B.IA.LEGAL

SCP 0911/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49256-2022-99-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento motivación; toda vez que la autoridad accionada, mediante Auto de Vista 184/2022, cesó la medida de detención preventiva del imputado -ahora tercero interesado-, imponiéndole otras medidas cautelares, sin explicar de manera motivada las razones por las que considera que el riesgo procesal de fuga referido al peligro para la víctima -art 234.7 del CPP-, fue enervado con la presentación del Dictamen Pericial Psicológico practicado sobre el prenombrado, en contrastación con los elementos que dieron lugar a la determinación inicial del referido riesgo y que convergen en el peligro que representa el mencionado hacia su persona como víctima de violencia y su condición de mujer. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 73/2022, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión del derecho y garantía del debido proceso en su elemento motivación vinculado a valoración probatoria y aplicación de enfoque interseccional; en consecuencia, 2º Dispone, dejar sin efecto el Auto de Vista 184/2022 de 29 de junio, ordenando a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dicte nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos y razones expuestas en este fallo constitucional, a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de Elio Lázaro Garisto, ya hubiese sido definida o variado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación de los fallos judiciales como elemento del debido proceso y el alcance de su dimensión interrelacionada a otros elementos constitutivos del debido proceso
  2. III.2. Aplicación de los enfoques de género e interseccionalidad en la consideración de la imposición, modificación o cesación de las medidas cautelares personales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0911/2023-S3 Sucre, 11 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49256-2022-99-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 73/2022 de 27 de julio, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marivel Ari Llave contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de julio de 2022, cursante de fs. 7 a 11, la accionante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y su persona contra Elio Lázaro Garisto -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, aunque lo correcto era que se le impute por el delito de lesiones gravísimas, porque el nombrado le destrozó un ojo, provocando que lo pierda, y tentativa de feminicidio; se dispuso la detención preventiva del procesado, estableciéndose entre algunos de los riesgos procesales, el previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, constituye un peligro para su persona como víctima mujer, que merece una protección reforzada al ser parte de un grupo vulnerable, por la gravedad del hecho, por la desigualdad con su agresor y la agresividad con la que actuó este. De forma posterior, el imputado -tercero interesado- inventó que, al salir de una audiencia pública, su persona le hubiese agredido conjuntamente con su madre; por lo que, el mismo Fiscal de Materia de Challapata del departamento de Oruro, la imputó por violencia familiar y doméstica, pidiendo su detención preventiva; es decir que de víctima pasó a ser imputada. Posteriormente, y como efecto de una solicitud de cesación de la detención preventiva, en grado de apelación, de forma ilegal, Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado- a través de Auto de Vista 184/2022 de 29 de junio, revocó el Auto -Interlocutorio “020”/2022 de 17 de junio- emitido por el Tribunal de Sentencia -Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del citado departamento- y otorgó la libertad a su agresor, con el argumento de que el Dictamen Pericial Psicológico emitido por Mabel Viviana Chavarría Moblan -Psicóloga-, enervaría el riesgo procesal de fuga establecido como concurrente; por cuanto, dicha pericia hubiere determinado que el imputado tendría un bajo grado de agresividad y no sería un peligro para su persona. Duce que, el referido Auto de Vista carece de motivación; toda vez que, no explica los verdaderos fundamentos por los cuales se hubo determinado “…la concurrencia de este riesgo procesal de fuga…” (sic); puesto que, como describió previamente, el Auto Interlocutorio del Tribunal a quo, determinó la concurrencia del precitado riesgo procesal, a partir de la gravedad del hecho, pues el agresor le reventó un ojo, decisión asumida por las autoridades inferiores con base a la protección reforzada que merece como víctima, en el marco de lo establecido por la Norma Suprema, la jurisprudencia constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); igualmente, se tomó en cuenta, la desigualdad con su agresor y la agresividad con la que este actuó; es decir, que la autoridad hoy accionada -al desvirtuar dicho peligro- no motiva de qué manera los riesgos hubiesen sido enervados, al extremo incluso, de no hacer referencia a los fundamentos completos de este riesgo ni cómo un peritaje forense puede enervar dichos extremos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento motivación, citando al efecto el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, en audiencia, invocó el “núm. 2” -se entiende parágrafo II- de la norma citada.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 184/2022, emitido por la autoridad accionada, disponiendo la emisión de uno nuevo con motivación y analizando los fundamentos vinculados al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, determinados en el Auto Interlocutorio inicial -no identifica numeración ni fecha-, con criterios de justicia con perspectiva de género.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 49; presentes, la impetrante de tutela asistida de su abogado y el abogado del tercero interesado -sin poder de representación-; y ausentes, el tercero interesado y la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia, expresó lo siguiente: a) El Auto de Vista cuestionado, no explica las razones por las que el informe psicológico forense realizado por Mabel Viviana Chavarría Moblan, enervaría el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; por cuanto, de antecedentes se tiene que su persona sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales; b) El Fiscal de Materia de Challapata del departamento de Oruro, no supo adecuar el tipo penal atribuido a su agresor, ya que la agresión física, psicológica y sexual que sufrió, fue de mucha gravedad; c) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional invocada, a fin de resolver una cesación a la detención preventiva, primero se analizan varios puntos, lo cuales fueron los presupuestos para la privación de libertad; segundo, deben establecerse cuáles son los nuevos elementos que enervan estos motivos; entonces, la autoridad judicial debe remitirse en primera instancia al Auto que dispuso la detención preventiva, para analizar los presupuestos señalados; empero, en este caso, la autoridad accionada no analizó de manera íntegra el riesgo procesal determinado; por cuanto, no consideró que es mujer y que la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348de 9 de marzo de 2013-, tiene principios que “definen” y protegen los derechos de la mujer, concretamente los arts. 1 y 15 de la citada Ley; d) Invoca el art. 115 “…en su núm. 2…” (sic) de la CPE, así como la SCP 0346/2018-S2 -de 18 de julio- con relación a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 -de 8 de noviembre- y 0100/2013 -de 17 de enero-, respecto a la arbitrariedad que puede ser expresada en una decisión; y, e) Conforme a las pruebas que solicitó al Ministerio Público, se demuestra que el imputado -ahora tercero interesado-, es una persona agresiva; por lo que, no es suficiente un informe psicológico para determinar si es o no un peligro para la víctima; pues como se puede advertir, está mal de un ojo y perdió la vista, a consecuencia de las agresiones físicas que sufrió propinadas por el prenombrado, quien ahora está gozando de “libertad provisional”.