B.IA.LEGAL

SCP 0900/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de junio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
74483-2025-149-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, a través de su representante, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal, en el cual su hija con discapacidad se constituye en víctima, el acusado interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de constitución de fiador; empero, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo declaró procedente en parte esa apelación incurriendo en: i) Falta de fundamentación y motivación, porque sin señalar una norma específica dio línea al a quo para que posteriormente acepte la solvencia del fiador, sin necesidad de un análisis económico ni informes o auditorías que establezcan la misma, permitiendo que con la sola indicación de los ingresos y egresos se pueda dar curso a la solvencia; y, ii) Ausencia de congruencia, porque en sus argumentos se concluyó que no existía motivo suficiente para declarar la improcedencia de la fianza, ni para rechazar los garantes; sin embargo, declaró procedente en parte el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 140/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 77 a 81 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación y congruencia, y tutela judicial efectiva, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo, ordenando al Vocal demandado, emitir nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación con el presente fallo; salvo que, con posterioridad a la audiencia de garantías, haya sido modificada la situación procesal del acusado del proceso penal, del cual emerge la presente demanda tutelar.

3° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que, en futuras actuaciones, eviten incurrir en las omisiones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  2. III.2. Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0900/2026-S3 Sucre, 12 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 74483-2025-149-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 140/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 77 a 81 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Zacarias Martin Flores Choque en representación de Felicidad Sandra Victoria Callapa contra Willian Francisco Ríos Choque, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2025, cursante a fs. 1 y 52 a 60, la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Fernando Uluri Ramírez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que fue ampliado por la presunta comisión del delito de violación con agravante, en el cual su hija Diana Mina Victoria se constituye en víctima con discapacidad, se desarrolló la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado el 28 de mayo de 2024, donde se dispuso la cesación a su detención preventiva con cinco medidas cautelares menos gravosas; entre ellas, la fianza personal. A fines de cumplir con la fianza personal, el acusado solicitó la constitución del garante Victor Siles Verduguez, desarrollándose la audiencia el 2 de mayo de 2025, en la cual el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 121/2025 de la misma fecha, rechazó la solicitud. Esta Resolución fue apelada por el acusado, recurso que fue resuelto mediante Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo, pronunciado por el Vocal demandado, declarando procedente en parte la apelación, acreditándose en relación al fiador el patrimonio independiente y no así la solvencia económica. Sin embargo, el citado Auto de Vista resulta incongruente en su fundamentación, motivación jurídica y su parte resolutiva, porque señaló que no existe razón alguna para declarar la improcedencia; empero, en su parte resolutiva dispuso “Procedente en parte”. Esta falta de coherencia interna de la Resolución, generó el vicio de incongruencia omisiva externa, ya que no puede ser diferente su fundamento con la parte resolutiva; pues, el Auto de Vista debió justificar y explicar por qué no es necesario tener un análisis económico, por qué no se puede pedir otros informes o auditorías, por qué es suficiente que el garante propuesto indique cuáles son sus ingresos y egresos, tampoco fundamentó en qué norma sustentó su decisión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento debida fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 128, 129, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); el art. 8, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se “anule” el Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo de 14 de mayo, y se emita otro de manera fundamentada y motivada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de junio de 2025, según consta en acta cursante de fs. 69 a 76, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar. A las solicitudes de aclaraciones impetradas por los Vocales de la Sala Constitucional, precisó que: a) Denuncia la falta de fundamentación y motivación, ya que, respecto a los ingresos, el Vocal se limitó a señalar que es suficiente que el garante indique el monto de sus ingresos y egresos; y, b) Omitió fundamentar en qué norma o jurisprudencia se establece que no es necesaria la acreditación de la solvencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Willian Francisco Ríos Choque, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías, informó: 1) La justicia constitucional no se constituye en una tercera instancia, sino que simplemente debe garantizar los derechos constitucionales de las partes ya sea del imputado o de la víctima; 2) Es la tercera audiencia en la que se intentaba acreditar el garante; en una primera instancia, se presentó el patrimonio independiente de una movilidad pero el carnet de identidad del fiador decía casado, por ello le rechazaron; posteriormente, presentó una declaración voluntaria de la esposa pero se le rechazó nuevamente. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro exigió la presentación de certificado de matrimonio o que se adjunte poder para acreditar este patrimonio como garantía; 3) La referida Sala Penal ya aceptó el patrimonio; no obstante, en la última solicitud donde se cumplía lo observado, el Tribunal a quo rechazó, observando que el poder hacía referencia al proceso penal por el delito de violencia seguido contra Alex Fernando Uluri Ramírez, pero el proceso era también por el delito de violación, por lo que el poder no sería específico; y, 4) El Auto de Vista que pronunció, razonó que no se puede confundir lo sustancial con lo formal, dado que el poder observado por el Tribunal a quo establece correctamente el Código Único de Denuncia (CUD) y las partes. A las preguntas realizadas por el Vocal Presidente, el demandado, aclaró: i) La apelación estaba vinculada a las vertientes de patrimonio independiente y solvencia, que fueron rechazadas por el Juez a quo; ii) En la apelación dio por acreditado el patrimonio y mantuvo observada la solvencia; y, iii) La presentación de la acción de defensa es una actuación dilatoria, ya que el proceso se encuentra en juicio oral.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Alex Fernando Uluri Ramírez, a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela bajo los siguientes argumentos: a) Cuando se aplicó medidas cautelares, se le impuso la detención preventiva y fue por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; empero, cuando se dispuso su cesación de la detención preventiva, le acusaron directamente por el delito de violación; por ello, el poder presentado hacía referencia sólo al delito de violencia familiar; b) Cumplió con todo lo observado, siendo la aceptación del poder, correcta; y, c) En la acción de amparo constitucional no se establece ningún agravio.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 140/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 77 a 81 vta., denegó la tutela, determinación adoptada con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional debe establecer con claridad los derechos y garantías vulnerados, así como la relevancia constitucional que apertura la competencia constitucional; 2) Conforme el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) el accionante debe cumplir de manera ineludible los requisitos formales establecidos en dicha norma, esto con el propósito de que el Juez o Tribunal de garantías asuma conocimiento de los datos y la legitimación de los sujetos procesales, los hechos que motivaron la interposición de la acción tutelar, el derecho o garantía vulnerado y el petitorio, que resulta ser la parte central de la pretensión; y, 3) En el caso objeto de análisis, la acción de amparo constitucional no es clara, la autoridad demandada como el tercero interesado asumieron defensa por otro aspecto; pero, en las aclaraciones finales solicitadas a la parte accionante, ésta refirió que se trataba sobre la solvencia del garante; es decir, que confundió a las partes, debido a que revisada la acción de amparo constitucional ésta hizo una relación deficiente, realizando transcripciones sin realizar una explicación precisa y concreta de su pretensión; vale decir, no hubo correspondencia entre los hechos, el derecho y el petitorio, por ello no puede otorgarse la tutela en este tipo de situaciones. A la solicitud de complementación y aclaración presentada por la parte accionante, la Sala Constitucional de garantía aclaró que la demanda de amparo debe ser clara en la precisión de los hechos, derechos, petitorio concreto y la relevancia constitucional; en el caso objeto de análisis, la demanda tutelar al ser confusa, no se puede verificar por sus limitaciones.