Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la valoración de la prueba, al juez natural y a la defensa, por parte de las autoridades judiciales demandadas, puesto que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir el Auto de Vista 024/2022, y el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento, que pronunció el Auto Interlocutorio 473/2022, realizaron una copia de la imputación formal, no fundamentaron, ni motivaron sobre la concurrencia de los elementos de convicción respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, para determinar su detención preventiva, realizando una errónea valoración de la prueba presentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 96 a 110, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 024/2022, debiendo la Vocal demandada emitir uno nuevo conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; empero, por el transcurso del tiempo se dimensiona los efectos en el caso que hubiera cambiado la situación jurídica del impetrante de tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54034-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 96 a 110, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Fernando Camacho Parada en representación sin mandato de Luis Fernando Camacho Vaca contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2023, cursante de fs. 58 a 75 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:
El 28 de diciembre de 2022, fue privado ilegalmente de su libertad por efectivos policiales cuando se encontraba llegando a su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo trasladado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz donde el Fiscal de Materia presentó imputación formal en su contra. En audiencia de medidas cautelares dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de terrorismo, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Resolución 473/2022 de 30 de diciembre, determinado su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro por el lapso de cuatro meses; resolución que adoleció de incongruencias y falta de valoración de los elementos de convicción, por lo que, fue impugnada mediante el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El 19 de enero de 2023, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 024/2022 confirmó la resolución de primera instancia impugnada, decisión que careció de fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que el mismo, al igual que el Juez a quo no realizó un razonamiento lógico jurídico de su situación como sindicado, es más, copió los fundamentos de la Resolución 473/2022, la cual realizó una valoración sesgada y subjetiva de las circunstancias en cuanto a la probabilidad de autoría y riesgos procesales. El Auto de Vista pronunciado por la Vocal demandada es completamente contradictorio e incongruente al apartarse del planteamiento de las partes y no se apegó a la ley conforme el principio de legalidad. La Vocal demandada, en sus conclusiones no efectuó razonamiento alguno, más bien dio lectura de la Resolución 473/2022 que ya era una copia de la imputación formal. Al respecto, si bien el juzgador debe dar lectura de los hechos, lo que hicieron el Juez de la causa y la Vocal fue copiar la imputación en sus conclusiones, sin realizar un razonamiento propio intelectivo que determine que esa relación de hechos sea respaldada de forma objetiva, peor aun cuando la relación de hechos nació del relato de la apócrifa denunciante, vale decir que, ni aun copiada la imputación, esta determinó de manera objetiva la forma, el lugar y el tiempo de la comisión del delito. No fundamentó sobre los elementos planteados, puesto que los mismos giraban en base a los argumentos del Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, que eran copia fiel de la imputación formal, extremo que no mencionó la Vocal demandada en su fundamentación, lo que se entiende que existió incongruencia externa. El Auto de Vista ahora cuestionado en sus consideraciones esgrimió lo vertido por las partes, en este caso la fundamentación del Ministerio Público, lo que es diferente de las conclusiones, pues el juzgador debió hacer un razonamiento propio y no lo que vertió una de las partes, extremo que en todo caso demostró la parcialidad hacia el Ministerio Público por parte del Juez a quo; habiendo confundido la Vocal demandada la fundamentación de las partes con sus conclusiones. Por otro lado, a tiempo de resolverse la audiencia de medidas cautelares el Juez de turno no refirió su nombre, ni exhibió su rostro, escondiéndose detrás de la cámara al ser una audiencia virtual, lo cual está prohibido por el protocolo de audiencias virtuales, lesionando el principio de inmediatez y el derecho al debido proceso en su vertiente de juez natural; un juez sin rostro impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera que pueda ejercer su defensa ante un Tribunal independiente e imparcial. Al respecto, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, refirió en su fundamentación conclusiva que: “…En el presente caso la resolución 473/2022 ante la competencia del juez Sergio Pacheco Diamantino, el mismo habría desarrollado la audiencia de medidas cautelares bajo competencia, independencia e imparcialidad a los fines de su consideración de medias cautelares (…) de la revisión del legajo de apelación, no existiría ninguna complementación o enmienda respecto al protocolo de dicha audiencia de medidas cautelares” (sic). Fundamentación que resulta completamente insuficiente al no haber referido de forma concreta ningún razonamiento de las cuestiones planteadas. La Resolución 473/2022, estableció que enervó el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, respecto a las vertientes de familia, domicilio