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SCP 0898/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
53000-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que los Magistrados accionados, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa e igualdad y los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso civil de usucapión decenal o extraordinaria, instaurada por Esther Claudia Alvarado Ramos, a la que se opuso como heredero y tercero interesado, mediante Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declaró infundado el recurso de casación que interpuso contra la Resolución de alzada que confirmó la Sentencia 149/2019 de 10 de septiembre, que declaró probada la demanda, incurriendo de esta manera en incongruencia omisiva, motivación arbitraria, además de haber emitido su Resolución, sin sustento alguno y base objetiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 250/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 642 a 655, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0898/2024-S3 Sucre, 8 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 53000-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 250/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 642 a 655, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Milton Hilarión Alvarado Angulo contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 30 de junio, ambos de 2022, cursantes de fs. 577 a 586 y 589 a 590 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Esther Claudia Alvarado Ramos, previa medida preparatoria de demanda, el 10 de octubre de 2018, formalizó proceso ordinario de conocimiento de usucapión decenal o extraordinaria contra los posibles herederos de Hipólito Angulo y/o Hipólito Angulo Cabrera, argumentando que desde el fallecimiento del último de los nombrados, hermano de su abuela Basilia Angulo Cabrera, quien quedó en legítima posesión pacífica, libre y continua del lote de terreno 07 del manzano 3C, sobre la calle A esquina calle 1, 23 de la Urbanización Villa dolores “F” de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, y que falleció el 5 de enero de 2002, sin poder sanear la documentación del referido terreno; empero, en vida le indicó que el mismo le correspondería luego de su muerte, como acreditó por el documento privado de compraventa de 24 de diciembre de 2001, de público conocimiento, encontrándose desde la muerte de su abuela en legítima posesión que mantiene más de quince años, durante los cuales realizó con su familia construcciones y conexiones de los servicios básicos de luz y agua. Refirió que, radicada la causa en el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de El Alto del citado departamento, se citó mediante edictos a los presuntos herederos de Hipólito Angulo Cabrera; por lo cual, su persona acompañando documentación pertinente en su condición de heredero, por memorial de 18 de febrero de 2019, se apersonó observando la demanda, siendo condicionado el mismo a la acreditación de su interés legal y calidad de tercero interesado, cumplió por memorial de 25 de marzo del año citado, en el cual adjuntando mayores elementos probatorios suscitó incidente de nulidad hasta el vicio más antiguo, como su oposición a la demanda. Es así que, una vez que se admitió su apersonamiento reiteró el incidente el 11 de abril de ese año, acompañando el folio real de 27 de marzo del precitado año, acreditando su derecho propietario sobre el bien objeto del proceso y el Testimonio de la Escritura Pública 227/2019 de 8 de marzo, de protocolización de un testimonio judicial de proceso voluntario de declaratoria de herederos seguido por su persona al fallecimiento de su madre Basilia Angulo Cabrera -hermana de Hipólito Angulo Cabrera-, disponiendo la autoridad jurisdiccional que el incidente sería considerado en la audiencia preliminar, que efectuada el 30 de mayo de 2019, la rechazó, para luego emitió la Sentencia 149/2019 de 10 de septiembre, declarando probada la demanda; es decir, adquiriendo el derecho propietario del terreno en cuestión la demandante, por haberse operado la usucapión decenal o extraordinaria, decisión contra la que su persona planteó recurso de apelación, exponiendo varios agravios, referidos a la omisión de valoración probatoria, indebida aplicación de la ley, y fraudulenta constitución del sujeto pasivo al haber sostenido la demandante desconocimiento de otros herederos y sustentar el derecho posesorio en un documento falso, que mereció el Auto de Vista S-481/2020 de 21 de octubre, con abierta incongruencia omisiva y motivación arbitraria confirmó la Resolución apelada, omitiendo pronunciamiento expreso sobre cada uno de los agravios, como de revalorar la prueba remitiéndose a lo