B.IA.LEGAL

SCP 0903/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de junio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
82076-2026-165-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la educación, al desarrollo integral y reinserción social del adolescente, vinculado al principio de protección reforzada del interés superior, así como al debido proceso en sus componentes tutela judicial efectiva, legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, proporcionalidad, favorabilidad, igualdad y no discriminación; toda vez que, la Sentencia dictada en el proceso penal juvenil seguido en su contra, además de declararlo autor de los delitos de abuso sexual y violación de infante, niña, niño o adolescente, imponiendo la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años, a cumplirse en CENVICRUZ, dispuso expresamente que el tiempo durante el cual permaneció bajo detención domiciliaria en etapa investigativa, se compute a efectos de la medida socioeducativa impuesta; sin embargo, pese a haber estado sometido a control jurisdiccional en este periodo y haber acreditado avances en cuanto a su reinserción social, educativa y familiar: i) El Juez a quo rechazó su solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa, desconociendo el tiempo previamente reconocido de restricción de libertad, librando más bien mandamiento de condena y disponiendo su aprehensión y conducción; y, ii) El Tribunal ad quem confirmó la negativa del inferior en grado, condicionando el reconocimiento de sus derechos y beneficios a formalidades administrativas no atribuibles a su persona como la existencia de un PIEM o el ingreso al centro especializa…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite de la redención de penas y su aplicación al régimen penal juvenil
  2. III.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género
  3. III.3. El cumplimiento efectivo de la condena en delitos de violencia de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0903/2026-S3 Sucre, 15 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 82076-2026-165-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Marco Helsen Suárez Murillo contra Yenny Cortez Baldiviezo y Erick Donoso Zambrana, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de diciembre de 2025 y 14 de enero de 2026, cursantes de fs. 1052 a 1068 vta.; y, fs. 1100 a 1109, respectivamente, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1 Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal juvenil seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de Bárbara Alejandra Castillo Vargas -tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, desde el inicio de la investigación, se sometió voluntariamente al control jurisdiccional, asistiendo a todas las actuaciones procesales y cumpliendo de manera continua la medida de detención domiciliaria dispuesta el 15 de enero de 2021. Posteriormente, mediante Sentencia 02/2022 de 20 de marzo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, lo declaró autor de los delitos de abuso sexual y violación de niña, niño o adolescente, imponiéndole la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años de internamiento en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz” (CENVICRUZ), disponiendo expresamente el descuento de la pena impuesta del tiempo de detención domiciliaria previamente cumplido. Fallo que adquirió ejecutoria mediante Auto Supremo 538/2023-RA de 23 de mayo; sin embargo, entre mayo de 2023 y septiembre de 2025, no se ejecutaron oportunamente los mandamientos de condena y aprehensión, permaneciendo bajo control judicial y cumpliendo detención domiciliaria; durante dicho periodo acreditó avances relevantes de reinserción social, educativa y familiar. A pesar de lo anterior, mediante Autos Interlocutorios 43/2025 y 75/2025 de 30 de septiembre, se dispuso su captura y se rechazó su solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa, desconociendo el tiempo de restricción efectiva de libertad previamente reconocido en la Sentencia condenatoria. Agotada la vía ordinaria con la emisión del Auto de Vista 33/2025 de 28 de noviembre, se vulneraron los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la motivación suficiente e interés superior del adolescente; toda vez que, las autoridades demandadas confirmaron la negativa de computar el tiempo de detención domiciliaria efectivamente cumplido, pese a que la propia Sentencia condenatoria dispuso expresamente su descuento de la sanción impuesta. Asimismo, las autoridades judiciales demandadas, subordinaron el reconocimiento de derechos y beneficios a formalidades administrativas no atribuibles a su persona, tales como la existencia de un Plan Individual de Ejecución de Medida (PIEM) aprobado o el ingreso físico a un centro especializado, desconociendo el prolongado sometimiento al control judicial y la restricción real de su libertad. De igual manera, omitieron valorar los avances acreditados en su proceso de reintegración social, habilitando la ejecución inmediata de medidas coercitivas de internamiento y captura sin un análisis reforzado de proporcionalidad, ni interés superior del adolescente; esta actuación consolidó una afectación desproporcionada a sus derechos a la educación, desarrollo integral, dignidad y proyecto de vida.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la educación, al desarrollo integral y reinserción social del adolescente, vinculado a los principios de protección reforzada del interés superior, así como al debido proceso en sus componentes tutela judicial efectiva, legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, proporcionalidad, favorabilidad, igualdad y no discriminación; citando al efecto, los arts. 14, 17, 22, 23, 54, 59, 60, 115, 116, 117, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se revoque el Auto de Vista 33/2025; b) Se dispongan medidas socioeducativas no privativas de libertad; y, c) Se adopte la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia permanente, mientras se resuelva en el fondo la acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 de febrero de 2026, según consta en acta cursante de fs. 1151 a 1159 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1144 a 1146 vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: 1) El fallo de alzada no lesionó derechos fundamentales, toda vez que los Vocales demandados, resolvieron los agravios planteados mediante una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente, confirmando el rechazo de la solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa por incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 347.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; 2) El Auto de Vista explicó que la redención no constituye un beneficio automático, sino que depende del cumplimiento efectivo de la medida, la evaluación técnica multidisciplinaria y los fines pedagógicos y resocializadores del sistema penal juvenil, particularmente exigentes en delitos sexuales graves; 3) Se reconoció y computó el tiempo de detención domiciliaria efectivamente cumplido bajo control judicial; no obstante, se estableció que no corresponde computar el periodo en el que el adolescente se sustrajo del control estatal, incumplió mandamientos y evitó la ejecución de la sentencia, aclarando además que la detención domiciliaria constituye una medida cautelar distinta al internamiento socioeducativo en CENVICRUZ, cuya finalidad es resocializadora y requiere ejecución material, un PIEM e informes técnicos interdisciplinarios; y, 4) Los certificados académicos, laborales y familiares presentados no son suficientes para habilitar beneficios socioeducativos sin cumplimiento efectivo de la sanción, concluyendo que el Auto de Vista cuestionado resulta razonable, proporcional y conforme a la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente, evidenciando únicamente una discrepancia del accionante con el criterio jurisdiccional adoptado. Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, a través de informe escrito de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1147 a 1150 vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que: i) El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que no se computó correctamente el tiempo cumplido bajo detención domiciliaria; sin embargo, dicho reclamo debió ser planteado mediante acción de libertad y no vía acción de amparo constitucional, conforme a los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y la SCP 0014/2025-S2; ii) De los antecedentes del proceso penal, se evidenció que el mismo contó con medidas sustitutivas desde enero de 2021 y posteriormente fue condenado mediante Sentencia 02/2022, a cinco años de la medida socioeducativa privativa de libertad en régimen de internamiento en CENVICRUZ, disponiendo expresamente que debía descontarse el tiempo de detención domiciliaria; iii) Dicha sentencia fue confirmada mediante Auto de Vista 14/2022 de 28 de junio, adquiriendo ejecutoria luego del rechazo del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 538/2023-RA; iv) En ejecución de sentencia, la autoridad judicial computó a favor del Adolescente con Responsabilidad Penal (ARP) dos años, ocho meses y once días correspondientes al tiempo efectivamente cumplido bajo detención domiciliaria hasta la ejecutoria de la sentencia; no obstante, estableció que posteriormente el condenado se sustrajo del control judicial, no fue habido en su domicilio y evitó la ejecución de la medida socioeducativa, motivo por el cual se emitieron mandamientos de aprehensión, conducción y posteriormente captura, ejecutados en septiembre de 2025; v) El condenado no cumplió los requisitos legales para acceder a la redención ni a la modificación de la medida socioeducativa prevista en el art. 347.II del CNNA; toda vez que, únicamente presentó un certificado de estudios y no el PIEM ni informes técnicos interdisciplinarios exigidos por la normativa especializada; y, vi) Se determinó que la redención tampoco procedía por tratarse de delitos contra la libertad sexual cuya víctima fue una niña, conforme al art. 138 núm. 4 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; en consecuencia, tanto el Auto Interlocutorio 75/2025 como el Auto de Vista 33/2025 se encontraban debidamente fundamentados, motivados y ajustados a derecho, no evidenciándose vulneración de derechos fundamentales sino únicamente disconformidad del accionante con las decisiones jurisdiccionales adoptadas.

