B.IA.LEGAL

SCP 0903/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
42379-2021-85-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, valoración razonable de la prueba, libertad, defensa e igualdad; y, los principios de favorabilidad, interpretación progresiva y proporcionalidad; alegando que el Vocal demandado al momento de emitir el Auto de Vista 172/2021-SP1, incurrió en actuación ultrapetita, pues suplió de manera oficiosa la falta de fundamentación de agravios de la parte víctima, ingresando a considerar la existencia de complejidad, con base en la cual revocó la Resolución apelada, manteniendo incólume su detención preventiva ampliándola por el plazo de dos meses más, generando con ello falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista confutado.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 25 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en su elemento fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones judiciales
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0903/2023-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 42379-2021-85-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 25 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Octavio Flores Ramos contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de agosto de 2021, cursante de fs. 1; y, 3 a 13, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, destrucción y deterioro de bienes del Estado y contrabando, fue dispuesta su detención preventiva por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, a cuyo cumplimiento con la finalidad de analizar su situación jurídica, fue señalada audiencia para el 23 de julio de 2021, donde el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro declaró “infundada” la ampliación de su detención preventiva disponiendo su cesación bajo “medidas cautelares”. Determinación que al ser motivo de apelación por la parte víctima, fue revocada a través del Auto de Vista 172/2021-SP1 de 17 de agosto, por el Vocal ahora demandado quien actuó como Juez y parte, pues la apelante incumplió con la carga argumentativa a la que se encontraba obligada por ley conforme el art. 408 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, dicha autoridad suplió de manera oficiosa esa omisión, ingresando a fundamentar el supuesto agravio en el que incurría el fallo apelado; en consecuencia, dispuso de manera ultrapetita la ampliación de su detención preventiva por dos meses más. Aclaró, que si bien la parte víctima argumentó de manera retórica aspectos en torno a la ampliación, no precisó de forma concreta qué disposición legal fue vulnerada y cuál la aplicación que se pretendía, habiendo cuestionado el razonar del Juez a quo, respecto a que el memorial de ampliación debió ser por escrito y con la antelación debida a objeto de no lesionar los derechos del imputado, aspecto que le causaba agravió; no obstante, lo reclamado no resultó ser determinante en la emisión del aludido Auto de Vista, pues si bien el Juez de la causa indicó lo señalado, al conceder el uso de la palabra al Ministerio Público, Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) y presunta víctima, se realizó la fundamentación oral de la solicitud de ampliación de la detención preventiva, la cual giró en torno a la complejidad, existencia de actos pendientes de realización y otros aspectos, los cuales fueron tomados en cuenta por la autoridad de primera instancia; por lo que, en ningún momento el Juez coartó “ese derecho” (sic), ya que inclusive consideró la solicitud de ampliación pese a que fue presentada el último día, y si bien dispuso su cesación, tampoco lo hizo de manera pura y simple, pues aplicó otras medidas, entre ellas, la detención domiciliaria, haciendo construcciones jurídicas debidamente explanadas, por cuanto el supuesto agravio “(no fundamentado por la parte)” (sic), no tenía mérito. Con relación a la complejidad, la autoridad ahora demandada señaló que se trataría de un caso complejo “tal cual indica la parte apelante” (sic), ya que existirían varios delitos que deben ser esclarecidos y pluralidad de agraviados, extremos que no fueron argumentados debidamente por la parte recurrente; de manera que, debió declararse improcedente el recurso; no obstante, actuando de forma ultrapetita fundamentó el supuesto agravio en el que incurriría el Auto de Vista cuestionado, señalando que resultaría ser un caso complejo por la variedad de delitos; de modo que, ameritaba una ampliación, y demás fundamentos que no condicen con la realidad; máxime, cuando dichos extremos fueron analizados en la imputación formal con base en la cual se dispuso cinco meses de detención preventiva, los cuales además fueron debidamente argumentados en la Resolución primigenia, pero no tomados en cuenta por el Vocal demandado, quien de manera oficiosa trajo a colación situaciones que ya fueron analizadas. Asimismo, aclaró que las nuevas modificaciones