y trabajo, es decir acreditó que existió un arraigo natural y social; sin embargo, al momento de determinar el Juez a quo el riesgo del numeral 2), no consideró que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora particular; pues, el art. 234 de la referida norma, el peligro de fuga no se funda en presunciones abstractas, pero tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de alzada, se apartaron de esa base jurídica, en razón a la existencia de un certificado migratorio que señaló que habría salido del país, por ello se acreditaría dicho riesgo procesal; esa fundamentación no guarda una estricta aplicación de la norma adjetiva penal, toda vez que la Ley 1173 refiere que no se puede utilizar subjetivismos, es más tampoco atribuciones genéricas, lo cual ocurrió en su caso. Respecto al art. 234.4 del CPP, se determinó su concurrencia en la audiencia de medidas cautelares, y la Vocal no valoró los elementos de convicción de forma objetiva; toda vez que, si bien hubo suspensión de la audiencia de su declaración informativa, no fue atribuible a su persona; sin embargo, la Vocal respaldo que la conducta de terceros y además la suspensión fue atribuible a su persona y que la valoración fue objetiva. En referencia del art. 234.6 del CPP, las autoridades demandadas, tomaron en cuenta procesos penales aperturados en su contra, refiriendo el Juez a quo en anteriores riesgos que la carga probatoria le correspondía al Ministerio Público, pero la invirtió, ya que para la valoración de dicho riesgo la carga debió ser por su parte, indicando que debió presentar documentación que demuestren que esas denuncias o procesos habrían concluido, extremo que no guarda congruencia interna. Sobre el art. 234.7 del CPP, el Juez inferior ante las circunstancias del hecho delictivo señaló que los simpatizantes de su persona habrían destruido y asumido medidas radicales, que inclusive las oficinas de la Fiscalía de Santa Cruz fueron tomadas y quemadas, por ello sería un peligro para la sociedad; sobre el particular planteó apelación apegado a la ley; toda vez que, el art. 234 del citado código, refiere que se debe tomar en cuenta la conducta del imputado y no así de terceros, mucho menos de simpatizantes, pero la Vocal demandada indicó que al haberse identificado la participación de grupos de simpatizantes, quienes procedieron a destruir bienes y propiedad pública, consideró que dicho riesgo aún estaba latente. Fundamentación completamente vaga y escueta, no refleja de qué manera lo resuelto por el Juez inferior en la Resolución 473/2022 se apegó a ley, sino más bien reiteró dicho fundamentó respaldando que hubo grupo de simpatizantes, sin especificar que grupos o que personas y cuál su afinidad con su persona, porque en esa misma lógica, correspondería decir que eran grupos infiltrados que pretendieron hacerse pasar por sus afines, mucho más si cuando ocurrieron los hecho se encontraba privado de su libertad e incomunicado, no siendo posible que tenga algo que ver con esos hechos; por lo que, no se cumplió con la fundamentación para determinar la existencia de un comportamiento propio y personal como elemento de convicción del riesgo de fuga. Ahora bien, en relación al art. 235.1 del CPP, el Juez de control jurisdiccional manifestó que como Gobernador de Santa Cruz podría destruir u ocultar elementos de prueba, conviene aclarar que el Ministerio Público y el Juez a quo, por transcribir la imputación en su resolución confundieron la colección de documentos en el Comando de las fuerzas armadas con las oficinas de la policía, que son instituciones diferentes; lo cual representa incongruencia interna. Así también, se tiene el fundamentó del art. 235.2 del mismo compilado legal, donde la Resolución 473/2022, refirió que en su calidad de Gobernador podría influenciar en testigos y al ser presidente del Comité Cívico, podía influenciar en los policías; en su apelación planteó que no se determinó como influenciaría en los testigos, contrario a ello, la Vocal demandada señaló que dicho fallo es coherente, es más indicó que aún no se conozca el paradero de los testigos podría influenciar en ellos, lo cual no tiene sentido. Finalmente, en cuanto al art. 235.5 del adjetivo penal, el planteamiento de su apelación se fundamentó en que la Resolución 473/2022, tomó como acto investigativo el mandamiento de aprehensión; sin embargo, ese no es un acto de investigación, sino un acto procesal, por lo que observó la existencia de incongruencia aditiva con falta de razonamiento lógico y claro que lesionó su derecho a tener una motivación idónea y suficiente.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la valoración de la prueba, al juez natural y a la defensa, citando al efecto los arts. 13, 14, 23.I, 24, 109, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la anulación del Auto Interlocutorio 473/2022 y del Auto de Vista 024/2022; así también, se disponga su inmediata libertad, ordenando que las autoridades demandadas convoquen a una nueva audiencia de aplicación de medidas cautelares y/o audiencia de apelación de medida cautelar para renovar el acto y resolver respetando los derechos y garantías constitucionales violentados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 89 a 95 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado ratificó in extenso la demanda tutelar planteada y ampliándola manifestó que: a) Hubo una errónea aplicación de la normativa sobre las condiciones validables en sus elementos formal y material contenido en el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP, por lo que denunció fundamentación omisiva e incongruente, por cuanto la misma es escueta, motivación arbitraria e irracional alejada de las reglas de la sana crítica y