Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 11 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos acceso a la justicia e impugnación; alegando que su hermana y cuñado fallecieron a raíz de un accidente de tránsito, por cuanto al habérsele otorgado la guarda de los hijos menores de edad de los prenombrados fallecidos, mediante memorial de 20 de abril de 2022, se apersonó en calidad de víctima al proceso penal seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito, que se encontraba en etapa de preparación de actos para juicio oral, acreditando su vínculo familiar y la guarda; no obstante, sin considerar los elementos probatorios adjuntos, la Jueza ahora demandada a través de providencia de 22 de abril de 2022, se limitó a disponer que se ponga a conocimiento del Ministerio Público la solicitud de oficios, determinación que no le fue notificada argumentando que no sería parte del proceso, debido a lo cual el 11 mayo del mismo año, interpuso recurso de reposición contra dicho decreto, solicitando se emita pronunciamiento acerca de su apersonamiento; sin embargo, mediante providencia de 12 de igual mes y año, la autoridad hoy demandada ordenó con carácter previo que se acompañe la diligencia de notificación con el decreto de 22 de abril de 2022, a efectos del cómputo de plazo, determinación que se le hizo conocer a través de la gestoría al número de celular del abogado del SEPDAVI, de manera que, por memorial presentado el 27 de mayo de 2022, solicitó a la autoridad judicial de referencia se le practique la notificación con la …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0900/2023-S4 Sucre, 11 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49516-2022-100-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 121/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco contra Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza de Sentencia Penal Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 24 de junio de 2022, cursantes de fs. 35 a 40 y de subsanación el 25 de julio de igual año (fs. 69 y vta.), la parte accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, que tuvo como víctimas fallecidas a Fabiana Fiesta Gutiérrez –hermana de la ahora accionante- y Zacarías Claros Rodríguez, es que encontrándose el proceso en actos preparatorios de juicio oral, por intermedio del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), se apersonó en calidad de víctima al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba –a cargo de la Jueza ahora demandada‒, mediante memorial de 20 de abril de 2022, a través del cual al amparo de los arts. 4.2 de la Ley 464 de 19 de diciembre de 2013 y 76.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), hizo conocer y acreditó con documentación el vínculo familiar con Fabiana Fiesta Gutiérrez; asimismo, que tenía a su cargo la tutela de los hijos de su fallecida hermana, además en aplicación del art. 160 del adjetivo penal, a los fines de notificación estableció al efecto medios digitales.
Añadió que, ante este pedido la autoridad demandada mediante providencia de 22 de abril de 2022, “de manera tácita no admite mi apersonamiento”, limitándose únicamente a disponer que se ponga a conocimiento del Ministerio Público a efectos de que se pronuncie respecto a su solicitud de oficios, determinación que no le fue notificada argumentando que no sería parte del proceso; no obstante, a esa irregularidad el 11 de mayo del mismo año, interpuso recurso de reposición contra dicho decreto, solicitando la necesidad de que se valore los documentos que acreditan el vínculo familiar, haciendo notar que dicha autoridad debía pronunciarse acerca de su apersonamiento; sin embargo, por providencia de 12 de igual mes y año, ordenó con carácter previo que se acompañe la diligencia de notificación con el decreto de 22 de abril a efectos del cómputo de plazo, determinación que se le hizo conocer a través de la gestoría al número de celular del abogado del SEPDAVI. Por lo que mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2022, solicitó a la autoridad judicial de referencia se le practique la notificación con la referida providencia –22 de abril de 2022–, mereciendo la emisión del proveído del 1 de junio de igual año, a través del cual su pretensión fue rechazada considerando que su persona no se habría apersonado al proceso en la etapa preparatoria “a más de ello y a manera de demostrar su actuar arbitrario determinan notificarme ‘en tablero de despacho’ también con el criterio errado de que al no ser sujeto procesal no correspondería la notificación de conformidad al art. 160 del Código de Procedimiento Penal” (sic), restringiendo de esa forma su derecho de acceso a la justicia y a la impugnación al notificarla de manera arbitraria en tablero cuando hizo conocer de forma expresa los medios para tal efecto, situándola en estado de indefensión. Finalmente aclaró que, contra Gabriel Claros Rodríguez –hoy tercero interesado- su persona sigue un proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual cuya víctima resulta la hija de su hermana fallecida de iniciales MCFF –de quince años de edad–; razón por la cual, el prenombrado no podría constituirse de ninguna forma en parte víctima dentro del proceso penal efecto del accidente de tránsito, “cuando este se encuentra mermando los derechos de su sobrina incurriendo en hechos ilícitos como es el abuso sexual” (sic), lo que motivó se apersone al proceso seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, para que ante la sentencia que se emita, pueda solicitar la reparación de daños y perjuicios, en beneficio de los hijos de su hermana fallecida.
