B.IA.LEGAL

SCP 0897/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54037-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la libertad; toda vez que, luego de disponerse su detención preventiva por tres meses por Auto Interlocutorio 55/2022-P y solicitar la cesación de dicha medida: a) El Juez codemandado, al conocer la referida solicitud, emitió el Auto Interlocutorio 02/2023-P, manteniendo la detención preventiva sin considerar los argumentos expuestos, pese a que el término de la medida se había cumplido sin que se pronuncie el Ministerio Público; y, b) Interpuesta la apelación incidental contra la decisión del citado Juez, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 180/2023 declaró inadmisible el recurso de apelación bajo el falso argumento de que únicamente se expresó la frase: ‘“…Vamos a apelar de la Resolución…’” (sic), cuando en realidad se expresaron los agravios conforme la transcripción de la Resolución de primera instancia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Vocal demandado, ordenando admita el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 02/2023-P de 8 de febrero, señalando la audiencia, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación del accionante haya cambiado; y,

2° DENEGAR la tutela con relación al Juez codemandado, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Trámite de la apelación incidental de resoluciones que impongan, mantenga o modifiquen medidas cautelares, en el marco de los principios de oralidad e inmediación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2025-S2 Sucre, 15 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54037-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Beder Enríquez García y Sergio Rolando Sandoval Rada en representación sin mandato de Henry Daniel Valencia Flores contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Daniel Guarachi Calle, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 20 a 24, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tentativa de asesinato en grado de complicidad, mediante Auto Interlocutorio 55/2022-P de 25 de octubre, emitido por Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz, en suplencia legal de Daniel Guarachi Calle, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del mismo departamento -ahora demandado-se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalahuma del departamento de La Paz por el tiempo de tres meses.

El 1 de febrero de 2023, presentó dos memoriales de solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Juez codemandado; en respuesta a estas solicitudes, se fijó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 8 de febrero de 2023, a horas 10:30; desarrollada la misma, la autoridad judicial referida, emitió el Auto Interlocutorio 02/2023-P de 8 de febrero, disponiendo mantener firme y subsistente el Auto Interlocutorio 55/2022-P, ordenando que “permanezca recluido” (sic), sin considerar que el plazo de la detención preventiva había concluido y el Ministerio Público no se había pronunciado, situación que constituyó en un primer acto vulneratorio de sus derechos. El segundo acto vulneratorio, fue la inadmisión del recurso de apelación incidental interpuesto de manera oral tras la audiencia de cesación a la detención preventiva contra el Auto Interlocutorio 02/2023-P; sin embargo, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, por Auto de Vista 180/2023 de 15 de febrero, declaró inadmisible el referido recurso, señalando que sus abogados en audiencia no hubiesen apelado y solo indicaron “vamos apelar la resolución”, siendo esta aseveración falsa, cuando en realidad se interpuso el recurso de apelación expresando los agravios.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115. I y II, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponga: a) Su libertad en el día; y, b) Emitir mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando señaló que: 1) Refuta la afirmación del Vocal demandado de que la defensa solo expresó “vamos a apelar”, puesto que, de acuerdo a la trascripción del Auto Interlocutorio 02/2023-P, se demuestra que se realizó una solicitud formal de apelación incidental, incluyendo la expresión de agravios en la propia audiencia cautelar, tal como consta en la transcripción de dicha Resolución; 2) La autoridad demandada, sin señalar día y hora de audiencia de apelación, valoró el fondo de la Resolución apelada, modificando la decisión del Juez de primera instancia; 3) No se aplicó el principio in dubio pro reo, puesto que se ignoró el deber de interpretar cualquier duda a favor del procesado; 4) La Resolución del Vocal demandado carece de fundamentación que justifique la privación de libertad; 5) Se vulneró el derecho al debido proceso al no considerar el art. 403 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual exige señalar día y hora de audiencia cuando un legajo es remitido a la sala correspondiente; y, 6) La Resolución del Vocal demandado, truncó el derecho a la impugnación y vulneró el debido proceso, sin considerar que está detenido ilegalmente por más tiempo que el determinado por la Resolución que dispuso su detención preventiva.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 30 a 32 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: i) Mediante Auto de Vista 180/2023 dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 02/2023-P, puesto que, conforme al art. 251 del CPP, la interposición de un recurso de apelación incidental contra medidas cautelares personales debe realizarse oralmente y en el acto de dictada la Resolución y que de la revisión del acta de audiencia virtual se demuestra que el impetrante de tutela solo se limitó a expresar “…Vamos a apelar de la Resolución…”(sic), lo cual no constituye una interposición presente y cierta del recurso, sino una intención a futuro, por lo que se declaró inadmisible el recurso de apelación por no interponerse en la forma y tiempo requeridos, confirmando la decisión del Juez a quo; ii) El Auto de Vista cuenta con la motivación y fundamentación que constituye una garantía del debido proceso; no existiendo vulneración alguna a derechos constitucionales, como erróneamente indica la parte accionante; iii) La acción de libertad presentada transcribe antecedentes, artículos y Sentencias Constitucionales, además de mencionar supuestos principios vulnerados como el debido proceso y la tutela judicial efectiva; sin embargo, no fundamenta por qué los transcribe ni establece un nexo causal específico entre los actos de esta autoridad y las vulneraciones alegadas; iv) El Juez a quo no tiene atribución para pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso de apelación de medidas cautelares, ya que el art. 396.4 del CPP establece que los recursos se interponen ante el Tribunal que dictó la resolución impugnada, siendo el Tribunal de alzada el competente para pronunciarse sobre su admisibilidad; v) El accionante no comprendió los fundamentos del Auto de Vista ahora cuestionado por lo que podía solicitar una explicación, complementación o enmienda; y, vi) El peticionante de tutela no especificó de manera clara y precisa la vulneración alegada ni estableció el nexo causal con los actos supuestamente vulneratorios. Daniel Guarachi Calle, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: a) El accionante, en la audiencia de cesación a la detención preventiva, presentó un documento privado de trabajo con reconocimiento de firmas para desvirtuar el riesgo de fuga por domicilio y trabajo, que si bien cumple con los requisitos del art.

