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SCP 0908/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de septiembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47827-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, los Fiscales de Materia demandados desarrollaron actos investigativos en dos causas penales que no tienen control jurisdiccional, procediendo a su ilegal aprehensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 34 a 37 y 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Aprehensión y la Orden de Aprehensión, ambas de 17 de mayo de 2022.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. No puede desarrollarse actos investigativos sin control jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0908/2023-S2 Sucre, 18 de septiembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47827-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 2/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Julio Ignacio Angles Quisbert en representación sin mandato de Marco Antonio Amaru Flores contra Gustavo Reynaldo Balderrama Tola y Wilson Victor Medrano Patti, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante a fs. 1 y 19 a 20 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de los procesos penales seguidos en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato; debido a que, dictó resoluciones constitucionales cuando obraba como Juez de garantías, las cuales aún no fueron revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, realizadas las actuaciones y diligencias investigativas, y sin que dicha instancia hubiese dispuesto esa persecución penal, procedieron a privarle de su libertad de forma arbitraria, ilegal e indebidamente. El Ministerio Público y la Policía Boliviana no tenían facultad para calificar de correcta o incorrecta la conducta de un juez o tribunal de garantías, debiendo limitarse a compulsar y valorar las pruebas contenidas en los recursos que eran de su conocimiento y fundar su decisión con independencia; en ese sentido, cualquier amedrentamiento o amenaza a órganos de control constitucional sería inadmisible e impertinente; en todo caso, previo a su juzgamiento en la instancia ordinaria se requiere pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional Plurinacional, al respecto la SC “1077/2008” y la SCP “06289/2014” indicaron que ningún juez o tribunal de garantías podrá ser sometido directamente a una acción penal por las resoluciones que emitió dentro de las acciones tutelares que eran de su conocimiento, sin que exista sentencia constitucional plurinacional; por lo que, concurrió un impedimento legal para seguir los procesos penales que fueron instaurados en su contra; e incluso, al habérsele citado a declarar bajo apercibimiento de mandamiento de aprehensión, tácitamente la causa se archivó. El art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen que los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional y la interpretación legal que en ellos se realiza es obligatoria para los entes del Estado; concluyendo que, las acciones penales en su contra se sustanciaron sin capacidad por ausencia de autorización y sin elemento constitutivo de delito alguno respecto a su conducta.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Cese la persecución penal y archivo de obrados de las dos causas signadas con los Códigos Únicos de Denuncia (CUD) 201502022202719 y 201502022202909; y, b) Se restituya su derecho de locomoción, ordenando su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 28 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de su memorial de acción de libertad, y ampliándolos manifestó que: 1) Se le vulneró el derecho al debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE; ya que, fue aprehendido el 17 de mayo de 2022, puesto ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, que ante su recusación, mediante sorteo asumió competencia su similar Cuarto, quien también se excusó, encontrándose sin autoridad judicial que determine su situación jurídica; en ese sentido, se abstrajo la subsidiariedad; además, no podía seguir restringido de su derecho a la libertad; máxime, cuando solo se dispuso una llamada de atención administrativa y no un procesamiento penal; y, 2) En cuanto al segundo proceso penal -no identificó la causa-, se encuentra en revisión, debiendo ser archivada por inexistencia de responsabilidad penal, considerando que nadie tuvo la competencia para catalogar de incorrecta su conducta y “…sí a los fiscales les gusta o no mis fallos deben obedecerlos…” (sic); por lo que, ante su persecución ilegal y a fin de establecer un precedente solicitó se remita a los Fiscales de Materia demandados, a procesamiento disciplinario con costas a favor del Estado por el monto de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), que sean destinados a las Aldeas Infantiles SOS Bolivia.