lógica, lesionando de esta manera su libertad; b) El Juez inferior, sostuvo que en su caso concurría el peligro de fuga y que no se sometería a la investigación, elementos inmersos en el art. 234 del CPP, criterio confirmado por la Vocal demandada al considerar que por tener un flujo migratorio activó, podía huir del país, contrariamente pudieron imponerle una medida cautelar menos gravosa como el arraigo, por lo que observó que existió una valoración irracional que violentó el principio de motivación; asimismo, aplicaron erróneamente la concurrencia de los elementos de convicción establecidos en el art. 234.4 y 6 del adjetivó penal, siendo ello un menoscabo a la presunción de inocencia; ya que los razonamientos de las autoridades demandadas fueron groseros y lesionaron el debido proceso en su elemento de motivación y congruencia como causal directa de su privación de libertad; y, c) Tanto al Juez de primera instancia como a la Vocal de apelación, hizo conocer de la enfermedad de base que padece, por lo que no debió aplicarse la medida extrema de última ratio como es la detención preventiva; por otro lado, los agravios denunciados no fueron considerados por la Vocal demandada, volviendo a incurrir en los mismos errores del Juez inferior, al no fundamentar ni motivar su resolución, ya que conforme el art. 124 del CPP tienen la obligación de fundamentar y motivar de manera especial, cuando se trate de resoluciones que van a influir sobre la libertad de las personas.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia virtual de garantías manifestó que: 1) El Auto de Vista 024/2022, se circunscribió conforme al art. 398 del CPP, a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación por parte del accionante, fundamentando los agravios expuestos; por otro lado, evidenció la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que habría sido el autor o participe del hecho punible, habiendo efectuado la relación circunstancial emitida en la imputación formal como en la resolución pronunciada por la autoridad jurisdiccional. En ese entendido, el Tribunal de alzada al haber contrastado los fundamentos expuestos en la Resolución del Juez a quo, que determinó la concurrencia del art. 233.1 del CPP, respecto a la probabilidad de autoría, el mismo se encontraría latente, extremo que fue fundamentado en el Auto de Vista ahora cuestionado respecto a los hechos, las circunstancias y los indicios que fueron acreditados por el Ministerio Público, por lo que no existe ningún agravio lesionado; 2) Conforme se tiene del lineamiento jurídico del art. 234.2 del Adjetivo Penal, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, se debe establecer que a los fines de mantener el riesgo procesal, contó con información precisa y confiable, en el caso la Procuraduría General de Estado advirtió que el imputado tendría un flujo migratorio y que el mismo salió del país en reiteradas oportunidades en su calidad de Gobernador del departamento de Santa Cruz; por lo que, determinó la concurrencia del art. 234.2 del CPP, en base a la documentación que fue acreditada, por tanto, no vulneró derecho alguno del imperante de tutela, toda vez que los fundamentos fácticos fueron emitidos de acuerdo a los arts. 124 y 173 del Código Adjetivo Penal; 3) Respecto al art. 234.4 del CPP, este señala que el comportamiento del imputado durante el proceso en la medida que indiqué su voluntad de no someterse al mismo, extremo que se acreditó por el Juez a quo, así como por su autoridad a los fines de establecer la concurrencia del citado artículo, bajo el principio de legalidad dando cumplimiento al debido proceso; y, 4) Sobre el Juez natural reclamado, se tiene que el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, actuó en audiencia de medidas cautelares de manera independiente e imparcial, por lo que, el Tribunal de alzada conforme el principio de seguridad jurídica, se pronunció plenamente sobre lo cuestionado por la defensa del accionante. Finalmente, sobre el estado de salud por el que pidió se aplique el art. 231 bis, respecto a los principios de favorabilidad, pro homine y la excepcionalidad de la medida cautelar, se debe tomar en cuenta que lo vertido no es cierto ni evidente; toda vez que, en apelación en ningún momento puso en conocimiento ese aspecto, por lo que, como Tribunal de alzada circunscribió la resolución conforme al art. 398 del CPP, por todo lo expuesto se advierte que no vulneró el debido proceso, la falta de fundamentación, motivación, incongruencia omisiva o aditiva, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela impetrada. Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 15 de febrero de 2023, cursante a fs. 88 y vta., peticionando se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) Las Resoluciones que se emiten por las autoridades jurisdiccionales, tienen un carácter jurisdiccional y no causan estado, sino que pueden ser revisadas y en la presente causa se interpuso el recurso de apelación incidental por la parte imputada que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la resolución de consideración de medidas cautelares, la cual cumplió con los estándares de fundamentación, motivación y congruencia, exigidos por nuestro ordenamiento jurídico procesal penal; ii) La norma procesal penal, es la que faculta el grado de re-visibilidad de las Resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, en ese entendido el Auto de Visa emitido por la Vocal demandada procedió a ratificar la resolución emitida por su persona, por lo que no se advierte que haya vulnerado algún derecho o garantía constitucional, ya que obró conforme a derecho; y, iii) Se interpuso la presente acción de defensa contra la resolución de aplicación de medidas cautelares, así como la resolución de la Sala Penal Segunda, debiendo tenerse presente que ambas resoluciones establecieron la concurrencia de riesgos procesales; en tal sentido, las mismas pueden ser modificadas en el transcurso de la etapa preparatoria, siendo que la parte accionante tiene el derecho de poder plantear la cesación a la detención preventiva y desvirtuar los riesgos procesales que pesan en su contra.