Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de noviembre de 2024
Concede la tutela
La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo y empleo, a la inamovilidad laboral, la garantía de prioridad e interés superior de su hija menor; toda vez que, en su condición de Secretaria de Despacho del GAMT, hizo conocer su estado de gravidez, al Alcalde del citado Municipio, quien en conocimiento de su embarazo la humilló y emitió una serie de comunicados e instructivos cambiándola de puesto laboral, asignándole diferentes funciones y recargándole de trabajo; poniendo en riesgo su salud y la de su hija en gestación, sin otorgarle medios suficientes para realizar las citadas labores; por lo que dicha autoridad, adoptó medidas de presión y acoso laboral hasta lograr su renuncia forzosa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 411 a 413 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0906/2024-S3 Sucre, 8 de noviembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 53063-2023-107-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 012/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 411 a 413 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Simona Vargas Llaveta contra Ariel Siles Céspedes, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco (GAMT) del departamento de Chuquisaca. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 7 y 14 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 68 a 83 y 106 y vta., la accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 1 de febrero de 2022, mediante Memorando MEM/GMAT/DESPACHO/RRHH “D” 13/2022, fue designada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca como Secretaria de Despacho, con un haber mensual de Bs2600.- (dos mil seiscientos bolivianos); posteriormente, mediante Memorando Interno de 24 del citado mes y año, se le designó como Responsable del Manejo de Caja Chica; durante ese tiempo se enteró que se encontraba en estado de gestación; por ello, mediante nota de 11 de mayo del referido año, informó sobre su situación a la autoridad ahora accionada, quien de forma violenta empezó a gritarle y cuestionarle de su embarazo de manera humillante; de igual forma, la hermana de la citada autoridad Deysi Siles Céspedes la insultó y humilló. El mismo día, el Responsable de Recursos Humanos quiso entregarle el Memorando de Agradecimiento de Servicios MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “A” 002/2022 de 11 de mayo, el cual se negó a firmar la recepción porque se vulneraba sus derechos y ante la insistencia aceptó la recepción haciendo constar que se negó a firmar. Al día siguiente, 12 de mayo de 2023, la reincorporaron notificándole con la Comunicación Interna MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “C” 003/2022, a través de la cual le asignaron la función de Apoyo Administrativo - Administración de Salud Municipio de Tarabuco-, cuyo trabajo debía realizar en dependencias del Hospital Ricardo Bacherer; es decir, se le cambio de puesto laboral, dándole funciones ajenas para las que fue designada; sin embargo, por la necesidad de contar con un trabajo, más aun al encontrarse embarazada, cumplió con las funciones encargadas; empero, el 13 del citado mes y año, le asignaron tareas en almacenes del referido Hospital donde debía levantar cosas pesadas, además se le mandó al área COVID a realizar tareas; y, peor aún el 30 del mismo mes y año, se le notificó con el Instructivo INSTR./GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022, a través del cual se le instruye realizar el levantamiento y corroboración de activos fijos y de control de los Centros Infantiles, Puestos de Salud e Internados en la jurisdicción de Tarabuco (centro poblado y comunidades) en coordinación de la Dirección de Desarrollo Humano y Social y Unidad de Activos Fijos del GAMT; para el cual se le brindó el plazo improrrogable de diez días hábiles a partir de su notificación que fue el mismo día. Al día siguiente 1 de junio de 2022, se le notificó con el Instructivo INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 020/2020, mediante el cual se asigna además de las otras tareas asignadas el día anterior, el “Realizar el levantamiento y corroboración del desayuno escolar de las Unidades Educativas de: G. Mendieta Rosalía Vda. De Antezana y Colegio Mixto Aniceto Arce” (sic), para lo cual se le otorgó un plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación aclarando en dicho instructivo textualmente “De la misma manera informarle que está vigencia INSTRUCTIVA INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022, la cual es de cumplimiento obligatorio” (sic). De acuerdo a lo señalado, existió una actitud totalmente abusiva por parte del Alcalde Municipal de Tarabuco, quien sobrepasó todos los límites, ya que de manera sorpresiva se le instruyó tareas que no van de acorde al Memorando de Secretaria de Despacho con el que fue designada y se requiere de logística para poder cumplirlas (movilidad y combustible), toda vez que el Municipio de Tarabuco, cuenta con setenta y cuatro comunidades y se le instruyó realizar el levantamiento y corroboración de activos fijos y