Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción, así como del principio de celeridad; alegando que, el 15 de marzo de 2024, mediante mandamiento de apremio fue trasladado al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, por una deuda de asistencia familiar de Bs2100.-. Posteriormente en la misma data, a horas 15:38, presentó vía Plataforma un memorial de solicitud de mandamiento de libertad adjuntando el recibo del depósito; sin embargo, el Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora codemandado-, no remitió esa petición ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital de ese departamento -ahora demandada-; y, con el argumento de trabajar hasta horas 16:00, “…los funcionarios del Juzgado más la Juez, ni cortos ni perezosos como no llegaba el memorial …”(sic), cerraron la oficina del Juzgado, dejándole en total estado de indefensión, estando en riesgo no solo su integridad corporal sino también su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela impetrada, en relación Juan Rolando Meneses Mérida, Encargado de Plataforma, en suplencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por la vulneración del principio de celeridad en directa relación con los derechos a la libertad física y de locomoción del accionante, en los mismos términos a los dispuestos por la Jueza de garantías, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la vida; y, en relación a Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por falta de legitimación pasiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0907/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62801-2024-126-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 5/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Noelia Vargas en representación sin mandato de Ramiro Marcelo Paredez Fernández contra Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, Juan Rolando Meneses Mérida, Encargado de Plataforma en suplencia del Tribunal de Justicia del mismo departamento.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2024, cursante de fs. 5 a 9 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato legal, manifestó que:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Roció Damaris Reyes Mhur; el 15 de marzo de 2024, mientras trabajaba en su negocio de comidas, un Policía sin identificación a su criterio prepotente e “ilegal” y abusivo, con mandamiento de apremio sin facultades de allanamiento, lo llevó al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba por una deuda de Bs2100.- (dos mil cien bolivianos); ante ello, su concubina inmediatamente transfirió ese monto de dinero a la interesada. Posteriormente, en esa misma data a horas 15:38, presentó vía Plataforma un memorial de solicitud de mandamiento de libertad adjuntando el recibo del depósito; sin embargo, el Encargado de Plataforma en suplencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora codemandado-, pese a la insistencia de remisión ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital de ese departamento -ahora demandada-, no puso a su conocimiento; y, con el argumento de trabajar hasta horas 16:00, “…los funcionarios del Juzgado más la Jueza, ni cortos ni perezosos como no llegaba el memorial …”(sic), cerraron la oficina del Juzgado, dejándole en total estado de indefensión, estando en riesgo no solo su integridad corporal sino también su vida.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción, así como del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo “… la RESTITUCION DE TODOS [SUS] DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES…” (sic); ordenando que: a) El Encargado de Plataforma ahora codemandado, remita el memorial de solicitud de mandamiento de libertad ante el Juzgado de Familia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, b) La Jueza demandada, de forma inmediata ordene el mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar; y ampliándolas manifestaron que: 1) Procedió al pago de Bs2100.- y presentó memorial de solicitud de mandamiento de libertad ante Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, manifestando la urgencia de su remisión ante la Jueza ahora demandada; empero, el referido memorial nunca fue remitido; y, 2) La Jueza demandada, salió antes de la hora indicada del referido Juzgado; y no, esperó para atender su caso.
Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 11 y vta. Juan Rolando Meneses Mérida, Encargado de Plataforma, en suplencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 16 de marzo del 2024, cursante a fs. 17 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) El 15 de marzo de 2024, a horas 15:38, fue recepcionado el memorial del impetrante de tutela; sin embargo, al momento de hacer entrega, no se hizo conocer al personal de Plataforma la calidad de “urgente”; ii) Refirió que jamás tuvo conocimiento de la entrega y recepción del referido memorial; y, iii) El referido escrito, no contaba con la boleta de depósito; asimismo señaló que se encontraba en los pasillos del Juzgado; sin embargo, la representante del accionante no comunicó la calidad de prioridad del citado memorial.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 5/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, concedió en parte la tutela impetrada, con relación al Encargado de Plataforma en suplencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo que de forma inmediata, remita el memorial de mandamiento de libertad al Juzgado Público de Familia Segundo de esa Capital y departamento de Cochabamba; y, se imponga una sanción a dicho funcionario; y, la denegó respecto a la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del señalado departamento, al no vulnerar derechos constitucionales del impetrante de tutela. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El solicitante de tutela fue notificado con la liquidación de planilla de asistencia familiar por la suma de Bs2100.