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por memorial presentado el 1 de agosto de 2025 (fs. 91 y vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la accionante solicitó adelanto de sorteo, por ser mujer con discapacidad; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 389/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 92 a 95, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 30 de enero de 2026, cursante a fs. 100, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria, habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 18 de mayo de igual año (fs. 129); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe neurológico de 15 de marzo de 2024 suscrito por Juan Carlos Duran Quiroz, Medico Neurólogo, quien, entre otros aspectos, establece que la paciente Diana Mina Victoria -hija de la accionante-padece epilepsia focal generalizada y recibe tratamiento anticonvulsivo polimodal (fs. 44) II.2. Dentro del proceso penal CUD 401503022400110 seguido por el Ministerio Público a denuncia de Diana Mina Victoria, el 27 de abril de 2024, el Fiscal de Materia imputó formalmente a Alex Fernando Uluri Ramírez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 4 a 10) II.3. Cursa Acta de audiencia de consideración de la situación procesal de 28 de mayo de 2024; en la cual, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 378/2024 de similar fecha, declaró sin lugar e improcedente la solicitud de ampliación de detención preventiva requerida por la víctima, declarando con lugar y procedente la cesación a la detención preventiva del imputado Alex Fernando Uluri Ramírez, resolución apelada por la accionante (fs. 19 a 22 vta. y de 25 a 29 vta.). II.4. A través del Auto de Vista 188/2024 de 6 de junio, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedentes las apelaciones de Diana Mina Victoria y del Ministerio Público, y confirmó el Auto Interlocutorio 378/2024 de 28 de mayo (fs. 112 al 115 vta.). II.5. El 24 de septiembre de 2024, el Fiscal de Materia, en el mismo proceso, amplió la imputación formal contra Alex Fernando Uluri Ramírez por la presunta comisión del delito de violación con agravante (fs. 23 a 24 vta.). II.6. El 2 de mayo de 2025, se celebró la audiencia pública de constitución de fiadores; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 121/2025 de similar fecha, rechazó la constitución de fiador del ciudadano Víctor Siles Verduguez y ordenó al acusado, presentar nuevos garantes o; en su defecto, subsanar las observaciones realizadas por el tribunal (fs. 11 a 14 vta.). II.7. Consta Acta de registro de audiencia de recurso de apelación incidental de 14 de mayo de 2025, resuelto por el Vocal ahora demandado, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quien a través de Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el acusado (fs. 15 a 18 y 46 a 51 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, a través de su representante, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal, en el cual su hija con discapacidad se constituye en víctima, el acusado interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de constitución de fiador; empero, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo declaró procedente en parte esa apelación incurriendo en: i) Falta de fundamentación y motivación, porque sin señalar una norma específica dio línea al a quo para que posteriormente acepte la solvencia del fiador, sin necesidad de un análisis económico ni informes o auditorías que establezcan la misma, permitiendo que con la sola indicación de los ingresos y egresos se pueda dar curso a la solvencia; y, ii) Ausencia de congruencia, porque en sus argumentos se concluyó que no existía motivo suficiente para declarar la improcedencia de la fianza, ni para rechazar los garantes; sin embargo, declaró procedente en parte el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; así, al respecto señala que:

«Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. […] Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. […]

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.

En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» [el resaltado es añadido]

III.2. Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto al principio de congruencia como elemento esencial del debido proceso, expresó que:

El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. […]

[La] congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas fueron agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

En primera instancia es pertinente señalar que la accionante Felicidad Sandra Victoria Callapa es madre de Diana Mina Victoria -mayor de edad-, quien se constituiría en víctima de violencia en razón de género del proceso penal del cual emerge la presente demanda tutelar y si bien no se tiene ningún carnet de discapacidad, se cuenta con el informe médico de 15 de marzo de 2024, suscrito por Juan Carlos Duran Quiroz, Medico Neurólogo, que establece que la paciente padece epilepsia focal generalizada y recibe tratamiento anticonvulsivo polimodal (Conclusión II.1); en ese marco, y considerando también que de la lectura de la documentación arrimada al expediente, se advierte que la accionante es quien está interviniendo en el proceso penal, defendiendo los derechos de su hija por violencia intrafamiliar, se tiene acreditada la legitimación activa. Dicho esto, es preciso señalar que la problemática planteada, gira en torno a la acreditación de la solvencia del fiador propuesto por la parte acusada; en ese sentido, a prima facie, se tiene que el Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo -confutado- declaró la improcedencia de la apelación en lo concerniente a la solvencia; no obstante, resulta necesario ingresar al fondo de la denuncia, considerando que la fundamentación y motivación de las decisiones relacionadas con medidas cautelares se pueden constituir en la base para la consideración de nuevas solicitudes, ya sea de modificación, cesación o revocatoria de dichas medidas, o, como en el caso analizado, para la constitución de fiadores; en ese marco, corresponde determinar si el referido Auto de Vista contiene argumentos que pudieran a posteriori ser lesivos a los derechos de la parte accionante, máximo cuando de por medio se tiene un proceso penal en curso por violencia en razón de género. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional y de las conclusiones del presente fallo, se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Fernando Uluri Ramírez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica en el cual Diana Mina Victoria -hija de la accionante- se constituye en víctima con discapacidad (Conclusión II.2); mediante Auto Interlocutorio 378/2024 de 28 de mayo, se declaró sin lugar e improcedente la solicitud de ampliación de detención preventiva requerida por la parte víctima, y con lugar y procedente la cesación a la detención preventiva del imputado, imponiéndole medidas cautelares de carácter personal menos gravosas; entre ellas, la detención domiciliaria y la fianza personal, resolución que pese a la apelación de la parte víctima fue confirmada por Auto de Vista 188/2024 de 6 de junio (Conclusión II.3 y II.4), posteriormente el 24 de septiembre de 2024 dentro del mismo proceso, se amplió la imputación por la presunta comisión del delito de violación con agravante (Conclusión II.5).