I.2.3. Informe del tercero interesado

Bárbara Alejandra Castillo Vargas, madre y representante de la víctima AA, a través de informe escrito presentado el 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1162 a 1164 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) El accionante pretende desnaturalizar el sistema penal para adolescentes y burlar una sentencia firme y ejecutoriada, equiparando indebidamente la detención domiciliaria de naturaleza cautelar con el cumplimiento de una medida socioeducativa de internamiento, desconociendo el principio de especialidad previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente; b) La medida socioeducativa impuesta tiene finalidad pedagógica, terapéutica y de reintegración social, la cual únicamente puede cumplirse dentro de un centro especializado como CENVICRUZ mediante seguimiento interdisciplinario, extremo que nunca ocurrió debido a que el accionante se sustrajo de la ejecución de la sentencia; c) La inexistencia del PIEM no es atribuible al Estado, sino al propio accionante, quien evitó el cumplimiento de la medida, siendo que dicho instrumento solo puede elaborarse una vez producido el ingreso efectivo al centro especializado; d) La redención solicitada resulta improcedente, incluso bajo aplicación supletoria de la Ley de Ejecución Penal y Seguimiento, debido a la prohibición expresa contenida en su art. 138. inc. 4) para delitos de violación contra menores de edad; e) Los estudios universitarios realizados por el accionante no sustituyen el cumplimiento material de la sanción ni acreditan reintegración social conforme a el Código Niña, Niño Adolescente; f) Debe ponderarse el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y a la protección reforzada prevista por el art. 60 de la CPE; puesto que, conceder los beneficios solicitados generaría impunidad y revictimización; g) La decisión judicial de traslado al Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, se ajusta al art. 345.II del CNNA, considerando que el accionante cuenta actualmente con veintiséis años y no puede permanecer en un centro especializado para adolescentes; y, h) El accionante pretende utilizar el amparo constitucional como una instancia de revisión de la legalidad ordinaria, sin demostrar lesión constitucional alguna, destacando que las autoridades demandadas actuaron conforme al Código Niña, Niño y Adolescente y a la referida Sentencia ejecutoriada. 1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 33/2025 y se emita un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos establecidos. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El cómputo del tiempo de la detención domiciliaria debía efectuarse a partir de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de la restricción de libertad aplicada al accionante; 2) El accionante no fue debidamente notificado con la ejecución de la Sentencia ni convocado a audiencia previa para considerar la modificación de las medidas socioeducativas, vulnerándose su derecho a ser escuchado; 3) Las autoridades demandadas no aplicaron adecuadamente las normas y principios que rigen la justicia penal juvenil, particularmente aquellos vinculados al interés superior del adolescente y a la excepcionalidad de la privación de libertad; en cuyo marco, correspondía privilegiar la libertad del adolescente frente a la imposición de medidas socioeducativas privativas de libertad, conforme a los estándares previstos en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 4) Los elementos probatorios valorados resultaban insuficientes para afirmar que el accionante se alejó sustancialmente de las medidas socioeducativas que venía cumpliendo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-0003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren derechos fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en trámite pendiente de sorteo, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 15 de enero de 2021, dentro del proceso penal seguido contra Marco Helsen Suárez Murillo -accionante- por la comisión de los delitos de abuso sexual, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Tarija, impuso al procesado las siguientes medidas cautelares: “1) La obligación de permanecer en su propio domicilio con la garantía de sus padres en la ciudad de Santa Cruz en el domicilio ubicado en Santa Fe Barrio Nueva Jerusalén N 32 B007 MZ 020 Zona norte entre Séptimo y Octavo Anillo de la ciudad de Santa Cruz; 2) Obligación de someterse bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres; y, 3) La prohibición de comunicarse con la víctima con la familia de la misma, con el padre de la víctima y familiares de la misma, asimismo se ordena el Arraigo Departamental y Nacional debiendo la Defensa Técnica del adolescente presentar el trámite del Arraigo en el plazo de 3 días” (sic [fs. 283 a 286]). II.2. Cursa Sentencia 02/2022 de 29 de marzo, emitida por Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija -Jueza demandada-, declarando al accionante autor de los delitos de abuso sexual y violación de infante, niño, niña o adolescente, imponiendo la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años, a cumplirse en CENVICRUZ;

