Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la defensa, a la propiedad privada y a la impugnación, así como del principio de seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la tercera interesada en su contra; la Jueza demandada pronunció las Sentencias Inicial 49/2020 de 28 de agosto y Definitiva 07/2020 de 21 de octubre, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, no habiendo considerado las cuestiones que expuso en el proceso. Fallos que fueron confirmados a través del Auto de Vista de 10 de diciembre de ese año, con la modificación de retener el 5% del monto demandado, entre tanto la mencionada no demostrase documentalmente la cancelación del gravamen que recaía sobre el inmueble objeto de anticresis. Decisión que la Jueza demandada no habría hecho cumplir; rechazando, de otro lado, la impugnación a la tasación de su inmueble presentada por el perito de oficio, aprobándola. Finalmente, aduce que la autoridad judicial demandada emitió el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, rechazando el incidente de nulidad de obrados que opuso el 6 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-047/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 182 a 186 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0917/2025-S3 Sucre, 12 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56310-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-047/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 182 a 186 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herminia Panozo Tordoya contra María Teresa Tejerina Rosales, Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 16 y 22 de mayo de 2023, cursantes de fs. 74 a 82 vta. y 88 a 90 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso ejecutivo instaurado por Marithza Quinteros Arnez -tercera interesada-, en su contra, emergente del contrato de anticresis de 9 de noviembre de 2016, que suscribió con la mencionada, por la suma de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses), en relación a su bien inmueble ubicado en la calle Uskha Paucar 1250, entre la av. Tatayay y Ticallajta de la ciudad de Cochabamba; la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, pronunció la Sentencia Inicial 49/2020 de 28 de agosto, conminando al pago del capital mencionado en el plazo de tres días. Por otra parte, a través de Sentencia Definitiva 07/2020 de 21 de octubre, declaró improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva que opuso -refiriendo que el contrato de anticrético sería unilateral, similar al préstamo de dinero, pero con garantía anticrética-, ordenando proseguir con la ejecución hasta el trance y remate de sus bienes propios embargados y/o por embargarse.
Fallos que aduce, fueron emitidos con falta de fundamentación, motivación y congruencia, sin considerar las cuestiones que expuso en el referido proceso, que acreditaban que, la tercera interesada no pagó sus impuestos de anticrético ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ni tampoco dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula sexta del contrato suscrito. En ese orden, el 28 de octubre de 2020, formuló recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva, que fue resuelto mediante Auto de Vista de 10 de diciembre de igual año, dictado por el Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmando la decisión impugnada, con la modificación de retener el 5% del monto demandado, entre tanto la nombrada no demuestre documentalmente la cancelación del gravamen que recaía sobre el inmueble objeto de anticresis. Interponiendo, por ende, su acción de defensa “…contra de las resoluciones judiciales como la SENTENCIA INICIAL de fecha 28 de agosto de 2020 y de la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 21 de Octubre de 2020 dictada por la Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Nº 17 y contra el AUTO DE VISTA de fecha 10 de diciembre de 2020 dictado por la Sala Civil Segunda (…), resoluciones judiciales que no consideraron la cláusula sexta del referido contrato de anticresis en su integridad, sentencia definitiva que ya fue ejecutoriada, presentando (…) el incidente de nulidad de obrado, la misma que [le] fue negada…” (sic). En el memorial de subsanación, refirió que los actos ilegales en los que incurrió la Jueza demandada fueron el pronunciamiento de las Sentencias Inicial y Definitiva; no hacer cumplir lo dispuesto en el citado Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020, en relación a la cancelación del gravamen; rechazar la impugnación a la tasación de su inmueble presentada por el perito de oficio, aprobándola; y, la emisión del Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, que rechazó el incidente de nulidad de obrados que opuso el 6 del mismo mes y año, “…siendo éste el último acto en el que se vulneró el derecho al debido proceso, al principio de la seguridad jurídica y la impugnación, ya que dicho proceso viene prosiguiendo con vicios de nulidad en desmedro de [sus] derechos, afectando el único bien inmueble que [tiene] como propiedad, por lo que también se viene vulnerado el derecho a la propiedad privada…” (sic).