1242 del Código Civil (CC), no adjuntó el certificado de registro de comercio que acredite la vigencia de la Empresa "Sociedad Civil Madiri", dedicada al mejoramiento de caminos ni su capacidad para girar facturas u otras actividades comerciales, por lo que el riesgo de fuga no se consideró desvirtuado en su totalidad; b) En cuanto al recurso de apelación de la Auto Interlocutorio 02/2023-P, el Juzgado que tiene a su cargo cumplió con remitir los expedientes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme al art. 251 del CPP; y, c) El representante del Ministerio Público presentó la acusación fiscal, la cual -conjuntamente con sus antecedentes- serán remitidos al municipio de Achacachi del departamento de La Paz.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 31/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 36 a 38 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Para que una acción de libertad sea procedente al vincularse con el debido proceso, la ingeniería dogmática constitucional establece dos requisitos: i) La determinación de la autoridad demandada debe estar directamente relacionada con la libertad personal o de locomoción; y, ii) El accionante se encuentre imposibilitado de usar otros recursos legales previstos en la normativa; 2) En el presente caso, la denuncia del accionante se centra en la vulneración de derechos por la falta de fundamentación y motivación en las decisiones; sin embargo, la decisión del Juez a quo, al no ser la última instancia, no será objeto de revisión por esta vía constitucional; 3) Respecto al Vocal demandado, quien declaró la inadmisibilidad de su recurso de apelación incidental, tampoco se advierte una vinculación directa entre la determinación y la privación de libertad del impetrante de tutela, ya que esta última emana de una medida cautelar personal debidamente fundamentada; asimismo, no se acredita la imposibilidad de valerse los recursos legales pertinentes; y, 4) El Vocal demandado fundamentó de manera clara y lógica las razones de su decisión en el Auto de Vista 180/2023, por lo tanto, no se encuentra mérito en la acción tutelar ahora activada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 55/2022-P de 25 de octubre, por el cual Nely Rojas Flores, Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charazani del departamento de La Paz en suplencia legal de Daniel Guarachi Calle, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del mismo departamento -ahora codemandado-, dispuso la detención preventiva de Henry Daniel Valencia Flores -accionante- en el Centro Penitenciario Qalahuma del señalado departamento por el plazo de tres meses, fijando una audiencia de revisión de la situación jurídica para el 25 de enero de 2023 (fs. 8 a 12 vta.).

