Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la presunción de inocencia y al debido proceso, a la integridad personal y a la defensa técnica y material, puesto que: i) El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitió Auto Interlocutorio 116/2023 de 4 de mayo, disponiendo su detención preventiva por el lapso de un mes en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en virtud a que incurrió en los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, pese a que no contó con defensa técnica, ni pudo ejercer su defensa material, tampoco consideró que tiene a su cuidado y manutención a su madre, quien padece cáncer en fase terminal, ni valoró su estado de salud al tener un tumor. ii) La Fiscal de Materia, formuló la imputación formal tipificando el supuesto hecho como delito de suministro, en virtud al informe de acción directa de los funcionarios policiales y en aplicación a los arts. 33 inciso i) y 51 de la Ley 1008, sin considerar que la sustancia ilícita era para el consumo suyo y de su madre para mitigar sus dolencias. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0900/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54128-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Isidro Colque Ramos y Juana Fidela Gómez Nolasco en representación sin mandato de Miguel Ángel López Nina contra Freddy Gastón Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 7 de marzo de 2023, cursante de fs. 39 a 41, el accionante a través de sus representantes, expresó que:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; señaló con respecto a su salud, que padece de un tumor en la costilla izquierda, lo cual se advirtió en la prueba documental -fotografía-, motivo por el cual requiere tratamiento urgente, empero, al no tener recursos económicos no se realizó un chequeo médico para determinar la gravedad del mismo. Con respecto a su madre, mencionó que padece de cáncer en el hígado en fase terminal, misma que viene realizando su tratamiento en el Hospital de Clínicas del departamento de La Paz; para contrarrestar sus dolencias le aconsejaron que consuman marihuana, es así que fue la primera ocasión en que realizó la compra de la misma para su consumo personal y de su madre, con el propósito de aminorar sus dolencias; sin embargo, fue imputado por el supuesto delito de suministro. El 4 de marzo de 2023, en audiencia pública virtual de consideración de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 116/2023 disponiendo su detención preventiva; señaló que no contó con sus abogados de confianza, transgrediendo el principio de la defensa técnica y material; pese a ello se le designó una defensora pública, empero, la misma no le otorgó la palabra, impidiendo la proposición de pruebas documentales a fin de desvirtuar los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización. El Fiscal de Materia realizó la valoración subjetiva en razón al informe de acción directa de los funcionarios policiales, imputando la comisión del delito de suministro en virtud a los arts. 33 inc. i) y 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-. Aclaró que su aprehensión fue mediante acción directa de la Policía Boliviana, siendo hallado con 49 gramos de marihuana -reitera- para su consumo debido a las dolencias suyas y de su madre.
Denunció la vulneración de los derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la presunción de inocencia y al debido proceso, a la integridad personal y a la defensa técnica y material, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 116/23 de 4 de marzo de 2023; y, b) Señalamiento de fecha y hora para la audiencia de consideración de situación jurídica.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 47 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolas manifestaron que: 1) Está detenido preventivamente por el lapso de un mes en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, debido a la vulneración al debido proceso en su vertiente defensa técnica y material; 2) Se argumentó para su detención preventiva incurrir en los riesgos procesales de fuga y obstaculización; y, 3) Al tener la edad de veinte años y siendo el menor de los hijos, esta al cuidado y manutención de su madre, lo cual hizo que adquiera 49 gramos de marihuana para el consumo personal y medicinal, lo cual desvirtúa los riesgos de fuga y obstaculización.