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la defensa, a la propiedad privada y a la impugnación, así como del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Inicial 49/2020, en la que se admite la demanda y le conminan al pago del capital en el plazo de tres días; así como la Sentencia Definitiva 07/2020, la que determina proseguir con la ejecución hasta el trance y remate de sus bienes propios embargados y/o por embargarse.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 180 a 181, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que es de la tercera edad, siendo el último acto que vulneró sus derechos fundamentales, el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023. En ese orden, solicitó se le concede tutela dejando sin efecto “…la sentencia de 28.08.2020 hasta las últimas resoluciones emitidas por la Juez accionada” (sic).
María Teresa Tejerina Rosales, Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 9 de junio de 2023, cursante de fs. 128 a 129 vta., solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) Emitió las Sentencias Inicial 49/2020 y Definitiva 07/2020, valorando la prueba adjunta a la demanda del proceso ejecutivo monitorio instaurado contra la impetrante de tutela, determinando la prosecución de la ejecución hasta el trance y remate de los bienes propios embargados y/o por embargarse a la mencionada, a efectos que con su producto, se pague a la tercera interesada la suma de $us13 000.-, conforme se ordenó en la parte resolutiva de la referida Sentencia Inicial; b) La acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del plazo de caducidad de seis meses, habiéndose pronunciado el Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020 -que confirmó las Sentencias emitidas, con la modificación referente a la posibilidad de retenerse el 5% del monto demandado, entre tanto no demuestre documentalmente la anticresista la cancelación del gravamen que recae sobre el inmueble objeto de la anticresis-, y posterior Auto complementario de 11 de marzo de 2021, que fue notificado el 18 del mismo mes y año, data desde la que debe computarse el referido plazo de inmediatez; y, c) Conforme a lo expuesto, existe un fallo jurisdiccional que validó las determinaciones que asumió, debiendo desestimarse las pretensiones efectuadas por la peticionante de tutela, debiendo procederse con la tramitación del proceso en ejecución de sentencia.
Marithza Quinteros Arnez, en audiencia de garantías, a través de su abogado, señaló que la demandante de tutela no dirigió su acción de defensa contra los Vocales que emitieron el Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020, consintiendo de forma expresa el acto reclamado mediando su voluntad al dejar transcurrir más de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos fundamentales, conllevando ello la “improcedencia” de la presente garantía constitucional, lo que debió ser observado en su momento por la Sala Constitucional al momento de su admisión.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución SC2-CBB-AAC-047/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 182 a 186 vta., denegó la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En relación a “…la sentencia inicial, la sentencia definitiva, el Auto de Vista y finalmente la resolución de 27.05.2021, que resolvió rechazar la impugnación al avalúo del bien inmueble que se pretende rematar…” (sic), no puede efectuarse examen de fondo alguno, considerando que, la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 16 y 22 de mayo de 2023, habiendo sobrepasado la accionante, el plazo de caducidad de seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 2) Respecto al incidente de nulidad interpuesto por la peticionante de tutela el 6 de marzo de 2023, que mereció Auto Interlocutorio de 13 de similar y mes año, rechazándolo; la mencionada no interpuso los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, incumpliendo el principio de subsidiariedad que caracteriza a esta acción de defensa. En el caso, correspondía que plantee el recurso de reposición a fin de cuestionar lo resuelto sobre la nulidad pretendida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ejecutivo instaurado por Marithza Quinteros Arnez
