Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de noviembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado sin considerar la línea jurisprudencial constitucional relativa al justo precio de los bienes a ser subastados, por Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril de 2024, rechazó su solicitud de actualización del avalúo pericial del bien inmueble que se pretendía rematar, sin tomar en cuenta que debido a los tres años transcurridos desde que se realizó el avalúo de dicho bien inmueble, el mismo incrementó su valor en aproximadamente el doble de lo que inicialmente fue tasado; y a pesar de impugnar ese fallo mediante recurso idóneo de reposición bajo alternativa de apelación, “a la fecha” no fue resuelto por dicho Juez, al contrario señaló la segunda audiencia de subasta y remate, y dispuso la actualización de la medida previa de alodialidad del bien inmueble. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2024 de 14 de mayo, cursante de fs. 528 vta. a 533, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Ordenándose la prosecución del proceso en la etapa en la que se encuentra, debiendo celebrarse la audiencia de remate sin ningún tipo de dilaciones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0913/2024-S3 Sucre, 19 de noviembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 64173-2024-129-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 96/2024 de 14 de mayo, cursante de fs. 528 vta. a 533, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Moreno Bejarano contra Fabiano Cristian Chui Torrez, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 9 de mayo de 2024, cursante de fs. 393 a 401, manifestó lo siguiente:
En el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se tramita un proceso ejecutivo seguido por la Empresa “CV LUXCO S.A.R.L.” contra su persona, Miguel Ángel Carrasco Patiño y Erik Ronald Rodas Rojas -ahora terceros interesados-, en calidad de deudores; y contra las empresas ET Camiri Agropecuaria Limitada (Ltda.) y Agropecuaria La Perdida Sociedad Anónima (S.A.), como fiadores y garantes hipotecarios; proceso que a la fecha de interposición de esta acción de defensa se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Luego de suscitarse un conflicto de competencias que declaró competente al Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz y devueltos los antecedentes, la empresa ejecutante solicitó el señalamiento de la segunda audiencia de subasta y remate de la propiedad otorgada en garantía; sin embargo, el Juez ahora accionado dispuso la actualización de la medida previa de alodialidad del inmueble, indicando que era con el único fin de contar con información actualizada, pidiendo se adjunte folio real actualizado del bien inmueble a rematarse. Debido al tiempo transcurrido desde la realización del avalúo pericial -del inmueble que se pretende rematar, realizado el 21 de abril de 2021; es decir, más de tres años de antigüedad, amparándose en lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2621/2012 de 21 de diciembre y 1113/2015-S2 de 3 de noviembre, solicitó la actualización de la medida previa de avalúo pericial, acompañando además, un avalúo pericial actualizado que demuestra claramente el valor de la propiedad que se intenta rematar es de casi el doble de la que inicialmente fue tasado, ello en función a la “retomada” de las actividades agrícola posteriores a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otros factores que incidieron directamente en la plusvalía que sufrió esa propiedad; sin embargo, el Juez hoy accionado alejado de la línea jurisprudencial constitucional relativa al justo precio de los bienes a ser subastados, emitió el Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril, rechazando su solicitud, bajo el argumento de que precluyó la respectiva etapa y por tal motivo se estaría tratando de retrotraer etapas concluidas del proceso; resolución que atenta contra esa línea jurisprudencial y sus derechos y garantías. El Auto Interlocutorio 179/24 fue impugnado mediante recurso idóneo de reposición bajo alternativa de apelación; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, el Juez ahora accionado no resolvió lo peticionado, y en su lugar de manera apremiante y alineándose con los intereses de la parte ejecutante, mediante Auto de 15 de abril de 2024, señaló la segunda audiencia de subasta y remate de la propiedad otorgada en garantía hipotecaria para el 16 de mayo de igual año, en prácticamente un tercio del valor real de la misma, lo que también atenta contra sus derechos. Teniendo en cuenta las dos situaciones para aplicar la excepción a la subsidiariedad previstas por el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), si bien existe un recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado contra la denegatoria de la actualización del avalúo pericial, que aún no fue resuelto; ante el posible rechazo a la reposición se deberá conceder el recurso de apelación alternativamente planteado, lo que tardará al menos cuatro o cinco meses en resolverse dependiendo de la Sala a la que sea sorteado, resultando tardía la resolución; puesto que, la segunda audiencia de subasta y remate está señalada para el 16 de mayo de 2024. Asimismo, la propiedad que pretende rematarse es una propiedad agraria en plena etapa de cultivo, y de ser subastada antes de que se proceda a la actualización de su justo precio, existe el peligro inminente de un daño irreparable en la producción de los alimentos cultivados en la misma; razones por las cuales se cumple y fundamenta “…el principio de inmediatez…” (sic). El avalúo pericial desfasado que no es actualizado ni refleja el valor actual de la propiedad y que pretende utilizarse como base del remate, implica la vulneración de su derecho de la propiedad privada en su elemento relativo a “su justo precio”. Así también, se vulneraron sus derechos a la legítima defensa y a la igualdad de partes procesales; ya que, si el Juez hoy accionado ordenó la actualización de la medida previa de alodialidad del bien inmueble, alegando el transcurso del tiempo, también debió ordenar la actualización de las demás medidas previas, establecidas en los arts. 416 y 417 del Código Procesal Civil (CPC); toda vez que el tiempo es una variable que corre para todos y no únicamente para una de las partes procesales; en ese sentido, el citado rechazo a su solicitud, lo deja en desigualdad de condiciones; puesto que, el Juez ahora accionado no puede escuchar solo a una parte procesal y rechazar el justo pedido de la otra.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 56, 57, 115, 116.I, 117.I, 119.I, 120.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 inc. a) y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril, emitido por el Juez hoy accionado, rechazando su solicitud de actualización de avalúo pericial en virtud al transcurso del tiempo; y, b) Que se emita una nueva resolución debidamente fundamentada y sea observando las líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que son de carácter vinculante y de obligatorio acatamiento, referentes al valor del inmueble a ser subastado.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 515 a 528, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogada ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que el Auto Interlocutorio 179/24 -hoy impugnado- vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia al abstenerse y omitir considerar y valorar la jurisprudencia constitucional respecto al justo precio de los bienes a ser subastados, limitándose a indicar que precluyó la etapa procesal y que la misma estaría clausurada, y que -esa jurisprudencia- no se aplica al caso concreto; además, que omite referirse a la fecha en la que fue elaborado el avalúo del inmueble a rematarse, cuyo valor -en ese momento- ya no correspondía al valor actual del mismo.
Fabiano Cristian Chui Torrez, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 13 de mayo de 2024, cursante de fs. 412 a 413, manifestó que: 1) Por memorial de 5 de marzo de igual año, el demandado -accionante- en la vía incidental solicitó la actualización del avalúo pericial, fundando su pedido en lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2621/2012 y 1113/2015-S2, el cual mereció el Auto Interlocutorio 179/24 que rechazó esa solicitud bajo los argumentos y fundamentos allí expuestos, interponiéndose en su contra recurso de reposición bajo alternativa de apelación, a través del memorial de 26 de abril de 2024, que una vez corrido en traslado a las partes procesales, fue resuelto por Auto de “fs. 1012-1012 vta.”, por el cual se declaró no ha lugar a la reposición y encontrándose alternativamente interpuesto el recurso de apelación, se concedió el mismo en el efecto devolutivo para ser remitido ante el superior en grado, conforme con el procedimiento; 2) La acción tutelar planteada se sustenta en el hecho de que el citado Auto Interlocutorio hoy impugnado, es contrario a la línea jurisprudencial contenida en las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, lo