Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de junio de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, aduciendo que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño, adolescente, en audiencia de 27 de junio de 2023, fue beneficiado por la Jueza demandada con la cesación a su detención preventiva, imponiéndole medidas cautelares sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, que no pudo hacerse efectiva por la falta de redacción de la resolución, no obstante que ésta no había sido impugnada, y del mandamiento respectivo, provocando que su privación de libertad, sea prolongada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 27 de julio, cursante de fojas 56 a 57 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0909/2026-S3 Sucre, 19 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57302-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 27 de julio, cursante de fojas 56 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Roberto Mamani Vega contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza y Elvis Vargas Ticona, Auxiliar, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de 27 a 31 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación agravada, en un primer momento fue imputado y detenido preventivamente; posteriormente, mediante Auto Interlocutorio de 27 de junio de 2023, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primera de La Asunta del departamento de La Paz, le concedió cesación a la detención preventiva, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas, entre estas: a) Presentación ante la autoridad fiscal de la ciudad de La Paz, los días lunes; b) Prohibición de concurrir al lugar de los hechos; c) Prohibición de comunicarse personalmente o por terceras personas con la víctima; d) Fianza económica de Bs12 000.- (doce mil bolivianos); e) Arraigo; f) Detención domiciliaria; y, g) Informe de verificación policial domiciliaria en lugar diferente al de los hechos.
Dicha determinación no pudo ser efectivizada, toda vez que desde el 27 de junio de 2023, hasta el 26 de julio del mismo año, no contaba con el acta de audiencia ni la resolución emitida por la autoridad demandada, pese a que mediante memorial de 30 de junio del referido año, solicitó se efectúen los oficios para el cumplimiento de las medidas cautelares; sin embargo, no obtuvo respuesta, al igual que el memorial de 11 de julio de igual año, en el que solicitó la emisión del mandamiento de libertad y/o detención domiciliaria, adjuntando para ello la boleta de arraigo y depósito judicial de la fianza económica.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene a los demandados a dar cumplimiento a la Resolución de Cesación a la Detención Preventiva de 27 de junio de 2023, en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 53 a 55, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente el contenido de su acción de libertad y ampliándola señaló que: 1) La falta de informe por parte de las autoridades demandadas podría considerarse como una aceptación tácita de la vulneración de sus derechos en virtud del principio de presunción de verdad; 2) La Jueza demandada habilitó al Auxiliar-Oficial de Diligencias -codemandado-, como Secretario en suplencia legal; 3) Hubo varias vulneraciones anteriores por parte de la autoridad demandada entre ellas el incumplimiento de plazos legales y procesales, para el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, y generó suspensiones de audiencias; por ello planteó una primera acción de libertad que le concedió la tutela; 4) Habiéndose generado duda razonable con la presentación de dictámenes periciales genéticos, que determinaron que no realizó el acto sexual, logró se le otorgue la cesación a la detención preventiva el 27 de junio de 2023; determinación que no fue recurrida en apelación por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Ministerio Público o la defensa; 5) Al seguir detenido preventivamente, ante la falta de resolución escrita que disponía la detención domiciliaria, no pudo cumplir con la medida de acudir a la autoridad fiscal, tampoco concurrió al lugar de los hechos; empero sí cumplió con la prohibición de comunicarse con la víctima, la fianza económica y el arraigo; 6) Mediante memorial de 30 de junio del referido año solicitó la emisión de los mandamientos extrañados; sin embargo no obtuvo respuesta alguna hasta el 27 de julio del mismo año; y, 7) Al haberle otorgado la cesación a la detención preventiva, ya no debería estar privado de su libertad; por ello pidió se le conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada suscriba la resolución, la imprima y genere el mandamiento de detención domiciliaria, permitiéndole cumplir con las demás medias cautelares dispuestas en audiencia de 27 de junio de igual año; además, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primera de La Asunta del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 27 de julio de 2023, cursante a fs. 52 y vta., expresó que: i) De la revisión de antecedentes del cuaderno jurisdiccional caratulado Ministerio Público a instancias de Martha Molliz Mamani contra Roberto Mamani Vega, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, se evidencia la emisión del Auto Interlocutorio 57/2023 de 27 de junio, en el que se determinó la cesación de la detención preventiva del imputado, previo cumplimiento de medidas cautelares, entre ellas: la obligación de presentarse ante la Fiscalía Departamental de La Paz, los días lunes de ocho a doce, para ello por secretaría del Juzgado debía oficiarse para el registro biométrico, empero no se cuenta con el respectivo sello de recepción, menos el registro biométrico del Ministerio Público; la prohibición de concurrir al lugar de los hechos, siempre que no afecte su derecho a la defensa; prohibición de comunicarse de forma personal o a través de terceros, o medios telemáticos con la víctima, sus familiares y testigos, siempre que no afecte su derecho a la defensa; fianza económica de Bs12 000.-, debiendo por secretaría del Juzgado emitir el correspondiente certificado de depósito judicial dirigido a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial de La Paz, medida que se hizo efectiva el 7 de julio de 2023; arraigo del imputado, y se adjuntó solo el inicio del trámite y no el registro del arraigo; la detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, para ello debía presentar el informe correspondiente de la verificación y depósito del imputado, adjuntando placas fotográficas, aspecto que no fue acreditado con documentación alguna; y, ii) El accionante no cumplió con todas las medidas cautelares dispuestas a fin de que la autoridad judicial emita el mandamiento de detención domiciliaria, más aún cuando en la resolución de cesación a la detención preventiva, se hizo la advertencia que previamente debería cumplir con todas las medidas impuestas. Elvis Vargas Ticona, Auxiliar del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni compareció a la audiencia de acción de libertad.
