Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hernán Verner Calle Laruta por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica en el que es víctima, solicitó a la Fiscal de Materia codemandada se efectivice la medida de protección de restitución de sus pertenencias y del domicilio conyugal, y pese a haber expuesto su pedido por escritos presentados el 1 y 20 de abril de 2022, la aludida autoridad fiscal requirió al funcionario policial codemandado informe y realice verificación sobre lo impetrado, sin que este haya acatado las repetidas instrucciones emitidas por la misma; por lo que, requirió al Juez demandado realice el control jurisdiccional respectivo; empero, hasta el momento de la presente acción tutelar no lo efectuó. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la Fiscal de Materia y el funcionario policial, ambos codemandados, por la dilación incurrida en el ejercicio de sus obligaciones, disponiendo que la aludida representante fiscal de forma inmediata a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional resuelva el pedido de medida de protección realizado por la accionante; salvo que por el tiempo transcurrido, la misma ya hubiese sido considerada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al Juez demandado, conforme los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2023-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47603-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 18/2022 de 5 mayo, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner y Saúl Villarpando Ballesteros en representación sin mandato de Ivón Soledad Chambi Mamani contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; Erica Marcelina Mamani Pilco; Fiscal de Materia; y, Álvaro Ali Limachi, funcionario policial.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 21 a 29, la accionante a través de sus representantes, expresó que:
Es víctima dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hernán Verner Calle Laruta, en la audiencia de consideración de medidas cautelares -no precisó la fecha- se dispuso la detención preventiva por tres meses del prenombrado; el 1 de abril de 2022, solicitó a la Fiscal de Materia codemandada -como medida de protección- la restitución de sus pertenencias y del domicilio conyugal para tener un lugar donde vivir; toda vez que, fue despojada del mismo, habiendo sido afectada también por la violencia económica que sufrió; sin embargo, el 4 de igual mes y año, la aludida autoridad fiscal, requirió al funcionario policial codemandado: “…ʽINFORME AL INVESTIGADOR AL CASO DEBIENDO EL MISMO VERIFICAR Y SEA EN UN PLAZO DE 24 HRS. PARA DISPONER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDEʼ…” (sic); reiterado el 19, 20 y 22 del mismo mes y año; órdenes que al no ser cumplidas, requirió control jurisdiccional al Juez de la causa, quien hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no atendió su solicitud, revictimizándola y continuando la cadena de violencia, olvidando los principios de celeridad y la prioridad a las víctimas de violencia pertenecientes a grupos vulnerables.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida y al debido proceso en su vertiente de celeridad, citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo la protección de sus derechos y de su vida otorgándole celeridad al proceso.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de mayo de 2022, conforme consta en acta cursante de fs. 69 y 71 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó y reitero los argumentos contenidos en la demanda tutelar presentada.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito de 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 67 a 68, manifestó que: a) La impetrante de tutela a efecto de interponer este mecanismo de defensa no agotó la subsidiariedad, ni la inmediatez; y, b) La aludida presentó memoriales -no precisó cuales- que fueron respondidos conminando al Ministerio Público y al Investigador asignado al caso para que informen en un plazo determinado; por tales razones, pidió se deniegue la tutela impetrada. Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia, expuso informe escrito el 5 de mayo de 2022, cursante a fs. 36 y vta. señalando que: 1) El 1 de abril de 2022, la impetrante de tutela presentó memorial solicitando la restitución de sus pertenencias y su hogar conyugal como medida de protección, que fue proveído el 4 del mismo mes y año, remitiéndose al Investigador asignado al caso el 19 del referido mes y año; ante la falta de respuesta el 22 de idéntico mes y año, se procedió a emitir conminatoria al nombrado para que informe en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, no existió respuesta alguna; por lo que, emitió, un requerimiento dirigido al Director de la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI); y, 2) De acuerdo al informe verbal presentado por el funcionario policial codemandado este hizo conocer que la víctima no contesta las llamadas telefónicas para coordinar las diligencias, llevándose adelante toda la investigación con base en el principio de objetividad. Álvaro Ali Limachi, funcionario Policial, en su calidad de Investigador asignado al caso, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela argumentando que: i) Cumplió con todas las diligencias preliminares en el caso concreto; el 9 de marzo de 2022, se notificó con las medidas de protección y el 14 del mismo mes y año, se procedió a tomar la declaración del imputado y realizar la posterior inspección; ii) El “día de ayer” recién se pudo notificar a la víctima para efectuar la entrevista respecto a las medidas de protección, remitiéndose todas las actuaciones ante las autoridades competentes para su procesamiento habiéndose cumplido con lo instruido por la Fiscal de Materia codemandada; y, iii) El teléfono celular de la víctima se encontraba apagado; por tal motivo, se le dejó un mensaje en la tarde que fue respondido en la noche, comentando que ese dispositivo móvil estaba en mal estado, razón que dificultó la comunicación con la misma y la realización de las diligencias encomendadas por la representante fiscal.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 72 a 74 vta., concedió la tutela impetrada, respecto al funcionario policial, al no haber cumplido con la conminatoria dispuesta por la Fiscal de Materia codemandada; y, denegó con relación a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento; y, Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal Materia; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El 1 de abril de 2022, la accionante solicitó a la aludida representante fiscal que active la medida de protección restituyéndola a su domicilio; solicitud respondida el 4 de idéntico mes y año; en sentido de que: “…ʽinforme el investigador asignado al caso y al no contar con el informe requerido de fecha 19, 20 y 22 de abril de 2022ʼ…” (sic); la mentada autoridad requirió y conminó a remitir el informe en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, el nombrado funcionario policial hizo caso omiso a dicha conminatoria, habiendo acudido ante el Juez demandado, quien pidió informe a la autoridad fiscal y al Investigador asignado al caso; b) En torno a lo señalado por las SSCC 0900/2010-R de 10 de agosto y 1739/2011-R de 7 de noviembre, el principio de celeridad procesal impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, advirtiéndose en el presente caso que Álvaro Ali Limachi, Investigador asignado al caso no cumplió con la remisión del informe de medidas de protección de restitución a su domicilio de la víctima, informe que fue solicitado por la Fiscal de Materia y el Juez demandados; c) Del informe expuesto por la representante fiscal se establece que dio respuesta a la solicitud de la impetrante de tutela, quien pidió la restitución a su domicilio y la entrega de las pertenecías que retuvo su agresor, habiendo conminado al Investigador asignado al caso para que informe sobre las medidas de protección y el mencionado pedido, quien “hasta la fecha” no emitió el informe requerido por la aludida; y, d) En el presente caso, la representante fiscal y el Juez demandados, respondieron mediante decretos a los memoriales presentados por la peticionante de tutela y fue el citado funcionario policial quien no presentó el informe requerido por las aludidas autoridades, lo que, motivó que la Fiscal de Materia remitió queja al Director de la DIDIPI, contra el Investigador asignado al caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), solicitando sea separado de este caso.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por informe social de 15 de marzo de 2022, la Trabajadora Social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sugirió la implementación de medidas de seguridad en resguardo de la integridad de la víctima (fs. 45 a 47 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 1 de abril de 2022, el impetrante de tutela solicitó la restitución de pertenencias y del domicilio conyugal como medida de protección, mereciendo el proveído de 4 del mismo mes y año, por el cual, la Fiscal de Materia demandada pidió informe al investigador asignado al caso para disponer lo que en ley corresponda (fs. 12 a 16). II.3. Mediante requerimiento fiscal de 19 de abril de 2022, la Fiscal de Materia ahora demandada solicitó al Investigador asignado al caso codemandado el informe dispuesto por proveído de 4 de igual mes y año, en el plazo de veinticuatro horas, siendo conminado dicho funcionario policial el 22 de igual mes y año, a cumplir con lo requerido en el mismo plazo (fs. 17 a 19). II.4. Por memorial desplegado el 26 de abril de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante solicitó control jurisdiccional, mereciendo el decreto de 27 de idéntico mes y año, otorgando al Ministerio Púbico y al Investigador asignado al caso cuarenta y ocho horas para presentar un informe (fs. 58 a 63). II.5. Consta requerimiento fiscal de 5 de mayo de 2022, dirigido al Director del DIDIPI haciendo conocer el incumplimiento en el cual incurrió el referido Investigador asignado al caso para que se tomen las acciones correspondientes (fs. 53 y vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hernán Verner Calle Laruta por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica en el que es víctima, solicitó a la Fiscal de Materia codemandada se efectivice la medida de protección de restitución de sus pertenencias y del domicilio conyugal, y pese a haber expuesto su pedido por escritos presentados el 1 y 20 de abril de 2022, la aludida autoridad fiscal requirió al funcionario policial codemandado informe y realice verificación sobre lo impetrado, sin que este haya acatado las repetidas instrucciones emitidas por la misma; por lo que, requirió al Juez demandado realice el control jurisdiccional respectivo; empero, hasta el momento de la presente acción tutelar no lo efectuó. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: «Dichas medidas son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia del Estado, toda vez que se constituyen en muchas ocasiones en el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente sobre el derecho a la vida. Cuando una mujer obtiene una orden de protección, los Estados conocen que existe un riesgo de sufrir daños por causa de la violencia. Si el Estado no hace una protección efectiva con una actuación inmediata, entonces es responsable internacionalmente y transgrede el derecho a la protección judicial. La falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección frente a la violencia contra las mujeres, se debe a la ausencia de coordinación entre el Ministerio Publico, Órgano Judicial y la Policía; lo que genera desconfianza en las víctimas. La violencia doméstica es un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres, al constituir estas la mayoría de las víctimas; por tanto, es en este tipo de hechos que las órdenes de protección son imprescindibles para asegurar el derecho a la vida, que se vería afectado si la medida de protección resulta ineficaz; consiguientemente, no es suficiente su emisión, sino debe efectivizarse su ejecución. La SCP 0223/2020-S4 de 23 de julio, al referirse a las medidas de protección sostuvo que: “La mencionada Ley 348, en su art. 2 señala que tiene como objeto y finalidad: ‘…establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien’. Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’. Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala: ‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’. En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor. De la normativa glosada, se puede establecer que las medidas de protección se constituyen en mecanismos especiales que tienen como finalidad otorgar un resguardo de la integridad y seguridad o la de su entorno familiar de las personas que se encuentran en situación de peligro, ante las amenazas de su agresor y que su aplicación será impuesta según el delito investigado, además de que su cumplimiento debe ser inmediata”» (las negrillas y el subrayado fueron añadidas).
Dentro del proceso penal en el que la accionante es víctima, la Trabajadora Social del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió informe social de 15 de marzo de 2022, alegando como sugerencia que “…Velando la integridad física de la usuaria y por encontrarse en situación riesgo, en su condición de Mujer, por las presuntas violencias, se sugiere señalar las medidas de protección necesarias y correspondientes” (sic [Conclusión II.1]); mediante escrito presentado el 1 de abril de igual año, a la Fiscal de Materia codemandada, la impetrante de tutela solicitó restitución de pertenencias y del domicilio conyugal como medida de protección, que mereció decreto de 4 de similar mes y año, disponiendo que el funcionario policial codemandado informe y verifique en el término de veinticuatro horas (Conclusión II.2); a través de requerimiento fiscal de 19 del mencionado mes y año, la prenombrada ordenó “…QUE EL INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO, INFORME SOBRE EL DECRETO EMITIDO EN FECHA 04 DE ABRIL POR LA FISCAL SUSCRITA DEBIENDO EN EL MISMO VERIFICAR Y SEA EN EL PLAZO DE 24 HORAS PARA DISPONER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA” (sic); asimismo, a través de la Conminatoria fiscal de 22 del señalado mes y año, ordenó al prenombrado acate el indicado requerimiento (Conclusión II.3); la peticionante de tutela por memorial interpuesto el 26 de abril de 2022, pidió al Juez demandado “…CONTROL JURISDICCIONAL…” (sic); que fue decretado el 27 de igual mes y año, otorgándole a los codemandados el término de cuarenta y ocho horas para que presenten informe al respecto (Conclusión II.4); por intermedio del requerimiento fiscal de 5 de mayo de 2022, la Fiscal de Materia codemandada puso a conocimiento del Director de la DIDIPI el incumplimiento de la instrucción al Investigador asignado al caso -codemandado- (Conclusión II.5). En el caso que nos ocupa, la solicitante de tutela alega la vulneración de los derechos expuestos en la presente acción de defensa; debido a que, al haberse dispuesto la detención preventiva por tres meses de su agresor quien la hubiera sacado de su domicilio conyugal; a través de los escritos de 1 y 20 de abril de 2022, presentados ante la Fiscal de Materia codemandada, solicitó la restitución de pertenencias y del domicilio conyugal como medida de protección; sin embargo, la aludida no atendió su pedido de forma inmediata; puesto que, al funcionario policial codemandado requirió informe y verificación, que al no ser acatado emitió requerimientos fiscales con el fin de que cumpla el mismo, sin lograr su fin; además, por escrito presentado el 26 del señalado mes y año, pidió al Juez demandado ejerza el control jurisdiccional del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hernán Verner Calle Laruta por la presunta comisión del ilícito de violencia familiar o doméstica. Bajo el entendido de que las medidas de protección en casos del citado delito tienen el fin de paralizar la misma, resguardando la vida de la mujer, en caso de que la justiciable acuda a la vía constitucional cuando las medidas de protección no hubieran sido dispuestas de manera inmediata o que no fueron efectivizadas resulta permisible su estudio a través de este mecanismo procesal, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; en razón a que, estas salvaguardan la vida, la integridad física, psicológica y sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes; sobre el mismo tema la SCP 0443/2023-S2, en el análisis del caso concreto, precisó que: “…la[s] medidas de protección no hubieren sido dispuestas de forma oportuna y que una vez establecidas no se garantizó su cumplimiento, corresponde señalar que dicha denuncia puede ser analizada a través de la acción de libertad”; lo que, permite ingresar al análisis de la problemática planteada. Respecto a la Fiscal de Materia codemandada, en el caso de autos consta que la solicitante de tutela, mediante escrito presentado el 1 de abril de 2022, ante dicha autoridad fiscal, pidió como medida de protección se la restituya a su domicilio conyugal junto a todas sus pertenencias, solicitud que fue reiterada por medio del escrito expuesto el 20 de igual mes y año, los cuales merecieron decreto de 4 y 21 de similar mes y año, ordenando al funcionario policial codemandado informe y verifique al respecto; es decir, que no resolvió de forma inmediata lo impetrado por la accionante, hecho que fue aceptado conforme se tiene del informe lecturado en audiencia de garantías en la que manifestó: “…la denunciante Sra. Ivon Soledad Chambi Mamani solicito la restitución de pertenencias y del domicilio conyugal como medida de protección, por lo que la Suscrita Fiscal emitió proveído en fecha 04 de abril, de 2022 debiendo informar el investigador al caso debiendo el mismo verificar y sea en el plazo de 24 horas para disponer lo que en derecho corresponda, por lo que en fecha 19 de abril se emitió requerimiento fiscal al investigador asignado al caso Sgto. Álvaro Ali Limachi, a objeto de que informe sobre el proveído, emitido por la Suscrita y sea en el plazo de 24 horas, al no tener respuesta por parte del investigador en fecha 22 de abril de 2022 se emitió Conminatoria al mismo, sin embargo hasta la fecha no se tuvo respuesta…” (el resaltado es nuestro). De lo que se puede evidenciar que la representante fiscal demandada condicionó la otorgación de la medida de protección pedida por la accionante, a un informe de parte del