B.IA.LEGAL

SCP 0914/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56462-2023-113-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud, así como el interés superior de los niños; ello en mérito a que viene desempeñando sus funciones como Secretaria Departamental de Administración de finanzas en el GAD de Beni, y que su hijo nació el mes de abril de 2022; por lo que, ante la falta de pago de los subsidios de lactancia que le corresponden por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, solicitó de manera verbal y escrita el pago de dichos subsidios, ya que su persona fue quien erogó los gastos de alimentación, tanto suya como de su hijo; sin que haya recibido respuesta alguna por parte de la autoridad demandada; por tal motivo, debido al retraso del referido pago, solicita que se le conceda la tutela impetrada, y se determine que ese pago del indicado subsidio de lactancia se desembolse en dinero, ya que por el tiempo pasado no corresponde que tal pago se realice en especie, en el monto de Bs8 000.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la indicada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores
  2. III.2. Derecho a la seguridad social y las asignaciones familiares
  3. III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados
  4. III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0914/2025-S3 Sucre, 12 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56462-2023-113-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 042/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimena Cayuba Ortiz contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de junio de 2023, cursante de fs. 16 a 21, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su relación laboral con el GAD de Beni, inició el 7 de mayo de 2021, lo que se comprueba con el Memorándum 098/2021; desempeñando funciones como Secretaria IV/Despacho, siendo posteriormente trasladada a la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, de acuerdo al Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E.SDDH-08/2023 de 3 de enero.

Durante ese periodo de tiempo, refiere que su hijo nació, el 11 de abril de 2022; por lo que, gestionó ante la Caja de Salud CORDES, el trámite del seguro de salud, y desde el mes de enero de 2023, solicitó de manera verbal y escrita el pago de sus subsidios de lactancia, sin recibir respuesta por parte del empleador, y al realizar la consulta a Recursos Humanos (RR.HH.) se le informó que no se tenía presupuesto para el pago de ese beneficio.

Refirió que fue su persona quien erogó los gastos de alimentación, tanto suya como de su hijo; siendo cuatro los meses de subsidios pendientes de pago, y corresponden a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, ascendiendo a la suma de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), solicitando su pago retroactivo en dinero, motivo por el cual interpone la presente acción tutelar contra el GAD de Beni, representado por el Gobernador, José Alejandro Unzueta Shiriqui, por la omisión en la entrega oportuna del referido beneficio, a favor de su hijo menor de edad; señaló que, el incumplimiento de la entidad demandada vulneró sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud, consagrados por los arts. 15, 18, 45 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el interés superior del niño, garantizado en los arts. 60 de la Norma Fundamental y 13 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).

Señaló que, el subsidio de lactancia constituye una prestación obligatoria establecida en el art. 25 del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987, y que su incumplimiento afecta directamente el desarrollo, bienestar y subsistencia del menor; por lo que resultaría inaceptable exigir el agotamiento previo de otras vías, por tratarse de derechos fundamentales protegidos por el bloque de constitucionalidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció como lesionados; sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud, así como el interés superior del niño, consagrados en los arts. 15,18,45,48 y 60 de la (CPE).

I.1.3. Petitorio

Se solicitó se conceda tutela impetrada, disponiendo la cancelación de las asignaciones familiares retroactivas en dinero, consistente en cuatro subsidios de lactancia.

I.2 Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su representante, ratificó en su integridad los términos de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte accionada