a la ley, establecen un tiempo prudencial para las detenciones, cuyos requisitos para su procedencia y ampliación, no fueron cumplidos por las partes, generando que la solicitud de ampliación no tenga asidero ni fundamento valedero, ya que cuando pidió explicación solicitando se indique la norma que permite al Vocal hoy demandado subsanar la omisión argumentativa y supliendo ello “hable o refiera un agravio mal fundamentado, respondió en principio respecto a la fundamentación de la parte en la primera audiencia (aspecto erróneo)” (sic), para después señalar que el Vocal tiene facultades que le permiten realizar revisiones para resolver el caso de la manera más conveniente, lo que no resulta válido, pues si bien cuenta con ciertas atribuciones, dentro de ellas no se encuentra realizar argumentaciones y fundamentaciones de manera oficiosa o ultrapetita, lo que denota la existencia de una postura por demás parcializada y oficiosa, por cuanto la autoridad ahora demandada emitió una resolución incorrecta, carente de fundamentación y motivación, que no guarda relación con la prueba cursante en obrados, apartándose de los principios de interpretación progresiva, favorabilidad, pro homine y presunción de inocencia, convirtiendo dicho Auto de Vista en una resolución arbitraria a través de la que cual se le coartó el derecho a obtener su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, libertad, defensa e igualdad; y, principios de favorabilidad, interpretación progresiva, y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 numerales 1, 3 y 5 parte in fine y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 172/2021-SP1 de 17 de agosto, ordenando la emisión de nueva resolución conforme a los fundamentos de la Resolución constitucional a emitirse, en estricta aplicación de la jurisprudencia constitucional e internacional, y normas penales aplicables al caso concreto.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 24 vta., presentes la parte impetrante de tutela y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliando señaló que: a) El art. 233 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ‒Ley 1173 de 3 de mayo de 2019‒, y posteriormente por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece la existencia de dos situaciones que viabilizan la ampliación de la detención preventiva, una con relación al Fiscal cuando exista complejidad y la otra en torno a la víctima, cuando existan actos pendientes de investigación; por lo que, ambas partes deben basar sus actuaciones de acuerdo a la norma; b) No puede sostenerse que el caso es complejo; puesto que, a pesar de que existe ampliación de imputaciones formales solo son con relación a delitos, no a nuevos hechos y lo que se investiga en materia penal son hechos y no delitos, ya que estos son referenciales y pueden variar en cualquier instancia del proceso inclusive en juicio oral; c) Si bien la víctima tiene derecho a impetrar la ampliación de la detención preventiva “pero al Fiscal de Materia y el Fiscal de Materia en imperio del art. 279 hacer conocer esto al Juez cautelar en la regla del 54.1 no lo ha hecho” (sic); d) El Juez otorgó medidas cautelares personales “en prohibición del núm. 2) del 239 y también del 235 modificado por la Ley 1173” (sic), en el entendido de que el plazo de la detención preventiva venció y si bien existirían actos pendientes o complejidad en el asunto, no fueron de conocimiento oportuno del imputado menos del Órgano Jurisdiccional; por lo cual, dicha negligencia no podía afectar el derecho a la libertad del procesado; e) El Fiscal de Materia al margen “de haber apelado” (sic) no asistió a la audiencia a explicar los agravios, entonces ¿cómo podía la víctima haberse adherido?, por cuanto no existió una correcta adhesión al no haber existido fundamentación; de manera que, concernía que la víctima argumente su desacuerdo explicando cómo se le causó agravio con la ampliación o con relación a los actos pendientes, ya que la complejidad sólo correspondía ser fundamentada por el Fiscal de Materia; f) La autoridad demandada debió basar su Resolución en torno al art. 398 del CPP, lo que no aconteció; por lo que, en la vía de complementación activada por la defensa –no señala la solicitud efectuada− el Vocal respondió que le asiste la posibilidad de revisar otras situaciones al margen de lo impetrado, aspecto que constituye una tácita aceptación que fue más allá de sus atribuciones respecto a lo reclamado por la parte víctima; g) El Juez a quo si bien dispuso la cesación a la detención preventiva no determinó su libertad pura y simple sino su detención domiciliaria y otras medidas personales; y, h) Si existía complejidad el Fiscal de la causa tuvo cinco meses para hacerla conocer, además basaron esa complejidad en la existencia de actos investigativos los cuales ya habían sido determinados en la audiencia cautelar, tampoco explicó el principio de necesidad del porqué debía ser mantenida su detención y con base en qué nuevos hechos; debido a lo cual, no correspondía la ampliación por la negligencia de la parte contraria, quien no realizó en su momento las actuaciones investigativas pertinentes.