La parte accionante alegó como lesionado sus derechos acceso a la justicia e impugnación, citando al efecto los arts. 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la anulación de la providencia de 1 de junio de 2022, y se acepte su apersonamiento otorgándole la oportunidad de presentar la acusación particular considerando que ha momento de haberse apersonado en el proceso se encontraba en actos preparatorios de juicio oral.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 76 a 77, presente la parte accionante y ausentes la Jueza demandada y los terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través del abogado del SEPDAVI, ratificó in extenso en el memorial de acción de defensa presentado, señalando que: a) La vulneración radica en la falta de consideración de su apersonamiento al proceso, bajo el argumento que no lo habría hecho en la etapa preparatoria, rechazó que fue mediante decreto, sin que le sea permitido el recurso de reposición, pese a que solicitó su notificación legal con el citado decreto a afectos de formalizar dicho recurso; sin embargo, le fue negado, hechos a partir de los cuales se vulnera su derecho de acceso a la justicia, en el entendido que la víctima tiene el derecho de ser oída y escuchada por la referida autoridad en cualquier etapa del proceso, además de poder utilizar todos los recursos que sean necesarios dentro del proceso a efectos de asumir defensa; b) Estableció para fines de notificación medios digitales, donde no fueron notificadas las respuesta a sus memoriales, denegándole su derecho de acceso a la justicia y a la impugnación; y, c) Finalizó reiterando su petitorio, y aclarando que todo lo manifestado en audiencia se encontraba demostrado por las literales adjuntas como ser certificado de nacimiento de su persona, cédula de identidad, certificado de defunción de su hermana fallecida y testimonio de tutela judicial.
Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza de Sentencia Penal Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentando el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 51 a 52 de obrados, señaló que: 1) Por pliego acusatorio de 6 de diciembre de 2019, la representante del Ministerio Público puso a su conocimiento acusación formal instaurada de oficio contra Jonathan Roberto Murua Aguayo, por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, del cual se extraen los siguientes datos: Acusador Ministerio Público, Querellante Gabriel Claros Rodríguez en representación de las víctimas Zacarías Claros Rodríguez y Fabiana Fiesta Gutiérrez, quienes producto del hecho fallecieron, teniendo como Acusado al prenombrado Jonathan Roberto Murua Aguayo, quién “se encuentra detenido preventivamente por otro delito” (sic); 2) Por memorial de 20 de abril de 2022, la hoy accionante a través del SEPDAVI se apersonó en calidad de víctima al fallecimiento de su hermana y su cuñado, adjuntando documentales escaneadas, que no fueron presentadas en originales hasta el presente, desconociendo si responden a originales o fotocopias simples, “sin embargo de ello, efectivamente al no ser considerada esta documentación como idónea para su valoración precisamente por su presentación, además de existir un querellante quién representa ya a las víctimas, es que se ha rechazado el memorial por no ser parte dentro el presente proceso, aclarando además que el Art. 76 del CPP modificado por la Ley 1173 no hace referencia una pluralidad de victimas” (sic); 3) El objeto del memorial de apersonamiento tuvo como finalidad solicitar la emisión de oficios al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y al Servicio de Registro Cívico (SERECI), a fin de obtener documentación para la tramitación del cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo cual al ser de su competencia ordenó su notificación al Ministerio Público para dicho fin, considerando la existencia de menores de edad, “ya que a criterio propio, para solicitar estos requerimientos la impetrante debió dirigirse a la autoridad fiscal” (sic); 4) Ante la sorpresiva presentación de un recurso de reposición es que solicitó se acompañe la diligencia de notificación , puesto que las Oficinas Gestoras son las responsables de realizar las notificaciones correspondientes, diligencias que no habían sido aún devueltas; 5) “Que ante la solicitud de notificación presentada por el SEPDAVI quién además refiere tener conocimiento de la providencia de 12 de mayo es que ‘extrañamente’ solicita sea notificado, cuando el los hechos al tener conocimiento ya se encontraba notificado y que nuevamente queda en duda el hecho de ser parte o no en el proceso” (sic), por lo que se le hizo conocer quiénes serían las partes procesales, habiéndose apersonado en la etapa preparatoria Gabriel Claros Rodríguez en representación de las víctimas fallecidas, constituyéndose en querellante desde esa etapa; 6) La accionante refiere que se vulneró su derecho de acceso a la justicia, olvidando que dentro del proceso penal existe un representante de las víctimas fallecidas como es el prenombrado Gabriel Claros Rodríguez, a quién se le informó y anotició de todo cuanto se va desarrollando dentro del proceso, y que casualmente resulta hermano del fallecido Zacarías Claros Rodríguez, lo que evidencia que no se lesionó el referido derecho; y, 7) Finalmente, señala que tampoco se vulneró su derecho a la impugnación por cuanto al no haberse aceptado su apersonamiento menos aún se abrió competencia para impugnar un derecho que ni siquiera nació.