A solicitud del acusado, se desarrolló audiencia de constitución de fiador el 2 de mayo de 2024; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Oruro por Auto Interlocutorio 121/2025 de igual fecha, rechazó la constitución de fiador de Victor Siles Verduguez; resolución apelada por el acusado, la cual fue declarada procedente en parte por el Vocal demandado mediante Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo (Conclusiones II.6 y II.7). En ese marco, a efectos de verificar si la denuncia de falta de fundamentación, motivación e incongruencia del Auto de Vista 144/2025-SP1, efectuada por la parte impetrante de tutela en sede constitucional es evidente o no, corresponde partir de los agravios expuestos por la parte recurrente y la contestación de los sujetos procesales, es así que revisada el acta de audiencia de apelación se advierte que el recurrente fundamentó los siguientes agravios: a) Por tercera vez se llevó una audiencia en la que se consideró la constitución del fiador Victor Siles Verduguez; en ella, fueron subsanadas las últimas observaciones pendientes que realizó el Tribunal a quo, presentando el certificado de matrimonio del garante y el poder especial; no obstante, el Tribunal observó el testimonio de poder porque establecía como delito acusado únicamente la comisión de violencia familiar y el proceso también se trataba por el delito de violación con agravante, observación que no corresponde, debido a que las medidas cautelares fueron impuestas por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dado que, por el otro delito posteriormente se emitió imputación y hasta ese momento no se aplicaron medidas cautelares por dicho ilícito; y, b) Presentó anteriormente certificación de un vehículo a su nombre y de otro taxi del que es poseedor, que trabaja como radio taxi, generándole Bs6 000.- (seis mil bolivianos); además, es administrador de la joyería “Rovic”, percibiendo Bs4 500.- (cuatro mil quinientos bolivianos), razón por la que acreditó que es una persona solvente, empero le observaron que no presentó documentación respaldatoria sobre la percepción del sueldo cuando adjuntó las facturas en la primera audiencia; en ese marco, solicitó se revoque el Auto Interlocutorio apelado. En respuesta a los agravios, la parte víctima señaló que el patrimonio está observado por la declaración jurada, ya que la competencia del Tribunal a quo también se extiende a la ampliación por el delito de violación; y, que en relación a la joyería, la autoridad judicial de primera instancia anteriormente observó que el Número de Identificación Tributaria (NIT) reflejaba únicamente dos movimientos mensuales los cuales no coincidían con los Bs4 500.- que habría indicado que percibe el garante y, que en cuanto a la segunda actividad económica existe una declaración voluntaria de ingresos que según la autoridad, no acreditaría la veracidad de los ingresos señalados, por lo que pidió se confirme la resolución apelada. El Vocal demandado en el Auto de Vista confutado, luego de establecer los antecedentes, los agravios invocados por el recurrente y la contestación de la parte víctima, en su apartado: Fundamentos de la Resolución, establece que en el marco del art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP), son dos los componentes que deben cumplir los fiadores -la solvencia y el patrimonio independiente- en relación a la solvencia señala que tiene dos elementos, la primera que está desfragmentada en lo que son los ingresos y los egresos, lo importante es la utilidad, aspectos que deben ser acreditados con documentación; posteriormente, en el análisis específico del Auto Interlocutorio apelado fundamenta: 1) Sobre el patrimonio: 1.i) No analizará el patrimonio, porque ello ya fue evaluado anteriormente por la Sala Penal Tercera que, tácitamente habría aceptado ese patrimonio, efectuando observaciones sólo sobre la titularidad y la disponibilidad del bien para que justifique el cincuenta por ciento como bien ganancial y el poder de disposición del bien sobre el cien por ciento, observaciones que debían subsanarse con la presentación del certificado de matrimonio y el testimonio poder; y, 1.ii) El Tribunal a quo, observó el testimonio de poder en el sentido que solamente hace referencia al delito de violencia familiar, cuando el Tribunal igualmente es competente para conocer el delito de violación; sin embargo, revisada en la apelación, el testimonio poder, identifica a las partes y el número de CUD 4015003022400110 correspondiente al proceso penal; por lo que, el patrimonio se encuentra acreditado con el certificado de matrimonio y el testimonio de poder presentado; 2) Respecto a la solvencia económica: 2.i) La autoridad judicial en primera instancia, razonó que la actividad de la joyería tendría un ingreso de Bs100.- (cien bolivianos), aspecto que ya fue observando con anterioridad al momento de pretender constituir al fiador; es decir, se observó sus ingresos, no la actividad, ya que simplemente se había registrado un movimiento de Bs100.- y no los Bs4 500.-; 2.ii) No es necesario tener un análisis económico, sino establecer la utilidad que puede disponer, “no como otros colegas abogados, informes de auditoría. Simplemente es que el que está siendo propuesto diga; estos son mis ingresos estos son mis egresos, esto es lo que gano y esto tengo disponible. Y soy solvente con la suma de 100 bolivianos” (sic); 2.iii) Se ha mencionado que el fiador tiene dos movilidades con las cuales gana la suma de Bs3 500.- (tres mil quinientos bolivianos) con cada una y Bs4 500.- en la joyería, que la jueza ya le observó con anterioridad, que debe tener actividad, un NIT, cuánto se factura y si no se factura, debe haber un cuaderno de control de cuánto vende, son respaldos que la autoridad judicial debe verificar objetivamente cuánto es lo que gana y gasta; 2.iv) La declaración voluntaria es una declaración en la cual se indica el monto que se gana, que puede ser cierto o no, aspectos que deben ser valorados. La parte acusada ha acreditado lo que pudo y la autoridad judicial de primera instancia valoró esos documentos resolviendo en base a ellos; por lo tanto, no existe motivo suficiente para que se declare improcedente la fianza ni que se rechace la presentación de los garantes; y, 2.v) No existe fundamento legal que justifique la apertura de competencia a otro tribunal distinto al que actualmente conoce el caso, pues el expediente y el número de CUD coinciden; y, 3) La parte resolutiva del Auto de Vista declaró: procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el acusado, “acreditándose respecto a su patrimonio independiente del fiador y no así en cuanto a la solvencia económica, en lo demás se confirma la Resolución Judicial N° 121/2025 de fecha 2 de mayo de 2025, manteniéndose incólume la misma en su integridad” (sic). A efectos de proseguir con el análisis ordenado del Auto de Vista descrito, es preciso desglosar el mismo en las dos sub problemáticas planteadas: a) Sobre la falta de fundamentación y motivación

