B.IA.LEGAL

SCP 0906/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
62753-2024-126-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, hasta el 21 de febrero de 2024, la autoridad y funcionarios el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, no remitieron fotocopias legalizadas de apelación incidental presentada contra la Resolución 492/2023 de 15 de septiembre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del departamento de La Paz y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez, la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, conforme a los fundamentos precedentes, y, en la modalidad innovativa, exhortándolos a futuro para actuar con la debida celeridad en aquellas cuestiones que involucren el derecho a la libertad de las personas. 2º Llamar severamente la atención al Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0906/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62753-2024-126-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Alberto Callizaya Nina, contra Alejandro Gamboa Mendoza, Noemi Mery Mullisaca Duran y Marcela Andrea Mejia Huanca; Juez, Secretaria y Auxiliar respectivamente, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 4, el accionante a través de su representante expreso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de septiembre de 2023, se celebró audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Jorge Alberto Callisaya Nina, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa; ante su rechazo Resolución 492/2023 de 15 de septiembre, planteó apelación y solicitó se cumpla con el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, a la fecha no se remitió el recurso en el plazo de veinticuatro horas, conforme señala la normativa penal aludida, incumpliendo con el debido proceso. Denunció como vulnerado su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, hasta la fecha de la presentación de la presente acción de libertad, 21 de febrero de 2024, el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, no han remitido el cuaderno procesal al Tribunal Ad quem para la consideración de la apelación presentada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la libertad, y al debido proceso, citando al efecto los art. 13.I y 115.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se repare los derechos vulnerados por las autoridades accionadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su representante sin mandato, ratificó la acción de libertad de manera íntegra, y ampliándola señalaron: a) Transcurridos aproximadamente dos meses de presentada la apelación incidental se remitieron las piezas principales, una vez sorteada recayó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Fue observada porque no se remitió la notificación con el recurso de apelación a la víctima y se procedió a devolver al juzgado de origen, manteniendo una dilación procesal indebida; toda vez que, transcurrieron más de cien días hábiles administrativos, cuando la remisión de estos actuados por ley, debía haber sido realizada en el plazo de veinticuatro horas; solicitó se conceda la tutela y se repare los derechos vulnerados por las autoridades accionadas.

I.2.2. Informe de los demandados

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 22 de febrero de 2024, cursante de fs. 11 a 12, señaló que: 1) Los Jueces de Instrucción tienen competencias descritas en la norma, pero no se advierte que una de sus funciones sea la remisión de apelaciones incidentales, de conformidad al art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 72 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) - Ley 025 de 24 de junio de 2010; 2) Conforme a nota adjunta al informe, se remitió la apelación incidental, ingresada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que solicitó la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal; y, 3) No se agotó el presupuesto de la subsidiariedad pues no activó los mecanismos de defensa intraprocesales; solicitó se deniegue la tutela.

Fabiola Turpo Mamani, actual secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, mediante informe oral en audiencia señaló: i) El 15 de septiembre de 2023, se emitió la Resolución 492/2023, una vez presentado recurso de apelación, el accionante tenía la obligación de apersonarse al despacho judicial a efectos de proporcionar las copias necesarias para elaborar el legajo de apelación para su remisión; ii) Una vez remitido y sorteado el recurso de apelación, radicó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, misma que observó a la notificación con la Resolución 492/2023, a la parte denunciante Shirley Limachi Vallejos y Agustin Limachi Vallejos y se devolvió el legajo al Juzgado ya referido para cumplir con la notificación correspondiente; iii) El juzgado de origen se encontró de turno en diciembre, por vacaciones colectivas, teniendo como carga procesal más de 3.000 causas; atendiendo procesos de los “Juzgados de Instrucción Anticorrupción de Violencia contra la Mujer Tercero y Quinto y además del Juzgado de Chulumani”; iv) Se remitió la notificación a la gestora número cinco del departamento de La Paz para que cumpla con las notificaciones y una vez subsanadas estas observaciones se pueda remitir a señalada Sala, siendo devueltas el 21 de febrero de 2024, no pudiendo remitir a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; toda vez que, solo reciben legajos de apelaciones hasta el mediodía; se devolvió el 22 de febrero por la mañana, (exhibiendo en audiencia de acción de libertad el sello de recibido por medio de su dispositivo celular); situación por la cual solicitó que la tutela debe ser denegada. Marcela Andrea Mejía Huanca, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, mediante informe en audiencia expuso argumentos similares a los de la Secretaria del Juzgado descritos supra.