María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 8 de marzo de 2023, cursante a fs. 46 y vta. y en audiencia de garantías, señaló que: i) El 2 de marzo de 2023, asumió conocimiento del Informe de Acción Directa emitido por los funcionarios policiales de El Alto del departamento de La Paz, los cuales condujeron en calidad de aprehendido al ahora accionante a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); ii) El imputado se encontraba en posesión de “…5 sobres de hoja cuadriculada y un frasco pequeño de plástico conteniendo una hierba verduzca con características a marihuana a Hrs. 11:15 am., aproximadamente en la zona de Villa Dolores, Av. Antofagasta, altura de las calles 2 y 3 de la ciudad de El Alto, destacando el hecho de que esos sobres y el frasco pequeño se encontraba en el bolsillo izquierdo de su pantalón, dentro de una bolsa nylon transparente…” (sic); se corroboró que la hierba verduzca encontrada en posesión del imputado era marihuana y que la cantidad fue de 49 gramos; debido a la flagrancia del hecho, el funcionario policial Beltrán Cordero Cale, procedió al secuestro de la sustancia controlada y aprehensión de Miguel Ángel López Nina -ahora accionante-; iii) Se recepcionó la declaración del aprehendido en presencia del abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); en el acto el detenido puso a conocimiento que no tiene abogado, motivo por el cual, la suscrita le explicó el motivo de su aprehensión, el hecho ilícito y de los actuados procesales, como también sus derechos y garantías; por lo que, se le preguntó si estaba de acuerdo y si entendió a cabalidad lo expresado, a lo que el detenido respondió afirmativamente; sin embargo, al estar de acuerdo con el patrocinio legal del abogado del SEPDEP se procedió con la recepción de su declaración, por lo que, se acogió al derecho de guardar silencio, inclusive no mencionó nada con respecto a su salud o la de su madre; iv) En aplicación al principio de objetividad establecido en la norma adjetiva penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), la calificación inicial acorde a la conducta y circunstancias del hecho es de suministro; de algún modo, pudo considerarse la aplicación del art. 49 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, empero, no hubo ningún elemento que condujera a ello; v) Se emitió la imputación, valorando cada uno de los elementos existentes en el cuaderno de investigaciones y de ningún modo se vulneró derechos ni tampoco garantías constitucionales del aprehendido -accionante- en flagrancia delictiva; y, vi) Se actuó en aplicación a los Autos Supremos 678/2014 de 17 de noviembre y 345/2015-RRC de 3 de junio. Freddy Gastón Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Expresó que, se viene tramitando el proceso penal en el Juzgado que preside y en aplicación a la norma se efectuó la audiencia de consideración de situación jurídica para el 4 de marzo de 2023; en la misma fue considerado la solicitud del Ministerio Público y la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva; b) Señaló que está pendiente la resolución del recurso de apelación interpuesto por el accionante “…debe resolverse primero la apelación incidental para poder reclamar si la resolución dictada por la suscrita autoridad estaba bien fundamentada o no por los vocales superiores en grado del tribunal departamental de justicia…” (sic); y, c) La defensa técnica del imputado no se enlazó a tiempo a la audiencia virtual de consideración de situación jurídica; por lo que, recayó en su responsabilidad la inasistencia; empero, se le designó defensor público; posteriormente su abogado de confianza se incorporó una vez que el abogado del SEPDEP planteó recurso de apelación.
El Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante aseveró la vulneración de la defensa técnica y material del imputado, al no permitirse que sus abogados participen de la audiencia de consideración de situación jurídica, efectuada el 4 de marzo de 2023, asimismo se le impidió su intervención de forma oral y directa, vulnerándose su derecho a la legítima defensa; emitido el Auto Interlocutorio 116/2023, su defensa técnica del SEPDEP, interpuso recurso de apelación incidental; la impugnación planteada no fue resuelta, por lo que está pendiente de resolución; 2) La autoridad judicial que tiene la competencia para resolver los actos lesivos, es el Juez de origen, quien debe ejercer el control jurisdiccional con relación a los actos lesivos a los derechos y garantías del accionante; 3) Con relación a la supuesta aprehensión ilegal, a la privación de libertad y al procesamiento indebido por las autoridades demandadas, el impetrante de tutela de manera previa, debió recurrir a la jurisdicción ordinaria a objeto de denunciar las vulneraciones y no acudir a la jurisdicción constitucional directamente; 4) El accionante por intermedio de sus abogados debió plantear el incidente de actividad procesal defectuosa o reforzar su recurso de impugnación; y, 5) Al existir un recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela, no corresponde ingresar al análisis de la problemática de fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del acta de audiencia de garantías de 8 de marzo de 2023, Freddy Gastón Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz expresó que, el Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), planteó recurso de apelación contra la Resolución que determinó la detención preventiva del ahora accionante (fs. 47 a 49 vta.).