B.IA.LEGAL

SCP 0896/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54033-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa -invocado en audiencia- así como los principios de verdad material, publicidad y seguridad jurídica; toda vez que, habiéndose señalado día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica para el 16 de diciembre de 2022, “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción de libertad- no se llevó a cabo, ni cursa en el cuaderno de control jurisdiccional la Resolución de 17 de noviembre de ese año, en la cual se determinó esa nueva fecha de audiencia. Tampoco se le permitió en la Oficina Gestora de Procesos presentar su memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva; toda vez que, en sistemas, su caso aparece como radicado en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, cuando el expediente se encuentra bajo custodia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto del citado departamento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 32 a 39, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de informalismo y la carga de la prueba en acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0896/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54033-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 32 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Arturo Rojas Salinas contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez; Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria; y, Tania Céspedes Condori, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 13 a 15 vta., el accionante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Debido al proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra privado de su libertad, desde el 6 de junio de 2022; programándose su audiencia de consideración de su situación jurídica para el 7 de noviembre de ese año. Posteriormente se reprogramó el actuado para el 11 de igual mes y año, que luego se suspendió reprogramándose para el 17 de idéntico mes y año. En dicho acto procesal de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva se desvirtuaron los riesgos procesales contemplados en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), quedando latentes los incursos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del citado Código, señalándose nuevo día y hora de audiencia de consideración de situación jurídica para el 16 de diciembre del indicado año.

Empero, revisados los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción de libertad- no cursa la Resolución de 17 de noviembre de 2022, en la cual se determinó la nueva fecha de audiencia de consideración de su situación jurídica ni se llevó a cabo dicho actuado. Finalmente, señala que el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra bajo custodia del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz -ahora demandado-; sin embargo, en sistemas aparece como radicado en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, aspecto por el cual en la Oficina Gestora de Procesos no se le permite presentar ningún memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa -invocado en audiencia- así como los principios de verdad material, publicidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 119.II, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se restituya su libertad y/o modifique su situación jurídica a través de una medida menos gravosa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia de garantías, ratificó in extenso los fundamentos de su demanda de acción de libertad, añadiendo que: a) “A la fecha” se encuentra privado de libertad alrededor de siete meses con veinticinco días; b) El 17 de noviembre de 2022 a horas 15:30, recién se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva y la audiencia de situación jurídica, pese a que se había programado para el 6 de ese mes y año; c) En dicha audiencia, el Ministerio Público solicitó una ampliación de treinta días, es decir que, la el actuado que se tenía que llevar al cabo de los seis meses de la etapa preparatoria, era el 17 de diciembre de igual año a horas 9:00, la cual no se llevó adelante, hasta “hoy” 1 de febrero de 2023; d) Si bien se señaló la fecha para la audiencia, se encuentra privado de su libertad por más de siete meses con veinticuatro días; y cuando su abogado revisó el cuaderno de control jurisdiccional, no identificó ningún memorial presentado por el Ministerio Público en el que establezca la ampliación de su detención preventiva; incumpliéndose con el principio de legalidad y el art. 180 de la CPE, que establece la verdad material y la justicia pronta y oportuna; e) Si bien la parte demandada señala que ya se tiene una acusación, eso no invalida el art. 116 de la CPE, que establece que toda persona goza de presunción de inocencia; f) El Juez tiene la obligación de llevar adelante la audiencia porque está a cargo del control jurisdiccional; además el art. “139 numeral II” -del CPP- establece la cesación de la detención preventiva, cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto a su cumplimiento, que era el 17 de diciembre de 2022, y siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; entonces, esta más de un mes con veinticuatro días privado de libertad de manera ilegal; g) El art. 134 del citado cuerpo adjetivo, establece