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SCP 0916/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54237-2023-109-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la libertad personal y de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y lesiones graves y leves: a) La Fiscal de Materia codemandada emitió imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, sin contar con elemento probatorio que acredite derecho propietario o de posesión de la supuesta víctima sobre el predio presuntamente avasallado; b) La Jueza codemandada dispuso su detención domiciliaria a través del Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, con base al presupuesto procesal contenido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 192 a 201 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, por los motivos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la carga de la prueba en acción de libertad -reconstrucción de la línea jurisprudencial-
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2025-S2 Sucre, 19 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54237-2023-109-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 01/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 192 a 201 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Viviana Navi Ayala contra Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Sena del mismo departamento; y, Jhilma Jhoara Mora Barroso, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 161 a 164 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 25 de noviembre de 2022 fue citada para prestar su declaración informativa y, el 28 del mismo mes y año, cuando se disponía a prestar dicha declaración, Jhilma Jhoara Mora Barroso, Fiscal de Materia -hoy codemandada- le informó que también declararía por el delito de avasallamiento. Posteriormente, el 5 de diciembre de ese año, se emitió imputación formal en su contra por ambos delitos, en la cual se solicitó su detención preventiva. El 10 de enero de 2023, Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Sena del departamento de Pando

-ahora codemandada-, dispuso su detención domiciliaria, estableciendo que existían suficientes elementos de convicción de su posible autoría, sin contar con ningún elemento probatorio, más que un plano a mano alzada presentado por la supuesta víctima, el cual acreditaría presuntamente su derecho propietario; por ello, presentó recurso de apelación incidental contra esa decisión, el cual fue resuelto por Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -demandado-, quien revocó la decisión de la Juez a quo y determinó arbitrariamente su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Villa Busch del mismo departamento, bajo el argumento de que la víctima tiene derecho al ejercicio y disfrute de un derecho expectaticio, en tanto el Estado defina la situación de las concesiones forestales no maderables en las barraqueras. De esa manera se la está procesando indebida e ilegalmente, pues el Vocal demandado estableció de manera ilegal y arbitraria la concurrencia del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando no existe un solo elemento de prueba que acredite derecho propietario o de posesión de la supuesta víctima, el cual es un elemento constitutivo del tipo penal de avasallamiento.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal y de locomoción; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, el cese de su procesamiento ilegal o indebido y que los demandados reconduzcan sus actos conforme la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual pública virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 188 a 191, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y ampliando su petitorio solicitó que el proceso penal sea remitido ante el Juez agroambiental, al estar ante un conflicto de un supuesto derecho expectaticio respecto de tierras fiscales no disponibles.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante informe escrito cursante de fs. 186 a 187 vta., señaló que: a) Mediante Auto de Vista el 30 de enero de 2023, se revocó el Auto Interlocutorio de 10 de igual mes y año, emitido por la Juez a quo, disponiendo la detención preventiva de la accionante entre otros por noventa días; b) Los fundamentos de la resolución abordan un tema histórico, legal y fáctico que conlleva el tratamiento de los barraqueros en el Norte Amazónico y donde la presunta víctima Janneth Vargas Jiménez pudo acreditar con indicios, que tiene tierra saneada y un derecho expectaticio; y, c) Se ha velado por el debido proceso con base en las pretensiones de las partes, considerando que este Tribunal de garantías no puede revalorizar el art. 233.1 del CPP, que está en plena investigación por el Ministerio Público. Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Sena del departamento de Pando, por informe escrito -sin rúbrica y pie de firma- cursante a fs. 182 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que la impetrante de tutela no refiere de qué forma o manera se ha lesionado el debido proceso. Jhilma Jhoara Mora Barroso, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante de fs. 180 a 181 vta. -sin pie de firma-, solicitó se deniegue la tutela solicitada, expresando que: 1) El hecho investigado data del 14 de noviembre de 2022, cuando la supuesta víctima Janneth Vargas Jiménez se encontraba acampando en el centro “El Chorro” con cuarenta zafreros, y llegó un contingente de cincuenta personas armadas a la cabeza de la peticionante de tutela y otros, refiriendo que se encontraban en tierras certificadas y que contaban con permiso de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), habiéndola agredido físicamente; 2) Se tiene una certificación emitida por el INRA sobre el predio objeto de la investigación a favor de Janneth Vargas Jiménez; 3) La accionante pretende dejar en la impunidad -estos hechos- a través de la presente acción de libertad; y, 4) El art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indica que en las acciones de libertad y de amparo constitucional, debe necesariamente presentarse la prueba correspondiente que demuestre las presuntas ilegalidades que se cometieron.

I.2.3. Informe de la tercera interesada

Janneth Vargas Jiménez, a través de su abogado, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, manifestando que las tres personas procesadas tienen doble detención preventiva, por cuanto, a los dieciocho días del avasallamiento, victimaron a una persona.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 192 a 201 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) El reclamo de la accionante no se encuentra directamente vinculado con su derecho a la libertad, es decir, no concurren en el caso los dos presupuestos de procedencia de tutela del debido proceso vía acción de libertad; ii) Dentro de la causa penal, la impetrante de tutela hizo prevalecer su derecho a la defensa técnica desde el momento que fue convocada a prestar su declaración informativa e incluso cuando se dispuso su detención domiciliaria, pues planteó los recursos pertinentes; iii) El Vocal demandado enmarcó su decisión a lo previsto en la normativa procesal penal y según los principios procesales de razonabilidad, objetividad e imparcialidad; iv) Los actos atribuidos a las autoridades demandadas se encuentran sujetos al despliegue procesal propio y bajo competencia de la Fiscal de Materia, de la Jueza a quo y del Tribunal de alzada; v) La restricción de la libertad de la peticionante de tutela ha sido determinada sin que se haya vulnerado derecho o garantía constitucional alguna; y, vi) La accionante pretende que este Tribunal se constituya en una instancia de alzada para ingresar a resolver la problemática de fondo del proceso penal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que no se acompañó ninguna documental relativa al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y lesiones graves y leves, del cual emerge esta acción, entre ellas, el Auto de Vista de 30 de enero de 2023, que en vía de apelación incidental revocó el Auto Interlocutorio de 10 de igual mes y año, disponiendo su detención preventiva.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la libertad personal y de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y lesiones graves y leves: a) La Fiscal de Materia codemandada emitió imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, sin contar con elemento probatorio que acredite derecho propietario o de posesión de la supuesta víctima sobre el predio presuntamente avasallado; b) La Jueza codemandada dispuso su detención domiciliaria a través del Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, con base al presupuesto procesal contenido en el art. 233.1 del CPP, sobre la probabilidad de autoría; y, c) El Vocal demandado, en conocimiento del recurso de apelación incidental que formuló, revocó la determinación de la Jueza a quo y, mediante de Auto de Vista de 30 de igual mes y año, dispuso su detención preventiva con base en el mismo presupuesto procesal sin ningún sustento probatorio. Ante ello, el Vocal demandado refiere que, respecto que los fundamentos del Auto de Vista que emitió abordan un tema histórico, legal y fáctico sobre la problemática de los barraqueros en el Norte Amazónico y que la supuesta víctima acreditó contar con tierra saneada y un derecho expectaticio sobre el predio presuntamente avasallado, habiéndose velado por el debido proceso. Por su parte, la Jueza codemandada manifiesta que la impetrante de tutela no refiere de qué forma o manera se lesionó el debido proceso. Finalmente, la Fiscal de Materia codemandada expresa que, sobre el predio de la presunta víctima -objeto de la investigación- se tiene una certificación emitida en su favor por el INRA, en la que, la peticionante de tutela pretende dejar en la impunidad dichos actos a través de la presente acción de libertad; asimismo, que conforme establece el art. 33.7 del CPCo, en las acciones de libertad y de amparo constitucional, debe necesariamente presentarse la prueba correspondiente que demuestre las presuntas ilegalidades que se cometieron. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la carga de la prueba en acción de libertad -reconstrucción de la línea jurisprudencial-

En relación con la carga de la prueba en acciones de libertad, este Tribunal estableció que el principio de informalismo que rige la acción de libertad -antes habeas corpus- no exime al accionante de acompañar la prueba suficiente y necesaria con el fin de acreditar los hechos en los que basa su pretensión de tutela constitucional, habiéndose emitido los siguientes fallos:

Así, a través de la SC 0614/2003-R de 8 de mayo, señaló que: “…el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” (las negrillas son añadidas). Este entendimiento fue reiterado por las SSCC 0011/2010-R, 0367/2011-R, 0530/2011-R, entre muchas otras; así también, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, reiteró dicho tenor, aunque sin una cita expresa del señalado entendimiento, y a su vez fue igualmente reiterado por las SSCC 0009/2005-R, 0672/2006-R, 0998/2006-R, 1224/2006-R, 0027/2007-R, 0129/2007-R, 0362/2007-R, 0066/2010-R, entre muchas otras. Siguiendo la misma lógica, la SC 0053/2010-R de 27 de abril, sostuvo que el Juez o Tribunal de habeas corpus -hoy acción de libertad-, “…para valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia” (resaltado añadido). Este entendimiento fue reiterado por las SSCC 0011/2010-R, 2152/2010-R, 0367/2011-R, 0530/2011-R, entre muchas otras.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, recogió este entendimiento a través de la SCP 0474/2012 de 4 de julio, por el cual, reiterando lo señalado en la SC 0053/2010-R, refirió que: “Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente…” (énfasis agregado). Esta jurisprudencia fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2099/2012, 2170/2012, 2369/2012, 1028/2013, 1136/2013, 1031/2014, 0198/2015-S2, 0428/2015-S2, 0620/2016-S1, 0059/2017-S1, 0487/2018-S3, 0525/2020-S2, 0669/2020-S4, 0356/2021-S4, 0879/2022-S4, 1111/2022-S4, 0029/2023-S2, 0196/2025-S4, entre muchas otras.

Sin embargo, de manera paralela, estableció la posibilidad de inversión de la carga probatoria en acciones de libertad a través de la siguiente línea jurisprudencial: La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, sostuvo que: “…si bien es cierto que este Tribunal ha establecido que, al interponer un recurso de hábeas corpus, el recurrente está obligado a presentar la prueba respectiva para demostrar la lesión a su derecho a la libertad física cuya restricción denuncia, no es menos cierto que a esa regla se impone la excepción para aquellos supuestos en los que, dada la naturaleza de la restricción y las circunstancias en las que se produce, el recurrente está en la imposibilidad de obtener dichos medios probatorios (…) La excepción referida se aplica cuando el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (énfasis agregado). Y más adelante refirió que este entendimiento ya fue asumido a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 1313/2003-R de 8 de septiembre. Este entendimiento jurisprudencial que estableció la excepción a la línea por la cual se determinó la exigencia de acompañamiento de prueba, fue confirmada por las SSCC 1612/2005-R, 0179/2007-R, 0245/2007-R, 0710/2007-R, 0785/2010-R, 0478/2011-R, entre muchas otras. Más adelante, mediante la SC 0478/2011-R de 18 de abril, la excepción se tradujo en una presunción de veracidad de los hechos y actos reclamados por el accionante cuando el demandado es un funcionario público, en atención principalmente a la naturaleza y fines de la función pública, entendimiento que fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1512/2012 de 24 de septiembre, que estableció que el entonces vigente art. 68.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) referido a la carga de la prueba “…lleva implícito el principio de inversión de la prueba cuando la prueba que acredite o desvirtúe los hechos denunciados se encuentre en poder del sujeto pasivo de la acción de libertad máxime si este es un servidor público y por tanto cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos y no lo hace pese a su legal citación con la demanda de acción de libertad” (las negrillas corresponden al texto original). Este fallo fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, 2084/2012, 2300/2012, 650/2013, 1344/2013, 0825/2014, 0635/2015-S3, 0829/2015-S3, 0217/2017-S1, 0662/2017-S2, 0022/2018-S4, 0539/2018-S4, 0629/2020-S3, 0425/2023-S2, 0829/2023-S2, entre muchas otras. Esta línea fue complementada a través de la SCP 0087/2012 de 19 de abril, que, en relación con la gestión de la prueba, evocando los principios de informalismo, verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, además del principio de inmediación, estableció: “…por el principio de inmediación y la posibilidad de los jueces y tribunales de garantía de acudir a los centros de detención, el deber de diligencia que deben tener en la recolección de elementos probatorios resulta mucho más intenso que la del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por el transcurso del tiempo únicamente puede requerir prueba indispensable para la resolución de un caso en el marco de la facultad conferida por el art. 41 de la LTCP, pese a ello, corresponde aclarar que el deber de diligencia de los jueces y tribunales de acciones de libertad debe desarrollarse en el marco de su naturaleza, es decir, que al no constituirse la esta acción en un proceso de conocimiento carece de etapa probatoria y debe regirse necesariamente por la celeridad” (resaltado añadido); sin embargo, estableció que: “…dicho deber de diligencia no excluye la posibilidad de que la parte accionante aporte elementos de convicción que le permitan obtener una resolución favorable”, y menos la obligación de la autoridad demandada que por su condición de servidor público “…no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones” (el énfasis y subrayado fueron añadidos). La SCP 0474/2012 de 4 de julio, a pesar de citar la SCP 0087/2012, en lo pertinente, sostuvo que: “…tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad…” (negrillas agregadas). Y dicha SCP 0474/2012, fue reiterada para denegar la tutela constitucional por falta de prueba en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2369/2012, 0428/2015-S1, 0878/2015-S1, 0682/2016-S1, 1022/2016-S1, entre muchas otras.

Luego, mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0037/2018-S2 y 0039/2018-S2, ambas de 6 de marzo, citando los fallos aquí expuestos precedentemente, estableció que: “En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por ley; en su defecto, se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia” (las negrillas son añadidas).

Por otra parte, la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, aludiendo las excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, así como el principio de presunción de veracidad, concluyó igualmente que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (énfasis agregado). Este fallo fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0500/2018-S2, 1082/2019-S2, 0269/2020-S1, 0557/2020-S1, 1215/2022-S1, 0067/2025-S1, 0099/2025-S3, 0224/2025-S3, 0654/2025-S1, entre muchas otras, de lo que se concluye que la presentación de la prueba necesaria para dar lugar a la concesión de una tutela corresponde a la parte accionante, salvo que acredite imposibilidad o haya solicitado que la misma sea presentado por la parte demandada, conforme establece el art. 33.7 del CPCo., no siendo obligatorio sino potestativo del Tribunal Constitucional Plurinacional solicitar información complementaria, ni puede aplicar la presunción de veracidad sin elementos que den lugar a la misma. En este sentido, se tiene que la SCP 0250/2025-S2 de 21 de abril, estableció que: “…una presunción es una inferencia lógica que se realiza a partir de un hecho cierto para establecer otro hecho que no ha sido directamente demostrado. Por tanto, el hecho conocido es indispensable para que una presunción pueda operar, ya que constituye la base sobre la cual se realiza la deducción lógica; en consecuencia, una presunción no puede surgir de la mera especulación o suposiciones sin sustento”.

III.2. Análisis del caso concreto

Como se advierte de antecedentes y la identificación de la problemática planteada, la presente acción fue dirigida contra tres diferentes autoridades que conocieron el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora accionante, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, y avasallamiento, habiéndose denunciado lo siguiente con relación a: 1) La Fiscal de Materia codemandada lleva adelante la investigación penal y emitió imputación formal en su contra, en la cual solicitó su detención preventiva, misma que fue finalmente dispuesta por la instancia de alzada por el delito de avasallamiento, respecto del cual la accionante alega no existe elemento probatorio válido. Al respecto, esta Sala no puede ingresar a analizar el fondo de dicha problemática, en atención a que lo denunciado no es la causa directa de la privación de libertad de la peticionante de tutela, en el marco del entendimiento asumido en las SSCC 1865/2004-R de 1 de diciembre y 0619/2005-R de 7 de junio; razón por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de esta problemática. 2) Respecto de la Jueza de la causa codemandada, quien habría emitido el Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, que dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria contra la ahora impetrante de tutela, y que fue recurrido en apelación incidental, dando lugar al Auto de Vista de 30 del mismo mes y año, emitido por el Vocal demandado; en virtud a la subsidiariedad excepcional y la prohibición de activación de vías paralelas establecida por la reiterada y uniforme jurisprudencia constitucional (SC 0008/2010-R de 6 de abril), corresponde igualmente denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo, ya que contra dicho Auto Interlocutorio se interpuso apelación incidental, el cual, en el caso, fue precisamente resuelto en alzada, no pudiendo esta jurisdicción emitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo al haber sido sometido a revisión. 3) Finalmente, en lo que atañe al Auto de Vista de 30 de enero de 2023, emitido por el Vocal demandado, corresponde señalar que la accionante no acompañó dicho actuado procesal ni solicitó al Tribunal de garantías requiera el mismo a la instancia pertinente en caso de no contar con él mismo o no poder procurarse directamente dicha documental; por el contrario, se advierte que en todo momento se centró en cuestionar el fondo del proceso penal, habiendo adjuntado documental a ese efecto, buscando con ello, equivocadamente, que esta jurisdicción emita un pronunciamiento sobre el proceso penal y no así sobre su situación jurídica de detenida preventiva. Siendo necesario, en este punto, aclarar que es la resolución de medidas cautelares dispuesta en alzada, la causa directa e inmediata de su privación de libertad. En todo caso, siendo que, del relato fáctico presentado correspondía a esta jurisdicción analizar el Auto de Vista de 30 de enero de 2023, y que no se acompañó ni solicitó dicha documental, ni tampoco se manifestó algún indicio de imposibilidad de procurarse por sí misma dichos actuados, considerando que la impetrante de tutela se encuentra asistida por varios abogados, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 192 a 201 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, por los motivos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0916_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0ab69276d8e9430e9f9fc9b013cb320d2f6740735410dea17887d8f5582fcee6

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