Gabriel Claros Rodríguez, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2022, cursantes a fs. 55, señaló que: i) Dentro del proceso penal seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, se encuentra como acusador particular por ser hermano del fallecido Zacarías Claros Rodríguez; ii) Solicitó su notificación con la presente acción de amparo constitucional en calidad de tercero interesado, a objeto de hacer prevalecer sus derechos como víctima y acusador particular dentro del proceso de referencia; y, iii) Finalizó solicitando se tenga presente que se encuentra detenido preventivamente por un delito relacionado a la libertad sexual. Emergente del escrito referido, fue emitido el decreto de la misma fecha, mediante el cual la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dispuso que con carácter previo a considerar el mismo, el prenombrado debía acreditar con documentación idónea, su legitimación y que se encuentra privado de libertad, con cuyo resultado se proveería lo que corresponda; efecto por el cual a través de memorial presentado el 26 de julio del citado año, cursante a fs. 95 el prenombrado adjuntó a fs. “6”, elementos de convicción que acreditaban su legitimación y privación de libertad, que mereció la providencia de la misma fecha, por la cual la referida Sala Constitucional dispuso que esté al desarrollo de la audiencia de 26 de igual mes y año. Jonathan Roberto Murua Aguayo, no remitió escrito alguno ni asistió a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 50.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 121/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el proveído de 1 de junio, disponiendo la emisión de una resolución acorde a los lineamientos establecidos en el presente fallo, sin costas por ser excusable; ello en base a los siguientes fundamentos: a) En el memorial de apersonamiento presentado por la ahora accionante ante la Jueza hoy demandada, hizo conocer que ante el fallecimiento de su hermana y su cuñado, los hijos de éstos de quince, nueve y cinco años, quedaron bajo su cuidado en calidad de tutora, conforme acreditó a través del Testimonio emitido por el Juzgado Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba; por lo que, debido a las necesidades de los menores urgía poder realizar el trámite de indemnización por muerte del SOAT, debido a lo cual, solicitó se acepte su apersonamiento; que mereció el proveído de 22 de abril de 2022, que de manera textual señala: “Sin embargo de que SILVERIA FIESTA GUTIERREZ DE PILLCO no es parte en el proceso, póngase en conocimiento de la Fiscal (Dra. Lucia Navia Montalvo) a fin de que se pronuncie al respecto …” (sic), determinación notificada a dicha autoridad fiscal el 4 de mayo de 2022, sin que exista respuesta de su parte; el 11 de igual mes y año, la accionante por intermedio del SEPDAVI formuló recurso de reposición, solicitando se revoque el decreto de 22 de abril de 2022, y en función a una adecuada valoración de la documentación la tenga por apersonada en el proceso en calidad de víctima; no obstante, a través de proveído de 12 de mayo de 2022, se solicitó acreditar la fecha de notificación a efectos del cómputo de plazo, por cuanto mediante memorial de 31 del mes y año referidos, pidió se proceda a su notificación para hacer uso del recurso correspondiente, obteniendo por respuesta el decreto de 1 de junio del año de referencia, señalando que no se advertía que la solicitante de tutela se haya apersonado al proceso en la etapa preparatoria, habiéndose apersonado sólo Gabriel Claros Gutiérrez en calidad de víctima, por lo que al no ser parte del proceso, no podía ser sujeto de notificación; b) La autoridad demandada no realizó una adecuada compulsa de los antecedentes ni fundamentos jurídicos, ya que no consideró lo que claramente establece el art. 76.2 del CPP, que señala: “ 2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido”, de donde se tiene que los menores MCCF, NCF y GCF, resultan hijos de las víctimas del hecho de tránsito que se tramita ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del aludido departamento, estando los mismos en línea directa, condición bajo la cual al estar representados por la accionante, quién fue designada como tutora, merecen protección reforzada por parte de todas las autoridades y conforme lo establece la Ley Fundamental, y las diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que, al no haberse aceptado el apersonamiento de la misma en representación de los menores, se vulneró sus derechos fundamentales; y, c) Finalmente en cuanto a lo que respecta al derecho a la impugnación, “en base a los argumentos expuestos, al no haberse reconocido el apersonamiento de Silveria Fiesta, y al no haberse considerado parte del proceso, el derecho a la impugnación no se halla vulnerado, al considerarse no ser parte del proceso, sin