fundamentado por la Jueza a quo. Contra la decisión de alzada interpuso recurso de casación en la forma y fondo, denuncio tres errores in procedendo y dos in iudicando, que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declarándolo infundado, incurriendo de esta manera los Magistrados ahora accionados en incongruencia omisiva, motivación arbitraria y sin sustento alguno y base objetiva, señalaron que el Tribunal ad quem dio respuesta a los agravios expresados y que no incurrió en error de hecho en la valoración de la prueba, así como indicando respecto a los requisitos de la usucapión decenal que no es relevante, siendo infundado el recurso por no advertirse daño que pueda causarle al recurrente por constituirse en un lapsus calami judicial, concluyendo erróneamente que las causales de casación de errónea interpretación de la ley no puede conjuncionarse con la de aplicación indebida de la ley, cuando se supone que no son puras, indicando insosteniblemente que “respecto a la aplicación indebida del art. 128 del C.C., en consideración a los criterios descritos líneas arriba, y siendo que el recurrente confunde la figura errónea interpretación con aplicación indebida de la ley, se declara infundado el presente agravio” (sic); lo que demuestra, que incurrió en error de apreciación que le impidió valorar la prueba y determinar los requisitos de la usucapión decenal; puesto que, de haberlo hecho el Tribunal de cierre hubiere casado la sentencia declarando improbada la demanda, y no como ocurrió que ratificó una resolución arbitraria en agravio del debido proceso en sus componentes referidos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa e igualdad, y los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I y II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, debiendo los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitir uno nuevo debidamente fundamentado, motivado y congruente; y, b) Se condene en costos y costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 27 de octubre de 2022, conforme consta del acta cursante de fs. 640 a 641 vta., se produjeron los siguientes actuados. 1.2.1. Ratificación de la acción El impetrante de tutela no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 593, únicamente su abogado, cuya participación y/o intervención no consta en el acta del actuado procesal; empero, se continuó con el desarrollo de la misma.

I.2.2. Informe de las autoridades accionados

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, remitieron informe escrito de 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 629 a 633 vta., por el que peticionaron se deniegue la tutela, con los siguientes argumentos: 1) Sobre lo alegado por el accionante que omitieron garantizar la vigencia y correcta aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil (CPC), al no determinarse la relevancia de las denuncias que esgrimió en la apelación a fines de una eventual nulidad de obrados, así como del art. 271 del mismo Código adjetivo civil, porque no verificaron que el Tribunal de alzada no dio respuesta a todos los agravios; cabe señalar que, como Tribunal de casación determinaron que los agravios fueron respondidos; por cuanto, en el impugnado Auto de Vista se consideró la prueba aportada por las partes, la individualización del inmueble, los requisitos que hacen viable la demanda y que fueron cumplidos habiéndose tomado en cuenta las pruebas que la parte apelante refirió como no considerada; por lo cual, el Tribunal de casación luego de advertir la denuncia de incongruencia citra petita, estableció que el Tribunal de alzada, absolvió los agravios que se expusieron en el recurso de apelación, con base a ello, se concluyó que no se vulneró la aplicación del art. 265 del CPC, resultando infundada la denuncia de incongruencia omisiva; 2) Con relación a lo aducido en el recurso que el Tribunal de alzada avaló el error de hecho cometido por la Jueza a quo, porque no efectuó una valoración con individualidad y abstracción de las pruebas que aportó, como Tribunal de casación, establecieron que no se valoraron los medios probatorios del recurrente, porque no fueron judicializados (por inconducentes, impertinentes e innecesarias); por lo cual, no estuvieron en la toma de decisiones de la Sentencia ni el fallo de vista recurrido en casación, haciendo notar también que esas pruebas fueron rechazadas mediante resoluciones judiciales que no se impugnaron, debiendo por ello ser ejecutadas inter partes, por adquirir la calidad de cosa juzgada formal, resultando falaz que el ahora accionante hubiere traído en casación una denuncia de error de hecho cometido por el Tribunal ad quem; 3) Con relación a referido en la acción de defensa, que como Tribunal