que no es evidente, debido a que dichos precedentes constitucionales no son aplicables al presente caso, por no existir analogía en los supuestos fácticos, ya que se refieren a la inconstitucionalidad del art. 534.I del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) -indicando que- el valor del remate debe ser el valor comercial y no su valuación fiscal, y describen un hecho fáctico donde el avalúo sobre el cual se efectuó el remate judicial fue levantado hace más de quince años; siendo que en el presente caso, no se aplicó el art. 534.I del CPCabgr, al contrario se tuvo como base para el primer y segundo remate, el valor comercial del bien inmueble que fue tasado por un perito designado de la terna remitida por el “Colegio de Arquitectos”; además, que no existe analogía y similitud del tiempo transcurrido entre el avalúo pericial y la segunda audiencia de remate, transcurriendo solo tres años desde su elaboración “hasta el presente” -se entiende hasta la interposición de esta acción de defensa-y no más de quince años como el caso expuesto en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese sentido, ante la ausencia de analogía en los supuestos fácticos resulta inaplicable la jurisprudencia al proceso ejecutivo; 3) La acción de amparo constitucional interpuesta no cumple con el principio de subsidiariedad para su procedencia, ya que el accionante dentro de ese proceso ejecutivo formuló el recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 179/24 que rechazó la actualización de avalúo, el cual se encuentra pendiente de resolverse por el superior en grado; 4) No puede aceptarse la excepción al principio de subsidiariedad para el análisis de fondo de la problemática planteada; puesto que la misma no se encuentra justificada ni fundada la supuesta inminencia del daño irreparable e irremediable si no se otorga tutela o que su protección sea tardía; ya que el señalamiento de una audiencia de remate no se traduce en una adjudicación judicial, siendo que la venta judicial se perfecciona con la emisión del auto que aprueba el remate; y, 5) Además de aplicar el principio de verdad material, obró conforme con sus facultades, y teniendo en cuenta lo establecido por el art. 400.I del CPC, al contar el proceso ejecutivo con sentencia -pasada- en calidad de cosa juzgada, la ejecución de la misma no se suspende con la interposición de ningún incidente ni otra solicitud dilatoria. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
Miguel Ángel Carrasco Patiño, a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) Si bien se presentó un recurso contra el Auto Interlocutorio 179/24 que se encuentra pendiente de resolución; sin embargo, de manera inmediata al pronunciamiento de ese Auto, también se emitió el Auto de señalamiento de remate de 15 de abril de 2024, señalando remate del bien inmueble objeto del proceso para el 16 de mayo de ese año; es allí donde se consuma el daño inminente contra el justo precio de la propiedad privada, y bienes inmuebles que serán sometidos a una subasta pública; ii) El Juez ahora accionado negó la reposición y concedió el recurso de apelación alternativa, y al mismo tiempo con otra resolución posterior señaló audiencia de remate, lo que configura una incongruencia de las resoluciones judiciales y aplican los principios de subsidiariedad e inmediatez; puesto que, los demandados no tienen otra herramienta o vía idónea para oponerse a ese remate que ya fue señalado; ese hecho vulnera los derechos de las partes; iii) Dicho Juez en el Auto que rechazó la reposición y concedió el recurso de apelación planteado de manera alternativa, también debió dejar sin efecto el auto de señalamiento de remate, ya que debido a la recarga procesal en los juzgados, ese recurso se resolverá con suerte dentro de tres o cuatro meses; sin embargo, el remate está señalado para “pasado mañana”; iv) De efectuarse ese remate se vulnerarían los derechos del demandado respecto a que sus bienes sean tasados y que la misma sea real y actualizada, y de adjudicarse el mismo lesionarían los intereses de las partes procesales; v) Al no tener otro mecanismo o vía idónea para enervar lo resuelto por el Juez ahora accionado en cuanto al señalamiento de remate, se interpuso esta acción tutelar; cumpliendo el principio de subsidiariedad porque si se efectúa el remate los daños serían irreparables; y, vi) Se adhieren a la solicitud realizada por el accionante y piden se conceda la tutela peticionada, ordenando la nulidad del Auto