B.IA.LEGAL

SCP 0896/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52975-2023-106-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona en situación de discapacidad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que, trabajó por contrato eventual en la Dirección de CODEPEDIS Beni, en el cargo de Portera III; sin embargo, fenecido el citado contrato, continuo trabajando por cuanto la institución, se comprometió a ampliar su contrato, pero no lo hizo y se le negó la entrada a la misma; por ello, de manera escrita solicitó su recontratación manifestando su condición de madre de un hijo con discapacidad múltiple y muy grave, con un porcentaje del 89%; y, además de encontrarse embarazada y que la referida entidad tuvo conocimiento de esa situación en vigencia de su contrato; empero, fue rechazada su solicitud alegando que su persona no contaba con los requisitos exigidos en la norma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 73 a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración a los derechos al trabajo con inamovilidad laboral de la accionante a cargo de una persona en situación de discapacidad y a la seguridad social, disponiendo su reincorporación a su fuente laboral o a un cargo similar, así como el pago de sus sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación efectiva. 2º DENEGAR la tutela impetrada a los derechos por inamovilidad laboral por maternidad, a la remuneración y salario justo y no discriminación. 3° Se conmina a las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y el CODEPEDIS el cumplimiento de las evaluaciones y seguimiento en casos de inamovilidad por personas en situación de discapacidad de sus dependientes conforme prevé la normativa vigente, bajo responsabilidades.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0896/2024-S3 Sucre, 7 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 52975-2023-106-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 73 a 79, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Heidy Yssmay Paz Callau contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; y, Rubén Ardaya Chávez, Director del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 21 a 28 vta., la impetrante de tutela expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde septiembre hasta noviembre de 2022, trabajó en la Dirección de CODEPEDIS, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en el cargo de Portero III, de manera continua, conforme el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-CE 1111/2022 de 7 de septiembre. Por su condición de madre y tutora de su hijo, José Miguel Baruc Toledo Paz, quien tiene un tipo de discapacidad múltiple y grado de discapacidad muy grave, con un porcentaje del 89%, tal como se acredita en el Carnet de Discapacidad 160019 extendido por el Ministerio de Salud a través del CODEPEDIS; desde noviembre de 2022, fue sujeto de actos directamente discriminatorios; puesto que, al momento de contratarla se le indicó de manera verbal que su contrato tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y que posteriormente se le contrataría en la gestión 2023; sin embargo, cuando la citada Dirección se enteró que tenía un hijo con discapacidad muy grave, se le notificó con el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-CE 1111/2022, con vigencia hasta el 7 de noviembre de 2022, diciéndole que la entidad no quería tener problemas legales con su persona, mucho menos tener a cargo a una persona inamovible por ser una institución política y no les conviene tener muchas personas con inamovilidad, situación que vulnera sus derechos y garantías constitucionales que tiene como madre y tutora de su hijo con discapacidad “Múltiple Muy Grave”, negando su derecho a la inamovilidad laboral a un salario digno que asegure la seguridad alimentaria tanto de su persona como de su familia, especialmente de su hijo que está sujeto a un tratamiento diario prescrito por el médico que mensualmente la atiende y que deroga gastos en la compra de medicamentos para su suministro. Pese a esas acciones negativas su persona continuo asistiendo a su trabajo, hasta que la entidad le negó la entrada a la misma; por ello, solicitó su recontratación de manera formal, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, donde manifestó que además de ser madre de una persona con discapacidad muy grave se encontraba embarazada y que esa situación hizo conocer incluso en vigencia de su contrato y el personal administrativo del CODEPEDIS Beni, le indicó que para reconocer su embarazo y brindarle la inamovilidad laboral tenía que acudir ante la Caja CORDES, para que certifique su embarazo, fue por ello que acudió a la aseguradora a corto plazo, donde