La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 55/2023 de 27 de julio, cursante de fojas 56 a 57 vta., denegó la tutela solicitada, fundando su fallo con base en los siguientes fundamentos: a) En razón a los puntos establecidos en la resolución de cesación a la detención preventiva, se debe considerar que si bien no fue puesta a la vista de la parte accionante, conforme a la parte dispositiva de la referida resolución, cabe aclarar que por una lógica común se debe realizar el verificativo correspondiente previo a emitirse el mandamiento de libertad solicitado; y se tiene plasmado en la acción de libertad que habría sido negado pese a la presentación de memoriales; b) Para el cumplimiento de la resolución emitida por la Jueza demandada, era viable que previamente se efectúe lo dispuesto en ella para poder solicitar la emisión del mandamiento; y, c) En cuanto a la dilación reclamada por la parte accionante, no se pudo determinar que hubiere sido atribuible a la Jueza demandada o al funcionario de apoyo jurisdiccional; toda vez que la resolución extrañada fue aparejada al informe evacuado, por lo cual no se puede alegar vulneración de derecho alguno ante la propia torpeza. Con el uso de la palabra en audiencia el impetrante de tutela, en vía de aclaración, complementación y enmienda, solicitó explicar, qué criterios utilizó como Jueza de garantías, para que asuma que la parte accionante mantuvo una conducta pasiva y torpe, por esperar desde el 27 de junio al 26 de julio de mismo año, se le haga entrega de la documentación reclamada; y cuál la constancia documental con la que se cuenta para aseverar tal afirmación. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Jueza de garantías, señaló que realizó la valoración de cada una de las literales que fueron remitidas ante su autoridad, entre ellos el informe prestado por la autoridad demandada, en el que claramente transcribió la disposición de detención domiciliaria sin salida laboral, exigiendo el informe de verificación policial domiciliaria en un lugar diferente al lugar de los hechos y otros aspectos que se pudieron cumplir y, en cuanto a la remisión de la resolución judicial, no podría determinar si se emitió en la fecha signada en ésta o no; empero, fue firmada por la autoridad demandada; consecuentemente, declaró no ha lugar la solicitud de aclaración.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Mamani Vega -ahora accionante representado- por la presunta comisión del delito de violación infante, niña, niño, adolescente, por Auto Interlocutorio 57/2023 de 27 de junio, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz -demandada-, en audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, dispuso la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a favor del prenombrado, imponiéndole las siguientes: 1) Presentación ante la autoridad fiscal de la ciudad de La Paz, los días lunes de 8:00 a 12:00; 2) Prohibición de concurrir al lugar de los hechos ubicado en la comunidad Casteleto de Yanamayo del municipio La Asunta; 3) Prohibición de comunicarse personalmente, por terceras personas o mediante los medios telemáticos con la víctima, sus familiares y testigos siempre que no afecte su derecho a la defensa; 4) Fianza económica de Bs12 000.-; 5) Arraigo; y, 6) Detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, que deberá hacerse efectiva por funcionario judicial, quien deberá presentar el informe correspondiente de la verificación y depósito del imputado adjuntando las placas fotográficas; dejando establecido que previo el cumplimiento de todas las medidas cautelares dispuestas se emitirá el correspondiente mandamiento de la detención preventiva, cuando por secretaría del juzgado se verifique el cumplimiento estricto de todas las medias dispuestas por la autoridad jurisdiccional (fs. 47 a 51 vta.). II.2. Cursa Mandamiento de Arraigo de 5 de julio de 2023, de Roberto Mamani Vega, emitido por la Jueza demandada (fs. 25). II.3. Mediante Certificado de Depósito Judicial 81978 de 7 de julio de 2023, el accionante hizo efectivo el depósito de la fianza económica impuesta (fs. 26).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, aduciendo que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño, adolescente, en audiencia de 27 de junio de 2023, fue beneficiado por la Jueza demandada con la cesación a su detención preventiva, imponiéndole medidas cautelares sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, que no pudo hacerse efectiva por la falta de redacción de la resolución, no obstante que ésta no había sido impugnada, y del mandamiento respectivo, provocando que su privación de libertad, sea prolongada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación al previo cumplimiento de las medidas cautelares menos gravosas para efectivizar la cesación de la detención preventiva y la distinción del trámite respecto a los casos en los que dichas medias fueron dispuestas en el momento de definir la situación jurídica del encausado, la SCP 0675/2022-S1 de 20 de junio de 2022, expuso el siguiente razonamiento:
«El Código de Procedimiento Penal tiene previstos varios institutos jurídicos que tienen una naturaleza jurídica propia con caracteres y efectos distintos; en este sentido, cuando se trata del régimen de medidas cautelares, es preciso tomar en cuenta que la detención preventiva, la cesación a la misma y la aplicación de las medidas cautelares no privativas de libertad cuentan con un tratamiento propio, dependiendo de si son dispuestas al momento de definir su situación jurídica o si devienen de una cesación a la detención preventiva. En efecto, el cumplimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad –antes sustitutivas- operará como condicionante previo para la efectivización de la libertad, cuando estas hayan sido determinadas en el trámite de la cesación a la detención preventiva; es decir, cuando el imputado se hubiere encontrado privado de libertad en cumplimiento de dicha detención; o sean aplicadas, por el Tribunal de alzada a momento de revocar la decisión del juez o tribunal a quo, que inicialmente rechazó la cesación de la detención preventiva. Situación diferente ocurre, en los casos en los que la aplicación de las medidas sustitutivas fueron dispuestas al momento de definir la situación jurídica de la personas, sea en primera instancia, o en apelación; puesto que, en estos casos bajo ninguna circunstancia debe exigirse el previo cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas para materializarse la libertad; por cuanto, al no existir una resolución anterior que hubiere dispuesto su detención preventiva, ya sea en primera instancia o como consecuencia de la revocatoria de la detención preventiva, en apelación, la o el imputado, debe recuperar su libertad de forma inmediata, no siendo aceptable que la misma, se encuentre supeditada al cumplimiento previo de alguna de las medidas sustitutivas establecidas; entendimiento, que fue desarrollado por el entonces Tribunal Constitucional en la SC 1194/00-R de 18 de diciembre, desde el inicio de su labor jurisdiccional, al momento de interpretar el art. 245 del CPP, que señala que la libertad solo se hará efectiva luego de otorgarse la fianza; precepto, que en definitiva no puede ser utilizado por las autoridades judiciales para condicionar el mandamiento de libertad, cuando en apelación revoquen la detención preventiva del imputado.
Consiguientemente, conforme a la interpretación efectuada por la jurisprudencia constitucional, el art. 245 del CPP sólo se aplica, cuando la o el imputado se encuentra bajo detención preventiva y concede la cesación de la misma imponiéndole medidas sustitutivas, más no cuando se define, por primera vez, la situación jurídica del imputado y se aplican medidas sustitutivas, supuesto en el cual corresponde disponer su libertad inmediata luego de la audiencia de medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas, conforme lo entendió la SCP 0807/2006-R de 17 de agosto.
Esta interpretación ha sido plasmada en la legislación procesal penal, puesto que el parágrafo III del art. 231 bis del CPP incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece: “Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar» (las negrillas fueron añadidas).
1El Considerando Tercero de la indicada SC 1194/00-R señaló que: “En efecto, como quiera que no concurrían las causales o requisitos establecidos por el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento Penal, en la audiencia pública realizada el 6 de noviembre de 2000 (fs. 189 a 191) dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del encausado, hoy recurrente, sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando como resultado la desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un medio de coacción para lograr el cumplimiento de la fianza; pues debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presente Recurso, por cuanto el encausado no estuvo privado de su libertad sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no concurrir los requisitos establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza económica y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad”.
