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SCP 0916/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de junio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
72182-2025-145-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad; a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la propiedad; y, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; argumentando que, en la sustanciación de la medida cautelar de prohibición de innovar sobre once de sus propiedades inmuebles interpuesta por sus hijos -terceros interesados-, la Juez de la causa –demandada- acogió favorablemente dicha solicitud a través de un Auto interlocutorio con las siguientes irregularidades: i) No se explicaron las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión asumida, pese a que la medida cautelar tiene una incidencia significativa sobre sus derechos; ii) No se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar y tampoco se hizo un análisis respecto a la urgencia y necesidad de la medida cautelar de no innovar; y, iii) No se examinó la concurrencia de los presupuestos relativos a la verisimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad de la medida y la necesidad de su adopción inmediata, omitiéndose además considerar su condición de persona adulta mayor.

En virtud de lo anterior, solicita se conceda la tutela y, se ordene la nulidad del Auto Interlocutorio de 11 de diciembre de 2024, la cancelación de los gravámenes ordenados -prohibición de innovar-, o en su defecto, en caso de no haberse realizado las inscripciones de la medida cautelar, se ordene a los terceros interesados se abstengan de presentar las mismas.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 31 de diciembre de 2024, cursante de fs. 106 a 114 vta., pronunciada por la Jueza Público Mixto Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Pailón, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad por daño irreparable
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2026-S3 Sucre, 19 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 72182-2025-145-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 31 de diciembre de 2024, cursante de fs. 106 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Nancy Cortez de Terrazas contra Margarita Arteaga León, Jueza Publica Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del Departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2024, cursantes de fs. 72 a 81 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1 Hechos que motivan la acción

En la sustanciación de la medida cautelar tramitada dentro del proceso signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70547070, sus hijos Carlos Alberto y Jorge Antonio, ambos de apellidos Terrazas Cortez -hoy terceros interesados-, solicitaron la prohibición de innovar respecto de once bienes inmuebles de su propiedad. Dicha solicitud fue acogida por Margarita Arteaga León, Jueza Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del Departamento de Santa Cruz demandada, quien, mediante Auto Interlocutorio, 25/2024 de 11 de diciembre, ordenó la medida cautelar solicitada.

En ese sentido, la autoridad demandada, no le permitió conocer las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión a0sumida, pese a que la medida cautelar de prohibición de innovar sobre sus bienes, tenía una incidencia significativa sobre sus derechos; no verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar; no efectuó un análisis respecto a la urgencia y necesidad de la medida cautelar de no innovar; no se examinó la concurrencia de los presupuestos relativos a la verisimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad de la medida y la necesidad de su adopción inmediata, omitiéndose además considerar su condición de persona adulta mayor, careciendo dicha Resolución de respaldo normativo y de una explicación suficiente de las razones que justifican la determinación asumida.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denuncia lesión a sus derechos a la dignidad; a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la propiedad; y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, aplicando en su favor la excepcionalidad de la subsidiariedad, al pertenecer a un grupo vulnerable de protección reforzada -tercera edad-; citando al efecto, los arts. 21, 22, 56, 67, 68 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene la nulidad del Auto Interlocutorio 25/2024, la cancelación de los gravámenes ordenados -prohibición de innovar-, o en su defecto, en caso de no haberse realizado las inscripciones de la medida cautelar, se ordene a los terceros interesados se abstengan de presentar las mismas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 31 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 99 a 105 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Margarita Arteaga León, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del Departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su legal notificación de fs. 169 a 171 vta.; sin embargo, remitió el expediente que corresponde al caso NUREJ 70547070.

I.2.3. Informe del tercero interesado

Jorge Antonio Terrazas Cortez, través de su abogado, en audiencia de garantías solicitó que se deniegue la tutela; indicando que: a) No se acreditó la inexistencia de fundamentación ni de motivación en el Auto cuestionado, al haberse precisado en primer término, que, si bien la accionante era persona adulta mayor y gozaba de protección reforzada, dicha condición no la eximía del cumplimiento de las cargas argumentativas propias de toda acción constitucional, particularmente la obligación de explicar de manera concreta cómo se produjeron las vulneraciones denunciadas; b) Sí existió fundamentación, puesto que se invocó expresamente disposiciones del Código Procesal Civil que constituyó su marco normativo; y, sí existió motivación, en razón a que se expuso hechos, análisis de los antecedentes, referencia a los acuerdos suscritos entre las partes y consideración de los presupuestos de la medida precautoria, tales como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora; y, la discrepancia de la accionante con el razonamiento judicial no implica ausencia de motivación; c) La parte accionante no explicó de manera concreta cómo se vulneraron los derechos a la dignidad, a una vejez digna y a la propiedad, limitándose a efectuar citas jurisprudenciales sin establecer un nexo directo con la supuesta falta de motivación; y, d) La petición alternativa de ordenar directamente la cancelación de la medida precautoria resulta improcedente, dado que el juez constitucional no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria ni disponer medidas que excedieran el alcance de la tutela.