asimismo, dispuso que el tiempo transcurrido en detención domiciliaria se compute a efectos de la medida dispuesta, encomendando a dicho centro la realización del PIEM a efectos de verificar el lugar de su cumplimiento dada su mayoría de edad, así como el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa por el tiempo de seis meses (fs. 642 a 652 vta.). II.3. Cursa el Auto de Vista 14/2022 de 28 de junio, dictado por la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declarando sin lugar el recurso de apelación restringida formulado por Marco Antonio Suárez Medina, padre del entonces adolescente con responsabilidad penal, hoy accionante (fs. 778 a 789 vta.); asimismo, cursa el Decreto de 21 de julio de 2022, emitido por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, disponiendo el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de alzada y en consecuencia, se libró Mandamiento de Condena Bajo Medida Socioeducativa de Régimen de Internamiento 01/2022 por el término de cinco años, debiendo descontarse el tiempo de la detención domiciliaria hasta la ejecutoria de mandamiento, y encontrándose el procesado, bajo detención domiciliara, Mandamiento de Aprehensión, para que sea conducido a CENVICRUZ (fs. 795 a 797). II.4. Consta Auto Interlocutorio 01/2022 de 29 de julio; mediante el cual, la referida Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera, amparada en la previsión del art. 274.II núm. 2 del Código Procesal Civil (CPC), rechazó el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Suárez Medina, en representación del accionante (fs. 849 a 850 vta.). II.5. El 5 de octubre de 2022, Beatriz Solíz Tórrez, Fiscal de Materia, requirió al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, designe un funcionario para ejecutar el referido Mandamiento de Condena 01/2022 (fs. 897). II.6. Se tiene la Resolución 132 de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, concediendo la tutela solicitada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta también por el hoy accionante contra los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, tutela que dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 01/2022 impugnado y la remisión de antecedentes ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que este se pronuncie sobre la admisibilidad o no del recurso de casación planteado por la defensa del procesado (fs. 958 vta. a 963 vta.).

II.7. El 12 de enero de 2023, Lizzie Mónica Riera Sorich, Fiscal de Materia, emitió Requerimiento Fiscal dirigido al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, con el fin de que informe respecto al cumplimiento de lo requerido el 5 de octubre de 2022 (fs. 940). II.8. Cursa Informe de 27 de febrero de 2023, realizado por la secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, en el que refiere que, hasta aquella fecha no se presentaron informes respecto del seguimiento realizado sobre el ARP, hoy accionante (fs. 925 vta.). II.9. Consta el Auto Supremo 538/2023 de 23 de mayo, dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró la improcedencia del recurso de casación interpuesto por el accionante en virtud a lo establecido por el art. 315.IX del CNNA y la incompetencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer materia de niñez y adolescencia; razón por la cual, se ordenó la devolución de antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. II.10.Cursa providencia de 26 de septiembre de 2023, emitida por la Jueza demandada, a través de la cual en mérito a la emisión del Auto Supremo 538/2023, dispuso “una vez más” el cumplimiento de la Sentencia 02/2022, notificada a los sujetos procesales el 27 de igual mes y año (fs. 995 a 999). II.11.Se tiene memorial de excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de 28 de septiembre de 2023, formulado por el accionante y resuelto a través de Auto Interlocutorio de 2 de octubre del mismo año, en el que la Jueza demandada, rechazó in limine la excepción por considerarla manifiestamente dilatoria (fs. 1004 a 1012). II.12.Consta el Auto Interlocutorio 75/2025 de 30 de septiembre, mediante el cual la Juez demandada resolvió el incidente de convalidación a la detención domiciliaria, redención de pena y modificación de media socioeducativa, reconociendo en favor del accionante el periodo de dos años, ochos meses y once días, como parte cumplida de la medida socioeducativa impuesta en la Sentencia 02/2022; asimismo, rechazó su solicitud de redención por ser manifiestamente improcedente y declaró no ha lugar la modificación de medida socio educativa, al no haber cumplido los requisitos establecidos en el art. 347.II del CNNA (fs. 1086 a 1099). II.13.Cursa Auto de Vista 33/2025 de 28 de noviembre, emitido por los Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -Vocales demandados-, declarando sin lugar la apelación formulada por el accionante y confirmando el Auto Interlocutorio 75/2025 (fs. 1034 y 1051).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la educación, al desarrollo integral y reinserción social del adolescente, vinculado al principio de protección reforzada del interés superior, así como al debido proceso en sus componentes tutela judicial efectiva, legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, proporcionalidad, favorabilidad, igualdad y no discriminación; toda vez que, la Sentencia dictada en el proceso penal juvenil seguido en su contra, además de declararlo autor de los delitos de abuso sexual y violación de infante, niña, niño o adolescente, imponiendo la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años, a cumplirse en CENVICRUZ, dispuso expresamente que el tiempo durante el cual permaneció bajo detención domiciliaria en etapa investigativa, se compute a efectos de la medida socioeducativa impuesta; sin embargo, pese a haber estado sometido a control jurisdiccional en este periodo y haber acreditado avances en cuanto a su reinserción social, educativa y familiar: i) El Juez a quo rechazó su solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa, desconociendo el tiempo previamente reconocido de restricción de libertad, librando más bien mandamiento de condena y disponiendo su aprehensión y conducción; y, ii) El Tribunal ad quem confirmó la negativa del inferior en grado, condicionando el reconocimiento de sus derechos y beneficios a formalidades administrativas no atribuibles a su persona como la existencia de un PIEM o el ingreso al centro especializado, desconociendo del mismo modo el prolongado sometimiento al control judicial durante la restricción a su libertad y omitiendo valorar los avances acreditados, validando la ejecución inmediata de las medidas coercitivas dictadas por el Juez a quo sin un análisis reforzado de proporcionalidad. Conforme a lo anterior, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el trámite de la redención de penas y su aplicación al régimen penal juvenil