José Alejandro Unzueta Shiriqui, a través de informe escrito de 12 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 33 vta., manifestó que: a) Conforme el art. 4 inc. e) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida; el subsidio de lactancia consiste en la entrega de productos alimenticios inocuos y nutritivos de origen nacional, por un valor equivalente a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por mes, desde el nacimiento hasta el primer año de vida de la o del menor; se debe tomar en cuenta que, el art. 21 de dicha norma, en concordancia con el art. 20 de la Resolución Administrativa (RA) ASUSS 0101/2021, prohíbe expresamente a los empleadores otorgar el subsidio de lactancia en dinero; b) Solicitó se deniegue la tutela impetrada, en razón que no corresponde el pago en efectivo del subsidio; c) Pidió que no se impongan costas, daños ni perjuicios en su contra, invocando el art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley SAFCO 1178 de 20 de julio de 1990-; además de manifestar que, en caso de concederse la tutela, pidió que la entrega del subsidio se realice en especie y dentro del plazo de veinte días; y, d) En audiencia virtual, la autoridad accionada a través de su representante legal refierió que como es de conocimiento popular, la Asamblea Legislativa Plurinacional el año pasado no aprobó el presupuesto de la Gobernación; por lo tanto, el presupuesto se realizó en una bolsa común que el Ministerio de Economía y Finanzas lo asignó a una sola partida presupuestaria, por lo que han venido tropezando con el pago, pero se está realizando las actividades y acciones correspondientes para lograr regularizar esa situación. Freddy Machado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del GAD de Beni, por memorial presentado el 14 de junio de 2023, cursante a fs. 38 vta., se apersonó en este proceso y solicitó se deniegue la tutela impetrada y, en audiencia de garantías señaló que se adhería a los argumentos fundamentados por los representantes legales del Gobernador.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 042/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 42 a 44 vta., concedió la tutela solicitada; y en consecuencia, ordenó que la autoridad demandada, en el plazo de 20 días a partir de su legal notificación, proceda al pago de los cuatro subsidios de lactancia devengados en favor de la accionante, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero; tal determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) Dentro del presente caso, es necesario el referirse a la excepción al principio de subsidiariedad, ya que al tratarse de la protección inmediata de los derechos de la seguridad social, prestaciones vinculadas a la maternidad y al bienestar de un menor de un año de edad, no es exigible el principio de subsidiariedad, conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional (SCP 0894/2019-S3, SCP 1104/2012, SCP 1282/2011-R, entre otras); 2) La autoridad demandada, dentro de su informe y su intervención en la audiencia, no desvirtuó lo reclamado por la ahora accionante, siendo la única disyuntiva la forma de pago, si es en especie o en dinero; por lo que, en aplicación de lo establecido por la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, los cuatro subsidios de lactancia deberán ser pagados en dinero; y, 3) Al ser evidente que la autoridad demandada incurrió en incumplimiento en la otorgación de las asignaciones familiares, correspondiente a cuatro subsidios de lactancia, teniendo en cuenta que el hijo infante de la ahora impetrante de tutela tenía un año y un mes de edad, generando con ello lesión a los derechos fundamentales invocados en la demanda, correspondiendo conceder la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del análisis de los antecedentes procesales cursantes de fs. 3 a 4 vta., se estableció que la impetrante de tutela desempeñó funciones como Secretaria IV en la Secretaría de Desarrollo Humano y Movilidad Social del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en virtud del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-SDDH-08/2023 de 3 de enero; de fs. 6 a 7, cursa el certificado de nacido vivo y nacimiento del menor, evidenciándose que el mismo nació 11 de abril de 2022. II.2. Certificado de nacido vivo de NN, hijo de la impetrante de tutela, emitido por la Caja de Salud CORDES el 11 de abril de 2022; certificado de nacimiento de NN, emitido por la Dirección Departamental de Servicio de Registro Cívico (fs. 6 a 7). II.3. Cursan en antecedentes los requerimientos remitidos por la -ahora accionante; solicitando a la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación de Beni; el pago de lactancia (fs. 11 a 14). Mediante calificación de beneficios, extendida por la Caja de Salud CORDES (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud, así como el interés superior de los niños; ello en mérito a que viene desempeñando sus funciones como Secretaria Departamental de Administración de finanzas en el GAD de Beni, y que su hijo nació el mes de abril de 2022; por lo que, ante la falta de pago de los subsidios de lactancia que le corresponden por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, solicitó de manera verbal y escrita el pago de dichos subsidios, ya que su persona fue quien erogó los gastos de alimentación, tanto suya como de su hijo; sin que haya recibido respuesta alguna por parte de la autoridad demandada; por tal motivo, debido al retraso del referido pago, solicita que se le conceda la tutela impetrada, y se determine que ese pago del indicado subsidio de lactancia se desembolse en dinero, ya que por el tiempo pasado no corresponde que tal pago se realice en especie, en el monto de Bs8 000.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores

La jurisprudencia constitucional con relación a la excepción del principio de subsidiariedad tratándose de mujeres embarazadas, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: ‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ (…); en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…’ (…). En ese estado de cosas, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: ‘Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa’ (…). De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que la niña o niño cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus” (las negrillas son nuestras). Entendimiento extraído de la SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre.

III.2. Derecho a la seguridad social y las asignaciones familiares

El art. 45 de la CPE, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el art. 48.I de la CPE, instituye que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y en su parágrafo IV el citado artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, establece que: “ARTÍCULO 25.- Se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)”.