I.2.3 Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela solicitada, en base en los siguientes fundamentos: a) Con relación a la autoridad accionada se debe tener presente que sus funciones están específicamente en la ley, en el Procedimiento Penal y otras; no siendo sus deberes remitir las apelaciones; b) Con relación a las funciones de los Secretarios y las Secretarias, así como de los Auxiliares están establecidos en la Ley del Órgano Judicial y las obligaciones en este caso de remitir los antecedentes de apelación están establecidas para las Secretarias que están a cargo de los Libros de Altas y Bajas; c) La Auxiliar es responsable de elaborar los oficios correspondientes y coadyuvar las labores con Secretaría, sin embargo, se ha hecho referencia que existiría dilación indebida desde el 15 de septiembre 2023, cuando no se ha remitido el legajo de apelaciones a este efecto tanto la Secretaría, como la Auxiliar han señalado que evidentemente el Consejo de la Magistratura otorga hasta 500 fotocopias que no alcanzan ni siquiera para las notificaciones de los casos con detenidos, por lo que deben pedir la colaboración de las partes para gestionar las apelaciones correspondientes; d) Los antecedentes ya fueron remitidos a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a este efecto el Juez adjuntó fotocopia de oficio 198/2024 del 22 de febrero, donde se envió el legajo de apelación con cargo de recepción firmado por la auxiliar de la referida Sala, Morelia Ortiz Huiza; y, e) La finalidad por la cual interpusieron la acción de libertad fue cumplida; sin embargo, recomendó que los funcionarios Secretaría y Auxiliar, deben dar la celeridad que corresponda cuando se trata de privados de libertad.

I.2.4 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 21 a 27), se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa oficio 198/2023 de 22 de febrero de 2024, remitido por Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, adjuntando fotocopias legalizadas de la apelación incidental presentada contra la Resolución 492/2023 de 15 de septiembre (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, hasta el 21 de febrero de 2024, la autoridad y funcionarios el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, no remitieron fotocopias legalizadas de apelación incidental presentada contra la Resolución 492/2023 de 15 de septiembre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 0212/2019-S4 de 9 de mayo, entendió que: «La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”.

Además enfatizó que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”.

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas corresponden al texto original).

Criterio asumido del mismo modo por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SSCCPP) 0021/2019-S4 de 1 de abril, 0026/2019-S4 de 1 de abril, 0109/2019-S4 de 17 de abril, 0112/2019-S4 de 17 de abril y 0391/2019-S4 de 24 de junio, entre otras.

De lo que se colige, que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando estos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones causadas por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con principio de celeridad, ya sea de parte de servidores públicos como de personas particulares.

III.2. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: «Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: “…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados”.

En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: “…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo”.

Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras.

En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”.

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional”.

De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva» (las negrillas son nuestras).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, sobre la acción de libertad innovativa estableció que: “…la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.

A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso;

supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

(…)

…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre… sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.

(…)

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

En ese marco… la SCP 2491/2012...establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art.