-; y, ante el incumplimiento de pago se expidió mandamiento de apremio que fue ejecutado por un funcionario policial; b) El accionante mediante memorial; y, voucher de depósito, de 15 de marzo de 2024, a horas 15:38, peticionó mandamiento de libertad, vía Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; c) El Encargado de Plataforma codemandado, no remitió el referido memorial a la Jueza demandada, haciendo caso omiso a la petición de urgencia invocada por el solicitante de tutela; d) Todo memorial “con la suma de solicitud de libertad” debe darse celeridad, al tratarse de la libertad de una persona; e) La Jueza ahora demandada, no conoció la tramitación del memorial de mandamiento de libertad; f) El accionante, precipitadamente activó su demanda tutelar contra la autoridad demandada, quien conoció el memorial extrañado; asimismo, evidenció que no vulneró derechos constitucionales; g) El Encargado ahora codemandado, hasta el planteamiento de esta acción de defensa, no remitió el memorial de mandamiento de libertad al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, lesionando el derecho a la libertad previsto por el art. 22 de la CPE. No es permisible el incumplimiento de sus obligaciones “recepción de memoriales y remitir a los juzgados”; y, h) Faltó a la verdad al referir que el memorial de mandamiento de libertad, no contaba con el voucher de depósito, incumpliendo los principios establecidos en los art. 180 y 232 de la CPE. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Encargado de Plataforma codemandado, mediante memorial de 18 de marzo de 2024, cursante a fs. 31 y vta., señaló que: 1) El memorial de solicitud de mandamiento de libertad de 15 de marzo de 2024, presentado por el impetrante de tutela, fue entregado y recepcionado sin calidad de “urgente”, aspecto que no hizo conocer al personal de recepción y mucho menos a su persona; 2) El referido escrito, no contaba con la boleta de depósito; asimismo señaló que se encontraba en los pasillos del Juzgado; sin embargo, el accionante no comunicó la calidad de prioridad de su memorial; 3) Para evitar inconvenientes, el personal de la Plataforma, está en la obligación de remitir este tipo de memoriales, en forma inmediata ante la autoridad correspondiente. Refirió que colabora con el sellado de memoriales de horas 14:00 a 16:00, con la finalidad que las partes procesales sean atendidas oportunamente; 4) Para desvirtuar lo aseverado por la Juez de garantías, acompañó fotocopias simples de la nota de recepción, la impresión del vaucher de depósito; asimismo, el informe presentado por el funcionario Johny Eric Ramírez Terceros y memorándum de amonestación; y, 5) Solicitó modificación de la sanción impuesta. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Jueza de garantías, con respecto a los puntos señalados, refirió que la documentación presentada por el Encargado de Plataforma ahora codemandado, va sobre el fondo de la Resolución sobre el cual ya se pronunció; por lo que, declaró no ha lugar a lo impetrado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 40 a 46), se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de solicitud de mandamiento de libertad, adjuntando depósito bancario de Bs2100.-, dirigido al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, con cargo de recepción de 15 de marzo de 2024, a horas 15:38; peticionado por el impetrante de tutela (fs. 3 a 4). II.2. La presente acción de libertad fue interpuesta el 16 de marzo de 2024, a horas 9:15 (fs. 9 vta.).
El accionante considera lesionados sus derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción, así como del principio de celeridad; alegando que, el 15 de marzo de 2024, mediante mandamiento de apremio fue trasladado al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, por una deuda de asistencia familiar de Bs2100.-. Posteriormente en la misma data, a horas 15:38, presentó vía Plataforma un memorial de solicitud de mandamiento de libertad adjuntando el recibo del depósito; sin embargo, el Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora codemandado-, no remitió esa petición ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital de ese departamento -ahora demandada-; y, con el argumento de trabajar hasta horas 16:00, “…los funcionarios del Juzgado más la Juez, ni cortos ni perezosos como no llegaba el memorial …”(sic), cerraron la oficina del Juzgado, dejándole en total estado de indefensión, estando en riesgo no solo su integridad corporal sino también su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0019/2025-S3 de 27 de febrero, sostuvo que: «…la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, estableció la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que: “…cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material” .
Conforme a ello, y en virtud a lo previsto en los arts. 125 y 126 de la CPE, en concordancia con los arts. 46 y 47 del CPCo, el derecho a la vida puede ser protegido de manera indistinta por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad; debiendo considerarse de igual forma, que en virtud a la importancia del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional reguló la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, cuando se denuncien vulneraciones del derecho a la vida o de la integridad personal. Ahora bien, en cuanto a la protección del derecho a la vida por la acción de libertad, la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, señala que: “…de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona 'que considere que su vida está en peligro', sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que 'su vida está en peligro'. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’… Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado» (las negrillas son nuestras).
Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción, así como del principio de celeridad; toda vez que, el 15 de marzo de 2024, mediante mandamiento de apremio fue trasladado al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, por una deuda de asistencia familiar de Bs2100.-. Posteriormente en la misma data, a horas 15:38, presentó vía Plataforma un memorial de solicitud de mandamiento de libertad adjuntando el recibo del depósito; sin embargo, el Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora codemandado-, no remitió esa petición ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital de ese departamento -ahora demandada-; y, con el argumento de trabajar hasta horas 16:00, “…los funcionarios del Juzgado más la Juez, ni cortos ni perezosos como no llegaba el memorial …” (sic), cerraron la oficina del Juzgado, dejándole en total estado de indefensión, estando en riesgo no solo su integridad corporal sino también su vida. De la revisión de los antecedentes plasmados en Conclusiones, se tiene el memorial de solicitud de mandamiento de libertad, adjuntando al mismo depósito bancario, dirigido al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, con cargo de recepción de 15 de marzo de 2024, a horas 15:38; peticionado por el impetrante de tutela (Conclusión II.1); y, la presente acción de libertad fue interpuesta el 16 de marzo de 2024, a horas 9:15 (Conclusión II.2).
De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es preciso referir que, de acuerdo al art. 125 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona que considere que su vida está en peligro; sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción. Conforme a lo descrito, no obstante que, resulta viable el planteamiento de la acción de libertad cuando se considera la existencia de amenazas que pongan en riesgo el derecho a la vida. En el caso de examen, este Tribunal verifica que, las acciones denunciadas por el peticionante de tutela, sobre el riesgo de su integridad corporal y el peligro de su vida, no fueron respaldadas con prueba alguna, no siendo suficiente su simple enunciado para que, sean merecedoras de la tutela constitucional impetrada. Siendo que tales aseveraciones deben ser ciertas y plenamente acreditables, aspectos sin los cuales, la acción de libertad planteada carece de objeto, debido a que, por su naturaleza, requiere de prueba. Por otra parte, conforme el Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona; en este caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el accionante a través de un mandamiento de apremio fue trasladado al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba por una deuda de asistencia familiar de Bs2100.-, constando que su concubina inmediatamente transfirió ese monto de dinero a la interesada, a través del Banco Ganadero S.A. Posterior a ello, presentó memorial de solicitud de mandamiento de libertad adjuntando depósito bancario, vía Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con cargo de recepción de 15 de marzo de 2024, a horas 15:38. No obstante, el encargado de Plataforma -ahora codemandado-, no remitió dicha causa de manera inmediata ante el Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, conforme a lo advertido por la Jueza de garantías que en virtud al principio de inmediación que rige esta acción tutelar tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional, se evidenció que hasta el momento del planteamiento de la acción de libertad el 16 de ese mes y año (Conclusión II.2) no fue puesto a conocimiento de la titular de dicho Juzgado ahora demandada, develando falta de diligencia dentro de sus obligaciones, incurriendo en una dilación innecesaria; además, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado con la libertad del accionante quien se encontraba privado de su libertad; por ello, corresponde conceder la tutela. En relación a la Jueza demandada, corresponde destacar que uno de los elementos esenciales para que proceda la acción de libertad es la identificación clara y precisa de la autoridad que, con su accionar u omisión, haya incurrido en una restricción, amenaza o afectación ilegítima del derecho a la libertad o a las garantías procesales vinculadas a esta. En ese marco, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la legitimación pasiva recae únicamente en aquellas autoridades que tienen competencia directa y actual sobre el acto lesivo denunciado. En el presente caso, se evidencia que la autoridad judicial demandada, si bien ha sido identificada, se establece con claridad que no conoció el memorial de solicitud de mandamiento de libertad de 15 de marzo de 2024, planteado por el impetrante de tutela; por lo que, no se advierte una conducta omisiva o dilatoria que pudiera vulnerar su derecho a la libertad; en consecuencia, carece de legitimación pasiva dentro de la presente acción, al no existir nexo de causalidad entre dicha autoridad jurisdiccional y el hecho demandado. Por ello corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada únicamente respecto al Encargado de Plataforma codemandado y denegado la misma en cuanto a la Jueza demandada, obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela impetrada, en relación Juan Rolando Meneses Mérida, Encargado de Plataforma, en suplencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por la vulneración del principio de celeridad en directa relación con los derechos a la libertad física y de locomoción del accionante, en los mismos términos a los dispuestos por la Jueza de garantías, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la vida; y, en relación a Silvia Delia Jiménez Cossio, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por falta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0907_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): caaf2ed8be282c43adb7fa30a43cc3874fc10fc8ad8189cad3f5c310e774322a
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