Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
La parte peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; puesto que en ejecución de sentencia del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, se presentó un incidente de nulidad de obrados, que al ser rechazado, en apelación se emitió el Auto de Vista 121, que anuló obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic) del referido proceso; pese a ello, dentro de la excepción civil de falsificación de documento planteada después del mencionado incidente, que fue declarada improbada; los Vocales accionados pronunciaron el Auto de Vista 180-2021, que equivocadamente determinó la firmeza y subsistencia del Auto que declaró improbada su excepción, manteniendo así la vigencia y subsistencia del proceso en estado de ejecución de sentencia, desobedeciendo y contrariando los alcances jurídicos del Auto de Vista 121 que anuló obrados hasta el decreto de admisión; resultando irracional la coexistencia de dos Autos de Vista contradictorios entre sí. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 76/22 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 200 a 203 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; disponiendo: dejar sin efecto el Auto de Vista 180-2021 de 16 de noviembre, debiendo los Vocales accionados o quienes se encuentren en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir un nuevo Auto de Vista conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; así como con relación a la solicitud de que se establezca la responsabilidad civil de los Vocales accionados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0909/2023-S3 Sucre, 11 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49254-2022-99-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 76/22 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 200 a 203 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José María Peñaranda Aramayo en representación legal de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia contra Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Menacho Angeleri, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -En suplencia legal de su similar Tercera-.
Por memoriales presentados el 6 y 14 de julio de 2022, cursantes de fs. 165 a 180; y 184 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
Mediante memoriales de 29 y 30, ambos de agosto de 2016, Derrick Alfredo Monroy Zapek -hoy tercero interesado-, solicitó la aplicación de la medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble de propiedad de la mencionada Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia -hoy accionante-, ubicado en la Av. Velarde, Unidad Vecinal 7, Manzana 4 de la ciudad de Santa Cruz, argumentando que sus honorarios y comisiones por asesoramiento a dicha Sociedad quedó pendiente de pago; en especial en la transferencia del indicado inmueble. Esa solicitud fue admitida por Auto de 1 de septiembre del mismo año. Luego, el nombrado formalizó demanda ordinaria por cumplimiento de contrato contra dicha Sociedad, representada por Víctor Haim Jean Claude Cohen, demandando el pago en su favor del 50% del valor que a la Sociedad le correspondía en el señalado inmueble, conforme lo establecido por el documento de 7 de febrero de 2012; monto que ascendería a $us1 400 000.-(un millón cuatrocientos mil dólares estadounidenses) y constituiría el acuerdo por comisión y honorarios que se le adeudarían. Admitida esa demanda, el representante legal nombrado sin previa notificación se apersonó con un poder notarial y en evidente colusión con el demandante se allanó totalmente a la misma; es así que, se emitió la Sentencia de 13 de febrero de 2017, declarando probada la demanda y disponiendo el pago del monto demandado; la misma que adquirió ejecutoria por proveído de 15 de marzo de igual año. De manera posterior, a través de su representante legal, la referida Sociedad accionante, interpuso un incidente de nulidad de obrados, que fue rechazado por Auto 228 de 11 de noviembre de 2020. Apelada esa determinación -23 del mismo mes y año-, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 121 de 16 de abril de 2021, que dispuso anular obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic). Asimismo, en ejecución de Sentencia, la mencionada Sociedad -el 8 de enero de 2021-, interpuso en la vía incidental, la excepción civil de falsificación de documento, la cual fue declarada improbada por Auto 78 de 22 de marzo del citado año; apelada esa decisión, y pese a la existencia del Auto de Vista 121 que anuló obrados hasta el decreto de admisión de la demanda, los Vocales accionados, siete meses después pronunciaron el Auto de Vista 180-2021 de 16 de noviembre, que equivocadamente determinó la firmeza y subsistencia del referido Auto 78 -que declaró improbada su excepción-, decisión irracional que desobedece y contraría los alcances jurídicos del Auto de Vista 121, que de oficio anuló obrados. En ese sentido, el Auto de Vista 180-2021, creó