embargo, conforme se ha señalado precedentemente, se tiene que la autoridad accionada debe considerar los argumentos expuestos en la presente resolución a objeto de emitir una nueva resolución” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia virtual de cesación a la detención preventiva desarrollada el 21 de abril de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Gabriel Claros Rodríguez –ahora tercero interesado– por la presunta comisión del delito de abuso sexual, cuya víctima es la adolescente de iniciales MCCF, verificativo donde fue emitido el Auto de Interlocutorio de la misma fecha, a través del cual fue rechazada la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el prenombrado (fs. 63 a 68 vta.). II.2. Mediante memorial de 20 de abril de 2022 –presentado a través del Buzón Judicial–, Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco, –hoy accionante–, se dirigió al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, apersonándose al proceso penal seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito; en calidad de víctima, anunciando patrocinio del SEPDAVI y solicitando oficios (fs. 16 a 19). II.3. A través de escrito de 11 de mayo de 2022, la hoy solicitante de tutela interpuso recurso de reposición contra el proveído de 22 de abril de 2022, que mereció el decreto de 12 de igual mes y año, por medio del cual la autoridad jurisdiccional demandada estableció que con carácter previo, acompañe la diligencia de notificación efectuada a su persona, para fines de cómputo de plazos procesales, con cuyo resultado se proveería lo que corresponda (fs. 21 a 24).
II.4. Por memorial de 27 de mayo de 2022, la hoy impetrante de tutela solicitó a la Jueza demandada se le practique la notificación con el proveído de 22 de abril de 2022, con la finalidad de poder activar los recursos legales que la ley otorga; que obtuvo el decreto de 1 de junio de igual año, a través del cual la aludida autoridad judicial, señaló que de la revisión de antecedentes, específicamente de la acusación formal de 6 de diciembre de 2019, constaba en condición de denunciante Gabriel Claros Rodríguez, y posterior apersonamiento en querella se constituye víctima dentro del proceso de referencia, de donde no se advertía que Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco, se hubiese apersonado dentro de la etapa preparatoria ni hubiera presentado denuncia al respecto, evidenciando por ello que no es parte del proceso, por ende no puede ser sujeto de notificaciones como establece el art. 160 del CPP; por lo que, rechazó el pedido efectuado (fs. 27 a 28). II.5. Cursa la siguiente documentación: Testimonio de Tutoría, que acredita que Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco, fue designada como tutora de la adolescente MCCF (quince años), y los niños NCF (nueve años) y GCF (cinco años), Certificado de Nacimiento de Silveria Fiesta Gutiérrez, Certificado de Nacimiento y de Defunción de Fabiana Fiesta Gutiérrez, Certificado de Nacimiento y Defunción de Zacarías Claros Rodríguez, Certificados de Nacimiento de los menores MCCF, NCF y GCF (fs. 2 a 15).
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos acceso a la justicia e impugnación; alegando que su hermana y cuñado fallecieron a raíz de un accidente de tránsito, por cuanto al habérsele otorgado la guarda de los hijos menores de edad de los prenombrados fallecidos, mediante memorial de 20 de abril de 2022, se apersonó en calidad de víctima al proceso penal seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito, que se encontraba en etapa de preparación de actos para juicio oral, acreditando su vínculo familiar y la guarda; no obstante, sin considerar los elementos probatorios adjuntos, la Jueza ahora demandada a través de providencia de 22 de abril de 2022, se limitó a disponer que se ponga a conocimiento del Ministerio Público la solicitud de oficios, determinación que no le fue notificada argumentando que no sería parte del proceso, debido a lo cual el 11 mayo del mismo año, interpuso recurso de reposición contra dicho decreto, solicitando se emita pronunciamiento acerca de su apersonamiento; sin embargo, mediante providencia de 12 de igual mes y año, la autoridad hoy demandada ordenó con carácter previo que se acompañe la diligencia de notificación con el decreto de 22 de abril de 2022, a efectos del cómputo de plazo, determinación que se le hizo conocer a través de la gestoría al número de celular del abogado del SEPDAVI, de manera que, por memorial presentado el 27 de mayo de 2022, solicitó a la autoridad judicial de referencia se le practique la notificación con la referida providencia; sin embargo, por proveído del 1 de junio del mismo año, su pretensión fue rechazada considerando que su persona no se habría apersonado al proceso en la etapa preparatoria; por lo que, no constituía sujeto procesal para ser notificada.