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 96 a 110, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional resuelve sólo asuntos en los cuales se alegue lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el caso presente, existe una pretensión por la parte accionante en el sentido de que la jurisdicción constitucional realice un nuevo examen de las resoluciones emitidas por el Juez inferior, así como por el Tribunal de alzada; empero, no corresponde a este Tribunal de garantías realizar un juicio de valor respecto a la determinación de dichas autoridades como si fuera una instancia más ordinaria; b) Por otro lado, el accionante no explicó claramente de qué manera la valoración de los elementos de convicción o elementos de prueba recayó en falta de razonabilidad u omisión en su consideración, ya que se limitó a copiar párrafos del Auto de Vista 024/2022, por lo que, conforme las limitaciones entre jurisdicciones, no es viable la pretensión del impetrante de tutela que la jurisdicción constitucional revise, se pronuncie y dilucide sobre la valoración efectuada por las autoridades demandadas que determinaron la detención preventiva del imputado; c) No demostró de manera fehaciente la lesión al derecho a la vida y a la libertad, puesto que simplemente mencionó en esta audiencia que hizo conocer que estaría en peligro su vida, en razón a que tendría una enfermedad de base; por lo que, determinó taxativamente que la presente situación no se adecuó a lo establecido por el art. 125 de la CPE, puesto que el accionante se encuentra privado de su libertad en mérito a una resolución de medida cautelar, siendo la misma completamente legal, ya que fue dispuesta por una autoridad con jurisdicción y competencia; y, d) El accionante adjuntó fotocopias simples de las resoluciones (473/2022 y 024/2023 e imputación formal) dichos elementos de prueba son ilegibles, si bien no en un 100%, pero en un 80% sí, lo que limitó realizar un análisis del contenido de esas resoluciones, extremo atribuible a la parte accionante, por lo que realizar un análisis se hace imposible debido -como se dijo- a que los documentos presentados son ilegibles; sin embargo, la Vocal demandada en su informe oral estableció que el Auto de Vista 024/2022, fue debidamente fundamentado y motivado y que el mismo tiene una congruencia interna y externa, pronunciándose conforme lo determina el art. 398 del CPP; por lo que, conforme la línea jurisprudencial que señala: “…no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos…” (sic), consideró que el Auto de Vista cuestionado tuvo la debida fundamentación de acuerdo al informe oral proporcionado por la autoridad demandada, por lo que no ingresara al fondo de análisis de la problemática planteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 473/2022 de 30 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Lidia Patty Mullisaca contra Luis Fernando Camacho Vaca por la presunta comisión del delito de terrorismo, resolvió disponer la aplicación de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca que deberá ser cumplida por el plazo de cuatro meses, en el Recinto Penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz (fs. 5 a 15). II.2. Cursa Auto de Vista 024/2022 de 19 de enero de 2023, pronunciada por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 473/2022, determinando la ADMISIBILIDAD del recurso planteado, IMPROCEDENTE las mismas, en el fondo CONFIRMA la Resolución impugnada (fs. 24 a 39).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la valoración de la prueba, al juez natural y a la defensa, por parte de las autoridades judiciales demandadas, puesto que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir el Auto de Vista 024/2022, y el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento, que pronunció el Auto Interlocutorio 473/2022, realizaron una copia de la imputación formal, no fundamentaron, ni motivaron sobre la concurrencia de los elementos de convicción respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, para determinar su detención preventiva, realizando una errónea valoración de la prueba presentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, sobre el tema expuso que: «El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una “…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…”.
En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: “‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”’ (el resaltado es nuestro).
El art. 234 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, establece que, para decidir sobre la concurrencia del peligro de fuga, se debe realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes, enumerando las siguientes:
“1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país;
2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo;
5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;
6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada;
7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y, 8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.
El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente Artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia.
Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente Artículo, se valorarán siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo.” (el resaltado fue incorporado).