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la presunción de inocencia y al debido proceso, a la integridad personal y a la defensa técnica y material, puesto que: i) El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitió Auto Interlocutorio 116/2023 de 4 de mayo, disponiendo su detención preventiva por el lapso de un mes en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en virtud a que incurrió en los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, pese a que no contó con defensa técnica, ni pudo ejercer su defensa material, tampoco consideró que tiene a su cuidado y manutención a su madre, quien padece cáncer en fase terminal, ni valoró su estado de salud al tener un tumor. ii) La Fiscal de Materia, formuló la imputación formal tipificando el supuesto hecho como delito de suministro, en virtud al informe de acción directa de los funcionarios policiales y en aplicación a los arts. 33 inciso i) y 51 de la Ley 1008, sin considerar que la sustancia ilícita era para el consumo suyo y de su madre para mitigar sus dolencias. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0236/2025-S3 de 10 de abril, estableció que: “La jurisprudencia emitida por este órgano de constitucionalidad, fijó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, tomando en cuenta que en búsqueda de un equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, provocando una confrontación jurídica entre ambas; razón por la que, lo que debe evitarse es que se convierta en un medio alternativo o paralelo a la segunda de las nombradas. Aspecto que, de modo alguno, implica una restricción de sus alcances, menos aún desconocimiento del principio de favorabilidad, toda vez que lo que se busca es que no pierda precisamente, su esencia de ser un recurso heroico. En ese orden, para que proceda esta garantía constitucional, la o el impetrante de tutela, se hallan compelidos en causa propia, a activar previamente a su formulación, los medios ordinarios de defensa eficaces y oportunos existentes para proteger su derecho a la libertad presuntamente vulnerado; exigiendo la subsidiariedad excepcional que la caracteriza que ante la concurrencia de mecanismos intra procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para reparar la lesión cometida, éstos sean utilizados por el agraviado, antes de plantear la acción de libertad, siendo viable la misma, únicamente si no se reparan los derechos afectados pese al agotamiento de dichas vías específicas. Ahora bien, en los supuestos que no sea exigible el agotamiento de vías ordinarias de reclamo para plantear la acción de libertad -como en el caso de planteamientos referentes al derecho a la vida, o por sectores de vulnerabilidad como adultos mayores y menores de edad, entre otros-; pero la parte accionante voluntariamente las activa, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno en virtud al principio de lealtad procesal y de equilibrio, no siendo viable acudir a la justicia constitucional estando abierta la jurisdicción ordinaria para resolver los hechos fácticos denunciados en sede constitucional. En ese sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció en el examen de la problemática que resolvió, que la parte accionante en esa oportunidad: ‘…de manera paralela ha activado esta acción de defensa, lo cual al margen de desnaturalizar la esencia y naturaleza jurídica de esta acción tutelar, como se tiene explicado anteriormente, provocaría un conflicto entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, lo cual neutraliza e impide ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, (…) ha provocado una situación irregular y la dualidad de medios de defensa tendientes al mismo fin, y que en base a su pedido voluntario ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria a cargo del control jurisdiccional de la investigación, -al menos hasta el momento de la interposición de la acción-, es a ella a quien le corresponde dilucidar su situación jurídica, no así al Tribunal Constitucional’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
La SCP 0650/2024-S4 de 24 de septiembre, estableció que: «Al Respecto, la SCP 0441/2023-S4 de 5 de junio, establece que: “Por disposición del art. 125 de la CPE, la acción de libertad se constituye en el mecanismo de defensa de los derechos a la libertad y la vida de toda persona, cuando considere que su vida se encuentra en peligro o que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, siendo una de sus características más relevantes la exención de formalidades procesales para su activación, dado que puede ser presentado por cualquier persona afectada u otra a su nombre sin necesidad de mayor exigencia que su sola identificación, además que puede ser realizada por escrito o de manera verbal. (…) En ese sentido, el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone que la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional; norma que guarda coherencia con el art. 54.1 del adjetivo penal, que señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal; lo que implica que, el juez que ejerce el control jurisdiccional, en la etapa que corresponda, tiene el deber de ejercer el control del proceso, tanto en las actuaciones del Ministerio Público como en las que correspondan a la Policía Nacional, control que debe ser ejercido en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes en el proceso. Así fue razonado en la SCP 0003/2020-S3 de 2 de marzo, cuando señaló que: ‘…el Juez de Instrucción Penal, es el encargado del control jurisdiccional desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, teniendo bajo su control todos los actos investigativos realizados por el Ministerio Público, así como las actuaciones de la Policía Nacional, en tal sentido las partes ante cualquier acto vulneratorio de sus derechos deben denunciar previamente ante dicha autoridad judicial, las posibles lesiones de derechos a objeto de su resguardo y en su caso restitución, pues el control jurisdiccional se constituye en el medio idóneo, oportuno y eficaz para ello‛. Dicho lineamiento también fue asumido en la SC 0054/2010-R de 27 de abril, al señalar que: ‘…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa‛.