Se denuncia que el Vocal demandado, sin señalar una norma específica estaría dando línea al a quo para que posteriormente acepte la solvencia del fiador, sin establecer porqué es suficiente que éste mencione cuáles son sus ingresos y egresos sin la necesidad de un análisis económico, ni los informes o auditorías que establezcan la misma. Por todo lo descrito, se advierte que en el Auto de Vista confutado, en torno a la solvencia, la autoridad demandada efectuó un razonamiento genérico, sin determinar si efectivamente el recurrente desde los datos del proceso, acreditó la solvencia del fiador, limitándose a señalar que la parte acusada acreditó lo que pudo y la autoridad judicial de primera instancia valoró esos documentos y resolvió en base a los mismos; además, luego de afirmar que la solvencia económica debe estar debidamente acreditada, concluyó que no sería necesario un informe de auditoría, sino que el fiador indique los ingresos y egresos. Con estos argumentos la autoridad demandada inobservó la exigencia legal referida a que la solvencia económica deba encontrarse debidamente acreditada, y además si se toma de forma literal el último argumento puede dar lugar a que se pretenda acreditar la solvencia del fiador con Bs100.-, cuando el parámetro que se debe tener presente para el establecimiento de la solvencia es el establecido en los parágrafos segundo y tercero del art. 243 del CPP; es decir, que la solvencia del o los fiadores debe tener la capacidad de cubrir gastos de captura y costas procesales ante la eventual incomparecencia del imputado. Además, los argumentos genéricos del Vocal demandado, contradicen las resoluciones ejecutoriadas con anterioridad dentro del proceso penal, en las cuales, conforme el mismo, reconoce en la descripción de los antecedentes, se tenía observaciones definidas que debían ser subsanadas, entre ellas en relación a la solvencia, el movimiento económico de la joyería que registraba algo más de Bs100.- en tres meses, cuando se alegaba que el fiador percibía un monto de Bs4 500.- de dicho negocio, entonces son esos aspectos que el Vocal debía controlar y determinar si el Tribunal a quo cumplió con verificar si fueron o no subsanados para la acreditación de la solvencia. Por todo lo descrito, el Auto de Vista impugnado no cumple con los presupuestos señalados en la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, puesto que los tribunales de alzada, cuando resuelven aspectos vinculados a las medidas cautelares, como acontece en el caso objeto de análisis, están obligados a efectuar una revisión integral del fallo del juez, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé, precisando las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, mandato que no fue observado por el Vocal demandado, ya que no realizó ninguna motivación sobre los nuevos elementos que presentó el acusado ante el tribunal de instancia para acreditar la solvencia económica del fiador, omitió considerar las resoluciones ejecutoriadas que observaron la solvencia, las cuales debían ser subsanadas y además sus argumentos podrían dar lugar a que el fiador pueda acreditar su solvencia sin demostrar que ésta es suficiente para poder cubrir gastos de captura y costas en caso que el imputado no se someta al proceso o la ejecución del mismo. Por lo expuesto, se concluye que -independientemente de la improcedencia formal declarada en el fondo sobre la solvencia- el Auto de Vista impugnado con sus argumentos, vulneró los derechos de la víctima de violencia en razón de género, siendo evidente la denuncia de falta de fundamentación y motivación respecto a la solvencia económica del fiador propuesto y la vulneración de la tutela judicial efectiva, correspondiendo conceder la tutela solicitada. b) Respecto a la congruencia

La parte accionante denuncia falta de congruencia porque en sus argumentos, el Vocal demandado concluyó que no existía motivo suficiente para que se declare la improcedencia de la fianza ni que se rechace los garantes; sin embargo, declaró procedente en parte el recurso de apelación.