La norma trascrita establece cuáles son las circunstancias que deben ser analizadas de manera integral por el Juez o Tribunal para determinar la concurrencia del peligro de fuga, mismo que debe estar basado en información precisa, confiable y circunstanciada aportada por la parte acusadora o por el o querellante, que permita de manera razonable y suficiente, concluir que la circunstancia alegada, hace suponer que el imputado no se someterá al proceso. Asimismo, la citada norma procesal penal, establece que para concluir que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, debe efectuarse la valoración tomando en cuenta la situación socio-económica del imputado, más el hecho por sí solo, de no ser titular de un derecho propietario, de un contrato de arrendamiento o de anticresis, significará que el imputado no tenga un domicilio o residencia habitual.
Con relación a la temática de exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
(…)
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
De acuerdo a los antecedentes adjuntos al expediente se colige que Luis Fernando Camacho Vaca -ahora accionante- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Lidia Patty Mullisaca contra su persona, por la presunta comisión del delito de terrorismo, en audiencia de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio 473/2022 de 30 de diciembre, resolviendo disponer la aplicación de la detención preventiva del imputado, por el lapso de cuatro meses que deberá cumplir en el Recinto Penitenciario de Chonchocoro. Determinación que fue impugnada en la misma audiencia mediante el planteamiento del recurso de apelación incidental. Radicado el legajo de apelación en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Vocal Rosmery Lourdes Pabón Chávez, emitió el Auto de Vista 024/2022 de 19 de enero de 2023, determinando confirmar el Auto Interlocutorio 473/2022 impugnado. En ese orden de cosas, el peticionante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, a la valoración de la prueba, al juez natural y a la defensa, por parte de las autoridades judiciales demandadas, puesto que tanto el Auto de Vista 024/2022 y el Auto interlocutorio 473/2022, realizaron una copia de la imputación formal, no fundamentaron, ni motivaron sobre la concurrencia de los elementos de convicción respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, para determinar su detención preventiva, realizando una errónea valoración de la prueba presentada. En el caso presente, previo a ingresar al análisis de la problemática planteada cabe aclarar que la misma se centrará en la emisión del Auto de Vista 024/2022, por ser el último acto de cierre en la jurisdicción ordinaria que debe ser compulsado y contrastado y no así sobre el Auto Interlocutorio 473/2022 que ya fue analizado por el Tribunal de alzada. En el caso concreto, al haberse expuesto de forma oral los agravios del accionante en audiencia de apelación incidental de 19 de enero de 2023 y no contar con el medio magnético (CD), se realizará la transcripción de lo descrito en el Auto de Vista 024/2022, sobre los agravios expuestos por el accionante y lo resuelto por la autoridad demandada; es en ese sentido, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista 024/2022, manifestó: “1° Que, con relación a los fundamentos expuestos por la defensa de la parte procesada, se tiene que conforme los antecedentes del legajo de apelación, se tiene la Resolución N° 473/2022, donde se habría determinado la extrema medida de la Detención Preventiva, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgos procesales, vulnerando el principio al debido proceso en sus vertientes vulneración al derecho a la defensa, al Juez natural y falta de valoración de la prueba respecto a los riesgos procesales (…) sin embargo, se habría incidentado respecto a la falta de modo, tiempo y lugar, argumentos que se encontrarían sustentados ante la vulneración al principio al debido proceso. …se debe tomar en cuenta que en el presente caso dentro de los elementos indiciarios y bajo el principio de objetividad por el cual sigue el Ministerio Público se ha decidido imputar al Ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, tomándose en cuenta la relación circunstancial de los hechos donde se establece el modo tiempo y lugar la Autoridad Jurisdiccional conforme los fundamentos expuestos en la Resolución venida en grado de apelación este Tribunal de Alzada considera que existe la suficiente logicidad y razonabilidad jurídica, a los fines de establecer la concurrencia del artículo 233 en su numeral 1, a los fines de establecer sobre los suficientes elementos para sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe del hecho punible, consecuentemente este Tribunal de Alzada considera que aún se encuentra latente el artículo 233 en su numeral 1, respecto a la probabilidad de autoría. 