dos escenarios procesales; el primero, la anulación de obrados hasta el “decreto de admisión”; y el segundo, la declaración de la vigencia y subsistencia del proceso en estado de ejecución de sentencia. Resultando irracional la coexistencia de dos Autos de Vista; por lo que, el último fallo de alzada se constituye en una resolución absolutamente contradictoria de la primera, situación que vulnera la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso; además, contiene una interpretación arbitraria de la prueba e incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico y de la ley expresa como el art. 400.II del Código Procesal Civil (CPC), correspondiendo ingresar a un control de legalidad ordinaria; puesto que se soslayó una falsedad patente que incluso fue reconocida como evidente en dicho fallo; empero, fue convalidada bajo el argumento de no haberse reclamado oportunamente, pese a que se demostró la negativa del acceso a la justicia al rechazarse su personería, y que no correspondería ser considerado al encontrarse el proceso en ejecución de sentencia, siendo que la norma aludida faculta la interposición de la excepción civil de falsedad en cualquier etapa del proceso, incluyendo la instancia de ejecución de sentencia; aspecto que evidencia su interpretación errada. El derecho a la tutela judicial efectiva, conlleva no solo el acceso a la justicia y el logro de una resolución judicial, sino además que la decisión sea cumplida y ejecutada; más aún si adquirió la calidad de cosa juzgada; en ese sentido el Auto de Vista 180-2021 dejó sin efecto el Auto de Vista 121 que se encontraba firme, puesto que el tercero interesado planteó un recurso de casación en su contra que fue rechazado, y frente a ello interpuso una compulsa que luego fue desistida, consintiendo la legalidad del último fallo y su estabilidad jurídica, pese a que de manera posterior se interpuso una acción de amparo constitucional en su contra que fue denegada por el Tribunal de garantías. Asimismo, el Auto de Vista 180-2021, no motivó ni fundamentó sobre los alcances jurídicos del Auto de Vista 121; no habiendo expuesto ningún razonamiento del motivo por el cual se estaba desconociendo la calidad de cosa juzgada formal y material, la intangibilidad e invariabilidad del mismo. Además, no resolvieron de manera motivada y fundamentada los agravios expuestos en el recurso de apelación planteado contra el Auto 78, relativo a la falsedad del documento base de la demanda ordinaria; y lo resuelto no guarda correspondencia con las vulneraciones denunciadas.
La parte impetrante de tutela mediante su representante legal denuncia la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, citando al efecto los arts. 13.I, 115, 117.I, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto y sin valor legal alguno el Auto de Vista 180-2021, pronunciado por los Vocales accionados; b) Se disponga que dichos Vocales emitan una nueva resolución conforme los lineamientos a ser establecidos en la “resolución constitucional” y que se respete los derechos y garantías constitucionales que KIRKDLE acreditó haber sido infringidas; y, c) De conformidad con lo establecido por el art. 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se establezca la responsabilidad civil de los Vocales accionados (art. 39 del citado Código).
Celebrada la audiencia virtual pública el 22 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 195 a 199 vta., presentes la parte peticionante de tutela asistido de su abogado y el tercero interesado; ausentes los Vocales accionados, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia a través de su abogado ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo constitucional. En uso de su derecho a la réplica, manifestó que: 1) Se señaló que los Vocales accionados no eran adivinos para saber de la existencia del Auto de Vista 121, emitido siete meses antes del Auto de Vista 180-2021; sin embargo, es obligación de toda autoridad jurisdiccional conocer todos los actuados del proceso; 2) Los principios de inmediatez y de verdad material, en los que se funda el proceso civil, exigen a las autoridades judiciales, verificar todos los actuados para poder fallar sobre la verdad material del proceso que debe resolver, y no necesitan ser adivinos, sino que estaban obligados a solicitar todos los actuados del caso que estaban resolviendo y al no hacerlo existió un error fáctico que los condujo a pronunciar una resolución irrazonable y arbitraria; y, 3) No se consintió el Auto de Vista 180-2021, puesto que no existía otro procedimiento para recurrirlo, sino solo la presente acción tutelar; al contrario el tercero interesado, consintió el Auto de Vista 121, al impugnarlo y desistir de ese derecho.
Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -En suplencia legal de su similar Tercera-, no comparecieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defesa ni presentaron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 189 y 190.
Derrick Alfredo Monroy Zapek, en audiencia indicó que: i) La parte impetrante de tutela refiere que los Vocales hoy accionados no se habían pronunciado sobre el Auto de Vista 121 que anuló obrados; y ello tiene una explicación lógica y jurídica, ya que “…la Sala recurrida hoy recurrido no es mago…” (sic) para enterarse que existía otro Auto de Vista que anuló obrados; es por ello que emiten el Auto de Vista 180-2021 hoy impugnado, y sobre el cual se alega que incurrió en errores por no haber solicitado el expediente en su integridad; ii) Cuando la parte peticionante de tutela apeló del Auto 78, el Juez de la causa concedió ese recurso “en fs. 1651”, en efecto devolutivo, lo que permite la prosecución del trámite en lo principal, sin perjuicio de la alzada con indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse; iii) Por lo referido, los Vocales accionados cómo podían saber que existía una nulidad de obrados y evitar continuar con el ejercicio de sus funciones de pronunciar el respectivo Auto de Vista; iv) Existe un acto consentido de la parte accionante, ya que tenía la obligación de utilizar los medios idóneos para presentar la copia respectiva del Auto de Vista que anulaba obrados del proceso ordinario, hasta antes de dictarse uno nuevo, que según indican es completamente incoherente; v) No existe ninguna aberración jurídica -en la actuación de los Vocales accionados-, ya que existe un procedimiento y la línea jurisprudencial señala que la parte debe utilizar todos los recursos idóneos, a fin de descartar la subsidiariedad, antes de recurrir a una acción de amparo constitucional; vi) El Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ser cómplice de la impericia y dejadez de los abogados de la parte impetrante de tutela, por no hacer el seguimiento del recurso que ellos mismos plantearon y actuar con la carga procesal definida por ley, lo que demuestra que se contentaron con la anulación de obrados dispuesta por el Auto de Vista 121 y actuaron tardíamente, olvidándose del procedimiento; vii) Se presentó esta acción tutelar olvidando los medios de defensa que se encuentran establecidos en la norma, siendo que dicha acción no es subsidiaria; viii) La parte peticionante de tutela podía haber solicitado el saneamiento procesal ante los Vocales accionados, ya que procede en cualquier momento procesal, inclusive en ejecución de sentencia, o pedir la complementación y enmienda; ix) El art. 84 del CPC establece la carga procesal de asistir a los juzgados para ver la evolución de su expediente; sin embargo, la parte accionante esperó seis meses exactos para darse cuenta que supuestamente se les habría vulnerado el derecho al debido proceso; x) El Auto de Vista 180-2021 hoy impugnado, revocó parcialmente el Auto 78 que fue apelado y aceptó la personería de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia representada legalmente por José María Peñaranda Aramayo, no existiendo vulneración de derecho alguno. Si con anterioridad no fue reconocida su personería, fue porque no cumplieron con el procedimiento; y al reconocerla el fallo indicado no se lesiona ningún derecho; xi) La acción de defensa planteada es improcedente porque cesaron los efectos el acto reclamado, operando la teoría del hecho superado; xii) La parte impetrante de tutela refiere que el Juez que dictó el “auto inicial” carece de competencia, porque el Auto de Vista 121 anuló obrados; en ese sentido, si carece de competencia y se vuelve a dictar un nuevo Auto de Vista -en reemplazo del Auto de Vista 180-2021-, se crea un incertidumbre procesal, porque el Tribunal superior emite un fallo que el inferior lo tiene que ejecutar; “…pero ejecutar en que…” (sic), si el proceso se encuentra completamente anulado; xiii) Se indica que sus abogados a tiempo de presentar el primer escrito no se percataron de la falsedad el documento; sin embargo, el procedimiento refiere que en el caso de alguna falsedad, se debe presentar la denuncia al inicio, dentro de los seis días de asumida su defensa, conforme lo disponen los arts. 153 y 154 del CPC. Esa denuncia es contradictoria con lo establecido por el art. 400.II de la misma norma; según el cual, la acusación “es formal” y recién se puede interponer ese incidente que es el único que se permite en ejecución de sentencia, “es la acusación por falsedad ideológica” (sic); y, xiv) Al emitirse un nuevo Auto de Vista existiría un vacío legal, porque no habría autoridad alguna para que cumpla lo que en él se disponga. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada, por su mal planteamiento y porque la Sala Constitucional no puede valorar la prueba.
En uso del derecho a la réplica, refirió que: a) Teniendo en cuenta lo determinado por la SCP 0809/2018-S1 de 28 de noviembre, sobre los alcances del principio de verdad material, se tiene que establecieron los siguientes límites: 1) No se puede sacrificar un derecho fundamental a título de aplicar la verdad material; 2) La aplicación de dicho principio no puede desconocer derechos adquiridos; por ello, no puede anularse obrados con la sola invocación del mencionado principio, desconociendo la preclusión procesal y los actos consumados; y, 3) No se puede desconocer la cosa juzgada; b) Al señalarse que era obligación de los Vocales accionados tener conocimiento de todo el proceso, no se mencionó algún artículo al respecto, ni que derecho se vulneró al no remitir -todo- el expediente; además, se concedió la apelación planteada en el efecto devolutivo, donde sólo se remiten las piezas pertinentes, no pudiendo adivinar que existía otro fallo que anuló obrados, siendo obligación de la parte -interesada- de comunicar esa situación ya que al dictarse un posterior Auto de Vista sería contradictorio; c) Si los Vocales accionados hubieran tenido conocimiento de ese extremo podían haber “revertido” o señalar que no se pronunciarían al respecto, al existir una nulidad de obrados; no pudiéndose enmendar la impericia y negligencia de la parte peticionante de tutela; y, d) Todos los plazos procesales son improrrogables; si no se cumple -un acto-dentro del procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el art. 5 del CPC y la jurisprudencia constitucional, precluye el derecho a hacerlo, no pudiendo pretender que se haga prevalecer un derecho si fue el causante del error o descuido.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 76/22 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 200 a 203 vta., concedió la tutela impetrada, ordenando se deje sin efecto el Auto de Vista 180-2021, emitido por los Vocales accionados, debiendo los mismos pronunciar un nuevo Auto de Vista conforme lo fundamentado por dicha Sala Constitucional; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión del expediente constitucional contrastado con el expediente del proceso ordinario que fue remitido, se evidencia la existencia del Auto de Vista 121, que dispuso anular obrados hasta fs. 25 inclusive. Contra ese fallo, el tercero interesado interpuso un recurso de casación; luego, un desistimiento de ese recurso, y posterior a ello, a través de su apoderado planteó una acción de amparo constitucional que radicó ante la Sala Constitucional Tercera del mencionado Tribunal, que según hoy se expresa, denegó la tutela solicitada; ii) Asimismo, se advierte la existencia de la interposición del recurso de apelación de 26 de marzo de 2021 -contra el Auto 78 que declaró improbada la excepción la excepción civil de falsificación de documento-, la contestación del tercero interesado y la emisión del Auto de Vista 180-2021, que dispuso revocar parcialmente el Auto 78 y dar por acreditada la personería de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia; iii) De la revisión del noveno cuerpo del expediente original, cursa el Auto de Vista 121, que fue notificado a la parte accionante y al tercero interesado, el 22 y 23 de abril de 2021, respectivamente. Así también, cursa el Auto de Vista 180-2021, notificado a las partes el 6 de enero del citado año, en la cual los Vocales accionados mencionan que el Juez de primera instancia por Auto de 12 de abril de 2021, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte impetrante de tutela -contra el Auto 78-, en efecto devolutivo, ordenando la remisión de fotocopias legalizadas de todo el expediente ante la Sala Civil y Comercial de Turno; lo que implica que, el Auto de Vista 121, es posterior a la fecha de interposición del recurso de apelación -planteado el 26 de marzo de 2021 contra el Auto 78-resuelto mediante Auto de Vista 180-2021; dicho Auto 78 fue emitido el 22 de marzo y el Auto de Vista 121 el 16 de abril, ambos de 2021; lo que significa que mal podría haber “interpuesto” en el mencionado recurso de apelación -de 26 de marzo del referido año- la existencia del Auto de Vista 121, porque era un acontecimiento futuro e incierto; iv) El Auto de Vista 180-2021, si bien en su redacción reconoció una contradicción existente en los documentos que revisó; sin embargo, resolvió por revocar parcialmente el Auto 78, lo que se traduce en que el agravio invocado por la parte peticionante de tutela, referido a la tutela judicial efectiva, principio de seguridad jurídica y verdad material, todos como elementos del derecho al debido proceso vinculados a la igualdad, si revisten relevancia constitucional; puesto que el Auto de Vista 121 no fue considerado en ningún momento al pronunciarse el Auto de Vista 180-2021; v) Es plausible, que el tercero interesado de manera hidalga argumente que la consideración del Auto de Vista 121 podría haber modificado algún resultado en la decisión del posterior Auto de Vista -180-2021-; por lo que, concurre el requisito de la relevancia constitucional a efectos de la concesión de la tutela impetrada; vi) No se puede negar que los Vocales accionados no están obligados a revisar todo el expediente “constitucional”, cuando el propio Auto de Vista refirió que se revisó todo el expediente y además que el Juez de primera instancia ordenó la remisión de -fotocopias de- todo el expediente al Tribunal de alzada; y, vii) Por el principio de verdad material, de ninguna manera se puede obviar una actuación procesal, y si ello ocurre, inclusive se tiene la facultad de oficio de enmendar aquel error; mucho más por parte de este control tutelar, al obviarse un Auto de Vista anterior -121- y que se encuentra ejecutoriado, incluso siendo objeto de una acción de amparo constitucional, que dispone lo contrario a lo dispuesto por el Auto de Vista posterior -180-2021-.
Del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, Germán Wilfredo Pereyra Castro, en representación de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia -hoy parte accionante-, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato seguido por Derrick Alfredo Monroy Zapek contra dicha Sociedad, presentó incidente de nulidad de obrados por generar estado de indefensión a la misma (fs. 24 a 31 vta.); que fue rechazado por Auto 228 de 11 de noviembre de 2020 (fs. 33 a 45 vta.). II.2. Contra el Auto 228, la parte impetrante de tutela, el 23 de noviembre de 2020, interpuso recurso de apelación (fs. 46 a 56 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2021, ante el Juez de la causa, José María Peñaranda Aramayo, en representación legal de la mencionada Sociedad -parte peticionante de tutela- de conformidad a lo establecido por el art. 400.II del CPC, en la vía incidental presentó la excepción civil de falsificación del documento de reconocimiento de derechos de 7 de febrero de 2012 (fs. 68 a 80); que fue resuelta por Auto 78 de 22 de marzo de 2021, disponiendo: a) Declarar improbada la referida excepción; y, b) Se determinó que José María Peñaranda Aramayo para actuar en representación de la indicada Sociedad, debía acreditar su personería debidamente inscrita en el Registro de Comercio (fs. 81 a 87). II.4. Por memorial presentado el 26 de marzo de 2021, la parte accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto 78 (fs. 88 a 108 vta.). II.5. Por Auto de Vista 121 de 16 de abril de 2021, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -dentro de la apelación planteada contra el Auto 228-dispusieron anular obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic [fs. 57 a 65]). II.6. A través del Auto de Vista 180-2021 de 16 de noviembre, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -En suplencia legal de su similar Tercera-, ahora accionados -dentro de la apelación planteada contra el Auto 78-, revocaron parcialmente dicho Auto, estableciendo dar por acreditada la personería de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia representada por José María Peñaranda Aramayo; manteniendo firme y vigente en todo lo demás (fs. 109 a 114); fallo con el cual fue notificado la parte impetrante de tutela el 6 de enero de 2022 (fs. 115).
La parte peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; puesto que en ejecución de sentencia del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, se presentó un incidente de nulidad de obrados, que al ser rechazado, en apelación se emitió el Auto de Vista 121, que anuló obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic) del referido proceso; pese a ello, dentro de la excepción civil de falsificación de documento planteada después del mencionado incidente, que fue declarada improbada; los Vocales accionados pronunciaron el Auto de Vista 180-2021, que equivocadamente determinó la firmeza y subsistencia del Auto que declaró improbada su excepción, manteniendo así la vigencia y subsistencia del proceso en estado de ejecución de sentencia, desobedeciendo y contrariando los alcances jurídicos del Auto de Vista 121 que anuló obrados hasta el decreto de admisión; resultando irracional la coexistencia de dos Autos de Vista contradictorios entre sí. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0747/2020-S3 de 23 de octubre, haciendo referencia a la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, la cual en cuanto al referido derecho, estableció lo siguiente: «“…comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” . Asimismo, cabe señalar que la eficacia del cumplimiento o ejecución de una resolución judicial, constituye un derecho fundamental que deriva del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, contemplado en los arts. 115.I de la CPE; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y del 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), entonces aquello implica no solo el acceso a la justicia y el logro de una resolución judicial, sino que además dicha decisión sea cumplida; sentido en el cual, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refirió que el indicado derecho implica: “… Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”. Al respecto ya el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1206/2010-R de 6 de septiembre, señaló que: “…se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío… Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación de derechos fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”».
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; puesto que en ejecución de sentencia del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, se presentó un incidente de nulidad de obrados, que al ser rechazado, en apelación se emitió el Auto de Vista 121 de 16 de abril de 2021, que anuló obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic) del referido proceso; pese a ello, dentro de la excepción civil de falsificación de documento planteada después del mencionado incidente, que fue declarada improbada; los Vocales accionados pronunciaron el Auto de Vista 180-2021 de 16 de noviembre, que equivocadamente determinó la firmeza y subsistencia del Auto que declaró improbada su excepción, manteniendo así la vigencia y subsistencia del proceso en estado de ejecución de sentencia, desobedeciendo y contrariando los alcances jurídicos del Auto de Vista 121 que anuló obrados hasta el decreto de admisión; resultando irracional la coexistencia de dos Autos de Vista contradictorios entre sí. De la revisión de antecedentes, se advierte que luego de haber obtenido el tercero interesado, una resolución judicial -Auto 175/2016 de 1 de septiembre- que dispuso ordenar la medida cautelar de la anotación preventiva en Derechos Reales (DD.RR) del bien inmueble de propiedad de la parte impetrante de tutela, ubicado en la Av. Velarde, Unidad Vecinal 7, Manzana 4, Zona Sur de la ciudad de Santa Cruz; formalizó, previa conciliación, la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato respecto al documento privado de reconocimiento de derechos por servicios profesionales de 7 de febrero de 2012, solicitando el pago de $us1 400 000.-. Luego de darse por expresamente notificado con la demanda y allanarse totalmente a la misma, por parte del entonces representante legal de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia;
la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 14/17 de 13 de febrero de 2017, declarando probada dicha demanda, disponiendo que la mencionada Sociedad cumpla con la obligación demandada dentro del plazo de diez días de ejecutoriada esa Sentencia. En ejecución de sentencia, la parte peticionante de tutela a través de su representante legal presentó incidente de nulidad de obrados por generar estado de indefensión a la Sociedad aludida; el cual fue rechazado por Auto 228 de 11 de noviembre de 2020 (Conclusión II.1.); contra ese Auto interpuso recurso de apelación el 23 del mes y año indicados (Conclusión II.2.). Asimismo, el 8 de enero de 2021, la parte accionante de conformidad a lo establecido por el art. 400.II del CPC, en la vía incidental presentó la excepción civil de falsificación del documento de reconocimiento de derechos de 7 de febrero de 2012, señalando que en ese documento se hacía referencia al Testimonio 1550/2012 de 21 de mayo, siendo que dicho instrumento notarial aún no existía ni había nacido a la vida jurídica, por ser emitido tres meses y catorce días después del señalado documento. Esa excepción fue resuelta por Auto 78 de 22 de marzo de 2021, disponiendo: 1) Declarar improbada la referida excepción; y, 2) Se determinó que José María Peñaranda Aramayo para actuar en representación de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia, debía acreditar su personería de la entidad que dice representar, debidamente inscrita en el Registro de Comercio (Conclusión II.3.). Contra el mencionado Auto 78, la parte impetrante de tutela interpuso recurso de apelación el 26 de marzo de 2021 (Conclusión II.4.). Resolviendo el recurso de apelación planteado contra el Auto 228 que rechazó el incidente de nulidad de obrados planteado por la parte peticionante de tutela, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 121 de 16 de abril de 2021, por el cual dispusieron anular obrados “…hasta fs. 25 inclusive…” (sic), que corresponde al Auto 175/2016 de 1 de septiembre, que ordenó dar curso a la medida cautelar de anotación preventiva en DD.RR. del bien inmueble de propiedad de la parte accionante; debido a que: i) En los Instrumentos Públicos que sustentaron la verosimilitud de derecho del tercero interesado en esa medida cautelar, este no figuraba como acreedor de la suma reclamada, ni tampoco se establecía una obligación pendiente en su favor, siendo contratos de transferencia del bien inmueble en los que no figuraba ni como abogado; ii) No existía un certificado alodial que demuestre quienes eran los legítimos propietarios del indicado inmueble, ya que figuraban dos propietarios en lo pro indiviso; iii) El poder de representación otorgado en Panamá, con el que su representante legal se allanó a la demanda ordinaria, no cumplió con los requisitos establecidos por el art. 402 num. 4 del Código de Derecho Internacional Privado -Código de Bustamante-, e incumplió con lo dispuesto por el art. 420.II del Código de Comercio (CCom), al no estar inscrito en el Registro de Comercio para que surta efectos legales; iv) El documento privado de reconocimiento de derechos por servicios profesionales de 7 de febrero de 2012, suscrito en Panamá no se encontraba reconocido en sus firmas ni legalizado como corresponde, careciendo de eficacia jurídica; y, v) Cuando su representante legal se allanó a la demanda señaló en sus memoriales su domicilio en Paris Francia; sin embargo, suscribió los mismos en la ciudad de Santa Cruz, lo que generó incertidumbre, más aún si no existió prueba que demuestre su estadía o residencia en Bolivia en la fecha de su presentación (Conclusión II.5.). Contra esta determinación, el tercero interesado interpuso recurso de casación; cuya concesión fue negada por lo mencionados Vocales por Auto 16 de 25 de junio de 2021; en ese sentido, interpuso recurso de compulsa el 16 de julio del año indicado, que luego fue renunciado y desistido por memorial de 29 del mismo mes y año; siendo aceptado por dichos Vocales a través del Auto 51 de 2 de agosto de 2021, declarando en consecuencia, ejecutoriado el Auto 16 de 25 de junio del mismo año; lo que implica a su vez, la ejecutoria del Auto de Vista 121, de acuerdo a lo establecido por el art. 244.I del CPC. Así también, se tiene que por memorial de 17 de agosto de 2021, el señalado tercero interesado, interpuso una acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista 121, solicitando se disponga su nulidad. Asimismo, resolviendo el recurso de apelación planteado por la parte impetrante de tutela contra el Auto 78 que declaró improbada la excepción civil de falsificación del documento de reconocimiento de derechos de 7 de febrero de 2012 y determinó que el representante legal debía acreditar su personería debidamente inscrita en el Registro de Comercio; los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -En suplencia legal de su similar Tercera-, emitieron el Auto de Vista 180-2021, por el cual revocaron parcialmente el Auto apelado, estableciendo dar por acreditada la personería de la Sociedad Kirkdale Realty Inc. Sucursal Bolivia representada por José María Peñaranda Aramayo; y, manteniendo firme y vigente en todo lo demás; es decir, respecto a la decisión de declarar improbada la referida excepción; siendo notificada la parte peticionante de tutela con ese fallo el 6 de enero de 2022 (Conclusión II.5.). Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que a través de este medio de defensa constitucional de carácter tutelar, la parte accionante identifica como el acto vulneratorio de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a la coexistencia de dos Autos de Vista contradictorios entre sí; puesto que el Auto de Vista 121, anuló obrados hasta el Auto que ordenó la medida cautelar de anotación preventiva en DD.RR., antes de la formalización de la demanda ordinaria; y el Auto de Vista 180-2021, que al mantener la firmeza y subsistencia del Auto apelado que declaró improbada su excepción, mantuvo la vigencia y subsistencia del proceso en estado de ejecución de sentencia; aspecto que desobedeció y contrarió los alcances jurídicos del Auto de Vista 121 que dispuso la anulación de obrados y adquirió la calidad de cosa juzgada material. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia denunciado como lesionado, el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, señaló que el mismo puede ser analizado desde el punto de vista del acceso a la justicia propiamente dicho, lo que implica la posibilidad de arribar al sistema judicial sin que existan obstáculos para su ejercicio; asimismo, comprende la obtención de un pronunciamiento judicial que dé solución al conflicto planteado o resguarde un derecho; y finalmente, que la resolución emitida sea cumplida y ejecutada; es decir, lograr el cumplimiento y ejecución efectiva de las decisiones judiciales para garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada; puesto que la inejecución de esas decisiones acarrea la vulneración del citado derecho y dentro de este a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado. Bajo ese contexto jurisprudencial y de la problemática central identificada en los reclamos expuestos en la presente acción de defensa, referida a la coexistencia de dos fallos de alzada contradictorios entre sí; de una revisión de los antecedentes referidos, se advierte que producto del incidente de nulidad de obrados presentado por la parte impetrante de tutela y luego del rechazo a esa pretensión, y apelada esa decisión, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 121 de 16 de abril, anularon obrados hasta fs. 25 del expediente original, que corresponde al Auto que ordenó la medida cautelar de anotación preventiva en DD.RR., antes de la formalización de la citada demanda ordinaria. Cabe señalar que esa determinación de segunda instancia fue objeto de un recurso de casación por parte del tercero interesado, que al ser negada en su concesión, motivó al planteamiento de un recurso de compulsa, el cual si bien fue concedido; empero, fue desistido por dicho tercero interesado; motivando a que el fallo que negó la concesión del recurso de casación quede ejecutoriado, lo que conlleva a su vez, la ejecutoria del mencionado Auto de Vista 121. Así también, se advierte que de manera posterior a la presentación del mencionado incidente de nulidad de obrados, la parte peticionante de tutela interpuso en la vía incidental, una excepción civil de falsificación de documento, que al ser declarada improbada por Auto 78 y apelado el mismo, los Vocales accionados pronunciaron el Auto de Vista 180-2021, que entre otros aspectos, mantuvo firme y vigente dicho Auto, así como también la demanda ordinaria en estado de ejecución de sentencia. De lo expuesto, es evidente la contradicción advertida por la parte accionante en los mencionados Autos de Vista, puesto que de la compulsa de ambos, se tiene que el primero emitido el 16 de abril de 2021, anuló obrados hasta antes de la formalización de la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato, siendo por ese motivo, inexistente dicha demanda; en tal sentido, el segundo Auto de Vista pronunciado el 16 de noviembre del mismo año, al mantener firme y vigente el fallo apelado, y consiguientemente conservar la vigencia y subsistencia de la referida demanda ordinaria, ocasionó una disfunción procesal contraria al orden jurídico en cuanto a sus alcances emergente de la emisión de un fallo contradictorio; puesto que los antecedentes de esa demanda, fueron anulados siete meses antes por una determinación judicial de la misma jerarquía. En ese sentido, la emisión del Auto de Vista 180-2021 pronunciado por los Vocales accionados, ciertamente se configura como un fallo contradictorio, que desobedece y contraría los alcances jurídicos de la determinación asumida en el Auto de Vista 121, que anuló obrados de la demanda ordinaria; situación que en el marco del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conlleva la vulneración del derecho a la tutela judicial; en razón a que, al mantener la vigencia y subsistencia de la demanda ordinaria, cuando la misma ya no existía materialmente, impidió el cumplimiento y la ejecución efectiva de las decisiones asumidas en el indicado Auto de Vista 121; lesionando igualmente la eficacia jurídica de ese fallo de segunda instancia que adquirió ejecutoria por no haber sido efectivamente impugnado en la instancia correspondiente. Y si bien es evidente en el presente caso, que los Vocales accionados no tuvieron conocimiento de la anulación de obrados dispuesta en el Auto de Vista 121; y que también correspondía a la parte impetrante de tutela hacerles saber de esa determinación por ser la misma favorable a sus intereses; sin embargo, esas circunstancias no pueden ser consideradas para fundar una denegatoria de la tutela impetrada, como pretende el tercero interesado; puesto que conforme al análisis precedentemente realizado, al haberse advertido un caos jurídico y una disfunción procesal contraria al orden jurídico emergentes del pronunciamiento de dos fallos dictados en instancia de apelación y que resultan contradictorios entre sí; esta jurisdicción constitucional no puede mantener invariable esa situación anómala e irregular, que contraría la seguridad y certeza jurídica que deben generar los fallos judiciales, y que conculca el derecho a la tutela judicial efectiva al no poderse cumplir y ejecutar la anulación dispuesta en el Auto de Vista 121 -de mantenerse vigente el Auto de Vista 180-2021 hora impugnado-; y por consecuencia, se lesiona el derecho al debido proceso, que no solo se limita a la observancia de la adecuada activación del procedimiento correspondiente, sino que también propende a la búsqueda del proceso justo, la protección judicial, el cumplimiento y la materialización efectiva de los fallos jurisdiccionales. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada por la parte peticionante de tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 180-2021 ahora impugnado, debiendo los Vocales accionados emitir un nuevo Auto de Vista de acuerdo al examen antes realizado, previa remisión para su conocimiento y consideración del Auto de Vista 121. Con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, así como la pretendida posibilidad de que este Tribunal ingrese a la interpretación de la legalidad ordinaria, no amerita un pronunciamiento sobre los mismos, dada la forma de análisis realizada en el presente fallo constitucional y la forma de resolución asumida; y además, por no haberse ingresado al análisis de los argumentos que motivaron la dictación del Auto de Vista 180-2021. Finalmente, sobre la solicitud de que se establezca la responsabilidad civil de los Vocales accionados, no corresponde dar curso a ese pedido, en razón a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 76/22 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 200 a 203 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; disponiendo: dejar sin efecto el Auto de Vista 180-2021 de 16 de noviembre, debiendo los Vocales accionados o quienes se encuentren en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir un nuevo Auto de Vista conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; así como con relación a la solicitud de que se establezca la responsabilidad civil de los Vocales accionados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0909_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ce61c113b1e925ccd534fbdeb343d5c9c60a24a9d1ffbe1612402cc625c1bc0
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