de control en toda la jurisdicción de Tarabuco (centro poblado y comunidades), sin siquiera brindarle una movilidad para poder hacerlo, puesto que, cuando su persona trató de coordinar para que se otorgara un vehículo y un chofer le pusieron trabas y fue de perjuicio para su persona ya que le dieron plazo para realizar las tres tareas que el encomendaron en el primer instructivo; asimismo, fue preocupante realizar esas tareas ya que las comunidades son lejanas y los caminos peligrosos y todo eso en su estado de gravidez, poniendo en peligro su salud y embarazo, y pese a todo, cumplió con lo instruido y continuó tratando de realizar su trabajo. Finalmente; continuaron los maltratos y humillaciones desde que comunicó que se encontraba embarazada; por ello, se vio obligada a presentar su carta de renuncia forzada el 7 de junio de 2022; que fue respondida, mediante nota de 09 del citado mes y año, que refiere que de acuerdo a informes de los funcionarios de Recursos Humanos, Administrador de Salud y Responsable de Activos Fijos del citado Municipio, que hubiese realizado mal su trabajo; sin embargo, dichos informes son falsos. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Señaló como lesionados sus derechos al trabajo y empleo, a la inamovilidad laboral, la garantía de prioridad e interés superior de su hija menor; citando al efecto los arts. 45.I, II, III y V, 46.1 y 2, 48.I, II y VI y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: a) La reincorporación inmediata a su fuente de trabajo en el GAMT, en el mismo puesto que ocupaba al momento de su renuncia forzada u otro de similar funcionamiento; b) El cumplimiento de las obligaciones del empleador hacia su persona; c) La cancelación de asignaciones familiares comprendidas en el subsidio de incapacidad temporal por maternidad, prenatal, natalidad y lactancia; d) La cancelación de sueldos devengados; y, e) El empleador otorgue amplias garantías, extensibles a terceras personas y funcionarios públicos; toda vez que, el personal de confianza de la citada Institución amedrenta, insulta y atosiga a su persona. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 410 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción. La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar. I.2.2. Informe de la autoridad accionada Ariel Siles Céspedes, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, a través de su abogado en audiencia, informó lo siguiente: 1) Mediante Memorando 13/2022 de 1 de febrero, se le designó a la ahora accionante como Secretaria de Despacho; sin embargo, no cumplió las funciones de forma efectiva; por ello, meses previos a que se entere del estado de gestación, tomó la decisión de que tenía que rotar de acuerdo a la normativa municipal y el Estatuto de Funcionario Público y que al ser funcionaria provisoria también tiene el carácter de una remoción en el momento que vea conveniente la autoridad o también pueden ser rotadas dentro de la misma institución; 2) Una vez que tuvo conocimiento del estado de gravidez de la ahora accionante, dispuso su rotación manteniendo el mismo nivel de remuneración mensual y todos los derechos que por ley le correspondía; es así que, se emitió el Memorando correspondiente asignándole otras funciones que no vulneró derecho alguno; sin embargo, si bien cumplió las funciones, pero fue de forma ineficiente, ya que se presentó el informe emitido por el Administrador del Hospital Ricardo Bacherer de Tarabuco, que manifiesta que no llegaba puntual, salía y retornaba de sus funciones cuando quería, pero aun así nunca se le sancionó ni siquiera administrativamente, porque se le tenía consideración por ser paisana; 3) En el Hospital se le hizo una bienvenida; por ello, se extrañó que renuncie de manera voluntaria, no existió violencia ni presión ya que en su nota agradeció por la oportunidad que se le brindó en la institución y por la confianza puesta a su persona durante ese tiempo de trabajo, se despidió deseando éxitos; y, 4) El 13 de junio de 2022, presentó informe final de actividades, donde indicó las labores, tareas e instrucciones que cumplió que fueron eficientes, netamente administrativas con la colaboración no solo de la Responsable de Activos Fijos sino del chofer, del personal técnico y lo que se hizo fue dictar los códigos asignados a cada mueble y la accionante registraba en el computadora; y, 5) La presente acción tutelar es una copia de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de Tarabuco por parte de la ahora accionante, donde cursa un dictamen pericial psicológico de la misma, que señala que no se observó la presencia de sintomatología compatible con un trastorno de estado postraumático, con relación al hecho denunciado de acuerdo a manuales diagnóstico de estrés postraumático, a partir del hecho y el único estrés que tiene es el proceso penal que sigue, no le afectó la renuncia con relación a la dejación de un cargo y sustenta que su renuncia fue voluntaria. 1.