-tercera interesada-, contra Herminia Panozo Tordoya -accionante-; mediante Sentencia Inicial 49/2020 de 28 de agosto, la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, declaró probada la demandada, con costas y costos, ordenando el embargo hasta hacerse efectiva la suma de $us13 000.-, en favor de la tercera interesada, dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento de procederse al embargo de los bienes (fs. 10 y vta.). II.2. Por Sentencia Definitiva 07/2020 de 21 de octubre, la Jueza demandada declaró improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva opuesta por la demandante de tutela, debiendo proseguirse con la ejecución hasta el trance y remate de los bienes propios embargados y/o por embargarse a la mencionada, para que con su producto pague la suma referida en la Sentencia Inicial (fs. 22 a 23). II.3. Mediante Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia Definitiva impugnada, con la modificación de retenerse el 5% del mondo demandado, entre tanto la anticresista no demuestre documentalmente la cancelación del gravamen que recae sobre el inmueble objeto de anticresis, con costas y costos a la apelante. En forma posterior, a través de Auto de 11 de marzo de 2021, se enmendó el citado Auto de Vista, solo en lo referente a la condenación de costas y costos, eliminándolos. Constando Auto de 6 de abril del mismo año, de ejecutoria de los aludidos fallos (fs. 36 a 44). II.4. A través de Auto Interlocutorio de 27 de mayo de 2021, la Jueza demandada rechazó la objeción de la tasación del bien inmueble objeto de subasta -avalúo pericial-, aprobando la tasación en la suma de $us170 432,66.- (ciento setenta mil cuatrocientos treinta y dos 66/100 dólares estadounidenses [fs. 60 y vta.]). II.5. El 6 de marzo de 2023, la demandante de tutela interpuso incidente de nulidad de obrados, “…DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPAL MEDIANTE SENTENCIA INICIAL 49/2020 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2020…” (sic). Pronunciando la Jueza demandada, el Auto Interlocutorio de 13 de igual mes y año, rechazando el mismo, por su manifiesta improcedencia (fs. 68 a 72). II.6. La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 16 y 22 de mayo de 2023 (fs. 74 a 82 vta.; y, 88 a 90 vta.). II.7. Conforme a cédula de identidad, la impetrante de tutela, tendría setenta y un años al momento de la interposición de la presente acción de defensa (fs. 2).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la defensa, a la propiedad privada y a la impugnación, así como del principio de seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la tercera interesada en su contra; la Jueza demandada pronunció las Sentencias Inicial 49/2020 de 28 de agosto y Definitiva 07/2020 de 21 de octubre, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, no habiendo considerado las cuestiones que expuso en el proceso. Fallos que fueron confirmados a través del Auto de Vista de 10 de diciembre de ese año, con la modificación de retener el 5% del monto demandado, entre tanto la mencionada no demostrase documentalmente la cancelación del gravamen que recaía sobre el inmueble objeto de anticresis. Decisión que la Jueza demandada no habría hecho cumplir; rechazando, de otro lado, la impugnación a la tasación de su inmueble presentada por el perito de oficio, aprobándola. Finalmente, aduce que la autoridad judicial demandada emitió el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, rechazando el incidente de nulidad de obrados que opuso el 6 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La inmediatez constituye uno de los principios configuradores de la acción de amparo constitucional; por lo que, su inobservancia constituye un supuesto de improcedencia de la misma, sustentado en que: “…la jurisdicción constitucional no puede esperar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto de sus derechos cuando sufren menoscabo…” (las negrillas son nuestras [SC 0569/2010-R de 12 de julio]); razón en virtud a la que, incluso en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, en la que no se encontraba regulado, fue instituido y reconocido vía jurisprudencia constitucional emitida por el antes Tribunal Constitucional. En el nuevo modelo constitucional, el art. 129.II de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Por su parte, el art. 55 del CPCo, alude a la inmediatez al instituir: “(PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho. (…)” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Al respecto, conforme a lo expuesto en la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, citando a fallos constitucionales anteriores, se estableció que: “La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez afirmó que: ‘…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental’. Plazo de caducidad que como se demostró precedentemente se instituyó expresamente por nuestra Ley fundamental, dado que: ‘…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’ (SC 1157/2003-R de 15 de agosto).