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, durante su intervención en audiencia manifestó que: 1) Dentro del proceso penal seguido en contra del hoy accionante por la presunta comisión del delito de homicidio, favorecimiento a la facilitación de contrabando, destrucción y deterioro de bienes del Estado, varias personas que se dedicaban al contrabando fueron sorprendidas por funcionarios que velan el cumplimiento de las normas, en cuya persecución para obstaculizarla produjeron un choque frontal a un vehículo, provocando el fallecimiento del conductor que era funcionario público; por lo que, se dispuso el plazo de cinco meses de detención, a cuyo cumplimiento se llevó a cabo audiencia donde el Juez de la causa ordenó medidas cautelares personales a favor del imputado, lo que generó que la parte víctima interponga recurso de apelación; 2) Se tiene una ampliación solicitada por el Fiscal de Materia en audiencia conforme cursa a fs. “58 a 53” del expediente del proceso, a la cual se adhirió la parte víctima, quien apoyó la referencia de la autoridad fiscal que el caso sería complejo “tanto en memorial como en audiencia” (sic), el Juez señaló que debe existir un memorial de solicitud, “otros dicen” que no es necesario que exista memorial sino que puede ser fundamentado en audiencia, pero se dio cumplimiento pues el mismo fue presentado un día antes; no obstante, no tuvo la efectividad correspondiente porque el justiciable no tuvo conocimiento de esa ampliación; de modo que, en torno a esa situación –el Vocal demandado− hizo el “responde correspondiente” (sic), señalando que los arts. 1 y 113 del CPP modificado por la Ley 1173, establece que debe profundizarse la oralidad; por otra parte, manifestó que no se encuentra prohibida la adhesión, siendo posible la adhesión y ampliación de fundamentos, aspectos que acontecieron en el caso; 3) Sostuvo la Resolución confutada en el Auto Supremo 69/2018 de 15 de febrero, que determina el concepto de complejidad y sus parámetros, existiendo en el caso varios agraviados, sumándose a ello que “es lejos en otra comunidad lejana” (sic) –se asume donde sucedieron los hechos−; 4) Sólo otorgo dos de los cinco meses solicitados por el Fiscal de Materia para la ampliación de la detención preventiva, referencia que apoyó la parte víctima; sin embargo, no es sustentable la petición que efectuó dicha parte porque no existen actos investigativos pendientes que no haya contestado la autoridad fiscal, los cuales atendió pero falta su efectivización; 5) El Tribunal de alzada como Tribunal de cierre puede realizar aclaraciones o complementaciones que el Juez a quo no hizo, por esa razón las acciones tutelares como la presente se plantean contra las autoridades de última instancia; 6) El impetrante de tutela omitió señalar de qué manera se hubieran vulnerado sus derechos, no precisó si su vida se encuentra en peligro, si esta ilegalmente perseguido o indebidamente procesado; y, 7) La justicia debe ser equilibrada, ya que si bien antes hubo una referencia del derecho que daba prevalencia a quienes quebrantaban la ley desprotegiendo de cierta manera a las víctimas, actualmente la revalorización de la víctima prevalece en el principio de justicia, existiendo en el caso personas muertas, heridas, daño a bienes del Estado, aspectos que debieron ser compulsados.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 25 a 32, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) A través de la acción de libertad, no es posible ingresar a considerar la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista cuestionado, siendo la vía idónea la acción de amparo constitucional; ii) No existen actos vinculados que vulneren el derecho a la libertad del accionante, pues su restricción obedece a la sustanciación de un proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio, destrucción y deterioro de bienes del Estado, del cual tiene conocimiento; iii) La denuncia de actuación ultrapetita presuntamente ejercida por el Vocal demandado, tampoco puede ser tutelado a través de esta acción de defensa, tomando en cuenta que dentro de los límites de los arts. 125 de la CPE; y, 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no se encuentra el obrar ultrapetita como ámbito de su protección; por lo que, al no haberse precisado de manera concreta la lesión al derecho a la libertad en los parámetros establecidos normativamente, no es posible considerar el fondo de lo denunciado; y, iv) La actuación de la autoridad demandada se enmarcó en los límites que determina la ley, por cuanto si la parte víctima se había adherido a la fundamentación realizada por el Ministerio Público con relación a la complejidad