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 012/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 411 a 413 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Alcalde Municipal de Tarabuco, reincorpore a Simona Vargas LLaveta –ahora accionante- en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación con la presente resolución; asimismo se proceda, el pago de los subsidios: prenatal, natal y de lactancia que corresponda conforme a norma, el pago de los sueldos y salarios devengados desde la desvinculación hasta la reincorporación, previa averiguación que la impetrante de tutela no se encontraba trabajando en otra institución, con base en los siguientes fundamentos: i) Se evidencia que desde el momento que la solicitante de tutela hizo conocer su estado de gestación, la autoridad demandada emitió una serie de instructivos y memorandos, disponiendo la asignación de nuevas y diferentes tareas a la ahora accionante que ponía en riesgo la salud de la madre y la vida del niño en gestación; es decir, el Alcalde accionado, asumió una actitud de presión, sin considerar su estado de embarazo; ii) La jurisprudencia constitucional, señala que las trabajadoras embarazadas gozan de inamovilidad laboral sin que el empleador pueda despedirlas, rescindir su contrato o ejercer una suerte de acoso o presión en contra de ellas, fundamentalmente por la protección reforzada que merece y debe tener el niño en gestación, aspectos que no fueron considerados por el Alcalde demandado, al emitir la serie de instrucciones y cambios de funciones sin considerar esa especial situación de la ahora accionante; y, iii) Corresponde conceder la tutela solicitada por inamovilidad laboral, hasta que el niño o niña alcance un año de edad; debiendo reincorporarse a la impetrante de tutela en el plazo de cinco días hábiles a su fuente laboral, a un cargo de similares características al que ocupaba e igual remuneración, no siendo posible disponer una restitución al puesto de secretaria de despacho debido a las circunstancias que rodean al presente caso, pues existe un proceso penal que sostiene ambas partes; empero, no se puede disponer traslados y cambios irrazonables de una madre en etapa de protección reforzada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorando MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “D” 13/2022 de 1 de febrero, el Alcalde del Gobierno Municipal de Tarabuco, designó a Simona Vargas Llaveta, como Secretaria de Despacho del citado Municipio, con un haber mensual de Bs2600.- (dos mil seiscientos bolivianos) a (fs. 3); posteriormente, por Memorando Interno de 24 de febrero de 2022, el referido Alcalde Municipal, designó interinamente a la ahora accionante como Responsable del Manejo de Caja Chica (fs. 4). II.2. A través de la nota de 11 de mayo de 2022, Simona Vargas Llaveta hizo conocer al Alcalde del Municipio de Tarabuco, que se encontraba en estado de gestación de dieciocho semanas, adjuntando a ese efecto carnet prenatal y la ecografía respectiva (fs. 287 a 290). II.3. Por Memorando MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “A” 002/2022 de 11 de mayo, el Alcalde del Municipio de Tarabuco, comunicó a la ahora accionante que a partir de la fecha, se prescinde de sus servicios y función como Secretaria de Despacho del citado Municipio, siendo su último día de vinculación laboral la fecha de notificación con el citado Memorando (fs. 6). II.4. Mediante Comunicación Interna MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “C”
003/2022 de 12 de mayo, el Alcalde del Municipio de Tarabuco, comunicó a Simona Vargas Llaveta, que a partir de la fecha se le asignó funciones de manera temporal como Apoyo Administrativo en la Administración de Salud del Municipio de Tarabuco, con el mismo sueldo para el que fue contratada como Secretaria de Despacho (fs. 7). II.5. Mediante Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022 de 30 de mayo, el Alcalde ahora accionado, instruyó a la peticionante de tutela, realizar levantamiento y corroboración de activos fijos de control de los Centros Infantiles, Puestos de Salud y de Internados en la jurisdicción de Tarabuco (centro poblado y comunidades), en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Social, y Unidad de Activos Fijos GAMT (fs. 8). II.6. A través de la Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 020/2022 de 1 de mayo –siendo lo correcto 1 de junio-, el Alcalde del Municipio de Tarabuco, instruyó a Simona Vargas Llaveta, realizar levantamiento y corroboración del desayuno escolar en las Unidades Educativas de: “G. Mendieta, Rosalía Vda. de Antezana y Colegio Mixto Aniceto Arce”. Dicha información debe ser remitida en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación (fs. 9). Es así que, mediante nota presentada el 2 de junio de 2022, presentó las actas del levantamiento y corroboración de la inspección del desayuno escolar de las citadas Unidades Educativas (fs. 10). II.7. Por nota recepcionada el 7 de junio de 2022, la ahora accionante, presentó su carta de renuncia forzosa ante el Alcalde del Municipio de Tarabuco, al cargo de Secretaria del GAMT (fs. 18). II.8. Cursa nota CITE:MAE/DESP MUN/GAMT 360/2022 de 9 de junio, el Alcalde ahora accionado dio respuesta a la carta de renuncia de 7 de junio de 2022, presentada por la ahora accionante (fs. 20 a 25).