Cabe aclarar que el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición del amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de ‘…preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’ (SC 0770/2003-R de 6 de junio)” (negrillas y subrayado agregados).
ilegal En virtud a las previsiones contenidas en los arts. 129 de la CPE; 53.1 y 3 del CPCo, la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; es decir, es viable sólo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido, por ende, a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considere vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior, para abrir la competencia de la jurisdicción constitucional. No obstante lo anotado, además del daño irreparable e irremediable instituidos en el art. 54.II del CPCo, como supuestos que dan lugar a ingresar al análisis de fondo de esta acción de defensa, prescindiendo de su naturaleza subsidiaria; la jurisprudencia constitucional ha determinado también excepciones a dicha característica en supuestos en los se vean involucrados derechos fundamentales de grupos vulnerables que cuentan con una protección constitucional reforzada, a través de la Norma Suprema y diversos instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; teniéndose dentro de estos casos como ejemplos, a las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, niños, niñas y adolescentes, minorías étnica o raciales y adultos mayores, entre otros. En ese marco, en cuanto a los adultos mayores y la prescindencia del carácter subsidiario de esta acción de tutela cuando es planteada por una persona que es parte de dicho grupo de atención prioritaria; la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, entre muchas otras posteriores, determinó que en dichos casos, no es viable exigirles el cumplimiento del principio de subsidiariedad; abriéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal para efectuar el estudio de fondo respectivo en relación a los actos demandados de ilegales en la acción de amparo constitucional. No obstante, resulta lógico que, para ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada en el caso de adultos mayores, aún dicho grupo de vulnerabilidad se encuentre exento de agotar los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, al pertenecer a un grupo de vulnerabilidad que cuenta con protección reforzada en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; aquella situación no exime que la parte accionante identifique de forma clara y precisa el acto ilegal que cuestiona ante la justicia constitucional como vulneratorio de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, así como el petitorio que busca. Lo contrario conllevaría que este Tribunal supla aquello, no siendo esta su labor; correspondiendo a la o el impetrante de tutela, exponer las razones por las que, el acto u omisión ilegal, lesionaría los derechos fundamentales invocados, precisando, asimismo, su pretensión. Nexo de causalidad que, puede ser incluso, expuesto en audiencia, conforme refirió el AC 0013/2018-RCA de 5 de febrero, que, citando a su vez otros fallos constitucionales, expuso: “…la SCP 2202/2012 de 8 de noviembre, estableció: ‘…en las acciones de amparo constitucional y de cumplimiento, la jueza, juez o tribunal verificará el acatamiento de lo establecido en los arts. 33 (referido a los requisitos de admisibilidad de la acción), 53 (relacionada a los presupuestos de inactivación de la acción de amparo constitucional) y 66 (respecto a la improcedencia de la acción de cumplimiento), todos del mismo Código; en ese contexto, el juez o el tribunal de garantías, al momento de admitir la acción, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el referido art. 33 del CPCo, y ante su incumplimiento dispondrá su subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación, en caso de que se haya cumplido el plazo y la observación efectuada no sea subsanada, se tendrá por no presentada la acción’… (…) …en cuanto a la aclaración de la relación de causalidad y relación de los hechos, éste Tribunal ha establecido a través de la SCP 0913/2016-S2 de 26 de septiembre que: ‘Última disposición legal, que si bien establece los requisitos de contenido y de forma que debe tener toda acción tutelar, entre los que se encuentran la exposición de los hechos, la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados y el petitorio que se solicita; no alude al nexo de causalidad que deba existir entre los mismos, toda vez que el cumplimiento de esa relación causal deberá ser recién verificado por el juez o tribunal de garantías constitucionales una vez presentada la acción tutelar y realizada la audiencia de garantías, como una labor previa a la resolución de fondo de la problemática planteada. Por consiguiente, la exigencia de exposición de los hechos, la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados y el petitorio establecidos en el art. 33 del CPCo, si bien son requisitos que deben ser cumplidos necesariamente antes de su admisibilidad y en caso de no subsanarse en el plazo de tres días, corresponderá tenerla por no presentada de acuerdo al art. 30 del mismo cuerpo legal; empero, la exigencia de exponer el nexo de causalidad entre estos, al ser una exigencia de fondo, podrá ser enmendada incluso en la audiencia de garantías a tiempo fundamentar su acción tutelar; y de no hacerlo corresponderá al juez de garantías denegar la tutela solicitada, a no ser que de la lectura y comprensión de los hechos expuestos, se evidencie una flagrante lesión a los derechos fundamentales. Nuevo razonamiento constitucional, que complementa los entendimientos asumidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2202/2012 de 8 de noviembre y 0030/2013 de 4 de enero, en torno al nexo de causalidad que debe existir entre los hechos, derechos y petitorio de una acción tutelar’...” (las negrillas y subrayado son nuestros).