le señalaron que no pueden afiliarle hasta que no lleve una copia de su contrato y la última boleta de pago; sin embargo, si bien le cancelaron su sueldo, pero no le entregaron su boleta de pago ni su contrato y cuando por fin le entregaron la citada boleta, la Caja CORDES se negó a afiliarle bajo el argumento que su contrato ya no estaba vigente, demostrando que siempre primaron los formalismos antes que su situación de embarazo; por ello, no pudo presentar las certificaciones que la Institución exigía, pese a que hizo conocer ecografías de un centro de Salud Público, el cual certificó su estado de embarazo. Finalmente, la parte accionada alegó que su persona no contaba con los requisitos exigidos en la normativa puesto que al tener a su cargo a su hijo con discapacidad quien es mayor de edad, debió tener una declaración definitiva de tutoría que declare su interdicción; sin embargo, la declaración de discapacidad de su hijo como se acredita en el certificado de discapacidad es muy grave e irreversible; por lo cual, al ser la discapacidad permanente no causaría ninguna diferencia que su persona tuviera la declaración definitiva de tutoría legal, así lo estableció la “SC 614/2012 de 23 de julio”.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona con discapacidad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; citando al efecto, los arts. 14, 45, 49, 70, 71, 72, 115, 178 y 300 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y, en consecuencia ordenar: a) Se disponga la regularización de su situación laboral y se extienda la contratación como funcionaria de la entidad y se habilite su marcación biométrico; y, b) El pago de sus salarios adeudados desde el 7 de noviembre hasta la fecha que se efectivicen el pago de sus sueldos devengados; asimismo, se garantice su relación y estabilidad laboral, así como el pago de sus salarios futuros.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 72, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar destacando que: 1) De acuerdo al informe de las autoridades accionadas, hubiese reclamado después de más de veinte días de haber concluido su relación laboral de manera extemporánea; al respecto, continuó trabajando posterior a la fecha de culminación de la relación laboral, ya que se le manifestó el compromiso de la ampliación de su contrato y por ello fue a trabajar hasta el 31 de diciembre de 2022 y en el mes de noviembre reclamó porque todavía no le extendían el contrato y no le pagaron su sueldo y recién de manera formal procedieron a realizar el borrado de todas sus marcaciones en el registro del biométrico de CODEPEDIS; y, 2) En cuanto a que no cumplió con los requisitos de fondo dispuesto en la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 marzo de 2012-, por cuanto su hijo es ya mayor de edad, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, estableció que existe excepciones a la aplicación de esa normativa; en sentido que cuando la persona pueda demostrar mediante su certificado de discapacidad del Ministerio de Salud, de que su tipo de discapacidad es muy grave y es irreversible se puede dispensar la declaración definitiva de interdicción y la declaración definitiva de tutoría legal.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales presentó informe el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 60 a 62 vta., señalando lo siguiente: i) La peticionante de tutela refiere la condición de inamovible, por encontrarse bajo su cuidado su hijo que tiene el grado de 89% de discapacidad y además estar en estado de gestación; respecto a la inamovilidad, existe un Informe D.RR.HH.-LEGAL 291/2022 de -2 de diciembre- emitido por la Asesora Legal - Recursos Humanos (RR.HH.) que en su parte conclusiva establece que la solicitud de inamovilidad laboral presentada el 29 de noviembre de 2022, hizo conocer después de veintidós días de haber concluido la relación laboral, puesto que durante la vigencia de su contrato no hizo su representación; por ello, el informe concluye que no corresponde la inamovilidad; toda vez que, dentro de la vigencia del contrato eventual no se registra documentación respaldatoria de las supuestas condiciones que argumenta, determinándose la inadmisibilidad de esa documentación debido a que la relación contractual concluyó; ii) Dentro del Contrato Administrativo de Personal Eventual, en la cláusula tercera, se encuentra establecido el art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 12 de 19 de febrero de 2009, que refiere que la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales eventuales o en contratos de obra y en el presente caso, el contrato tenía fecha de inicio y conclusión, se encuentra establecida claramente