de casación asumieron que la errónea interpretación que realizó el Tribunal de alzada, sobre el art. 138 del Código Civil (CC), referente a los requisitos de la usucapión extraordinaria no era relevante, habiendo incurrido de esa forma en error en la apreciación de la prueba que les impidió valorarla y determinar los requisitos de la usucapión decenal ameritando se case la sentencia declarando improbada la demanda, cabe resaltar que la conclusión a la que arribó el Tribunal de apelación que si bien la parte apelante refirió que no cumplió con la buena fe y otros (excluyéndolos diez años) son aspectos o requisitos que se encuentran debidamente reservados para la prescripción adquisitiva ordinaria o usucapión quinquenal; empero, no podían ser considerados para el presente proceso, cuya pretensión es la usucapión decenal o extraordinaria; es decir, fue el recurrente quien introdujo como tesis de impugnación, que los requisitos de procedencia de la misma eran la buena fe, el justo título y la posesión ininterrumpida, pública y pacífica; por ello, el Tribunal de alzada estableció que estos requisitos no son propios del instituto sustantivo civil determinado en el art. 138 del Código Civil (CC), incluyendo a la posesión ininterrumpida, pública y pacífica “por error”; razón por la que, como Tribunal de casación recondujeron la errónea interpretación estableciendo que la misma sí se constituía en un presupuesto de procedibilidad de la acción civil inmersa en el citado art. 138 del CC, estableciendo su discordancia con el criterio interpretativo del inferior en grado, catalogándolo como lapsus calami judicial; razones por las cuales, la teoría propuesta por el recurrente ameritó la declaratoria de infundabilidad; 4) Respecto a que como Tribunal de casación ultimaron “que el recurrente confunde la figura de errónea interpretación con aplicación indebida de la ley” (sic); quisieron decir que, ambos institutos se encuentran en dos planos distintos; por una parte, en la errónea interpretación de la ley, la autoridad judicial no desglosa la voluntad del legislador plasmada en la norma acorde a su literalidad, sistemacidad, historicidad, finalismo y constitucionalidad; por otra parte, en la indebida aplicación de la ley, el juzgador que interpreta no aplica la norma jurídica, o en su defecto emplea un precepto normativo errado, subsumiendo en el caso concreto, un hipotético jurídico incorrecto, debiendo las partes que interpongan un recurso de casación considerar estas diferencias, puesto que las mismas son disímiles; 5) El Auto de Vista recurrido, contenía la fundamentación de derecho requerida porque invocó de manera adecuada el art. 265 del CPC, para absolver los agravios expuestos en el recurso de apelación y el art. 218.II.2 del mismo Código adjetivo civil, para confirmar el fallo de primera instancia; asimismo, la resolución recurrida en casación, expuso de forma coherente, clara y precisa las razones que lo justificaban; puesto que, al remitirse a la Sentencia 149/2019, se estableció que el criterio esgrimido por la Jueza de primera instancia, fue compartido por el Tribunal de alzada; por lo cual, tomando en cuenta que una debida motivación y fundamentación no amerita la exposición de argumentos ampulosos y constreñidos al momento de resolver el recurso de apelación, se actuó en consecuencia, declarando inconsistente lo alegado por el ahora accionante en su recurso de casación; 6) No es verosímil, lo alegado por el accionante que el Auto Supremo 110/2022, no se pronunció sobre los cinco agravios expuestos en el recurso de casación, tanto en el fondo como en la forma; 7) Con referencia a que en forma errónea establecieron que la prueba presentada por el accionante fue rechazada, cuando la Jueza de primera instancia rechazó la prueba que presentó la Defensora de Oficio del codemandado fallecido; cabe señalar que, la autoridad jurisdiccional rechazó la prueba de descargo que el accionante trajo a juicio, resultando falaz la tesis que propuso el accionante como medio de defensa constitucional; 8) Sobre lo sostenido por el impetrante de tutela que el fallo supremo es arbitrario por haberse incurrido en error en la apreciación de la prueba, que le impidió valorarla y determinar los requisitos de la usucapión decenal, ameritando se case la sentencia declarando improbada la demanda, se debió considerar que la acción de amparo constitucional, no es otra instancia ordinaria para considerar reclamos establecidos en forma de alegatos. De la misma forma, con referencia a la transgresión a principios constitucionales, debe ser rechazada; puesto que, esta acción tutelar protege derechos constitucionales y no principios; y, 9) Como Tribunal de casación no vulneraron los derechos invocados por el peticionante de tutela, al haber emitido el Auto Supremo 110/2022, con la debida fundamentación, motivación y congruencia.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Esther Claudia Alvarado Ramos, en audiencia mediante su abogado, pidió se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: i) Se advirtió del informe presentado por los Magistrados ahora accionados; y de una prolija revisión del recurso de casación, que emitieron el Auto Supremo impugnado, velando los derechos y garantías de accionante, sin vulnerar sus derechos alegados, y con la debida fundamentación, motivación y congruencia, puntualizando que como tercera interesada requiere una aplicación material de lo resuelto por las autoridades judiciales existiendo verdad material en el presente caso, que ya no se puede seguir dilatando; ii) En respuesta a las interrogantes de la Sala Constitucional, señaló que este caso se originó en una demanda de usucapión decenal y extraordinaria que presentó contra el titular que figuraba en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) Hipólito Angulo Cabrera, según los registros del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y Servicio de Registro Cívico (SERECI), que acreditaban que no era casado, no tenía hijos ni descendencia; razón por la que, se citó mediante edictos a los presuntos herederos y en relación a ello se trabó la relación procesal con el ahora accionante, quien se apersonó ante el Juez en lo Civil y Comercial Sexto de El Alto del departamento de La Paz, como tercero y posible heredero; es decir, que desde el día del fallecimiento de la titular Basilia Alvarado Angulo el año 2000 hasta el 2019, recién se hizo declarar heredero; iii) Existían dos terrenos colindantes como lo manifestó el accionante que vive al lado, los que pertenecían a dos hermanos: a Basilia Angulo Alvarado, que era su abuela y a Hipólito Angulo Cabrera, quien al fallecer su abuela quedó como única heredera y propietaria de ambos terrenos, habiéndolos dividido en vida, uno al peticionante de tutela Milton Hilarión Alvarado Angulo y a su persona que ha vivido desde su nacimiento en esa fracción de terreno que correspondía a Basilia Angulo Alvarado, quien le manifestó que era de ella y la familia; puesto que, actualmente vive con sus padres; y, iv) El accionante vendió su parte y ahora quiere apoderarse de lo que a su persona le corresponde, habiendo planteado el demandante de tutela un incidente proponiendo sus pruebas, las que se valoraron siendo rechazadas algunas y conforme a las pruebas testificales, documentales e inspección judicial, evidenciaron las construcciones que su persona efectuó, antecedentes por los cuales la autoridad jurisdiccional declaró probada la demanda, ya que desde su nacimiento vive en ese terreno, ejerciendo la posesión desde la muerte de su abuela hace veintidós años, aclarando que la demanda civil es del año 2018, encontrándose en posesión desde hace cuarenta años.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 250/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 642 a 655, denegó la tutela solicitada, fundamentando que: ha escrutado los fundamentos expuestos por el accionante, y considera aún con la propia afirmación del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a una deficiente interpretación de sintagma normativo -aún con ello-, el resultado siempre será el mismo pues el presupuesto esencial que ha definido la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de justicia, la ampulosa teoría de los DD.RR., y acciones particulares sobre derechos reales sobre cosa ajena como es la usucapión, como derecho real tipo acción, se han cumplido por parte del hoy tercero interesado, en ese mérito al no cumplirse: primero, con los presupuestos establecidos en la jurisprudencia para ingresar a contenidos y; segundo, al no advertirse que además de una actividad ultractiva de parte de la jurisdicción constitucional que exista mérito alguno de parte del accionante para conceder la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En la demanda de usucapión decenal o extraordinaria de 1 de octubre de 2018, del bien inmueble lote de terreno signado con el número 07 del manzano 3C, sobre la calle A esquina calle 1, 23 de la Urbanización Villa dolores “F” del Distrito Municipal 3 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, formalizada por Esther Claudia Alvarado Ramos, contra los posibles herederos forzosos de Hipólito Angulo y/o Hipólito Angulo Cabrera (fs. 131 a 134), Milton Hilarión Alvarado Angulo -ahora accionante-, se apersonó en calidad de heredero de Basilia Angulo Cabrera, observando la demanda, cuya admisión fue condicionada a la acreditación de su interés legítimo y su calidad de tercero interesado, mediante proveido de 20 de febrero de 2019 (fs. 171 a 173). II.2. El accionante acreditando su interés legal, suscitó incidente de nulidad hasta el vicio más antiguo y se opuso a la usucapión incoada de 25 de marzo de 2019 (fs. 183 a 184 vta.) que fue rechazado por Auto Interlocutorio 270/2019 de 30 de mayo (fs. 263 a 264). II.3. El Juez Público Civil y Comercial Sexto de El Alto del departamento de La Paz, dictó la Sentencia 149/2019 de 10 de septiembre, declarando probada la demanda (fs. 386 a 391 vta.). II.4. El peticionante de tutela, planteó recurso de apelación el 26 de septiembre de 2019 contra la precitada Sentencia (fs. 426 a 432); instancia en la cual, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista S-481/2020 de 21 de octubre, por el que confirmó la Sentencia apelada 149/2019 (fs. 472 a 473 vta.). II.5. Contra la precitada Resolución de alzada, el accionante interpuso recurso de casación en el fondo y la forma de 30 de junio de 2021 (fs. 533 a 540 vta.), que fue resuelto por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados- a través del Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declarándolo infundado (fs. 562 a 568 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que los Magistrados accionados, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa e igualdad y los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso civil de usucapión decenal o extraordinaria, instaurada por Esther Claudia Alvarado Ramos, a la que se opuso como heredero y tercero interesado, mediante Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declaró infundado el recurso de casación que interpuso contra la Resolución de alzada que confirmó la Sentencia 149/2019 de 10 de septiembre, que declaró probada la demanda, incurriendo de esta manera en incongruencia omisiva, motivación arbitraria, además de haber emitido su Resolución, sin sustento alguno y base objetiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

(…)

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.(…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.

Como se observa del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes procesales, se constata que el accionante denuncia que los Magistrados accionados vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa e igualdad y de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso civil de usucapión decenal o extraordinaria, instaurado por Esther Claudia Alvarado Ramos, contra los presuntos herederos de Hipólito Angulo y/o Hipólito Angulo Cabrera, en su condición de heredero y tercero interesado, planteó recurso de apelación contra la Sentencia 149/2019 de 10 de septiembre, que declaró probada la demanda; decisión, contra la que formuló recurso de apelación, exponiendo varios agravios referidos a la omisión de valoración probatoria, indebida aplicación de la ley, y fraudulenta constitución del sujeto pasivo al haber sostenido la demandante desconocimiento de otros herederos y sustentar el derecho posesorio en un documento falso, que mereció el Auto de Vista S-481/2020 de 21 de octubre, que con abierta incongruencia omisiva y motivación arbitraria confirmó la Resolución apelada, omitiendo pronunciamiento expreso sobre cada uno de los agravios, como revalorar la prueba remitiéndose a lo fundamentado por la Jueza a quo; Resolución de alzada, contra la que interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando tres errores in procedendo y dos in iudicando, que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declarándolo infundado, incurriendo los Magistrados accionados, en incongruencia omisiva, motivación arbitraria, falta de sustento y base objetiva, como en error de apreciación, que le impidió valorar la prueba y determinar los requisitos de la usucapión decenal; puesto que, de haberlo hecho como Tribunal de cierre, hubiere casado la sentencia, declarando improbada la demanda. Planteada la problemática y dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona en la presente acción tutelar es el Auto Supremo 110/2022; en cuyo mérito, se procederá a su revisión a objeto de verificar si es evidente lo denunciado por el accionante, siendo por ello necesario remitirse a lo expuesto en su recurso de casación en la forma y en el fondo, en el que señaló: a) En la forma, el Auto de Vista apelado -violó-el art. 265.I del CPC, al no haberse pronunciado ni dado respuesta a todos los agravios expuestos en su recurso, incurriendo en incongruencia omisiva, referida a la incorrecta valoración de la prueba de descargo que presentó, como tampoco determinó si la demandante cumplió con los presupuestos legales que hacen viable el proceso de usucapión; b) Restringió su derecho de participación en el proceso, no obstante de haberle otorgado la condición de tercero interviniente, incurriendo en aplicación indebida de los arts. 50 y 359 del CPC; c) En la Sentencia se ordenó y reconoció citra petita la usucapión de 571 73 m², cuando se demandó el registrado en el folio real de 500 m²,, incurriendo en incongruencia al otorgar una nueva matrícula, cuando ese aspecto no se demandó, y más aún cuando el bien se encuentra registrado a su nombre; d) En el fondo, denunció la infracción de los arts. 142 y 145 del CPC, porque el Auto de Vista, avaló el error de hecho en que incurrió la inferior, al no haber efectuado una valoración, individualidad y abstracción de las pruebas; puesto que, la postura del Tribunal ad quem, no respondió a ningún criterio de valoración de las mismas, quebrantando en consecuencia el citado art. 145 del Código adjetivo civil, al tener que asignarse un valor a cada elemento probatorio, resultando evidente que no se consideró la prueba del tercero interviniente; es decir, no verificó el iter lógico de valoración de la misma; y, e) Errónea aplicación del art. 138 del CC, en razón a que la Jueza de la causa, luego de la valoración de las pruebas presentadas, debió concluir que la demandante no cumplió con los presupuestos que hacen viable la usucapión decenal, como son el justo título, buena fe, posesión tranquila y continuada y transcurso del tiempo, respecto a lo cual, el Tribunal de alzada al concluir que la buena fe (el justo título, posesión tranquila y continuada) se encuentran reservados para la prescripción adquisitiva ordinaria o usucapión quinquenal; hizo ver, una errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CPC, lo que se tradujo en vulneración al debido proceso en sus componentes de legalidad y del principio de seguridad jurídica. En ese contexto, al asumir conocimiento del recurso de casación la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el Auto Supremo 110/2022 de 15 de febrero, declarándolo infundado fundamentando al respecto; luego de referirse a los antecedentes del proceso, contenido del recurso de casación, su respuesta, la Doctrina aplicable al caso, la valoración de la prueba, principio de preclusión, legitimación activa para recurrir en casación, presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria, pasar a los fundamentos de la Resolución, señalando que: 1) Con relación a que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva frente a los agravios expuestos por el recurrente en su recurso de apelación, que no fueron resueltos, así como lo referente a que el Auto de Vista recurrido infraccionó el art. 142 y 145 del CPC, al no haber efectuado una valoración, individualidad y abstracción de las pruebas; puesto que, la postura del Tribunal ad quem no respondió a ningún criterio de valoración de las mismas, resultando evidente que no consideró la prueba del tercero interviniente; se tiene que, el Tribunal de alzada respondió al respecto, que de la valoración conjunta de las pruebas producidas en el proceso, tomándose en consideración la aportada por las partes, como la individualización del bien inmueble, los requisitos que hacen viable la demanda y las pruebas aportadas, resultó que las mismas eran concretas y conducentes al fallo arribado en cuanto a la demostración de los requisitos que señala la ley para la viabilidad de la usucapión, los mismos que fueron debidamente cumplidos, habiéndose tomado en consideración las pruebas que la parte apelante refiere como no consideradas; por lo que, se efectuó por el juzgador la fundamentación debida, no siendo evidente lo esgrimido en el recurso de apelación; criterio judicial, que si bien por un lado resultó escueto; por otro, los remitió al resultado II de la Sentencia 149/2019, en el que se advirtió la valoración precisa que realizó la Jueza de primera instancia, sobre las pruebas admitidas en audiencia preliminar y en la complementaria, evaluación que a criterio del Tribunal de casación, fue realizada conforme a los principios de comunidad probatoria, de unidad probatoria y la facultad de los jueces de grado de apreciar la prueba, resultando en consecuencia la resolución venida en apelación, válida y congruente; 2) Con relación a la falta de valoración de la prueba aportada al presente caso por el tercero, y la viabilidad de su incidente, se pudo advertir de la revisión de los datos del proceso presentadas por el tercero ahora recurrente, no fueron objeto de valoración, porque la Jueza de primer grado, mediante su respectiva providencia “no la admitió”; y, con referencia a los medios probatorios también aludidos por el recurrente de igual forma se rechazaron, ocurriendo lo mismo con la Resolución 270/2019 de 30 de mayo, que rechazó el