El precedente constitucional fue reiterado a través de la Sentencia Constitucional 0294/2003 -R de 10 de marzo en el FJ III.4, señalando que “…en cuanto a la determinación del juez sobre la exigencia de hacer efectiva la fianza real con carácter previo a expedir el mandamiento de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido de manera uniforme que lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede las cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239”.
Otras sentencias que reiteran dicho entendimiento son las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0242/2012 y 0466/2015-S3, entre otras.
2El FJ III.3, refirió que: “Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente, máxime si para el delito incurso en la segunda parte del art. 271 del CP que se le imputa, referente a lesiones leves, no procede la detención preventiva al tener una pena máxima de dos años, conforme prescribe el art. 232 inc. 3) del CPP; extremos todos ellos que hacen viable el presente recurso por la causa conexa anotada”.
De la compulsa de las piezas procesales arrimadas al expediente, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño, adolescente, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del departamento de La Paz -demandada-, en audiencia de modificación de medidas cautelares de 27 de junio de 2023, por Auto Interlocutorio 57/2023, dispuso la cesación a la detención preventiva y correspondiente aplicación de medidas cautelares sustitutivas a favor del prenombrado, imponiéndole las siguientes medidas: i) Presentación ante la autoridad fiscal de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, los días lunes de 8:00 a 12:00; ii) Prohibición de concurrir al lugar de los hechos ubicado en la comunidad Casteleto de Yanamayo del municipio La Asunta; iii) Prohibición de comunicarse personalmente, por terceras personas o mediante los medios telemáticos con la víctima, sus familiares y testigos siempre que no afecte su derecho a la defensa; iv) Fianza económica de Bs12 000.-; v) Arraigo; y, vi) Detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, que deberá hacerse efectiva por funcionario judicial, quien deberá presentar el informe correspondiente de la verificación y depósito del imputado adjuntando las placas fotográficas; dejando establecido que previo el cumplimiento de todas las medidas cautelares dispuestas se emitirá el correspondiente mandamiento de la detención preventiva, cuando por secretaría del juzgado se verifique el cumplimiento estricto de todas las medias dispuestas por la autoridad jurisdiccional (Conclusión II.1). Al respecto, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando a una persona se le impongan medidas alternativas a la detención preventiva estando previamente detenido, no corresponde disponer su libertad inmediata luego de la audiencia de modificación de medidas cautelares, en tanto no se efectivice el cumplimiento de las medidas impuestas; toda vez que el condicionamiento al cumplimiento de las medidas cautelares impuestas es exigible solo en los casos donde con anterioridad el procesado se encuentre privado de libertad. Ahora bien, conforme a Conclusiones II.2 y II.3 del presente fallo constitucional, que si bien no se había emitido el mandamiento de detención domiciliaria exigido, fue precisamente porque solo se dio cumplimiento parcial a las medidas menos gravosas impuestas, entre ellas al depósito de la fianza económica y la emisión del arraigo del accionante, quedando pendiente la verificación domiciliaria en la que iba a cumplir la detención domiciliaria; consecuentemente, no era exigible que la autoridad demandada ponga en inmediata libertad al impetrante de tutela, sino una vez sean cumplidas las medidas señaladas en el Auto Interlocutorio 57/2023, cuya emisión fue acreditada con la remisión de la referida resolución adjunta al informe de la autoridad demandada. En ese contexto, expuesta la problemática planteada y descritos los antecedentes procesales, en el caso analizado, se advierte que si bien conforme lo determinado en el Auto Interlocutorio 57/2023, ahora cuestionado, la Jueza demandada, efectivamente determinó la otorgación de la detención domiciliaria y otras medidas de carácter personal en favor del accionante, su efectivización se encontraba condicionada al cumplimiento de las otras medidas menos gravosas impuestas, para recién poder emitir el mandamiento de detención domiciliaria extrañado, acorde a lo precisado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. De dicha actuación, no se advierte actuación alguna con la cual, la autoridad demandada hubiera restringido la libertad del accionante, tampoco generado una dilación indebida en la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria del impetrante de tutela, sino efectuado más bien su actuación enmarcada en el principio de celeridad procesal; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 27 de julio, cursante de fojas 56 a 57 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0909_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebca01450298703e837483d52001dcce32215dbbfa6e1b1671dc352797b4b2a2
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