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SCP 0909/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 20 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
20 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
36114-2020-73-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela reclama como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue, la autoridad ahora demandada, a través de Auto de Vista de 21 de julio de 2020, mantuvo su detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, pese a que presentó prueba para desvirtuarlo, en cumplimiento del art. 239.1 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2020 de 27 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos de su activación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0909/2023-S4 Sucre, 20 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 36114-2020-73-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2020 de 27 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hardy Melgarejo Galarza, en representación sin mandato de Fernando Méndez Pereira contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2020, cursante de fs. 1 a 5; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, el 21 de julio de 2020, se celebró la audiencia de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, la cual fue resuelta por el Vocal de turno de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado– encontrándose pendiente un solo riesgo procesal, previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) a efecto de lo cual, para desvirtuar el mismo, presentó nuevos elementos cumpliendo la exigencia del incidente de cesación a la detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.1 del mismo cuerpo legal, siendo los siguientes: a) Memorial dirigido ante la Fiscalía, solicitando que se realice pericia psicológica; y, b) “El cuadernillo de investigación a objeto de que el Tribunal de apelaciones verifique, si es que cursa un informe negativo del asignado al caso donde se indique que está obstaculizando el proceso” (sic).

Añadió que, en el acta de audiencia de apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 18 de junio de 2020, se conminó al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a que realicen la pericia psicológica peticionada; sin embargo, dichas instancias hicieron caso omiso a la conminatoria realizada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo transcurrido más de un mes calendario para que se cumpla con este acto investigativo, sin que “hasta la fecha” –se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar– se haya realizado el referido peritaje. Reclamó que, en el Auto de Vista de 21 de julio de 2020, la autoridad demandada no indicó cuál es la norma que aplica, la doctrina y la jurisprudencia en la que se basó para rechazar la apelación a la cesación a la detención preventiva interpuesta; tampoco efectuó una valoración de las pruebas presentadas, existiendo una falta de pronunciamiento con relación a si se dio un valor negativo o positivo a las mismas, para fundar el rechazo, ya que para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, presentó un memorial dirigido a la fiscalía a objeto de que se realice la pericia psicológica, misma que aún no fue realizada; sin embargo, la autoridad demandada refirió que el riesgo procesal no se podía enervar con la presentación del cuadernillo de investigaciones; siendo que, no constituye prueba sino cuando se cumpla la pericia psicológica; por lo que el Vocal demandado no realizó una correcta valoración de prueba, actuando contrariamente a lo que establece el art. 173 del citado cuerpo legal. Alegó que, la autoridad demandada al rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva indicó que esta proposición de diligencia fue presentada un día antes de la audiencia de 8 de julio de 2020; no obstante, como verdad material, se evidencia que dicha petición fue realizada el 7 de ese mes y año, empero, hasta el día 21 de igual mes y año, esta no fue requerida; además de ello, el Vocal demandado no individualizó sobre quiénes y de qué manera influiría, teniendo en cuenta que se encuentra con detención preventiva, vulnerando de esta manera el derecho a la presunción de inocencia. Añadió además que, el demandado no se pronunció sobre todos los agravios reclamados, entre ellos sobre la SC 1174/2011, misma que fue presentada pidiéndose expresamente su aplicación; de igual forma, no se pronunció con relación a la Circular 08/2020 de 15 de abril del Tribunal Supremo de Justicia, que recomienda a toda autoridad jurisdiccional aplicar un test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en toda resolución judicial que limite derechos fundamentales desde la realidad de emergencia sanitaria y cuarentena general que vive Bolivia y tampoco consideró las características de las medidas cautelares, teniendo en cuenta de que la medida cautelar no puede ser tomada como un anticipo de una condena que puede recaer sobre el imputado en quien pesa la presunción de inocencia, ya que existen otras medidas que pueden garantizar el normal desarrollo del proceso penal establecidas en el art. 240 del CPP.