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SCP 0910/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53570-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, -se infiere que-denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada, en cumplimiento de la Resolución 38/2022 proveniente de una anterior acción de libertad, dispuso el cese de su detención preventiva y, en su lugar, ordenó la aplicación de diversas medidas cautelares, entre ellas, la detención domiciliaria con la asignación de custodios policiales. No obstante, a través de su abogado, manifestó que dicha medida resultó de imposible cumplimiento, siendo que el funcionario policial se encuentra impedido de ejecutarla. Esta situación generó un óbice y una imposibilidad material para hacer efectiva la libertad ya dispuesta, lo que vulneró derechos y garantias constitucionales al mantenerlo privado de su libertad. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que, la Resolución mencionada no precisó si la detención domiciliaria debía concederse con o sin escolta, por lo que concluye que dicho extremo, así como la aplicación de las demás medidas cautelares, queda sujeto a su criterio jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 031/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente, salvo que al momento de notificarse la Sentencia Constitucional Plurinacional la situación jurídica del accionante esté definida. 2º Por Secretaría General, remítase copia legalizada de esta Sentencia Constitucional Plurinacional a la Unidad de Control y Fiscalizacion del Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General del Estado o bien a la Fiscalía Departamental de La Paz, a efectos de que se disponga la investigación correspondiente respecto de la actuación de Freddy Gaston Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2025-S2 Sucre, 19 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53570-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 031/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Tito Mamani Vargas contra Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado mediante buzon judicial el 15 de enero de 2023, cursante de fs. 1 a 3, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de un proceso penal seguido en su contra, se encuentra con detención preventiva, debido a que Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada- dispuso cesar la citada medida y en su lugar, ordenó diferentes medidas cautelares personales contenidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) siendo una de ellas la imposición de un custodio policial; no obstante, esta medida resulta de imposible cumplimiento; toda vez que, “…el personal de la Policia Boliviana se encuentra impedida de dar cumplimiento…” (sic) generando un óbice e imposibilidad material que le impide recuperar su libertad, ya concedida por la Jueza demandada. Extremos que lesionan sus derechos y garantías constitucionales, en la medida en que continúa privado de libertad de manera indebida. Asimismo, está siendo sometido a un indebido procesamiento, dado que la autoridad demandada, mediante su actuación incurre en abuso de poder y en una inadecuada aplicación de la normativa vigente.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante, a través de su representante sin mandato, -se infiere que-denuncia la lesión a su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la imposición del custodio policial dispuesto por la autoridad judicial demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 6 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia sostuvo que: a) La Jueza demandada generó tres situaciones: 1) Impuso una medida cautelar de imposible cumplimiento; 2) Además de esta medida, en otra acción de libertad se le ordenó aplicar medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, por lo que dictó el Auto Interlocutorio 13/2023 de 13 de enero en el que “según ella” dio cumplimiento a lo dispuesto por la Jueza de garantías constitucionales, imponiendo una fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); y, 3) Dispuso la detención domiciliaria conforme lo ordenado, pero excediendo los límites de la ley, al establecer de manera arbitraria que esta se cumpla con dos custodios policiales; b) La Sentencia Constitucional “266/2021” establece que no es viable la aplicación de custodios policiales, puesto que los mismos se constituyen en medidas de aplicación imposible; asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia generó un auto de carácter acordado “número 7” que hizo un acuerdo con el funcionario policial, estableció que ningún juez en el sistema judicial puede imponer custodios policiales, porque ello priva de recursos humanos necesarios para la seguridad de los centros penitenciarios; c) La doctrina sobre la detención domiciliaria fue uniforme al señalar que esta medida jamás debe aplicarse con custodios policiales, pues se trata de una carga material y operativa imposible de cumplir; d) Si bien el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) establece disposiciones distintas, el art. 54 de la misma norma únicamente prevee custodio policial cuando los supuestos se vinculán con lo dispuesto en sus numerales 3 y 4, lo que corresponde al presente caso; e) En el contexto actual, bajo la vigencia de disposiciones adoptadas durante la pandemia del Coronavirus COVID-19, resultan aplicables cuatro institutos procesales de protección de derechos fundamentales; dos de carácter nacional y dos derivados del sistema convencional de derechos humanos, conforme lo previsto por los arts. 