del caso “lo que no está expresamente prohibido está permitido” (sic), más aun considerando la trascendencia del caso, donde existen varias víctimas efecto del delito de contrabando y deterioro de bienes del Estado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 3 de octubre de 2022, cursante a fs. 39, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; en tal mérito, habiéndose recibido la información solicitada se dispuso su reanudación a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 29 de agosto de 2023 (fs. 60); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto de Vista 172/2021-SP1 de 17 de agosto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, compuesto por José Miguel Vásquez Castelo −Vocal ahora demandado−, declaró procedente el recurso de apelación formulado por la parte víctima Víctor Hugo Llave Colque y Marizol Marquez Cusi; por lo que, revocó la Resolución 483/2021 de 23 de julio, en cuya consecuencia, amplió la detención preventiva de Octavio Flores Ramos –hoy accionante− por el plazo de dos meses computables a partir de la fecha de la Resolución cuestionada hasta el 23 de septiembre de 2021, fecha en la cual debe reconsiderarse la situación procesal del imputado (fs. 44 a 48).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, valoración razonable de la prueba, libertad, defensa e igualdad; y, los principios de favorabilidad, interpretación progresiva y proporcionalidad; alegando que el Vocal demandado al momento de emitir el Auto de Vista 172/2021-SP1, incurrió en actuación ultrapetita, pues suplió de manera oficiosa la falta de fundamentación de agravios de la parte víctima, ingresando a considerar la existencia de complejidad, con base en la cual revocó la Resolución apelada, manteniendo incólume su detención preventiva ampliándola por el plazo de dos meses más, generando con ello falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista confutado.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso en su elemento fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones judiciales

La SCP 0314/2019-S4 de 5 de junio, con relación a la naturaleza jurídica del debido proceso y sus elementos referidos a la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones, desarrolló el siguiente razonamiento: “En el ámbito de los instrumentos normativos de orden internacional, los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), reconocen y garantizan el debido proceso, de cuya interpretación se desprenden sus elementos configuradores, entre ellos la motivación, fundamentación, congruencia de las resoluciones y la correcta valoración de las pruebas. En cuanto a la naturaleza jurídica del debido proceso, la jurisprudencia constitucional emanada de esta jurisdicción, analizó desde su triple dimensión; así, la SCP 0486/2010-R de 5 de julio, declaró que: ‘La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, está reconocido por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia…’. La motivación y fundamentación de las resoluciones, constituyen elementos estructurantes del debido proceso y se erigen en condiciones de validez de toda resolución judicial o administrativa, pues su observancia exige a la autoridad establecer las razones y motivos que guiaron para tomar una decisión, en la medida que no solo los destinatarios de la determinación conozcan y comprendan las razones por las que una autoridad resolvió la controversia, sino que, en aras de democratizar la justicia, el soberano también asuma conocimiento de las razones y motivos que indujeron a la autoridad a asumir la decisión. En este entendido, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre y reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio, declaró que: ‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, entre otras’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante identifica como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción tutelar, el Auto de Vista 172/2021-SP1, emitido por el Vocal demandado, contra quién se denuncia que habría efectuado un pronunciamiento ultrapetita, pues suplió de manera oficiosa la falta de fundamentación de agravios de la parte víctima, ingresando a considerar la existencia de complejidad, con base en la cual revocó la Resolución apelada, manteniendo incólume su detención preventiva ampliándola por el plazo de dos meses más, generando con ello falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista confutado. De los antecedentes procesales cursantes obrados consta que mediante Auto de Vista 172/2021-SP1, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, compuesto por el Vocal ahora demandado, declaró procedente el recurso de apelación formulado por la parte víctima Víctor Hugo Llave Colque y Marizol Márquez Cusi; por lo que, revocó la Resolución 483/2021; en cuya consecuencia, amplió la detención preventiva del accionante por el plazo de dos meses (Conclusión II.1.).