256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y del debido proceso; toda vez que, hasta la presentación de la acción de libertad, 21 de febrero de 2024, el Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, no remitieron el cuaderno de apelación incidental presentada contra Resolución 492/2023 de 15 de septiembre, ante el superior en grado. Descrito el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, el 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico contra Jorge Alberto Callisaya Nina, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa; una vez rechazada, mediante apelación el accionante solicitó se cumpla con el plazo establecido en el art. 251 de Código Procesal Penal; sin embargo, a la fecha de presentación de la acción de libertad, no se ha cumplido con la remisión; asimismo de las pruebas presentadas cursa oficio 198/2023 de 22 de febrero de 2024, remitido por Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, adjuntando fotocopias legalizadas de la apelación incidental presentada contra la Resolución 492/2023 de 15 de septiembre (Conclusión II.1); Como se observa en el presente caso el accionante no acompaña ninguna documental que pueda ser compulsada, simplemente se tiene los informes de los demandados, el Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, quienes lejos de desvirtuar la dilación acusada, pretendieron justificarla, en base a esos actuados y lo manifestado por el accionante en su memorial de acción de libertad se analizara el presente caso. En ese orden de cosas se tiene que la denuncia versa sobre la falta de remisión del legajo del recurso de apelación incidental, ante el superior en grado; sobre la actuación del Juez demandado conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional es la encargada de supervisar el buen funcionamiento de su despacho, así se tiene que: “…el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas…” (SCP 0043/2018-S1). En tal sentido, el Juez demandado no cumplió con sus deberes y obligaciones, que no concluyen con la emisión de una Resolución, sino que debe realizar las instrucciones para el personal subalterno a su cargo y realizar el seguimiento de lo impartido para su cumplimiento efectivo. No basta señalar que no se encuentra en sus funciones la remisión de apelaciones incidentales y que la obligación de remitir el cuaderno de apelación recae en el personal de apoyo jurisdiccional, como titular del despacho tiene la obligación de supervisar y verificar que sus disposiciones se cumplan con la mayor celeridad posible, porque de por medio esta una persona privada de libertad a la espera de que se resuelva su situación jurídica, por lo que cuenta con legitimación pasiva, por tanto su omisión en el control de su despacho al no supervisar la remisión del cuaderno de apelación desde el 16 de septiembre de 2023, hasta la presentación de la acción tutelar al superior en grado, así como el cumplimiento de la observación del Tribunal adquem, causo dilación indebida, correspondiendo conceder la tutela solicitada sobre dicha autoridad por haber omitido hacer seguimiento a sus propias instrucciones velando por su cumplimiento. Ahora bien, respecto a la actuación de la Secretaria del referido Juzgado, debía remitir dicha apelación al superior en grado en el plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al decreto de 15 de septiembre de 2023; sin embargo, recién lo hicieron integralmente el 22 de febrero de 2024, es decir, ciento ochenta días después del citado decreto, con lo que afectaron el derecho a la libertad del impetrante de tutela en relación al principio de celeridad, pues se superó ampliamente el plazo para la remisión de antecedentes ante la autoridad competente para resolver la apelación del accionante. Como se advierte trató de justificar su negligencia con el argumento de recarga laboral que no es óbice para que cumpla sus funciones, mucho más si se tenía ordenado la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante el superior en grado; en consecuencia, esta funcionaria también es responsable de la dilación indebida, quien incumplió con el deber de remitir dentro de plazo el legajo procesal al Tribunal de Segunda Instancia, labor que está como parte de sus obligaciones en aplicación del art. 94.I.15 la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece que son deberes de los Secretarios de Juzgados: “15. Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”; respecto a la Auxiliar de Juzgado, el art. 101.I de la LOJ, señala que las y los auxiliares de Salas, de Tribunales de Sentencia y de Juzgados Públicos, tienen la obligación de coadyuvar con las Secretarias y Secretarios en el cumplimiento de las labores, como la recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, copia de resoluciones, atención a las abogadas y a los abogados, litigantes y otras, dentro del marco de sus funciones. Por ello, corresponde conceder la tutela, sin disponerse la realización de ninguna remisión, pues la misma ya fue efectuada. Acreditada la dilación indebida en la que los demandados incurrieron, corresponde la concesión de la tutela con relación al referido Juez demandado, ya que es responsable de los actos del Juzgado que preside, así como con respecto a la Secretaria y Auxiliar demandadas, quienes incumplieron con el deber de remitir dentro de plazo el legajo procesal al Tribunal de Segunda Instancia.

III.5. Otras consideraciones

En este caso, el Juez, la Secretaria y la Auxiliar demandados debían remitir dicha apelación al superior en grado en el plazo no mayor a veinticuatro horas, posteriores al decreto de 15 de septiembre de 2023; sin embargo, recién lo hicieron el 22 de febrero de 2024, es decir, ciento cincuenta y siete días después del citado decreto; en mérito a ello, corresponde llamar la atención severamente a Alejandro Gamboa Mendoza, Noemi Mery Mullisaca Duran y Marcela Andrea Mejia Huanca; Juez, Secretaria y Auxiliar, todos Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, para que en un futuro ciñan su actuar conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP, que establece que las actuaciones pertinentes a la apelación incidental contra resoluciones concernientes a medidas cautelares serán remitidas al Tribunal ad quem en el plazo de veinticuatro horas; y toda vez que, ya se realizó la devolución del legajo, no se les exime de las responsabilidades correspondientes, adecuando la concesión de la tutela en su modalidad innovativa. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del departamento de La Paz y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez, la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, conforme a los fundamentos precedentes, y, en la modalidad innovativa, exhortándolos a futuro para actuar con la debida celeridad en aquellas cuestiones que involucren el derecho a la libertad de las personas. 2º Llamar severamente la atención al Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0906_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3300d1b95607c633b668308395bbe718cb9e6ee258de06856d82af856813ebd8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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