2° Que, con relación al segundo agravio, se debe tomar en cuenta que la defensa de la parte procesada habría manifestado la vulneración al debido proceso en su vertiente de Juez Natural invocando la Sentencia Constitucional 055/2014, toda vez que el imputado tiene derecho a ser oído por autoridad competente, en el presente caso se habría denominado a la Autoridad Jurisdiccional el Juez sin rostro, toda vez que durante el desarrollo de la audiencia no habría aperturado la cámara de acuerdo al Protocolo de Audiencia de Medidas Cautelares. Que al respecto conforme se tiene de la interpretación del Juez Natural ‘…El mismo corresponde a la garantía de la institución jurisdiccional, tomando en cuenta que todo ciudadano tiene derecho un Juez natural, lo que significa que toda persona tiene derecho a ser oído por una Autoridad Jurisdiccional competente, independiente e imparcial…’, en el presente caso de la revisión de la Resolución N° 473/2022, se evidencia la competencia del Señor Juez Sergio Pacheco Diamantino, el mismo que habría desarrollado la audiencia de Medidas Cautelares, de manera independiente e imparcialidad, conforme refiere los componentes constitucionales, de otorgar competencia, independencia e imparcialidad, al juez natural, en el presente caso se establece que no existiría ninguna vulneración al principio al debido proceso, toda vez que no se ha identificado cuál sería el agravio o perjuicio por el cuál habría sido ocasionado por el Juez a quo, consecuentemente este Tribunal de Alzada conforme el art. 398 de la Norma Adjetiva Penal, únicamente circunscribe las resoluciones a los aspectos cuestionados en las resoluciones de Medidas Cautelares, en el presente caso de la revisión del legajo de apelación no existirá ninguna solicitud de complementación o enmienda u observación respecto al protocolo de dicha Audiencia de Medida Cautelar. 3° Que, con relación al tercer agravio, la defensa manifiesta la falta de valoración de la prueba respectivamente relacionado a los riesgos procesales (…) en el presente caso la defensa manifiesta que con relación al artículo 234 numeral 2, se evidencia la vulneración al principio al debido proceso en su vertiente de incongruencia interna, toda vez que dicho riesgo procesal se habría señalado únicamente que el Ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, al no contar con domicilio dicho riesgo procesal se encontraría latente, consecuentemente manifiesta que conforme el certificado migratorio se tiene que el Ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, en diferentes oportunidades habría salido del país, como es Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos y otros, por el cual el Ministerio Público habría constituido las facilidades que tendría el imputado para abandonar el país, consecuentemente manifiesta una incongruencia, interna en relación al 234 numeral 1, vulnerando el principio de proporcionalidad e invocando la Sentencia Constitucional 798/2018-S1, toda vez que al haberse considerado el arraigo natural conforme el artículo 234 numeral 1, al respecto no se podría demostrar cuál sería la peligrosidad para establecer que (…) salga del Territorio boliviano… … Que, al respecto conforme se tiene el artículo 234 numeral 2, ‘...Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto…’, se debe tomar en cuenta qué a los fines de establecer dicho riesgo procesal, debe contener una información precisa y confiable que el fiscal o la parte querellante aporte en audiencia, contrastando los fundamentos expuestos en la Resolución venida en grado de apelación, se puede advertir por parte de la Procuraduría General del Estado que el imputado si tendría un flujo migratorio y que saldría de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en reiteradas oportunidades, al respecto se debe hacer la siguiente consideración, se tiene que el imputado habría salido del Territorio Estado Plurinacional de Bolivia a efectos de realizar una representación en su calidad de Gobernador del Departamento de Santa Cruz, por lo que es evidente de que el imputado salió del Territorio Nacional a objeto de realizar gestiones propias ante la investidura a la cual representa (…) por lo que es evidente que en la presente causa existiría la concurrencia del artículo 234 numeral 2 (…) consecuentemente ante la normativa legal vigente se establece que el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, fundamentos fácticos jurídicos que cumple con la suficiente logicidad jurídica, consiguientemente dicho riesgo procesal aún se mantiene latente. 4° Que, con relación al artículo 234 numeral 4, bajo los fundamentos jurídicos establecidos en la Ley 1173. ‘El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo’, la defensa señala que el Ciudadano Luis Fernando Camacho habría sido notificado en fecha 28 de julio de 2022, aproximadamente eso haría 6 meses, consiguientemente refiere que la audiencia se habría suspendido porque ellos habrían decidido suspender, mismo que habría sido reconocido por el abogado de la Procuraduría General del Estado, siendo que habría sido citado en su domicilio (…) consecuentemente señala la incongruencia interna vulnerando el principio al debido proceso en cuanto a la legalidad e inocencia (…) toda vez que el mandamiento habría sido emitido conforme el artículo 226 y no así conforme el artículo 224, consecuentemente refiere que dicho riesgo procesal debió desvirtuarse. Que, al respecto es necesario tomar en cuenta los fundamentos expuestos en la Resolución venida en grado de apelación, por el cual se tiene que ante la fundamentación expuesta por la Procuraduría General del Estado el mismo que habría señalado la concurrencia de este riesgo procesal, señalando que el imputado tendría conocimiento de una declaración informativa que se habría convocado en fecha 12 de julio, a horas 10:00 de la mañana, sin embargo esta no habría sido desarrollada debido a que se habría recibido amenazas de la parte simpatizante del imputado (…) en la presente causa penal se habría procedido a librar el correspondiente mandamiento de aprehensión, este es fraccionado cuando el imputado ha sido citado a efectos de prestar una declaración informativa y este no habría comparecido al llamado de la autoridad fiscal, (…). Véase, que con relación a los fundamentos expuestos por la Autoridad Jurisdiccional conforme se tiene el imputado habría sido convocado a audiencia de declaración informativa en fecha 12 de julio del año 2022 y ante la inconcurrencia de dicha convocatoria se habría emitido el correspondiente mandamiento de aprehensión, consecuentemente ante la normativa legal vigente se establece que comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, fundamentos fácticos jurídicos que cumplen con la suficiente logicidad jurídica, consecuentemente dicho riesgo procesal aún se mantiene latente. 