la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria en un plazo razonable de seis meses. El 6 de junio de 2022, con la resolución de medidas cautelares se inició la etapa preparatoria. Haciendo el cómputo, el 6 de diciembre de ese año concluía ese plazo. Empero, el Juez arbitrariamente señaló audiencia para el 17 de referido mes y año; h) Respecto al principio de publicidad establecido en el art. 180 de la CPE, se reclama que la Resolución de 17 de noviembre de 2022, no se encuentra transcrita en el cuaderno de control jurisdiccional, privándole de los principios de inmediatez, de formalidad, de seguridad jurídica y de publicidad porque no puede obtenerla “hasta la fecha”; i) En el sistema Justicia Libre (JL) se establece que el proceso estaría remitido al “…Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer 1ro…” (sic) el 5 de enero de 2023; por lo que, al solicitar la cesación de su detención preventiva y señalamiento de audiencia de consideración de su situación jurídica, la Oficina Gestora de Procesos no recibió el escrito, porque el proceso ya estaba remitido al Tribunal por sistema. Sin embargo, el cuaderno en físico se encuentra en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; por lo que, no pudo hacer ingresar “…hasta la fecha del dia lunes…” (sic), ningún memorial, vulnerándose sus derechos; j) El Tribunal tampoco podrá recibir los actuados sin que se lleve adelante la audiencia reclamada, habrán observaciones, afectándole todas estas dilaciones; k) Con relación a la Secretaria; el día lunes fue a hacerle notar que no cursaba la Resolución de 17 de noviembre de 2022, pidiendo le informe al Juez que tampoco se llevó la audiencia de consideración de situación jurídica; empero, dicha funcionaria le manifestó que solicite con memorial, pese a que le explicó que no pudo hacerlo ingresar porque la Oficina Gestora de Procesos no le dejaba. Esa negativa le permite ampliar la acción de libertad contra la Secretaria del Juzgado, que como brazo operativo tiene la obligación de apoyar al Juez; y, l) Respecto a la auxiliar; porque si bien la audiencia de 17 de diciembre de 2022 no se llevó a cabo por algunas razones, el Juez debió señalar nueva fecha y hora, y la indicada funcionaria debió comunicar a Oficina Gestora de Procesos para que todos sean notificados y esa audiencia se pueda llevar a cabo; en ese sentido, se evidencia que ese apoyo jurisdiccional para llevar un proceso sin dilaciones, no existe.

I.2.2. Informe de los demandados

William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 1 de febrero de 2023, cursante a fs. 27 y vta., manifestó que: 1) En el proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052201651, el 17 de noviembre de 2022, se llevó adelante la audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva, emitiéndose la Resolución 705/2022, en la que se determinó ampliar la detención preventiva por el tiempo de un mes, y la consideración de la situación jurídica del hoy accionante el 19 de diciembre de 2022 a horas 9:30, audiencia en la que se encontraba el imputado y su abogado por lo que fueron notificados en la misma; 2) En la nueva audiencia de consideración de situación jurídica de 19 de diciembre de 2022, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria Abogada del Juzgado informó que no se cumplieron con las formalidades de ley en razón a que la parte interesada no coordinó el sacado de copias para remisión, a cuyo efecto el actuado fue suspendido. Es decir, que el peticionante de tutela teniendo conocimiento de la audiencia no asistió; 3) En la precitada fecha, la Fiscal de Materia remitió Acusación Formal L.C.CH.V. 53/2022 en contra del hoy impetrante de tutela y otra; por lo que perdió competencia -en el caso- desde que ingresó esa acusación; 4) Cumplió con lo establecido en el art. 235 del CPP, al señalar audiencia de consideración de situación jurídica del imputado, quien se encontraba en Sala Virtual el día del señalamiento; empero, no asistió al verificativo programado; y, 5) No vulneró ningún derecho; al contrario, habiéndose presentado acusación formal contra el imputado -accionante- el proceso fue remitido y ya radica en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; por lo que solicita se deniegue la tutela. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, indicó que: i) El proceso ya se encontraba con acusación, justamente el mismo día que se programó la audiencia de consideración de situación jurídica; ii) La parte no se apersonó a coordinar el sacado de copias, y siendo que la Oficina Gestora de Procesos de turno, en ese entonces, solicitaba que la Resolución sea remitida de manera física para poder notificar a las partes y al -Recinto Penitenciario de- San Pedro. Al encontrarse de turno en vacaciones de fin de año, no pudieron efectuar el envío porque se agotaron también las papeletas de boletas que les otorgó la Dirección Administrativa y Financiera (DAF); iii) Al no darse cumplimiento a las formalidades, se suspendió la audiencia y la parte pudo solicitar una nueva reprogramación; sin embargo, no lo hizo; iv) Como el proceso se encontraba con acusación, se procedió a remitirlo ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; empero, esa instancia realizó observaciones; por lo cual, no se pudo remitir hasta “…el día de hoy…” (sic); y, v) Se hizo llegar “en pdf” el sello