Interlocutorio 179/24, debiendo el Juez hoy accionado emitir una nueva resolución, donde se actualice el precio real comercial de los bienes sujetos a remate; además, se declare la nulidad por incongruencia e ilegalidad del Auto de señalamiento de remate. Erik Ronald Rodas Rojas, mediante su abogado en audiencia, manifestó que: a) El accionante solicitó la actualización del avalúo pericial del bien inmueble “JISUNU”, que fue resulto por Auto Interlocutorio 179/24, el cual rechazó esa petición, y el planteamiento del recurso de reposición con alternativa de apelación, fue resuelto a su vez por “…el Auto de fojas 1012 a 102 vuelta…” (sic), que declaró no ha lugar a la reposición y concedió el recurso de apelación alternativamente planteado; b) El 15 de abril de 2024, se emitió el Auto de señalamiento de segundo remate con la rebaja del 20%. El Juez hoy accionado no consideró que el bien inmueble tiene un valor diferente al que tenía hace tres años, cuando se realizó el primer avalúo pericial de $us5 200 999,20.- (cinco millones doscientos mil novecientos noventa y nueve 20/100 dólares estadounidenses), que con una supuesta adjudicación llegaría cerca de $us4 000 000.- (cuatro millones de dólares estadounidenses); y el avalúo pericial que se adjuntó a la solicitud de actualización refleja un valor comercial al 25 de enero de igual año, de $us11 803 165 (once millones ochocientos tres mil ciento sesenta y cinco dólares estadounidenses) y un valor de venta rápida de $us8 262 215.- (ocho millones doscientos sesenta y dos mil doscientos quince dólares estadounidenses), lo que implica que existe un detrimento y un menoscabo para los intereses y el derecho propietario del accionante y los demás demandados; c) El Juez ahora accionado no tomó en cuenta que se está construyendo la carretera del tramo Chané - Puerto Frerklin, que pasa justamente por la propiedad, lo que aumentará el valor pericial que aún no fue reflejado en el avalúo comercial realizado el 24 de enero de 2024; d) Dicho Juez no tomó en cuenta que la SCP 2621/2012 resuelve una acción de inconstitucionalidad concreta que tiene vinculación para todos y constituye jurisprudencia, estando el Juez hoy accionado vinculado a las razones jurídicas de la decisión asumida en dicha Sentencia; e) A diferencia de lo que alega el Juez ahora accionado, los razonamientos de la SCP 1113/2015-S2 son bastante análogos al problema jurídico del caso concreto; f) El Auto Interlocutorio 179/24 impugnado así como el Auto cursante “a fs. 1012 y 1012 vuelta” que declara no ha lugar a la reposición, no toman en cuenta esa jurisprudencia constitucional de la primera Sentencia e incurre en una omisión argumentativa al no aplicarla no obstante a ser vinculante, lo que vulnera el derecho a la propiedad al limitarla sin un justo precio y en condiciones de igualdad, el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia; g) La emisión simultánea de los Autos de 15 de abril de 2024, constituye un agravio y que generará a “dos días” un daño irreparable y un riesgo inminente de vulneración de derechos, ya que posiblemente la empresa demandante se adjudique el bien inmueble por debajo de su valor, generando una afectación de “…6 millones de dólares o 7 millones de dólares…” (sic); y, h) Existe un daño por la afectación del derecho a la salud del accionante, quien tuvo un accidente cerebro vascular, tiene presión alta, triglicéridos y una serie de problemas como estrés agudo y crónico, que también le afecta a su persona, lo que justifica eximir el principio de subsidiariedad, porque no existe un acto eficaz que pueda dar un remedio al Auto de señalamiento de remate, que parece que quedará incólume. Por lo expuesto, pide se conceda la tutela solicitada y se determine la nulidad de los actos ilegales y arbitrarios, tales como el Auto Interlocutorio 179/24 y el Auto “…de fojas 1012 y fojas 1012 vueltas…” (sic), pero también el Auto de señalamiento de segunda audiencia y remate con la rebaja del 20%. La Empresa “CV LUXCO S.A.R.L.”, a través de su abogado y representante legal, en audiencia señaló que: 1) La acción tutelar interpuesta carece de relevancia constitucional, de conformidad con lo establecido por la SCP 0029/2019-S4 de 1 de abril; además, con ella pretende paralizar el trámite de la segunda audiencia de subasta y remate prevista para el 16 de mayo de 2024, bajo el argumento de que esa audiencia no corresponde al justo precio o a un precio real de la propiedad que se pretende subastar; siendo esa solicitud contraria a lo establecido