II.2. Por Auto Interlocutorio 02/2023-P de 8 de febrero, el Juez codemandado mantuvo firme y subsistente el Auto Interlocutorio 55/2022-P, confirmando la detención preventiva del impetrante de tutela. En la parte final de la misma Resolución, se consigna la interposición del recurso de apelación incidental y expresión de agravios de la defensa del accionante: “La Palabra señor juez, vamos a apelar de la Resolución que se acaba dictarse de conformidad con el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto su autoridad no ha valorados correctamente los documentos adjuntados que desvirtúan los riesgos procesales…" (sic [fs. 15 a 16]). II.3. Mediante Auto de Vista 180/2023 de 15 de febrero, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela, bajo el argumento que solo se expresó la frase “'…Vamos a apelar de la Resolución…'” (sic), el cual es “…un acto futuro que puede o no puede ser realizado, en cambio, la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto…”(sic [fs. 28 a 29 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la libertad; toda vez que, luego de disponerse su detención preventiva por tres meses por Auto Interlocutorio 55/2022-P y solicitar la cesación de dicha medida: a) El Juez codemandado, al conocer la referida solicitud, emitió el Auto Interlocutorio 02/2023-P, manteniendo la detención preventiva sin considerar los argumentos expuestos, pese a que el término de la medida se había cumplido sin que se pronuncie el Ministerio Público; y, b) Interpuesta la apelación incidental contra la decisión del citado Juez, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 180/2023 declaró inadmisible el recurso de apelación bajo el falso argumento de que únicamente se expresó la frase: ‘“…Vamos a apelar de la Resolución…’” (sic), cuando en realidad se expresaron los agravios conforme la transcripción de la Resolución de primera instancia.

Ante ello, 1) El Vocal demandado sostiene que el Auto de Vista 180/2023 fue fundamentado con el criterio de que la apelación incidental de medidas cautelares debe interponerse oralmente y en el acto; la frase “…vamos a apelar…” (sic) no cumple con esa exigencia legal, lo que justifica la declaración de inadmisibilidad y la confirmación de la detención preventiva; y, 2) El Juez codemandado refiere que el Auto Interlocutorio 02/2023-P, mantuvo la medida cautelar de detención preventiva, debido a que el accionante no desvirtuó el riesgo procesal referido al trabajo; decisión que fue apelada por el peticionante de tutela expresando agravios, por lo que, el recurso fue remitido a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental Justicia de La Paz.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Trámite de la apelación incidental de resoluciones que impongan, mantenga o modifiquen medidas cautelares, en el marco de los principios de oralidad e inmediación