En cuanto al pago retrasado de subsidios en especie o en dinero, el art. 35 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen De Asignaciones Familiares -aprobado por Resolución Administrativa ASUSS 0101 de 31 de diciembre de 2021, refirió que: “En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes”. La SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 0134/2014 de 10 de enero, señaló que: “…el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. (…) …siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento (…) corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos” (las negrillas nos pertenecen). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, en la Sentencia de 1 de octubre de 2021, señaló que: “…existen dos tipos de obligaciones que derivan del reconocimiento de los DESCA, conforme al artículo 26 de la Convención: aquellas de exigibilidad inmediata, y aquellas de carácter progresivo. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno…”, de igual manera, respecto al derecho a la seguridad social como parte de los DESCA refirió que: “…el derecho a la seguridad social es de fundamental importancia para garantizar la dignidad de las personas y para hacer frente a circunstancias que privan del ejercicio de otros derechos…”; por lo tanto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas de orden interno que permitan proteger y materializar el derecho a la seguridad social del capital humano con la finalidad de garantizarles una vida digna, con calidad y calidez; medidas que deberán ser progresivas frente a los derechos alcanzados, para evitar situaciones que generen discriminación. De lo desarrollado, se concluye que el régimen de asignaciones familiares consistentes en los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio, al formar parte del derecho a la seguridad social son de exigibilidad inmediata y de carácter progresivo; por consiguiente, son de cumplimiento obligatorio, siendo deber del Estado en todos sus niveles protegerlo y garantizarlo, al estar íntimamente ligado con los derechos a la salud y a la vida de la madre y del recién nacido, subsidios que deberán ser otorgados por el empleador del sector público, privado y de las cooperativas mineras de forma oportuna y obligatoria, con la finalidad de materializar los derechos sociales y las prestaciones reconocidas en favor del binomio madre e hijo.

III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados

Sobre este tema en la SCP 1228/2022-S1, de 14 de octubre, se hace referencia a la SCP 1027/2019-S1 de 21 de octubre, que se refiere a que en un caso en el que se exigía el pago de subsidios devengados, que no fueron pagados de forma oportuna, y se pedía que los mismos sean efectivos en dinero, se concedió la tutela; empero, razonando que:

“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable.

Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, por cuanto su hijo nació el 15 de agosto de 2018, habiendo ejercido las funciones de Asistente Administrativa III en la UABJB, desde el 2 de abril de 2014, hasta el momento de su retiro voluntario, efectivizado el 14 de marzo de 2019; en ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’ (el resaltado es ilustrativo). Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido- en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio. Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia-y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña. Jurisprudencia extraída de la SCP 0396/2024-S1 de 31 de julio.

III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas

El interés superior de los niños y niñas es un principio reconocido en la Constitución Política del Estado, instrumentos internacionales y normas infraconstitucionales. Es así, que el art. 60 de la CPE, señaló que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos pertenecen). De igual manera el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- respecto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en su art. 220 inc. k), establece que: “…las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos” (las negrillas nos corresponden). En el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, la Corte IDH advirtió que el interés superior de los niños y niñas constituye un principio regulador de toda normativa relativa a los derechos de la niñez, por lo cual el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, prevé que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a la niñez por la referida Convención. En ese sentido, en el citado Caso la Corte IDH, estableció que el interés superior del niño tiene un triple concepto, al ser: “a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos”. Por consiguiente, dicha Corte consideró que el principio del interés superior del niño se constituye un mandato de priorización de los derechos de las niñas y niños frente a cualquier decisión que pueda afectarlos, ya sea de manera positiva o negativa, tanto en el ámbito judicial, administrativo y legislativo. De esta forma, el Estado debe garantizar que las normas y actos estatales no afecten el derecho de los niños y niñas con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a los mismos, haciendo especial énfasis en que es deber de los Estados situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo. La SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló que: “Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado (…). (…) …deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados- (…)” La SCP 0719/2020-S4 de 12 de noviembre, señaló que: “…El principio de interés superior del niño o niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores; así se trata de superar dos posiciones extremas, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a menores, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro, puesto que todo niño, niña o adolescente es titular de los derechos que le son inherentes. Las obligaciones del Estado con respecto a las niñas, niños y adolescentes, implican, además de facilitar una mediación adulta que siempre los considere sujetos de derechos, que tales derechos puedan ser ejercidos y protegidos por medios prácticos y efectivos a través del actuar de todas las instancias del Estado, las cuales deberán tomar en cuenta el carácter integral de los derechos humanos. Siguiendo a la misma autora, dicha obligación reforzada se expresa a través del efecto útil de los derechos de los niñas, niños y adolescentes; es decir, que los mismos tengan sentido en la vida y práctica del sujeto titular de ellos, puesto que deben ser expresados en medios efectivos y prácticos para su protección y ejercicio, tales como la actuación oficiosa del Estado para la protección de niños, niñas y adolescentes; la obligación de exhaustividad para atender la causa de pedir; la obligación de aplicar el principio superior del niño en temas que afectan a la infancia; y, adicionalmente, garantizar un Estado útil para la infancia, mediante la asistencia y representación suficientes y adecuadas para el ejercicio de sus derechos; y, la integralidad en la atención y protección de sus derechos” (las negrillas nos corresponden). Consiguientemente, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones en cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor de edad, deberán aplicar el principio del interés superior de los niños y niñas en todas sus interpretaciones, garantizando el goce efectivo de sus derechos, como es el caso de las niñas y niños no nacidos y los menores de un año de edad, para los que se normaron y reglamentaron políticas de protección de su vida y salud, dentro de las que se encuentran las asignaciones familiares y sus disposiciones especiales que forman parte de las normas de seguridad social que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social, a efectos de proteger la salud del recurso humano, la continuidad de sus medios de subsistencia y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; por lo tanto, materializar el pago de las asignaciones familiares es resguardar los derechos a la seguridad social del binomio madre e hijo, debiendo el empleador otorgar las mismas de manera oportuna, con la finalidad de cubrir las necesidades reales y acorde a la etapa de desarrollo de los nombrados.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante interpuso acción de amparo constitucional contra el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por el incumplimiento en la entrega oportuna de cuatro subsidios de lactancia, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, solicitando su pago en dinero efectivo, equivalente a la suma de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), en favor de su hijo menor de edad; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna por parte de la referida Gobernación.