por los arts. 414 del “…Código de Procedimiento Civil y 339…” (sic), no existiendo ninguna norma que de manera tácita o expresa que establezca que algún incidente pueda paralizar una audiencia de subasta y remate; 2) La acción de defensa planteada hace referencia a alguna jurisprudencia que no tiene relación con el caso concreto ni menciona el derecho de petición, siendo carente de base constitucional o legal; 3) Se denuncia la vulneración del derecho a la propiedad; empero, el accionante no cumple con el principio de subsidiariedad, al no reclamar oportunamente los aspectos expuestos en sede constitucional ante la autoridad ordinaria a efectos de que ella los pueda reparar; 4) El accionante cuestiona que el avalúo pericial desfasado con el que se pretende realizar la segunda audiencia de remate, no es una valúo actualizado, ni refleja el valor actual de la propiedad que se pretende rematar, lo que implicaría una vulneración de su derecho a la propiedad; sin embargo, en el memorial que solicita la actualización del avalúo pericial, no esgrime como argumento de que esa situación afectaría su derecho a la propiedad privada, por lo que existe subsidiariedad ya que ese aspecto no fue expuesto como agravio en sede ordinaria; 5) Se indica que se vulneró el derecho a la igualdad al establecerse la alodialidad del inmueble y no así la solicitud del segundo peritaje para establecer el valor real de la propiedad; aspecto que obviamente no implica una vulneración al principio de igualdad; 6) Al solicitarse la revalorización pericial, más allá de que ello no tiene asidero legal ni técnico alguno, se advierte que el acceso a la jurisdicción no fue limitado; y al ser contestado ese pedido por Auto Interlocutorio 179/24 no existe lesión -al derecho-de acceso a la justicia o de la igualdad -denunciada-; 7) Se indica que existe un desfase del valor comercial y para ello presenta un avalúo -pericial- que tendría una variación con el primero; sin embargo, el mismo no tiene asidero legal ni técnico, ya que el supuesto sobre valor obedece al crecimiento en el área desmontada por el accionante en una superficie aproximada de 38 ha, y a una supuesta plusvalía que mencionan y mejoras que realizaron; 8) El accionante en su memorial de 26 de abril de 2024, señala que el valor de la propiedad se incrementó por el transcurso del tiempo, el retorno a las actividades agropecuarias y las mejoras introducidas; sin embargo, ingresan a una situación engañosa en el supuesto caso que si en esa sobrevaloración efectivamente existe una variación, la misma fue realizada exprofesamente con el ánimo de incrementar el precio del predio y a partir de ello, argumentar la necesidad de la realización de una pericia; 9) El accionante no precisa porque existiría una carencia de fundamentación o de motivación en el Auto Interlocutorio 179/24, ya que en su acción tutelar solo reitera Sentencias Constitucionales, sin establecer que ese fallo carece de esos elementos; al contrario, se advierte la fundamentación con la mención normativa adjetiva y sustantiva que sustenta su resolución; así también, motivando al misma, el Juez ahora accionado aplicando el principio de verdad material con relación a los hechos alegados por las partes y conforme con los medios de prueba ofrecidos, estableció la improcedencia de los solicitado; así también, hizo la subsunción del aspecto normativo en el aspecto fáctico, refiriéndose al art. 400.I del CPC; 10) El accionante no mencionó en qué tipo de incongruencia incurrió el Juez ahora accionado; y revisado el fallo impugnado, se advierte que se cumplió con la congruencia tanto externa como interna; y, 11) Se mencionó jurisprudencia, cuyos hechos fácticos no resultan pertinentes al caso concreto, como la SCP 2621/2012, ya que el reclamo del accionante está referido a una desavenencia, un disgusto respecto a un valor determinado del bien inmueble, porque considera que ese valor no es conforme al valor actual y real, sin justificar técnica ni jurídicamente esa situación; asimismo, alegando a la SCP 0393/2014 de 25 de febrero, se señala que se vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa; sin embargo en el caso concreto el Juez ahora accionado contestó las peticiones y los argumentos del accionante. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada y sea con costas. Ximena Fernanda Roda de Moreno, -y los representantes legales de- Agropecuaria ET Camiri Ltda. y Agropecuaria La Perdida S.A., no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 407 y 450 y vta..
