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SCP 0902/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54096-2023-109-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, el principio a la presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad demandada al emitir el Auto Vista 09/2023; incurrió en: 1) Falta de congruencia externa, porque resolvió de manera conjunta y genérica los recursos de apelación del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y PGE, sin identificar agravios, ni responder de forma motivada a los puntos cuestionados, declarando parcialmente procedentes los recursos y revocando totalmente la cesación de la detención preventiva; 2) Incongruencia al no haber revisado lo analizado por el Juez a quo siendo la decisión extra petita; 3) Incumplió con el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 279 a 281 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en cuanto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución; y, 2° DENEGAR en cuanto al derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0902/2025-S2 Sucre, 15 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54096-2023-109-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 001/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 279 a 281 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hernán Palacios Márquez contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 241 a 258 vta.; el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancia de la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por el presunto delito de incumplimiento de deberes y otros, fue aprehendido el 21 de septiembre de 2022, disponiéndose su detención preventiva por seis meses, decisión confirmada por el Tribunal de alzada; posteriormente, solicitó cesación de la detención, dispuesta por Resolución de 30 de diciembre de 2022 aplicándose medidas sustitutivas siendo apelada dicha determinación por el Ministerio Público, PGE y el Viceministerio de Transparencia referido, mereciendo el Auto de Vista 09/2023 de 11 de enero, emitido por Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandado-, que declaró la procedencia parcial de los recursos y revocó la decisión y mantuvo su detención preventiva.

En ese contexto, observa que el referido Auto de Vista, incurrió en: a) Falta de congruencia externa respecto a los agravios formulados en apelación, pues el recurso del Ministerio Público, observa que no se identificó con claridad el agravio ni la aplicación indebida de una norma, limitándose a observaciones generales sobre los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Respecto al recurso del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, éste cuestionó dos certificaciones valoradas por el Juez a quo -participación en juegos en Argentina y ausencia de pasaporte-, considerando que no desvirtuaban el riesgo procesal; sin embargo, el Auto de Vista no respondió a dichos puntos; y, sobre la apelación de la PGE, si bien denunció una supuesta valoración defectuosa de la prueba y falta de motivación, no identificó pruebas concretas, reglas de valoración infringidas ni fundamentos específicos, limitándose a señalar vínculos y conductas de su persona. Por lo que, ninguna apelación cuestionó de forma precisa los nuevos elementos introducidos en la audiencia de cesación; empero, el Auto de Vista resolvió de manera conjunta y genérica, sin atender los agravios particulares ni precisar qué motivos fueron acogidos y cuáles no, declarando “parcialmente procedentes” todos los recursos, sin disgregar de manera fundamentada y específica, procediendo a revocar totalmente la decisión inicial, incurriendo en falta de congruencia, pertinencia y claridad. Alega también: b) Incongruencia e impertinencia, ya que ninguno de los recursos de apelación cuestionó la valoración del juez a quo sobre sus posibilidades económicas para abandonar el país, elemento que fue esencial en la decisión de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada, sin que existiera impugnación, descartó oficiosamente dicha fundamentación, actuando extra petita e incurriendo en defecto absoluto determinando la existencia del riesgo de fuga del art. 235.2 del CPP, sin considerar que ninguna de las partes impugnó ese aspecto. Asimismo: c) El Auto de Vista, fundamentó la existencia del riesgo procesal en dos aspectos: un supuesto flujo migratorio y la existencia de posibilidades económicas vinculadas a presuntos pagos ilícitos en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, pero no analizó si los nuevos elementos presentados desvirtuaban dicho riesgo en inobservancia del art. 239.1 del CPP, que obliga a valorar si nuevos elementos desvirtúan los motivos que la originaron; d) El Auto de Vista lesionó la debida fundamentación, en razón a que: 1) Omitió responder sobre las pruebas relativas al riesgo de fuga del art. 234.2 CPP, ya que, la autoridad demandada se limitó a mencionar el viaje a Argentina sin analizar si dicho antecedente, según la documentación presentada, justificaba mantener el riesgo; 2) La resolución cuestionada se basó en un supuesto error procesal -que este último habría cuestionado un Auto de Vista anterior-, sin valorar que las medidas cautelares pueden modificarse con nuevos elementos; 3) No se abordó los fundamentos centrales del juez de instancia ni analizó la prueba que desvirtuaba el riesgo; 4) El juez de grado fundamentó su decisión en una extensa valoración probatoria como el certificado de su hijo, solicitud de permiso del jugador, requerimientos fiscales acreditando el viaje deportivo de su hijo, inexistencia de pasaporte, ausencia de bienes inmuebles y vehículos a su nombre, congelación de cuentas bancarias e informes oficiales de la ABC que descartaban daño económico, pese a ello, señala que no se valorizó estos elementos en infracción de los arts. 124 y 173 del CPP. Asimismo: e) El juez a quo habría confundido requisitos de probabilidad de autoría y de riesgos procesales -art. 233 CPP-, trasladándole la carga de demostrar que "…no tiene nada que ver con el hecho…" (sic), cuando los riesgos procesales deben acreditarse con elementos objetivos y no con la mera probabilidad de autoría. Finalmente: f) La vulneración a su derecho a la libertad, porque: i) No se consideraron los principios de utilidad, provisionalidad, proporcionalidad y necesidad, ya que, el Juez a quo estableció que los actos investigativos ya no eran indispensables, pues las pruebas, estaban bajo custodia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y existía una pericia en curso y dejó de ser funcionario de la ABC, así como se informó que no existía daño económico al Estado, pese a ello el Vocal demandado mantuvo la detención preventiva; y,: ii) Sobre el riesgo del art. 234.I del CPP, relativo a no tener domicilio, indica que fue desvirtuado por el Juez de grado aspecto que no fue valorado.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, el principio a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23 y 116 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 09/2023, emitido por la autoridad demandada; y, b) Se disponga que el Vocal demandado emita una nueva resolución, de forma congruente y fundamentada, en resguardo de los principios que rigen la aplicación excepcional de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 271 a 278, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito cursante en fs. 269 a 270 sostuvo que, en el Auto de Vista cuestionado no se definió la inocencia o culpabilidad del ahora accionante, sino que, se revisó la resolución apelada ratificando la inexistencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.1 del CPP, pero que no se desvirtuó el riesgo de fuga señalado en el art. 234.2 del citado Código, ni el riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.1 de igual norma Adjetiva Penal, por lo que, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental ordenando se rechace la cesación de la detención preventiva.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Gastón Clint Corrales Dorado, Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público, indicó que se dispuso la detención preventiva durante seis meses el 23 de marzo de 2023, fijándose audiencia por el juez competente a las 10:00, “…lo que quiere decir, que el día de mañana se va dilucidar una audiencia para verificar la situación procesal del señor Hernán Palacios” (sic).

I.2.4. Participación del Viceministerio de Transparencia Institucional de Lucha contra la Corrupción

Daniel Juniors Mollo Figueroa, Abogado del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada y refirió que es evidente que el día de mañana se tiene programada una audiencia para considerar una situación jurídica procesal, por lo que esa cartera de Estado entiende que el accionante no agotó todos los mecanismos de defensa en la vía ordinaria y tendría la oportunidad para que haga conocer una posible cesación de las medidas cautelares como existe la posibilidad de que el Ministerio Público ya indicó que ese día de la audiencia presentó un memorial sobre una posible ampliación a la detención preventiva al igual que esa cartera de Estado, en consecuencia, esos dos institutos procesales se debatirán y no se agotaron los recursos en la vía ordinaria, y no se demostró que el impetrante de tutela esté en peligro, ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad.

I.2.5. Participación de la Procuraduría General del Estado

Fanny Evelin Peña Aldana, Abogada de la PGE manifestó que, se adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público y advirtiendo que la autoridad demandada consideró de manera integral los fundamentos de las apelaciones planteadas por el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la PGE, encontrándose el proceso penal en etapa preparatoria, el accionante puede presentar la cesación las veces que vea necesario.

I.2.6. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 001/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 279 a 281 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 09/2023 y que la autoridad demandada emita una nueva, en el plazo de diez días; con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada no explicó ni precisó con claridad los agravios expuestos en los recursos de apelación, la conexitud o coincidencia de los argumentos esgrimidos por los apelantes analizando, los arts. 234.1 y 2 y 235.1 del CPP, lo que no permite una comprensión efectiva de las razones por las que se resolvió; 2) Respecto al riesgo del art. 234.2 del CPP, se cuestiona la resolución de la autoridad demandada, es decir, el Auto de Vista 385/2022, afectando el principio de imparcialidad y que dicha autoridad al referirse al tema de la anotación de los vehículos y otros bienes que no fueron fundamento para disponer la detención preventiva, incurrió en impertinencia afectando la imparcialidad; a partir de lo cual, decide acoger el motivo de apelación en este sentido observa que no se analizó la labor realizada por el inferior, que es en lo que debió centrarse el Juez de alzada; y, 3) Ante la falta de precisión y claridad ya no corresponde ingresar a analizar las denuncias referidas a una omisión valorativa o una valoración defectuosa, ni respecto a la vulneración de la presunción de inocencia y los principios que rigen la aplicación de medidas cautelares en la medida en la que se emitirá nueva resolución, correspondiendo conceder parcialmente la tutela impetrada. Asimismo, ante la solicitud de aclaración y complementación del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, por escritos de 24 y 27 de marzo de 2023 a fs. 300 y vta. y 305 y vta., la Sala Constitucional emitió el Auto de Complementación de 28 de marzo de 2023 de fs. 306 a 307, declarando ha lugar a la misma, disponiendo que la autoridad demandada sin señalamiento de audiencia debe emitir una nueva resolución conforme a lo expuesto en la Resolución 001/2023. De otro lado, el 24 de marzo de 2023 el impetrante de tutela, denunció ante la Sala Constitucional el incumplimiento de la resolución de acción de libertad por escrito de fs. 295 a 297, que mereció el auto de 28 de marzo del mismo año a fs. 311, que declaró no ha lugar a la misma, debiendo estar a lo dispuesto en la Resolución 001/2023.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. En audiencia de medida cautelar de 23 de septiembre de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y de materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca dispuso la detención preventiva de Hernán Palacios Márquez -accionante-, señalando día y hora de audiencia para revisar la situación jurídica del mismo, para el 23 de marzo de 2023 a horas 10:00; apelada la determinación, por Auto de Vista 385/2022 de 30 de septiembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró la procedencia parcial de los recursos de apelación del accionante y del responsable del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, disponiendo que continúe la detención preventiva del ahora impetrante de tutela (fs. 16 a 19 vta. y 50 a 62 vta.). II.2. Por memorial de 26 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva, que por Auto de 30 de diciembre de 2022 el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la capital del departamento de Chuquisaca, declaró fundado el incidente de cesación a la detención preventiva y en aplicación del art. 231 bis del CPP dispuso las siguientes reglas de conducta: “1. Deberá guardar detención domiciliaria con escolta policial permanente. 2. Estará prohibido de tomar contacto con peritos, testigos, partícipes o coimputados del presente caso, ya sea de manera personal o interpósita persona. 3. Se ordena el arraigo a nivel departamental y nacional, al efecto debe oficiarse a la dirección departamental de Migraciones. 4. Debe presentar la garantía de tres personas solventes con patrimonio independiente de acuerdo al artículo 243 del Código de Procedimiento Penal. 5. Deberá firmar cada día lunes en el biométrico ante la Fiscalía Departamental a fines de su control” (sic); determinación complementada por auto de la misma fecha añadiendo: “…en la parte de la presentación de tres garantes que el plazo máximo para su presentación y aceptación si corresponde, será el de 10 días hábiles” (sic [fs. 63 a 68 vta. y 226 a 233 vta.]). II.3. Mediante Auto de Vista 09/2023 de 11 de enero, la autoridad demandada declaró parcialmente procedentes los recursos de apelación formulados por el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la PGE, determinando revocar el Auto de 30 de diciembre de 2022 y ordenando se rechace la cesación de la detención preventiva del accionante, toda vez que se encuentran latentes los riesgos procesales del art. 234.2 y 7 del CPP y art. 235.1 del CPP (234 a 240 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; y, el principio a la presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad demandada al emitir el Auto Vista 09/2023; incurrió en: 1) Falta de congruencia externa, porque resolvió de manera conjunta y genérica los recursos de apelación del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y PGE, sin identificar agravios, ni responder de forma motivada a los puntos cuestionados, declarando parcialmente procedentes los recursos y revocando totalmente la cesación de la detención preventiva; 2) Incongruencia al no haber revisado lo analizado por el Juez a quo siendo la decisión extra petita; 3) Incumplió con el art. 239.1 del CPP al omitir valorar los nuevos elementos presentados para desvirtuar los riesgos procesales, limitando su análisis al flujo migratorio e ignorando los nuevos elementos que desvirtuaban las posibilidades económicas; 4) No respondió de manera adecuada a los argumentos y pruebas sobre el riesgo de fuga; i) Se fundamentó la revocatoria en un supuesto error procesal y no en el análisis de nuevos elementos; ii) No valoró la prueba central que desvirtuaba riesgos; y, iii) No realizó un análisis razonado sobre el peligro de obstaculización, limitándose a cuestionar la norma aplicada por el Juez a quo sin entrar al fondo; 5) Vulneró el principio de presunción de inocencia, al exigir que pruebe su inocencia para desvirtuar los riesgos procesales, confundiendo los requisitos de probabilidad de autoría y de riesgo; y, 6) Se mantuvo la detención preventiva sin considerar los principios de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, pese a que las diligencias investigativas ya habían concluido y ya había dejado de ser funcionario de la ABC; y, a) Se desconoció que el riesgo de falta de domicilio fue desvirtuado y que no había peligro efectivo para la víctima, aspectos no apelados por ninguna parte, manteniéndose la medida sin motivación suficiente y sin valorar alternativas menos gravosas. Ante ello, la autoridad demandada, señaló que resolvió no acoger el primer punto relativo al art. 234.1 del CPP -ratificando la inexistencia de riesgo de fuga por domicilio-, pero acoger el segundo -art. 234.2 del citado Código- y el tercero -art. 235.1 del mismo cuerpo normativo adjetivo-, por lo que declaró parcialmente procedentes las apelaciones del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la PGE, revocando la cesación de detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva.

En ese sentido, (…) los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (Las negrillas nos pertenecen).

El art. 179 de la CPE diferencia a la jurisdicción ordinaria de la justicia constitucional, así en su parágrafo III establece: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; en este sentido, se tiene que los jueces y tribunales de garantías así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional deben ser lo menos invasivos de la actividad de la jurisdicción ordinaria por lo que cuando dejan sin efecto una resolución deben ser claros respecto a que elementos de la debida fundamentación son los observados y deben subsanarse por los jueces ordinarios para no lesionar derechos y garantías, lo contrario significaría una intromisión en la justicia ordinaria.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y otros, por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho activo y contratos lesivos; el impetrante de tutela en fecha 26 de diciembre de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva, que por Auto de 30 del mismo mes y año, el Juez a quo, declaró fundado y en aplicación del art. 231 bis del CPP dispuso reglas de conducta a seguir (Conclusión II.2), contra dicha determinación, el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la PGE interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos por la autoridad demandada a través del Auto de Vista 09/2023 de 11 de enero, declarando parcialmente procedentes los recursos de apelación formulados, disponiendo revocar el Auto de 30 de diciembre de 2022 ordenando se rechace la cesación de la detención preventiva del accionante, toda vez que se encuentran latentes los riesgos procesales del art. 234.2 y 7 del CPP y art. 235.1 del CPP (Conclusión II.3).

Sobre el punto 1) falta de congruencia externa, porque resolvió de manera conjunta y genérica los recursos de apelación del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia y PGE, sin identificar agravios ni responder de forma motivada a los puntos cuestionados se tiene que el Vocal demandado no resolvió cada apelación de manera separada sino que decidió agrupar los cargos según el cargo así se sostuvo: “…vamos a referir a los temas que se han invocado en las tres apelaciones, los cuestionamientos referentes a la mala aplicación y errónea valoración de la prueba, referente al art. 234 num. 1 del CPP, peligro de fuga, art. 234 num 2 del CPP, también peligro de futa y art. 235 num 1 del CPP, peligro de obstaculización, es en este orden que se pasa a resolver las apelaciones, tomando en cuenta que existen coincidencias en las tres apelaciones” (sic); en este sentido y considerando lo dispuesto por el art. 398 del CPP, la autoridad demandada tenía facultades para organizar los cargos de los diferentes apelantes. Al respecto, el accionante no presenta argumento concreto respecto a cómo en el caso concreto la forma de organizar y agrupar los cargos le generó indefensión o lesionó la garantía del debido proceso. En este mismo sentido, la concesión de la Sala Constitucional hace referencia a la falta de fundamentación de la resolución impugnada de la siguiente manera: “…sin precisar adecuadamente los agravios planteados; a partir de ello, en relación al primer motivo de apelación del Ministerio Público, segundo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la apelación de la Procuraduría General del Estado que está vinculado con el art. 234 num. 2 del CPP, concluye que no se tiene desvirtuado dicho riesgo procesal; de ello, resulta evidente la falta de precisión y congruencia, y no se permite una comprensión efectiva de las razones por las que se resolvió en ese sentido” (sic), incurriendo en la misma falta que reprocha al no establecer en que consiste la falta de fundamentación; es decir, sí faltó resolver un cargo, la falta de valoración de prueba relevante, contradicciones en el razonamiento, etc., es decir, se hace un reproche y se deja sin efecto una resolución judicial sin precisar concretamente y que hubiese afectado a los derechos y garantías del accionante, ignorando que la nulidad de una resolución judicial como se dispuso es de última ratio en atención a la separación de la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria aspecto que impele a denegar la tutela solicitada. En cuanto al punto 2) referido al elemento de congruencia referido a que la autoridad demandada no analizó lo dispuesto por el Juez a quo incumpliéndose el art. 398 del CPP, el punto 3) referido a que se incumplió el art. 239.1 del citado Código al omitir valorar los nuevos elementos presentados para desvirtuar los riesgos procesales, los puntos 4) y ii) referidos a que no se respondió a los argumentos y pruebas sobre el riesgo de fuga -art. 234.2 CPP-, los referidos cargos están relacionados en la medida en la que refieren a que no se valoraron los argumentos y pruebas en las que se basó la solicitud y por consiguiente la orden del Juez a quo para disponer la cesación a la detención preventiva. Al respecto, el accionante sostiene que presentó documentación sobre el viaje deportivo que hizo con su hijo, documentación que acredita que tiene cuentas bancarias retenidas y no cuenta con propiedades que le den liquidez para abandonar el país, además de un informe de la ABC que acredita que el proyecto de Construcción doble vía Sucre- Yamparaez, no se paralizó y se cuenta con boletas de garantías que desvirtúan cualquier daño económico, las cuales fueron valorados por el Juez a quo que dispuso la cesación a la detención preventiva, pero que no fueron valoradas por la autoridad demandada a tiempo de revocar la decisión. Sobre lo referido se tiene que el Vocal demandado observó respecto al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP que una vez dispuesta la detención preventiva dicha decisión fue apelada y confirmada por el Auto de Vista 385/2022, cuyos argumentos debieron ser desvirtuados, refiriendo lo siguiente: “…mal o bien el Vocal al emitir el Auto de Vista 385/2022, declaró fundado dicho riesgo procesal, vertido en el art. 234 numeral 2 del CPP, y ahora a la parte imputada debió presentar alguna documentación, alguna prueba idónea que desvirtúe ese fundamento del Auto de Vista…” (sic), indicando que las certificaciones respecto al no daño a la ABC no desvirtúan dicho riesgo. Revisado el referido Auto de Vista 385/2022 