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela reclamó como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 21 de julio de 2020, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ordenándose que se dicte nueva resolución en apego a los argumentos expuestos en la acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2020, conforme consta en el acta, cursante de fs. 11 a 13, presente el solicitante de tutela asistido de sus abogados y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia ratificó “in extenso” los extremos planteados en su memorial de demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no remitió informe escrito alguno ni se presentó en audiencia de esta acción de defensa pese a su legal citación, cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2020 de 27 de julio, cursante de fs. 13 a 15, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se identificó en este caso un franco incumplimiento a la determinación judicial de parte del Ministerio Público, debido a que la causa se encuentra en la etapa preparatoria y se entiende que todo elemento probatorio debe ser obtenido con la intervención de esa instancia; 2) A quien se debió haber demandado en este caso es al Fiscal de Materia; puesto que, no efectuó la pericia que la Jueza Cautelar observó cómo indispensable y de ineludible cumplimiento y que el Vocal de la Sala Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, también consideró de inexcusable cumplimiento; 3) No es el Vocal hoy demandado quien viene vulnerando su derecho tampoco la Jueza Cautelar, pues las resoluciones pronunciadas por ambas autoridades establecen un plazo razonable, el cual debe estar dentro de los límites que debe imponer el perito, ya que para la pericia psicológica, el médico especializado acudirá ante la persona a quien debe someter al Test psicológico y luego emitirá su informe, siendo él quien va a determinar en qué plazo comienza y termina ese trabajo pericial y emitirá ese informe y lo pondrá a consideración de la Juez Cautelar o en su caso del Vocal demandado; 4) La Jueza Cautelar indicó que solamente le falta este Test psicológico para desvirtuar el peligro de obstaculización para salir libre y la apelación incidental fue bajo esos parámetros; en este caso, si el Vocal demandado observó que faltaba esa pericia es porque así lo estableció la Jueza Cautelar y el referido Vocal al no encontrar la pericia psicológica, determinó que no se cumplió con el art. 239.1 del CPP, ya que con relación a medidas cautelares, existe la inversión de la carga de la prueba; es decir que, quien tiene que demostrar que no concurren los motivos que dieron lugar inicialmente a la detención preventiva es el accionante; 5) Si con la pericia le quieren denegar el acceso a la libertad bajo la modalidad de la cesación de la detención preventiva, si correspondería la interposición de la acción de libertad porque al analizar y cumplirse el art. 239.1 del mismo cuerpo legal, recién el Tribunal de primera instancia o el Tribunal de alzada pueden valorar de manera integral si corresponde o no la cesación a la detención preventiva, pero en este caso lo mínimo no se ha cumplido y si bien no fue por causa del accionante, existe un servidor público que se niega a cumplir las órdenes; por lo que, en todo caso el Fiscal de Materia debió estar demandado porque sería él quien está motivando que no se pueda acceder a la cesación de la detención preventiva, al no cumplir esa pericia; 6) En este caso no es que no se haya procedido una correcta valoración, sino que no existe la pericia para que pueda ser analizada; y, 7) Existe una omisión pero no de la autoridad demandada sino de parte del Ministerio Público contra quien no se puede hacer nada porque no fue demandado.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 24 de septiembre de 2021 (fs. 21), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 29 de agosto de 2023 (fs. 43); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, se puede extraer que Fernando Méndez Pereira –ahora accionante–, permanece con detención preventiva en mérito a la existencia de un solo elemento procesal, referido al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, considerado en su momento por la Jueza Cautelar; así también, en la última audiencia, la autoridad jurisdiccional encontró subsistente ese riesgo procesal en mérito a que no se había desvirtuado el mismo, porque no se habría aportado un informe psicológico pericial que ordenó en una anterior ocasión por la propia Jueza y el Vocal demandado, pero que, pese a haberse oficiado al Ministerio Público, este habría indebidamente omitido cumplir con las ordenes emanadas de dichas autoridades (fs. 11 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela reclama como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue, la autoridad ahora demandada, a través de Auto de Vista de 21 de julio de 2020, mantuvo su detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, pese a que presentó prueba para desvirtuarlo, en cumplimiento del art. 239.1 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos de su activación

Refiriéndose a la naturaleza de la acción de libertad y a los presupuestos de su activación, a través de la SCP 0917/2019-S4 de 16 de octubre, se expuso el siguiente razonamiento: “La Ley Fundamental, ha consagrado en su art. 125, a la acción de libertad, dentro de las garantías y acciones de defensa, indicando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Disposición legal complementada en cuanto a su objeto, en el art. 46 del CPCo estipulando: «La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro». Normativa que desde la interpretación exegética, consolida la voluntad del constituyente y del legislador, respectivamente, de precautelar mediante ésta acción los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: ‘La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…’”.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela reclama como vulnerado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue, la autoridad ahora demandada, a través de Auto de Vista de 21 de julio de 2020, mantuvo su detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, pese a que presentó prueba para desvirtuarlo, en cumplimiento del art. 239.1 del mismo cuerpo legal.

Identificada la problemática planteada, se debe señalar que no cursa en antecedentes el Auto de Vista que cuestiona el accionante a través de esta acción tutelar y pese a haber solicitado el documento al Vocal demandado a través de Decreto Constitucional de 24 de septiembre de 2021 y conminado su atención al mismo mediante providencia de 11 de noviembre de igual año, el mismo no fue remitido; no obstante de ello, de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías y que ahora se revisa, se tiene que Fernando Méndez Pereira –ahora impetrante de tutela– permanece con detención preventiva en mérito a la existencia de un solo elemento procesal, referido al peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, considerado en su momento por la Jueza Cautelar; así como también, en la última audiencia, la autoridad jurisdiccional ahora demandada consideró subsistente ese riesgo procesal en mérito a que no se había desvirtuado el mismo al no haberse aportado el informe psicológico pericial que ordenó en una anterior ocasión por la propia Jueza Cautelar y el Vocal demandado, pero que, pese a haberse oficiado al Ministerio Público, este hubiera omitido indebidamente cumplir con las ordenes emanadas de dichas autoridades (Conclusión II.1).

Dicho ello, en el caso de análisis y conforme se tiene establecido de los antecedentes procesales, el accionante considera que el ahora demandado, lesionó el debido proceso en sus elementos de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación, la autoridad ahora demandada, mantuvo su detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, sin considerar la prueba aportada para desvirtuarlo; misma que consistió en la presentación del memorial de petición de realización del referido estudio ante el Ministerio Público, así como el cuaderno de investigaciones. Ahora bien, en el marco de dichos reclamos, este Tribunal advierte que, si bien el Vocal hoy demandado mantuvo la medida de última ratio en su contra por no haberse desvirtuado el peligro procesal del art. 235.2 del CPP, esta decisión obedeció a la falta de presentación de prueba que lo desvirtúe, pues no es suficiente que el mismo haya presentado como elementos de convicción para desestimar la existencia del señalado riesgo procesal, el memorial de solicitud de la pericia psicológica y el cuaderno de investigaciones –como refiere el propio impetrante de tutela en su acción de libertad–, cuando en realidad lo que se dispuso incluso en una anterior oportunidad, es que se efectúe una pericia psicológica a efectos de determinar la inconcurrencia de dicho peligro procesal y disponer –de ser desvirtuado el mismo– la libertad del accionante; de ahí que la decisión asumida por el ahora demandado, por la que se confirmó la denegatoria de cesación a la detención preventiva por no haberse desvirtuado el riesgo procesal señalado, a través de la pericia psicológica ordenada, no resulta lesiva a los derechos reclamados sobre vulneración al debido proceso, en sus vertientes de falta de motivación, fundamentación, valoración probatoria y congruencia, debido a que, dicha determinación se dictó con base en los antecedentes del proceso entre los cuales no figura prueba alguna que demuestre que el riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del adjetivo penal hubiera sido superado, pues a dicho efecto, resultaba imprescindible la presentación del informe pericial psicológico que no fue realizado y menos adjuntado por el impetrante de tutela al momento de formular la apelación; de ahí que no existían elementos de convicción suficientes que pudieran ser tasados por el hoy demandado a efectos de determinar la superación del dicho riesgo pues, se reitera, el memorial de solicitud de la pericia psicológica presentado ante el Ministerio Público, así como el cuaderno de investigaciones, no constituyen per sé, elementos probatorios que lo desvirtúen. En ese mismo sentido, tampoco se tiene que el ahora accionante se encontrase en absoluto estado de indefensión, por cuanto se entiende que asumió una conducta activa en la causa penal seguida en su contra, haciendo uso de los medios y recursos que el ordenamiento jurídico prevé para asumir defensa.

En este contexto, teniendo claro que la decisión asumida por el Vocal hoy demandado no constituye lesión alguna a los derechos reclamados, corresponde denegar la tutela impetrada, aclarando que, en todo caso, al ser que la prueba requerida para desvirtuar el riesgo procesal que se mantiene latente, consiste en la emisión de informe pericial psicológico ordenado por el ahora demandado, es ante dicha autoridad ante la que inicialmente debe recurrir el accionante a efectos de que este, ejerciendo el control jurisdiccional de la causa, ordene al Ministerio Público su realización en cumplimiento de lo ya dispuesto, pues a esta jurisdicción, no le compete hacer cumplir las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria. Por ello, a los efectos perseguidos por el accionante, traducidos en la consideración de nuevos elementos de prueba que le permitan acceder a la libertad y que dependen en su ejecución del Ministerio Público, a través de una valoración psicológica, el imputado deberá impetrar al ahora demandado que ordene o su caso conmine al Fiscal de Materia asignado al caso, cumplir con lo dispuesto en la audiencia de apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 18 de junio de 2020. Finalmente, debe aclararse que respecto a la falta de realización de la pericia psicológica por parte del Ministerio Público, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno, debido a que el representante del Ministerio Público, al no haber sido demandado en la presente acción tutelar, carece de legitimación pasiva. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2020 de 27 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0909_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5ab26e03f094e4dcd61f26135952172ceade1034b778a7a4cb3fa1e2db67a34f

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