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0459/2025-S4 de 13 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:

[D]e acuerdo al marco constitucional y del bloque de constitucionalidad expuestos y la normativa descrita, el beneficio de la redención de penas por trabajo y estudio se constituye en un derecho de todo interno en una doble dimensión, derecho subjetivo individual y elemento esencial de reeducación y reinserción social; dada su naturaleza jurídica no es un derecho que se pueda exigir o acceder de manera inmediata y automática, sino su acceso está subordinado al cumplimiento de las condiciones legales establecidas, es decir es un derecho de aplicación progresiva. En este sentido, si bien el tiempo de duración de privación de libertad fue legalmente impuesto por autoridad competente dentro de un proceso penal concluido con sentencia ejecutoriada; todo interno puede acceder al beneficio de la redención mediante la realización de actividades tendientes a su resocialización sean estas laborales o de estudio, en busca de la rebaja de la pena que se le impuso, ello en reconocimiento y contraprestación a su esfuerzo, por lo que, el Juez de Ejecución Penal que tenga el conocimiento de las causa será el encargado de determinar la otorgación o no del referido beneficio de Redención, previa valoración que efectúe a los elementos existentes en cada caso concreto y de darse la concesión de dicho beneficio, la autoridad competente es quien deberá disponer la libertad del interno beneficiado ante el cumplimiento anticipado de una condena. …Por su parte, la CIDH, en el caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala señaló que: ‘(…) en lo referente a las respectivas competencias de los jueces de ejecución, está claro que éstos debían resolver las incidencias que se suscitaran durante el cumplimiento de la pena, cuya ejecución, mantenimiento de la legalidad ‘y todo lo que a ellas se relacione’ tenían a su cargo, así como velar por la salvaguarda de los derechos de los condenados ‘frente a abusos de la administración’ y ‘controlar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario’. En particular, entre otras funciones, podían resolver los incidentes relativos a la ejecución, libertad anticipada y ‘todos aquellos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario’, ‘teniendo siempre en cuenta los derechos de los condenados’ Consiguientemente, la consideración y tratamiento de este beneficio deberá estar supeditado además de las reglas para su procedencia, a los principios y garantías del debido proceso, de conformidad con la normativa procesal aplicable, la Constitución Política del Estado y los tratados parte del bloque de constitucionalidad, asumiendo convencionalmente el criterio de la CIDH, de que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidos en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” A tal entendimiento, debemos añadir, las modificaciones efectuadas por la Ley 1173, al art. 138 de la LEPS, concerniente justamente a la redención de la pena, que estipula que: “La o el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un (1) día de pena por dos (2) días de trabajo o estudio. (…) A efectos de la redención, la o el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario, independientemente de su situación jurídica…” (énfasis agregado).

Ahora bien, a partir de una interpretación sistemática, teleológica y especializada del régimen penal juvenil previsto en la Ley 548, es necesario precisar que, las disposiciones normativas del instituto de la redención previsto en el art. 138 de la LEPS, modificado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1173, no resultan automáticamente aplicables a la ejecución de medidas socioeducativas impuestas a adolescentes con responsabilidad penal, en principio debido a la naturaleza jurídica de estas últimas, las cuales difieren sustancialmente de las penas privativas de libertad del sistema penal ordinario. En efecto, la Ley 548 estructura un sistema especializado de justicia penal sustentado en principios de protección integral, interés superior, reintegración familiar y social, mínima intervención y finalidad predominantemente educativa antes que retributiva. En consecuencia, conforme a la previsión del art. 322.I de la mencionada Ley, las medidas socioeducativas no constituyen propiamente penas en sentido estricto, sino mecanismos pedagógicos y restaurativos orientados a la reintegración del adolescente que circunstancialmente tuvo o tiene un conflicto con la Ley penal. Asimismo, téngase en cuenta que la redención en el marco del mencionado art. 138 de la LEPS, no es aplicable al régimen de justicia penal para adolescentes; puesto que, fue diseñada por el legislador ordinario para la aplicación sobre “internos” sometidos al régimen penitenciario ordinario y vinculada al sistema progresivo penitenciario regulado en los arts. 157 y siguientes de la misma Ley. En cambio, la ejecución de medidas socioeducativas que se cumplen con restricción de libertad, según los arts. 324 y siguientes de la Ley 548, posee regulación autónoma, autoridades especializadas, centros diferenciados, criterios propios de evaluación y seguimiento, así como parámetros diferenciados de ejecución de las medidas socioeducativas, lo que impide una aplicación automática o extensiva de institutos penitenciarios comunes como la redención. Criterios que responden a la doctrina de especialización de la justicia penal juvenil, la cual establece que las reglas del sistema penal para adultos no pueden aplicarse de manera extensiva al régimen juvenil, precisamente porque este último tiene como fuente estándares internacionales diferenciados como la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de la Habana. Instrumentos normativos internacionales en materia de derechos humanos que delimitan un marco jurídico convencional que condiciona toda privación de libertad de adolescentes a una finalidad educativa y aplicada por el tiempo más breve posible, bajo controles permanentes de proporcionalidad y excepcionalidad.