De la revisión de antecedentes se tiene que la accionante acreditó que mantiene una relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en la que se desempeña en la función de Secretaria IV de la Unidad de Desarrollo Humano y Movilidad Social (Conclusión II.1).

También se acreditó el nacimiento del hijo de la impetrante de tutela, el 11 de abril de 2022, mediante el certificado de nacido vivo, emitido por la Caja de Salud CORDES; además del certificado de nacimiento del indicado infante, expedido por la Dirección Departamental de Registro Cívico (Conclusión II.2).

Se acredita que la impetrante de tutela adquirió el derecho de recibir el subsidio de lactancia por el periodo de un año, conforme a la certificación extendida por la Caja de Salud CORDES; al determinar que, la beneficiaria tiene derecho a percibir doce subsidios desde el 11 de mayo de 2022 hasta el 11 de abril de 2023.

La accionante denunció que no recibió cuatro subsidios que se encontrarían pendientes de pago, los mismos que corresponden a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, extremo acreditado por los requerimientos hechos por su persona a la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación de Beni (Conclusión II.3); cabe aclarar además, que dicho extremo no fue desvirtuado ni controvertido por la autoridad demandada, ni en su informe escrito ni en audiencia, limitándose a argumentar, que dicho incumplimiento se debe a causales internas de la Entidad demandada -falta de recursos presupuestarios-.

Tal omisión por parte del GAD de Beni produjo la lesión de los derechos fundamentales reclamados por la impetrante de tutela; por lo que, corresponde recordar la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, conforme lo signado en el Fundamento Jurídico III.2 (Derecho a la seguridad social y las asignaciones familiares) de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; tomando en cuenta que es obligación del Estado precautelar los derechos y garantías fundamentales de este sector vulnerable; cuyos derechos a la salud, alimentación y la propia vida, podrían estar en riesgo; en consecuencia, el retraso en el pago de las asignaciones familiares a la accionante, deja en evidencia la falta de atención y diligencia de las autoridades demandadas, siendo que el beneficiario con este derecho, es un menor de edad que requiere protección especial por parte del Estado.

Respecto al derecho a la salud, queda establecida la obligación del Estado, de promover mecanismos de protección, optimizando su cumplimiento, tomando en cuenta que de ello depende que los menores de edad puedan tener un desarrollo óptimo; por lo que, las autoridades deben hacer prevalecer su cumplimiento, no siendo justificable ninguna causal administrativa.

Con relación a los intereses superiores de los niños, conforme a la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, los niños al ser un grupo vulnerable, deben de gozar de la atención prioritaria a sus derechos, y las asignaciones familiares tienen por objetivo el proveer y garantizar una mejor nutrición del recién nacido; por lo cual, corresponde la concesión de la tutela respecto al mismo.

En consecuencia, la entidad ahora accionada al no otorgar los cuatro subsidios de forma oportuna, no permitió que el mismo cumpla su finalidad que es el de otorgar a la madre y al nuevo ser de productos alimenticios inocuos y con alto valor nutricional que coadyuven al desarrollo y nutrición acorde a la etapa evolutiva de los mismos; consecuentemente, determinar su pago en especie ahora resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad; por lo cual, en resguardo del interés superior de menor resulta viable determinar su pago en dinero.

Tal entendimiento progresivo también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacional 0894/2018-S3 de 31 de octubre, 0690/2021-S2 de 25 de octubre, 0174/2022-S2 de 26 de abril, 0278/2022-S4 de 11 de mayo, 0396/2024-S1 de 31 de julio y otras, que por la similitud de los supuestos fácticos es aplicable al presente caso; que al tratarse de derechos sociales se prohíbe su regresividad; puesto que actuar de forma contraria podría generar un acto de discriminación, el cual se encuentra prohibido por mandato constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la indicada Sala Constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0914_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3dacd2fac6b4fa2bcd243dec4f05ddce694b3278ed15052d97f0011a6c43cd3c

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