Carlos Alberto Terrazas Cortez, a través de su abogado, en audiencia de garantías solicitó que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo por su manifiesta improcedencia, manifestando lo siguiente: 1) En relación con la admisibilidad, la accionante tenía su domicilio real en la capital —del departamento de Santa Cruz—, zona Equipetrol, debió presentarse la acción tutelar ante la Sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia y no ante un juzgado de provincia, vulnerándose así las reglas de competencia previstas en los arts. 32 del CPCo y 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, evidenciando un indebido forzamiento de jurisdicción; 2) El Auto Interlocutorio 25/2024, notificado el 16 de diciembre de 2024, era impugnable mediante recurso de reposición con alternativa de apelación conforme a los arts. 253 y 254 del Código Procesal Civil (CPC); sin embargo, la accionante no agotó dichos medios dentro del plazo legal y acudió directamente al amparo constitucional, desnaturalizando su carácter subsidiario; y, 3) No se acreditó objetivamente un daño irreparable que habilite la excepción a la subsidiariedad, pues las vulneraciones alegadas fueron genéricas.

1.2.4. Resolución

La Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14 de 31 de diciembre de 2024, cursante de fs. 106 a 114 vta., concedió la tutela solicitada; argumentando que: 1) Se acreditó la condición de mujer, de persona de la tercera edad y que la prohibición de innovar le produce un daño que no puede esperar la tramitación en la vía ordinaria; y, 2) La autoridad accionada -Juez Civil y Comercial vigésimo primera de la Capital del Departamento de Santa Cruz- no acreditó los presupuestos y requisitos procesales de admisibilidad, procedencia y aplicación de la medida cautelar dispuesta.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-0003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por memorial presentado el 06 de marzo de 2026 (fs. 187 y vta.), ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la accionante pidió adelanto de sorteo, por ser una persona adulta mayor; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 0196/2026-CA/S de 01 de abril, cursante de fs. 191 a 193 vta., dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

No obstante, cursa de fs. 194 a 196 el Voto Disidente al AC 0196/2026-CA/S de 01 de abril, a través del cual el Magistrado correlator de la Comisión de Admisión, fundamentó su oposición a la solicitud de adelanto de sorteo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial de demanda de Medidas Cautelares, presentado el 9 de diciembre de 2024 por Jorge Antonio Terrazas Cortez y Carlos Alberto Terrazas Cortez, contra Nancy Cortez de Terrazas y Jean Carla Terrazas Cortez, caso NUREJ 70547070, a través del cual los demandantes -ahora terceros interesados- solicitan la prohibición de innovar, sobre once propiedades inmuebles registrados a nombre de la Sra. Nancy Cortez de Terrazas -ahora accionante-, proceso que fue sustanciado ante el Juzgado Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del Departamento de Santa Cruz (fs. 60 a 64).

II.2. Consta el Auto Interlocutorio de 11 de diciembre de 2024, emitido por Margarita Arteaga León, Jueza Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del Departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, a través del cual ordena la medida cautelar de prohibición de innovar sobre las once propiedades inmuebles, bajo responsabilidad de la parte solicitante (fs. 65 a 66).

II.3. Se tiene certificado de registro domiciliario, emitido por la Policía Boliviana de Pailón en favor de la accionante, realizado el 19 de diciembre de 2024, adjunto croquis de ubicación, muestrario fotográfico y cedula de identidad (fs. 67 a 71).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad; a no sufrir maltrato, abandono, violencia y discriminación; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la propiedad; y, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; argumentando que, en la sustanciación de la medida cautelar de prohibición de innovar sobre once de sus propiedades inmuebles interpuesta por sus hijos -terceros interesados-, la Juez de la causa –demandada- acogió favorablemente dicha solicitud a través de un Auto interlocutorio con las siguientes irregularidades: i) No se explicaron las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión asumida, pese a que la medida cautelar tiene una incidencia significativa sobre sus derechos; ii) No se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar y tampoco se hizo un análisis respecto a la urgencia y necesidad de la medida cautelar de no innovar; y, iii) No se examinó la concurrencia de los presupuestos relativos a la verisimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad de la medida y la necesidad de su adopción inmediata, omitiéndose además considerar su condición de persona adulta mayor.

En virtud de lo anterior, solicita se conceda la tutela y, se ordene la nulidad del Auto Interlocutorio de 11 de diciembre de 2024, la cancelación de los gravámenes ordenados -prohibición de innovar-, o en su defecto, en caso de no haberse realizado las inscripciones de la medida cautelar, se ordene a los terceros interesados se abstengan de presentar las mismas.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras).

En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:

I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas).

Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.

Esta sistematización ha sido extraída de la SCP 0168/2018-S2 de 14 de mayo

III.2. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad por daño irreparable

La SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, citando a la SC 1191/2010-R de 6 de diciembre, señaló que: «“En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la ‘concordancia práctica’, en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio.

Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables”».

Entendimiento establecido en la SCP 0156/2023-RCA de 10 de octubre.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene el memorial de demanda de Medidas Cautelares, presentado el 9 de diciembre de 2024, por Jorge Antonio Terrazas Cortez y Carlos Alberto Terrazas Cortez, contra Nancy Cortez de Terrazas y Jean Carla Terrazas Cortez, caso NUREJ 70547070, a través del cual los demandantes -ahora terceros interesados- solicitan la prohibición de innovar, sobre 11 propiedades inmuebles registrados a nombre de la Sra. Nancy Cortez de Terrazas -ahora accionante-, proceso que fue sustanciado ante el Juzgado Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del Departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1).

Asimismo, consta el Auto Interlocutorio de 11 de diciembre de 2024, emitido por Margarita Arteaga León, Juez Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del Departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, a través del cual ordena la medida cautelar de prohibición de innovar sobre las once propiedades inmuebles, bajo responsabilidad de la parte solicitante (conclusión II.2).

Ahora bien, la accionante denuncia que, para la emisión de dicha determinación no se explicaron las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión asumida, pese a que la medida cautelar tiene una incidencia significativa sobre sus derechos; tampoco se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar y no se realizó un análisis respecto a la urgencia y necesidad de la medida cautelar de no innovar; y, no se examinó la concurrencia de los presupuestos relativos a la verisimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad de la medida y la necesidad de su adopción inmediata, omitiéndose además considerar su condición de persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable de atención prioritaria.

Ahora bien, con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática de fondo, habiéndose solicitado por parte de la accionante la aplicación de la excepción del principio de subsidiariedad en su favor, dada su condición de persona adulta mayor, corresponde a este Tribunal verificar si concurren las mismas con relación a la accionante.

Al efecto, conforme se tiene de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional tiene carácter estrictamente subsidiario; por lo que, no procede cuando existen medios o recursos legales idóneos que no se interponen, que se plantean de manera incorrecta o que no se agotan. Excepcionalmente, esta acción tutelar solo es viable cuando la parte accionante acredita de forma objetiva la inminencia de un daño grave e irreparable que no pueda ser reparado ulteriormente, no siendo suficiente su mera invocación.

En el caso en análisis, conforme precisó la propia accionante y así también lo hicieron los terceros interesados, una vez presentada la solicitud de medida cautelar, esta fue resuelta mediante Auto Interlocutorio. Acto seguido, la decisión fue puesta en conocimiento de la parte contra quien se interpuso la medida cautelar -hoy accionante-, a los efectos del art. 315.II del CPC, es decir, su notificación dentro de tres días desde la ejecución de la medida.

Dicha determinación, que a criterio de la impetrante de tutela constituye el acto lesivo que vulnera sus derechos que denuncia como vulnerados, motivó la interposición de la presente acción de defensa, solicitando la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad, debido a su condición de persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable.

En este contexto, es necesario remitirnos al contenido del Código Procesal Constitucional, que, respecto a las medidas cautelares, establece lo siguiente:

“Artículo 321°.- (Modificación) .

(…).

II. El deudor podrá solicitar el cambio de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantizare suficientemente el derecho del acreedor. De la misma manera, podrá pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida cautelar hubiere sido dispuesta, siempre que corresponda.

(…).

Artículo 322°.- (Recurso) . La resolución que admitiere o denegare una medida cautelar u ordenare su sustitución o modificación por otra, podrá ser impugnada por vía de apelación en efecto devolutivo”.

De las previsiones legales transcritas, claramente se puede inferir, que la hoy impetrante de tutela, una vez notificada con el Auto Interlocutorio que ordenó la medida cautelar -bajo responsabilidad de la parte solicitante- de prohibición de innovar sus bienes inmuebles, contaba con dos alterativas para la tutela efectiva de sus derechos de considerarlos lesionados: a) Solicitar la modificación de la medida; y, b) Interponer recurso de apelación en el efecto devolutivo.

De una revisión de actuados, la parte accionante no agotó ninguno de los mecanismos procesales descritos, procediendo directamente a formular la acción de amparo constitucional de manera sin observar el principio de subsidiariedad que rige las acciones de amparo constitucional, conforme prevén los arts. 129.I de la CPE y 54.I del CPCo.

Al respecto, si bien la impetrante de tutela invocó la excepcionalidad del mencionado principio, alegando su condición de persona de la tercera edad; sin embargo, la pertenencia a este grupo -considerado de atención prioritaria- no flexibiliza por sí sola el principio de subsidiariedad, debiendo tomarse en cuenta que dicha excepción requiere presupuestos para su aplicación, caso contrario dejaría de ser excepcional para convertirse en la regla para dichos sectores, que si bien merecen protección reforzada, deben cumplir con los parámetros delimitados por este Tribunal.

En ese contexto, conforme se tiene de los antecedentes de la presente causa, la impetrante de tutela sustenta su pretensión en su condición de persona de la tercera edad; no obstante, no aporta elemento idóneo alguno, que permita sostener de manera concisa que, de acudir a los medios intraprocesales establecidos ut supra, para lograr la modificación o en definitiva para impugnar el acto denunciado como lesivo -medida cautelar de prohibición de innovar-, la protección ahora solicitada sería tardía; o, en su caso que, de no concederse la tutela que solicita, existe la inminencia de un daño irremediable e irreparable, conforme prevé el art. 54.II del CPCo.

Ello bajo el entendimiento de la propia característica temporal de la medida cautelar, a través de la cual la autoridad demandada, de manera expresa consigno los siguientes aspectos 1) “…se ordena la medida cautelar BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PARTE SOLICITANTE, en caso de daños que pueda provocar la medida precautoria, o si el derecho que aparece como verosímil no existiera o no llegara a consolidarse o cuando se lo haya pedido en exceso o abuso… (sic); 2) …la medida cautelar es decretada a instancia de parte y bajo responsabilidad de la parte solicitante. (sic); y, 3) …se advierte a la parte solicitante, de conformidad al art. 310-II) del Código Procesal Civil, dentro del término de 30 días formalice su demanda principal, bajo prevenciones que se disponga la caducidad y el levantamiento de las medidas cautelares” (sic).

En consecuencia, al haberse advertido que la impetrante de tutela, no acreditó de forma objetiva la inminencia de un daño grave e irreparable que no pueda ser reparado ulteriormente, incumpliendo con la excepción a la regla de la subsidiariedad, corresponde denegar la tutela, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática.

Otras consideraciones

Sobre el cuestionamiento de los terceros interesados respecto a que, la accionante tenía su domicilio real en la capital -del departamento de Santa Cruz-, zona Equipetrol, y que por ello debió presentarse la acción tutelar ante la Sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia y no ante un juzgado de provincia, vulnerándose así las reglas de competencia previstas en los arts. 32 del CPCo y 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, evidenciando un indebido forzamiento de jurisdicción.

Se tiene certificado de registro domiciliario, emitido por la Policía Boliviana de Pailón en favor de la accionante, realizado el 19 de diciembre de 2024, adjunto croquis de ubicación, muestrario fotográfico y cedula de identidad (conclusión II.3), de ahí que no se advierte inobservancia alguna a las previsiones de los arts. 32 del CPCo y 3 de la Ley 1104.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 31 de diciembre de 2024, cursante de fs. 106 a 114 vta., pronunciada por la Jueza Público Mixto Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Pailón, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0916_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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