Al respecto, la SC 1703/2004-R de 22 de octubre señaló lo siguiente: “…la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto…” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, la SCP 0004/2025-S2 de 14 de febrero precisó la regulación de la apelación de resoluciones referidas a medidas cautelares en el contexto de la legislación vigente, señalando: “En el ámbito penal, respecto a la apelación de incidentes y excepciones el art. 403 del CPP, establece que procederá contra las siguientes resoluciones: ‘… 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución…’ debiéndose entender por cautelares reales y no de carácter personal pues estas están reguladas por el art. 251 del CPP. El procedimiento a seguir para la tramitación y posterior resolución del recurso de apelación establecido en el art. 403 del CPP, se encuentra contemplado en los arts. 404, 405 y 406 del CPP y respecto al art. 404 del CPP el mismo fue modificado por el art. 16 de la Ley 1173. (…) Por lo que la modificación establecida por la Ley 1173 del art. 404 del CPP no alcanza al art. 251 del CPP que regula específicamente las medidas cautelares de carácter personal. (…) Como podrá advertirse, el citado procedimiento que rige exclusivamente para la apelación incidental contra resoluciones emergentes de medidas cautelares personales, el mismo resulta un trámite expreso, sencillo y rápido para su resolución; el mismo, no fue objeto de una modificación substancial por la Ley 1173” (las negrillas son añadidas). En ese sentido, de la citada jurisprudencia se desprende que la apelación incidental de medidas cautelares es un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, cuya interposición puede realizarse oralmente en audiencia o por escrito en el plazo de setenta y dos horas. Su naturaleza, está orientada a restituir derechos fundamentales como la libertad que prescinde de formalidades estrictas, pues basta la interposición oral para que la fundamentación se realice directamente ante Tribunal ad quem, quien deberá celebrar una audiencia para escuchar a todas las partes antes de resolver, por lo que no pueden rechazar in límine apelaciones por falta de fundamentación, ya que la oralidad suple esta exigencia, garantizando así el derecho a la impugnación.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se advierte que, en la audiencia de cesación de medidas cautelares de 8 de febrero de 2023, la defensa del accionante interpuso de forma oral el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 02/2023-P de la misma fecha, que mantenía su detención preventiva (Conclusión II.1). La transcripción literal de dicha interposición, incorporada en la propia Resolución, demuestra que la defensa no se limitó a una mera intención de apelar, sino que expresó agravios específicos, señalando textualmente: “La Palabra señor juez, vamos a apelar de la Resolución que se acaba dictarse de conformidad con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto su autoridad no ha valorados correctamente los documentos adjuntados que desvirtuan los riesgos procesales. (…) Por su actuación será sometido a un proceso por prevaricato y solicito la grabación en el día de esta audiencia.” (sic); tras esta interposición y exposición de agravios, el Juez a quo cumplió con la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, el Auto de Vista 180/2023 de 15 de febrero, emitido por el Vocal demandado, a quien se sorteó la causa a efectos de conocer el recurso de apelación, declaró inadmisible la impugnación bajo el argumento de que el accionante solo se limitó a decir “…vamos a apelar de la Resolución…” (sic [Conclusión II.2)]. Al respecto, al contrastar la afirmación del Vocal demandado con la transcripción ut supra de la Resolución de primera instancia, se demuestra que la interposición fue más allá de una mera enunciación de una frase. Esto resulta relevante, ya que, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la jurisprudencia constitucional fue enfática en señalar que la apelación de medidas cautelares puede ser interpuesta de forma oral en la misma audiencia o por escrito en setenta y dos horas. Se debe considerar, además, que se trata de un trámite expreso, sencillo y rápido para su resolución, cuya fundamentación puede realizarse directamente ante el Tribunal ad quem. Dado ello, se advierte que el accionante, al expresar agravios específicos como la falta de valoración de documentos para desvirtuar riesgos procesales cumplió con la exigencia de una interposición válida, según el entendimiento flexible y teleológico del art. 251 del CPP y la jurisprudencia que privilegia la inmediación en estos trámites rápidos. Por lo tanto, el Vocal demandado, al desconocer la interposición oral del recurso de apelación incidental y declararlo inadmisible, basándose en una interpretación excesivamente formalista de la frase utilizada por la defensa, contravino directamente los principios y la regulación del trámite de apelación incidental de medidas cautelares antes expuestos en el referido Fundamento Jurídico III.1. Además, al omitir señalar una audiencia para revisar el Auto Interlocutorio 02/2023-P, que mantenía la detención preventiva del impetrante de tutela, impidió que el accionante pudiera fundamentar sus agravios ante el Tribunal de alzada. En ese sentido, corresponde conceder la tutela en parte, en la medida de que su alcance se dirige específicamente al Vocal demandado, al ser quien emitió el último acto procesal denunciado como vulneratorio; es decir, la inadmisión indebida del recurso de apelación incidental; al respecto, corresponde precisar el alcance de la tutela, pues no atañe a este Tribunal pronunciarse sobre el cargo denunciado relativo al Juez de primera instancia, ya que esta materia es objeto de análisis y resolución por el Tribunal de alzada, quien, al admitir y conocer los fundamentos del referido recurso, tiene la competencia de definir la continuidad o no de la detención preventiva y, por ende, la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Vocal demandado, ordenando admita el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 02/2023-P de 8 de febrero, señalando la audiencia, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación del accionante haya cambiado; y,

2° DENEGAR la tutela con relación al Juez codemandado, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0897_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0d5de96713c4beef2e1b59405a737b7a2353fa3fb87e3501cab291899368b1ee

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →