B.IA.LEGAL

SCP 0897/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53898-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados, mediante Auto Interlocutorio 086/2023 de 11 de febrero, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, realizándose el respectivo verificativo domiciliario el 13 de igual mes de 2023; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa el 16 de dicho mes y año, no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria, manteniendo de manera indebida la privación de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital el departamento de La Paz, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer la remisión inmediata del mandamiento de detención domiciliaria ante la respectiva Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y al Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento con la finalidad de hacer efectiva la detención domiciliaria del accionante, salvo que por el transcurso del tiempo, aquello ya hubiese sido realizado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad
  3. III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2025-S1 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53898-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rafael Roly Fernández Goyzueta en representación sin mandato de Diego Armando Huanca Aida contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez y Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, contra Diego Armando Huanca Aida -accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP); a través del Auto Interlocutorio 086/2023 de 11 de febrero, se dispuso la cesación de su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, imponiéndole las medidas sustitutivas a la misma, como ser la detención domiciliaria y una fianza económica por la suma de Bs3 000.- (tres mil bolivianos); además que, existe una resolución de sobreseimiento en su favor; en ese sentido, el 13 de igual mes de 2023, se cumplió con el verificativo domiciliario, así como con el pago de la fianza económica; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa, no se libró el respectivo mandamiento de detención domiciliaria, indicándose que faltaría la firma del Juez ahora accionado para que el mencionado mandamiento sea remitido ante el referido Centro Penitenciario y pueda cesar su detención preventiva; en consecuencia, se produjo una dilación que vulneró de manera directa sus derechos al no modificarse su situación jurídica.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, así como al principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que emita de manera inmediata el mandamiento de detención domiciliaria en su favor, a efecto de que abandone el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y pueda cumplir con las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) “Hasta la fecha” -se entiende 17 de febrero de 2023-, se desconoce si el Juez hoy accionado firmó el mandamiento de detención domiciliaria a efecto de que abandone el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y se efectivicen las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas por la misma autoridad judicial el 11 de dicho mes y año, tampoco se tuvo certeza respecto a que si la Secretaria ahora coaccionada hubiera gestionado el referido mandamiento ante la Oficina Gestora del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efecto de que se notifique al citado Centro Penitenciario; b) Son siete días que se encuentra indebidamente privado de libertad, pese a la existencia de una resolución judicial -Auto Interlocutorio 086/2023- que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como una resolución de sobreseimiento emitida por el Ministerio Público, a través de la cual se lo excluyó de la participación de la presunta comisión del delito denunciado; por lo que, se provocaron dilaciones indebidas, afectándose el principio de celeridad al tratarse de una persona privada de libertad; y, c) Se cumplió con todo lo dispuesto por el Juez hoy accionado respecto a las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ante las preguntas efectuadas por el Juez de garantías, respondió que: 1) Las medidas sustitutivas que le fueron impuestas consistieron en la verificación domiciliaria a ser cumplida en el plazo de setenta y dos horas, la fianza económica de Bs3 000.- y la tramitación del arraigo, al respecto el 14 de febrero de 2023 se procedió a la verificación domiciliaria; asimismo, se depositó la fianza económica el 15 de igual mes y año; y, en cuanto al arraigo, el mismo no fue efectivizado debido a la falta del acta de audiencia y la Resolución -Auto Interlocutorio 086/2023- que concede la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, aquello no es una justificación para la no emisión del mandamiento de detención domiciliaria; y, 2) Mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2023, se adjuntó el depósito de la fianza real y en el “Otrosí” se solicitó que se emita el respectivo mandamiento de detención domiciliaria; no obstante, se desconoció una respuesta al mismo; ya que, no se le permitió el acceso al cuaderno de control jurisdiccional.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas

William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 17 de febrero de 2023, cursante a fs. 14, manifestó que: i) La parte accionante no se apersonó ante ese despacho judicial a efecto de realizar el correspondiente verificativo domiciliario y que sea consignado en el mandamiento de detención domiciliaria; no obstante, el referido mandamiento ya fue remitido a la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; y, ii) Recién el 15 de igual mes y año, se cumplieron a cabalidad con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas mediante el Auto Interlocutorio 086/2023, como ser el depósito judicial de la fianza económica impuesta en audiencia; por consiguiente, no se vulneró ningún derecho; asimismo, el citado mandamiento ya fue emitido por su autoridad, en consecuencia, pidió que la tutela solicitada sea denegada. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) El 11 de febrero -de 2023-, se celebró la audiencia de la situación jurídica del accionante, y se dispuso que en el plazo de setenta y dos horas se de cumplimiento al verificativo domiciliario; ya que, para realizar el mandamiento de detención domiciliaria, se debe consignar el domicilio al que será trasladado el imputado -accionante-; y, b) Recién el 15 de igual mes y año, se presentó -mediante memorial- la boleta -se entiende del depósito de la fianza económica-, el cual mereció en respuesta el 16 de ese mes y año, al igual que en esa fecha se emitió el mandamiento de detención domiciliaria que ya fue remitido a la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento; por lo que, pidió que la tutela solicitada sea denegada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Para la emisión de un mandamiento de libertad o el acatamiento de una medida cautelar menos gravosa, precisa del cumplimiento de las obligaciones impuestas; en ese sentido, el accionante hizo referencia al pago de la fianza económica y la respectiva verificación domiciliaria; sin embargo, aquello no sucedió con el arraigo, tal como lo afirmó el accionante; y, 2) El mandamiento de detención domiciliaria ya fue emitido y diligenciado, tal como lo señaló la parte ahora accionada en esta acción defensa; en ese sentido, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho debe responder a un requisito esencial el cual es el trámite a través de actos dilatorios o indebidos; lo cual, no pudo ser apreciado en la presente acción tutelar, por el contrario se observó que el Juez y la Secretaria hoy accionados, cumplieron con la emisión del mandamiento de detención domiciliaria a efecto de que el accionante proceda a cumplir la misma en sustitución a la detención domiciliaria; por lo que, al no existir mérito en la denuncia efectuada mediante esta acción de defensa, y considerando que la carga de la prueba corresponde al accionante y la misma no presentó documentación que respalde lo denunciado y si bien el Juez de garantías puede solicitar la documentación respectiva, aquello no existe dicha responsabilidad; por consiguiente, esta acción de libertad no es viable. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, solicitó al Juez de garantías que se complemente en cuanto al incumplimiento del arraigo; sin embargo, el motivo para el incumplimiento fue que el Juez ahora accionado no emitió el respectivo mandamiento de detención domiciliaria; por lo que, a efecto de que no exista las represalias contra el accionante se solicitó que se disponga que en el día se emita el mandamiento de arraigo con la finalidad de efectivizar las medidas sustitutivas a la detención preventiva. En mérito a esa solicitud el Juez de garantías señaló que previa a la extensión del mandamiento detención domiciliaria o el mandamiento de libertad, es necesario el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; en ese sentido, ante la emisión del mandamiento de detención domiciliaria se entendió que el accionante cumplió con todas y cada una de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, motivo por el cual, conforme lo informado por la Secretaria hoy coaccionada se remitieron los respectivos mandamientos ante la Oficina Gestora de Procesos -Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, de no ser así en el día debe emitirse el mandamiento de arraigo, de lo contrario representaría el incumplimiento de las funciones del personal de apoyo jurisdiccional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2023, ante William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, Diego Armando Huanca Aida -hoy accionante-, señala que cumplió con la fianza económica y adjuntando el depósito judicial; asimismo, solicitó la emisión del mandamiento de libertad y sea remitido a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mereciendo en respuesta el decreto de “15” de igual mes y año; por lo que, se dispuso la emisión del mandamiento de detención domiciliaria (fs. 11 a 12). II.2. Cursa Mandamiento de Detención Domiciliaria de 16 de febrero de 2023, en favor del accionante (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados, mediante Auto Interlocutorio 086/2023 de 11 de febrero, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, realizándose el respectivo verificativo domiciliario el 13 de igual mes de 2023; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa el 16 de dicho mes y año, no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria, manteniendo de manera indebida la privación de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad ” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad

La SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, establece que: “Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia. Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad”.

III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados, mediante Auto Interlocutorio 086/2023 de 11 de febrero, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, realizándose el respectivo verificativo domiciliario el 13 de igual mes de 2023; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa el 16 de dicho mes y año, no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria, manteniendo de manera indebida la privación de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. De la revisión de antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2023, ante el Juez ahora accionado, el accionante de conformidad con lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 086/2023, adjuntando el formulario de depósito judicial en cumplimiento de la fianza económica, solicitó que se emita el mandamiento de libertad a efecto de que sea remitido a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mereciendo en respuesta el decreto de “15” de igual mes y año; por lo que, se dispuso la emisión del mandamiento de detención domiciliaria (Conclusión II.1.); en ese sentido, el 16 de dicho mes y año, se libró el Mandamiento de Detención Domiciliaria en favor del accionante (Conclusión II.2.). En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; puesto que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en ese sentido, a continuación se analizará la actuación del Juez y de la Secretaria ahora accionados respecto a la denuncia efectuada por el accionante mediante esta acción de defensa. Respecto a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ahora accionado De acuerdo a los antecedentes descritos líneas arriba, se tiene que el accionante una vez cumplido con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 086/2023, presentó el 14 de febrero de 2023, ante dicha autoridad judicial el respectivo depósito de la fianza económica impuesta y solicitó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria; en ese sentido, el Juez ahora accionado mediante decreto de 15 de dicho mes y año, dispuso por Secretaría la emisión del mandamiento de detención domiciliaria. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional se tiene que la demora en la efectivización de la detención domiciliaria vulnera el derecho a la libertad; por lo que, si bien el Juez hoy accionado, en el plazo de veinticuatro horas dio atención a la solicitud del accionante y dispuso de que por Secretaría se emita el respectivo mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, no efectuó el seguimiento correspondiente a su orden, y asumiendo una actitud pasiva, permitió que la Secretaria ahora coaccionada no remita el mandamiento de libertad ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efecto que el mismo sea puesto en conocimiento del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento y pueda efectivizarse la detención preventiva del accionante; ya que, si bien, la Secretaria hoy coaccionada en el informe presentado en esta acción de defensa indicó que dicho mandamiento de detención domiciliara si fue remitido a la referida Oficina Gestora, no se tiene prueba alguna de aquello; por lo tanto, se produjo una dilación injustificada en la efectivización de la detención domiciliaria del accionante, lo cual se tradujo en la privación indebida de su libertad, más aun considerando que hasta la interposición de esta acción de defensa de 16 de febrero de 2023, a las 14:19 horas continuaba privado de libertad. Por consiguiente, y de acuerdo a lo mencionado corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a efecto que de que el Juez ahora accionado, evite dilaciones indebidas en la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas. En cuanto a Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, hoy coaccionada Previamente a ingresar al análisis de la actuación de la Secretaria ahora coaccionada con relación a lo denunciado por el accionante en esta acción de defensa, es necesario aclarar de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren la legitimación pasiva para ser accionados en las acciones tutelares, cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, sino que incluye también las omisiones de diligencias administrativas. En ese entendimiento jurisprudencial, de antecedentes se tiene que el Juez ahora accionado, mediante decreto de 15 de febrero de 2023, ordenó que por Secretaría se emita el mandamiento de detención domiciliaria, orden que fue acatada por la Secretaria hoy coaccionada el 16 de ese mes y año; no obstante, a que dicha tramitación se encontraba dentro de un plazo razonable; la mencionada Secretaria no continuó con la efectivización del mandamiento de detención domiciliaria; ya que, hasta la interposición de esta acción de defensa de 16 de febrero de 2023, a las 14:16 horas, no remitió ese mandamiento a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y mucho menos al Centro Penitenciario San Pedro del mencionado departamento; y, si bien la referida Secretaria en el informe presentado en esta acción de defensa señaló que ya hubiese remitido dicho mandamiento a la respectiva Oficina Gestora de Procesos, no se advierte documentación alguna que respalde esa afirmación; por consiguiente, al desconocer sus obligaciones y no actuar con la debida celeridad que ameritan los trámites en los que se encuentra involucrado el derecho a la libertad, ocasionó que el accionante continúe privado de libertad, razón por la que adquirió legitimación pasiva en esta acción de libertad, correspondiendo en consecuencia también conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital el departamento de La Paz, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer la remisión inmediata del mandamiento de detención domiciliaria ante la respectiva Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y al Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento con la finalidad de hacer efectiva la detención domiciliaria del accionante, salvo que por el transcurso del tiempo, aquello ya hubiese sido realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0897_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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