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito, cursante de fs. 24 a 25 vta., manifestó lo siguiente: 1) La víctima -ahora accionante- relata hechos distintos, pues según su declaración tomada en un primer momento, hubiera existido agresión física por el imputado -tercero interesado-; y posteriormente, en la complementación de dicho acto, presentada ante el personal del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Defensoría de la Niñez -y Adolescencia (DNA)- de Challapata, refirió la pérdida del ojo, ocasionado justamente a consecuencia de los golpes, que databa de la gestión pasada; declaración que fue considerada y valorada; 2) Esas denuncias fueron contestadas de manera negativa por la parte contraria, quien manifestó que la víctima se quejaba de un dolor referido a su “visión”; empero, en ningún momento demostraron cuáles fueron los elementos o factores primordiales para -que se desarrolle- esa “infección”; asimismo que, el problema de visión hubiese sido a consecuencia de la etapa de gestación, en la que la víctima habría consumido tabletas, pastillas u otros medicamentos que habrían dado lugar a la infección; en consecuencia, ello debía ser probado a través de un informe pericial de persona entendida en la materia, quien determinaría esa situación; de igual forma que, el “Centro de Oftalmología” corroboraría el consumo de tabletas en la etapa de gestación y el incumplimiento de la víctima de las recomendaciones médicas; empero, no es como señala la víctima, que el imputado -tercero interesado- le “‘reventó un ojo’”; 3) Actualmente, el proceso penal de origen se encuentra con acusación pública por el delito de violencia familiar o doméstica, radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, a efecto de llevar a cabo el juicio oral; 4) En cuanto a la lesión del debido proceso en su elemento resolución debidamente motivada, se tiene que el Auto de Vista 184/2022 emitido, está debidamente fundamentado, conforme a las pruebas que fueron presentadas; por cuanto, únicamente quedaba latente el riesgo procesal, el previsto en el art. 234.7 del CPP, sobre el peligro efectivo para la víctima; al respecto, se presentó un Dictamen Pericial Psicológico, que señala: “‘tiene un perfil psicológico normal, no presenta indicadores de patología, trastorno disfunción o alteración de personalidad’”; asimismo, que el imputado: “‘es una persona estable, a los afectos, en el uso de la razón con buen nivel integración en la realidad y las normas, es una persona con responsabilidad subjetiva’” (sic), en cuanto a la valoración del riesgo de violencia contra la mujer “pareja”, señaló que: “‘la agresividad no está presente en su comportamiento cotidiano, tiene una adecuada forma de arreglar los problemas, es razonable a su relación con las mujeres’” (sic); así como también “‘las particularidades de personalidad y ausencia de patología en la expresión de agresividad, indica que la peligrosidad no es una característica del señor Elio Lázaro Garisto’”; asimismo señaló que “‘…no es una persona que presente peligrosidad y riesgo de violencia contra su pareja, Maribel Ari Llave’” (sic); que: “‘no presenta riesgo de violencia’” (sic); finalmente, en cuanto al grado de peligrosidad para la víctima o denunciante, señala lo siguiente: "‘de acuerdo a las pruebas administradas, no existe presencia de componentes de su personalidad, ni el manejo de la frustración que deriven en expresiones de agresividad. Por tanto, el señor Elio Lázaro Garisto, tiene un grado bajo de agresividad, que debe interpretarse como no existe peligrosidad para la víctima y/o denunciante’” (sic); en consecuencia, valorando dicho informe, determinó que Elio Lázaro Garisto -ahora tercero interesado-, no constituye un peligro efectivo para la víctima ya que el análisis lo realizó una profesional entendida en la materia, quien de manera taxativa refirió que: “‘no es una persona que presente peligrosidad y riesgo de violencia contra su pareja, Maribel Ari Llave’’”(sic); es así que, se realizó el análisis correspondiente en función a los antecedentes del hecho que se encontraban en la imputación formal; 5) En el Auto de Vista cuestionado, se pronunció en correspondencia a los agravios esgrimidos por el imputado y la contestación de la parte víctima; asimismo, en función al análisis de la documental que presentó la parte imputada, que es el Dictamen Pericial Psicológico, el cual cumple con los requisitos establecidos por el art. 204 y ss. del CPP, en cuanto a la producción de las pericias, en razón a que tiene la autorización del Fiscal de Materia y la habilitación legal de la Psicóloga experta, quien realizó el análisis en cuanto a los puntos periciales señalados y que se tomó en cuenta dentro de las conclusiones que reflejaba dicha pericia; 6) En el informe pericial, se debían establecer los siguientes elementos: i) Determinar los rasgos o características de personalidad del imputado; ii) Valorar el riesgo de violencia contra la mujer, es decir, contra la pareja; y, iii) Valorar el riesgo de violencia el grado de peligrosidad para la víctima y/o el denunciante; que fueron los aspectos más resaltantes que tomó en cuenta para poder enervar el riesgo procesal en cuestión, y no así como señaló el Tribunal a quo, que realizó el análisis de manera global, indicando a su vez, que debió realizarse un dictamen pericial fuera del Centro Penitenciario para que el imputado obtenga su libertad, extremo que no es razonable, ya que el prenombrado se encontraba detenido preventivamente, siendo dicha exigencia de imposible cumplimiento; 7) La profesional Psicóloga, recabó información en cuanto a los antecedentes del examinado, estableciéndose los componentes de su familia y los antecedentes de la causa, recabándose entrevistas en cuanto a los sucesos que habían ocurrido antes del 3 de marzo del 2022 y acontecimientos del 2 del mismo mes y año, los cuales se describieron en la imputación formal; también, respecto a cómo sería la relación de la pareja, a cuyo efecto, se obtuvo por la profesional Psicóloga “…la escala de locus de control…” (sic); es decir, un inventario de la evaluación de la personalidad del imputado, que en cada uno de sus puntos, señala las técnicas y metodología empleadas para poder establecer los indicadores y de esa manera llegar a las conclusiones periciales, siendo la pericia el nuevo elemento que se presentó y fue tomada en cuenta para emitir la resolución de alzada; 8) Con relación a lo que refiere la accionante, respecto a