de recepción por el indicado Tribunal; y también se les explicó a las partes que el proceso ya se encontraba en esa instancia. Tania Céspedes Condori, Auxiliar del aludido Juzgado, a través de informe presentado el 1 de febrero de 2023, cursante a fs. 23 y vta., expuso similares extremos que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, solicitando la denegatoria de la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 32 a 39, denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) De los documentos adjuntos al cuadernillo de acción de libertad, se establece que mediante el Auto Interlocutorio 218/2022 de 6 de junio, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, dispuso la detención preventiva de Carlos Arturo Rojas Salinas en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de cinco meses, plazo que concluía el 6 de noviembre de 2022. De donde se concluyó que la privación de libertad a la cual se encuentra sometida el ahora accionante, es completamente legal, ya que fue ordenada por una autoridad jurisdiccional con competencia y jurisdicción; b) En relación a la vulneración al debido proceso, en el sentido de que habiéndose señalado audiencia para el 6 de noviembre de 2022, la misma que no llevó a cabo, se tiene que esa audiencia no fue realizada por ser un día domingo, extremo comprensible. Ante la evidencia existente, fue inmediatamente reprogramada para el día siguiente, empero, tampoco se llevó a cabo por falta de notificación a la parte acusadora, instalándose definitivamente el 17 de noviembre de 2022. Es decir, que en relación a las audiencias suspendidas de 6, 7 y 11 de noviembre, no existe vulneración al derecho constitucional reclamado por parte de la autoridad ahora demandada. Toda vez que, las suspensiones fueron producto de ausencia de diligencias practicadas a la parte contraria con los elementos de prueba; sin embargo, ello es atribuible a los funcionarios de apoyo jurisdiccional y a la Oficina Gestora de Procesos; c) El 17 de noviembre de 2022, si se llevó adelante la audiencia de consideración de situación jurídica procesal, en la que conforme a los argumentos expuestos y el informe remitido por las autoridades demandadas, se evidencia que el mismo día se llevó adelante el actuado en la que se habría emitido la Resolución 105/2022, que dispuso una ampliación del plazo de detención preventiva por un mes adicional, que debió concluir el 19 de diciembre de 2022; d) No existe elemento de prueba respecto a que la audiencia debía llevarse a cabo el 16 de diciembre de 2022, como menciona el memorial de acción de libertad y la propia argumentación del accionante en audiencia oral. Los informes de la autoridad jurisdiccional demandada, de la Secretaria y la Auxiliar -codemandadas-, indican que la audiencia debía llevarse el 19 de diciembre de 2022 a horas 9:30, conforme se señaló en el actuado de 17 de noviembre de ese año, notificándose a todas las partes; por lo que tenían la obligación de asistir; sin embargo, no lo hicieron; e) Estos informes, también señalan que el 19 de diciembre de referido año, el Ministerio Público presentó la acusación formal; por lo que, conforme al procedimiento, dentro de las veinticuatro horas se sorteó el proceso al Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz, de donde establece que ya no tendría competencia para conocer la presente causa; f) De los antecedentes, no se tiene elemento de prueba respecto a la audiencia de 19 de diciembre de 2022 ni de la presentación de la acusación fiscal en la referida fecha; empero, se debe dar credibilidad a los informes emitidos por las autoridades demandadas, quienes mencionan que en esa fecha, si se llevó la audiencia y si se presentó la acusación fiscal, remitiéndose dichos antecedentes al aludido Tribunal de Sentencia. Puesto que, conforme a los elementos de prueba de descargo, se establece que en la actualidad dichos antecedentes estarían ya en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz a partir del 1 de febrero de 2023; g) En el presente caso, de no haberse señalado la audiencia de consideración de situación jurídica, la defensa debió haber utilizado el art. 239.2 del CPP, solicitando la cesación de la detención preventiva. O en su defecto, al no haber asistido a la audiencia de 19 de diciembre de 2022, solicitar inmediatamente nuevo verificativo para la consideración de la situación jurídica procesal del imputado. Extremos que en la presente audiencia no se han argumentado o demostrado por parte del accionante. Por lo que, se llega a la conclusión de que en este caso, existían mecanismos o medios de defensa intraprocesales que debieron haberse utilizado por el impetrante de tutela al interior del proceso ordinario antes de acudir directamente a la vía constitucional, correspondiendo aplicar la subsidiariedad excepcional en acciones de libertad; h) Con relación a que la Oficina Gestora de Procesos no habría recibido memoriales dirigidos al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, señalando que la causa estaría radicada ya en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento; este aspecto no puede atribuirse a los demandados, ya que los funcionarios o servidores de la Oficina Gestora de Procesos, tenían la obligación de recibir cualquier memorial, para luego dirigirlas a las autoridades competentes. Aspecto