La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo y empleo, a la inamovilidad laboral, la garantía de prioridad e interés superior de su hija menor; toda vez que, en su condición de Secretaria de Despacho del GAMT, hizo conocer su estado de gravidez, al Alcalde del citado Municipio, quien en conocimiento de su embarazo la humilló y emitió una serie de comunicados e instructivos cambiándola de puesto laboral, asignándole diferentes funciones y recargándole de trabajo; poniendo en riesgo su salud y la de su hija en gestación, sin otorgarle medios suficientes para realizar las citadas labores; por lo que dicha autoridad, adoptó medidas de presión y acoso laboral hasta lograr su renuncia forzosa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0350/2023-S3 de 3 de mayo, señaló lo siguiente: “La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esta materia, el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de la garantía de inamovilidad laboral en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de esa garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esa garantía constitucional tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas” (las negrillas nos corresponden), el anterior Tribunal estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento. Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo; por lo que no puede reducírsele su sueldo ni postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine, por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus -interpretación finalista- que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; puesto que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; puesto que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, siendo por consiguiente una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser aplicables a los funcionarios públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.
Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales; es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.
La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año de edad. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos corresponden).
La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo y empleo, a la inamovilidad laboral, la garantía de prioridad e interés superior de su hija menor; toda vez que, en su condición de Secretaria de Despacho del GAMT, hizo conocer su estado de gravidez, al Alcalde del citado Municipio, quien en conocimiento de su embarazo la humilló y emitió una serie de comunicados e instructivos cambiándola de puesto laboral, asignándole diferentes funciones y recargándole de trabajo; poniendo en riesgo su salud y la de su hija en gestación, sin otorgarle medios suficientes para realizar las citadas labores; por lo que dicha autoridad, adoptó medidas de presión y acoso laboral hasta lograr su renuncia forzosa. De acuerdo a los antecedentes, se evidencia que mediante Memorando MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “D” 13/2022 de 1 de febrero, el Alcalde del Gobierno Municipal de Tarabuco, designó a la impetrante de tutela, como Secretaria de Despacho, con un haber mensual de Bs2600 (dos mil seiscientos bolivianos); luego por Memorando Interno de 24 de febrero de 2022, el Alcalde -ahora accionado-, la designó interinamente como Responsable del Manejo de Caja Chica (Conclusión II.1.). Posteriormente, la ahora accionante a través de la nota de 11 de mayo de 2022, hizo conocer al Alcalde del Municipio de Tarabuco, que se encontraba en estado de gestación de dieciocho semanas, adjuntando el carnet prenatal y la ecografía respectiva (Conclusión II.2.); el mismo día por Memorando MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “A” 002/2022 de 11 de mayo, la autoridad -ahora accionado-, comunicó a la impetrante de tutela que a partir de la fecha se prescinde de sus servicios y función como Secretaria de Despacho del citado Municipio, siendo su último día de vinculación laboral la fecha de notificación con el Memorando (Conclusión II.3.); sin embargo, al día siguiente mediante Comunicación Interna MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “C” 003/2022 de 12 de mayo, la autoridad ahora accionada, comunicó a la accionante que a partir de la fecha se le asignó funciones de manera temporal como Apoyo Administrativo en la Administración de Salud del Municipio de Tarabuco, con el mismo sueldo para el que fue contratada como Secretaria de Despacho (Conclusión II.4.). Asimismo, mediante Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022 de 30 de mayo, el Alcalde demandado, instruyó a la impetrante de tutela, realizar levantamiento y corroboración de activos fijos de control de los Centros Infantiles, Puestos de Salud y de Internados en la jurisdicción de Tarabuco (centro poblado y comunidades), en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Social y Unidad de Activos Fijos GAMT. Dicha información debía ser remitida en el plazo improrrogable de diez días hábiles, computables a partir de su legal notificación y en el tema de vehículo tenía que coordinar directamente con el Técnico de Educación Municipal, siendo que sus salidas serían programas según cronograma y ante el incumplimiento sería sancionada conforme lo establece el Reglamento Interno del Persona del GAMT (llamada de atención escrita con sanción económica) (Conclusión II.5.); de igual forma, a través de la Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 020/2022 de 1 de “junio, el referido Alcalde, instruyó a la accionante, realizar levantamiento y corroboración del desayuno escolar en las Unidades Educativas de”: G. Mendieta, Rosalía Vda. de Antezana y Colegio Mixto Aniceto Arce, y que la información debe ser remitida en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación, debiendo remitir las respectivas actas a despacho municipal de Tarabuco. De la misma manera informarle que está en vigencia la Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022, la cual es de cumplimiento obligatorio. Al incumplimiento de la presente, será sancionado conforme establece el Reglamento Interno del Personal del GAMT (llamada de atención escrita con sanción económica). Es así que, mediante nota presentada el 2 de junio de 2022, la ahora accionante presentó las actas del levantamiento y corroboración de la inspección del desayuno escolar de las citadas Unidades Educativas (Conclusión II.6.). Finalmente, por nota recepcionada el 7 de junio de 2022, la peticionante de tutela presentó su carta de renuncia forzosa ante el Alcalde del Municipio de Tarabuco, alegando que si bien goza de inamovilidad laboral por su embarazo, mediante Memorando fue designada al área de salud en la cual se asignaron al área de almacén y tenía que levantar cosas pesadas y debía salir de viajes al área rural donde la carretera es inestable, poniendo en riesgo su salud y la de su bebe, al asignarle trabajos forzosos y dicha presión hizo que renuncie (Conclusión II.7.); la nota, fue respondida mediante nota CITE:MAE/DESP MUN/GAMT 360/2022 de 9 de junio, alegando su rechazo a las aseveraciones expuestas en la carta de renuncia y que son desmentidas mediante prueba documental, testifical y fotografías las cuales haría valer en cualquier acción legal que realice en su contra y aceptó su renuncia por ser una expresión de su voluntad propia, pero rechazando todas las manifestaciones o elementos que señala en la carta (Conclusión II.8.). Ahora bien, ingresando a analizar el fondo de la problemática planteada, es necesario señalar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, abarcando cualquiera sea la característica de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador; ya que el propósito de la citada garantía no solamente es proteger a la madre; sino, también al hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, protegiendo su bienestar económico, psicológico, las prestaciones a la seguridad social, salud e incluso la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, de acuerdo a lo desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
De acuerdo a los antecedentes, la ahora accionante en su condición de Secretaria de Despacho del GAMT, el mismo día que puso en conocimiento del Alcalde ahora accionada, sobre su estado de embarazado de dieciocho semanas adjuntando el carnet prenatal y la ecografía respectiva, la citada autoridad quiso primeramente despedirla mediante Memorando MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “A” 002/2022 de 11 de mayo; sin embargo, al día siguiente le cambió de funciones mediante Comunicación Interna MEM/GAMT/DESPACHO/RRHH “C” 003/2022 de 12 de mayo, como Apoyo Administrativo en la Administración de Salud del Municipio de Tarabuco, con el mismo sueldo para el que fue contratada como Secretaria de Despacho; empero, posteriormente dispuso la asignación de nuevas funciones mediante las Instructivas INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022 y 020/2022, disponiendo que realice levantamiento y corroboración de activos fijos de control de los Centros Infantiles, Puestos de Salud y de Internados en la jurisdicción de Tarabuco (centro poblado y comunidades), teniendo que remitir la información en el plazo improrrogable de diez días hábiles y en el tema de vehículo tenía que coordinar directamente con el Técnico de Educación Municipal y ante el incumplimiento sería sancionada conforme lo establece el Reglamento Interno del Persona del GAMT; asimismo, realizar levantamiento y corroboración del desayuno escolar en las Unidades Educativas de: “G. Mendieta, Rosalía Vda. de Antezana y Colegio Mixto Aniceto Arce” y que la información debe ser remitida en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación, informándosele además que estaba en vigencia la Instructiva INSTR/GAMT/DESPACHO/RRHH “I” 018/2022, la cual es de cumplimiento obligatorio y ante el incumplimiento de la presente, sería sancionada conforme lo prevé el Reglamento Interno del Personal del GAMT; es así que, ante la última instructiva, mediante nota presentada el 2 de junio de 2022, la ahora accionante presentó las actas del levantamiento y corroboración de la inspección del desayuno escolar de las citadas Unidades Educativas. Por lo tanto, de acuerdo a los comunicados e instructivas arbitrarias precedentemente señaladas e impartidas a la ahora accionante, de asignación de nuevas y diferentes funciones tanto en el centro del poblado de Tarabuco y en las comunidades de ese municipio, que obligaban su desplazamiento por carretera y la realización de trabajos físicos, es prueba suficiente que acredita que pusieron en riesgo la salud de la impetrante de tutela y la vida del niño en gestación; asimismo, las múltiples funciones que la autoridad ahora accionada, dispuso para que se cumpla en diez días y veinticuatro horas sabiendo del estado de embarazo de la hoy accionante, constituye una actitud de presión y acoso laboral a la ahora accionante, que le obligó a presentar su carta de renuncia recepcionada el 7 de junio de 2022, alegando que las nuevas funciones le obligaba a levantar cosas pesadas y debía salir de viajes al área rural donde la carretera es inestable, poniendo en riesgo su salud y la de su bebe, al asignarle trabajos forzosos; aspectos que no fueron desvirtuados por la autoridad ahora accionada en su informe. En consecuencia, el Alcalde del Municipio de Tarabuco, no consideró la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1., respecto a la protección reforzada de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo, puesto que gozan de inamovilidad laboral sin que el empleador pueda despedirlas o cualquiera sea la característica de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador; pues el propósito de la citada garantía no solamente es proteger a la madre, sino, también al hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, protegiendo su bienestar económico, psicológico, las prestaciones a la seguridad social, salud e incluso la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo; aspectos que no fueron considerados por la autoridad accionada, al emitir la serie de instrucciones y cambios de funciones sin considerar la situación de la impetrante de tutela, demostrando que existió una presión para que la accionante presente su renuncia que inminentemente no obedece a una decisión voluntaria sino que fue presentada por la presión a la situación laboral en la que se encontraba, poniendo en riesgo su embarazo, salud y bienestar de su bebe que en ese momento estaba en gestación. En consecuencia, se vulneró el derecho al trabajo y empleo, y la garantía de prioridad e interés superior de su hija menor; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada, por inamovilidad laboral, hasta que el niño o niña alcance un año de edad; debiendo reincorporarse a la accionante de acuerdo a lo señalado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el plazo de cinco días hábiles, a un cargo de similares características al que ocupaba e igual remuneración, no siendo posible disponer una restitución al mismo puesto de Secretaria de Despacho debido a las circunstancias que ocurren en presente caso, puesto que existe un proceso penal presentado por parte de la impetrante de tutela en contra de la autoridad accionada; y, respecto a los sueldos devengados, se debe proceder a su cancelación previa constatacion si durante el tiempo que duró la desvinculación la accionante no percibió remuneración alguna del Estado. Finalmente, es imperioso señalar que por las conductas de indisciplina que pudiese tener la hoy accionante, de los cuales la autoridad accionada informó -en la presente acción tutelar-, no se tiene antecedente que haya llegado a sancionarla con destitución en un sumario, caso en el cual, la sanción se cumple en el efecto diferido; es decir, una vez que la hija de la ahora accionante cumpla un año de edad, conforme se razonó en la SCP 0344/2016-S1 de 16 de marzo en el Fundamento Jurídico III.4., señalando lo siguiente: “ Ahora bien, en la problemática de análisis, esto es, la tutela a la inamovilidad laboral de la mujer trabajadora embarazada o madre de un niño menor de un año de edad –extensible al trabajador progenitor en vigencia de la actual Constitución Política del Estado– en los casos en que sean sometidos a proceso previo de destitución, se tiene que indudablemente, el estándar más alto de protección está dado por la SC 1749/2003-R, que establece que en los casos anteriormente citados, si se determina responsabilidad administrativa y se impone como sanción la destitución, si la trabajadora sancionada –o progenitor– se encuentran dentro de los rangos de protección que hacen a la situación de embarazo o porque su hijo o hija sean menores de un año de edad, dicha sanción debe ser postergada en su ejecución y sus efectos hasta que uno u otra cumplan un año de edad, momento en el cual podrá ejecutarse recién la sanción, línea jurisprudencial que si bien ha sido modulada expresamente por la SCP 0076/2012, tomando en cuenta que es precisamente aquélla, la que contiene el estándar más alto de protección, es perfectamente posible reconducir la línea al anterior entendimiento; vale decir, el contenido en la SC 1749/2003-R, determinación que será aplicada para resolver el caso presente”.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 411 a 413 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0906_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 68abced892196faf3a7a244eb96b0e5450b6c45999ee39d3d5a0a67a17619627
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