que la acreditación del riesgo procesal en cuestión, parte del hecho de violencia que sufrió la víctima -porque el imputado- "‘le reventó un ojo’”, y la protección reforzada que merece la víctima mujer en función a ser parte del grupo vulnerable; se debe considerar que, el hecho ocurrió de manera paulatina, cuando ella se encontraba haciendo tratamiento y presumiblemente sería a causa de una infección y un golpe anterior que le causó el imputado; así se tiene de los antecedentes del proceso penal de origen y que serán dilucidados en el transcurso del juicio oral; en ese entendido, no se está desmereciendo la condición que tiene la víctima como mujer, reconociéndose que se encuentra dentro de un grupo vulnerable; por ello, dispuso contra el imputado las medidas de prohibición de comunicarse con la víctima o familia y testigos, así como de concurrir y consumir bebidas alcohólicas, las cuales deben ser cumplidas por el imputado; y en caso de incumplimiento, automáticamente será revocada la decisión, disponiéndose su detención preventiva; 9) Siendo el único riesgo procesal latente, correspondía disponer la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, con las medidas de seguridad correspondientes para asegurar su presencia en el desarrollo del proceso; y, 10) Respecto a la agresión que hubiese sufrido el imputado por parte de la víctima y su madre, al salir de la audiencia pública, por lo que la accionante hubiese sido imputada; este aspecto no debe ser considerado por el Tribunal de garantías, ya que no fueron objeto de la apelación incidental; en consecuencia, si es que hubo algún tipo de agresión física por parte de la víctima y su madre hacia el imputado, éstos constituyen otros hechos; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de tercero interesado

Elio Lázaro Garisto a través de su abogado, quien no contaba con poder de representación, en audiencia, en la vía informativa, expresó lo siguiente: a) La imputación formal en ningún momento menciona abuso sexual; el hecho fue suscitado el 2022 y la supuesta agresión o el supuesto golpe se hubiera infligido el 2021, entonces, el Fiscal de Materia, en ningún momento cometió un error; la denuncia de la ahora accionante se efectuó por violencia familiar o doméstica, no así por lesiones graves, abuso sexual ni violación; y, b) Con relación a la pericia presentada por la profesional Mabel Viviana Chavarría Moblan, aplicada al imputado, resulta que la detención preventiva del referido se determinó por el peligro efectivo para la víctima, no así por el “…peligro efectivo para la sociedad o denunciante…” (sic); por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 73/2022, cursante de fs. 50 a 53 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del Auto de Vista 184/2022, se evidencia que la autoridad accionada se pronunció sobre los aspectos mencionados por la parte hoy accionante, sujetándose dicha decisión, tanto a los aspectos cuestionados en el recurso, como a los antecedentes del proceso; los argumentos explanados son claros y cuentan con un razonamiento integral; haciéndose cita de la normativa legal atinente al caso; 2) La parte hoy accionante, no fue quien interpuso el recurso de apelación, sino el imputado Elio Lázaro Garisto, ahora tercero interesado; 3) El Tribunal de garantías, no se constituye en una nueva instancia de valoración de la prueba, es decir, una instancia casacional; entonces, no corresponde valorar las pruebas que ya fueron valoradas tanto por el Tribunal inferior como por la autoridad de alzada; sobre ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es una labor propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, se abre la posibilidad de que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba, o se hubiera apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, lo que no ocurre en el presente caso; y, 4) El Auto de Vista 184/2022,emitido por la autoridad accionada, contiene en su estructura una adecuada fundamentación y motivación que sustenta la decisión asumida; no vulnera el derecho al que hace referencia la parte accionante.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto de Vista 184/2022 de 29 de junio, Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, determinó declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por Elio Lázaro Garisto -hoy tercero interesado-; en su mérito, revocó el Auto Interlocutorio “020”/2022 de 17 de junio; y, deliberando en el fondo, concedió al cesación de la detención preventiva del nombrado, ordenando cumpla las medidas cautelares de carácter personal conforme señala el art. 231 bis. parágrafo I del CPP, entre ellas, su detención domiciliaria con vigilancia esporádica y autorización en cuanto a la jornada laboral; la acreditación de dos garantes fiables abonables en derecho, que no sean menores de veinte años ni mayores de sesenta años, acreditados en audiencia pública; y, la prohibición de comunicarse con la víctima o familiares y testigos en la presente causa (fs. 2 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento motivación; toda vez que la autoridad accionada, mediante Auto de Vista 184/2022, cesó la medida de detención preventiva del imputado -ahora tercero interesado-, imponiéndole otras medidas cautelares, sin explicar de manera motivada las razones por las que considera que el riesgo procesal de fuga referido al peligro para la víctima -art 234.7 del CPP-, fue enervado con la presentación del Dictamen Pericial Psicológico practicado sobre el prenombrado, en contrastación con los elementos que dieron lugar a la determinación inicial del referido riesgo y que convergen en el peligro que representa el mencionado hacia su persona como víctima de violencia y su condición de mujer. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La motivación de los fallos judiciales como elemento del debido proceso y el alcance de su dimensión interrelacionada a otros elementos constitutivos del debido proceso

Sobre el alcance e interrelación del referido elemento componente del debido proceso, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, precisó: [Al respecto, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.-porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”». Bajo este mismo tópico constitucional relacionado con la fundamentación y motivación, debe considerarse que estos son elementos que forman parte del derecho al debido proceso anteriormente referido, sobre cuyos componentes la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, acogió los siguientes fundamentos: «La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, refiriéndose a la debida fundamentación que debe cumplir toda resolución judicial o administrativa, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado.

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”»] (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). Entonces, se concluye que los elementos fundamentación, motivación -que incluye valoración de la prueba- y congruencia, componentes del debido proceso, tienen diferentes alcances, que si bien pueden ser analizados de manera independiente también de forma interdependiente e integral; por cuanto, en conjunto, garantizan que el contenido de un fallo judicial o administrativo brinde certeza al justiciable o administrado.

III.2. Aplicación de los enfoques de género e interseccionalidad en la consideración de la imposición, modificación o cesación de las medidas cautelares personales

Sobre el particular, la SCP 0623/2023-S3 de 16 de junio, señaló: «En cuanto a la necesaria consideración de la perspectiva de género y el enfoque interseccional cuando se analiza y resuelve hechos vinculados a violencia ejercida contra la mujer, conforme a las obligaciones convencionales asumidas por el Estado boliviano, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0513/2021-S3 de 18 de agosto, desarrollo los siguientes entendimientos: “…conforme al avance de la ciencia del derecho, así como el reconocimiento de distintas categorías de discriminación, el término de víctima cuando involucra a una mujer, adquiere mayor relevancia por la carga histórica de exclusión, violencia estructural, y discriminación de la que fue y es objeto; de ahí que tanto a nivel internacional como nacional, es que paulatinamente se han incorporado mecanismos de protección a la víctima mujer de violencia, sea sexual, psicológica, económica, etc.; en Bolivia, se cuenta con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 13 de marzo de 2013-, en cuyo art. 2, sobre su objeto y finalidad, estipula: ‘La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien’; normativa legal a partir de la cual se emplea el paradigma de Juzgamiento con perspectiva de género, como instrumento o método jurídico de análisis que requiere constatar la existencia o no de una relación desequilibrada de poder, y en caso de existir la misma que identifique a la persona que se encuentra en situación de desigualdad por razón de género y valorar la posible adopción de medidas especiales de protección -pues naturalmente una persona que se constituye en parte víctima de un delito se encuentra en situación de desventaja y vulnerabilidad frente al agresor, o sujeto activo del hecho delictivo, por el menoscabo sufrido, por la preocupación o nerviosismo de sentar la denuncia y seguir el proceso, etc.-; y, bajo este contexto constatado de desigualdad, el juzgador o la juzgadora debe interpretar los hechos de una manera neutral y sin estereotipos discriminatorios; propendiendo a que ésta mujer víctima, tenga una vida digna, pueda ser escuchada por las autoridades correspondientes y acceda a la justicia; conceptos que tienen sustento en lo establecido en el art. 121.II de la CPE que categóricamente establece: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la Ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial…’. (…)

Se concluye entonces que el enfoque interseccional se aplica como una herramienta para juzgar con perspectiva de género, permitiendo el mismo la identificación de categorías de discriminación en las que puede estar adscrita una mujer que es parte de un proceso penal en calidad, entre otros, de víctima, así contextualizando la jurisprudencia constitucional desarrollada sobre el referido enfoque y los factores de discriminación, la SCP 0205/2020-S3 de 10 de julio, explica: ‘(…) la necesidad de efectuar un enfoque interseccional para el análisis de posibles vulneraciones a los derechos cuando se presentan factores como la discriminación y violencia -en diversas categorías biológicas (género), sociales y culturales-hacia las mujeres, (…) se comprende que se cotejó las categorías a las cuáles pertenecían las víctimas (género, edad, situación social al ser miembros del área rural- y la religión) que de acuerdo con la jurisprudencia mencionada resultan criterios de consideración al momento de efectuar un enfoque interseccional para establecer si merecen la protección reforzada de sus derechos’”.

Ahora bien, concretamente sobre la consideración de dichas perspectivas o herramientas de análisis en materia penal y la tramitación incidental de las medidas cautelares en procesos penales en los que se investiga la violencia ejercida contra la mujer, la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: «…es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 61.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además, de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará”, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica, conforme prevé su art. 2, indicando los entornos en los cuales puede generarse, así como las clases que comprende la violencia. De igual manera en su art. 9, expresa ciertas categorías que comprenden la situación de vulnerabilidad de la mujer en casos de violencia mencionando entre ellas la minoridad; normativa que a la vez impele a los Estados Partes, a asumir medidas de protección; sin embargo, no debe dejarse de lado que estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; en ese contexto, en un proceso penal deben identificarse plenamente los factores de vulnerabilidad cuando se trata de mujeres en situación de violencia, ello con la finalidad de contrarrestar situaciones evitables y concurrentes de inseguridad en las que se sitúan y ponen en riesgo sus derechos fundamentales, y por ende también se deben asumir medidas de protección, criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo en el que se encuentre de por medio los derechos fundamentales de una mujer en situación de violencia -enfoque interseccional-, máxime si la misma es menor de edad -grupo vulnerable y de protección reforzada-‘”» (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). A partir de los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, es evidente que la labor de las autoridades judiciales, a momento del despliegue procesal que incluye asumir determinadas acciones y actuaciones procesales, así como la aplicación y/o modificación de medidas cautelares, impele a la aplicación del enfoque interseccional, cuando se trate de situaciones que involucren presunta violencia contra la mujer; lo cual, y dadas las características de temporalidad e instrumentalidad inherentes a dichas medidas, no podría asumirse de forma alguna como una lesión de la garantía de presunción de inocencia del procesado; toda vez que, la misma le asiste mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra, siendo la aplicación del enfoque interseccional y el juzgar con perspectiva de género, únicamente una garantía que asiste, a su vez, a la presunta víctima de un delito por cuestión de género, para su aplicación en la consideración de los criterios de discriminación que pudiesen concurrir en el caso, y no así un razonamiento o criterio sobre el fondo del proceso penal, pues es evidente que rige la regla de que la consideración del enfoque interseccional “…no debe entenderse como un desconocimiento del principio de in dubio pro reo, pues el presunto autor del hecho deberá ser siempre tratado y considerado con los derechos y garantías que le corresponden (presunción de inocencia), permitiéndole ejercer efectivamente su derecho a la defensa; además, si la autoridad judicial actúa conforme lo señalado, el imputado también tendrá la posibilidad de demostrar su inocencia. En ese sentido, se configurará un equilibrio entre actos que conducen a evitar la impunidad y el reconocimiento y efectivo ejercicio de la presunción de inocencia” (SCP 0297/2022-S3 de 20 de abril).

III.3. Análisis del caso concreto

A efecto de resolver la problemática identificada en la suma de los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, corresponde revisar el Auto de Vista 184/2022 de 29 de junio, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, que determinó declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por el hoy tercero interesado, y en su mérito, revocó el Auto Interlocutorio “020”/2022 de 17 de junio; y, deliberando en el fondo, concedió al cesación a la detención preventiva del nombrado, ordenando cumpla las medidas cautelares de carácter personal, conforme señala el art. 231 bis parágrafo I del CPP, entre ellas, su detención domiciliaria con vigilancia esporádica y autorización en cuanto a la jornada laboral; la acreditación de dos garantes fiables abonables en derecho, que no sean menores de veinte años ni mayores de sesenta años, acreditados en audiencia pública; y, la prohibición de comunicarse con la víctima o familiares y testigos en la presente causa (Conclusión II.1). Así, conforme a los datos contenidos en el referido Auto de Vista, se tiene que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio “020”/2022, declarando “INFUNDADO EL INCIDENTE DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA impetrado por el acusado Elio Lázaro Garisto, mantener firme y subsistente la resolución de fecha 8 de abril del año 2021” (sic), decisión contra la que la parte imputada -tercero interesado- interpuso recurso de apelación. Al efecto, del señalado Auto de Vista se extrae que los puntos de agravio del recurso de apelación referido, fueron los siguientes: i) La Resolución del Tribunal a quo es arbitraria y contradictoria; por cuanto, para negar su solicitud de cesación de la detención preventiva sostuvo que, no cumplió con desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; no obstante, presentó una pericia psicológica realizada por una experta en psicología, quien refiere que: “‘El imputado no es ni va a ser un peligro para la victima Maribel Ari Llave’” (sic); asimismo, la pericia señalada, cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa; e igualmente, el requerimiento Fiscal fue puesto a conocimiento de la víctima, sin que los puntos periciales hubiesen sido observados; ii) En audiencia, habría señalado -se asume, el Tribunal inferior jerárquico- las conclusiones del informe pericial en tres o cuatro renglones; sin embargo, “…en ese mérito el Juez A quo, respecto a la prueba ofrecida va señalando aspectos que indican que en la audiencia no se ha tomado en cuenta la probabilidad con relación al imputado, sino más bien con relación a la parte víctima” (sic); iii) El Tribunal a quo, señaló que la referida pericia se realizó de forma exterior y no así de manera explícita al “interior del imputado” a través de la pericia psicológica; que dicho informe tampoco determinó las causas de la conducta, ya que el imputado, al estar detenido preventivamente, no podría dar lugar a que se analice “…esa situación de su comportamiento en libertad” (sic); sin embargo, la pericia psicológica indica que, no se tiene un grado de peligrosidad, tiene la metodología de investigación, realizó la valoración y el modo de desempeño -conducta- del acusado tanto anterior como posterior; por ende, concluyó que existe un peligro bajo, un riesgo moderado y no existe una situación de peligrosidad de acuerdo a examen realizado; resalta los antecedentes de la presente causa, la falta de afecto con relación a su hijo, ya que el imputado requiere trabajar para poder cumplir con la asistencia familiar; entonces, realizó un análisis del antes y después del hecho, estableciendo que no presenta grado de peligrosidad; y, iv) En este contexto, la Resolución del Tribunal a quo es contradictoria; por cuanto, no realizó una valoración integral en cuanto a los aspectos que hacen a la pericia ni tomó en cuenta el principio de congruencia y el marco de razonabilidad; toda vez que, la pericia permite concluir que no es peligro para la víctima, con relación a la apreciación que realiza el Tribunal inferior en torno al art. 234.7 del CPP; extremos por los que corresponde revocar dicha decisión. A su vez, del Auto de Vista ahora observado, se tiene que la víctima -ahora accionante-, en respuesta a la apelación incidental referida, expresó lo siguiente: a) El imputado no explicó cuál el agravio sufrido ni qué derecho se afectó; b) El Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, efectuó la valoración de la prueba, fundamentándose la decisión; inclusive, se refirió a las decisiones asumidas por la Sala Penal Primera y la Sala Penal Tercera, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, que confirmaron las resoluciones subidas en apelación; así, en dichas Resoluciones se advierte que producto del golpe que hubiera sufrido de parte del imputado, perdió la vista, encontrándose actualmente con prótesis; asimismo, que tiene un hijo menor de edad; c) En cuanto al peligro efectivo para la víctima, vinculado a que asistió a la audiencia, tampoco se le obligó -como víctima- a asistir al acto; en ese mérito, llegó un poco retrasada y se llevó adelante la audiencia; por lo cual, no se consideraría una situación de revictimización; d) El Tribunal a quo, cumplió con la valoración de la prueba de manera integral, habiendo revisado punto por punto la pericia presentada; señalando que, las conclusiones a las que arribó la misma, tendrían una explicación de dos a cuatro renglones máximo “…y de los cuales no se puede así establecer conclusiones en este tipo de pericia” (sic); e) Además de ello, -en la pericia- se tienen que establecer aspectos sobre la peligrosidad con sus patrones clínicos correspondientes, y de qué manera el imputado no es un peligro para la víctima; así también, “…se ha tomado en cuenta…” (sic) la SCP “12/2021”; y no se ha señalado cómo sería la conducta del imputado fuera del Centro Penitenciario;

además, no puede ser un motivo que pueda utilizar o señalar el imputado, el hecho de que tendría que estar preocupado de su hijo; asimismo, tendría que realizarse un test en el cual se establezca la fuerza del agresor con relación a la víctima; es decir, esa desventaja existente entre ésta y el imputado a efecto de fijarse el grado de peligrosidad; al no haberse determinado tales extremos, esa situación de peligrosidad no se ha desvirtuado; y, f) Debe tomarse también las apreciaciones establecidas en la SCP “394/2018” y la Convención de Belém Do Pará, respecto al resguardo reforzado -de derechos de la mujer-; en consecuencia, solicitó se rechace la apelación incidental del imputado. En base a los puntos de agravio de la apelación y los elementos de respuesta aportados por la parte víctima, la autoridad accionada, en el análisis del caso concreto del Auto de Vista 184/2022, estableció lo siguientes fundamentos: 1) El imputado, planteó la solicitud de cesación a la detención preventiva, en el marco del art 239.1 del CPP, presentando documental a fin de que se pueda valorar por el Tribunal inferior -en grado-; en consecuencia, de la revisión de antecedentes, se tiene que el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, sería el único punto a tratar, conforme manifestaron las partes procesales y refleja el Auto Interlocutorio del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; 2) El referido Auto Interlocutorio, estableció que: “‘tomando en cuenta el dictamen pericial psicológico forense emitida por Mabel Viviana Chavarria Moblan, si bien la pericia presentada en relación al acusado Elio Lázaro Garisto, señala la mitología empleada, las técnicas utilizadas, la familia entrevistada, la entrevista semiestructurada para llegar a concluir que el acusado tiene un grado bajo de agresividad y no constituye peligro para la víctima, sin embargo como toda ciencia es objetiva, así como la pericia presentada peca de excesiva abstracción, ya que describe la personalidad y conducta exterior del acusado pero no explica la causa de la conducta’" (sic); razonamiento en el que no advierte que hubiese observado el motivo, el objeto, la metodología y la exposición que efectuó la perito, ni el análisis que hizo ésta sobre los puntos periciales; por cuanto, el Tribunal -inferior en grado- señaló de una manera global que dicho informe pericial presenta una “excesiva abstracción”, que solo describe la personalidad y conducta exterior del acusado; entre otras consideraciones, observa respecto al lugar donde se realizó la pericia, -Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro-; igualmente, aseveró que dicho informe no explica las causas contenidas en el fuero interno del imputado; no señala cuál el criterio, modo y sentido para establecer que la conducta y el comportamiento del acusado ya no sería peligro para la víctima; finalmente, que: “…se ha dejado establecido de que la conducta humana es imprevisible por lo que pericia presentada en audiencia de la fecha constituye simplemente una probabilidad y no es un hecho concluyente, de que el acusado no sería peligro para la víctima en lo futuro...” (sic); 3) Al respecto, para realizar el análisis del fundamento que efectuó el a quo, se deben tomar en cuenta, los agravios esgrimidos por parte del imputado, la contestación de la parte víctima, así como la documental que presentó la parte imputada, consistente en el Dictamen Pericial Psicológico, el cual cumplió con los requisitos establecidos en el art. 204 y ss. del CPP, en cuanto a la producción de las pericias, ya que se tiene la autorización del Fiscal y la habilitación legal de la Psicóloga experta; 4) Sobre dicho elemento de prueba, el Tribunal a quo no realizó un análisis respecto a las conclusiones a las que arribó la profesional Psicóloga punto por punto, sino que, realizó un análisis global y general de la documentación presentada; por ello, señaló que existiría una excesiva abstracción y que solamente describe la personalidad y conducta exterior del acusado; 5) De la revisión del elemento de prueba, se tienen los siguientes puntos de pericia realizados: i) Determinó los rasgos o características de personalidad del imputado; respecto de lo cual, el Tribunal inferior estableció que, hubiese cumplido, ii) Valoró el riesgo de violencia contra la mujer, es decir, contra la pareja; y, iii) Valoró el riesgo de violencia, el grado de peligrosidad para la víctima y/o denunciante, los cuales debió analizar el referido Tribunal; es decir, las autoridades inferiores en grado, no consideraron los “cuatro puntos periciales” que desarrolló la profesional Psicóloga, quien en primer término, tomó en cuenta los motivos y objeto del estudio, incluyendo la valoración, la descripción de las técnicas e instrumentos utilizados; así como la exposición de información recabada en cuanto a los antecedentes de la persona valorada -ahora tercero interesado-, habiéndose determinado su familia, cuáles serían los componentes de ella y aspectos que hacen a los antecedentes de la presente causa; realizó el análisis en cuanto a los sucesos que hubieran ocurrido antes del 3 de marzo de 2022 y acontecimientos del 2 del mismo mes y año, “…y de los cuales va describiendo la imputación formal…” (sic); también estableció cómo sería la relación con su pareja “…que se hubiesen vívido…”; igualmente, consta la “…escala de locus de control…” (sic); es decir, un inventario de la evaluación de la personalidad del imputado, señalando en cada uno de estos puntos las técnicas y metodología empleada para poder establecer los indicadores que se tiene. De esta forma se llega a una discusión psicológico-legal o forense, en cuanto al análisis que se realiza para llegar finalmente a las conclusiones periciales, las que si bien no son ampulosas; empero, manifiestan las deducciones a las que ha llegado dicha profesional, en el marco de los puntos periciales; 6) Entonces, en dicho informe pericial, se determinaron los rasgos y características de la personalidad del imputado, señalando que: “‘tiene un perfil psicológico normal, no presenta indicadores de patología, trastorno disfunción o alteración de personalidad’” (sic); que: “‘es una persona estable, a los afectos, en el uso de la razón con buen nivel integración en la realidad y las normas, es una persona con responsabilidad subjetiva’” (sic); respecto al riesgo de violencia contra la mujer “pareja”, concluye que: “‘…la agresividad no está presente en su compartimiento cotidiano, tiene una adecuada forma de arreglar los problemas, es razonable a su relación con las mujeres’” (sic); que: “‘las particularidades de personalidad y ausencia de patología en la expresión de agresividad, indica que la peligrosidad no es una característica del señor Elio Lázaro Garisto (…) no es una persona que presente peligrosidad y riesgo de violencia contra su pareja, Maribel Ari Ilave’” (sic); en cuanto al riesgo de violencia, señaló que: “‘no presenta riesgo de violencia’” (sic); finalmente, en cuanto al grado de peligrosidad para la víctima o denunciante: “‘acuerdo a las pruebas administradas, no existe presencia de componentes de su personalidad, ni el manejo de la frustración que deriven en expresiones de agresividad. Por tanto, el señor Elio Lázaro Garisto, tiene un grado bajo de agresividad, que debe interpretarse como no existe peligrosidad para la víctima y/o denunciante’” (sic); 7) En consecuencia, el Tribunal de origen, no realizó una valoración conjunta, integral y particularizada de los puntos periciales, respecto de los cuales la profesional Psicóloga llegó a sus conclusiones; en consecuencia, existe una omisión en cuanto al análisis particular de la documental sometida a valoración; por cuanto, el Tribunal a quo incurrió en una equivocación al realizar un análisis global; además de ello, la disquisición debe efectuarse tomando en cuenta la conducta antes y también después de lo sucedido; esto último, implica la situación de la detención preventiva del imputado, que actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro; 8) En cuanto a “…esa probabilidad que señala (…) de la conducta del imputado (…) no puede ser peligro el imputado con relación a la víctima…” (sic), de acuerdo al análisis de la perito, se puede establecer dicha situación; 9) Al momento de establecer el riesgo procesal en análisis, se tomaron en cuenta los aspectos descritos, ya que inclusive el Juez de Instrucción Penal, en la Resolución primigenia, tuvo presente las circunstancias del hecho que se hubiese suscitado, como la desventaja que tuviese la víctima con relación al agresor, situación que “se despeja”, debido a que la pericia psicológica lleva a entender que actualmente no se percibe agresión que realice el imputado en contra de la víctima, aspectos reflejados desde el punto de vista psicológico interno, según las apreciaciones que hace la perito, cuando sostiene que no se tendría ese grado de peligrosidad o violencia con relación a su pareja; y, 10) Por lo expuesto, es sustentable la posición del imputado respecto a que no se efectuó una valoración integral de la pericia en cuanto a los puntos periciales de parte del Tribunal de origen.

En este contexto fáctico, corresponde efectuar el análisis correspondiente del problema jurídico que motivó la interposición de la presente acción de defensa, consistente en que la parte peticionante de tutela, denuncia que en razón a que la autoridad accionada, en el Auto de Vista 184/2022, por el que cesó la medida de detención preventiva del imputado -ahora tercero interesado-, imponiéndole otras medidas cautelares, no explicó de manera motivada las razones por las que considera que el riesgo procesal de fuga referido al peligro para la víctima -art 234.7 del CPP-, fue enervado con la presentación del Dictamen Pericial Psicológico practicado sobre el prenombrado, en contrastación con los elementos que dieron lugar a la determinación inicial del referido riesgo y que convergen en el peligro que representa el mencionado hacia la accionante, como víctima de violencia y su condición de mujer.

Al respecto, resulta necesario remitirse al razonamiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se estableció que uno de los elementos del debido proceso es la motivación, que debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos, mediante la cual, el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho, por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador; esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias, que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo, un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. En este marco, se tiene que la autoridad de alzada accionada, efectivamente basó su decisión, efectuando el análisis y ponderación del elemento de prueba presentado por la parte imputada, quien solicitó la cesación de su detención preventiva, en el marco del art. 239.1 del CPP; es decir, a efecto de demostrar la existencia de nuevos elementos que demostrarían que los motivos que fundaron la medida cautelar personal que pesaba sobre él, no concurren. Así, el Vocal accionado efectuó una descripción detallada del contenido del Dictamen Pericial Psicológico, concretando los puntos de pericia determinados y las conclusiones de la profesional Psicóloga respecto a cada uno de ellos, relievando que estableció que la agresividad no está presente en el comportamiento cotidiano del imputado -tercero interesado-, que tiene una adecuada forma de arreglar los problemas, siendo razonable en cuanto a su relación con las mujeres; asimismo, resaltó que se determinó que el imputado tiene un grado bajo de agresividad, que debe interpretarse como la no existencia de peligrosidad para la víctima y/o denunciante. A partir de ello, la autoridad accionada concluyó que, conforme a dichos razonamientos, la valoración que realizó el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, en el Auto Interlocutorio “020”/2022, por el que rechazó la pretensión del imputado, carecía de un análisis integral, conjunto y particularizado respecto a cada punto de pericia, respecto de los cuales llegó a elaborar sus conclusiones la profesional Psicóloga. Al respecto, y no obstante dicha disquisición, se advierte que el Vocal accionado, omitió referirse de manera motivada sobre los hechos y circunstancias que llevaron a determinar la existencia del riesgo procesal consistente en el peligro efectivo para la víctima, pese a que incluso, ello fue expresamente sostenido por la ahora accionante a tiempo de presentar su contestación al recurso de apelación, refiriendo de forma expresa que el referido Tribunal a quo efectuó la valoración de la prueba, fundamentándose la decisión en que producto del golpe que hubiera sufrido de parte del imputado, perdió la vista, encontrándose actualmente con prótesis; que dicho Tribunal cumplió con la valoración de la prueba de manera integral, habiéndola revisado punto por punto, cuestionando que las conclusiones arribadas en la pericia no eran suficientes para desvirtuar el peligro procesal; que se debían establecer aspectos sobre la peligrosidad con sus patrones clínicos correspondientes, y de qué manera el imputado no sería un peligro para la víctima; que la pericia no señaló cómo sería la conducta del imputado fuera del Centro Penitenciario; de igual forma, que no podría ser un motivo que pueda utilizar o señalar el imputado, el hecho de estar preocupado de su hijo; asimismo, tendría que realizarse un test en el cual se establezca la fuerza del agresor con relación a la víctima; es decir, esa desventaja existente entre ésta y el imputado, a efecto de fijarse el grado de peligrosidad, y que al no haberse determinado tales extremos, esa situación de peligrosidad no se desvirtuó; y finalmente de forma expresa, la presunta víctima, ahora impetrante de tutela, solicitó se considere y aplique la Convención de Belém Do Pará, respecto al resguardo reforzado. Sin embargo, como se tiene dicho precedentemente, la autoridad accionada no motivó su determinación en función a la valoración probatoria y elementos fácticos invocados por la propia presunta víctima a momento de contestar el recurso de apelación. En efecto, se tiene que el Vocal accionado, luego del análisis del contenido del peritaje psicológico, se limitó a citar fragmentos del mismo, para luego de manera superficial indicar que “…al momento de establecer este riesgo procesal se ha tomado en cuenta esos aspectos, ya que inclusive el Juez A quo (juez instructor), en la Resolución primigenia ha tomado en cuenta las circunstancias del hecho que se hubiese suscitado, como esa desventaja que tuviese la víctima con relación al agresor en la presente causa que se sigue…” (sic); refiriendo sobre ello, que dichas circunstancias, en su criterio, quedaban desacreditas o desvirtuadas debido a la pericia psicológica que determinó que, no se percibía agresión que realice el imputado contra la víctima. A partir de dicho razonamiento, se advierte que el Auto de Vista 184/2022, carece de una motivación suficiente y menos aún, que explique las razones de hecho que, vinculadas a una valoración probatoria integral, hubiesen llevado a asumir la determinación de disponer la cesación de la detención preventiva del imputado en base a la pericia efectuada, que a su criterio, sería suficiente; pero, sin efectuar ningún contraste de dicha prueba con los demás elementos concurrentes en la situación fáctica y que fueron invocados y expuestos tanto por el Tribunal a quo, como por la presunta víctima en su contestación a la apelación, y que demuestre que el elemento de prueba sometido a su conocimiento, por sí sólo desvirtuaría la concurrencia del riesgo de fuga inicialmente determinado; por cuanto, omite discurrir de manera clara respecto a cómo los motivos que determinaron la concurrencia de dicho riesgo, quedarían desvirtuados por el contenido del peritaje psicológico; tampoco resulta razonable que, el Vocal accionado, a efectos de suplir o reparar dicha omisión, en su informe presentado dentro de esta acción tutelar (Antecedente I.2.2), se remita a actuados, hechos y circunstancias que no fueron tomadas en cuenta en el Auto de Vista 184/2022; toda vez que, no consta su detalle ni individualización en este fallo, tales como que, el relato de los motivos vinculados a la pérdida de su ojo, se encontraba en la declaración complementaria que prestó la víctima, que presuntamente -diferiría- de su declaración inicial; así como, que la pérdida sufrida, no se debió a la presunta violencia ejercida por el imputado, sino a un presunto problema de administración de medicación, conforme hubiera confrontado la parte imputada en su momento. Empero, ello no se advierte que sea parte de la motivación expuesta en el Auto de Vista ahora cuestionado, de lo que se concluye que dichas consideraciones, así como su valoración en cuanto a los alcances de la pericia psicológica y la existencia del riesgo procesal en cuestión, debieron haber sido expuestos de manera motivada en el fallo confutado, a efectos de tener por respetado el derecho de motivación, como elemento del debido proceso de la accionante. En vinculación con lo expuesto, es preciso remitirse nuevamente al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se estableció que la exposición de los motivos o razones de la decisión, que converge en motivación -base fáctica de hechos y probatoria-, así como la fundamentación -base legal y doctrinal-, deben estructurarse con relación a los puntos de agravio y la contestación -si existiere-, observando inicialmente el Tribunal de alzada su límite competencial, previsto por el art. 398 de CPP; pero a su vez, el