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SCP 0908/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48327-2022-97-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos de petición y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto la demanda civil de usucapión decenal contra la Empresa Constructora CONTECO Ltda. y otros, se emitió Sentencia el 4 de julio de 2019, declarando probada su demanda e improbada la demanda reconvencional; ante ello, el tercero interesado interpuso recurso de apelación el 8 de agosto del mismo año, desde esa fecha los Vocales ahora demandados no emitieron el correspondiente auto de vista en el plazo establecido por el art. 264 del CPC, el cual conforme al cómputo correspondiente desde la fecha de radicatoria, debió emitirse hasta el 3 de marzo de 2020; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa –26 de mayo de 2022–, no se pronunció el fallo extrañado. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-0049/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 203 a 209, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que el Tribunal de alzada donde radica la causa, nombre Vocal Relator, dentro de las veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional y dentro de las veinticuatro horas proceda a la relación de la causa en cumplimiento del art. 264.I del Código Procesal Civil; y,

3º Que, el Tribunal de alzada dé lectura del Auto de Vista dentro de las cuarenta y ocho horas. 4º Remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura, respecto a las actuaciones de Janeth Rivas Solis y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dada la demora injustificada en la que incurrieron para remitir la presente acción de defensa en grado de revisión a este Tribunal, así como la no remisión oportuna de la documentación indispensable sobre la cual adoptaron su decisión, a objeto de su procesamiento en la vía disciplinaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional y protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. Sobre los plazos y el procedimiento en segunda instancia civil
  3. III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
  4. III.4. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  5. III.5. Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado
  6. III.6. Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0908/2023-S1 Sucre, 17 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 48327-2022-97-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-0049/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 203 a 209, dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Isidoro Helio Cruz Huanca contra Janeth Rivas Solis y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 y 30 de mayo de 2022, cursantes de fs. 42 a 49 vta.; y, 53 y vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ordinario de usucapión decenal que inició el 27 de noviembre de 2015, contra la Empresa Constructora CONTECO Limitada (Ltda.), Guillermo Hugo Antonio Roncal Brito –ahora tercero interesado–, Indalecio Torrez Layme, Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba del departamento de Cochabamba y presuntos herederos, tramitada ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del referido departamento, se emitió la Sentencia 25/2019 de 4 de julio, declarando probada la demanda principal de usucapión decenal e improbada la reconvencional de nulidad de documento, mejor derecho, acción negatoria y reivindicación interpuesta por el precitado tercero interesado, quien planteó recurso de apelación contra la indicada resolución de primera instancia, que fue concedida en el efecto suspensivo y remitida ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, instancia en la que radica el mismo por decreto de 31 de enero de 2020. Habiendo transcurrido aproximadamente dos años y cuatro meses de encontrarse el proceso ante la Sala referida, “hasta la fecha” no fue emitido el correspondiente auto de vista, incumpliendo los Vocales ahora demandados los plazos establecidos en el art. 264 del Código Procesal Civil (CPC), vulnerándose con ello, sus derechos con enfoque interseccional en su condición de persona adulta mayor, que vincula sus derechos a la vivienda y a la dignidad, pues al no emitirse resolución de segunda instancia en el tiempo respectivo, ha ocasionado que esté siendo desalojado de su domicilio, ubicado en la Urbanización Amancayas de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, objeto de la litis. Señala que el ahora tercero interesado, por su parte, inició un proceso civil ordinario de resolución de contrato contra Indalecio Torres Layme, el cual no fue parte original del litigio referido, tramitado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Primero del departamento de Cochabamba, instancia que emitió sentencia declarando probada la demanda a su favor, siendo ejecutoriada y adquirió calidad de cosa juzgada. El referido demandante en flagrante fraude procesal, solicitó la notificación de los ocupantes del inmueble objeto de la litis, el cual habita, para que proceda a restituir el mismo, siendo notificado con Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022, que ordena el desalojo de su vivienda; por ello, mediante memorial de 27 de ese mes y año, presentó incidente de nulidad de obrados, además de haber solicitado la no ejecución del mandamiento de desapoderamiento; sin embargo, la Jueza a quo, por proveído de 29 de igual mes y año, determinó no ha lugar, indicando que haga valer sus derechos en la vía llamada por ley. En función a estos antecedentes, existió ilegal retardación para emitir resolución de segunda instancia por las autoridades ahora demandadas, en el proceso de usucapión instaurado de su parte, conlleva el riesgo inminente que su persona quede sin una vivienda digna, impidiendo que pueda hacer valer su titularidad sobre el bien inmueble objeto del mencionado proceso en el que se pretende su desalojo, alegando excepción al principio de subsidiariedad, al pertenecer su persona a un grupo de protección reforzada y en especial debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, al ser una persona adulta mayor, además de la concurrencia de un riesgo de un daño irreparable, pues se encuentra afectado el ejercicio de su derecho a la vivienda digna. En cuanto a la lesión a los derechos de petición y al debido proceso, en su vertiente del principio de celeridad procesal, es que al presente corresponde precisar que la obligación de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de emitir el respectivo auto de vista, debe ser computado desde el momento que los mismos conocen la causa, es decir, desde su radicatoria el 31 de enero de 2020.

Asimismo, transcribiendo literalmente el art. 264 del CPC, respecto al plazo para dictar auto de vista, expuso que el mismo señala un plazo de quince días para el diligenciamiento de la prueba, veinte días para la relación de la causa y tres para el señalamiento de audiencia. A este fin, corresponde realizar el cómputo de conformidad al art. 90 del CPC, desde el 31 de enero de 2020, para el primer plazo de quince días, a computarse en días hábiles, es decir, que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debió convocar a audiencia hasta el 7 de febrero de 2020. El segundo plazo de veinte días, debe contabilizarse de forma ininterrumpida (calendario), desde el día siguiente al 7 de febrero de 2020; es decir, que hasta el 27 de igual mes y año, debió fijarse audiencia para la lectura del auto de vista; y respecto a esta audiencia, la misma no podía ser fijada más allá del 3 de marzo del referido año – computando días hábiles–. En síntesis, los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debieron emitir el correspondiente auto de vista hasta el 3 de marzo de 2020, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos en el art. 264 del CPC; sin embargo, “hasta la fecha” –se entiende a la interposición de esta acción de defensa–, habiendo transcurrido más de dos años, aún no emiten la resolución extrañada; considerando además, que el art. 89.I del citado Código, establece claramente que los plazos procesales son perentorios; vale decir, definitivos y no prorrogables. Finalmente, por memorial de 30 de mayo de 2022, de “Cumple proveído de carácter previo”, retira los fundamentos de hecho y de derecho en cuanto a su solicitud de medida cautelar inserto en el otrosí tercero de su demanda tutelar y lo alegado en vinculación de la omisión ilegal con los derechos a la vivienda y a la dignidad de su persona como adulto mayor, precisando que la presente acción de defensa versa exclusivamente sobre la indebida retardación, al no emitirse el respectivo auto de vista en el proceso civil de usucapión que radica en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, acompañando el Auto de 14 de febrero de 2020, que acredita que se dispuso el sorteo anticipado de la causa ordinaria.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de los derechos de petición y al debido proceso en su elemento celeridad, citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga la emisión del respectivo auto de vista en estricto cumplimiento a los plazos establecidos en el art. 264 del CPC.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 201 a 202, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Janeth Rivas Solis y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda (este último en suplencia legal), respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 6 de junio de 2022, cursante de fs. 98 a 99 vta., manifestaron lo siguiente: a) Dentro del juicio ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por el ahora accionante contra CONTECO Ltda. y otros, se emite la Sentencia de 4 de julio de 2019, por la que el Juez de primera instancia declara probada la demanda principal de usucapión decenal extraordinaria formulada, y en consecuencia, declara a los demandantes Isidoro Helio Cruz Huanca – accionante– y Mercedes Torrez de Cruz, propietarios por usucapión decenal o extraordinaria del bien inmueble objeto de litis. El demandado –ahora tercero interesado– interpone recurso de apelación contra la referida Sentencia; b) La presente causa fue radicada en la Sala Civil Primera mediante proveído de 31 de enero de 2020 y por Auto de 28 de febrero de igual año, se determina que ingrese en los siguientes sorteos de adelanto de apelaciones de procesos ordinarios, conforme al orden cronológico establecido para las causas en que se dispuso su anticipo; c) Por memorial de 3 de agosto de 2021 se pone en conocimiento de este Tribunal el fallecimiento del codemandado Indalecio Torrez Layme y habiéndose acreditado su deceso, por Auto de 22 de febrero de 2022 se declaró la suspensión del proceso por cuarenta días y se ordena la citación de los presuntos herederos del precitado, mediante una publicación por edicto para que en el plazo de treinta días se hagan presentes y continúen el juicio en el estado en que el encuentra, con el apercibimiento previsto “…por el parágrafo IV del referido artículo” (sic); d) La SCP 0072/2014-S2 de 27 de octubre, refiriéndose a este derecho en particular sostuvo que:

“El art. 24 de la CPE, con relación al derecho a la petición señala: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’. (...) Estos entendimientos ya han sido reiterados por las SCP 1673/2013 de 4 de octubre, SCP 1799/2013 de 21 de octubre, ‘SCP 1389 de 16 de agosto’, SCP 1807/2013 de 21 de octubre entre otras, las mismas que han concluido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, en los casos en los cuales la petición sea planteada ante una autoridad incompetente” (sic);

e) En el caso presente, no resulta evidente la lesión del derecho de petición alegado por el accionante, pues la presente causa fue radicada en la Sala Civil Primera del mencionado Tribunal, mediante proveído de 31 de enero de 2020. No obstante de tener un orden cronológico de sorteo para su respectiva resolución por su radicatoria, por escrito de 18 de febrero de 2020 el demandante –ahora peticionante de tutela– solicitó atención preferencial por ser adulto mayor, misma que fue atendida de manera favorable por Auto de 28 del indicado mes y año (un mes antes a la suspensión de actividades por la pandemia del COVID-19), en el que se dispuso la inclusión de la presente causa entre los siguientes sorteos de apelaciones de sentencias de procesos de conocimiento por su anticipo, resolución con la que fue notificado el ahora accionante, conforme consta de los antecedentes del proceso; por lo que, en ningún momento se lesionó este derecho. Es importante considerar que también existe un orden cronológico para los adelantos de sorteo, ya que en materia civil varios litigantes son de la tercera edad y gozan de ese beneficio; f) La celeridad es un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, cumpliendo los plazos establecidos en la norma y cuando éste no existe, hacerlo dentro de un término razonable, con el objetivo que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna; así, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “‘comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia’” (sic); g) Respecto a la vulneración del principio de celeridad, el recurrente sostiene que debió aplicarse la previsión legal contenida en el art. 264 del CPC y que “‘…la Sala Civil Primera, debió convocar a audiencia hasta el 07 de Febrero del 2020…’” (sic), que “‘el segundo plazo de 20 dias debe computarse de forma ininterrumpida (calendario) desde el día siguiente al 07 de febrero de 2020. Es decir que hasta el 27 de Febrero de 2020 debió señalar audiencia para la lectura del auto de Vista y respecto a esta audiencia no podía ser fijada más allá del 03 de marzo 2020’” (sic); señalando que: “‘En síntesis la Sala Civil Primera debió emitir el auto de Vista correspondiente hasta el 03 de Marzo del 2020, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos en el art. 264 del CPC…’” (sic); h) Esta norma legal establece: “‘Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el Art. 261 III de este Código, en caso de haberla solicitado o si el Tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer…” (sic). La audiencia a que se refiere la norma legal transcrita está prevista para el diligenciamiento de la prueba señalada por el art. 261.III del citado Código. Así la referida norma legal establece: “‘Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación y el Tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos:…’” (sic); i) De la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que el ahora tercero interesado en el memorial de apelación presentado contra la Sentencia 25/2019, no pidió diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tampoco lo hicieron los demandantes a tiempo de responder el recurso y proveer, por lo que no correspondía señalar audiencia alguna, como en forma errónea sostiene el impetrante de tutela; consiguientemente para este caso, el plazo de los veinte días para el Vocal relator se computa desde la fecha en que se realice el respectivo sorteo; j) Por otra parte, después de haberse ordenado el adelanto de sorteo para esta causa, se fueron presentando una serie de memoriales, como ser, los de 4 y 5 de mayo de 2021, 8 y 30 de julio del citado año, y el de 3 de agosto de igual año, por el que se comunicó a esta Sala Civil, el fallecimiento del codemandado Indalecio Torrez Layme. Comprobado el mismo, por Auto de 22 de febrero de 2022 se dispuso la suspensión del juicio por cuarenta días, ordenándose la citación por edictos a los presuntos herederos del fallecido codemandado para que se apersonen en el plazo de treinta días y continúen el proceso en el estado en que se encuentra; si bien el plazo de cuarenta días ya transcurrió, no es menos evidente que el recurrente – ahora accionante–, por memorial de 6 de mayo del indicado año, acompañó la publicación de edictos realizada el 4 de mayo de dicho año; por lo que, el plazo otorgado recién vencía el lunes 6 de junio de este año, existiendo aún trámites pendientes que deben realizarse, como la designación de defensor de oficio de los presuntos herederos de Indalecio Torrez Layme; concluidos los mismos, se ordenará la prosecución del proceso y consiguientemente, el correspondiente sorteo de la causa; k) Finalmente, las Salas Civiles Primera y Segunda, al igual que otras Salas ordinarias cuentan con un solo Vocal desde el 19 de julio de 2021 (casi un año), soportando una excesiva carga procesal, ya que además de atender el movimiento diario de sus salas, están siendo convocados para dictar resoluciones no solo en ellas, sino también en las Salas Familiar y Social, debido a la acefalía de Vocales en este distrito judicial; y, l) Por lo expuesto, al no advertirse la concurrencia de las vulneraciones que alega el accionante, en razón a que no existe ninguna petición pendiente de ser atendida y que es de su conocimiento la suspensión del proceso por el fallecimiento de uno de los demandados, así como los trámites que se realizan en el presente juicio como emergencia de ello, sin observación alguna de su parte, a mérito de los fundamentos expuestos en el presente informe, solicitan se deniegue la tutela impetrada el ahora demandante de tutela, debido a las recargadas labores de la Sala Civil Primera de este Tribunal, de la cual forman parte, encontrándose impedidos de asistir a la audiencia señalada dentro de esta acción de defensa.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Guillermo Hugo Antonio Roncal Brito, por medio de su abogado, en audiencia manifestó adherirse al informe presentado por los Vocales ahora demandados, agregando que la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de otros recursos y que es conocida la carga procesal de los tribunales departamentales de justicia; por lo que, a dicho mérito y de los antecedentes que cursan en el proceso, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-0049/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 203 a 209, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante alega que existió omisión por parte de los Vocales ahora demandados, respecto a los plazos previstos en el art. 264 del CPC, ya que no consideraron el enfoque interseccional en su condición de adulto mayor, al no haberse emitido aún el auto de vista extrañado, que resolvería el recurso de apelación de la Sentencia interpuesta por el ahora tercero interesado, habiendo transcurrido desde su radicatoria en esa Sala más de dos años; consecuentemente, se incumplieron los plazos establecidos en la referida norma procesal civil, precisando que la Jueza de la causa determinó la concesión de la apelación en el efecto suspensivo, en consecuencia el referido art. 264.I del CPC, respecto al procedimiento en segunda instancia en ese efecto, establece:

"I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el Artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días...” (sic). En ese sentido, los Vocales demandados no habrían cumplido con estos plazos, vulnerando su derecho de petición y consecuentemente, el debido proceso en relación al principio de celeridad, previsto en los arts. 24 y 115.II de la CPE; con estos antecedentes, pasando a resolver tal cuestionamiento, corresponde precisar que este Tribunal de garantías consideró la atención prioritaria también en la vía constitucional respecto del ahora accionante, quien se encuentra dentro de un grupo vulnerable como adulto mayor, establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; es decir, tomó en cuenta la flexibilización procesal y la resolución de la demanda tutelar en audiencia; en ese entendido, se tiene por una parte, respecto del derecho de petición y en función al lineamiento jurisprudencial que fue precisado por esta Sala Constitucional, el peticionante de tutela se remite básicamente a cuestionar que su derecho de atención preferente en la causa civil no hubiese sido debidamente atendida por los Vocales ahora demandados, circunstancia que conforme a los antecedentes procesales señalados y determinados en el Considerando II de la presente Resolución, extremo que no resulta evidente; por cuanto, tal petición fue respondida mediante Auto de 28 de febrero de 2020; es decir, a menos de un mes antes de la declaratoria de la pandemia por el COVID-19, que determinó la suspensión de actividades judiciales, entre otras, debiendo tomar en cuenta, asimismo, que la petición realizada se encuentra ligada a un proceso judicial y consecuentemente, le correspondió al solicitante de tutela, remitirse a los plazos establecidos en la indicada normativa procesal civil que rige a esta causa, toda vez que efectuada dicha petición la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respondió a la misma mediante el respectivo Auto, concediendo la resolución de manera anticipada de la causa, tomando en cuenta la edad del ahora accionante, pero bajo el orden cronológico establecido para las causas con partes en idéntica situación; consecuentemente, no se advierte lesión alguna al derecho de petición de manera directa, más aun cuando la misma se vincula al cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa procesal civil a efecto de emitirse el fallo que resuelve el recurso de apelación formulado contra la Sentencia de primera instancia, motivo de la radicatoria ante la Sala Civil Primera del mencionado Tribunal; 2) En cuanto al principio de celeridad, vinculado al debido proceso, tomando en cuenta el lineamiento jurisprudencial que fue precisado precedentemente, en sentido que los jueces y tribunales del ámbito jurisdiccional deben observar el principio de celeridad en la tramitación y resolución de las causas, es decir, dentro de los plazos establecidos en la propia normativa procesal aplicable, de la revisión efectuada a los actuados procesales pertinentes, se verifica de manera razonada, que por una parte, la presente causa como otras en el ámbito del órgano judicial hubiesen sido paralizadas como emergencia del COVID-19, en resguardo de la salud de la población en general por la pandemia que afectó a la población no solo del país, sino a nivel mundial; y, por otra parte, durante la radicatoria de la causa ante la citada Sala Civil Primera se hubiesen realizado varios actos por “los ahora demandados”, entre ellos, la pretensión que se considere nuevos elementos probatorios que fue objeto, en cada caso, de resolución y que implica a su vez el trámite y plazos establecidos en la norma procesal civil en cuestión o procedimiento de segunda instancia; además, en ese transcurso conforme los elementos procesales precisados, la causa fue objeto de interrupción o suspensión, tal cual se tuvo determinado por las autoridades ahora demandadas mediante Auto de 22 de febrero de 2022; por cuanto, ante la noticia y puesto en conocimiento el fallecimiento de uno de los demandados –dentro del proceso civil–, correspondió aplicar lo señalado por el art. 31 del CPC; es decir, respecto de la sucesión procesal, la obligación procesal de poner en conocimiento la causa judicial en el estado en el que se encontraba, de los presuntos herederos del fallecido, a efectos que prosigan en el juicio en el estado o en la fase de apelación en que se encuentra, determinación que ameritó su notificación mediante publicación de edictos dispuesta, es decir, haberse determinado en función al trámite procesal referido a imprimirse, la suspensión de los plazos establecidos en el art. 264 del CPC, y consecuentemente, una vez publicado el respectivo edicto el 4 de mayo de 2022, también se puso en conocimiento de la Sala Civil Segunda del mencionado Tribunal el 6 de igual mes y año; en consecuencia, se otorgó a los presuntos herederos el plazo de treinta días a efecto que se hagan presentes y continúen el proceso judicial; es así que el cómputo de los plazos se realizó de manera razonada, en función a estos antecedentes procesales, conforme al art. 264 del indicado Código se tiene que, hasta el día de celebración de la audiencia de consideración de la acción tutelar, habrían transcurrido solamente veintiséis días de los treinta otorgados a los presuntos herederos, lo que significa que quedarían aún cuatro días, de lo que se tiene que, el plazo otorgado a éstos vencería el día 10 de junio del referido año, a los fines del cumplimiento de la propia normativa procesal civil, en este caso, lo establecido en el art. 31 del mismo cuerpo normativo, en resguardo de los derechos y otros, de los herederos del demandado fallecido y con su resultado, consiguientemente, devenga la prosecución de los plazos establecidos en el art. 264 del CPC, es decir, básicamente el plazo máximo de veinte días a partir del sorteo, en orden cronológico de las causas dispuestas para su resolución anticipada dispuesta por existir otras causas en iguales circunstancias y en consecuencia, a su vencimiento, los tres días adicionales a efecto de la emisión del respectivo auto de vista que resuelva el recurso de apelación de la Sentencia radicada ante la Sala Civil Primera a cargo de los Vocales ahora demandados; 3) De cuyos elementos, no se evidencia la vulneración del derecho al debido en relación a la garantía o principio de celeridad procesal, alegado por el ahora accionante y tampoco derecho constitucional alguno, por cuanto los mencionados Vocales aún se encuentran dentro de los plazos establecidos en el art. 264 del CPC, emergente de la propia tramitación procesal de la causa, a efectos de la emisión del fallo extrañado en la presente acción de amparo constitucional, es decir, el mismo sea emitido de manera inmediata, cuando aún se encuentran pendientes los plazos procesales para su emisión, lo que conlleva también a observar respecto del ahora accionante, el desconocimiento de los actuados del proceso judicial, por cuanto no se hubiese considerado por esta parte, estos extremos a tiempo de interponer la presente demanda tutelar, cuando, asimismo, se hubiese invocado en la demanda referida, hechos vinculados a otro proceso judicial, que se estuviese ventilando ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Segundo de la Capital del indicado departamento, en el cual, conforme alega el impetrante de tutela, por determinación de la Jueza a quo de emitir mandamiento de desapoderamiento en esa causa, estuviese en riesgo el bien inmueble que constituye su vivienda, objeto de la litis también en ese proceso judicial, iniciado por el ahora tercero interesado y que estuviese siendo objeto en relación al proceso ordinario de usucapión decenal interpuesto de su parte y que tiene que ver con el recurso de apelación a ser resuelto por los Vocales ahora demandados, empero, tales hechos no tendrían relación alguna con lo que resolverían los Vocales ahora demandados en relación al proceso de usucapión, alegándose de manera concordante en esta acción tutelar, a la par de los derechos de petición y del debido proceso, lesión al derecho a la vivienda y a la dignidad en su condición de adulto mayor, circunstancia que conlleva, asimismo, a precisar respecto a la aplicación por parte de los Vocales ahora demandados el enfoque diferencial e interseccional en cuanto a personas adultas mayores, que el Tribunal Constitucional Plurinacional refiriéndose a éstas, considera, que son parte evidentemente del componente de los llamados grupos vulnerables y de atención prioritaria, y que sus derechos deben ser reconocidos, otorgándoles una particular atención considerando su situación de desventaja en que se encuentran frente al resto de la población, determinando para este grupo vulnerable acciones afirmativas a efecto de buscar la materialización de sus derechos fundamentales; razonamiento que, así también, se verifica que fue considerado tanto por la Sala Civil Primera ahora demandada, en el caso presente, por cuanto hubiese determinado la atención preferente emitiendo resoluciones expresas al respecto, a favor del ahora accionante como del recurrente en la causa judicial, por ser ambos de la tercera edad, determinando el anticipo de su resolución respecto de la generalidad de las causas que radican ante esa Sala en la misma circunstancia, tomando en cuenta, de igual forma, los derechos de las personas que se encontraren en igual situación, es decir, de haberse determinado también su resolución anticipada dispuesta por esa Sala en orden cronológico a efecto de no vulnerar los derechos de esas personas que se encuentran en situación idéntica que el ahora accionante; y, 4) Por lo precedentemente expuesto, se concluye, no tenerse verificada la vulneración a derecho fundamental o garantía constitucional alguno, menos al derecho de petición y consecuentemente, al debido proceso en relación al principio de celeridad alegados por el accionante, lo que conlleva, en consecuencia, a denegar la tutela solicitada. Ante la solicitud de complementación efectuada por el abogado de la parte accionante, la Sala Constitucional emitió el Auto complementario de 6 de junio de 2022, exponiendo lo siguiente: i) La petición de complementación formulada al amparo del art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), alegando que si bien se hubiere referido en la Resolución Constitucional, realizado el cómputo de plazos procesales a partir de la información que tuvieron respecto del fallecimiento de uno de los coprocesados en agosto de 2021, y de suspensión por cuarenta días del proceso mediante Auto de 22 de febrero de 2022, se omitió analizar el tiempo detrás de este fallo, tomando en cuenta del informe del fallecimiento en agosto del 2021 y desde el Auto de priorización de causa “hasta esta fecha” hubo omisión de los Vocales ahora demandados que se estaría convalidando; y por otra, conforme al cómputo realizado en cuanto al cumplimiento de los plazos se habría determinado aún vigente el plazo de la suspensión dispuesta, cuando respecto de los treinta días otorgados a los presuntos herederos quedaren cuatro días, cuál la relevancia constitucional a efecto de esperar ese tiempo para la emisión del auto de vista; y, ii) Al respecto, la Resolución Constitucional que se acaba de emitir responde, por una parte, a los argumentos claramente explicados en la demanda tutelar y en su memorial complementario, responde al análisis y revisión realizados a los antecedentes procesales cursantes en el expediente, identificando los elementos procesales que llevan al criterio propio razonado y fundamentado emitido por este Tribunal en la “resolución final”, en cuyo análisis se habría expresado, asimismo, los elementos que ahora se solicita sean complementados y explicados por el ahora accionante, que se circunscribe básicamente a que conforme a los antecedentes procesales se hubiere analizado que los Vocales demandados, al dar curso a la petición de consideración de manera prioritaria de la causa penal y en su resolución, habrían precisado también que ello conlleva también la consideración de otras causas que estuvieren en la misma situación de prelación en su resolución judicial también personas de la tercera edad y por ello, se habría establecido un orden cronológico para la resolución; determinación que deviene del análisis razonado por los Vocales ahora demandados respecto a litigantes en idéntica situación; y a su vez, no le corresponde a este Tribunal de garantías determinar sobre el plazo que les quedaría a los presuntos herederos de la parte procesal en la causa judicial para ejercer sus derechos y ello, resultare de relevancia constitucional o no; por cuanto aquello conlleva a su vez el cumplimiento de obligaciones procesales por parte de un tribunal de alzada que determinó la aplicación del art. 31 del CPC. En consecuencia, a su criterio, los fundamentos y motivación de la resolución constitucional resulta congruente entre lo peticionado en la demanda tutelar, lo analizado y consiguientemente, lo resuelto; no se advierte elemento alguno que pueda ser complementado o explicado en relación a los puntos precisados por esta parte, declarando no ha lugar a la explicación y complementación solicitada, manteniéndose consiguientemente, incólume la Resolución Constitucional emitida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 25/2019 de 4 de julio, dictada dentro del proceso de usucapión, en el cual los demandantes son Isidoro Helio Cruz Huanca –ahora accionante– y Mercedes Torrez de Cruz; y, los demandados, la Empresa Constructora CONTECO Ltda., representada por Luis Torrez Ortega con domicilio desconocido; Guillermo Hugo Antonio Roncal Brito e Indalecio Torrez Layme –ahora tercero interesado–, el GAM de Sacaba del departamento de Cochabamba y presuntos interesados con domicilio desconocido; dicha Sentencia en su parte resolutiva, dispuso:

“POR TANTO: La suscrita Juez de Publico Civil Comercial N° 3 de Sacaba, a nombre de la Ley y en virtud de la jurisdicción y competencia que por ella ejerce, FALLA declarando PROBADA la demanda principal de USUCAPIÓN DECENAL EXTRAORDINARIA, formulada por ISIDORO HELIO CRUZ HUANCA de fecha 27 de noviembre de 2015, memorial de 22 marzo de 2016 y memorial de 28 de abril de 2016, e IMPROBADAS la demanda reconvencional de NULIDAD DE DOCUMENTO, MEJOR DERECHO, ACCION NEGATORIA y REVINDICACION, interpuesto por GUILLERMO HUGO ANTONIO RONCAL BRITO mediante memorial de 25 de agosto de 2016, sin costas por ser juicio doble.- En consecuencia, conforme a los Arts. 87, 110 y 138 del Código Civil, se declara a los demandantes ISIDORO HELIO CRUZ HUANCA Y MERCEDEZ TORRES DE CRUZ propietarios por USUCAPION DECENAL O EXTRAORDINARIA del bien inmueble de la extensión superficial de 247,00 m2., ubicado en el Departamento de Cochabamba, Provincia Chapare, Municipio Sacaba, Distrito II, Urbanización Amancayas Norte ‘B’, Manzana ‘D’, Lote N° 21, Zona de Puntiti, calle innominada, con los siguientes límites: Al Norte, con la avenida de 30 metros (circunvalación), Al Sud, con la vivienda N° 26, Al Este, con la vivienda N° 22 y al Oeste con un pasaje innominado de 7 metros, con antecedente dominial en Derechos Reales a Fojas N° 2120, Ptda. N° 2120 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Chapare a nombre de la Empresa Constructora ‘CONTECO LTDA:’ actualmente registrado bajo la matricula computarizada N° 3.10.1.01.0000399 Asiento A-1.-Ejecutoriada que sea la presente sentencia, por Secretaría expídase a favor del actor el testimonio de ley para su registro en la oficina de Derechos Reales de la Localidad de Sacaba de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 1538, 1540-13) y 1.542-2) del Código. Civil. A dicho efecto notifíquese al titular de la oficina de Derechos Reales de la Localidad de Sacaba; así como a INDALECIO TORREZ LAYME de la misma forma en que se procedió a su citación y LUIS TORREZ ORTEGA y PRESUNTOS INTERESADOS, mediante edicto a publicarse por dos veces en un periódico de circulación nacional.- Así mismo notifíquese al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.” (fs. 2 a 8 vta.). II.2. Consta fotocopia de memorial presentado el 8 de agosto de 2019, por el cual el ahora tercero interesado formula recurso de apelación contra la precitada Sentencia 25/2019, exponiendo como fundamentos entre otros aspectos los siguientes:

“…3.- Que se ha demostrado que antes de la iniciación de esta ilegal demanda existían sendos procesos civiles donde estaba en litigio la Vivienda 21 D de la Urb. Amancayas, procesos de los cuales se ha aportado copias legalizadas. 3.1. Que el documento de 5 de febrero del 2.007 debidamente reconocido ante autoridad competente por el cual GUILLERMO HUGO ANTONIO RONCAL BRITOS da en compromiso de transferencia la Vivienda 21 D de 274 Mts,2 en favor de INDALECIO TORREZ LAYME, cuyo documento desvirtúa totalmente el documento base de la demanda suscrito de fecha 5 de octubre del 2.005 como se ha reiterado en forma por demás ilegal, dolosa, alterando la fecha de su suscripción que necesariamente ha tenido que ser unos días antes de la iniciación de la demanda, elaborado con la única finalidad de que desde dicha suscripción exista los supuestos 10 años que se requiere para la usucapión extraordinaria. 3.2.- ESTE DOCUMENTO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2.007, DA ORIGEN AL NACIMIENTO DE DERECHOS ESPECTATICIOS DE INDALECIO TORREZ LAYME, PORQUE EL MISMO NO ERA DE UNA COMPRA SINO DE COMPROMISO DE VENTA O TRANSAFERENCIA, ES DECIR QUE PODÍA O NO CUMPLIRSE, PRUEBA DE ELLO EN SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ PÚBLICO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N.- 11 DE LA CAPITAL DR. CLOVIS ESPINOZA, SE HA DECLARADO NULA LA VENTA DEL CINCUENTA POR CIENTO DE DICHO COMPROMISO CON REFERENCIA A LAS ACCIONES Y DERECHOS DE MI ESPOSA MARIA RUTH SANCHEZ DE RONCAL, PROCESO QUE FUE INICIADO EL 26 DE JULIO DEL 2.012, ES DECIR TRES AÑOS ANTES DEL PRESENTE PROCESO, en el cual entre otras cosas también se estaba pidiendo la reivindicación del inmueble 21-D de la Urb. Amancayas, proceso de ser cierta la especie (no consentida por esta parte) de que se hubiera transferido el inmueble por parte de TORREZ LAYME en favor de CRUZ HUANCA, este proceso ya hubiera interrumpido el plazo de 10 años exigidos para la procedencia. 4.- Que el resto de la documentación de la parte contraria, como ser testigos y otras literales, no merecen relevancia jurídica y desvirtuada por toda la prueba acompañada por esta parte, tanto más, si el documento base de la ejecución ya ha sido desvirtuado en todas sus partes así como el resto de la prueba de la parte demandante, no teniendo la real dimensión que asigna la juez de la causa en la sentencia ilegal y forzada que ha dictado (…)” (sic [fs. 10 a 18]). III.3. Mediante oficio de 24 de enero de 2020, el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sacaba del departamento de Cochabamba, quien actúa en suplencia legal, remitió el expediente del proceso de usucapión decenal seguido por el ahora impetrante de tutela y Mercedes Torrez de Cruz contra la Empresa Constructora CONTECO Ltda., representada por Luis Torrez Ortega; Guillermo Hugo Antonio Roncal Brito, Indalecio Torrez Layme, el GAM de Sacaba, representado por Humberto Sánchez Sánchez y presuntos interesados, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, por efecto de la apelación de la Sentencia 25/2019, dispuesto por Resolución de 13 del indicado mes y año, que concedió la apelación en el efecto suspensivo; asimismo, cursa decreto de 31 de igual mes y año, de radicatoria de la causa, suscrito por el Vocal Presidente de la indicada Sala Civil (fs. 68 y 69). II.4. Por memorial presentado el 12 de febrero de 2020, el ahora tercero interesado, expresó que presenta prueba consistente en el Testimonio de Poder 57/2007 de 5 de febrero, que otorgó en favor de Indalecio Torrez Layme, a objeto que siga y realice los trámites de titulación en el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), conforme se había acordado en el documento privado con su respectivo reconocimiento de firmas de igual data, que el referido Poder fue otorgado el mismo día de la elaboración de la minuta de compromiso de venta que realizó en favor del prenombrado; es decir, el 5 de febrero de 2007. “EN CONSECUENCIA, EL DOCUMENTO BASE DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2.005, ES FALSO Y FRAGUADO, inventado únicamente para iniciar el proceso de usucapión, EN FRANCA COLUSION CON INDALECIO TORREZ LAYME Y EL DEMANDANTE ISIDRO HELIO CRUZ HUANCA” (sic); que advertido de esta situación inició proceso penal por falsificación de documento, uso de instrumento falsificado, actualmente en trámite, cuyas pruebas debidamente legalizadas acompañan en calidad de prueba (fs. 70 a 71 y vta.). II.5. A través de Auto Interlocutorio de 14 de febrero de 2020, los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, exponen que el ahora tercero interesado acompaña al escrito que antecede prueba consistente en fotocopias legalizadas relativos al Testimonio de Poder 57/2007 y actuados relativos a una denuncia interpuesta por el mismo contra Indalecio Torrez Layme y el ahora accionante; sin embargo, se evidencia que éste no acreditó ni fundamentó la concurrencia de algunas de las causales previstas en el art. 261.III del CPC, limitándose a solicitar que la documentación acompañada sea adjuntada como prueba; consecuentemente, al no haberse cumplido con la carga procesal requerida se RECHAZA la solicitud efectuada por el ahora tercero interesado; y, con relación al Otrosí Segundo, en mérito a los fundamentos expuestos y la documentación acompañada al memorial que antecede consistente en fotocopia simple de su cédula de identidad y certificado de nacimiento en original, que acredita que es persona de la tercera edad (67 años) se dispone la inclusión de la presente causa entre los siguientes sorteos de apelaciones de sentencias de procesos de conocimiento, de acuerdo al orden cronológico establecido para las causas en las que se determinó su anticipo (fs. 72 y vta.). Asimismo, se constata que tanto el ahora tercero interesado como el accionante, fueron notificados en tablero de la referida Sala Civil con el memorial de 12 de febrero de 2020 y con el Auto de 14 de igual mes y año (fs. 73). II.6. Consta memorial de 18 de febrero de 2020, por el cual el ahora accionante se apersona a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y ratifica el responde al recurso de apelación presentado por su persona el 30 de agosto de 2019, solicitando se emita el correspondiente auto de vista, confirmando la Sentencia 25/2019, emitida por la Jueza de primera instancia y se condene con costos y costas; asimismo, hace énfasis en que es una persona de la tercera edad, siendo que cuenta con derechos primordiales de acuerdo a la Ley General de las Personas Adultas Mayores –Ley 369 de 1 de mayo de 2013– en cuanto a la atención preferencial, por lo que pidió se tome en cuenta este hecho a fin de otorgar premura al proceso (fs. 74 y vta.). Se tiene el cargo de recepción de dicho memorial firmado por el auxiliar de la mencionada Sala Civil Primera, presentado por René Sansuste Nina, auxiliar de Plataforma del referido Tribunal el miércoles 19 de febrero de 2020, en el que figura como prueba literal, cédula de identidad en fotocopia simple (fs. 75). Cursa Auto Interlocutorio de 28 de febrero de 2020 emitido por Janeth Rivas Solis y Gualberto Terrazas Ibañez, Vocales de la citada Sala Civil Primera, por el cual determinan:

“VISTOS: Téngase por apersonado a Isidoro Helio Cruz Huanca.- Al Otrosí Primero.- A mérito de los fundamentos expuestos por el impetrante y la documentación acompañada al memorial que antecede, consistente fotocopia simple de su cédula de identidad que acredita que el demandante Isidoro Helio Cruz Huanca es una persona de la tercera edad (74 años de edad), se dispone la inclusión de la presente causa entre los siguientes sorteos de apelaciones de Sentencia de procesos de conocimiento, de acuerdo al orden cronológico establecido para las causas en que se dispuso su anticipo.-” (sic [fs. 76]).

Consta papeleta de notificación de la indicada Sala Civil Primera, por la que se notifica al impetrante de tutela y al ahora tercero interesado el 9 de marzo de 2020, con el mencionado Auto Interlocutorio y con el memorial de 18 de febrero de ese año (fs. 77). II.7. Por memorial presentado el 8 de julio de 2021, el ahora tercero interesado, manifestó que acompaña prueba literal cursante en otro proceso donde de igual forma existe la adjudicación de otro inmueble que no puede ser objeto de usucapión por ser terrenos del Estado; y, en la causa presente no se citó ni demandó al ex FONVIS como era lo correcto; escrito que fue respondido por decreto de 9 de igual mes y año, señalando: “Se tenga presente que se resolverá conforme a los datos del proceso, los fundamentos contenidos en la apelación y su respectiva apelación” (sic [fs. 169 a 170]).

II.8. Mediante memorial presentado el 30 de julio de 2021, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el ahora accionante contestó en sentido que la apelación se debe resolver conforme los datos del proceso; con cargo de recepción de igual fecha (fs. 171 a 172), que fue resuelto por la citada Sala Civil Primera, mediante Auto de 4 de agosto de 2021, que rechaza la prueba presentada por el tercero interesado (fs. 173 y vta.). II.9. Por memorial presentado el 3 de agosto de 2021, el ahora tercero interesado comunica el fallecimiento del demandado Indalecio Torrez Layme, por lo que solicita citar a sus herederos (fs. 174); por decreto de 4 de igual mes y año, la citada Sala Civil Primera determina que para acreditar el fallecimiento del precitado, se dispone la notificación al Servicio de Registro Cívico (SERECI) a efecto que certifique si en su base de datos se encuentra registrado el fallecimiento del indicado demandado (fs. 175); cursan diligencias de notificación a las partes de 25 de igual mes y año (fs. 176 a 177); por memorial presentado el 18 de febrero de 2022, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el ahora tercero interesado acompañó prueba -Certificado de defunción con fecha de fallecimiento del citado demandado el 25 de mayo de 2021, solicitando la notificación a sus herederos (fs. 178 a 179); y, por Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, se dispuso:

"…estando comprobado el fallecimiento del codemandado INDALECIO TORREZ LAYME con el certificado de defunción acompañado al memorial que antecede, corresponde imprimir el trámite previsto por el Art. 31 (II.1), III, IV y V del Código Procesal Civil, Consecuentemente, se dispone la suspensión de la tramitación del presente proceso por el plazo de cuarenta días y se ordena la citación mediante una publicación de edicto de los PRESUNTOS HEREDEROS DE INDALECIO TORREZ LAYME, para que en el plazo de treinta días se hagan presentes y continúen el juicio en el estado en que se encuentra (…). Encontrándose este Despacho Judicial con un solo Vocal, se convoca a formar Sala para la emisión de la presente Resolución al Dr. Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal Presidente de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.-” (sic [fs. 180]). Asimismo, cursa notificación a las partes con el memorial de 18 de febrero de 2022 y el referido Auto Interlocutorio el 25 de igual mes y año (fs. 181 vta.).

II.10. Por memorial presentado por el demandante de tutela el 6 de mayo de 2022, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se adjunta una publicación de edicto en un diario de circulación nacional, donde se evidencia la notificación a presuntos interesados de Indalecio Torrez Layme (fs. 187 a 188); y, por decreto de 9 del citado mes y año, se dispone que se arrime a sus antecedentes (fs. 189).

II.11. Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2022, dirigido a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el accionante solicita la emisión del respectivo auto de vista, porque durante más de dos años no se emitió ninguna resolución, pese a su insistencia reiterada, considerando su condición de adulto mayor (fs. 191); ante ello, mediante decreto de 11 de igual mes y año, emitido por Janeth Rivas Solis, Vocal de la indicada Sala Civil –autoridad ahora demandada–, refiere: “Estese a lo dispuesto por auto de 28 de febrero de 2020 y 22 de febrero de 2022, con la aclaración que se resolverá de acuerdo al orden cronológico que rige en esta Sala para el sorteo de apelaciones en adelanto de sentencias en proceso de conocimiento” (sic [fs. 192]).

II.12. Cursa Cite: DP/SSP/RIE/CBA/2414/2022 de 17 de mayo, suscrito por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba; por el cual solicita a la Vocal ahora demandada, remita informe con respaldo documental sobre:

"1. Refiera, el motivo por el que a la fecha la solicitud presentada por el peticionario en consideración a ser persona Adulta Mayor y la disposición mediante Auto de fecha 28.02.2020 de inclusión de su caso en el sorteo prioritario de los procesos de apelación, no se habría cumplido, y no se contaría con la resolución correspondiente que resuelva el recurso referido. 2. Indique si se dará cumplimiento a lo determinado por la Sala Especializada en materia Civil y Comercial No 1 mediante Auto de fecha 28.02.2020, y de ser así, cuando se prevé resolverse el caso" (sic [fs. 194]).

Consta decreto de 20 de mayo de 2022, emitido por la Vocal ahora demandada, disponiendo como se solicita, extiéndase el informe requerido (fs. 195). II.13. Mediante memorial presentado el 20 de mayo de 2022, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el ahora tercero interesado nuevamente adjunta prueba literal (fs. 197); por lo que, la Vocal ahora demandada, emite el decreto de 24 de ese mes y año, señalando que esté a los datos del proceso (fs. 198).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos de petición y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto la demanda civil de usucapión decenal contra la Empresa Constructora CONTECO Ltda. y otros, se emitió Sentencia el 4 de julio de 2019, declarando probada su demanda e improbada la demanda reconvencional; ante ello, el tercero interesado interpuso recurso de apelación el 8 de agosto del mismo año, desde esa fecha los Vocales ahora demandados no emitieron el correspondiente auto de vista en el plazo establecido por el art. 264 del CPC, el cual conforme al cómputo correspondiente desde la fecha de radicatoria, debió emitirse hasta el 3 de marzo de 2020; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa –26 de mayo de 2022–, no se pronunció el fallo extrañado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El enfoque diferencial e interseccional y protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores; b) Sobre los plazos y el procedimiento en segunda instancia civil -apelaciones de Sentencias y Auto definitivos-; c) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; d) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; e) Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado; f) Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19; y, g) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional y protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0457/2019-S2 de 24 de junio –entre otras–, precedida por el Voto Disidente a la SCP 0441/2019-S2 de la misma fecha, desarrolló el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas no corresponden). En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos (Las negrillas son nuestras). En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, La Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”.