(…) En ese marco, la aplicación excepcional de la subsidiariedad resulta aplicable a los casos en los cuales la causa se encuentre bajo control jurisdiccional, toda vez que, en el marco del principio de constitucionalidad contenido en el art. 410.I de la CPE, todas las personas, órganos públicos e instituciones se encuentran sometidos a la Ley Fundamental, de manera que, es obligación prima facie, de las autoridades que ejercen dicho control, conocer y resolver en primer término las denuncias de vulneración a derechos fundamentales, y solo en defecto de ellas y de persistir la lesión alegada, se aperture la justicia constitucional al efecto, con mayor razón si los actos lesivos se producen en desobediencia de resoluciones emanadas de la propia autoridad jurisdiccional“» (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la presunción de inocencia y al debido proceso, a la integridad personal y a la defensa técnica y material, puesto que: a) El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, emitió Auto Interlocutorio 116/2023 de 4 de mayo, disponiendo su detención preventiva por el lapso de un mes en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en virtud a que incurrió en los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, pese a que no contó con defensa técnica, ni pudo ejercer su defensa material, tampoco consideró que tiene a su cuidado y manutención a su madre, quien padece cáncer en fase terminal, ni valoró su estado de salud al tener un tumor. b) La Fiscal de Materia, formuló la imputación formal tipificando el supuesto hecho como delito de suministro, en virtud al informe de acción directa de los funcionarios policiales y en aplicación a los arts. 33 inciso i) y 51 de la Ley 1008, sin considerar que la sustancia ilícita era para el consumo suyo y de su madre para mitigar sus dolencias. Conforme a la relación de hechos, se tiene que el accionante fue aprehendido por funcionarios policiales el 2 de marzo de 2023 a horas 11:15 en inmediaciones de la zona de Villa Dolores, Av. Antofagasta, altura de las calles 2 y 3 de la ciudad de El Alto de la Capital del departamento de La Paz; en su posesión se encontró 49 gramos de marihuana; debido a la flagrancia del hecho, fue trasladado a dependencias de la FELCN, in situ al encontrarse presente el abogado del SEPDEP, se procedió con la recepción de la declaración del aprehendido -ahora accionante-, ipso facto se acogió al derecho de guardar silencio; seguidamente, fue informado del motivo de su aprehensión, sus derechos y garantías inherentes. El 4 de marzo de 2023, se emitió Auto Interlocutorio 116/2023 en la audiencia pública virtual de consideración de situación jurídica, disponiendo la detención preventiva del imputado por el lapso de un mes en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En ese contexto, el Fundamento Jurídico III.1 citado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que, en el supuesto de que no se haya utilizado los medios de defensa en la jurisdicción ordinaria o que aún esté en espera de solución un recurso de apelación, y a pesar de ello, se presente simultáneamente un recurso constitucional mediante la acción de libertad, esto impide que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda entrar al análisis de fondo de la cuestión planteada; dado que, al activar esta acción tutelar al mismo tiempo que un recurso de apelación este pendiente en la jurisdicción ordinaria, altera la esencia y la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que generaría un conflicto entre jurisdicciones. Bajo ese entendido, con relación al Juez demandado se advierte que en la audiencia de garantías, el Juez demandado expresó que, la defensa técnica del imputado -ahora accionante- activó la vía ordinaria de impugnación prevista en la normativa penal, vale decir, el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 116/2023 aspecto que no fue controvertido ni desvirtuado por el accionante; y de forma paralela, interpuso la acción de libertad reclamando el mismo hecho lesivo, desconociendo que no es admisible la activación paralela de dos jurisdicciones con el mismo objeto; es decir, la vía ordinaria y la vía constitucional, toda vez que, este actuar provocaría un conflicto procesal contrario al orden jurídico; por lo que corresponde denegar la tutela. Con relación a la Fiscal de Materia, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Medioambientales y Perdida de Dominio del departamento de La Paz demandada, es menester aclarar que cualquier reclamo en su contra por comisión u omisión en sus actuaciones debe ser previamente denunciada mediante incidente de actividad procesal defectuosa, conforme orienta el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En virtud a lo expuesto, de acuerdo a los lineamientos citados en la jurisprudencia referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, el impetrante de tutela debió recurrir a los medios de defensa idóneos y oportunos establecidos en la jurisdicción ordinaria, vale decir mediante incidente de actividad procesal defectuosa establecida en el art. 167 y siguientes del CPP, teniendo en cuenta que, las actuaciones del Ministerio Público están supeditadas al control jurisdiccional de la Autoridad Judicial competente, el cual tiene el deber de ejercer la dirección del proceso, resguardar los derechos y las garantías de los sujetos procesales. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela, debido a que no acudió a la instancia intraprocesal establecida a objeto de restituir la lesión de sus derechos. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0900_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 119783b6f51126f90999a6e46a4ffc041b1c60439c7992c7fe94412217423db3
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