En ese orden, considerando el contexto de la problemática, resulta necesario conocer inicialmente los puntos de agravio que fueron deducidos en instancia de apelación por la parte víctima y posteriormente los fundamentos en los que fue basado el Auto de Vista cuestionado, ello con la finalidad de verificar si lo denunciado por el impetrante de tutela resulta ser o no evidente; al respecto, además debe aclararse que si bien este Tribunal cuenta con la “SÍNTESIS DEL REGISTRO DE AUDIENCIA VIRTUAL DE APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES” (sic), ésta solo contiene datos generales de lo acontecido en dicho verificativo; no obstante, consta que la defensa de la víctima fundamentó los agravios del recurso de apelación, lo cual fue apoyado por el Ministerio Público; razón por la cual, se extraerán los mismos del Auto de Vista confutado. Bajo esa puntualización, se tiene entonces que la autoridad demandada en el acápite I, hizo una relación de los antecedentes que hacen al proceso penal, para posteriormente consignar los agravios, manifestando en lo que respecta a la parte víctima que: a) Se habría señalado que el 23 de julio de 2021, el “Juez Cautelar Cuarto” del departamento de Oruro, dispuso la cesación a la detención preventiva del accionante bajo el art. 239.2 del CPP, sin considerarse que en el caso “existen varios delitos entre ellos la ampliación por el delito de asesinato entre otros teniéndose también en cuenta la referencia sostenida en la presente investigación de Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado” (sic), además del ilícito de contrabando, existiendo dos fallecidos y pluralidad de víctimas que se encuentran con lesiones, entre ellos, cita a Emil Loza Quispe y Wilson Tintares Moruño, incluso del CEO, habiendo el Fiscal fundamentado estos aspectos ahora cuestionados; b) Aclaró, que el Fiscal de Materia solicitó la ampliación con fines investigativos; por lo que, esa parte –víctima− realizó su petitorio sobre la referencia de la autoridad fiscal; y, c) Cuestionó que el Juez de la causa habría manifestado que deben cumplirse ciertos requisitos como presentar –se asume la ampliación− por escrito y en un plazo razonable “que no habría memorial hasta esa mañana es así empero que aclara en el presente caso que el Órgano Jurisdiccional se presentó al Órgano Judicial un día antes dichas solicitudes referidas tanto por la autoridad Fiscal como de la parte víctima” (sic) a través del cual se señaló que existen actos pendientes de investigación como el registro del vehículo, audiencia de reconstrucción, entre otros, actuados procesales que no se habrían cumplido, impetrando se deje sin efecto la Resolución apelada; escritos que habrían ingresado a despacho días antes; sin embargo, fueron providenciados recién el “25 de julio”, teniéndolos como presentes y estableciendo que esté a lo dispuesto en la resolución. Advirtiéndose que en el mismo acápite antes de la reiteración de los agravios efectuados por la parte víctima y la respuesta realizada por la parte imputada, se encuentra plasmado el siguiente argumento: “Ahora bien, la norma no especifica que deba ser escrita sino oral el Ministerio Público ha señalado en el presente caso porque consideraba la ampliación correspondiente, la victima también ha apoyado dicha circunstancia solicitada por la autoridad Fiscal sobre la complejidad del caso denunciado por la autoridad Fiscal y ha señalado porque es complejo, porque es un hecho de tránsito en la cual señala en el presente caso el fáctico que está siendo investigado y entre la parte relevante señala que existe 2 fallecidos y varias víctimas que en este caso en referencia que también existen personas lesionadas, bajo esa circunstancia este hecho de sangre correspondiente a que cuando existía personas que estaban ingresando mercaderías se dan a la fuga, empero uno aguarda y hace el choque frontal lo cual ocasiona este ilícito correspondiente que está siendo investigado, hace que la misma sea compleja, es más el lugar donde habría sucedido el hecho y por los motivos de investigación es en Punta Arena, es decir cerca a Opoqueri que es un lugar muy alejado y estas circunstancias hacen que la investigación también se tornen complejas” (sic) −argumento que no se tiene