Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 18 de agosto de 2023
Concede la tutela
La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y a la propiedad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, los ahora demandados emitieron el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, ratificando la resolución que negó la devolución de sus bienes incautados, bajo el erróneo argumento de que el sobreseimiento emitido a su favor no tiene relevancia jurídica y que no corresponde levantar la incautación mientras exista juicio oral aperturado; apartándose de lo establecido por el art. 324 del CPP y la SCP 1230/2006 de 1 de diciembre, puesto que al encontrarse sobreseídos, ya no son parte del proceso y no pueden en etapa de juicio oral hacer valer sus derechos respecto a sus bienes incautados, razón por la cual, la determinación incumple con la aplicación objetiva de la ley, correspondiendo la devolución de lo incautado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) Sobre los efectos jurídicos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 109 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, emitido por las autoridades demandadas, debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su legal notificación, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0913/2023-S1 Sucre, 18 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48355-2022-97-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 74/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 109 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dennis Vicente Fernández Alconz, Jhovert Fernández Alconz y Sara Brigitte Alconz Condori contra Julio Huarachi Pozo y Omar Gonzalo Pereyra Moya, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memoriales presentados el 6 y 10 de junio de 2022, cursantes de fs. 72 a 81 y 84 a 85 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal en su contra por la presunta comisión de los ilícitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, por Auto Interlocutorio 1025 de 21 de diciembre de 2016, se dispuso incautar sus bienes referentes a: dos vehículos con placa de control 2874-LCA y 4141-IPY de propiedad de Dennis Vicente Fernández Alconz; un vehículo con placa de control 4013-LEY de propiedad de Jhovert Fernández Alconz; y, otro vehículo con placa de control 3444-IGL de propiedad de Sara Brigitte Alconz Condori. El referido proceso penal concluyó con la emisión de Resolución de Sobreseimiento a favor de Dennis Vicente Fernández Alconz y Jhovert Fernández Alconz, confirmada por la Resolución Jerárquica 47/2019 de 7 de mayo, disponiéndose la conclusión del proceso penal. Respecto a Sara Brigitte Alconz Condori, se emitió Resolución de Rechazo de 6 de noviembre de 2017, que no fue revocada por autoridad jerárquica; aclarando con relación a esta última, que el proceso penal no fue reaperturado en el plazo de un año, por lo que se extinguió la acción penal. Encontrándose cerrado el proceso penal, correspondía la devolución de los bienes incautados; sin embargo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, emitió la Resolución 199/2021 de 25 de octubre, que rechazó su pedido; apelada dicha determinación, las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, quienes al ratificar la resolución de primera instancia incurrieron en el siguiente agravio: consideraron que el Sobreseimiento no tiene relevancia jurídica, aun cuando la Resolución Jerárquica que lo ratificó, dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares, fundamentando que no corresponde levantar la incautación y disponer su devolución en tanto exista Juicio Oral aperturado, por las determinaciones que ahí puedan asumirse; aspecto que, se aparta de lo previsto por el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la SCP 1230/2006 de 1 de diciembre, que disponen la imposibilidad de aperturar un nuevo proceso penal una vez determinado el sobreseimiento; y que, con la emisión de dicho requerimiento conclusivo se deben levantar las medidas cautelares. Por ello, al haberse dispuesto su sobreseimiento por falta de pruebas, no se los puede considerar parte del proceso penal, como tampoco se puede justificar una determinación en la falta de realización de Juicio Oral y esperar que hagan valer sus derechos en esa etapa, cuando para ellos el proceso ya se encuentra concluido. Por lo descrito, la determinación carece de fundamentación y motivación, quebranta la aplicación objetiva de la ley y corresponde la devolución de sus bienes incautados.
La parte accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la propiedad, citando al efecto los arts. 56, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, emitiéndose una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 108 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando el mismo señalaron:
a) Con relación al informe de los Vocales demandados, se debe aclarar que sus clientes solo solicitaron se dé cumplimiento a la Resolución Jerárquica emitida por el Fiscal Departamental, quien determinó el levantamiento de todas las medidas dispuestas en su contra; sin embargo, dicha petición fue negada; y, b) Si bien se emitió una acusación formal, ellos ya no son parte del proceso penal, por lo que no pueden apersonarse o presentar algún recurso o incidente; entonces, los demandados se apartaron de la comprensión de los alcances del sobreseimiento, puesto que el mismo tiene el mismo efecto que una sentencia absolutoria; sin embargo, contradictoriamente, se dispuso que el tiempo debe determinar la suerte de sus bienes conforme se desarrolle el Juicio Oral.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito cursante a fs. 91 y vta., señaló que: 1) Efectivamente se dictó el Auto de Vista 98/2021, que se encuentra debidamente fundado y motivado respecto a la improcedencia de la devolución de los vehículos solicitados por los accionantes; 2) Los bienes incautados serían producto de la comercialización de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, por lo que no es posible su devolución; es más, no puede existir un juicio oral sin pruebas y el mismo se estaría fracturando en caso de devolución al tenerse la probable existencia del hecho y los instrumentos del delito, por lo que este tribunal razonó en sentido que el a quo actuó de forma correcta al denegar la devolución de los bienes incautados; y, 3) No es posible adelantar criterio de justicia sobre la devolución de los bienes incautados, en razón de que solo en sentencia debe procederse a la confiscación o devolución de los bienes previo juzgamiento penal, por eso la decisión adoptada por el Tribunal a quo, es correcta y correspondía su ratificación. Omar Gonzalo Pereyra Moya, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia pese a su legal notificación cursante a fs. 89.
La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) a través de su representante, en audiencia señaló: i) No se notificó con el incidente de devolución de bienes a la instancia que representa, razón por la cual se evidencia una lesión al debido proceso; y, ii) Para solicitar la devolución de bienes incautados, se debe justificar el origen del inmueble a devolver; sin embargo, en lo planteado no se evidencia tal aspecto.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 74/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 109 a 114 vta., denegó la tutela solicitada en base a las siguientes consideraciones: a) Con relación al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, se observa que la resolución cuestionada, cuenta con la estructura debida para cada determinación, pronunciándose respecto a los agravios planteados por el apelante en su oportunidad; b) Además, el Auto de Vista realizó una adecuada ponderación de derechos; garantizando la propiedad privada y asegurando que su uso no sea perjudicial al interés colectivo, por lo que se evidencia que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada, sin olvidar que la jurisprudencia estableció que dichos aspectos, no deben ser necesariamente ampulosos; c) La Resolución da respuesta objetiva a lo planteado, explicando por qué no pueden devolverse esos bienes, haciendo conocer las normas sobre las que se sustenta la decisión y los razonamientos por los que consideran que la resolución de primera instancia es correcta; y, d) Con relación a que se lesionó la interpretación correcta y apegada a la ley, se observa que no se dio la suficiente carga argumentativa para ingresar a analizar este aspecto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se tiene que: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de 6 de noviembre de 2017, a través de la cual, el Fiscal de Materia, Freddy Gonzalo Álvarez Condori, dispuso el rechazo de actuaciones policiales a favor de Sara Brigitte Alconz Condori -ahora accionante-, respecto a los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 8 a 9 vta.). II.2. Consta Resolución de Sobreseimiento de 12 de diciembre de 2018, por el cual los Fiscales de Materia, Juan Villarroel Sejas, Orlando Rolsu Rojas Coronel y Freddy Gonzalo Álvarez Condori dispusieron el sobreseimiento a favor de los imputados Dennis Vicente Fernández Alconz y Jhovert Fernández Alconz respecto a los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 13 a 21 vta.). Determinación que fue ratificada, mediante Resolución Jerárquica 47/2019 de 7 de mayo (fs. 22 a 31 vta.). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 199/2021 de 25 de octubre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, se dispuso rechazar la solicitud de devolución de bienes incautados formulado por los ahora accionantes (fs. 43 a 45 vta.). II.4. A través de memoriales presentados el 5 de noviembre de 2021, los ahora peticionantes de tutela apelaron el Auto interlocutorio de 25 de octubre del mismo año, solicitando su nulidad (fs. 46 a 48, 50 a 52 y 54 a 56). II.5. Se tiene Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, por el cual los Vocales demandados declararon improcedentes los recursos de apelación incidental presentados por los ahora impetrantes de tutela, confirmando el Auto Interlocutorio de 25 de octubre de 2021. Determinación asumida, en consideración a los siguientes fundamentos:
“2º.- En observancia del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de apelación, abre competencia en observancia de los agravios, a cuyo efecto, los demás aspectos que se tiene en el proceso penal, quedaran incólumes. Por otro lado, es necesario hacer notar que, este tribunal de apelación en varias resoluciones judiciales, ha señalado en sentido que, en materia penal, rige la estrictez necesaria en materia de apelaciones, por eso la doctrina legal aplicable, señala que, no solo hay que denunciar los derechos y garantías vulnerados, sino también, hay que precisar y demostrar, cómo debe aplicarse una determinada disposición legal. En el caso de las pruebas, es necesario que la parte apelante precise qué elementos de prueba no hubiesen sido valoradas y como debieron valorarse, de tal manera que, las generalizaciones no son tutelables en esta clase de recursos. A cuyo efecto, el tribunal de apelación, identifica la problemática jurídica en el caso analizado, es en el hecho que se hubiese emitido el sobreseimiento o el rechazo de denuncia, de tal manera que, esa situación jurídica daría lugar a la cancelación de las medidas cautelares y consiguiente devolución de los bienes incautados. Al respecto, vía control de logicidad del auto impugnado, se entiende que, en el caso que nos ocupa, el Ministerio Publico, formulo la acusación en los de la materia, en contra de Rogelio Laura Campos, Pablo Fernández Mamani, José Miguel Fernández Mamani, Ciprian Alconz Condori, Vicente Fernández Castro y Eva Camilo Ramírez Fernández, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y en cuyo contenido de la exposición o la relación circunstanciada de los hechos, hace referencia e involucra precisamente a los mencionados bienes incautados en el caso que nos ocupa y a lo cual, el Ministerio Publico ha ratificado en ese contexto, de que en el presente proceso penal, los mencionados bienes incautados, serian como consecuencia de un producto de la comercialización con sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, en consecuencia, tomando en cuenta esos antecedentes procesales, entiende este tribunal de apelación que, la acusación resulta siendo una tesis, la antítesis será la prueba y la sentencia será la síntesis, en consecuencia, no es posible para el tribunal de apelación de que una acusación de inicio al juicio oral, ingrese de modo cuestionada o fracturada, porque se entiende que el escenario del delito es uno solo, donde se entiende que, el hecho punible se establecerá en ese marco de la acusación determinándose también las responsabilidades de cada sujeto o presunto partícipe en el hecho punible, es más; conviene precisar que, una cosa es establecer, la existencia del hecho punible y sus instrumentos o medios que sirvieron para la comisión del hecho punible y otras cosa muy distinta es, la participación en ese hecho punible. Al respecto, en el caso analizado, el rechazo de denuncia emitido por la fiscalía es por insuficiencia de pruebas, en consecuencia reitero, a través vía control de logicidad, se entendería de que se hubiese establecido la probable existencia del hecho punible y sus connotaciones legales, es decir, se advierte el escenario del delito, más los presuntos medios o instrumentos del delito, desde esa perspectiva, la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia Penal No 1, es correcta que no adolece de ningún defecto, es más; en materia de juicio oral, todos los incidentes se presentan en la forma que señala el art. 345 del Código de Procedimiento Penal, Modificado por la Ley No 1173, que se la debe resolver en sentencia, esa decisión asumida en el caso de autos es correcta, donde no se puede adelantar un criterio de justicia, sobre presuntos medios o instrumentos del delito; por lo tanto, existe la necesidad de que en el juicio oral, se esclarezca en uno o en otro sentido, es así que, en que quedaría la tesis de la fiscalía, cuando se afirma de que esos bienes incautados hubiesen sido producto de la comercialización con sustancias controladas, en caso de devolverse, ya no se discutiría esa situación jurídica respecto a los mencionados bienes incautados durante la celebración del juicio oral, por lo tanto, no encontramos, un defecto o como decía la parte apelante, el tribunal hubiese entrado en confusión, más por el contrario, este tribunal de apelación, siempre ha estado valorando y ponderando las decisiones que toma el Tribunal de Sentencia Penal No 1, por la experiencia que tienen los miembros de dicho tribunal inferior y en más de las veces hemos ponderado las decisiones que toman a los fines de la tutela judicial efectiva. 3º.- Finalmente, en el petitorio de la parte apelante, por un lado se solicita se deje sin efecto el auto impugnado respecto a la apelante Sara Brigitte Alconz Condori y por el otro lado, respecto a los otros apelantes se impetra la devolución de bienes incautados, a cuyo efecto, a partir de una estructura de un fallo judicial así resuelto, eso no es coherente, dictar resolución al mismo tiempo disponer la nulidad del auto impugnado y al mismo tiempo ordenarse la devolución de bienes incautados, toda vez que, por nulidad, en varias resoluciones judiciales también hemos razonado y explicado, en sentido que, el efecto de la nulidad es la nada jurídica, por ese motivo, en el marco de la pedagogía de las resoluciones, no hay posibilidad de tutelarse ante esa controversia jurídica advertida en la parte apelante, sino lo recomendable y aconsejable es que, en sentencia se dilucide dichos aspectos reclamados por la parte apelante, en uno o en otro sentido, en lo demás, consideramos haber respondido a los alegatos de la parte apelante. Por otro lado, en esta clase de resoluciones judiciales, solamente se tiene el planteamiento y se resuelve en sentencia, toda vez que, en la praxis judicial, no propiamente se pueda suscitar un incidente como este que ha acontecido en la especie, toda vez que, el tribunal de apelación, consideraba de que se encontraría en pleno juicio oral, que lamentablemente tenemos que decir al Ministerio Publico, a tener convicción, compromiso institucional como fiscalía y no puede ser que casos penales como este, no tengan un desarrollo normal del juicio oral, que vendría perjudicando incluso a la parte apelante que podría ya haberse resuelto, de manera que, no es posible que a estas alturas, donde la acusación data de fecha 12 de diciembre de 2018, y no haya todavía juicio oral, en otrora, pondremos en conocimiento del Fiscal General del Estado Boliviano, porque perjudicamos a las partes, por eso entiende este tribunal de apelación sobre el reclamo efectuado de la parte apelante, por no haberse resuelto la situación jurídica respecto a los medios o bienes incautados” (sic [fs. 61 a 63]).
La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y a la propiedad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, los ahora demandados emitieron el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, ratificando la resolución que negó la devolución de sus bienes incautados, bajo el erróneo argumento de que el sobreseimiento emitido a su favor no tiene relevancia jurídica y que no corresponde levantar la incautación mientras exista juicio oral aperturado; apartándose de lo establecido por el art. 324 del CPP y la SCP 1230/2006 de 1 de diciembre, puesto que al encontrarse sobreseídos, ya no son parte del proceso y no pueden en etapa de juicio oral hacer valer sus derechos respecto a sus bienes incautados, razón por la cual, la determinación incumple con la aplicación objetiva de la ley, correspondiendo la devolución de lo incautado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) Sobre los efectos jurídicos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento y, 3) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).
1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
En relación al requerimiento conclusivo de sobreseimiento el art. 323 del CPP señala que, cuando el Fiscal de Materia concluya la investigación: “3) Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación” A su vez, el art. 324 de la precitada norma adjetiva penal -sin las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- determina:
El Fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Recibida la impugnación, o de oficio en el caso de no existir querellante, el fiscal remitirá los antecedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes, al fiscal superior jerárquico para que se pronuncie en el plazo de cinco días. Si el fiscal superior jerárquico revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales…
Al respecto, la SC 1230/2006-R de 1 de diciembre señala:
…De la norma procesal referida se concluye que en cuanto a las consecuencias jurídicas del sobreseimiento, la parte in fine del tercer párrafo del art. 324 del CPP, establece que si el fiscal superior jerárquico ratifica el sobreseimiento, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales, vale decir, que tiene similares efectos a los de la Sentencia absolutoria, cuando por mandato del art. 364 del CPP, “la sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente”; normativa que, además, determina que “la libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia”, determinación que se justifica porque resulta claro que la medida cautelar ante la emisión de la sentencia, ha perdido toda justificación por su falta de utilidad procesal. En esta línea de razonamiento, la SC 0832/2004-R, de 1 de junio, reconoció que: “(…) los efectos de una Sentencia absolutoria con relación a las medidas cautelares personales son inmediatos, lo que significa que, dictada la Sentencia, el Juez o Tribunal de la causa deberá ordenar la cesación de las mismas, lo que implica a su vez, que no puede someter al procesado a la espera del trámite de una apelación o recursos ulteriores a la emisión de la sentencia, cuando se le ha declarado absuelto de culpa y pena por el delito por el que fue procesado, de modo que resulta lógico y conforme a derecho que habiendo sido declarado de tal forma se le habilite en el goce y disfrute de sus derechos y garantías, dejando sin efecto las limitaciones que se impusieron a los mismos como medidas para asegurar su presencia en el juicio como también para asegurar la averiguación de la verdad, que en primera instancia está contenida en la fundamentación de la sentencia”.
Consiguientemente, se entiende que la autoridad judicial competente cuando el imputado se encuentra detenido preventivamente debe librar el mandamiento de libertad en los casos de requerimiento conclusivo de sobreseimiento y de sentencia absolutoria, pues en ambas situaciones corresponde la cesación de medidas cautelares conforme lo disponen los arts. 324 tercer párrafo y 364 primer párrafo del CPP; en cuya virtud, en coherencia con lo establecido por el segundo párrafo de esta última disposición legal, que establece que la libertad del imputado se ordenará aún cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada; es posible concluir que similar razonamiento puede aplicarse cuando se emita requerimiento conclusivo de sobreseimiento, si acaso el imputado se encuentra sujeto bajo la medida cautelar de detención preventiva, teniendo en cuenta que el sobreseimiento es decretado cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, reiterando lo sostenido en la SC 1230/2006-R de 1 de diciembre, señala:
En esa línea de razonamiento, si bien la parte in fine del tercer párrafo del art. 324 del CPP establece que cuando el fiscal superior ratifica el sobreseimiento, éste dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales, ello no debe llevarnos a concluir en forma taxativa, que recién podrá emitirse el mandamiento de libertad una vez que sea ratificado el indicado sobreseimiento; un razonamiento contrario, implicaría que no obstante que existe un sobreseimiento a favor del imputado éste se vea sujeto a las emergencias de la ejecutoria de esa resolución, cuando en los hechos la utilidad procesal de la detención preventiva ha desaparecido a raíz de que no resulta justificable mantener privado de libertad a aquel imputado sobre el que no existen suficientes elementos de prueba para fundamentar la acusación formulada en su contra; o por el contrario, se llega a la convicción de que no participó en el delito atribuido, o finalmente el hecho no existió o no constituye delito; es decir, desaparecieron los presupuestos que determinaron la detención; y si bien resulta evidente que el fiscal superior puede revocar el sobreseimiento, mantenerlo privado de su libertad hasta esa probable resolución no guarda coherencia con el principio de favorabilidad contenido en el art. 7 del CPP, que determina que: “la aplicación de las medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste”; en cuyo mérito, no puede prescindirse de la premisa fundamental de que las medidas cautelares deben ser impuestas o mantenidas de manera que perjudiquen lo menos posible al imputado, y que cuando las mismas ya no son necesarias, deberán ser dejadas sin efecto (las negrillas son nuestras).
Lo señalado en forma precedente, permite concluir que el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al tener los mismos efectos de una sentencia absolutoria respecto a las medidas cautelares, en base a los criterios de logicidad, pertinencia, debe tomarse en cuenta aun si la misma no adquiera la ejecutoria a objeto de que la imputa (o), cuando menos se beneficie de una medida cautelar que sea menos gravosa.
La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y a la propiedad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, los ahora demandados emitieron el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, ratificando la resolución que negó la devolución de sus bienes incautados, bajo el erróneo argumento de que el sobreseimiento emitido a su favor no tiene relevancia jurídica y que no corresponde levantar la incautación mientras exista juicio oral aperturado; apartándose de lo establecido por el art. 324 del CPP y la SCP 1230/2006 de 1 de diciembre, puesto que al encontrarse sobreseídos, ya no son parte del proceso y no pueden en etapa de juicio oral hacer valer sus derechos respecto a sus bienes incautados, razón por la cual, la determinación incumple con la aplicación objetiva de la ley, correspondiendo la devolución de lo incautado. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: el 6 de noviembre de 2017 se emitió Resolución de Rechazo a favor de Sara Brigitte Alconz Condori -ahora accionante- (Conclusión II.1) y respecto a Dennis Vicente Fernández Alconz y Jhovert Fernández Alconz -también accionantes- el 12 de diciembre de 2018 se emitió resolución de sobreseimiento que fue ratificada por Resolución Jerárquica 47/2019 de 7 de mayo (Conclusión II.2). Considerando que el proceso penal se encontraba concluido, los señalados solicitaron la devolución de sus bienes incautados; emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio de 25 de octubre de 2021, por el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, dispuso rechazar su solicitud (Conclusión II.3); ante tal negativa, mediante memoriales de 5 de noviembre del citado año, los ahora peticionantes de tutela, apelaron el referido Auto interlocutorio (Conclusión II.4) emitiéndose el Auto de Vista 98/2021 por el cual las autoridades accionadas, declararon la improcedencia de los recursos de apelación incidental (Conclusión II.5).
En ese contexto, e ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya tarea, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Es así que, en el presente caso, se observa que la autoridad demandada, para rechazar los recursos de apelación planteados por los accionantes señaló:
“…el tribunal de apelación, identifica la problemática jurídica en el caso analizado, es en el hecho que se hubiese emitido el sobreseimiento o el rechazo de denuncia, de tal manera que, esa situación jurídica daría lugar a la cancelación de las medidas cautelares y consiguiente devolución de los bienes incautados. Al respecto, vía control de logicidad del auto impugnado, se entiende que, en el caso que nos ocupa, el Ministerio Publico, formulo la acusación en los de la materia, en contra de Rogelio Laura Campos, Pablo Fernández Mamani, José Miguel Fernández Mamani, Ciprian Alconz Condori, Vicente Fernández Castro y Eva Camilo Ramírez Fernández, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y en cuyo contenido de la exposición o la relación circunstanciada de los hechos, hace referencia e involucra precisamente a los mencionados bienes incautados en el caso que nos ocupa y a lo cual, el Ministerio Publico ha ratificado en ese contexto, de que en el presente proceso penal, los mencionados bienes incautados, serian como consecuencia de un producto de la comercialización con sustancias controladas y legitimación de ganancias Ilícitas, en consecuencia, tomando en cuenta esos antecedentes procesales, entiende este tribunal de apelación que, la acusación resulta siendo una tesis, la antítesis será la prueba y la sentencia será la síntesis, en consecuencia, no es posible para el tribunal de apelación de que una acusación de inicio al juicio oral, ingrese de modo cuestionada o fracturada, porque se entiende que el escenario del delito es uno solo, donde se entiende que, el hecho punible se establecerá en ese marco de la acusación determinándose también las responsabilidades de cada sujeto o presunto partícipe en el hecho punible, es más; conviene precisar que, una cosa es establecer, la existencia del hecho punible y sus instrumentos o medios que sirvieron para la comisión del hecho punible y otras cosa muy distinta es, la participación en ese hecho punible. Al respecto, en el caso analizado, el rechazo de denuncia emitido por la fiscalía es por insuficiencia de pruebas, en consecuencia reitero, a través vía control de logicidad, se entendería de que se hubiese establecido la probable existencia del hecho punible y sus connotaciones legales, es decir, se advierte el escenario del delito, más los presuntos medios o instrumentos del delito, desde esa perspectiva, la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia Penal No 1, es correcta que no adolece de ningún defecto, es más; en materia de juicio oral, todos los incidentes se presentan en la forma que señala el art. 345 del Código de Procedimiento Penal, Modificado por la Ley No 1173, que se la debe resolver en sentencia, esa decisión asumida en el caso de autos es correcta, donde no se puede adelantar un criterio de justicia, sobre presuntos medios o instrumentos del delito; por lo tanto, existe la necesidad de que en el juicio oral, se esclarezca en uno o en otro sentido, es así que, en que quedaría la tesis de la fiscalía, cuando se afirma de que esos bienes incautados hubiesen sido producto de la comercialización con sustancias controladas, en caso de devolverse, ya no se discutiría esa situación jurídica respecto a los mencionados bienes incautados durante la celebración del juicio oral, por lo tanto, no encontramos, un defecto o como decía la parte apelante, el tribunal hubiese entrado en confusión, más por el contrario, este tribunal de apelación, siempre ha estado valorando y ponderando las decisiones que toma el Tribunal de Sentencia Penal No 1, por la experiencia que tienen los miembros de dicho tribunal inferior y en más de las veces hemos ponderado las decisiones que toman a los fines de la tutela judicial efectiva. 3º.- Finalmente, en el petitorio de la parte apelante, por un lado se solicita se deje sin efecto el auto impugnado respecto a la apelante Sara Brigitte Alconz Condori y por el otro lado, respecto a los otros apelantes se impetra la devolución de bienes incautados, a cuyo efecto, a partir de una estructura de un fallo judicial así resuelto, eso no es coherente, dictar resolución al mismo tiempo disponer la nulidad del auto impugnado y al mismo tiempo ordenarse la devolución de bienes incautados, toda vez que, por nulidad, en varias resoluciones judiciales también hemos razonado y explicado, en sentido que, el efecto de la nulidad es la nada jurídica, por ese motivo, en el marco de la pedagogía de las resoluciones, no hay posibilidad de tutelarse ante esa controversia juridica advertida en la parte apelante, sino lo recomendable y aconsejable es que, en sentencia se dilucide dichos aspectos reclamados por la parte apelante, en uno o en otro sentido, en lo demás, consideramos haber respondido a los alegatos de la parte apelante. Por otro lado, en esta clase de resoluciones judiciales, solamente se tiene el planteamiento y se resuelve en sentencia, toda vez que, en la praxis judicial, no propiamente se pueda suscitar un incidente como este que ha acontecido en la especie, toda vez que, el tribunal de apelación, consideraba de que se encontraría en pleno juicio oral, que lamentablemente tenemos que decir al Ministerio Publico, a tener convicción, compromiso institucional como fiscalía y no puede ser que casos penales como este, no tengan un desarrollo normal del juicio oral, que vendría perjudicando incluso a la parte apelante que podría ya haberse resuelto, de manera que, no es posible que a estas alturas, donde la acusación data de fecha 12 de diciembre de 2018, y no haya todavía juicio oral, en otrora, pondremos en conocimiento del Fiscal General del Estado Boliviano, porque perjudicamos a las partes, por eso entiende este tribunal de apelación sobre el reclamo efectuado de la parte apelante, por no haberse resuelto la situación jurídica respecto a los medios o bienes incautados.” (sic [fs. 61 a 63]). Como se observa del Auto de Vista cuestionado, las autoridades demandadas parten indicando en suma, que contra los ahora accionantes se emitió una resolución de rechazo y otra de sobreseimiento, pero que tal aspecto, no es suficiente para devolver los bienes incautados puesto que contra otros sindicados -entiéndase del mismo proceso penal- se emitió pliego acusatorio, y que por ello, se requiere de los elementos incautados para desarrollar el juicio oral, razón por la cual no es posible realizar la devolución de los bienes incautados; entonces, tal afirmación realizada por los Vocales demandados, trata de justificarse en lo que podría llamarse las “necesidades del juicio oral”; sin embargo, la misma no responde a un criterio de legalidad adecuado; es decir, genera evidente confusión, puesto que no se fundamenta en artículo alguno de la norma adjetiva penal, normativa especializada o jurisprudencia al respecto, omitiendo considerar también lo desarrollado en Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que sobre los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento desarrolló que este se asemeja a los de una sentencia absolutoria y que ante su emisión no corresponde mantener vigentes medidas cautelares respecto a los sindicados. Entonces, como se describió previamente, toda determinación judicial requiere fundamentar los argumentos vertidos a efectos de dar certeza de la decisión asumida, por lo que las autoridades accionadas, necesariamente debieron indicar cuál es el parámetro normativo o jurisprudencial que les permite negar una solicitud de devolución de bienes incautados como efecto de la emisión de los requerimientos conclusivos de rechazo y sobreseimiento; sin embargo, al no hacerlo, recayeron en una notoria falta de fundamentación y motivación de su determinación.
Además, las autoridades demandadas en su Auto de Vista, afirman que la solicitud de devolución de bienes incautados debe ser resuelta en sentencia al tratarse de un incidente; sin embargo, nuevamente omiten señalar cual es el parámetro normativo o jurisprudencial del cual surge dicha afirmación, llamando la atención de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que los demandados fundan su determinación en “la experiencia” que consideran tiene el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro. Entonces, si bien los demandados consideraban que la solicitud de devolución de bienes incautados, debía resolverse en sentencia, debieron resolver su fallo en ese sentido; argumentando la necesidad de determinar la improponibilidad del mismo en esta etapa procesal sin ingresar al fondo de lo impetrado; sin embargo, al analizar el fondo de lo planteado en apelación incidental ingresaron en incongruencia interna o contradicción, puesto que afirmaron que dicho incidente no debe analizarse en esta etapa; sin embargo, pese a dicha afirmación, lo realizaron. Por lo referido es que es evidente una carencia de fundamentación y motivación de la determinación, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 109 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 98/2021 de 6 de diciembre, emitido por las autoridades demandadas, debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su legal notificación, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
3 El FJ III.4 de la citada Sentencia Constitucional señala lo siguiente: “Consecuentemente, se advierte que la autoridad judicial recurrida no realizó una adecuada ponderación de la situación del representado del recurrente, prolongando indebidamente la detención del recurrente y desconociendo que: “cuando se trata de la limitación del derecho a la libertad, toda autoridad que tenga facultad para disponer la misma, tendrá obligación de cuidar que la limitación sea mantenida conforme a las normas procesales aplicables, vale decir, por el tiempo que se hubiera estipulado o si no se ha estipulado ninguno, se mantenga sólo mientras sea necesaria la misma, entendiéndose que cuando dicho tiempo fenece; o ya no existe necesidad de aplicar la medida debe ser inmediatamente dejada sin efecto (…)” (SC 0629/2004-R, de 27 de abril), razonamiento último al que puede arribarse cuando se emite el requerimiento de sobreseimiento y se dan las circunstancias anotadas que impiden que el procedimiento establecido en el art. 324 del CPP, sea cumplido dentro del plazo previsto; por lo que independientemente de que el sobreseimiento se encuentre sujeto a impugnación, este extremo no impide que la libertad del privado de libertad se haga efectiva, lo contrario, significaría que con el propósito de esperar la ejecutoria del requerimiento de sobreseimiento, el privado de libertad se vea obligado a mantener su detención pese a que existe a su favor una resolución que determinó que no existen suficientes elementos de prueba de que es autor o partícipe del hecho acusado, como ha ocurrido en el caso de autos; advirtiéndose que al haber desaparecido la utilidad procesal de la detención preventiva, la libertad del representado del recurrente en virtud del principio de favorabilidad debió ser efectivizada independientemente de que se sigan los trámites para ejecutoriar o no la Resolución de sobreseimiento
4 El citado lineamiento jurisprudencial fue reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 020/2014-S3 de 25 de noviembre, SCP 0132/2015-S3 de 10 de febrero, SCP 0950/2015-S2 de 7 de octubre y la SCP 0793/2017-S2 de 14 de agosto.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0913_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ebc6ec1a93ac489a4158d80eee4965730400d0cbf4fdbfa044e3f8872da9d06
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