En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0149/2023-S3 de 4 de abril, precisó: “Respecto a esta temática procesal, la jurisprudencia constitucional desarrolló distintos entendimientos sobre las garantías procesales inherentes a la víctima dentro de un proceso penal, así la SCP 0862/2018-S2 de 20 de diciembre, efectuó el siguiente desarrollo sobre la necesaria participación e información a la víctima antes de asumir una decisión judicial, aún ésta no se constituyera en querellante o acusadora particular: “El art. 121.II de la CPE, señala: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado’. Por su parte, el art. 11 del CPP, modificado por la Ley 007, respecto a la garantía de la víctima, prevé que: ‘La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante’ (…). Entonces, respecto a la víctima dentro del proceso penal, las normas señaladas, consagran su derecho a ser oída antes de cada decisión judicial y a participar con autonomía, sin constituirse en querellante o acusador particular. Ahora bien, es necesario determinar con precisión, quiénes tienen la calidad de víctima, a efectos de saber quiénes están legitimados para intervenir dentro del proceso penal en calidad de querellantes o acusadores particulares. Al respecto, el art. 76 del CPP, considera como víctima: 1. A las personas directamente ofendidas por el delito; 2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido; 3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten (…). Asimismo, con relación a los derechos que se reconoce a la víctima, el art. 77 del mismo cuerpo legal, resalta que: ‘Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento’ (…). Desarrollo normativo que fue mencionado en la SC 1388/2011-R del 30 de septiembre, que hace referencia al derecho de la víctima en el proceso penal, a la luz del nuevo modelo constitucional. La SC 0103/2004-R de 21 de enero, en el Fundamento Jurídico III.2, señala que los derechos de las víctimas: ...se traduce en varias obligaciones concretas de los fiscales, tales como la de mantener a la víctimas permanentemente informadas de los avances de la investigación; consultar su opinión para la toma de decisiones relevantes en el proceso; adoptar medidas de protección en su favor; promover la satisfacción de sus intereses pecuniarios y, en fin, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el proceso se transforme en una nueva instancia de victimización y dolor de la misma (…). También, cabe mencionar a la SC 1859/2010-R de 25 de octubre, en cuyo Fundamento Jurídico III.3.2, asume lo señalado por la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, reiterando: ‘Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, la que puede participar en el proceso como querellante, pero aun cuando no hubiere participado en el proceso en tal calidad, es obligación del fiscal, juez o tribunal y bajo su responsabilidad, informarle sobre el resultado de las investigaciones y el proceso, pues ésta (la víctima) tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla…’ (…). Por su parte, las directrices universales contenidas en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, plasman los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, señalando que: A.-Las víctimas de delitos 1. Se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse ‘víctima’ a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Asimismo, la referida Declaración determina, entre otros, los siguientes derechos de las víctimas: Acceso a la justicia y trato justo 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente. Aspectos, que en concordancia con lo expuesto anteriormente, contemplan el reconocimiento de los derechos de la víctima en el Estado Constitucional de Derecho y la obligación ineludible de notificación a las víctimas de procesos penales, aunque no se hubiera constituido como querellante; ello, a fin de respetar el plano de igualdad y equilibrio necesario que debe existir entre el respeto a los derechos del imputado y de la víctima, sin que aquello implique incurrir en rigorismos procesales o formalidades, propendiendo, más bien, a que la misma justicia constitucional respete los derechos fundamentales de todas las partes que se vean involucradas por una decisión a asumirse en sede constitucionalʹ Adicionalmente, es necesario recurrir a los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en la SCP 0384/2019-S4 de 18 de junio, respecto al derecho de acceso a la justicia como garantía de la víctima dentro del proceso penal, estableció que: `…El derecho de acceso a la justicia, también reconocido en la doctrina como derecho a la jurisdicción, constituye un elemento del debido proceso y está reconocido en el art. 120.I de la Norma Fundamental: «Toda persona tiene derechos a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa»; en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH), con el siguiente texto: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter». Asimismo, en el art. 14.1, primera parte, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dispone que: «Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil». A través de la jurisprudencia constitucional, previa cita del art. 8.1 citado, se asumió el siguiente razonamiento: ʽ…como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como «derecho a la jurisdicción» (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal’. En ese marco, el derecho de acceso a la justicia alcanza a todo sujeto que acuda ante el Estado, a través de sus órganos competentes, a efectos de lograr un pronunciamiento sobre el conflicto que afecta sus derechos fundamentales o intereses jurídicos, el mismo que debe estar sujeto a un debido proceso, desarrollado conforme a la ley y respetando los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.