identificado si corresponde a los agravios de la víctima o es una manifestación del Vocal demandado−. Posteriormente haciendo alusión a la reiteración efectuada por la apelante, señaló que también se fundamentó que existirían varias personas incluso del CEO heridas, que hacía a la multiplicidad de víctimas en referencia a los delitos que se encontraban siendo investigados, señalando que el Fiscal de Materia ya hubiera fundamentado los aspectos que ahora son motivo de cuestionamiento, también la víctima habría presentado un memorial donde señalaba la existencia de actos pendientes de realización citando entre ellos, el registro del vehículo, audiencia de reconstrucción entre otros, los cuales no habrían sido cumplidos; por lo que, solicitó se declare procedente dicho recurso y se disponga dejar sin efecto la Resolución apelada. Por otro lado, los fundamentos que sostuvieron la determinación del Tribunal de alzada, versaron en: 1) Respecto a que debía presentarse con anterioridad y en forma escrita la ampliación a la detención preventiva, pues en el caso revisado el cuaderno de control jurisdiccional no se habría encontrado ningún memorial, por cuanto el imputado tenía la necesidad de conocer de la misma para defenderse; precisó que de acuerdo al art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173, las audiencias se realizaran bajo los principios de oralidad en concordancia con el art. 1 de la referida Ley modificada, que hace referencia a su objeto, en cuanto a procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto medidas indispensables para profundizar la oralidad, sin que la norma establezca que debe ser presentado con anterioridad, sino que para profundizar la oralidad pueda ser planteada en audiencia bajo las circunstancias correspondientes, por cuanto la exigencia aducida por el Juez a quo obviamente se hallaba en contra sentido a los lineamientos de la Ley 1173; máxime, cuando en el caso se cumplió con presentar día antes solicitudes escritas tanto por el Fiscal de la causa como por la parte víctima, que de acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional se encontraban con los cargos respectivos, cumpliéndose así con la referencia señalada. “Ahora bien, si se ha presentado las formalidades inherentes a esa referencia y sostenidas bajos esas circunstancias y conocidas las mismas tenía el deber de establecer y poner en consideración de las mismas, a ese efecto y no establecer porque no es una medida cautelar, sino es una solicitud de ampliación en referencia a los antecedentes que se tiene dispuesto con anterioridad en una resolución primigenia por situación de detención preventiva en razón a la investigación que deban realizarse, por lo cual esa aclaración debe ser contundente en el presente caso” (sic); 2) Se señaló el aspecto de complejidad y que el Juez de primera instancia habría manifestado sobre este propósito, pero la referencia sostenida no debía ser una simple alocución; de modo que, para responder el agravio se tenía que hacer alusión a lo que se entendía por complejidad, en cuyo aspecto citó el Auto Supremo 069/2018, para después señalar que correspondía al Juez inferior, analizar la complejidad anunciada por el Fiscal de Materia en la solicitud de ampliación, y pedida también por la víctima, donde además se refirió que existían varios delitos que están siendo investigados, por cuanto además la parte imputada habría sostenido que se trataría de un accidente de tránsito y no como se sustentó en la imputación formal de un homicidio, lo cual debía ser esclarecido, además se refirió a la participación de varias personas que se dieron a la fuga y la intervención del organismo del Estado que hizo la persecución por el delito de contrabando, insertos a la complejidad del asunto en el cual perdieron la vida dos personas, “uno es el conductor o un funcionario público de la Aduna y otro el propio acompañante según se ha sostenido en el presente casi del propio imputado” (sic); haciendo estos hechos a la complejidad del caso, existiendo además como se sostuvo una pluralidad de agraviados, un fallecido y varias personas heridas, además el fallecimiento de otra persona que sería el hermano del imputado; por lo que, la complejidad podía ser sostenida con base en hechos que se estaban realizando, sin que ello trate de una nueva determinación de presupuestos de hechos fácticos los cuales ya fueron acreditados el 23 de febrero de 2021, basándose en el art. 233.1 del CPP, “ a partir de este hecho acreditado en el presente caso a criterio de esta autoridad también se hace complejo conforme también se ha anunciado de los propios marcos de los hechos que ahora se ha investigado, por lo cual en esta parte habría un sustento correspondiente de que el Sr. Juez bajo esa perspectiva, esta referencia sobre considerar el aspecto de la complejidad del asunto debidamente planteado por la Autoridad Fiscal para determinar en este caso si correspondería o no correspondería la ampliación y en ese criterio bajo los parámetros ahora fundamentados” (sic); empero, como Tribunal de cierre se tiene la obligación de complementar la fundamentación del inferior aclarando la motivación que existe de la necesidad de la ampliación correspondiente que se habría solicitado, “en referencia a la solicitud de la parte víctima, en este contexto no existe claramente la referencia y un sostenimiento que haga viable su pretensión, porque la norma establece en el art. 233 del CPP en cuanto a la víctima, la referencia cuando exista actos pendientes de investigación solicitados oportunamente, hasta ahí estamos de acuerdo y no respondidos por este, en este caso han sido respondidos, pero falta obviamente la efectivización de la misma cosa que es muy diferente a que este no haya sido respondido” (sic); y, 3) La ampliación a la detención preventiva, puede ser sostenida incluso a manera de profundizar la oralidad como ya fue señalado, y si bien se alega que no se habría determinado la libertad pura y simple; sin embargo, de acuerdo a los antecedentes y la consideración de las modificaciones a la Ley 1173, correspondía dar viabilidad a la pretensión de la víctima en cuanto a lo alegado respecto a la Resolución impugnada; razones por las cuales declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por Víctor Hugo Llave Colque y Marizol Marquez Cusi –parte víctima− y deliberando en el fondo amplió la detención preventiva del hoy accionante, por el tiempo de dos meses, computables a partir de la fecha de resolución cuestionada hasta el 23 de septiembre de 2021, fecha en la que el Juez a quo deberá agendar audiencia para considerar su situación jurídica, por otro lado tuvo como abandonado el recurso interpuesto por el CEO, al no haberse expuesto los agravios, pese a que se esperó un tiempo prudente. En la vía de complementación y enmienda la parte impetrante de tutela solicitó al Vocal demandado, explique con base en qué norma legal suplió la omisión argumentativa del apelante, ya que en audiencia “en momento alguno el apelante ha explicado que hubiese sucedido explicado y de qué manera hubiese reparado” (sic); a lo que respondió que, el art. 398 del CPP, limita sólo a responder los aspectos cuestionados, por lo que si bien la parte victima planteó apelación y no el Ministerio Público, la parte acusadora está constituida por ambos, entonces la ampliación solicitada por el Ministerio Público ha sido también considerada como parte coadyuvante, ya que no existe normativa que prohíba la no adhesión de la parte víctima a los petitorios de dicha institución, por ello es que se dio respuesta a los argumentos de la apelante “más aun en referencia a este sostenimiento que lo hace también en la segunda referencia cuando no se habría hecho caso y se habría dado curso o se habría respondido (…) estamos de acuerdo, pero ha sostenido más antes una referencia que a criterio y conforme también alegado por la parte víctima en este caso no debería exigirse esa referencia del escrito porque eso es lo que mantiene, si bien ha manifestado aquello y ha entrado también al fondo pero se ha respondido aquella referencia que ha sostenido la autoridad judicial” (sic), encontrándose también la decisión fundada en el art. 1 de la Ley 1173 que profundiza la oralidad; de modo que, no se encuentran supliendo nada, sino se limitan a los aspectos cuestionados por la víctima con relación a la solicitud inicial de ampliación realizada por el Ministerio Público, por cuanto si bien analizaron la complejidad del caso, ello lo hicieron como Tribunal de