En este contexto, si bien la doctrina penal admite la aplicación de una norma por analogía cuando existe un vacío normativo y ello beneficie al privado de libertad, permitiendo así extender la solución prevista para un caso específico, esta posibilidad no está expresamente reconocida por la Ley 548 ni por la jurisprudencia constitucional en el caso de las medidas socioeducativas que se cumplen con privación de libertad. Por el contrario, el diseño normativo evidencia que el legislador ordinario optó por un sistema autónomo de ejecución de medidas socioeducativas, distinto al régimen penitenciario común. En consecuencia, desde una interpretación basada en el principio de especialidad normativa conforme al art. 60 de la CPE, el instituto de la redención previsto en el art. 138 de la LEPS, no resulta directamente aplicable a la ejecución de medidas socioeducativas previstas en la Ley 548.

III.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

Sobre esta temática la citada SCP 0017/2019-S2, señala: La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia: …constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la

familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:

i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].

iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.

iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente” (las negrillas nos corresponden).

III.3. El cumplimiento efectivo de la condena en delitos de violencia de género

Con relación al cumplimiento efectivo de la condena en delitos de violencia por razón de género, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0140/2021-S1 de 8 de junio, estableció el siguiente razonamiento:

“En lo que atañe al deber del Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), en la Recomendación 19, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Asimismo, el mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. En ese marco, las decisiones judiciales adoptadas en fase de ejecución de las condenas por violencia en razón de género, también deben ser asumidas con enfoque de género; y en cumplimiento a la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para la efectiva sanción de los hechos de violencia y garantizar el derecho de las mujeres y particularmente de las víctimas a una vida libre de violencia; lo cual implica que, la autoridad judicial que conozca del incidente de libertad condicional no puede limitarse a verificar los requisitos previstos en la normativa procesal penal, sino, en el marco del bloque de constitucionalidad, está en el deber de ponderar los derechos de la víctima con la del condenado, actuando con la debida diligencia en lo que concierne a la efectiva sanción de los hechos de violación” (el resaltado y subrayado es añadido).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la educación, al desarrollo integral y reinserción social del adolescente, al principio de protección reforzada del interés superior, así como al debido proceso en sus componentes tutela judicial efectiva, legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, proporcionalidad, favorabilidad, igualdad y no discriminación; argumentando que, la Sentencia dictada en el proceso penal juvenil seguido en su contra, además de declararlo autor de los delitos de abuso sexual y violación de niña, niño o adolescente, imponiendo la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años, a cumplirse en el Centro de Reintegración CENVICRUZ, dispuso expresamente que el tiempo durante el cual permaneció bajo detención domiciliaria en etapa investigativa, se compute a efectos de la medida socioeducativa impuesta; sin embargo, pese a haber estado sometido a control jurisdiccional en este periodo y haber acreditado avances en cuanto a su reinserción social, educativa y familiar: a) El Juez a quo rechazó su solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa, desconociendo el tiempo previamente reconocido de restricción de libertad, librando más bien mandamiento de condena y disponiendo su aprehensión y conducción; y, b) El Tribunal ad quem confirmó la negativa del inferior en grado, condicionando el reconocimiento de sus derechos y beneficios a formalidades administrativas no atribuibles a su persona como la existencia de un PIEM o el ingreso al centro especializado, desconociendo del mismo modo el prolongado sometimiento al control judicial durante la restricción a su libertad y omitiendo valorar los avances acreditados, validando la ejecución inmediata de las medidas coercitivas dictadas por el Juez a quo sin un análisis reforzado de proporcionalidad.