incidente promovido por el tercer interviniente, resoluciones éstas que al no merecer ninguna impugnación, se las tuvo por bien hechas quedando precluída esa fase procesal, adquiriendo las mismas la calidad de “resolución ejecutoriada” (respecto a la prueba); razón por la cual, al no haber sido legalmente judicializada no ameritó que las mismas sean objeto de consideración tanto en la Sentencia de primera instancia como en la Resolución de alzada, aspectos que merecieron la declaratoria de infundabilidad de los presentes agravios; 3) Sobre la vulneración de los arts. 50 y 359 del CPC, por negarle su condición de parte dentro del proceso y que en Sentencia se ordenó y reconoció citra petita una usucapión de 571.73 m², cuando se demandó según el folio real que registró 500 m², como superficie para usucapir, debió el recurrente considerar que no es aceptable el “per saltum”, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de casación, como es el caso; toda vez que, éste apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicabilidad de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a su conocimiento del ad quem; por lo cual, bajo la inadvertencia de estos aspectos en el recurso de apelación, se tuvo que los mismos no merecieron manifestación alguna por el Tribunal de alzada; en mérito a ello, el máximo Tribunal de Justicia no dio respuesta. al no aceptar el “per saltum”; puesto que, para traer en revisión agravios en fase de casación debieron ser denunciados previamente en grado de apelación haciendo que la denuncia sea subsidiaria; por ese motivo, el hoy recurrente carece de legitimación para impugnar esos puntos que se mantienen firmes y subsistentes, conforme al principio de preclusión (Auto Supremo 482/2016 de 12 de mayo); lo que ameritó, la declaratoria de improcedencia del presente agravio; 4) Con relación al agravio de la errónea interpretación del art. 138 del CPC, se trajo a colación el criterio conclusivo del Tribunal de alzada, que señaló: si bien la parte apelante refirió que no se cumplió con la buena fe y otros (excluyendo los diez años), estos aspectos o requisitos se encuentran debidamente reservados para la prescripción adquisitiva ordinaria o usucapión quinquenal; empero, no puede ser considerado tal aspecto para el presente proceso, puesto que la pretensión es la usucapión decenal o extraordinaria; de ello, se tuvo, que el Tribunal Supremo de Justicia, como fiel interprete de la voluntad del legislador, plasmado en el Auto Supremo 116/2015 de 13 de febrero, interpretó el art. 238 del CPC, estableciendo: “al respecto se debe precisar que la posesión se entiende como el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa con la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, se encuentra constituida por dos elementos; el ‘corpus’ y ‘animus’, entendiéndose al primer elemento, como los actos materiales que se realizan sobre la cosa; es decir, la aprehensión o dominio físico de la cosa, y el segundo elemento, a aquella intención de comportarse como propietario o dueño de la cosa, es decir, hacer con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario; de esta manera, para la procedencia de la usucapión decenal es preciso que la posesión sea continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el tiempo de diez años”. En esa línea, en una faceta comparativa de interpretaciones efectuadas por el presente Tribunal Supremo de Justicia y el ad quem, sobre el art. 138 del CPC, se tuvo que el justo título y la buena fe, no se constituyen en requisito para declarar la procedencia o improcedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, resultando el criterio interpretativo del Tribunal de segunda instancia acorde a la naturaleza del artículo objeto de análisis; empero, con relación a la posesión pacífica y continuada como requisitos de la usucapión decenal o extraordinaria, si se constituye en un presupuesto conforme lo dispuesto por el Auto Supremo 116/2015 de 13 de febrero, ingresando por ello en discordancia con el criterio vertido por el Tribunal ad quem respecto a esta aseveración; sin embargo, al no afectar “en nada” el fondo de la resolución venida en casación; toda vez que, se confirmó la Sentencia que dio por operada la usucapión decenal o extraordinaria, sabida que fue la verdad material en el presente caso, el agravio denunciado resultó infundado, por no advertir daño que este pueda causarle al recurrente por constituirse en un “lapsus calamis judicial”; y, 5) Respecto a la aplicación indebida del art. 138 del CPC, en consideración a lo descrito precedentemente, y siendo que el recurrente confundió la figura errónea interpretación con aplicación indebida de la ley, se declaró infundado el presente agravio.