la base legal que fue de conocimiento de la accionante; además el art. 18.II del DS 26115 de 16 de marzo de 2001, que también forma parte del contrato establece la selección de personal inc. e) Nombramiento, numeral 5. para el caso de personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato, suscrito entre la entidad y el servidor público contratado; es decir, que las reglas, obligaciones y derechos se encuentran regidos por el contrato que es ley entre partes; en caso concreto, no es posible determinar el encubrimiento de una relación laboral de naturaleza permanente sin una etapa probatoria amplia aspecto que provoca que la justicia constitucional se inhiba de disponer la recontratación del accionante hasta que su hijo cumpla un año de edad, así lo estableció la jurisprudencia constitucional; iii) Respecto a la supuesta inamovilidad por tener bajo su custodia a su hijo con discapacidad esta situación tampoco fue puesta a conocimiento de la institución y revisada la documentación de su hijo el mismo es mayor de edad y conforme al art. 4 del DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los requisitos de cédula de identidad y carnet de discapacidad vigente, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda y además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán para tutora o tutor copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; y, iv) Con relación al pago de salarios devengados solicitan se tenga presente la SCP 0932/2016-S3 de 6 de septiembre, en la que en su parte resolutiva establece que respecto al pago de salarios devengados, la peticionante de tutela debe acudir a la vía llamada por ley. Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, pese a su legal citación a fs. 33, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno. 1.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 02/2022 de 9 de enero, cursante de fs. 73 a 79, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando la reincorporación de la demandante de tutela en su puesto de trabajo que venía ejerciendo en la institución del CODEPEDIS Beni, sea en el término de siete días hábiles y con relación a los sueldos devengados se ordenó su cancelación una vez ratificada la presente Resolución constitucional; y, se denegó la tutela con relación a la reincorporación por estado de gestación de la solicitante de tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) Con relación al estado en gestación de la accionante, no corresponde otorgar la tutela conforme lo alegado por la parte accionada, al existir un contrato a plazo fijo de forma eventual, respaldado por la normativa vigente de acuerdo a lo establecido en el art. 5.II del DS 12 de 19 de febrero de 2009; b) Respecto a que la impetrante de tutela es madre de una persona con discapacidad y no cumplió con los requisitos exigidos por ley, conforme la “Ley 223”; de acuerdo a la verdad material la accionante evidentemente es madre de una persona con tipo y grado de discapacidad múltiple y muy grave del 89% como se acredita por el Carnet de Discapacidad de su hijo, legalmente registrado en el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad; y c) Si bien la madre solicitó su inamovilidad laboral posterior a que se hubiese cumplido el contrato laboral el 7 de noviembre de 2022, haciendo conocer esa situación recién el 29 de noviembre de 2022; sin embargo, CODEPEDIS Beni, tuvo conocimiento que la trabajadora era madre de una persona con tipo discapacidad múltiple y grado de discapacidad muy grave, al ser la misma entidad que emitió el Carnet de discapacidad; por ello, se debe aplicar el principio de verdad material respecto a los derechos vulnerados por la autoridad accionada y al tratarse de grupos altamente vulnerables como es el grupo de las personas con discapacidad, merecen una especial protección por parte del Estado Boliviano a través de sus autoridades; por lo que, debemos tener presente que el principio de la verdad material prima frente a lo formal, no se puede desconocer la discapacidad muy grave del hijo de la hoy accionante, como se pudo verificar a través de la documentación acompañada; por lo cual, necesariamente existe la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad al tener una madre que garantice su sustento a través de una fuente laboral digna.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad Indefinido de José Miguel Baruc Toledo Paz, que refiere que el tipo de discapacidad es múltiple, grado de discapacidad muy grave (fs. 5); y, Cédula de identidad, certificado de nacimiento del referido, que señala que sus padres son Freddy Alex Toledo Gutiérrez y Heidy Yssmay Paz Callau -ahora accionante- y que nació el 6 de mayo de 2003 (fs. 6 y 16).

II.2. Mediante Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-CE 1111/2022, de 7 de septiembre, suscrito entre el representante legal del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y Heidy Yssmay Paz Callau; que fue contratada para desempeñar la función de Portero III en dependencias de la Dirección de CODEPEDIS Beni, como personal eventual computable a partir del 7 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2022, con una remuneración mensual de Bs2 750.- ([dos mil setecientos cincuenta bolivianos fs. 10]). II.3. Por nota de 29 de noviembre de 2022, la peticionante de tutela, solicitó al Director Departamental del CODEPEDIS Beni, su reincorporación por embarazo y el reconocimiento de inamovilidad laboral; asimismo, alegó que tiene un hijo con una discapacidad múltiple muy grave certificado por el Ministerio de Salud a través del “SIDPRUND” (fs. 17 a 19). II.4. Consta Informe D.RR.HH-LEGAL 291/2022 de “2 de noviembre”, emitido por la Asesora Legal de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, dirigido a Heidy Yssmay Paz Callau, a la Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social y al Director Comité Departamental de Personas con Discapacidad, concluye que el Contrato Administrativo de Personal suscrito por la ahora impetrante de tutela fue del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2022, habiendo concluido su relación laboral con el referido Gobierno Departamental, y respecto a la solicitud de inamovilidad laboral por DS 12, mediante memorial de 20 de noviembre de 2022, no corresponde; toda vez que, dentro de la vigencia del contrato eventual no se registra ninguna documentación respaldatoria con relación a estar a cargo de una persona discapacitada, menos que se encontraría en estado de gestación; que de acuerdo a “NCI I-CO-163/2022 de 25/08/2022” (sic), en la solicitud de contratación no señalan ni respaldan nada con relación a lo que indica en el memorial ante la Dirección Departamental de RR.HH. del citado Gobierno Departamental y a la fecha determinándose la inadmisibilidad de la documentación ya que su contratación concluyó el 7 de noviembre de 2022, concluyendo toda relación laboral con el mismo Gobierno Departamental (fs. 12 a 15). II.5. Mediante estudio de ecografía obstétrica de 22 de noviembre de 2022, se evidencia que Heidy Yssmay Paz Callau, se encuentra con un embarazo intrauterino de catorce semanas y cuatro días por “LCC” (fs. 9 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona en situación de discapacidad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que, trabajó por contrato eventual en la Dirección de CODEPEDIS Beni, en el cargo de Portera III; sin embargo, fenecido el citado contrato, continuo trabajando por cuanto la institución, se comprometió a ampliar su contrato, pero no lo hizo y se le negó la entrada a la misma; por ello, de manera escrita solicitó su recontratación manifestando su condición de madre de un hijo con discapacidad múltiple y muy grave, con un porcentaje del 89%; y, además de encontrarse embarazada y que la referida entidad tuvo conocimiento de esa situación en vigencia de su contrato; empero, fue rechazada su solicitud alegando que su persona no contaba con los requisitos exigidos en la norma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad

La SCP 0724/2021-S3 de 6 de octubre, citando a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señaló que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional.

Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.

En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación’. Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo- está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, respecto al derecho a la inamovilidad laboral, a través de la SCP 0697/2022-S2 de 4 de julio, que estableció el siguiente razonamiento: “…que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano .

En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril[6], tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

Igual razonamiento asumió la SCP 0682/2022-S3 de 27 de junio, en la que si bien se denegó la tutela solicitada respecto del derecho al trabajo se exhortó a la parte accionada -en su calidad de institución pública-considerar la normativa constitucional, convencional e interna respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad y sus familiares, asumiendo la siguiente postulación: “…conforme a la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, todas las instituciones del sector público y personas naturales o jurídicas del Estado antes descrita, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge o tutores que se encuentren a cargo de personas con discapacidad menores a 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal, pudiendo hacerlo inclusive mediante invitación directa, de lo cual se establece que dicho precepto legal, no constituye solamente una protección constitucional reforzada para obtener y/o conservar una fuente de trabajo en beneficio de ese sector vulnerable de la sociedad y en los beneficios que le asisten, sino también es una obligación de las entidades del sector público de contar y presentar a la entidad laboral respectiva sus planillas de personal incluido el porcentaje de trabajadores con capacidades especiales y/o progenitores que se encuentren a cargo de esos, en la cantidad y requisitos indicados” (las negrillas y el subrayado fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona en situación de discapacidad, a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que trabajó por Contrato eventual en la Dirección de CODEPEDIS Beni, en el cargo de Portera III; sin embargo, fenecido el citado Contrato, continuo trabajando por cuanto la Institución, se comprometió a ampliar su contrato, pero no lo hizo y se le negó la entrada a la misma; por ello, de manera escrita solicitó su recontratación manifestando su condición de madre de un hijo con discapacidad múltiple y muy grave, con un porcentaje del 89%; y, además de encontrarse embarazada y que la referida entidad tuvo conocimiento de esa situación en vigencia de su contrato; empero, su solicitud fue rechazada alegando que su persona no contaba con los requisitos exigidos en la norma. De acuerdo a la documentación adjunta en la presente acción tutelar como ser la cédula de identidad, certificado de nacimiento y Carnet de Discapacidad Indefinido de José Miguel Baruc Toledo Paz, se evidencia que la ahora peticionante de tutela es su madre y que él, tiene un tipo de discapacidad múltiple, grado de discapacidad muy grave (Conclusión II.1.). Asimismo, mediante Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-CE 1111/2022, de 7 de septiembre, suscrito entre el representante legal del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y la accionante que fue contratada para desempeñar la función de Portera III en dependencias de la Dirección de CODEPEDIS Beni, como personal eventual computable a partir del 7 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2022, con una remuneración mensual de Bs2 750.-(Conclusión II.2.).

Posteriormente, por nota de 29 de noviembre de 2022, la hoy accionante, solicitó al Director Departamental del CODEPEDIS Beni, su reincorporación por embarazo y el reconocimiento de inamovilidad laboral; asimismo, alegó que tiene un hijo con una discapacidad múltiple muy grave certificado por el Ministerio de Salud a través del “SIDPRUND” (Conclusión II.3.); y, finalmente el Informe D.RR.HH-LEGAL 291/2022 de “2 de noviembre”, emitido por la Asesora Legal RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, dirigido entre otras a la peticionante de tutela, concluyó que el Contrato Administrativo de Personal suscrito por la accionante fue del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2022, habiendo concluido su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, y respecto a la solicitud de inamovilidad laboral por DS 12, mediante memorial de 20 de noviembre de 2022; no corresponde toda vez que, dentro de la vigencia del contrato eventual no se registra ninguna documentación respaldatoria con relación al estar a cargo de una persona en situación de discapacidad, menos que se encontraría en estado de gestación; que de acuerdo a, “NCI I-CO-163/2022 de 25 de agosto”, en la solicitud de contratación no señalan ni respaldan nada con relación a lo que indica en el memorial ante la Dirección Departamental de RR.HH. del citado Gobierno Departamental y a la fecha determinándose la inadmisibilidad de la documentación puesto que su contratación concluyó el 7 de noviembre de 2022, concluyendo toda relación laboral con el mismo Gobierno Departamental (fs. 12 a 15). Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes señalados, se evidencia que la hoy accionante es madre de un hijo con discapacidad múltiple y muy grave indefinido y que si bien la impetrante de tutela fue contratada por un contrato eventual como portera III; sin embargo, mediante nota, solicitó al Director Departamental del CODEPEDIS Beni, su reincorporación por tener un hijo con una discapacidad múltiple y muy grave y además por encontrarse embarazada; empero, por Informe de la asesora legal de RR.HH. de la referida Dirección, alega desconocer esa situación; lo cual no es evidente, por cuanto quien emitió y firmó el Carnet de Discapacidad indefinido del hijo de la peticionante de tutela fue el Director del CODEPEDIS Beni ahora accionado (fs. 5); es decir, fue emitido por la misma entidad donde trabajaba y le fue otorgado previa documentación presentada como ser la cédula de identidad y el certificado de nacimiento y en los documentos se señala el nombre de la madre accionante; por ello, no se puede alegar desconocimiento por parte del citado Director. En ese sentido, de acuerdo a los entendimientos normativas y jurisprudenciales referidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, son de aplicación en el presente caso; toda vez que, la misma Dirección del CODEPEDIS Beni, teniendo conocimiento de la Ley 223, de la Persona con Discapacidad y la situación de la ahora impetrante de tutela, omitieron cumplir su deber constitucional y convencional de aplicar medidas afirmativas en favor de la accionante como madre a cargo del cuidado de su hijo con una discapacidad múltiple y muy grave, conforme al carnet de discapacidad emitido por el hoy accionado en representación del Ministerio de Salud y Deportes, con el objetivo de asegurarle un sustento económico seguro a contrapretastación de sus servicios laborales de la citada institución, independientemente de la naturaleza del contrato que suscribió la peticionante de tutela; toda vez que, en el presente caso, existen elementos que no pueden ser eludidos y que deben aplicarse los entendimientos de protección y garantía establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, más aún cuando la demandante de tutela solicitó mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, su reincorporación al CODEPEDIS Beni, entidad que conoce perfectamente toda la normativa relacionado a la protección de las personas en situación de discapacidad que le obliga a asumir todas las medidas administrativas necesarias para asegurar la continuidad laboral de la ahora accionante, para garantizarle a ella y a su hijo un medio de subsistencia estable y digno de acuerdo a sus necesidades, sin que se tenga una imposibilidad administrativa o de otra índole que hubiese sido expuesta y demostrada por la parte accionada, que muestre una situación de imposibilidad de continuar con los contratos eventuales que impida garantizar la protección referida al hijo con discapacidad a través de su madre impetrante de tutela de quien depende. Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada al haberse constatado que los presupuestos señalados se cumplen para activar la inamovilidad laboral de la accionante, y teniendo en cuenta la situación que debe ser interpretada conforme a los cánones de favorabilidad, y protección especial preferente, establecidos en la normativa nacional respecto a las personas en situación de discapacidad o aquellas que tengan a una bajo su cargo, dentro de una comprensión de resguardo de la inamovilidad laboral como acontece en el caso particular, se entiende que esta no solamente alcanza al trabajador, sino que se extiende a una persona bajo su dependencia comprobada -en el caso concreto del hijo de la accionante calificada con tipo de discapacidad múltiple y grado de discapacidad muy grave-; circunstancia por la cual, a efecto de llevar una vida digna y acceder no solo a la atención médica requerida, sino también a otros elementos esenciales que precisa para su subsistencia, debiendo las autoridades accionadas, reincorporar a la impetrante de tutela, a su fuente laboral o a un cargo similar; así como el pago de sus sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación efectiva. Finalmente, es preciso aclarar que de acuerdo a la forma de resolución precedente, si bien se constata que a tiempo de la desvinculación laboral de la peticionante de tutela también se encontraba embarazada, conforme al estudio de ecografía obstétrica de 22 de noviembre de 2022, a través de la cual la accionante, se encontraba con un embarazo intrauterino de catorce semanas y cuatro días por “LCC” (Conclusión II.5.) y fue alegado en la demanda de la presente acción de amparo constitucional; sin embargo, el análisis de la situación ya no tiene relevancia fáctica y constitucional, puesto que la problemática principal es la tutela por los derechos al trabajo con inamovilidad laboral como madre a cargo de una persona en situación de discapacidad y a la seguridad social; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela por inamovilidad laboral por maternidad con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de esa problemática así como los argumentos donde se deniega la tutela a los derechos al salario y remuneración justa y la no discriminación. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 73 a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración a los derechos al trabajo con inamovilidad laboral de la accionante a cargo de una persona en situación de discapacidad y a la seguridad social, disponiendo su reincorporación a su fuente laboral o a un cargo similar, así como el pago de sus sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación efectiva. 2º DENEGAR la tutela impetrada a los derechos por inamovilidad laboral por maternidad, a la remuneración y salario justo y no discriminación. 3° Se conmina a las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y el CODEPEDIS el cumplimiento de las evaluaciones y seguimiento en casos de inamovilidad por personas en situación de discapacidad de sus dependientes conforme prevé la normativa vigente, bajo responsabilidades.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0896_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): a16bdd452a5ac6d6fa130329bd7532b9c54b1220ec6a15a0de1cd09d9d1a0de8

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