plenamente atribuible a los responsables de la Oficina Gestora de Procesos, quienes no tenían ninguna facultad para negar la recepción de documentos; e, i) Con relación a los informes de la Secretaria y la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, en el sentido de que los antecedentes del presente caso ya se encontrarían remitidos al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, el accionante debe acudir a esa autoridad a objeto de agotar los mecanismos o medios intraprocesales de defensa para “hacer valer” su audiencia de consideración de situación jurídica y/o cesación a la detención preventiva; toda vez que, conforme a los elementos de prueba adjuntos, a partir del 1 de febrero de 2023, la causa ya se encuentra radicada en ese Tribunal; por lo que, en mérito al principio de subsidiariedad excepcional, no se puede ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Arturo Rojas Salinas -ahora accionante- y otra, por la presunta comisión del delito de violación, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 218/2022 de 6 de junio, dispuso la detención preventiva del hoy impetrante de tutela por el plazo de cinco meses a ser cumplida en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, disponiendo nuevo señalamiento de audiencia para el 6 de noviembre de ese año, a horas 10:00, quedando las partes notificadas. Resolución apelada por ambos imputados (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Cursa Acta de “AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA-CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic) de 7 de noviembre de 2022, misma que fue suspendida, señalándose nueva fecha y hora para el 11 de ese mes y año a horas 9:00. Contra el nuevo señalamiento, la parte imputada interpuso recurso de reposición, resuelto por la autoridad jurisdiccional manteniendo firme, la reprogramación (fs. 7 a 9). II.3. Se tiene Acta de “AUDIENCIA SUSPENDIDA DE SITUACIÓN JURÍDICA” (sic) de 11 de noviembre de 2022, en la que se señaló nueva fecha y hora para el 17 de igual mes y año a horas 15:30 (fs. 10 a 11). II.4. Consta Oficio TDJ/JAV5/OFI 379/“2022” de 30 de enero de 2023, de remisión de obrados al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, a través del cual se enviaron fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante con CUD 201103052201651. De igual manera se tiene fotografía de un sello de recepción del aludido Tribunal de 1 de febrero de 2023, respecto a la causa “Rojas Salinas” que señala “C. Acusacio” (fs. 24 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa -invocado en audiencia- así como los principios de verdad material, publicidad y seguridad jurídica; toda vez que, habiéndose señalado día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica para el 16 de diciembre de 2022, “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción de libertad- no se llevó a cabo, ni cursa en el cuaderno de control jurisdiccional la Resolución de 17 de noviembre de ese año, en la cual se determinó esa nueva fecha de audiencia. Tampoco se le permitió en la Oficina Gestora de Procesos presentar su memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva; toda vez que, en sistemas, su caso aparece como radicado en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, cuando el expediente se encuentra bajo custodia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto del citado departamento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de informalismo y la carga de la prueba en acción de libertad

Conforme desarrolló la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio: «Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión , así lo exige este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: “Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurra a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acreditar todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad establecieron que: '…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredita su pretensión’. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredita la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estiman hayan restringido sus derechos , puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión'”. En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada convergen precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredita su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en numerosos casos con dicha problemática concluyó que : “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías …” (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: “…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más. amplio que el de esta jurisdicción constitucional, define sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establece las responsabilidades que corresponde” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa -invocado en audiencia- así como los principios de verdad material, publicidad y seguridad jurídica; toda vez que, habiéndose señalado día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica para el 16 de diciembre de 2022, “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción de libertad- no se llevó a cabo, ni cursa en el cuaderno de control jurisdiccional la Resolución de la audiencia de 17 de noviembre de ese año, en la cual se determinó la nueva fecha de audiencia