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). En este marco, la Resolución “01/2020” establece la obligación de evitar el hacinamiento carcelario como medida de resguardo de derechos fundamentales; y, f) Solicitó se conceda la presente acción de libertad en el día, disponiéndose: i) Dejar sin efecto la medida de custodia policial; ii) Ordenar que, dentro del mismo día de su notificación, se expida el mandamiento de arraigo; iii) Emitir la boleta para el depósito de la garantía económica ante el Consejo de la Magistratura; y, iv) Instruir a la Secretaria la inmediata verificación domiciliaria.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, por informe escrito cursante a fs. 5 y vta., y en audiencia de garantías sostuvo que: a) Se dio cumplimiento a la Resolucion 38/2022 de 22 de diciembre emitida por Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz. En audiencia se dictó el Auto Interlocutorio 13/2023, dentro del proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 60104276 seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas. En dicha resolución se dispusieron de manera específica las medidas cautelares, entre ellas: la detención domiciliaria con dos escoltas policiales, asignados las veinticuatro horas, todos los días de la semana; arraigo nacional y departamental; y, una fianza económica de Bs15 000.-; b) Llamó la atención la solicitud que se efectuó, pues solicitar a través de una acción de libertad levantar los dos custodios que se le impuso en audiencia de 13 de enero de 2023, es competencia exclusiva del Juez ordinario, toda vez que se tratan de medidas cautelares; c) El impetrante de tutela fue notificado en la audiencia señalada de -13 de mismo mes y año- en la cual se dictó el Auto Interlocutorio 13/2023, incluso se planteó explicación, complementación y enmienda sobre otros aspectos, pero no así respecto a la imposición de custodio. En consecuencia, no se agotaron los mecanismos ordinarios que la ley franquea antes de accionar a la jurisdicción constitucional. Asimismo, no se reservó el derecho a recurrir, por lo que se entiende convalidado el acto, denotando conformidad al momento de su notificación con dicha resolución y en consecuencia precluyó su derecho, siendo esta; en este sentido, el derecho del accionante precluyó por negligencia exclusiva de su defensa; d) Se convocó a audiencia de juicio el 4 de enero de 2023 en la cual el accionante y otros dos acusados se sometieron a la salida alternativa de procedimiento abreviado. Dos de ellos renunciaron expresamente al recurso de apelación restringida, encontrándose ya ejecutoriada su situación. En el caso de accionante, el plazo para interponer dicho recurso aun se hallaba en curso, por lo que el proceso se encuentra en fase de juicio; e) A este Juzgado nunca se hizo conocer oficialmente ni se presentó documentación idónea que acredite que el Comando Departamental de Tarija no cuenta con personal para asignar dos custodios ordenados, requisito indispensable para alegar vulneración a su derecho a la libertad; f) En todos los casos que la suscrita dispuso la asignación de custodios policiales al Comando Departamental de Tarija, se dio cumplimiento cabal, sin haberse presentado inconvenientes de esta naturaleza; g) El accionante pretende obviar procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal; h) Si bien se solicitó complementación y enmienda para dar cumplimiento a la Resolución ya referida; sin embargo, hasta la fecha no existe respuesta por parte de la Jueza de garantías; i) La mencionada Resolución 38/2022 no especifica si la detención domiciliaria debía ser concedida con o sin escolta, lo que lleva a concluir que tanto este aspecto como la aplicación de las demás medidas cautelares quedan sujetas a criterio del juez natural que conoce la causa; y, j) El personal del Juzgado informó que ninguna persona se apersonó a recabar el formulario de depósito judicial para cumplir con la fianza económica. Asimismo, al haberse llevado la audiencia un día viernes, se procedió a remitir los mandamientos de arraigo nacional y departamental a la Oficina de la Gestora de Procesos. En vía de aclaración, el Juez de garantías consultó a la autoridad judicial demandada respecto a que medidas cautelares debían disponerse contra accionante, conforme a la Resolución 38/2022, y cuales correspondía aplicar a dicha autoridad. En respuesta, la Jueza demandada señaló lo siguiente: la Resolución 38/2022 concedió parcialmente la tutela y dejó sin efecto el Auto de Vista emitido por la Vocal, modificado posteriormente por el Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, emitido por la “Jueza de Instruccion”. En ese marco, correponde dictar una nueva resolución que se adecúe al procedimiento y a los requisitos previstos en el art. 239.2 del CPP, limitándose a verificar el cumplimiento del plazo dispuesto, sin que ello implique desvirtuar los riesgos procesales. Por tanto, debe aplicarse lo establecido en el art. 231 bis del citado Código, imponiéndose medidas cautelares destinadas a garantizar la presencia de los acusados durante el juicio oral, público y contradictorio. En el caso concreto, correponde disponer: detención domiciliaria, fianza que no exceda los Bs15 000.-, presentación periódica ante la autoridad competente, al menos una vez por semana, y arraigo, con el fin de asegurar la concurrencia de los acusados al desarrollo del juicio. Finalmente, al haberse remitido los antecedentes a la Jueza de la causa, es esta autoridad -que ya conoce la causa y tiene competencia- la llamada a emitir la nueva resolución, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada Resolución.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 031/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el nombramiento de custodios policiales para el cumplimiento de la detención domiciliaria y denegó la tutela impetrada, respecto al reclamo referido a los mandamientos de arraigo, y depósito de fianza económica. Sin embargo, se ordenó a la autoridad demandada que, a través de su personal subalterno, cumpla con la emisión del mandamiento de arraigo y del depósito judicial, dentro de los plazos establecidos por ley, con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme al art. 203 de la CPE: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de caracter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. En ese entendido, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija debió dar extricto cumplimiento a la Resolución 38/2022 emitida por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital departamento de Tarija; 2) La Resolución 38/2022 dispuso la detención domiciliaria, pero sin custodios policiales, debe recordarse que toda medida cautelar impuesta debe ser de posible cumplimiento y depender unicamente del imputado. Asi, por ejemplo, si se dispone el arraigo, corresponde que el imputado, a través de su abogado, gestione la inspección respectiva ante la Dirección General de Migración de Bolivia (DIGEMIG); si se fija una fianza económica, el imputado debe tramitar el correspondiente depósito judicial. Estas medidas, conforme el art. 247 del CPP, son de ejecución directa bajo el control jurisdiccional del juez competente; y, 3) La exigencia de custodios policiales resulta improcedente, pues contituye un requisito ajeno a las posibilidades de cumplimiento del imputado, quedando supeditado a la disponibilidad de efectivos policiales. Ello genera un obstáculo indebido al ejercicio de su libertad, máxime cuando la Resolución 38/2022 en ningún extremo dispuso detención domiciliaria con escolta policial. En consecuencia, se entiende que el accionante, al presente, se encuentra indebidamente privado de libertad. En vía de complementación, el accionante solicitó que la Jueza cumpla dentro del término legalmente establecido, considerando que ya fue notificada en este acto con la sentencia, a fin de que no alegue posteriormente la necesidad de una notificación escrita. En respuesta, el Juez de garantías precisó que se tiene presente que, la autoridad judicial demandada fue legalmente notificada con la presente Sentencia mediante su lectura en audiencia de acción de libertad, habiendo concluido con ello la referida audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 38/2022 de 22 de diciembre, dictada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Tarija, dentro de la acción de libertad interpuesta por Pablo Rodríguez Soto, Julia Fajardo Quispe y Tito Mamani Vargas contra Teresa Jesús Tórrez Tórrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija; Gemma Marcela Baldivieso Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Jusiticia del mismo departamento; y, Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del mencionado departamento. En dicha Resolución se concedió parcialmente la tutela, disponiéndose dejar sin efecto el Auto de Vista 281/2022 y, en consecuencia, el Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre. Se ordenó dictar nueva resolución limitándose a verificar el cumplimiento del tiempo establecido, sin que corresponda desvirtuar los riesgos procesales, debiendo aplicarse las medidas previstas en el art. 231 bis del CPP, tales como: detención domiciliaria, fianza económica que no debe exceder los Bs15 000.- (quince mil bolivianos), presentación periódica ante la autoridad competente una vez por semana y arraigo. Respecto a Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada- la tutela fue denegada (fs. 19 a 21). II.2. De la revisión efectuada del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se tiene el registro del expediente signado 52825-2023-106-AL correspondiente a la acción de libertad promovida por el ahora impetrante de tutela contra la autoridad demandada, con fecha de ingreso de 20 de enero de 2023.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, -se infiere que-denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada, en cumplimiento de la Resolución 38/2022 proveniente de una anterior acción de libertad, dispuso el cese de su detención preventiva y, en su lugar, ordenó la aplicación de diversas medidas cautelares, entre ellas, la detención domiciliaria con la asignación de custodios policiales. No obstante, a través de su abogado, manifestó que dicha medida resultó de imposible cumplimiento, siendo que el funcionario policial se encuentra impedido de ejecutarla. Esta situación generó un óbice y una imposibilidad material para hacer efectiva la libertad ya dispuesta, lo que vulneró derechos y garantias constitucionales al mantenerlo privado de su libertad. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que, la Resolución mencionada no precisó si la detención domiciliaria debía concederse con o sin escolta, por lo que concluye que dicho extremo, así como la aplicación de las demás medidas cautelares, queda sujeto a su criterio jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad

Al respecto, cabe señalar que la tramitación de todo proceso constitucional tiene un inicio, involucra una serie de actos y, en la mayoría de los casos, culmina con la emisión de una resolución o sentencia que determina si la pretensión planteada tiene o no fundamento; no obstante, esa no es la única forma de concluir un proceso, ya que existen otras modalidades, entre las cuales se encuentra la pérdida del objeto procesal, tal como lo explicó la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio: “...deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución”. Este tipo de supuestos impide al juzgador pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente haciendo imposible resolver el fondo del asunto. Asimismo, si se llegara a emitir una resolución esta podría carecer de eficacia alguna debido a la desaparición del acto impugnado.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante, solicita se deje sin efecto la imposición de custodios policiales a fin de viabilizar la ejecución de su detención preventiva, por ser de imposible cumplimiento; toda vez que, el funcionario policial se encuentra impedido de hacerla efectiva. Ello genera un obstáculo y una imposibilidad material para dar cumplimiento con la detención domiciliaria dispuesta por Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada- en observancia a la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre. Ahora bien, dentro del expediente 52825-2023-106-AL, correspondiente a una acción de libertad, se dictó la SCP 0622/2025-S2 de junio de 2025, que revocó la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre denegando la tutela solicitada, otorgando plena validez al Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre y del Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre. En consecuencia, de acuerdo a los efectos de la citada SCP, el Auto Interlocutorio 13/2023 de 13 de enero, emitido por la autoridad demandada como efecto de la concesión inicial, quedó sin efecto jurídico. Así, conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que, en el caso concreto, desaparecieron los presupuestos fácticos que motivaron la interposición de la presente acción tutelar, así como la supuesta vulneración o amenaza del derecho invocado, la cual cesó.

Por lo tanto, este Tribunal se encuentra impedido de emitir pronunciamiento sobre un objeto procesal inexistente, resultando imposible resolver el fondo del asunto, dado que el acto impugnado desapareció; y, de emitirse una resolución sobre el mérito, la misma carecería de eficacia jurídica.

III.3. Otras consideraciones

En el análisis del presente caso, se advierte que el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, ahora Juez de garantías, incurrió en una actuación manifiestamente irregular al asumir competencia en una acción de libertad que involucraba hechos y personas circunscritos exclusivamente de la jurisdicción de Tarija. Tal proceder resulta contrario a lo dispuesto por la Ley 1104 de 27 de septiembre, norma que delimita con claridad la competencia territorial de los jueces, tribunales de garantías, y salas constitucionales, cuya inobservancia implica la vulneración de principios fundamentales del orden procesal. Por lo que, corresponde recordar que el ejercicio de las acciones tutelares está sujeto a la competencia territorial, cuya observancia resulta vinculante tanto para los jueces y tribunales constitucionales como para las partes procesales. Esto a efectos de evitar la presentación de acciones de defensa en lugares ajenos al ámbito territorial previsto en la ley, con el solo propósito de obtener un pronunciamiento favorable, lesionando con ello los principios de seguridad jurídica, legalidad y juez natural. En ese sentido, la SCP 0602/2020-S3 de 6 de octubre, en el marco de lo referido ut supra precisó las modificaciones introducidas por la Ley 1104, y de igual manera señaló que: “Por su parte, el art. 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, que derogó al art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé de forma específica el ámbito territorial, indicando que: ‘I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas. II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento.

III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese

sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante’. Al efecto, se tiene que en esa disposición se incorpora a las Salas Constitucionales para el conocimiento de las acciones de defensa, manteniéndose los mismos alcances que fueron determinados en el artículo derogado. Por ello, se tiene que los precedentes constitucionales que hicieron referencia a la competencia de los Jueces y Tribunales de garantías son aplicables en relación a la normativa procesal vigente” (la negrilla nos corresponden). Por tanto, este Tribunal reitera el carácter imperativo de la distribución territorial de competencia prevista tanto en la Ley 1104 como en el Código Procesal Constitucional, a efectos de evitar la arbitrariedad en la elección del foro y asegurar la correcta radicación de las causas constitucionales. Permitir que las partes interpongan acciones tutelares en cualquier lugar del país, sin justificación legal, equivaldría a convalidar una suerte de “forum shopping” o elección interesada del juez, contraria al modelo constitucional de justicia diseñado en la normativa vigente. En consecuencia, corresponde a los jueces y tribunales verificar de manera previa el cumplimiento de los requisitos de competencia territorial, a fin de salvaguardar el principio del juez natural, piedra angular del debido proceso y garantía esencial en todo Estado constitucional de derecho. En ese sentido, resulta incompatible con el diseño del proceso constitucional que un juez de garantías asuma atribuciones propias de la jurisdicción penal ordinaria, -delimitadas en el Capítulo I del Código de Procedimiento Penal-, tales como ser la imposición de medidas cautelares o la dirección del proceso penal en sus etapas sustantivas. El ejercicio de estas facultades desde la jurisdicción constitucional implica una extralimitación competencial, que distorsiona la finalidad y la naturaleza del control constitucional. En el caso que se analiza, se advierte precisamente un exceso funcional por parte del Juez de garantías, quien, excediendo los márgenes del control constitucional, asumió competencias propias de un juez penal ordinario, al imponer medidas cautelares, lo cual es ajeno al objeto y alcance de una acción tutelar. Tal actuación genera una afectación al sistema de justicia constitucional, pues cualquier modificación, sustitución o revocatoria de dichas medidas, indebidamente impuestas en sede constitucional, requerirá la interposición de nuevas acciones constitucionales, lo cual genera un círculo vicioso de judicialización inadecuada y fragmentación del control constitucional. Por ello, este Tribunal considera necesario reiterar el carácter excepcional y específico de la función de los jueces de garantías, quienes deben limitar su actuación a los fines propios del proceso constitucional; la protección inmediata y eficaz de derechos fundamentales, sin que ello implique invadir o sustituir las competencias de la jurisdicción ordinaria. El respeto a los límites competenciales es indispensable para preservar la coherencia del sistema de justicia, evitar la duplicidad de funciones y garantizar la vigencia del principio del juez natural; sin embargo, en el presente caso corresponde destacar la denegatoria de tutela dispuesta por el juez de garantías ratificada por este Tribunal; por lo que, la supuesta irregularidad no tiene relevancia constitucional a objeto de una eventual nulidad de obrados. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 031/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente, salvo que al momento de notificarse la Sentencia Constitucional Plurinacional la situación jurídica del accionante esté definida. 2º Por Secretaría General, remítase copia legalizada de esta Sentencia Constitucional Plurinacional a la Unidad de Control y Fiscalizacion del Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General del Estado o bien a la Fiscalía Departamental de La Paz, a efectos de que se disponga la investigación correspondiente respecto de la actuación de Freddy Gaston Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0910_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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