cierre, ya que no existe en medidas cautelares nulidad de resoluciones, asistiéndoles la obligación de complementar y subsanar el error en el que incurrió el Juez a quo, lo que motivó se ingrese a ese aspecto de acuerdo a lo debatido en instancia inferior que fue omitido erróneamente por el Juez de primera instancia, correspondiendo la ampliación de plazo, sin importar quien realizó la solicitud de ampliación, sino el recurso planteado por la víctima como parte también de la parte acusadora, habiéndose determinado la existencia de complejidad de acuerdo al Auto Supremo invocado durante el trascurso de la resolución de vista que debe ser aplicado como un criterio orientador. Ahora bien, contrastados los argumentos plasmados con la problemática traída a consideración a través de esta acción tutelar, no resulta evidente la denuncia efectuada por el accionante, pues de acuerdo con los agravios expuestos, la parte apelante hizo cuestionamientos relativos a la existencia de pluralidad de imputados, existencia de fallecidos y diversidad de víctimas que se encontraban con lesiones, citando entre otros a Emil Loza Quispe y Wilson Tintares Moruño, “incluso del CEO” (sic), aspectos que aclaró habrían sido fundamentados por el Fiscal de la causa; sumado a ello, precisó que además existían varios delitos investigados como destrucción o deterioro de bienes del Estado, contrabando y una ampliación por el delito de asesinato, haciendo hincapié también en la falta de realización de actos investigativos como el registro del vehículo, audiencia de reconstrucción, entre otros, aspectos en torno a los cuales el Tribunal de alzada en su labor analítica verificó y sustentó la existencia de la complejidad alegada, la cual de acuerdo al precedente constitucional contenido en la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, bajo el alcance interpretativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), puede ser configurado: “…en función a circunstancias debidamente justificadas que impidan el desarrollo del proceso en un plazo razonable, cuya precisión emergerá de acuerdo a las particularidades propias de cada caso, respondiendo de manera fundamentada al grado de dificultad que conlleva la investigación, el que puede estar vinculado a la complejidad de la prueba y dificultades en su obtención; pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas y testigos; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación, situación política y social compleja; la posible situación de vulnerabilidad de la o las víctimas; circunstancias que de ser pertinente, deberán ser analizadas y juzgadas con perspectiva de género, de acuerdo a los estándares de protección internacional adoptados en la materia. Catálogo que si bien no se constituye en un numerus clausus de implicancias –regladas− relativas a la complejidad del caso; no obstante, se instituyen como criterios orientadores que deben ser debidamente observados tanto por el órgano encargado de la persecución penal, como por las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando corresponda analizar la ampliación de la detención preventiva en los márgenes de lo previsto en el art. 233 del CPP”.

Sumado a ello, además aclaró en la vía de complementación y enmienda, que si bien la parte víctima fue quién planteó la apelación y no así el Ministerio Público; no obstante, debía considerarse que la parte acusadora se encontraba constituida por ambas partes; por lo que, la adhesión a los fundamentos y petitorio expuestos por el Ministerio Público en su solicitud de ampliación, no se encontraba prohibida normativamente, siendo con base en ellos que se dio respuesta a los agravios de la parte víctima; argumentos que denotan la existencia de una respuesta acorde a lo denunciado y asumida en torno a las facultades inherentes al Tribunal de alzada, satisfaciendo el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, al ser comprensible y razonable, en plena observancia a los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, motivando que deba denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 25 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0903_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.

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