De la revisión de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se advierte que en el proceso penal seguido contra el accionante por un hecho suscitado cuando este contaba con diecisiete años de edad y la víctima siete, existiendo además una relación de parentesco al ser su tío paterno, mediante Sentencia 02/2022 de 29 de marzo, dictada por Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija -Jueza demandada-, fue declarado autor de los delitos de abuso sexual y violación de niño, niña o adolescente, imponiéndosele la medida socioeducativa de privación de libertad por el lapso de cinco años, a cumplirse en el centro de reintegración social CENVICRUZ; asimismo, se dispuso que el tiempo transcurrido en detención domiciliaria sea computado a efectos del cumplimiento de la medida impuesta, encomendando a dicho centro la realización del Plan Individual de Ejecución de la Medida (PIEM), a fin de verificar el lugar de su cumplimiento de la sanción en consideración a su mayoría de edad, así como el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa por el tiempo de seis meses (Conclusión II.2). En ejecución de sentencia, luego de que en alzada fuera confirmada la Sentencia 02/2022 mediante Auto de Vista 14/2022, la mencionada Juez a quo mediante Decreto de 21 de julio de 2022, dispuso la emisión de mandamiento de condena para el cumplimiento de la medida socioeducativa de régimen de internamiento por el término de cinco años, debiendo descontarse el tiempo de la detención domiciliaria hasta la ejecutoria de mandamiento; asimismo, al encontrarse el procesado bajo detención domiciliara, se libró Mandamiento de Aprehensión, para que sea conducido a CENVICRUZ; posteriormente, se emitieron los requerimientos fiscales de 5 de octubre de 2022 y 12 de enero de 2023, orientados al cumplimiento de la referida determinación judicial, informando el 27 de febrero de 2023, la Secretaria el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, que hasta aquella fecha no se presentaron informes respecto del seguimiento realizado sobre el ARP (Conclusiones II.3, 5, 7 y 8). En tal sentido, cursa en obrados la Resolución 182 de 24 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta también por el hoy impetrante de tutela contra los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, concediendo tutela y disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 01/2022; ante lo cual, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 538/2023, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la procesado contra el Auto de Vista 14/2022 y ordenó la devolución de la causa a su distrito judicial de origen, razón por la que la Juez a quo, mediante providencia de 26 de septiembre de 2023, dispuso el cumplimiento de lo resuelto en Sentencia 02/2022 (Conclusiones II.4, 6, 9 y 10). Posteriormente, el solicitante de tutela promovió excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, esta fue rechazada in límine mediante Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2023, por considerarse manifiestamente dilatoria (Conclusión II.11). Finalmente, en audiencia de 30 de septiembre de 2025 se resolvió el incidente de convalidación de detención domiciliaria, redención de pena y modificación de medida socioeducativa, emitiéndose el Auto Interlocutorio 75/2025 de 30 de septiembre, mediante el cual se reconoció en favor del accionante dos años, ocho meses y once días como parte cumplida de la medida socioeducativa, tiempo computado desde la imposición de la medida de detención domiciliaria mediante Auto Interlocutorio de 15 de enero de 2021, hasta la ejecutoria de la Sentencia dispuesta mediante providencia de 26 de septiembre de 2023; asimismo, se rechazó la solicitud de redención y la modificación de la medida por incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 347.II del CNNA, decisión posteriormente confirmada por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista 33/2025 (Conclusiones II.1, 12 y 13). Dadas las características de la causa, corresponde efectuar un análisis o enfoque integral, considerando no solo los derechos invocados por el accionante en su condición de adolescente infractor de diecisiete años al momento de la comisión del hecho, sino también los derechos fundamentales de la víctima quien en el caso concreto es una niña, en el marco de las obligaciones del Estado frente a hechos de violencia sexual contra mujeres menores de edad, ponderando los derechos y principios constitucionales en conflicto.

Bajo tales entendimientos, se aclara que, si bien el accionante denunció como acto lesivo el Auto Interlocutorio 75/2025, dictado por la Juez Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la capital del departamento de Tarija, mediante el cual resolvió el incidente de convalidación a la detención domiciliaria, redención de pena y modificación de media socioeducativa, en aplicación del principio de subsidiariedad que rige las acciones de amparo constitucional conforme prevén los arts. 129.I de la CPE y 54.I del CPCo, este Tribunal considerará y se pronunciará únicamente sobre el Auto de Vista 33/2025, dictado por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante el cual se confirmó el referido Auto Interlocutorio.

Aclarado lo anterior, se tiene que los Vocales demandados fundaron su determinación de confirmar la decisión de la Juez a quo, sobre la base del principio de especialidad de la norma aplicable al sistema penal para adolescentes; argumentando que: 1) Según el alcance y aplicación de los arts. 344 y 347 del CNNA, en el caso del sindicado no se cumplen los requisitos para la modificación o sustitución de la medida socioeducativa privativa de libertad impuesta —que el delito cometido no revista de gravedad, la conducta del procesado lo amerite de acuerdo a su plan individual, que medie informe de evaluación psicosocial, tomando en cuenta la recomendación del equipo interdisciplinario de que el último año del régimen cerrado se cumpla en régimen semiabierto o en libertad asistida—; puesto que, el procesado no ingresó al Centro de Reintegración CENVICRUZ conforme lo ordenó la Sentencia, no se encuentra en el último año de la “pena impuesta” y, por los delitos acusados de abuso sexual y violación, cometidos contra una niña de siete años, deben ser ponderados los derechos de esta última sobre los del adolescente con responsabilidad penal, conforme prevén los arts. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 2) Es correcta la decisión de la Juez a quo de computar como parte de la “pena” el tiempo que el adolescente estuvo con detención domiciliaria desde el 15 de enero de 2021 —fecha en la cual se impuso la medida cautelar de permanecer en su domicilio con la garantía de sus padres— hasta el 26 de septiembre de 2023 —fecha en la que se ordenó que se cumpla la Sentencia—, haciendo un total de dos años, ocho meses y once días; aclarando que, a partir de esta última fecha el adolescente pasó de ser “detenido preventivo” a “sancionado”, desde lo cual no pudo ser habido, teniendo que procederse a su búsqueda, a efectos de ejecutar los mandamientos de condena y aprehensión en su contra; por lo que, este tiempo de ocultamiento no corresponde sea computado como parte del cumplimiento de la condena de cinco años impuesta en Sentencia, cuya ejecutoria era de conocimiento del procesado quien en su momento planteó recurso de casación y una acción de amparo constitucional, debiendo en todo caso dicho cálculo ser el resultado de la sumatoria del tiempo en detención domiciliaria más el tiempo en el centro de reintegración social, una vez hallado y puesto a disposición judicial; 3) La redención solicitada no procede, en razón a que, el sistema penal para adolescentes no se centra en la pena que es propia del régimen penal para adultos, sino en la educación, reorientación y reintegración social del adolescente, respetando su interés superior y su condición de persona en desarrollo; 4) No podría acceder a este beneficio, es decir, redimir la medida socioeducativa por medio de su participación regular en programas de trabajo o estudio dentro de los Centros de Reintegración Social, pues estos son verificables a través de informes de estos último y no con una certificación universitaria a la que supuestamente asistió el adolescente con responsabilidad penal; 5) No corresponde la aplicación de este beneficio, toda vez que el adolescente con responsabilidad penal no se encuentra cumpliendo su “condena” en el Centro de Reintegración CENVICRUZ, lo cual impide la modificación de la medida socioeducativa impuesta; y, 6) El art. 138 de la LEPS, establece exclusiones específicas para los delitos de extrema gravedad, cuyo principio se extiende al sistema penal para adolescentes, en cuanto a la prohibición de este beneficio para condenados por violación a menores de edad, como ocurre en el caso de autos, prohibición basada en el principio de máxima protección de la niño, niño o adolescente víctima consagrado en la Ley 548. En tal sentido, se pasa a analizar las supuestas lesiones, a efectos de establecer si se cumplieron los estándares de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el marco del bloque de constitucionalidad.

