPE y normas internacionales de Derechos Humanos, citados precedentemente; omisión que da como resultado una aprehensión ilegal. En consecuencia, corresponde la concesión de la tutela impetrada; por consiguiente, la declaración informativa sea anulada, al carecer de legalidad; no obstante, que no haya sido demandado expresamente en esta acción tutelar por el accionante, sino ante las autoridades jurisdiccionales; por cuanto, ningún acto que emane del Ministerio Público puede ser válido si deviene de la vulneración de derechos y garantías, como se advirtió en el caso en cuestión; y en consecuencia, también se anule la aprehensión ilegal. De igual manera, el policía Sgto. 2do. Alfredo Chávez Márquez investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), omitió representar y no participar de actuaciones en la aprehensión ilegal del solicitante de tutela.

III.4.1.2. En relación a los actos lesivos de la Jueza accionada

Al efecto, se tiene que en audiencia de medidas cautelares efectuada el 11 de abril de 2022, el impetrante de tutela interpuso incidente de aprehensión ilegal, el cual fue rechazado mediante Auto 142/2022, por la Jueza accionada, concluyendo que la aprehensión determinada por el Ministerio Público, no fue de forma ilegal; puesto que, cumplió con los parámetros establecidos en el art. 226 del CPP; sin embargo, conforme lo manifestado en el acápite precedente, se puede evidenciar la ilegalidad de la misma por las razones explicadas; en tal razón, sin mayor abundamiento, se tiene que la citada autoridad judicial se apartó de lo determinado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual indica que ninguna detención puede ser considerada legítima si es evidente la lesión de derechos, mismos que pueden ser reclamados en cualquier momento ante el Juez que tenga control jurisdiccional del proceso, autoridad con obligación de revisar sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión, para en su caso, de oficio corregir todos los actos ilegales cometidos por el Ministerio Público, como la declaración informativa que también fue puesto en su conocimiento a tiempo de denunciar esta ilegalidad, anular las actuaciones que implican la lesión de derechos del detenido; actos jurisdiccionales que la autoridad accionada omitió realizar ante la aprehensión ilegal del hoy peticionante de tutela, siendo evidente la infracción en la que incurrió la nombrada Fiscal de materia al recibir la declaración informativa, sin que haya sido notificado con la ampliación por el delito de estafa agravada y por ende no haber tenido el tiempo suficiente para preparar su declaración por los nuevos hechos atribuidos, no le correspondía a la Jueza accionada convalidar los actos ilegales de la autoridad Fiscal antes señalada; por el contrario, en ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad de la aprehensión, frente a una presunta aprehensión ilegal, tenía el deber de pronunciarse conforme lo establece el art. 54.1 del CPP, protegiendo los derechos y garantías del impetrante de tutela. Esta omisión incurrida por la Jueza accionada contraviene los Fundamentos Jurídicos y la norma procesal penal enunciados precedentemente; cuando el órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver de manera directa, expedita y efectiva las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pueden tener origen en las actuaciones de los órganos encargados de la persecución penal, como en la presente causa, del Ministerio Público; por lo que, la Jueza accionada no efectuó adecuadamente el control jurisdiccional de la legalidad de la aprehensión del peticionante de tutela; más aún cuando el acto ilegal advertido es inconvalidable por constituir un defecto absoluto en mérito al art. 169.3 del CPP, por cuanto implica inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el mismo Código Procesal Penal;

eludiendo sanear así las irregularidades cometidas que derivaron en su aprehensión, antes de considerar y aplicar cualquier medida cautelar.

III.4.1.3. Respecto a la resolución de alzada de los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre la aprehensión ilegal

Los accionados emitieron el Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, confirmando la legalidad de la aprehensión dispuesta en el Auto 142/2022 de 11 de abril, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Cautelar accionada; ahora bien, de la lectura de la resolución, ésta concluye que siendo obligación de los Tribunales de alzada emitir una Resolución fundamentada en relación a los agravios esgrimidos, es que se pudo establecer que la autoridad jurisdiccional emitió un fallo que se encuentra revestido de la suficiente logicidad y razonabilidad, vinculada a la relación de antecedentes de lo que también se hizo un contraste y la aplicación de la normativa pertinente al respecto; por lo cual, no se encuentra ningún agravio que reparar; puesto que, la juez a quo no hubiera aplicado ninguna norma de forma errónea; asimismo, aludiendo lo prescrito en el art. 279 del CPP, afirmaron “…es la Autoridad Fiscal quien tiene la función investigación (…) las Autoridades jurisdiccionales, no pueden diseñar cómo debe la Autoridad Fiscal realizar este trabajo, no puede decirle usted considere pruebas o no las considere, actúe de esta manera, no puede imponer un criterio al trabajo de la Autoridad Fiscal…” (sic). De lo descrito se extrae, que los Vocales accionados, a través del citado Auto de Vista, establecieron que la Jueza a quo actuó correctamente y conforme a los antecedentes cursantes en el proceso, considerando que la declaración informativa prestada por el demandante de tutela, dieron por hecho que en aquella oportunidad tuvo conocimiento que su declaración era por el delito de estafa con víctimas múltiples, bajo el argumento que se habrían apersonado dos víctimas más y que la resolución de aprehensión se dictó con la debida fundamentación, con la facultad que le atribuye al Ministerio Público el art. 226 del CPP. Por lo anteriormente señalado, se puede evidenciar que los accionados, en la emisión del Auto de Vista cuestionado, no actuaron de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 antes citado; pues se limitaron a indicar que la aprehensión dispuesta por el Ministerio Público contra el solicitante de tutela fue debidamente fundamentada de acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 226 del CPP; sin embargo, no se pronunciaron sobre los agravios formulados por el imputado; es decir, sobre la validez de la aprehensión cuestionada, si fue o no notificado de forma previa a su declaración y consiguiente aprehensión con la ampliación por el delito de estafa agravada, cuando del expediente se evidencia que las otras dos supuestas víctimas que se apersonaron pertenecen al Directorio de la Fundación querellante; de ahí que les competía determinar si su emisión fue de acuerdo a la habilitación contenida en las formalidades legales establecidas tanto en la normativa nacional como supranacional; aspectos como se explicó anteriormente no fueron cumplidos por la Fiscal de materia accionada; por tal razón, se concluye que el Tribunal de alzada no efectuó la revisión prolija de la actuación de la Jueza a quo; por el contrario, confirmaron actuaciones que lesionaron los derechos del impetrante de tutela.

En resumen, habiendo verificado que el peticionante de tutela no tuvo conocimiento de la ampliación por el delito de estafa agravada en su contra, de forma previa a prestar su declaración informativa, resulta evidente que la Resolución de aprehensión emitida por la Fiscal de materia accionada, no se adecua a los parámetros legales y jurisprudenciales señalados, derivando en la lesión de los derechos alegados, al alejarse de la normas internas e internacionales de Derechos Humanos e impedir su materialización; por lo tanto, resulta una aprehensión ilegal, irregularidad que debió ser corregida, en principio, tanto por la Jueza y en alzada por los Vocales de la Sala Penal Primera accionados, quienes por el contrario confirmaron que la aprehensión fue legal. En consecuencia; toda vez que, el proceso penal sustanciado contra el demandante de tutela, desde la etapa preliminar contiene una práctica injusta como ser la aprehensión ilegal, que no fue corregida por las autoridades judiciales accionadas a su turno, estas actuaciones arbitrarias no pueden ser convalidadas por la justicia constitucional; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada, sin determinar la libertad del accionante, disponiendo la anulación de las actuaciones reclamadas de indebidas.

III.4.2. Con relación a la audiencia de apelación incidental de detención preventiva

Sobre este hecho en particular, se tiene que mediante Auto 143/2022, la Jueza a quo dispuso la detención preventiva del demandante de tutela, resolución contra la que planteó apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal accionado instaló la audiencia virtual el 29 de abril de 2022 y luego de informar por secretaría que el apelante ni su abogado se encontraban conectados a la plataforma CISCO WEBEX, pronunció el Auto de Vista 254/2022, por el que declaró la admisibilidad del recurso de apelación y confirmó el Auto apelado, al no haberse escuchado agravio alguno, decisión que motivó la interposición de la presente acción tutelar, por considerar que es lesiva a sus derechos al debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y a la libertad, por lo que corresponde ingresar a analizar la misma. Es así que, de los antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que efectivamente en el desarrollo de la audiencia de apelación instalada a horas 16:00, la secretaria informó sobre la ausencia del solicitante de tutela y de su abogado; por lo que, ante la falta de fundamentación oral de agravios, procedió a dictar la Resolución; sin embargo, conforme al Auto de Vista en cuestión, se tiene que dos minutos después de iniciada la audiencia, el abogado defensor se conectó, indicando que el demandante de tutela no se vinculó a la plataforma virtual porque no fue comunicado en el recinto penitenciario de San Pedro; por ello, el accionado inicialmente dejó sin efecto lo actuado, disponiendo que el defensor formule los agravios; empero, luego determinó que ya se había concluido con la emisión del Auto de Vista; por lo tanto, consolidó la Resolución arbitrariamente; no obstante, de la enmienda y corrección activada por el abogado del peticionante de tutela . Es necesario referir que, el art. 119.II de la CPE dispone que: “Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa…”; en ese contexto, el art. 117.I de la Ley Fundamental, señala que “Ninguna persona puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso…”., en concordancia con las normas citadas en forma precedente, los arts. 8 y 9 del CPP, establecen que toda persona imputada tiene el derecho a la defensa material y técnica; en ese marco y conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el derecho a la defensa material reviste trascendental importancia; debido a que, el imputado puede defenderse por sí mismo en todos los actos del proceso; del mismo modo la defensa técnica, como parte esencial de la garantía del debido proceso, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; la inobservancia de estas garantías vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la defensa. Respecto a la ausencia del imputado en la audiencia de apelación, cabe resaltar que el mismo cumplía detención preventiva en el recinto penitenciario; de ahí, es pertinente precisar que, su inasistencia a la audiencia de apelación de medidas cautelares, no depende de su propia voluntad, cuando está privado de libertad, sino incumbe el deber de la autoridad judicial de verificar el cumplimiento efectivo por parte de las autoridades carcelarias de permitir su salida o se le provea y gestione medios tecnológicos para asegurar su intervención en el desarrollo de la audiencia virtual, lo que implica el traslado del detenido, en este caso al ambiente o sala virtual adecuada a tal fin en el referido recinto penitenciario. Del mismo modo, es lógico que en virtud al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, se debe velar por la eficacia y correcto cumplimiento de las órdenes jurisdiccionales, pues al disponer el traslado de un detenido a su audiencia de apelación, ya sea a las salas del órgano judicial o a los ambientes dispuestos para las audiencias virtuales dentro de los centros penitenciarios, debe verificarse que los encargados penitenciarios adopten todas las medidas administrativas y tecnológicas para garantizar la asistencia del detenido a la audiencia virtual. En el presente caso, ante el informe de la secretaria que el apelante no se conectó a la audiencia, el accionado podía disponer una tolerancia de tiempo, y ordenar a su personal de apoyo verificar en el recinto penitenciario sobre los motivos por los cuales no se vinculó, no siendo un justificativo sostener, como lo hizo el accionado que, conforme al art. 25 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal de la Ley 1173, la inasistencia del imputado encontrándose el abogado no es causal de suspensión, norma reglamentaria que en esta causa no es aplicable porque no fue notificado y su abogado ingresó a la audiencia dos minutos de instalada la misma, situación que debió ponderarse por el principio de favorabilidad, esto con el fin de garantizar sus derechos al debido proceso y a la defensa material; de ahí que al no proceder de ese modo y más aún cuando tampoco se encontraba conectado su abogado defensor, resulta evidente que la autoridad accionada, vulneró estos derechos y por consiguiente su derecho a la libertad; toda vez que, asumió una decisión que definía su situación jurídica; por cuanto, confirmó su detención preventiva. No puede soslayarse de éste análisis que, el Vocal accionado, no obstante de conocer que el abogado, si bien no se encontraba conectado en plataforma virtual a las 16:00 horas cuando se inició la audiencia, él se vinculó dos minutos después; empero, continuó con el desarrollo de la audiencia, hasta consolidar el Auto de Vista impugnado, confirmando la detención preventiva, precisamente por la ausencia del imputado y su defensor y la ausencia de fundamentación de agravios; cuando anoticiado de su presencia, debió permitir la formulación de los motivos de apelación y no bajo el argumento de la preclusión, desdecirse y dar por dictada la Resolución, impidiendo de esa manera que el accionante ejerza su derecho a la defensa técnica exponiendo los agravios, a objeto que se examine el recurso de alzada y se pronuncie en el fondo, pues precisamente ante la falta de exposición de agravios que le correspondía efectuar al abogado defensor, se confirmó el Auto apelado, no pudiendo admitirse el argumento de la preclusión, como excusa para vulnerar derechos. De esta manera, al resolverse la apelación de la aplicación de detención preventiva en ausencia de la defensa técnica, aun cuando se conectó minutos después, se vulneró el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones; por una parte, es el derecho que tienen las personas, a tener un abogado que pueda patrocinarles y defenderles efectivamente; y, por otra parte es el derecho de los procesados a tener conocimiento y acceso de los actuados y a impugnar los mismos en igualdad de condiciones, derecho que es inviolable y que no puede ser impedido o restringido en su ejercicio.

En consecuencia, siendo evidente en la presente acción tutelar la lesión de los derechos invocados por el solicitante de tutela, al advertirse que se provocó su indefensión, con la consecuencia de no haber podido realizar el ejercicio pleno de sus derechos a la defensa material y técnica, corresponde la concesión de la tutela peticionada, respecto a la autoridad jurisdiccional. Razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 68 a 75, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Dejar sin efecto el acta de declaración de 11 de abril de 2022, recibida por Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de materia contra el peticionante de tutela; y, ordenar que la Fiscal a cargo de la causa repita el acto en el marco de los Fundamentos Jurídicos y normativa aplicable desarrollados en el presente fallo constitucional; y en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución y Orden de Aprehensión; así como, la Imputación Formal, todos del 11 de abril de 2022, emitidos por la Fiscal accionada; los Autos 142/2022 y 143/2022 ambos del 11 de abril, el Mandamiento de Detención Preventiva de 13 de abril de 2022, dictados por la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, el Auto de Vista 135/2022 de 16 de mayo, pronunciado por Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz. 3° Dejar sin efecto el Auto de Vista 254/2022 de 29 de abril, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 4° Notifíquese por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional al Gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, en forma personal y/o por cédula, para que de inmediato, en el acto y sin formalidades, deje en libertad al tutelado Eduardo Rodríguez Fuentes; sin perjuicio, también notifíquese del mismo modo a Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, para que garantice la libertad inmediata del tutelado, ambas autoridades bajo responsabilidad. 5º Remitir al Consejo de la Magistratura, el presente fallo constitucional, a los fines del inicio de las acciones legales pertinentes contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera, y Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de la Zona Sur, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por sus actuaciones arbitrarias. 6º Remitir a la Fiscalía General del Estado, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el fin del inicio de las acciones legales pertinentes contra Ingrid Corrales Sandoval, Fiscal de Materia de la Fiscalía departamental de La Paz, por la aprehensión ilegal dispuesta. 7° Notifíquese por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI), en sus oficinas de La Paz, para acciones de Régimen Disciplinario contra el policía Sgto. 2do. Alfredo Chávez Márquez, investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0919_2024-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce952f368ed6abeca1c8db64b8de3d1f4a97334098b5733616a6a010f7d8e86d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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