2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:

…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado ( las negrillas fueron añadidas). Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los 1El FJ III.4. señala: “Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida.

Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. 2El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2).

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.

derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial.

III.2. Sobre los plazos y el procedimiento en segunda instancia civil

-apelaciones de Sentencias y Autos definitivos-

El Código Procesal Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-; estableció lo siguiente:

"Articulo 89. (CARÁCTER). I. Los plazos procesales son perentorios. II. Las partes, expresamente y de común acuerdo, de modo previo o durante su desarrollo, podrán pedir la abreviación de los plazos por el tiempo que estimen conveniente o la suspensión de los que estuvieren en curso, en este último caso, por una sola vez y por un plazo máximo de treinta días. La autoridad judicial accederá a la petición sin otro trámite.

Artículo 90. (COMIENZO, TRANSCURSO Y VENCIMIENTO). I. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas, a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la Ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieren el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil siguiente al de la última notificación.

II. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales sólo se computarán los días hábiles. En el computo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles.

III. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el último día corresponde al día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

IV. Vencido el plazo, la o el secretario, sin necesidad de orden alguna, informará verbalmente del vencimiento a la autoridad judicial a fin de que dicte la resolución que corresponda.

(...) Artículo 217. (VALIDEZ DE LA SENTENCIA). Es válida la sentencia pronunciada fuera del plazo previsto por este Código, pero, dará lugar a sanción disciplinaria a la autoridad judicial; conforme a Ley.

Artículo 218. (AUTO DE VISTA). I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente.

II. Este fallo deberá ser: 1: Inadmisible. a) Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b) Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.

(...)

Artículo 261. (APELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS). I. El recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos, se interpondrá por escrito fundado en el plazo de diez días y se sustanciará con traslado a la parte contraria.

II. En el escrito de contestación, que deberá ser presentado en el mismo plazo fijado en el parágrafo anterior, la parte contraria podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de diez días.

III. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia.

(...)

Articulo 263. (CONCESIÓN). I. Interpuesta en la forma y plazo la apelación, será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las notificaciones, a las partes, será remitido, al tribunal superior en el término de veinticuatro horas. II. Si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en efecto que no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de compulsa.

Artículo 264. (PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA): I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el Artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días.

II. Tratándose de apelación en el efecto devolutivo el tribunal superior decretará la radicatoria y previo sorteo de vocal relator, se pronunciará auto de vista en el plazo de quince días.

Artículo 265. (FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA). I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido. III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios. Artículo 266. (DISIDENCIA Y LLAMAMIENTO). I. Si en el tribunal de apelación se suscitare disidencia, ésta y sus fundamentos se harán constar al pie del fallo. II. Si suscitada la disidencia, no existiere el número de votos suficientes para dictar resolución, se llamará, por turno, al vocal de la otra sala civil, en los tribunales donde hubieren dos salas; y; en el caso de que sólo hubiere una, se convocara al vocal de la Sala Social y al de la Sala Penal, en ese orden y a falta de ellos al vocal suplente, quien emitirá su voto después de los disidentes, en el plazo de veinte días.

Articulo 267. (NOTIFICACIÓN CON EL AUTO DE VISTA). Una vez pronunciado el auto de vista, se notificará a las partes por su turno, en la Secretaría de Cámara".

De las normas descritas precedentemente, se tiene que una vez concedida la apelación en el efecto suspensivo, el Tribunal ad quem decretará la radicatoria de la causa, señalando en el mismo actuado audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el art. 261.III del CPC, en caso de haberla solicitado por el apelante; o, si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer; audiencia en la cual, las partes podrán formular sus conclusiones y se nombrará vocal relator para que en este plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa, luego vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del Auto de Vista, el cual no podrá exceder de tres días, tomando en cuenta que dicha facultad le asiste al Tribunal de segunda instancia, en conformidad con el art. 265.III del mismo adjetivo civil.

III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución

El art. 410.II de la CPE, establece que: "La Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1, Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes". A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial de exigir de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principios, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012 que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico, es decir, es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otra resolución; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE, esta misma Sentencia citada, en un entendimiento relevante sostuvo que: "Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales-principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)” (sic). Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a su observancia a quienes administran justicia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en el art. 178.I de la CPE, que dispone: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones". En tal entendido, se tiene que el principio de celeridad contempla como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncian dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre, 0900/2010-R de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo, entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.4. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; 5) Plazo para emitir respuesta.

III.4.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente 7El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 8La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 9La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas).

comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.4.2. Requisitos de Procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los 10La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 11La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.4.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.4.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las Autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.

III.4.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.5. Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado

Por Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, se dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, determinándose que: "…a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). (...) Los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la Cuarentena Total, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07: 00 a 12: 00 del mediodía, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia".

Prohibiéndose, asimismo, la circulación de vehículos motorizados públicos y privados sin la autorización correspondiente, desde de las cero horas del 22 de marzo de 2020. Dicha determinación, fue ampliada por los Decretos Supremos 4200 de 25 de marzo; y, 4214 de 14 de abril, hasta el 30 de abril; luego, por DS 4229 de 29 de abril, se dispuso ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo, todos de 2020; y, establecer una cuarentena condicionada y dinámica, con base en las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, lo que motivó que la cuarentena sea diferenciada según el grado de riesgo de cada municipio. En ese entrever, en cuanto al funcionamiento de los distintos Tribunales Departamentales de Justicia de Bolivia, fueron emitidas circulares y/o instructivos para el retorno a las labores jurisdiccionales y reanudación de plazos procesales, según la calificación del riesgo sanitario alto, medio o moderado, de los municipios y departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. En tal sentido para el cómputo del tiempo de suspensión del plazo de inmediatez, de manera general para todo el territorio nacional, debe tomarse en cuenta la declaratoria de cuarentena total, que tiene como inicio el 22 de marzo hasta el 30 de abril, ambos de 2020, fecha en que se declaró la cuarentena dinámica, además las circulares e instructivos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia en atención a las características particulares de cada municipio y departamento, que reglamentaron el funcionamiento de las entidades judiciales y las presentaciones electrónicas de demandas, acciones, recursos, etc. También debe considerarse que el Tribunal Supremo de Justicia mediante Circular 05/2020 de 26 de marzo, dispuso en su numeral Segundo, que: Los Tribunales Departamentales de Justicia, a través de sus Salas Plenas, de conformidad a lo establecido en el art. 125 de la LOJ y conforme lo ya determinado en Circular expresa emitida por ésta Autoridad, tienen la facultad de disponer y determinar los turnos de los diferentes Juzgados y Salas que atenderán durante el tiempo que transcurra la cuarentena dispuesta por el D.S. 4200; por lo que, la determinación de estos o la rotación de los mismos es facultad privativa de indicadas autoridades.

A su vez, la Circular 07/2020 de 7 de abril, emitida por el citado Tribunal, refirió que: "…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en. perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional de declaratoria de cuarentena total, por cuanto esta situación se constituye en una limitante completamente ajena a la voluntad del individuo, que le impide ejercer de forma plena sus derechos, al encontrarse limitado el desplazamiento de personas, transporte, así como suspendidas las labores judiciales...”.

III.6. Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal

Departamental de Justicia de Cochabamba, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19

En el caso particular del departamento de Cochabamba además de la suspensión general del plazo de inmediatez, se debe tomar el razonamiento del Auto Constitucional 0025/2021-RCA de 27 de febrero, el cual establece que: "...es decir a partir del 22 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, descrito en el Fundamento Jurídico anterior, se debe analizar de manera' particular que el departamento de Cochabamba, a través de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, emitió los siguientes Instructivos:

i) La Sala Plena del Tribunal Departamental de Cochabamba, a través del Instructivo 05/2020 de 12 de junio, dispuso la reactivación de actividades y reanudación de los plazos procesales a partir del 15 de ese mes y año; ii) Por Instructivo 06/2020 de 28 de junio, nuevamente se determinó la suspensión de los plazos procesales desde el 27 del indicado mes y año; y, iii) Finalmente, mediante Instructivo 08/2020 de 17 de julio, se reanudó los mismos a partir del 20 de igual mes y año. En tal razón, se concluye que, desde el 22 de marzo hasta el 14 de junio de 2020 transcurrieron dos meses y veintitrés días de suspensión de plazos; y, nuevamente se suspende plazos desde el 27 de junio al 20 de julio de igual año, en este último periodo trascurrieron veintitrés días, haciendo un total de tres (3) meses y dieciséis (16) días, de suspensión del plazo de inmediatez, que deben considerarse a tiempo de realizarse el computo de la inmediatez en cada caso en particular y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia de la acción tutelar."