5° Que, respecto al artículo 234 numeral 6, la defensa señala incongruencia interna, toda vez que únicamente se habría referido que existirían procesos aperturados y que los mismos si bien no infringe el principio a la presunción de inocencia, sin embargo la defensa considera la vulneración al debido proceso, consecuentemente refiere que dicho riesgo procesal debió ser desvirtuado por la Autoridad Jurisdiccional (…), en ese entendido se debe tomar en cuenta que bajo los fundamentos expuestos en la Resolución de medida cautelar, conforme al artículo 234 numeral 6 se tiene que se habría aperturado procesos penales (…), de lo detallado precedentemente se advierte que el mismo habría sido acreditado mediante el sistema interoperado con el cual contaría el Ministerio Público con el Órgano Jurisdiccional, en ese entendido se tiene el apertura de diferentes causas que habrían sido descritas por la Autoridad Jurisdiccional, por lo cual este Tribunal de Alzada considera que al existir la suficiente razonabilidad y consiguientemente ante la información acreditada por el Ministerio Público dicho riesgo procesal aún se mantiene latente.” (sic) (subrayado añadido). En el caso concreto, descritos los agravios expuesto por el accionante de forma oral en la audiencia de apelación de 19 de enero de 2023, se observa el peticionante de tutela en su recurso de apelación incidental habría expuesto como agravió la falta de fundamentación respecto al art. 233.1 del CPP, sobre el modo, tiempo y lugar donde se habrían suscitado los hechos que se le atribuyen; advirtiéndose que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al emitir el Auto de Vista 024/2023, explicó escuetamente porque se presume la autoría o participación del hecho punible, realizando una descripción de lo resuelto por el Juez de instancia, en el Considerando III sobre los hechos acontecidos en noviembre de 2019, que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma y la posible participación del ahora accionante; argumentando que, tanto el Fiscal de Materia como el Juez a quo, verificaron a través de las pruebas indiciarias colectadas, el tiempo, momento y lugar donde se suscitaron los hechos, sin describir como el accionante participó en los mismos, si fue autor material o intelectual, simplemente se avocó a exponer lo resuelto por el juez inferior en la Resolución 473/2022, indicando que existe suficiente logicidad y razonabilidad jurídica, para establecer la concurrencia del art. 233.1 del adjetivo penal y por tanto latente el riesgo procesal de autoría; en consecuencia, se observa la falta de fundamentación denunciada, puesto como se advierte la Vocal demandada no dio respuesta motivada y fundamentada sobre la probabilidad del grado de autoría para establecer la concurrencia del citado artículo. Respecto al segundo agravio, el peticionante de tutela denunció como lesionado el Juez natural, al manifestar que el Juez a quo en audiencia de medida cautelar no habría abierto su cámara; sobre este hecho la Vocal demandada argumentó que esa denuncia del Juez natural no fue reclamada, mediante la solicitud de complementación o enmienda ante la misma autoridad jurisdiccional de porque no abrió su cámara en la audiencia virtual conforme al Protocolo de Audiencias de Medidas Cautelares, indicando que conforme el art. 398 del CPP, sólo puede pronunciarse sobre agravios reclamados en la emisión de la Resolución de medidas cautelares y no sobre aspectos que no fueron parte de la determinación del Juez inferior, de lo anterior se tiene que este aspecto no fue reclamado en primera instancia, por lo que no podría resolverse situaciones que no fueron en su oportunidad reclamadas, de lo que se advierte la inexistencia de lesión algún derecho, puesto que la autoridad jurisdiccional simplemente resolvió conforme las atribuciones que le confiere el art. 398 del adjetivo penal. Sobre la denuncia de falta de valoración de los riesgos procesales, en la emisión del Auto de Vista 024/2022, la Vocal demandada señaló que por el certificado de flujo migratorio del impetrante de tutela que fue presentado por la Procuraduría General del Estado, evidenció que el imputado Luis Fernando Camacho Vaca, salió del país en varias oportunidades, por tanto estaba latente el riesgo de fuga, ya que al tener la investidura de Gobernador del departamento de Santa Cruz podía salir fácilmente del país, motivo por el cual estableció que se encontraba latente el riesgo procesal determinado en el art. 234.2 del Código Adjetivo Penal, consecuentemente, la autoridad demandada fundó su determinación en la prueba presentada por la procuraduría, al advertir que el accionante como Gobernador de Santa Cruz podía fácilmente abandonar el país, y no presentarse dentro del proceso penal que se le sigue, estableciendo por ello la concurrencia de riesgo procesal de fuga; como se observa las determinaciones de la Vocal de la Sala Pena Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, reitera