funcionario policial codemandado, desconociendo de esta manera que las medidas de protección son preventivas que garantizan la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la implicancia son de atención inmediata; debido a que, tienen el fin de impedir la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al presunto agresor; más aún, cuando la solicitud de la medida de restitución al domicilio conyugal y sus pertenencias fue a pedido de la víctima -solicitante de tutela- y el Ministerio Público se encuentra facultado para adoptar medidas pertinentes y pedir su homologación ante el juez a cargo del proceso penal; caso contrario, el Estado Plurinacional de Bolivia podría ser responsable de la falta de protección a la víctima de violencia; en ese marco se debe considerar lo resuelto por la Sentencia de 8 de marzo de 2018, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas que señaló: “152. Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De este modo, ante un acto de violencia contra una mujer, sea cometida por un agente estatal o por un particular, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. 153. En este sentido, el Tribunal ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva”; por consiguiente, corresponde conceder la tutela requerida. Sobre el funcionario policial codemandado, de antecedentes se puede advertir que en el caso de autos la Fiscal de Materia codemandada, por decreto de 4 de abril de 2022, ordenó que el prenombrado en el término de veinticuatro horas informe y verifique respecto lo solicitado por la peticionante de tutela; a través del requerimiento fiscal de 19 de ese mes y año y providencia de 21 de igual mes y año, y la Conminatoria fiscal de 22 del citado mes y año, la autoridad fiscal codemandada reiteró informe sobre la señalada directriz; y, por requerimiento fiscal de 4 de mayo de similar año, al Director de la DIDIPI dio a conocer el incumplimiento de la orden dada; y que en consecuencia, se tomen las acciones que correspondan; es decir, que de forma repetitiva, al aludido codemandado se le pidió que cumpla con lo dispuesto por providencia de 4 de abril de 2022; por otra parte, en la audiencia de garantías -5 de mayo del referido año- el prenombrado indicó que “…se ha dado cumplimiento en el transcurso de la mañana con el decreto que ha emitido la representante del ministerio público de fecha 4 de abril…” (sic); lo que, permite evidenciar que dicho funcionario policial hizo caso omiso a lo determinado por la Fiscal de Materia codemandada y como investigador del caso, al no responder dentro del término otorgado, tomó una conducta reticente; cuando conforme la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en su art. 53.I establece que: “…Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como organismo especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y 1a familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas y privadas” (el resaltado es propio); por consiguiente, corresponde conceder la tutela al respecto. Con relación al Juez demandado, si bien la impetrante de tutela ante dicha autoridad presentó escrito el 26 de abril de 2022, con referencia “SOLICITA CONTROL JURISDICCIONAL” (sic); mereció decreto de 27 de abril de 2022, disponiendo se notifique al Ministerio Público y al investigador asignado al caso a efecto de que informen al respecto, no advirtiéndose que la accionante haya solicitado a la señala autoridad la restitución de pertenencias y de domicilio conyugal como medida de protección o que hayan sido expuestas para su homologación por la Fiscal de Materia codemandada; por ello, no se advierte que el Juez demandado no haya cumplido con el principio de protección en las causas por hechos de violencia contra las mujeres; puesto que, el art. 86.7 de la Ley 348 refiere: “…Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia”; ergo, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la Fiscal de Materia y el funcionario policial, ambos codemandados, por la dilación incurrida en el ejercicio de sus obligaciones, disponiendo que la aludida representante fiscal de forma inmediata a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional resuelva el pedido de medida de protección realizado por la accionante; salvo que por el tiempo transcurrido, la misma ya hubiese sido considerada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al Juez demandado, conforme los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0916_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1672575c2d2e9dedeccb5e80ca044cf53bf05a431e072f9a0503d539a2464f8a
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