I.2.2. Informe de los demandados

Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, expuso que: i) Dentro del proceso penal signado con CUD 201502022202719, instaurado de oficio por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, dictó la Resolución de Aprehensión de 17 de mayo de 2022, debidamente fundamentada conforme prevé el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP); causa que emergió; debido a que, cuando el prenombrado actuó en calidad de Juez de garantías, resolvió una acción de libertad disponiendo la libertad de Jaime Valencia Calizaya, quien tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, por el delito de desaparición de personas, y este se encontraba cumpliendo la pena de treinta años de presidio en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; ii) No obstante, pese a que el aludido ya no ostentaba la calidad de detenido preventivo, solicitó la cesación de su privación de libertad, a través de un mecanismo de defensa que el peticionante de tutela como Juez de garantías resolvió mediante la Resolución 329/2021 de 27 de diciembre, concediendo la tutela y ordenó su detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, la obligación de presentarse cada quince días ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, y una fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos); iii) No bastando su actuación irregular, el 12 de enero de 2022, el impetrante de tutela en calidad de Juez de garantías emitió mandamiento de detención domiciliaria, arrogándose facultades y usurpando funciones que no le competían; con todo lo expresado, resulta lógico concluir que existió suficientes elementos que denotaron sería presuntamente autor del delito de prevaricato y que pronunció resoluciones manifiestamente contrarias a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, así como, a la ley; y, iv) El accionante no agotó el principio de subsidiariedad; además, no pudo alegar que se le vulneró su derecho a la defensa; pues, presentó recusa contra el “…juez primero anticorrupción…” (sic) que asumió conocimiento de su causa; posteriormente, contra el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la indicada ciudad y departamento, a quien debió acudir para reclamar la afectación de sus derechos; por lo que, pidió se deniegue la tutela pedida. Wilson Victor Medrano Patti, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías sostuvo que: a) El Consejo de la Magistratura instauró proceso penal contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de prevaricato; debido a que, el prenombrado actuó como Juez de garantías, dictando la Resolución 174/2021 de 19 de septiembre, dentro de una acción de libertad planteada por Manuel Loza Quispe contra el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, y extralimitándose en sus atribuciones, dispuso la cesación de la detención preventiva del aludido, arguyendo que padecía diabetes mellitus tipo 2 crónico; decisión que fue revocada mediante la SCP 0012/2022-S4 de 29 de marzo, pronunciada por los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes establecieron que no se tiene certeza del estado real de la salud del detenido preventivo, ni tampoco se demostró que la salud del mismo hubiese sufrido un deterioro que ponga en peligro su vida; por ello, ordenaron se remitan antecedentes al citado Consejo, para los fines que en derecho corresponda; por tal razón, se inició proceso disciplinario en contra del peticionante de tutela, quien como funcionario público tiene responsabilidad administrativa y penal; bajo esa lógica, dicha instancia interpuso denuncia contra el solicitante de tutela, y conforme a normativa se admitió la misma, causa que se encuentra en etapa de investigación; b) A fin de que preste su declaración informativa en atención al art. 92 del CPP, se citó al prenombrado para el 17 de mayo de 2022, que fue suspendida al 26 de ese mes y año, actuaciones que no pueden ser tomadas como abuso de poder, sino en estricto apego a la norma penal y procesal penal; y, c) Conforme el art. 289 del citado Código, la causa se puso a conocimiento de la autoridad judicial correspondiente, quien ejerce el control jurisdiccional de la investigación y velará por un correcto procesamiento de una correcta persecución; no obstante, omitiendo ese aspecto, activó directamente esta acción tutelar; siendo que, existen mecanismos ordinarios de defensa en las que podrá reestablecerse sus derechos, si es que fueron vulnerados; en tal sentido, operó el principio de subsidiariedad, así razonó la SCP 0198/2018-S3 de 1 de junio, la cual, de acuerdo a lo previsto en el art. 125 de la CPE, sostuvo que el procesamiento indebido deberá ser objeto de protección cuando tenga relación directa con el derecho a la libertad y se demuestre un absoluto estado de indefensión, situación que en el caso concreto no aconteció; ya que, no se acreditó que se le hubiese impedido impugnar los supuestos actos lesivos a través de incidentes, solicitando se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 2/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo: 1) La cesación de la persecución penal indebida y arbitraria en ambos procesos signados con CUD 201502022202719 y 201502022202909, restableciéndose el debido proceso; consecuentemente, el archivo de las citadas causas, hasta que no se haya superado las observaciones realizadas; 2) Se ordenó la inmediata libertad del peticionante de tutela; 3) No se dispuso la calificación de daños a favor del prenombrado; y, 4) Tampoco se instruyó la remisión de antecedentes para el procesamiento penal o disciplinario de los demandados; con base en los siguientes fundamentos: i) El Ministerio Público debe actuar conforme a los principios de legalidad, objetividad y no ejercer la acción penal, afectando la naturaleza jurídica, que a título de investigación, no puede penalizar una resolución emitida por un juez de garantías, en este caso, del impetrante de tutela; ii) La Policía Boliviana, el Ministerio Público y el “…Juez de Instrucción Penal ordinario…” (sic), no pueden revisar fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, no operó el principio de subsidiariedad excepcional; máxime, si se trató de la vulneración del derecho a la libertad; iii) En el caso CUD 201502022202719, bajo la dirección funcional de Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia -demandado-, se evidenció del cuaderno de investigación que la Resolución de Aprehensión de 17 de mayo de 2022, desembocó en la emisión de la imputación formal, actuado que excedió el margen de lo establecido por la potestad reglada del Ministerio Público, incurriendo en arbitrariedad manifiesta; ya que, el indicado requerimiento fiscal pretendió suplir en revisión que “…debe hacer el Tribunal Constitucional Plurinacional…” (sic); por ende, se restringió el derecho a la libertad reclamado en esta acción de defensa, así como un indebido procesamiento; y, iv) En cuanto al caso CUD 201502022202909, a cargo de Wilson Victor Medrano Patti, Fiscal de Materia -codemandado-, se advirtió que no existe pliego de imputación formal o resolución de aprehensión; empero, sería preciso aclarar que el proceso penal como tal, puso en riesgo el derecho a la libertad del solicitante de tutela; pese a que, la SCP 0012/2022-S4, dispuso llamar severamente la atención al prenombrado y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, por el principio de favorabilidad en concordancia con el art. 410 de la CPE, debe tomarse en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional únicamente se somete a la Norma Suprema; es decir, que no existió orden taxativa respecto al inicio de acciones penales, debiendo respetarse aquello de acuerdo al principio de seguridad jurídica. En cuanto a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación impetrada por el accionante mediante memorial presentado el 20 de mayo de 2022, cursante a fs. 39 y vta., respecto a la remisión de antecedentes de los Fiscales de Materia demandados al Ministerio Público para su procesamiento; el Juez de garantías señaló no ha lugar, al encontrarse fundada la Resolución pronunciada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 31 de marzo de 2022, Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia, informó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de El Alto del departamento de La Paz, el inicio de investigación de oficio contra Marco Antonio Amaru Flores -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, signado con el CUD 201502022202719 (fs. 264).

II.2. Por Resolución de Aprehensión de 17 de mayo de 2022, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia -demandado-, dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, señaló que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP; por lo que, ordenó la aprehensión del prenombrado para que sea puesto a conocimiento de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, en el plazo de veinticuatro horas y determine su situación procesal (fs. 240 a 244). II.3. Mediante orden de aprehensión de 17 de mayo de 2022, el citado Fiscal de Materia demandado, mandó y ordenó al investigador asignado al caso, aprehenda al peticionante de tutela, para que sea puesto a conocimiento del “Juez Cautelar”, dentro las veinticuatro horas a fin de que resuelva su situación procesal (fs. 245). II.4. A través de la imputación formal de 17 de mayo de 2022, el mencionado Fiscal de Materia demandado, remitió persona aprehendida y solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, aplique la medida cautelar de la detención preventiva al solicitante de tutela, por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento (fs. 251 a 263). II.5. Por memorial de 1 de abril de 2022, Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Encargada Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura, formuló denuncia por el delito de prevaricato, contra el accionante en su calidad de Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento, que actuó como Juez de garantías, dictando la Resolución 174/2021 de 19 de septiembre, beneficiando con detención domiciliaria a Manuel Loza Quispe, quien contaba con detención preventiva por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa (fs. 345 a 352). II.6. Mediante decreto de 7 de abril de 2022, Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia -demandado-, admitió la denuncia que precede con el CUD 201502022202909 (fs. 353). II.7. Mediante Auto Interlocutorio 104/2022 de 13 de abril, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, señaló que está comprendido en una de las causales señaladas en el art. 316 del CPP; razón por la cual, resolvió excusarse y apartarse del conocimiento de esa causa penal (fs. 363 a 364). II.8. Por memorial presentado el 9 de mayo de 2022, Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia demandado informó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -solicitante de tutela-, que dispuso la prosecución de las diligencias investigativas, complementando el término de la fase preliminar por sesenta días -dentro del caso CUD 201502022202909- (fs. 374).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, los Fiscales de Materia demandados desarrollaron actos investigativos en dos causas penales que no tienen control jurisdiccional, procediendo a su ilegal aprehensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

Al respecto, este Tribunal en la SC 0582/2011-R de 3 de mayo, haciendo mención a la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “…acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares…”. En el mismo sentido, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el resaltado es nuestro).

III.2. No puede desarrollarse actos investigativos sin control jurisdiccional

La SCP 0462/2020-S2 de 22 de septiembre, sostuvo que: “Los jueces de instrucción penal, conforme la normativa de los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, ejercen el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a la Policía Boliviana, siendo los encargados de velar que la fase de investigación se desarrolle dentro del marco de la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad y las normas del Código de Procedimiento Penal. Por lo preceptuado, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad, así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, cuando en la SCP 2185/2012 de 8 de noviembre, dispuso: ‘…resulta indispensable recordar que el art. 54 inc. 1) del CPP, establece que entre las competencias del juez de instrucción en lo penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el juez de instrucción en lo penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación’” (las negrillas nos corresponden). Por lo expuesto, se concluye que siendo la autoridad de control jurisdiccional del proceso penal quien tiene bajo su dirección el desarrollo correcto e imparcial que garantiza el ejercicio de derechos fundamentales o garantías constitucionales de los sujetos procesales, no es posible concebir la ejecución de actos investigativos en su ausencia; por lo que, las actuaciones perpetradas por el Ministerio Público o los funcionarios policiales siempre deben estar bajo control jurisdiccional.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, los Fiscales de Materia demandados desarrollaron actos investigativos en dos causas penales que no tienen control jurisdiccional, procediendo a su ilegal aprehensión. De la revisión de obrados se tiene que, contra el peticionante de tutela se instauraron dos procesos penales signados con los CUD 2015020222002909 y 201502022202719 (Conclusiones II.1 y 6), el primero a denuncia del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.5), y el segundo de oficio por el Ministerio Público, ambos sustanciados ante el prenombrado, quien funge como Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz. Con ese antecedente, se advierte que en el caso CUD 201502022202719, el Fiscal de Materia demandado expidió la Orden de Aprehensión de 17 de mayo de 2022 (Conclusión II.3), contra el impetrante de tutela, una vez ejecutado el mismo, se le tomó su declaración informativa (fs. 246 a 247); y, consta memorial de igual fecha, por el cual, la precitado autoridad fiscal remitió al aprehendido y formuló Resolución de Imputación ante la autoridad jurisdiccional de turno, solicitando la aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.4). Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entiende que esta acción de libertad es un mecanismo de defensa constitucional inmediato e informal, con carácter preventivo, correctivo y reparador para proteger los derechos a la libertad física y de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos, cometidos por servidores públicos o particulares; asimismo, cuando esté en peligro el derecho a la vida. En ese sentido, siendo que el acto lesivo identificado por el accionante versa en su presunta ilegal aprehensión perpetrado por la autoridad fiscal asignada al proceso penal en cuestión, cuando carecía de control jurisdiccional; ya que, ese control recae en su persona quien funge como Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, y pese a que se allanó a las recusaciones, el mismo en audiencia de garantías señaló que: “…ordenando remisión y sorteo llegando al Juzgado 4to de Instrucción de Anticorrupción de la ciudad de El Alto (…) dicha autoridad se excusa de igual forma…” (sic); conforme se advierte del Auto Interlocutorio 104/2022 de 13 de abril (Conclusión II.7) concluyendo que, para el momento de su aprehensión, no existía contralor de garantías en la investigación penal, aspecto que no fue controvertido por las autoridades demandadas; circunstancia también verificada por el Juez de garantías, quien por el principio de inmediación pudo advertir esa situación. Consiguientemente, en el marco del razonamiento efectuado en el Fundamento jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual establece que en todo proceso penal, los jueces que ejercen el control jurisdiccional de la investigación, son los encargados de resguardar la vigencia de los derechos y garantías de los sujetos procesales, y ante cualquier acto arbitrario del Ministerio Público como titular de la acción penal, o los funcionarios policiales como coadyuvantes, deberá ser de conocimiento de esa autoridad judicial, quien tiene competencia para que esos derechos y/o garantías sean reparados o restituidos; bajo esa tesitura, en el caso concreto; siendo que, el peticionante de tutela no tiene autoridad competente e imparcial a quien acudir ante su aprehensión, la que considera ilegal, se activa la acción de libertad, como mecanismo de defensa constitucional correctivo y reparador; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución y Orden de Aprehensión, ambas de 17 de mayo de 2022, emitidas por Gustavo Reynaldo Balderrama Tola y Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscales de Materia demandados.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 34 a 37 y 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Aprehensión y la Orden de Aprehensión, ambas de 17 de mayo de 2022. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0908_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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