se tiene que el mismo encuentra que el imputado tenía flujo migratorio y que tenía facilidad para abandonar el país, pues habría recibido dinero para direccionar una licitación; al respecto, corresponde observar que la autoridad demandada no precisó el elemento que dispuso el Auto de Vista 385/2022, la cual, se debería desvirtuar y no se lo hizo con la prueba presentada por el accionante; por lo que, sin dicho elemento no puede efectuarse el trabajo de contraste y la verificación de la debida motivación y que hace inintelegible a la decisión judicial impugnada; por lo que, sobre estos puntos que están vinculados, corresponde otorgar la tutela y ordenar se emita una nueva resolución. En lo referente a los cargos contenidos en el punto i) se fundamentó la revocatoria en un supuesto error procesal y sobre el punto iii) referido a que no se realizó un análisis razonado sobre el peligro de obstaculización -art. 235.1 CPP-; al respecto se tiene que la autoridad demandada observó que: “Entonces, se tiene que el Juez A-quo señala una Ley que ya no está vigente, que ha sido derogada por la Ley 1173…” (sic); sin embargo, se observar que dicha afirmación para desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP se constituye en obiter dicta constituyéndose en argumento principal el argumento referido a que: “…no se ha manifestado de manera concreta cuál sería el acto investigativo…” (sic); es decir, el Auto de Vista 385/2022 estableció respecto a dicho riesgo procesal que el impetrante de tutela permitió que dichos documentos fuesen sacados de las instalaciones de la ABC y que presentó poderes para la suscripción del contrato desapareciendo un primer poder, lo que a criterio de los entonces vocales permitió pensar en la facilidad para que el accionante pueda modificar documentación argumentos que para la autoridad demandada debieron ser desvirtuados y sobre el cual debió centrarse el análisis del Juez a quo, así sostiene que: “Es la parte imputada a quien le corresponde cuestionar el Auto de Vista, en su momento a través de alguna acción constitucional, que en este momento procesal al Juez de la causa no le corresponde cuestionar lo concluido por el Juez de apelación…” (sic); en este sentido, a diferencia del riesgo procesal del art. 234.2 del CPP no se tiene por parte del accionante en su acción de libertad argumento o prueba que permita desvirtuar lo referido, por lo que, debe rechazarse el cargo respecto a dicho riesgo procesal. Finalmente sobre el punto 6) referido a que se vulneró el derecho a la libertad -arts. 23 de la CPE y 221 y 7 del CPP-, porque se mantuvo la detención preventiva sin considerar los principios de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, pese a que las diligencias investigativas ya habían concluido y el accionante había dejado de ser funcionario de la ABC; se tiene que por la forma de resolución previamente determinada es necesario que se emita una resolución de alzada debidamente fundamenta y motivada a efecto de determinarse, en su caso, la ilegal o no restricción del derecho a la libertad del accionante; y que, a) se desconoció que el riesgo de falta de domicilio -art. 234.1 CPP- fue desvirtuado y que no había peligro efectivo para la víctima; en la Resolución impugnada se hace hincapié que fue el Viceministerio de Transparencia Institucional quien observa en su apelación que la autoridad judicial no tomó en cuenta la falta de coincidencia entre las certificaciones e informes del SEGIP respecto al domicilio del imputado. No obstante, la autoridad accionada, luego de revisar el acta de audiencia y la resolución apelada, coincidió con el Juez a quo y confirmó que dicho riesgo procesal había sido desvirtuado y declaró la no concurrencia de ese riesgo procesal. Asimismo, precisó y corrigió que el domicilio correcto del imputado es la calle Haití 102, por lo que no es evidente que se haya desconocido que el riesgo procesal fuese desvirtuado como aduce el accionante, correspondiendo denegar la tutela respecto a este agravio. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con fundamentos diferentes obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 279 a 281 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en cuanto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución; y, 2° DENEGAR en cuanto al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0902_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 67a72576cc24bf3d471507c30de58925509a2c4ebefe8a1523344aa6b72aa315

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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