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la defensa, a la propiedad privada y a la impugnación, así como del principio de seguridad jurídica; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ceñida en lo esencial a que, en el proceso ejecutivo instaurado por la tercera interesada en su contra; la Jueza demandada dictó las Sentencias Inicial 49/2020 de 28 de agosto y Definitiva 07/2020 de 21 de octubre, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, no habiendo tomado en cuenta los aspectos que explicó en el proceso. Determinaciones que fueron confirmadas mediante Auto de Vista de 10 de diciembre de ese año, con la modificación de retener el 5% del monto demandado, entre tanto la mencionada no demostrase documentalmente la cancelación del gravamen que recaía sobre el inmueble objeto de anticresis. Decisión que la Jueza demandada no hizo cumplir; rechazando, de otro lado, la impugnación a la tasación de su inmueble presentada por el perito de oficio, aprobándola. Por último, refirió que la autoridad judicial demandada pronunció el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, rechazando el incidente de nulidad de obrados que opuso el 6 del mismo mes y año. En ese orden, de las Conclusiones del presente fallo constitucional plurinacional, se evidencia que, en el citado proceso ejecutivo, a través de la Sentencia Inicial 49/2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, declaró probada la demandada. Cuestión confirmada con el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva 07/2020, en la que, la señalada autoridad judicial, declaró improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva opuesta por la demandante de tutela, debiendo proseguirse con la ejecución hasta el trance y remate de los bienes propios embargados y/o por embargarse a la mencionada, para que con su producto pague la suma referida en la Sentencia Inicial de $us13 000.-. Contra dichos fallos, la demandante de tutela formuló recurso de apelación, resuelto por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que dictó el Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020, confirmando la Sentencia Definitiva impugnada, con la modificación allí indicada. Constando Auto de 6 de abril de 2020, de ejecutoria de los aludidos fallos -Conclusiones II.1 a 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. Ahora bien, se advierte que, la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 16 y 22 de mayo de 2023 -Conclusión II.6 de este fallo constitucional-; es decir, después de tres años incluso de la ejecutoria del confutado Auto de Vista, sobrepasando aquello el plazo de caducidad de seis meses regulado en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, a efectos de plantear la acción de amparo constitucional -Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional-; lo que advierte que, la peticionante de tutela no actuó en diligencia propia en defensa de sus derechos supuestamente vulnerados. Debiendo precisarse además que, respecto a las Sentencias Inicial y Definitiva, se emitió el referido Auto de Vista, cuyos Vocales debieron ser demandados, en el supuesto de encontrarse la impetrante de tutela dentro del plazo de caducidad expuesto, siendo ese el último fallo de fondo pronunciado en el proceso en cuestión. En este punto, resalta que, si bien la peticionante de tutela tenía setenta y un años al momento de la formulación de la presente garantía constitucional -Conclusión II.7 -, contando con una protección reforzada al pertenecer a un grupo de vulnerabilidad ampliamente amparado en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad; aquello no la exime de la observancia del plazo de caducidad, se reitera, abundantemente superado. Mismo que también sobrepasó, en relación al Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021 -Conclusión II.4 -, mediante el que, la Jueza demandada rechazó la objeción de la tasación del bien inmueble objeto de subasta -avalúo pericial-, que también fue impugnado en la demanda tutelar. Decisiones que, por