Ahora bien, resulta útil acudir al entendimiento asumido en la SC 1478/2012 de 24 de septiembre, que fue concebido en la resolución de hechos vinculados con la «justicia por mano propia» o fuera del marco legal y jurisdiccional reconocido en un Estado constitucional de derecho, el cual nos proporciona una visión más detallada de los alcances que podría darse a este importante derecho en la administración de la justicia, sin que dicha postura tenga carácter limitativo sobre su ámbito de protección; la misma establece: «…que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho»ʹ. En este contexto, se concluye que el derecho de las víctimas dentro de un proceso penal a ser oída antes de cada decisión judicial y participar con autonomía, así no se constituya en querellante o acusadora particular, está íntimamente ligado al derecho de acceso a la justicia en ejercicio del cual la víctima acude a la jurisdicción ordinaria con la finalidad de obtener un pronunciamiento sobre el conflicto que afecta sus derechos fundamentales o intereses jurídicos, el mismo que debe estar sujeto a un debido proceso y a la igualdad procesal” (las negrillas son nuestras).
Sobre el particular, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: “Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como otros Estados, otorgan protección especial a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la Ley Fundamental así como en diversos instrumentos internacionales; situación que conlleva el deber de toda autoridad de tomar sus decisiones considerando la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados; debiendo en cualquier caso prestar atención al interés superior que merecen al ser sujetos de derechos progresivos.
En esa perspectiva, la Sección V del Capítulo V de la Norma Suprema, consagra los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Así, el art. 58, indica: ʽSe considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en esta Constitución…ʹ; teniendo derecho a su desarrollo integral (art. 59.I). Estableciéndose en el art. 60, el deber que atañe al Estado, la sociedad y la familia de:ʽ…garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializadoʹ. Estando instituido por el art. 61.I, la prohibición de toda forma de violencia contra éstos, tanto en la familia como en la sociedad, lo cual conlleva la sanción respectiva.
Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente, que de acuerdo a su art. 1: ʽ…establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y sociedad debe garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justiciaʹ; determina la obligatoriedad de velar por su interés superior según la Norma Suprema, Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y leyes del Estado Plurinacional (art. 6); siendo deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurarles con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos (art. 7); deviniendo de ello el derecho que tienen de ser atendidos con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas (art. 8).
En cuanto a instrumentos internacionales, se tiene la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, que en su art. 2, determina que los niños gozarán de una: ʽ...protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niñoʹ. El art. 24.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece el: ʽ…derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estadoʹ. En igual sentido se encuentran otros instrumentos internacionales que otorgan protección especial a los niños, niñas y adolescentes, tal el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
Glosada la normativa constitucional e internacional que demuestra el máximo interés que la legislación ha otorgado a los menores de edad, en prevalencia de sus derechos fundamentales, compele referirse a la jurisprudencia sentada por otros tribunales de justicia constitucional; tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en relación al interés superior del que gozan, a través de su Sentencia T-973/11 de 15 de diciembre de 2011 -entre otros fallos emitidos al respecto-, expresó: ʽ…Bajo la concepción de que los niños, por su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad.
6.2. Ese especial interés en proporcionarle a los menores un tratamiento preferencial, que implica adoptar «una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran», encuentra particular sustento en los distintos instrumentos o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia…ʹ.
El fallo citado continúa estableciendo que: `...El denominado ‘interés superior’ es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado «menos que los demás» y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.
(…)
6.16. En suma, el interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes, entendidos como fundamentales, prevalentes e interdependientes, y que como tal, constituye una limitación u obligación de carácter imperativo, especialmente dirigida a todas las autoridades del Estado, quienes deberán actuar con diligencia y especial cuidado al momento de adoptar sus decisiones, en aquellos asuntos en los que se hayan involucrados los intereses de un menorʹ.
De todo lo relacionado se concluye que, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.
En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: `…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos»ʹ” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La parte accionante denuncia como vulnerados sus derechos de acceso a la justicia e impugnación, alegando que mediante memorial de 20 de abril de 2022, se apersonó en calidad de víctima, al proceso penal seguido en contra de Jonathan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito, donde falleció su hermana; no obstante, a través de proveído de 22 de igual mes y año, la Jueza demandada se limitó a disponer que se ponga a conocimiento del Ministerio Público la solicitud de requerimientos, pese a que acredito con prueba, el vínculo familiar y la tutela que le fue otorgada con relación a los hijos de la fallecida; por lo que, activó el recurso de reposición contra el aludido decreto, solicitando se pronuncie respecto a su apersonamiento, sin lograr su propósito pues se le pidió acredite la fecha de notificación a efectos de cómputo de plazo, y pese a que solicitó expresamente su notificación, mediante providencia de 1 de junio de 2022, le fue negada su pretensión señalando que no era parte del proceso. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, se tiene que mediante memorial de 20 de abril de 2022 –presentado a través del Buzón Judicial-, Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco –ahora accionante–, se dirigió al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, apersonándose en calidad de víctima al proceso penal seguido en contra de Jonatan Roberto Murua Aguayo, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito; anunciando patrocinio del SEPDAVI y solicitando oficios (Conclusión II.2.); que obtuvo el proveído de 22 de igual mes y año, que no cursa en obrados. A través de escrito de 11 de mayo de 2022, la hoy solicitante de tutela interpuso recurso de reposición contra el aludido proveído, que mereció el decreto de 12 de igual mes y año, por medio del cual la autoridad jurisdiccional ahora demandada estableció que con carácter previo, acompañe la diligencia de notificación efectuada a su persona, para fines de cómputo de plazos procesales, con cuyo resultado se proveería lo que corresponda (Conclusión II.3.); por lo que mediante memorial de 27 del mes y año referidos, la ahora impetrante de tutela solicitó a la Jueza demandada se le practique la notificación con el proveído de 22 de abril de 2022, con la finalidad de poder activar los recursos legales que la ley otorga; que obtuvo el decreto de 1 de junio de igual año, a través del cual la aludida autoridad judicial, señaló que de la revisión de antecedentes, específicamente de la acusación formal de 6 de diciembre de 2019, constaba en condición de denunciante Gabriel Claros Rodríguez, y posterior apersonamiento en querella se constituye víctima dentro del proceso de referencia, de donde no se advertía que Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco, se haya apersonado dentro de la etapa preparatoria ni hay presentado denuncia al respecto, evidenciando por ello que no es parte del proceso, por ende, no podía ser sujeto de notificaciones como establece el art. 160 del CPP, debido a lo cual rechazó el pedido efectuado (Conclusión II.4.).
Por otro lado, consta la siguiente documentación: Testimonio de Tutoría, que acredita que Silveria Fiesta Gutiérrez de Pillco, fue designada como tutora de la adolescente MCCF (quince años), y los niños NCF (nueve años) y GCF (cinco años), Certificado de Nacimiento de Silveria Fiesta Gutiérrez, Certificado de Nacimiento y de Defunción de Fabiana Fiesta Gutiérrez, Certificado de Nacimiento y Defunción de Zacarías Claros Rodríguez, Certificados de Nacimiento de los menores MCCF, NCF y GCF (Conclusión II.5.). Ahora bien, considerando que el hecho generador de las presuntas vulneraciones emergen a raíz del decreto de 22 de abril de 2022; resulta necesario remitirnos a conocer el contenido del memorial de 20 de igual mes y año, en razón del cual fue emitida la aludida providencia; el cual tiene como suma: “APERSONAMIENTO EN CALIDAD DE VÍCTIMA, ANUNCIA ABOGADO PATROCINANTE DEL SEPDAVI Y SOLICITA OFICIOS” (sic), en cuyo acápite “I. APERSONAMIENTO” se aclaró que el certificado de nacimiento adjunto acreditaba que era hermanan de Fabiana Fiesta Gutiérrez –fallecida- por lo que solicitó se la tenga por apersonada y se le haga conocer notificaciones “a los datos que haré conocer posteriormente para presenciar el desarrollo del juicio oral” (sic), en el siguiente apartado “SOLICITO OFICIOS A LOS FINES QUE INDICA” precisó que al fallecimiento de su hermana y su cuñado, producto del hecho de tránsito que constituía objeto del presente proceso penal, es que los hijos de ambos habían quedado bajo su cuidado en calidad de tutora, lo cual se demostraba a través del Testimonio de Tutoría emitido por el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia de la Villa Tunari del departamento de Cochabamba; de manera que, para cubrir las necesidades primarias de los menores y a través de ello su interés superior, debía realizar los trámites del SOAT, concretamente el de indemnización por muerte, por lo que, solicitó se extiendan los siguientes oficios: Al IDIF, a objeto de que se le extienda copia legalizada del Certificado Médico Forense de Fabiana Fiesta Gutiérrez y Zacarías Claros Rodríguez; y, al SERECI certificados de nacimiento, matrimonio, estado civil, y de descendencia de su prenombrado cuñado fallecido, para conocer es evidente que la ahora accionante es evidente que el acto generador de las vulneraciones denunciadas, es el decreto de 22 de abril de 2022, ello en