los argumentos del Juez a quo, sin determinar que los viajes realizados por el accionante fueron en representación de la investidura que tenía como Gobernador de Santa Cruz, y no se demostró que ese hecho es considerado como un acto preparatorio de fuga, pues como se dijo fueron actividades netamente administrativas relacionadas a su cargo, por lo que no se demostró objetivamente la probabilidad de fuga, extremo que no fue valorado por el Tribunal de alzada, simplemente se reiteró lo resuelto en la Resolución 473/2022, sin exponer una motivación propia e intelectiva respecto a este riesgo procesal de fuga para confirmar el mismo; consecuentemente, se lesionaron los derechos invocados por el accionante puesto que la Vocal demandada no dio respuesta clara concreta sobre este agravio, en correspondencia con la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En cuanto al art. 234.4 del CPP, el accionante habría reclamado que la audiencia señalada para el 12 de julio de 2022, donde se debió tomar su declaración informativa fue suspendida por el Ministerio Público como consecuencia de posibles amenazas por parte de simpatizantes de Luis Fernando Camacho Vaca; y, la Autoridad demandada a momento de resolver este agravió señaló que ante la inconcurrencia a ese actuado procesal se emitió el correspondiente mandamiento de aprehensión, al considerar que no se someterá al proceso, por lo que se encontraría latente ese riesgo procesal; como se observa, la Vocal demandada no realiza una motivación razonada, pues no absuelve lo denunciado respecto a la suspensión que fue requerida por el Ministerio Público y no fue atribuible al accionante, simplemente ratifica lo expresado por el Juez inferior, denotándose de ello, un falta de motivación y fundamentación en la emisión del Auto de Vista 024/2022 para ratificar el riesgo procesal. En relación al art. 234.6 del adjetivo penal, el peticionante habría observado que evidentemente existirían procesos aperturados en su contra y que los mismos, si bien no infringen la presunción de inocencia, debió desvirtuarse por el Juez inferior además de tomarse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al acusador; como se advierte la Vocal demandada de forma escueta ratifica el riesgo procesal al considerar que contra el impetrante de tutela existen varios procesos aperturados, lo que bastaría para demostrar la concurrencia del riesgo procesal; sin embargo, se observa que el art. 234.6 establece: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada”, lo preceptuado, por si solo no demuestra que un individuo haya cometido un delito, si bien existen procesos en su contra, se presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario con sentencia ejecutoriada, ahí recién se podría hablar de actividad delictiva debidamente acreditada, que en el caso que nos ocupa no existe prueba objetiva de sentencia ejecutoriada contra el accionante para la concurrencia de este riesgo procesal, hecho que no fue considerado por la Vocal demandada. Ahora bien, con relación a los arts. 235.1, 2 y 5 del CPP, denunciados como lesivos a los intereses del accionante, como se describió precedentemente del análisis efectuado al Auto de Vista 024/2022, este realiza la misma actividad, vale decir, describe lo resuelto por el Juez inferior en la Resolución 473/2022, para ratificar el riesgo procesal, sin realizar una motivación propia e intelectiva del porqué de esa determinación, simplemente se avocó en señalar que lo resuelto tiene logicidad y razonabilidad, sin motivar y fundamentar su determinación de confirmar los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización; así la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico II.1 del presente fallo constitucional establece que: “…Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas” (SC 0577/2004-R de 15 de abril).
Asimismo, en el caso del riesgo procesal de fuga determinados en el art. 234 del CPP, para fundar su concurrencia las mismas no pueden estar sujetas a meras presunciones abstractas, sino deben basarse en información precisa, confiable, objetiva, teniendo la obligación de demostrar la concurrencia de las mismas el representante el Ministerio Público, así como al acusador particular (Fundamento Jurídico III.2); por lo que, tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de alzada como es el caso que nos ocupa a momento de emitir el Auto de Vista y resolver una apelación incidental, al determinar confirmar, modificar o anular una medida cautelar sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización debe realizar un análisis integral del proceso, dando respuesta motivada y fundamentada a cada agravio expuesto y no simplemente realizar un resumen de lo resuelto por el Juez a quo y confirmar su decisión sin exponer los motivos, razonamientos o fundamentos de su decisión; por lo que, en el caso presente se advierte la lesión a los derechos invocados por el accionante en la emisión del Auto de Vista 024/2022, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 96 a 110, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 024/2022, debiendo la Vocal demandada emitir uno nuevo conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; empero, por el transcurso del tiempo se dimensiona los efectos en el caso que hubiera cambiado la situación jurídica del impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0897_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7b875df3a6fa4e932f9863dbea3b79321e1ce10d6d9099b61418add482a96d5f
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