III.4.1. Del cómputo del tiempo de detención domiciliaria y la denuncia de lesión al derecho a la libertad personal

Este Tribunal ha sido claro en su reiterada jurisprudencia al establecer que, las medidas socioeducativas privativas de libertad previstas en la Ley 548 responden a una finalidad eminentemente educativa, restaurativa y resocializadora, razón por la cual su ejecución se encuentra sometida a reglas especiales sometidas distintas a las que rigen el sistema penal ordinario. En el caso analizado, se advierte que el hoy accionante fue declarado autor de los delitos de abuso sexual y violación de niña, niño o adolescente mediante Sentencia 02/2022, imponiéndosele la medida socioeducativa de privación de libertad por el lapso de cinco años, disponiéndose además que el tiempo transcurrido bajo detención domiciliaria sea computado a efectos de su cumplimiento. Posteriormente, la referida Sentencia fue confirmada mediante Auto de Vista 14/2022; no obstante, la ejecución de la medida socioeducativa no pudo materializarse inmediatamente debido a las actuaciones procesales promovidas por la defensa del entonces adolescente con responsabilidad penal, las cuales derivaron en la remisión de antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, que finalmente emitió el Auto Supremo 538/2023, disponiendo la devolución de obrados al Juzgado de origen. En mérito a lo anterior, mediante providencia de 26 de septiembre de 2023, la Juez de la causa dispuso el cumplimiento de la Sentencia 02/2022; posteriormente, al resolverse el incidente de convalidación de detención domiciliaria, redención y modificación de medida socioeducativa, se reconoció en favor del accionante el tiempo comprendido entre el 15 de enero de 2021 y el 26 de septiembre de 2023, equivalente a dos años, ocho meses y once días, como parte cumplida de la medida socioeducativa impuesta. Bajo dicho entendimiento, corresponde precisar que la controversia constitucional no se encuentra vinculada a la existencia o no de una sentencia condenatoria ejecutoriada, ni a la validez de la medida socioeducativa impuesta. El objeto de análisis se circunscribe a determinar si los Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ahora demandados, vulneraron derechos fundamentales al declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por el accionante y confirmar el Auto Interlocutorio 75/2025. Dicha decisión reconoció a favor del accionante el periodo de dos años, ocho meses y once días como parte cumplida de la medida socioeducativa impuesta mediante Sentencia 02/2022, en razón de la convalidación de la detención domiciliaria; sin embargo, rechazó la solicitud de redención por considerarla manifiestamente improcedente y declaró no haber lugar a la modificación de la medida socioeducativa, al estimar incumplidos los requisitos previstos en el art. 347.II del CNNA. En ese contexto, corresponde establecer si la decisión de computar únicamente el periodo durante el cual existió una restricción efectiva de libertad bajo control jurisdiccional resulta lesiva a los derechos fundamentales invocados por el accionante.

III.4.2. De la improcedencia de la solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa

Al respecto, este Tribunal advierte que la decisión asumida por las autoridades de alzada resulta razonable y compatible con la normativa especializada prevista por el sistema penal para adolescentes, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y, el cumplimiento efectivo de las condenas, tratándose de delitos de violencia de género, glosados en el Fundamentos Jurídico III.1 y 3 del presente fallo constitucional; en efecto, el cómputo reconocido contempló todo el periodo durante el cual el accionante permaneció sometido a detención domiciliaria bajo supervisión judicial, inclusive considerando el tiempo transcurrido mientras se sustanciaban las actuaciones procesales posteriores al Auto de Vista 14/2022. Sin embargo, una vez dispuesta la ejecución de la Sentencia mediante providencia de 26 de septiembre de 2023, la situación jurídica del accionante dejó de corresponder a la de una persona sometida a medida cautelar, transitando a la fase de ejecución de la medida socioeducativa privativa de libertad. En consecuencia, el cumplimiento de dicha medida exigía su efectiva incorporación al régimen especializado previsto por la Ley 548. En este punto resulta necesario diferenciar la convalidación del tiempo de detención domiciliaria del cumplimiento efectivo de la medida socioeducativa. Si bien la Sentencia dispuso que el periodo de restricción cautelar fuese reconocido a efectos del cómputo de la sanción, ello no significa que el tiempo posterior a la ejecutoria de la condena pueda computarse automáticamente como cumplimiento material de la medida socioeducativa de internación. Ello debido a que las medidas socioeducativas no persiguen únicamente una restricción física de libertad, sino la implementación de mecanismos pedagógicos, terapéuticos y restaurativos destinados a la reinserción social del adolescente con responsabilidad penal, objetivos que se materializan mediante la ejecución del PIEM y la intervención del equipo interdisciplinario correspondiente. Precisamente por esta razón, el art. 347.II del CNNA condiciona la modificación de la medida socioeducativa privativa de libertad al cumplimiento concurrente de determinados presupuestos, entre ellos la evaluación de la conducta del adolescente y el cumplimiento de su plan individual. De los antecedentes examinados se evidencia que el accionante no fue incorporado al régimen de internación previsto en la Sentencia ni llegó a ejecutarse materialmente el PIEM. En consecuencia, no existieron elementos técnicos objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de los fines socioeducativos de la medida ni verificar los presupuestos exigidos por el art. 347.II de la Ley 548. Asimismo, corresponde señalar que la modificación prevista por dicha disposición legal procede únicamente respecto del último año de cumplimiento de la medida socioeducativa privativa de libertad, extremo que tampoco ocurre en el caso analizado. Por otra parte, las autoridades demandadas también confirmaron el rechazo de la solicitud de redención planteada por el accionante. Sobre este punto, resulta evidente que la determinación asumida tampoco constituye una actuación arbitraria, toda vez que el instituto de la redención regulado por el art. 138 de la LEPS, forma parte del régimen penitenciario ordinario y responde a una lógica distinta a la que estructura el sistema penal para adolescentes. En tal sentido, la aplicación de institutos propios del sistema penitenciario de adultos debe efectuarse de manera restrictiva cuando su incorporación implique desnaturalizar los fines específicos del sistema penal juvenil, caracterizado por su orientación pedagógica, restaurativa y resocializadora. Este entendimiento resulta consistente con la línea jurisprudencia desarrollada por la SCP 0459/2025-S4 de 13 de mayo, la cual reconoció que la redención constituye un derecho de aplicación progresiva vinculado al régimen penitenciario ordinario y al cumplimiento de actividades de trabajo o estudio dentro de recintos penitenciarios, cuya consideración corresponde a la autoridad de ejecución penal competente. No obstante, la misma jurisprudencia permite advertir que dicho instituto fue diseñado para personas sometidas al sistema penitenciario común y no para adolescentes con responsabilidad penal sometidos al régimen especializado previsto por la Ley 548; en efecto, las medidas socioeducativas poseen naturaleza jurídica distinta a las penas privativas de libertad ordinarias, pues responden a una finalidad predominantemente educativa, restaurativa y resocializadora, ejecutadas mediante mecanismos propios, autoridades especializadas y parámetros diferenciados de seguimiento y evaluación. Consecuentemente, desde una interpretación sistemática del principio de especialidad, reconocido por el art. 60 de la CPE y desarrollado por la normativa especializada de protección integral de niñas, niños y adolescentes, no resulta jurídicamente viable trasladar de manera automática al sistema penal juvenil instituciones diseñadas para el régimen penitenciario de adultos, cuando ello implique desconocer la estructura y finalidad específica de las medidas socioeducativas. Asimismo, corresponde considerar que el caso involucra un hecho de violencia sexual cometido contra una niña que en el momento del hecho contaba con siete años de edad, supuesto que activa obligaciones reforzadas de protección estatal como la debida diligencia, derivadas de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme fue explicado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en los casos Fernández Ortega y otros vs. México y Rosendo Cantú y otra vs. México, estableció que la violencia sexual es una afectación particularmente grave a la dignidad humana, generando para los Estados obligaciones reforzadas de investigación, sanción y reparación efectiva. Asimismo, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua, la Corte IDH sostuvo que, tratándose de niñas víctimas de violencia sexual, el deber estatal de debida diligencia adquiere una intensidad reforzada orientada a evitar escenarios de impunidad y revictimización.

Por ello, las autoridades demandadas se encontraban obligadas a ponderar no solamente los derechos invocados por el accionante, sino también los derechos de la víctima a la protección reforzada, a la tutela judicial efectiva y a una respuesta estatal efectiva frente a hechos de violencia sexual, dada su vulnerabilidad y la naturaleza del hecho sancionado. En este contexto, este Tribunal concluye que la decisión asumida por los Vocales demandados no resulta arbitraria, irrazonable ni desproporcionada, sino que responde a una interpretación compatible con la finalidad del sistema penal para adolescentes y con los deberes reforzados de protección que el Estado tiene respecto de niñas víctimas de violencia sexual.

III.4.3. De la denuncia de lesión de derechos en concreto

Bajo las premisas glosadas en los acápites previos e ingresando al análisis de los derechos denunciados como vulnerados, se tiene que: Respecto al derecho a la libertad, su restricción deriva del cumplimiento de una medida socioeducativa impuesta mediante sentencia ejecutoriada, circunstancia que excluye la existencia de una afectación arbitraria. Con relación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus componentes legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, se advierte que el Auto de Vista 33/2025 contiene la fundamentación suficiente, expone las razones jurídicas de la decisión adoptada y se sustenta en antecedentes objetivos y verificables. En cuanto al derecho a la educación, al desarrollo integral y la reinserción social, corresponde señalar que la propia finalidad de la medida socioeducativa se encuentra orientada precisamente a garantizar dichos objetivos mediante la ejecución del PIEM y la intervención interdisciplinaria prevista por la Ley 548. De igual manera, no se advierte afectación a la dignidad humana, toda vez que las decisiones cuestionadas se enmarcan en el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente dentro del sistema especializado de responsabilidad penal adolescente. Tampoco se evidencia vulneración de los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación, puesto que el accionante fue sometido al mismo régimen jurídico especial aplicable a toda persona procesada por hechos cometidos durante la adolescencia, sin que se advierta trato diferenciado injustificado o arbitrario.

En cuanto al principio de interés superior de la niñez y adolescencia, este Tribunal advierte que, durante la sustanciación del proceso contra el entonces adolescente en conflicto con la Ley penal, se aplicó la normativa especializada en la materia, resguardando los derechos y garantías del procesado -hoy accionante-, pero también los de la víctima, quien actualmente es menor de edad; consiguientemente, no se evidencia lesión al principio invocado. Finalmente, debe recordarse que la jurisdicción constitucional no puede sustituir a las autoridades de la jurisdicción ordinaria encargadas de la ejecución de medidas socioeducativa ni redefinir el cómputo efectuado por estas cuando no se evidencia arbitrariedad manifiesta o lesión efectiva de derechos fundamentales, supuesto que no concurre en el caso analizado, correspondiendo entonces denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0903_2026-S3.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7248f429c3e132ee8b2f9b0c38aca7c03cc7585fc18fc7cef7f7e6c203003f69

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