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 96/2024 de 14 de mayo, cursante de fs. 528 vta. a 533, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 179/24 emitido por el Juez ahora accionado, debiendo el mismo emitir una nueva resolución conforme con los fundamentos expuestos en la audiencia de consideración de esta acción de defensa; asimismo, se deja expresa constancia de que para proceder a señalar un nuevo remate, deberá considerar la proporcionalidad, el justo precio y la igualdad que fue mencionado en la referida audiencia; todos esos argumentos, deben ser traducidos en un fundamento lógico-jurídico que debe emitir el Juez hoy accionado al momento de cumplir con la resolución pronunciada; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto al principio de subsidiariedad, se hace mención a una audiencia de remate a realizarse en cuarenta y ocho horas, por eso se menciona que existiría un daño inminente e irreparable, si ello fuera así, incumbiría que en todos los remates se tenga que presentar una acción de amparo constitucional para paralizar ese remate, lo que no condice con la jurisdicción constitucional que no está prevista para esa situación; ii) En cuanto al segundo avalúo que no fue considerado por el Juez ahora accionado que establece un valor de $us11 000.000.- (once millones de dólares estadounidenses) frente al primer avalúo de $us6 000 000.- (seis millones de dólares estadounidenses) lo que demuestra un evidente diferencia entre ambos, se configura una desproporcionalidad con relación a lo que se pretende rematar; al respecto, teniendo en cuenta lo establecido por la SC 1294/2006-R, frente a la proporcionalidad y para una justicia material se puede prescindir de la excepcionalidad de la subsidiariedad, y por los avalúos referidos se considera que no existe una justicia material, ya que la diferencia entre esos avalúos esta ceñido por un lapso de tiempo de tres años, en el que se produjo un conflicto de competencias, cuyo trámite demoró el transcurso del tiempo y en ese lapso se realizaron mejoras de construcciones, el paso de una carretera por ese lugar, lo que incrementó el valor de la propiedad; y si el Juez ahora accionado no refiere sobre esa situación, la jurisdicción constitucional no puede “ser miope” al no resolver esa cuestión bajo el principio de verdad material; iii) El primer avalúo realizado el 24 de agosto de 2020, consignó un valor de $us6 000 000.- del bien objeto del proceso civil. Dentro de ese proceso se suscitó un conflicto de competencias que duró más de tres años, presentando el accionante el 25 de enero de 2024, un avalúo actualizado indicando que esa propiedad incrementó su valor en $us11 000 000.-, en el cual se evidencia que existen construcciones, mayor sembradío edificaciones; por lo que no es la misma situación -del primer avalúo- y el transcurso del tiempo permitió que se incremente el valor de esa propiedad; iv) En esos tres años la propiedad ya no vale lo mismo; más aún si se está construyendo una carretera y se insertaron mejoras; en ese sentido, el Juez ahora accionado debió indicar porque no consideró ese avalúo actualizado, señalando en el Auto Interlocutorio 179/24 que la fase se encontraba concluida y no podía retrotraerse, y sin ningún fundamento ni congruencia, tampoco indicó porque ese nuevo avalúo no tendría ningún valor; v) Si bien es evidente que un incidente no puede dilatar el proceso; sin embargo, para afirmar eso se debe ser coherente con la forma como se está resolviendo o tomando una decisión; vi) Luego de la presentación del segundo avalúo, el Juez ahora accionado emitió el Auto de 16 de febrero de 2024, solicitando de conformidad con lo establecido por el art. 1479 del CC, se adjunte un folio real actualizado del bien inmueble a rematarse; en ese sentido, porque no solicitó la actualización del valor del ese bien, y al no hacerlo se advierte que no existe un trato justo e igualitario, y no se está respondiendo a la verdad material; y, vii) El Juez hoy accionado no respondió porque debido al transcurso del tiempo no fue posible efectuar una nueva actualización; ya que eso incidió en el valor bien inmueble objeto del proceso; por lo que al no obrar con base en la justicia material “no está atendiendo” con los debidos fundamentos lógico jurídicos para considerar o no dicho avalúo; consiguientemente, se encuentran vulnerados los derechos mencionados en la acción tutelar.
Mediante decreto constitucional de 27 de septiembre de 2024, cursante a fs. 540, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 25 de octubre de 2024, cursante a fs. 544; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 5 de marzo de 2024, Rolando Moreno Bejarano
-hoy accionante- solicitó al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la vía incidental la actualización del avalúo pericial del bien inmueble que se pretendía rematar (fs. 86 a 87 vta.). II.2. Cursa el Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril de 2024, emitido por Fabiano Cristian Chui Torrez, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, mediante el cual rechazó el incidente de actualización de avalúo realizado por el accionante (fs. 311 a 312 vta.). II.3. A través del memorial presentado el 26 de abril de 2024, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 179/24 (fs. 347 a 350).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado sin considerar la línea jurisprudencial constitucional relativa al justo precio de los bienes a ser subastados, por Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril de 2024, rechazó su solicitud de actualización del avalúo pericial del bien inmueble que se pretendía rematar, sin tomar en cuenta que debido a los tres años transcurridos desde que se realizó el avalúo de dicho bien inmueble, el mismo incrementó su valor en aproximadamente el doble de lo que inicialmente fue tasado; y a pesar de impugnar ese fallo mediante recurso idóneo de reposición bajo alternativa de apelación, “a la fecha” no fue resuelto por dicho Juez, al contrario señaló la segunda audiencia de subasta y remate, y dispuso la actualización de la medida previa de alodialidad del bien inmueble. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.I de la CPE, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; asimismo, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional: “…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen:
‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…’”» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado sin considerar la línea jurisprudencial constitucional relativa al justo precio de los bienes a ser subastados, por Auto Interlocutorio 179/24 de 15 de abril de 2024, rechazó su solicitud de actualización del avalúo pericial del bien inmueble que se pretendía rematar, sin tomar en cuenta que debido a los tres años transcurridos desde que se realizó el avalúo de dicho bien inmueble, el mismo incrementó su valor en aproximadamente el doble de lo que inicialmente fue tasado; y a pesar de impugnar ese fallo mediante recurso idóneo de reposición bajo alternativa de apelación, “a la fecha” no fue resuelto por dicho Juez, al contrario señaló la segunda audiencia de subasta y remate, y dispuso la actualización de la medida previa de alodialidad del bien inmueble. De la revisión de antecedentes se advierte que en el trámite de ejecución de sentencia del proceso ejecutivo seguido por la Empresa CV LUXCO S.A.R.L. contra el accionante, Miguel Ángel Carrasco Patiño y Erik Ronald Rodas Rojas -ahora terceros interesados-, en calidad de deudores; y contra las empresas ET Camiri Agropecuaria Ltda. y Agropecuaria La Perdida S.A, como fiadores y garantes hipotecarios; el 5 de marzo de 2024, dicho accionante solicitó en la vía incidental, la actualización del avalúo pericial del inmueble que se pretendía rematar; adjuntando al efecto, un avalúo pericial de dicho inmueble y jurisprudencia constitucional a fin de respaldar su pedido (Conclusión II.1.), emitiendo el Juez accionado el Auto Interlocutorio 179/24, por el cual rechazó dicho incidente, alegando entre otros aspectos, que no era posible retrotraer etapas ya concluidas; que las partes intervinientes no impugnaron ni observaron la tasación realizada por avalúo pericial efectuado por el perito designado al efecto; y, que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales presentadas por el accionante en sustento de su solicitud de actualización no eran aplicables al caso concreto (Conclusión II.2.). Contra el Auto Interlocutorio 179/24, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.3.). Con relación a ese recurso, el Juez ahora accionado en su informe escrito presentado dentro de esta acción tutelar refirió que, una vez corrido en traslado a las partes, fue resuelto por Auto de “fs. 1012-1012 vta.”, por el que declaró no ha lugar a la reposición planteada, y encontrándose alternativamente interpuesto el recurso de apelación, se concedió el mismo en el efecto devolutivo para ser remitido ante el superior en grado. Ese extremo fue corroborado por el abogado de Erik Ronald Rodas Rojas -hoy tercero interesado-, quien en audiencia de consideración de esta acción tutelar manifestó que el recurso de reposición con alternativa de apelación, fue resuelto a su vez por “el Auto de fojas 1012 a 1012 vuelta” (sic), que declaró no ha lugar a la reposición y concedió la apelación alternativamente planteada. Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que la parte accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos, a la determinación asumida por el Juez hoy accionado en el Auto Interlocutorio 179/24, denunciando que el mismo vulneró sus derechos a la propiedad privada, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; sin embargo, en su memorial de la presente acción de amparo constitucional, y que fue ratificado en audiencia, reconoció que contra ese Auto Interlocutorio planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelto por el Juez ahora accionado declarando no ha lugar a la reposición y concediendo el recurso de apelación planteado de manera alternativa, como lo señaló dicho Juez y uno de los hoy terceros interesados. En ese sentido, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, estableció que el principio de subsidiariedad es uno de los principios característicos de esta acción tutelar, a partir del cual se entiende que la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de otros medios o recursos legales; puesto que, su finalidad no es reemplazar o sustituir a los mecanismos determinados en el ordenamiento jurídico, estableciéndose por ello que quien considere que sus derechos fundamentales o garantías constitucionales fueron vulnerados o restringidos, debe con carácter previo reclamar esa lesión ante las autoridades judiciales o administrativas para su restablecimiento, debiendo agotar los mecanismos legales idóneos activados para el efecto, a partir de los cuales se pueda adoptar las medidas que prevengan o corrijan la amenaza o restricción de los derechos alegados, pudiendo interponer la presente acción de defensa, en caso de que la reparación solicitada no haya sido otorgada. Bajo ese contexto jurisprudencial y de lo referido por el accionante, el Juez hoy accionado y el abogado del ahora tercero interesado Erik Ronald Rodas Rojas; se evidencia que dicho accionante activó un mecanismo previo de defensa, al interponer el recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 179/24, que también es impugnado a través de la presente acción de amparo constitucional con similares argumentos; en ese sentido, al utilizarse un medio de impugnación en la jurisdicción ordinaria, cuyo trámite no fue concluido o agotado, incurrió en la causal de improcedencia por subsidiariedad del amparo constitucional, contenida en la sub-regla numeral 2 inc. b) del Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que esta acción de defensa será improcedente, cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho; empero, en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación de la acción de amparo constitucional, pendiente de resolución. Por lo señalado, conforme con el principio de subsidiariedad que no fue desvirtuado con argumento valedero ni prueba alguna, esta jurisdicción constitucional no puede ingresar a realizar el análisis de fondo de la problemática expuesta por el accionante, en razón que con la activación del mencionado recurso de reposición bajo alternativa de apelación, abrió la posibilidad de un nuevo examen de las determinaciones asumidas en el Auto Interlocutorio 179/24 dentro de la propia jurisdicción ordinaria y sobre la temática planteada con similares argumentos en la presente acción tutelar; correspondiendo en ese sentido, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2024 de 14 de mayo, cursante de fs. 528 vta. a 533, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Ordenándose la prosecución del proceso en la etapa en la que se encuentra, debiendo celebrarse la audiencia de remate sin ningún tipo de dilaciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0913_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d60d2fc47f9c6aedf91fccfc7239e7972a6160c14bd76ec667638a6662f84943
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