ende, no pueden ser sujeto a estudio de fondo alguno por este Tribunal. De igual forma, se tiene que, la accionante formuló incidente de nulidad de obrados el 6 de marzo de 2023, mereciendo el pronunciamiento del Auto Interlocutorio de 13 de similar mes y año, mediante el que, la Jueza demandada lo rechazó, alegando su manifiesta improcedencia, indicando que la nombrada pretendió cuestionar a través del incidente, la calidad de título ejecutivo del documento base de ejecución, no habiendo “…acreditado la vulneración del algún derecho procesal de la incidentista, así como al no haberse percatado algún vicio procesal inconvalidable…” (sic); determinación de rechazo a la que, aludió de forma superficial en la demanda tutelar, así como en el memorial de subsanación; aduciendo, en audiencia de garantías que, dicho fallo sería el último acto que vulneró sus derechos fundamentales. Sobre el particular, concierne aplicar lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que, pese a cuestionarse el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, y precisar que sería el último acto ilegal en el que habría incurrido la Jueza demandada; la impetrante de tutela, en momento alguno, expuso la forma en que el mismo hubiera lesionado los derechos invocados en la demanda tutelar; no habiendo subsanado aquello tampoco en la audiencia de garantías. Resaltando incluso que, en el petitorio de su demanda principal, pidió se dejen sin efecto la Sentencia Inicial 49/2020, así como la Sentencia Definitiva 07/2020; y, en la referida audiencia de garantías, “…la sentencia de 28.08.2020 hasta las últimas resoluciones emitidas por la Juez accionada” (sic). Conforme a lo expuesto, este Tribunal se ve impedido a efectuar cualquier consideración de fondo sobre la problemática planteada, siendo que, si bien la demandante de tutela se encuentra exenta del cumplimiento del principio de subsidiariedad; por lo que, no resultaría viable exigirle el agotamiento de los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico respecto al Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023; en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución, su situación de adulta mayor, no la exime de la exigencia ineludible de identificar de forma clara y precisa el acto ilegal cuestionado ante la justicia constitucional; no pudiendo este Tribunal suplir dicha labor, actuando como un Tribunal ordinario, efectuando una revisión de oficio de lo dispuesto; no habiendo explicado la nombrada, aun de manera concisa las razones por las que considera que, dicho Auto Interlocutorio sería vulnerante a sus derechos fundamentales, identificando así qué derechos se habrían transgredido con los mismos. En ese sentido, compele confirmar la decisión asumida inicialmente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por cuanto, se repite, la jurisdicción constitucional no puede realizar un pronunciamiento de fondo en relación a la problemática planteada, al no haber actuado la peticionante de tutela con la inmediatez con la que se debía en búsqueda de la restitución de los derechos fundamentales denunciados como transgredidos, ello en relación al Auto de Vista de 10 de diciembre de 2020 y al Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021. Además de ello, no expuso cómo el Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2023, vulneró sus derechos fundamentales, ni tampoco los identificó, a través del respectivo nexo de causalidad, vinculado ello, asimismo con el petitorio; lo cual no fue superado tampoco en la audiencia de garantías. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, con la precisión de no haber ingresado al estudio de fondo del caso en cuestión, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-047/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 182 a 186 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0917_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc2f014e272b3956e23dc4e1d403307023a26c5dc0d8dc31d6c202873249aace
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