Por la descripción realizada del Auto de Vista confutado, se tiene que esta denuncia también es evidente, porque en relación al patrimonio concluyó inicialmente que estaba constituido y en relación a la solvencia efectuó un lineamiento para acreditar el mismo -sin la debida fundamentación ni motivación-; de manera que, cuando señaló que no había motivo para rechazar la presentación del garante se incurrió en contradicción, cuando en la parte dispositiva, se declaró procedente en parte el recurso de apelación; sin embargo, mantuvo incólume la resolución en su integridad; razón por la cual, como se señala en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la Resolución de apelación, no resulta coherente entre la parte considerativa y la parte dispositiva, esta incongruencia lesiona los derechos de la parte víctima, porque aunque se haya declarado improcedente en parte la apelación, la incoherencia deja latente la posibilidad que se favorezca a posteriori la constitución del fiador sin el cumplimento de los presupuestos establecidos en la norma, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

La Resolución 140/2025 de 4 de junio, objeto de revisión, denegó la tutela impetrada, con el argumento que la demanda tutelar no tiene claridad ni precisión, señalando que no existiría correspondencia entre los hechos, el derecho y petitorio, lo que habría ocasionado que la autoridad demandada y el tercero interesado se confundan y asuman defensa en torno al patrimonio y, que recién en audiencia de garantías la parte accionante aclaró que su reclamo está vinculado a la solvencia. Sobre el particular cabe aclarar, que la SCP 0030/2013 de 4 de enero, refiriéndose a los requisitos de admisibilidad exigidos por el art. 33 del CPCo, estableció lo siguiente:

[L]os supuestos disciplinados por el art. 33 del CPCo, se caracterizan por ser subsanables. En el marco de lo señalado, se tiene que los requisitos antes precisados, deben ser observadas por los jueces y tribunales de garantías en etapa de admisibilidad; en este contexto, para asegurar un equilibrio procesal y un real acceso a la justicia constitucional, se colige que la inobservancia de requisitos de forma disciplinados en el art. 33 del CPCo, puede ser subsanada en esta etapa por la parte accionante en el plazo de tres días, así lo establece el art. 30.I.1 del Código referido. Consecuentemente, en la primera fase de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, se faculta a los Vocales de las Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia, Juez o Tribunal de garantías a solicitar subsanaciones a efectos de admitir o rechazar la demanda tutelar; en ese marco, si los Vocales de la Sala Constitucional consideraron que no se cumplió con el presupuesto de la exposición de los hechos denunciados con claridad, debieron haber otorgado el plazo para que la parte accionante subsane en el plazo de ley, pero al no haber obrado de esa forma, inobservaron el deber procesal inexcusable de verificar la existencia de requisitos de forma y causales de improcedencia reglada en etapa de admisibilidad, pues no es admisible aplicar dicho argumento en la etapa de audiencia para no ingresar al fondo de la problemática planteada, cuando debió verificarse oportunamente en la etapa de admisibilidad los requisitos de la misma, exigidos por la norma procesal en vigencia, máxime cuando de la lectura minuciosa del memorial de amparo constitucional, se logra advertir la problemática planteada en torno a la solvencia; consecuentemente, es menester exhortar a dichas autoridades a efectos de no volver a incurrir en este tipo de omisiones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 140/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 77 a 81 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación y congruencia, y tutela judicial efectiva, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 144/2025-SP1 de 14 de mayo, ordenando al Vocal demandado, emitir nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación con el presente fallo; salvo que, con posterioridad a la audiencia de garantías, haya sido modificada la situación procesal del acusado del proceso penal, del cual emerge la presente demanda tutelar.

3° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que, en futuras actuaciones, eviten incurrir en las omisiones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0900_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 01d3f79658584ff330383c5a4897a210dc3bd58f0af377daf32082d2268de2c9

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