función al interés superior de la niña, niño y adolescente establecido en el art. 60 de la CPE, pues conforme la tutela asignada tiene la obligación de velar y cubrir sus necesidades conforme el art. 247 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014–, anunciando en el Otrosí Primero la presentación de prueba consistente en: Certificados de Nacimiento de los menores MCCF, NCF y GCF; Cédulas de Identidad de Fabiana Fiesta Gutiérrez y Zacarías Claros Rodríguez; Testimonio de Tutoría emitido por el Juzgado de Villa Tunari del referido departamento y Cédula de Identidad de su persona. En el Otrosí Segundo, en aplicación del art. 161 del CPP, estableció a efectos de notificaciones a través de ciudadanía digital “RPA 6593222CGA; correo cg542233@gmail.com; teléfono celular 73339137 todos correspondientes al Abg. Que suscribe el presente caso” (sic). En respuesta a dicho escrito fue emitido el proveído de referencia, el cual si bien no cursa en obrados; no obstante, conforme fue extractado por la Sala Constitucional que sustanció la presente acción tutelar, el mismo refiere textualmente: “Sin embargo de que SILVERIA FIESTA GUTIERREZ DE PILLCO no es parte en el proceso, póngase en conocimiento de la Fiscal (Dra. Lucia Navia Montalvo) a fin de que se pronuncie al respecto…” (sic); sobre ello, la autoridad demandada en el informe escrito presentado efecto de esta acción tutelar, precisó que rechazó el memorial por no ser la accionante parte del proceso penal referido, y respecto a la literal adjunta señaló que había sido presentada escaneada por lo que desconocía si respondían a originales o fotocopias simples, razón por la que no fueron consideradas como idóneas para su valoración, además que ya existía un querellante quién ya representa a las víctimas. Al respecto, resulta imperante considerar que conforme el Fundamento Jurídico III.1, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el ordenamiento adjetivo penal es claro al establecer que se considera víctima –también– al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido -en el caso en análisis se trata de la madre y padre fallecidos–, además de garantizar que esa parte podrá intervenir en el proceso penal –sin agregar distinción alguna de etapa procesal–, en igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que le asisten, debiendo ser informada por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso; bajo dicho entendido, la autoridad ahora demandada al haber establecido que la hoy accionante no constituía parte del proceso penal de referencia, soslayando la valoración de la prueba que adjuntó para acreditar su condición de víctima en representación de los derechos de los hijos de los fallecidos quienes se encuentran bajo su tutela legal, no sólo actuó al margen de la Ley sino en desconocimiento pleno al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el cual constituye un mandato constitucional imperativo, que obliga a todas las autoridades actuar con diligencia y especial cuidado al momento de adoptar decisiones en aquellos asuntos en los que se hallan involucrados los intereses de dicho grupo vulnerable de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, pues si bien no puede desconocerse que la aludida autoridad jurisdiccional demandada, dispuso poner a conocimiento del Ministerio Público la solicitud de oficios realizada en el memorial de apersonamiento, ello no exime su deber de haber ponderado la situación que involucraba a menores de edad, pues si consideraba que la documental adjunta resultaba insuficiente, bien pudo disponer la presentación de originales o fotocopias legalizadas otorgando un plazo al efecto; no obstante, la negativa generó que, de manera posterior se desarrolle una tramitación infructuosa al efecto pretendido. Lo cual cobra mayor relevancia considerando que contra Gabriel Claros Rodríguez, acusador particular hoy tercero interesado, la ahora impetrante de tutela tramita un proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual cuya víctima en este caso sería la adolescente MCCF, hija de los fallecidos, encontrándose el prenombrado detenido preventivamente conforme se desprende de la documental consignada en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional; aspecto que si bien de acuerdo al contenido de los memoriales presentados por la solicitante de tutela, es evidente que no fue puesto a conocimiento de la autoridad judicial hoy demandada, ello tampoco constituye justificación para que la misma haya contravenido lo establecido en la norma respecto a la condición de las víctimas, pues parte del argumento para rechazar su apersonamiento se debió a que ya existía un acusador particular que representaba a las víctimas fallecidas –Fabiana Fiesta Gutiérrez y Zacarías Claros Rodríguez–, sin que dicha conclusión resulte razonable para imposibilitar las participación de los hijos de los fallecidos representados por la ahora accionante. Por lo expuesto, siendo evidente lo denunciado, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el decreto de 22 de abril de 2022 y posteriores actuados, disponiendo que la Jueza demandada emita pronunciamiento de fondo con relación al apersonamiento efectuado por la accionante en su condición de víctima en representación de los menores de edad de iniciales MCCF, NCF y GCF, en consonancia con los parámetros establecidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 121/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0900_2023-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1c2192e24cffb4b0f2609f058530478a048f5ec93218ea94d95f1c074431b2c3
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