de consideración de su situación jurídica. Tampoco se le permitió en la Oficina Gestora de Procesos presentar su memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva; toda vez que, en sistemas, su caso aparece como radicado en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, cuando el expediente se encuentra bajo custodia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del citado departamento. De la compulsa de los antecedentes adjuntos a la acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Arturo Rojas Salinas -ahora accionante- y otra, por la presunta comisión del delito de violación, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 218/2022 de 6 de junio, dispuso la detención preventiva del hoy impetrante de tutela por el plazo de cinco meses a ser cumplida en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz. Fijando nueva audiencia para el 6 de noviembre de ese año a horas 10:00, quedando las partes notificadas. Resolución apelada por ambos imputados. En consecuencia, cursa Acta de “AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA-CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic) de 7 de noviembre de 2022, misma que fue suspendida, señalándose nueva fecha y hora para el 11 de ese mes y año a horas 9:00. Contra el nuevo señalamiento, la parte imputada interpuso recurso de reposición, resuelto por la autoridad jurisdiccional manteniendo firme, la reprogramación (Conclusiones II.1 y II.2). Asimismo, consta el Acta de “AUDIENCIA SUSPENDIDA DE SITUACIÓN JURÍDICA” (sic) de 11 de noviembre de 2022, en la que se señaló nueva fecha y hora para el 17 de igual mes y año a horas 15:30 (Conclusión II.3). Por otra parte, mediante Oficio TDJ/JAV5/OFI 379/“2022” de 30 de enero de 2023, de remisión de obrados al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, se enviaron fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante con CUD 201103052201651. De igual manera se tiene fotografía de un sello de recepción del aludido Tribunal de 1 de febrero de 2023, respecto a la causa “Rojas Salinas” que señala “C. Acusacio” (Conclusión II.4). Ahora bien, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que si bien para la activación de la acción de libertad, no se requieren mayores formalidades, ello no exime a la impetrante de tutela de la obligación de presentar pruebas suficientes que sostengan sus alegaciones; es decir que, es imperativo que quien recurra a la jurisdicción constitucional, en busca de tutela de derechos, debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredita todo lo alegado en la demanda de acción de defensa, a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades exigidas que en su criterio vulneran sus derechos fundamentales.

De lo relacionado precedentemente, se concluye que el solicitante de tutela, aduce la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; bajo el argumento que, el Juez demandado no llevó a cabo la audiencia de consideración de situación jurídica de 16 de diciembre de 2022, ni se aparejó al cuaderno de control jurisdiccional la Resolución de la audiencia de 17 de noviembre de ese año donde se señalaba ese verificativo. Sin embargo, al momento de interponer la presente acción de defensa, el accionante no acompañó documental alguna que demuestre la suspensión de esa última audiencia de 16 de diciembre de 2022 o que en efecto acudió a revisar el cuaderno procesal a fin de constatar que la Resolución extrañada no estaba adjuntada; más aún, considerando que de los informes del Juez y de la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz -demandados- (Apartado I.2.2), son coincidentes en señalar que por Resolución 705/2022 de 17 de noviembre se señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 19 de diciembre de igual año, a horas 9:30; y que el día del verificativo ninguna de las partes asistió a la misma. En ese contexto, se advierte que la ahora impetrante de tutela, omitió acompañar la documental mínima a efecto de demostrar su pretensión que fue controvertida por los codemandados, sin que esta jurisdicción pueda suplir dicha negligencia ni mucho menos pueda asumir como ciertos extremos alegados por la sola rigidez del accionante, que se contrapone a lo informado por la parte demandada. En consecuencia, al no contar con las pruebas necesarias que demuestren la comisión de los hechos denunciados, que permita a este Tribunal, verificar que los ahora demandados con su accionar hubiesen restringido el derecho a la libertad del ahora accionante; y por ende, hubieran ocasionado lesión de su derecho a la defensa, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto al petitorio del accionante, por el que solicita que se restituya su libertad y/o modifique su situación jurídica a través de una medida menos gravosa, cabe señalar que este Tribunal no es competente para resolver la situación jurídica del prenombrado, por cuanto, este aspecto es inherente a la jurisdicción ordinaria que deberá verificar si procede o no su solicitud con base en todos los antecedentes del proceso. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 32 a 39, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0896_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 35aee62f3cd5405d3158587bab4ad51d842ddb3d6fbd897db5c7450f990ed11e

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