Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de septiembre de 2023
Concede la tutela
Los accionantes a través de sus representantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, el Juez de la causa por Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, dispuso la detención preventiva de ambos, como medida cautelar de carácter personal; y en vía de complementación y enmienda modificó la situación jurídica de la coimputada, decisión que fue apelada tanto por ellos como por la parte civil; instancia en la cual, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 10 de mayo de igual año, ordenó simple y llanamente la anulación de la Resolución apelada, sin pronunciarse sobre los agravios expuestos en su recurso; es decir, que omitió resolver de manera directa sobre los cuestionamientos traídos en apelación y situación de los apelantes. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 37 a 39 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir uno nuevo conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2023-S2 Sucre, 18 de septiembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47582-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Lionel Pizarro Fuentes y Milthon Soto Estrada en representación sin mandato de David Fernández Céspedes y Rosmery Flores Salvatierra contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante a fs. 1; 24 a 25 vta., los accionantes a través de sus representantes, expresaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de “Estrider Valdivia”, en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, el 22 de marzo de 2022, a través de Auto Interlocutorio 115/22, dispuso la detención preventiva de ambos, como medida cautelar de carácter personal; empero, en vía de complementación y enmienda solicitada por su defensa, modificó la situación jurídica de uno de ellos (Rosmery Flores Salvatierra), argumentando ser persona con un grado de discapacidad, manteniendo la detención preventiva del otro coimputado. Refirieron que, contra esa decisión judicial ellos y la parte civil plantearon recurso de apelación incidental; instancia en la cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, luego de la suspensión de varias audiencias, el 10 de mayo del año citado, efectuado el actuado procesal de consideración de los recursos, dispuso simple y llanamente la anulación de la Resolución apelada, sin pronunciarse sobre los agravios expuestos en su impugnación; no obstante, de haber solicitado la aplicación de la SCP 2078/2012 de 8 de noviembre, referida a que tratándose de una apelación vinculada a la aplicación de medida cautelar ejecutada y vigente, el Tribunal de alzada se halla obligado a resolver de manera directa la situación jurídica traída en apelación y situación del recurrente; sin embargo, el demandado argumentó que si bien era evidente que no era posible anular determinaciones sobre la aplicación de medidas cautelares emitidas por los jueces de instancia inicial, en la presente causa se tendría por vulnerado el debido proceso vinculado a la seguridad jurídica, y por ende que la determinación debía satisfacer a ambas partes, razonamiento que respondió a lo peticionado por la parte civil de que el Juez de la causa no podía cambiar la decisión de fondo como era la detención preventiva para ambos imputados; lesionando de esta manera, el debido proceso y el principio de celeridad, al haber privilegiado un aspecto formal por encima de una verdad material; toda vez que, como Tribunal de alzada debió revocar o ratificar el Auto Interlocutorio conforme al entendimiento jurisprudencial cuya aplicación se peticionó y no como lo manifestó el Vocal demandado contra la Resolución apelada “…no es su autoridad la que debe reparar el error de la autoridad de instancia, siendo que se debe recurrir ante la misma para el fin pretendido…” (sic).
Señalaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: se deje sin efecto el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, disponiendo que en el día el Vocal demandado emita uno nuevo, resolviendo el fondo de sus apelaciones planteadas contra el Auto Interlocutorio de 22 de marzo de igual año.
Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: a) El Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, dispuso la detención preventiva de ambos y a través de una enmienda y complementación modificó la decisión inicial, estableciendo la domiciliaria solo para uno de ellos (Rosmery Flores Salvatierra), que al ser apelada el Tribunal de alzada detectó una posible vulneración al debido proceso, disponiendo la anulación del Auto Interlocutorio recurrido, sin tener presente la SCP 0028/2012 de 8 de septiembre, que señala que aun existiendo un motivo para la anulación, el Tribunal de apelación por disposición del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), está obligado a resolver las cuestiones planteadas; y, b) De la verificación del acta de audiencia de apelación se tiene que el Vocal demandado resolvió únicamente la pretensión de la parte civil que cuestionó el aspecto señalado, sin pronunciarse sobre los agravios expuestos por su parte, disponiendo dicha autoridad jurisdiccional que el inferior emita una nueva resolviendo los puntos planteados; es decir, realice una nueva audiencia de consideración de medidas cautelares cuando contrariamente uno de los imputados aún se encuentra privado de su libertad, hechos que motivan la presente acción tutelar, demostrando que la autoridad judicial demandada, debió efectuar una interpretación del debido proceso no solo con el principio de seguridad jurídica, sino también con el de celeridad como lo indica la SCP 2078/2012; por lo que, le correspondía resolver las apelaciones en el fondo; por cuanto, con el fallo que dictó lesionó su derecho a la libertad de ambos al permanecer privados de ella; reiterando por lo expresado, se conceda la tutela disponiendo la emisión de un nuevo auto de vista resolviendo el fondo de las apelaciones formuladas.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 28.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 37 a 39 vta., concedió la tutela, ordenando que la autoridad judicial demandada en el plazo de veinticuatro horas dicte un nuevo fallo debidamente motivado y fundamentado con base en los riesgos procesales reclamados por las partes y establezca la situación jurídica de los hoy accionantes; con los siguientes fundamentos: 1) El Vocal demandado se limitó a anular el Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, puesto que si bien advirtió que se vulneró el debido proceso, debió revocarlo o aprobarlo, previa valoración y análisis respectivo emitiendo su determinación debidamente fundamentada, considerando que mediante complementación y enmienda el Juez de la causa, modificó la medida cautelar de la coimputada; y, 2) La jurisprudencia constitucional dispone que al Tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar o fundamentar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar o que lo hizo de manera suficiente, tratándose de la disputa del derecho a la libertad en cumplimiento de los principios constitucionales y de los Tratados Internacionales que instruyen que el Tribunal de alzada tiene el deber de resolver directamente el caso remitido en apelación. En vía de complementación el abogado del accionante, indicó en audiencia que la autoridad demandada no remitió los antecedentes del expediente procesal correspondiente y tampoco elevó informe alguno, debido a lo cual solicitó la remisión de antecedentes para su procesamiento por la infracción cometida. El Tribunal de garantías, declaró no ha lugar a la solicitud de complementación, porque consideró que será el Tribunal Constitucional Plurinacional quien establezca lo peticionado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de “Estrider Valdivia”, contra David Fernández Céspedes y Rosmery Flores Salvatierra -hoy accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, dispuso la detención preventiva de ambos, como medida cautelar de carácter personal; empero, en vía de complementación solicitada en audiencia por su defensa modificó la situación jurídica de uno de ellos (Rosmery Flores Salvatierra), argumentando ser persona con un grado de discapacidad, manteniendo la detención preventiva del otro coimputado (fs. 18 a 21). II.2. Contra la decisión precitada, los accionantes y la parte civil en la misma audiencia plantearon recurso de apelación incidental; instancia en la cual, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, emitió el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, por el que anuló la Resolución apelada, disponiendo que dicte una nueva subsanando los errores observados (fs. 33 vta. a 34 vta.).
Los accionantes a través de sus representantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, el Juez de la causa por Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, dispuso la detención preventiva de ambos, como medida cautelar de carácter personal; y en vía de complementación y enmienda modificó la situación jurídica de la coimputada, decisión que fue apelada tanto por ellos como por la parte civil; instancia en la cual, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 10 de mayo de igual año, ordenó simple y llanamente la anulación de la Resolución apelada, sin pronunciarse sobre los agravios expuestos en su recurso; es decir, que omitió resolver de manera directa sobre los cuestionamientos traídos en apelación y situación de los apelantes. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0054/2012 de 9 de abril, en cuanto a la naturaleza de la acción de libertad, estableció lo siguiente: “La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano, al señalar: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’” (las negrillas son nuestras). De la jurisprudencia glosada, se precisa que la acción de libertad tiene por objeto precautelar los derechos a la libertad física o de locomoción, a la vida y al debido proceso cuando el acto lesivo denunciado sea la causa directa para la restricción del derecho a la libertad.
La SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, dispone que: “…lo analizado precedentemente nos permite concluir que los tribunales de alzada, cuando resuelven las apelaciones incidentales planteadas contra el establecimiento, revocatoria o sustitución de medidas cautelares, están sujetos al cumplimiento de varios requisitos; entre ellos, por imperio de lo preceptuado por el art. 251 del CPP, a señalar audiencia para su consideración, a desarrollarse dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, sin recurso ulterior. Obligación que constituye una potestad reglada, es decir, que no queda a criterio de los administradores de justicia, el señalamiento o no, de la audiencia para la resolución del caso, sino que están constreñidos a celebrarla, en cumplimiento de lo estipulado por la precitada norma legal, que más allá de ser un simple postulado, persigue fines específicos, como es la materialización de los principios de oralidad, contradicción e inmediación, pilares fundamentales del actual sistema procesal penal; y, precisamente por ello, se debe asegurar a las partes, la oportunidad de que fundamenten sus alegatos o de que los amplíen si así lo desean, en la oportunidad reservada para el efecto, como es el verificativo señalado al efecto, dado que como se demostró en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Resolución, es perfectamente posible expresar o desarrollar los argumentos de la apelación, de manera oral, en la propia audiencia. Al margen de lo afirmado, es importante recalcar que el señalamiento, instalación y celebración de estas audiencias, no puede ser comprendido como una mera formalidad, al contrario, debe concretizar el ejercicio de los principios, valores y valores ético morales instituidos en la Constitución que deberá impregnar a la función de impartir justicia, al encontrarse en tela de juicio un derecho de carácter primario para el desarrollo de la persona, como es la libertad física así como la de locomoción; por lo que, el Constituyente boliviano dejó expresamente establecido que dicho derecho es inviolable y, respetarlo y protegerlo es un deber primordial del Estado (art. 6.II de la CPE); por ello, vía jurisprudencial se establecieron varias condiciones para garantizar su ejercicio, entre ellas, que deberá ser privado sólo en los casos expresamente señalados por ley, previo cumplimiento de las formalidades exigidas expresamente al efecto, así como la celeridad que debe cumplirse en las solicitudes vinculadas con el mismo, principio que debe saturar cada acto procesal de las autoridades jurisdiccionales. Desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal o de su apelación, éstos deben ser tramitados conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre ellos, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE). Al respecto, la SCP 0507/2012 de 9 de julio, recalcó: 'En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio «oportunidad» importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial. Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias. Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes'. Entonces, en coherencia con lo sostenido, ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración. En resumen, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa. A tiempo de resolver un caso similar, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0339/2012 de 18 de junio, refirió: 'Se evidencia que en distintas oportunidades, la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución del Tribunal a quo, disponiendo la renovación del acto, sin considerar que la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que: «Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso». En el mismo sentido se refirió la SC 1824/2004-R. En este marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado'” (las negrillas nos corresponden).
Los demandantes de tutela a través de sus representantes, con la presente acción de libertad denuncian que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras; el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, dispuso la detención preventiva de ambos como medida cautelar de carácter personal; empero, a pedido de su defensa vía enmienda y complementación, dicha autoridad jurisdiccional la modificó a domiciliaria respecto a uno de ellos (Rosmery Flores Salvatierra); fallo contra el que sus personas como la parte civil plantearon recurso de apelación incidental; instancia en la cual, la autoridad judicial demandada por Auto de Vista de 10 de mayo de igual año, anuló la Resolución impugnada, en vez de haberse pronunciado directamente en el fondo y sobre los agravios expuestos en el indicado recurso, vulnerando de esta manera sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad. Planteada la problemática, se advierte que los impetrantes de tutela cuestionan el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, emitido por el Vocal ahora demandado; y si bien no invocaron la lesión al debido proceso en su vertiente de fundamentación; empero, en su petitorio solicitan se lo deje sin efecto; por ello, se procederá a su análisis con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar. En ese cometido, los accionantes interpusieron el recurso de apelación incidental exponiendo como agravios que: i) El Juez de la causa estableció los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP, sin haber valorado los elementos probatorios presentados y erróneamente sostuvo su concurrencia sin desarrollar un argumento jurídico sobre la base que se pueda sustentar estos parámetros; y, ii) Respecto a la probabilidad de autoría, no explicó ni fundamentó debidamente; sin embargo, actuó correctamente respecto a la modificación de la medida cautelar con relación a la coimputada Rosmery Flores Salvatierra, por no haber considerado la documental que acreditaba su discapacidad. El Vocal demandado de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, por el que resolvió anular el Auto Interlocutorio 115/22 de 22 de marzo, emitido por el Juez de la causa, con los siguientes fundamentos: a) De la revisión de la Resolución apelada, se evidenció la actuación de la autoridad jurisdiccional que en el primer momento concedió la detención preventiva a ambos imputados y después a través de la complementación y enmienda la modificó, vulnerando el debido proceso; puesto que, mediante ésta se puede corregir cualquier error material o de hecho, siempre que ello no importe una modificación esencial de la misma; b) La Resolución recurrida en apelación tuvo dos criterios antagónicos y los traen para que su autoridad los dilucide, siendo que dentro de sus competencias se tiene que solo debe hacerlo respecto a uno; y, c) Existió un grosero error de derecho por parte de la autoridad jurisdiccional; por lo que, corresponde excepcionalmente anular el fallo a los fines que el Juez de la causa en veinticuatro horas deba renovar el acto y dictar una nueva siguiendo la línea dada por el Tribunal de alzada. Es así que conforme el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, aplicable en autos, se constata que el Vocal demandado, al asumir conocimiento del recurso de apelación, debió dar cumplimiento con lo que disponen los arts. 124 y 398 del CPP, es decir ingresar al fondo de la apelación de acuerdo con el art. 251 del citado Código Adjetivo Penal y circunscribir su resolución a los puntos cuestionados, en este caso, pronunciarse sobre la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización por una parte; y por otra, sobre el Auto complementario modificatorio en el fondo del Auto Interlocutorio dictado por el Juez de la causa que dispuso la detención preventiva contra los ahora demandantes de tutela como medida cautelar de carácter personal, ya que al tratarse de medidas cautelares, tenía el deber de fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia o no de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados son con probabilidad los autores o partícipes de los hechos punibles; y la existencia de elementos de convicción suficientes que no se someterán al proceso y/u obstaculizarán la averiguación de la verdad, exigencia que debió ser cumplida por el Tribunal de alzada y no anular la Resolución impugnada, al estar investido de competencia para revisarla y modificarla que ése es justamente el objeto del recurso. Consiguientemente, al constatarse que la autoridad judicial demandada, actuó incorrectamente al haber anulado el Auto Interlocutorio apelado, en vez de pronunciarse en el fondo como Tribunal de alzada subsanando el error en que incurrió el Juez de la causa, al modificar vía complementación y enmienda el fallo que dicha autoridad judicial emitió disponiendo inicialmente la detención preventiva de ambos demandantes de tutela, como también sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización y de probabilidad de autoría, que fueron expuestos como agravios en su recurso de apelación incidental, omisión que determina se conceda la tutela solicitada a través de esta acción de defensa, disponiendo la emisión de un nuevo auto de vista que resuelva la situación jurídica de los peticionantes de tutela; en la cual, la autoridad judicial demandada, se pronuncie conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Es necesario referirse a la Resolución 07/2022, emitida por el Tribunal de garantías, que si bien concedió la tutela solicitada a través de esta acción de libertad y dispuso que el Vocal demandado emita una nueva, omitió dejar sin efecto el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, aspecto que debe observar en las acciones de defensa que sean de su conocimiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 37 a 39 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 10 de mayo de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir uno nuevo conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0910_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ee28fdf99d2f107887695c0a3a3e104ba14e8d7bfa35a3e7a150464f4aba01a
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