régimen de medidas cautelares, al involucrar el derecho a la libertad del procesado, así como la finalidad de las mismas; impele que en la labor del juzgador exista una consideración y análisis integral que se refleje en la exposición de motivos de hecho y de derecho que muestren cuál la necesidad de la medida cautelar, o en su caso las razones por las que la misma debe cesar en su aplicación, siempre en una evidenciada desvirtuación o inconcurrencia de los peligros procesales que la motivaron, tarea en la cual y ante la participación o intervención de la parte víctima, la misma debe ser escuchada y evaluarse razonablemente, como parte del referido análisis integral, a objeto de asumir una decisión sistémica, técnica fáctica y jurídica. En virtud a este razonamiento, se advierte que el Tribunal de alzada, si bien consideró los motivos de apelación del imputado a momento de exponer la carga argumentativa y asumir su decisión; empero, no se refirió ni expuso cuáles eran las razones fácticas, que en vinculación a la valoración probatoria, desvirtuaban los propios argumentos que la víctima esgrimió, tendientes a demostrar la vigencia del peligro efectivo en relación a su persona; desconociendo a su vez el Vocal accionado, en su exposición de motivos -porque no expone argumento alguno al respecto-, que la accionante es una presunta víctima de violencia, siendo el procesado y presunto victimario, una persona relacionada a ella como su ex pareja -de los antecedentes inherentes a la presente acción de defensa, se entiende su ex pareja con quien tuvieron un hijo en común-; es decir, existía una evidenciada situación de víctima en posible condición de violencia de género, que impelía y requería aplicar un enfoque interseccional en la argumentación fáctico jurídica de la autoridad accionada a momento de asumir su decisión, dado que conforme al precedente establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en un proceso penal deben identificarse plenamente los factores de vulnerabilidad cuando se trata de mujeres en situación de violencia, ello, con la finalidad de neutralizar situaciones concurrentes de inseguridad en las que se sitúan y ponen en riesgo sus derechos fundamentales, y por ende también, se deben asumir medidas de protección, criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo en el que se encuentren de por medio los derechos fundamentales de una mujer en situación de violencia; labor esta, que converge en que en todo el despliegue procesal inherente al proceso, que incluye el régimen de medidas cautelares, se debe juzgar con perspectiva de género y enfoque interseccional; más aún, cuando fue la propia presunta víctima, quien al responder al recurso de apelación solicitó al Vocal accionado que considere ese contexto al asumir su decisión, invocando al efecto la Convención de Belém do Pará; sin que ello -se aclara por este Tribunal-, de forma alguna implique o conlleve desconocer la garantía de la presunción de inocencia que rige al procesado, pues conforme al razonamiento expuesto en la SCP 0203/2019-S1 de 7 de mayo: “‘…toda autoridad judicial tiene el deber de fundamentar exhaustivamente sus resoluciones, pues, de no hacerlo negaría el derecho de acceso a la justicia de quien acudiere ante ella, contribuyendo y alentando a la comisión de estos hechos y desconociendo los fines que persigue el Estado y el deber que tiene de actuar con la debida diligencia. Lo anterior incluye también que dichas autoridades, ante una duda, -se reitera, en casos como el analizado- tienen la obligación de agotar todas las vías correspondientes para cerciorarse de la comisión o no del ilícito, pues, de no hacerlo podría incurrirse en una revictimización, toda vez que, ante el presunto hecho de violencia que hubiere sufrido cierta persona, además se le limitaría su derecho de acudir ante la justicia para obtener, en cierta medida, una satisfacción. Lo anterior no debe entenderse como un desconocimiento del principio de in dubio pro reo, pues el presunto autor del hecho deberá ser siempre tratado y considerado con los derechos y garantías que le corresponden (presunción de inocencia), permitiéndole ejercer efectivamente su derecho a la defensa; además, si la autoridad judicial actúa conforme lo señalado, el imputado también tendrá la posibilidad de demostrar su inocencia. En ese sentido, se configurará un equilibrio entre actos que conducen a evitar la impunidad y el reconocimiento y efectivo ejercicio de la presunción de inocencia’”. Conforme se tiene explicado además en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En virtud a lo expuesto, es posible asumir que la autoridad ahora accionada, lesionó el derecho y garantía del debido proceso en su elemento motivación, invocado por la accionante en su demanda tutelar, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada, ordenando que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución de alzada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de Elio Lázaro Garisto -ahora tercero interesado-, ya hubiese sido definida o variado. Por último, es necesario aclarar que, el argumento expuesto por la parte impetrante de tutela, sobre la no consideración de la gravedad de los hechos de violencia presuntamente sufrida, como la violencia física -ésta relacionada a la alegada pérdida de un ojo-, sexual y psicológica, a efectos de la correcta tipificación de los hechos; por cuanto, correspondería su adecuación al tipo penal de feminicidio y no así violencia familiar o doméstica, conforme se determinó en la imputación formal, no merece pronunciamiento de fondo; en razón a que, como la misma peticionante de tutela establece, dicha calificación jurídica se determinó en la imputación formal; en consecuencia, es contra dicha decisión que debe formular los cuestionamientos correspondientes a través de los medios y recursos intraprocesales, y una vez agotados éstos, y de considerar que las determinaciones asumidas lesionan sus derechos; entonces, recién acudir a la jurisdicción constitucional con dicho reclamo. A mayor abundamiento, -se reitera solo de manera aclarativa a lo expuesto- se advierte que, en todo caso, habiendo la autoridad accionada informado que el estado procesal de la causa penal de origen, se encuentra en etapa de juicio oral, será en dicha etapa en la que el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, con base al juzgamiento de los hechos, determine la adecuación de la conducta del acusado en el tipo penal correspondiente; de no ser así; es decir, en caso de concurrir omisión en la labor de dicho Tribunal, recién la parte acusadora y/o la víctima podrá activar los mecanismos ordinarios y/o extraordinarios que considere necesarios. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 73/2022, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión del derecho y garantía del debido proceso en su elemento motivación vinculado a valoración probatoria y aplicación de enfoque interseccional; en consecuencia, 2º Dispone, dejar sin efecto el Auto de Vista 184/2022 de 29 de junio, ordenando a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dicte nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos y razones expuestas en este fallo constitucional, a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de Elio Lázaro Garisto, ya hubiese sido definida o variado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0911_2023-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 95e11877b3eb4ca10fa2e4c31ad32877f5823720460469584197da72aa521407

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