III.7. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al debido proceso, en su elemento celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto la demanda civil de usucapión decenal contra la Empresa Constructora CONTECO Ltda. y otros, se emitió Sentencia 25/2019 de 4 de julio, declarando probada su demanda; e, improbada la demanda reconvencional; ante ello, el ahora tercero interesado interpuso recurso de apelación el 8 de agosto de 2019 y desde esa fecha los Vocales ahora demandados no emitieron el respectivo auto de vista en el plazo establecido por el art. 264 del CPC, y haciendo un cómputo desde el momento de la radicatoria del mismo, debió emitirse hasta el 3 de marzo de 2020; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -26 de mayo de 2022-, no se emitió el fallo extrañado. Conforme los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las conclusiones de este fallo constitucional se tiene que, por Sentencia 25/2019 de 4 de julio y leída íntegramente el 24 de julio de 2019, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Sacaba del departamento de Cochabamba, dentro del proceso de usucapión decenal seguida por el ahora accionante Isidoro Helio Cruz Huanca y Mercedes Torrez de Cruz contra la Empresa Constructora CONTECO Ltda. representada por Luis Torrez Ortega; Guillermo Hugo Antonio Roncal Brito -ahora tercero interesado-; Indalecio Torrez Layme; y, el GAM de Sacaba, la cual en su parte resolutiva declaró probada la misma e improbada la demanda reconvencional (Conclusiones II.1); ante ello el tercero interesado mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2019 formuló recurso de apelación contra la citada Sentencia; por lo que, por oficio de remisión del expediente de 24 de enero de 2020, suscrito por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sacaba -en suplencia legal de la tercera-, remite la citada apelación de Sentencia, que fue concedida en el efecto suspensivo por Resolución de 13 de ese mes y año (Conclusiones II.2); y, por Decreto de Radicatoria de 31 de igual mes y año, el Vocal Presidente de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dispone su radicatoria en la citada Sala (Conclusiones II.3). Posteriormente, mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2020 ante la citada Sala Civil Primera, el ahora tercero interesado, presenta prueba de reciente obtención, además hace conocer su condición de adulto mayor; ante ello, la citada Sala Civil mediante Auto Interlocutorio de 14 de igual mes y año, rechaza la prueba y dispone la inclusión de la presente causa entre los siguientes sorteos de apelaciones de Sentencias de Procesos de conocimiento, de acuerdo al orden cronológico establecido para las causas en las que se dispuso su anticipo; la misma es notificada a las partes mediante tablero de notificaciones el 9 de marzo de dicho año (Conclusiones II.4 y II.5); por memorial de 18 de febrero del referido año, el accionante se apersona a la Sala Civil, ratificando su recurso de recurso de apelación solicitando que se emita el correspondiente Auto de Vista, además hace conocer que es adulto mayor, ante ello, los Vocales de la Sala Civil emiten el Auto Interlocutorio de 28 del indicado mes y año, indicando la inclusión de la causa entre los siguientes sorteos de apelaciones de sentencia de acuerdo al orden cronológico establecido para las causas en que se dispuso su anticipo; la misma es notificada a las partes mediante tablero de notificaciones el 9 de marzo de 2020 (Conclusiones II.6); por memorial presentado el 8 de julio de 2021 por el tercero interesado ante la Sala Civil Primera, hace conocer que son terrenos del Estado y no pueden ser objeto de usucapión, señalando que en la causa no se ha citado ni demandado al ex FONVIS; posteriormente por decreto de 9 del citado mes y año, la citada Sala Civil, le indica que se resolverá conforme a los datos del proceso (Conclusiones II.7); mediante memorial presentado el 30 de dicho mes y año ante la citada Sala Civil Primera, el ahora demandante de tutela contesta al memorial indicando que la apelación se debe resolver conforme los datos del proceso; ante ello, la citada Sala Civil, mediante Auto de 4 de agosto del mencionado año, rechaza la prueba presentada por el ahora tercero interesado (Conclusiones II.8). Después, por memorial presentado el 3 de agosto de 2021, el ahora tercero interesado, hizo conocer el fallecimiento del demandado Indalecio Torrez Layme; por lo que, solicita citar a sus herederos; así, mediante decreto de 4 de ese mes y año, la citada Sala Civil dispone que para acreditar dicho fallecimiento se disponga la notificación al SERECI a efecto que certifique lo indicado, por lo que cursa diligencias de notificación a las partes de 25 de agosto de 2021; asimismo, por memorial presentado por el tercero interesado el 18 de febrero de 2022, ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, acompañando prueba -Certificado de defunción- con fecha de fallecimiento el 25 de mayo de 2021 del demandado Indalecio Torrez Layme; por lo que, solicita la notificación a sus herederos; y, por Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, emitido por la citada Sala Civil dispone suspender la tramitación del proceso por el plazo de cuarenta días y ordena la citación mediante edicto de los presuntos herederos del fallecido; siendo notificado a las partes el 25 del indicado mes y año (Conclusiones II.9). Seguidamente, por memorial presentado por el demandante de tutela el 6 de mayo de 2022 ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, adjunta publicación del edicto, acreditando la notificación a presuntos sucesores del demandado de Indalecio Torrez Layme y por decreto de 9 de dicho mes y año, se dispone que se arrime a sus antecedentes (Conclusiones II.10); por memorial presentado el 10 del mencionado año ante la Sala Civil Primera, el impetrante de tutela solicita la emisión de la Resolución, porque durante más de dos años no se emitió ningún fallo, pese a sus reiteradas insistencias, y que es adulto mayor; ante ello, la indicada Sala Civil, mediante decreto de 11 del indicado mes y año, suscrito por Janeth Rivas Solis, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, le indica que estese a lo dispuesto por Auto de 28 de febrero de 2020 y 22 de febrero de 2022, con la aclaración que se resolverá de acuerdo al orden cronológico de sorteos de apelaciones en adelanto de Sentencias (Conclusiones II.11); por nota Cite: DP/SSP/RIE/CBA/2414/2022 de 17 de mayo, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba solicita a la Vocal demandada, que remita un informe porque no se habría cumplido con los plazos para la emisión del auto de vista; posteriormente, por decreto de 20 de mayo de 2022, esa Sala Civil dispone se extienda el informe requerido (Conclusiones II.12); el tercero interesado mediante memorial el 20 de mayo de 2022 dirigida ante la Sala Civil Primera, nuevamente presenta prueba literal; por lo que se emite el decreto de 24 de mayo de 2022, reiterando que esté a los datos del proceso (Conclusiones II.13). En este contexto, en relación a las conclusiones anteriormente anotadas, tomando en cuenta que el decreto de radicatoria fue emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 31 de enero de 2020, y posteriormente el 12 de febrero de ese año, el ahora tercero interesado presentó memorial haciendo conocer que adjunta prueba y su condición de adulto mayor, ante ello la citada Sala mediante decreto de 18 de dicho mes y año, rechaza dicha prueba al no haberlo solicitado en su apelación; y, dispone la inclusión de la causa en los siguientes sorteos de apelaciones de Sentencias de acuerdo al orden cronológico de su despacho al ser adulto mayor (Conclusión II.3); luego, el demandante de tutela, también presenta memorial haciéndole conocer que es adulto mayor y solicita se emita el Auto de Vista correspondiente, por lo que los Vocales de la referida Sala Civil le responde mediante decreto de 28 de dicho mes y año, indicándole que se incluirá en los sorteos de apelaciones de forma anticipada; posteriormente el tercero interesado presentó una serie de memoriales de fechas 4, 5 de mayo; y, 8 de julio, todos de 2020; ante ello, el accionante el 30 de julio de 2021 presenta memorial solicitando que se resuelva la apelación presentada por el ahora tercero interesado y por Auto de 4 de agosto de dicho año, emitido por Janeth Rivas Solís, Vocal de la mencionada Sala Civil Primera, rechaza nuevamente la prueba presentada por el tercero interesado y convoca a Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para conformar Sala y emitir el correspondiente Auto de Vista; empero, el tercero interesado presentó otro memorial el 3 de agosto del mencionado año, informando que falleció el demandado Indalecio Torrez Layme, solicitando que se debe notificar a sus presuntos herederos con la causa; por lo que se emitió el decreto de 4 de ese mes y año, indicando se disponga la notificación al SERECI a objeto de probar lo indicado, dicho decreto es notificado el 25 del señalado mes y año a las partes, pero de la verificación de diligencias no existe la notificación al SERECI (fs. 90 y vta.). Posteriormente, el 16 de febrero de 2022, el ahora tercero interesado presenta el certificado de defunción del demandado Indalecio Torrez Layme; ante ello, la Sala Civil Primera conformada por los Vocales ahora demandados dispone la suspensión de plazos por cuarenta días, ordenando la publicación de edictos para los presuntos herederos del codemandado fallecido; por lo que el accionante cumplió lo dispuesto habiendo presentado memorial el 6 de mayo de 2022, adjuntando la publicación del edicto de fecha 4 de ese mes y año; asimismo, a través del informe presentado por los Vocales ahora demandados el 6 de junio del referido año, refieren que no han emitido el correspondiente Auto de Vista debido a que existen otros trámites pendientes; empero, tampoco presentan prueba que establezca el orden cronológico de adelantos de sorteo que demuestren que las personas de la tercera edad gozan de ese beneficio y que se encuentran esperando turno para su causa, al igual que el accionante. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional en relación al art. 264.I del CPC, se establece que, una vez concedida la apelación de Sentencia en el efecto suspensivo, el Tribunal ad quem decretará la radicatoria de la causa -como lo hizo en el presente caso el 31 de enero de 2020-, indicando que sí se hubiese solicitado por la parte apelante en su memorial una consideración de prueba, por lo que se abriría un plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba según lo previsto por el art. 261.III del citado Código, o en su caso en el decreto de radicatoria el Tribunal de alzada viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer y diligenciar prueba; en dicha audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y se nombrará vocal relator para que en este plazo máximo de veinte días para que se proceda a la relación de la causa; o, en su caso directamente en el decreto de radicatoria nombrar al Vocal relator y se proyecte el auto de vista en el plazo de veinte días, y luego de vencidos dichos plazos el Tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, el cual no podrá exceder de tres días, tomando en cuenta que dicha facultad le asiste al Tribunal de segunda instancia, en conformidad con el art. 265.III del mismo adjetivo civil, según los agravios reclamados. Conforme a lo expuesto, habiéndose reanudado los plazos procesales en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en cumplimiento al Instructivo 08/2020 de 17 de julio, según los Fundamentos Jurídicos III.5 y III.6 del presente fallo constitucional, el cual estableció que: "desde el 22 de marzo hasta el 14 de junio de 2020, transcurrieron dos meses y veintitrés días de Suspensión de plazos; y, nuevamente se suspende plazos desde el 27 de junio al 20 de julio de igual año, en este último periodo trascurrieron veintitrés días, haciendo un total de tres (3) meses y dieciséis (16) días, de suspensión del plazo de inmediatez" (sic); se dispuso la reanudación a partir del 20 de julio de igual año; estableciéndose que por Auto de 4 de agosto de 2021 emitido por Janeth Rivas Solís, Vocal de la Sala Civil Primera, convocó a Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda, para conformar la Sala y emitir el correspondiente Auto de Vista; sin embargo, no sortearon el citado proceso, y al tener conocimiento del fallecimiento de uno de los demandados, asumieron que previamente debían comunicar la tramitación del proceso a los presuntos herederos de Indalecio Torrez Layme, pero de su verificación, se tiene que en ningún momento notificaron al SERECI a efectos de comprobar esa situación y que recién ante la presentación de memorial el 16 de febrero de 2022 por parte del ahora tercero interesado, dispusieron suspender el proceso por cuarenta días; de lo cual se tiene que interpretaron la norma procesal de manera irregular, además, tenían conocimiento que tanto el accionante como el ahora tercero interesado eran personas adultas mayores, siendo un grupo vulnerable según el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, merecían una protección especial; evidenciándose que, se incurrió en una evidente demora prolongada, no siendo un justificativo la suspensión de los plazos prevista por los instructivos dictados debido a la cuarentena dispuesta en el departamento de Cochabamba, pues no se evidencia ninguna explicación de parte del Tribunal de alzada que respondió indicando que tuvo conocimiento del fallecimiento de uno de los demandados, pero desde el 25 de agosto de 2021 hasta el 16 de febrero de 2022 hubo una irregular demora; ya que, el caso planteado merecía un análisis específico del alcance de la petición planteada y la situación procesal del ahora accionante, aspecto que claramente se omitió, no advirtiéndose ningún tipo de explicación expresa en su informe ya que no sortearon el expediente para la emisión del Auto de Vista; por lo cual, no se evidencia ningún tipo de justificativo para ello; es decir que, además de haberse demorado en resolver su petición, se omitió efectuar el último paso necesario para asegurar que el ahora impetrante de tutela cuente con las herramientas legales para conocer su situación y actuar en consecuencia. De todo lo señalado, se advierte que los Vocales ahora demandados, incurrieron en la referida demora injustificada, sobreponiendo sus omisiones a su deber de la debida diligencia, consistente en realizar trámites no pertinentes y al querer justificar su demora en la emisión resolución impetrada, por sobre los derechos del ahora demandante de tutela; además, de argüir que hubo demora al existir acefalías en su Sala; sin embargo, el 4 de agosto de 2021, Janeth Rivas Solis convocó al otro Vocal para conformar Sala y desde esa fecha hasta el 16 de febrero de 2022, no cumplieron con su deber de emitir el extrañado auto de vista; en ese marco, las autoridades judiciales demandadas al responder esta acción de defensa, lejos de justificar su actuación tardía, incumplieron de forma grave con el deber de resolver la apelación planteada por el tercero interesado, pues incurrieron en una demora de aproximadamente de doce meses y veinticinco días para resolver la apelación planteada por el ahora tercero interesado, que corría a partir desde el 1 de febrero de 2020 y que por efecto de la pandemia del COVID-19, fueron suspendidos los plazos procesales desde el 22 de marzo hasta el 14 de junio, siendo reanudados y luego nuevamente fue suspendida desde el 27 de junio hasta el 20 de julio; en ese entendido desde esa fecha y según las suspensiones y reanudaciones de plazos procesales hasta la suspensión de los cuarenta días por el fallecimiento del demandado Indalecio Torrez Layme, los Vocales demandados han incurrido en una indebida demora de doce meses y veinticinco días, que tenían para emitir el auto de vista; advirtiéndose que, en consecuencia, vulneraron el derecho de petición del mismo, así como el principio de celeridad, como se puede advertir por el desarrollo jurisprudencial realizado en el Fundamento Jurídico III.3 y III.4 de este fallo constitucional, de donde se puede verificar que el accionante solicitó en distintas oportunidades la emisión del auto de vista, siendo desatendidas, por lo que dichas demoras fueron incurridas en perjuicio del ahora demandante de tutela en la tramitación de la apelación planteada por el tercero interesado; asimismo, la lesión del principio de celeridad transgrede el derecho al debido proceso, pues no se respetaron los plazos procesales previstos en el art. 264.I del CPC, que prevé el procedimiento para resolver las apelaciones de Sentencias conforme el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otro lado, en aplicación del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que no debe dejarse de lado que este Tribunal desarrolló el entendimiento jurisprudencial de protección a los adultos mayores, los cuales son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población, constituyéndose en un aspecto de suma importancia que inclusive debe priorizarse por parte de la jurisdicción ordinaria y brindar una oportuna respuesta y solución cuando se trata de atender los procesos cuando están involucrados grupos vulnerables. De todo lo manifestado, se cuestiona la forma de actuar de los Vocales ahora demandados, cuando debió haberse dado una atención célere al ahora peticionante de tutela, sin embargo, fue desatendida por cerca de dieciocho meses, atentando su derecho al debido proceso en su vertiente celeridad; en consecuencia, corresponde conceder la tutela en cuanto al derecho al debido proceso, y al principio de celeridad; cabe señalar que la sanción por el incumplimiento de los plazos para emitir resolución, no es causal de nulidad, ya que genera consecuencias únicamente en la autoridad judicial que ocasionó dicha demora y de ninguna manera en los justiciables a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, conforme a lo previsto por el art. 217 del CPC, debiéndose remitir a los Vocales demandados a la vía disciplinaria. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-0049/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 203 a 209, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que el Tribunal de alzada donde radica la causa, nombre Vocal Relator, dentro de las veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional y dentro de las veinticuatro horas proceda a la relación de la causa en cumplimiento del art. 264.I del Código Procesal Civil; y,

3º Que, el Tribunal de alzada dé lectura del Auto de Vista dentro de las cuarenta y ocho horas. 4º Remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura, respecto a las actuaciones de Janeth Rivas Solis y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dada la demora injustificada en la que incurrieron para remitir la presente acción de defensa en grado de revisión a este Tribunal, así como la no remisión oportuna de la documentación indispensable sobre la cual adoptaron su decisión, a objeto de su procesamiento en la vía disciplinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

3 En su F.J.III.1 indicó que: "La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional)así como -atendiendo sus especificas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional l (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución."

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos", así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 4La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: "Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales "antinomias" que salven la coherencia del sistema normativo)."

5 En su F.J. 1I.2 "(..) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que. le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el habeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”. 6En su F.J.III. "...La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional,sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva".

12 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 13El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).

14 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”. 15El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).

16 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0908_2023-S1.pdf · páginas 1 a 39.

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