Como se constata del Auto Supremo 110/2022, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia que lo emitieron, declararon infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma, actuando correctamente y conforme a procedimiento, al haber analizado los argumentos contenidos en el recurso de casación planteado por el accionante, pronunciándose respecto a los agravios denunciados en la forma, refiriendo que no fue evidente que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva frente a los agravios expuestos por el recurrente en su recurso de apelación, ya que fueron resueltos con la debida fundamentación; así como lo referente, a que el Auto de Vista recurrido infraccionó el art. 142 y 145 del CPC, al no haber efectuado una valoración, individualidad y abstracción de las pruebas, ello no fue veraz en razón a que el Tribunal de alzada absolvió el agravio, señalando que de la valoración conjunta de las pruebas producidas en el proceso, la aportada por las partes, la individualización del bien inmueble y los requisitos que hacen viable la demanda, resultando que las mismas eran concretas en cuanto a la demostración de los requisitos que señala la ley para la viabilidad de la usucapión, los mismos que fueron debidamente cumplidos. Respecto al cuestionamiento de la omisión en la valoración de las pruebas presentadas por el accionante, y el no haber efectuado una valoración, individualidad y abstracción de las mismas por parte del Tribunal de alzada, las Magistrados accionados se pronunciaron, en sentido que verificaron que las individualizó y las no consideradas en esa instancia, se debió a que fueron rechazadas por la Jueza de primera instancia a través de providencias y resoluciones, no impugnadas oportunamente habiendo adquirido ejecutoria. Asimismo, con relación a la vuneración de los arts. 50 y 359 del CPC, por negarle su condición de parte dentro del proceso y que en Sentencia se ordenó y reconoció citra petita una usucapión de 571 73 m², cuando se demandó según el folio real que registró 500 m², como superficie para usucapir, el recurrente no consideró que no lo expuso como agravio en su recurso de apelación, motivo por el que no mereció ningún pronunciamiento por el Tribunal de alzada; en mérito a ello, tampoco le correspondía como Tribunal de casación dar respuesta sobre ese aspecto traído a casación, al no aceptar el “per saltum” ( salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de casación). Actuando de la misma manera, en cuanto al agravio de la errónea interpretación del art. 138 del CPC, porque el Tribunal de alzada sostuvo que el justo título, la buena fe y la posesión continua, no se constituían en requisito para declarar la procedencia o improcedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, sino para la ordinaria o usucapión quinquenal, como Tribunal de casación, expresó discrepar de ese criterio, debido a que la posesión pacífica y continuada como requisito de la usucapión decenal o extraordinaria, si se constituían en un presupuesto; sin embargo, al no afectar “en nada” el fondo de la resolución venida en casación; al haber confirmado la Sentencia que dio por operada la usucapión decenal o extraordinaria, el agravio denunciado resultaba infundado, por no advertir daño que este pueda causarle al recurrente por constituirse en un “lapsus calamis judicial” ; para finalmente concluir que el recurrente confundió la figura errónea interpretación con aplicación indebida de la ley. Es así que, de lo expuesto precedentemente no resulta evidente lo denunciado por el peticionante de tutela que las autoridades judiciales accionadas emitieron el Auto Supremo 110/2022, vulnerando sus derechos y garantías; contrariamente, como se advierte fundamentaron los agravios expuestos tanto en el recurso de casación en la forma como en el fondo, aplicando las normas legales que sustentaron su decisión; es decir, que el Auto Supremo impugnado, fue pronunciado con la debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia, al existir correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, cumpliendo de esta manera con las reglas del debido proceso, y con lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; lo que determina, se deniegue la tutela peticionada, al no ser evidente la lesión de los derechos invocados por el accionante.

De la misma manera con relación a la denuncia formulada por el impetrante de tutela sobre la lesión de los derechos a la defensa e igualdad y de los principios de seguridad jurídica y legalidad; cabe señalar que, al encontrarse el Auto Supremo impugnado, suficientemente motivado y fundamentado, no puede entenderse que se constituya en acto lesivo de los indicados derechos y principios vinculados al debido proceso; por lo cual, incumbe denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 250/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 642 a 655, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0898_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2b1749327831a0940e99f7ba28e273f440c3850c8a514cf09fce1423c7629c30

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