B.IA.LEGAL

SCP 0896/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
56354-2023-113-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes menores de edad a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, al desarrollo integral, y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, vinculados con el principio del interés superior del menor; y, a la no discriminación; puesto que, la Jueza ahora accionada sin considerar todos los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, por los cuales se acreditó que sus personas -accionantes menores de edad-: 1) Sufrían agresiones físicas y psicológicas por parte del hoy tercero interesado; y, 2) No se encontraban a cargo del ahora tercero interesado, sino de la hoy tercera interesada; y, omitiendo aplicar el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario; mediante Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, sin la intervención de sus personas -accionantes menores de edad-, aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por el ahora tercero interesado, por un monto de Bs151 700.-; en virtud a ello, posteriormente libró el Mandamiento de Apremio 280/2022 de 18 de noviembre, contra la hoy tercera interesada y ante su ejecución, sus personas -accionantes menores de edad- fueron ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AAC 039/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 272 a 279, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al acceso a la justicia y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, y al desarrollo integral vinculado al principio del interés superior de las accionantes menores de edad AA y BB; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, y todos los actuados emergentes del mismo; y, en consecuencia, se emita un nuevo auto interlocutorio aplicando los lineamientos de actuación establecidos en el Protocolo de Intervención, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la igualdad, a un nivel de vida adecuado; y, a la no discriminación, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad
  2. III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  3. III.3. El derecho de acceso a la justicia
  4. III.4. De la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0896/2023-S3 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 56354-2023-113-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución AAC 039/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 272 a 279, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo, en representación de las menores de edad AA y BB contra Karen López Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Las accionantes -menores de edad- a través de su representante, por memoriales presentados el 19 y 25 de mayo de 2023, cursantes de fs. 56 a 67, y 76 a 78 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de homologación de asistencia familiar seguido por el padre de las menores de edad AA y BB -accionantes-, XX -ahora tercero interesado-contra la madre de las menores de edad, YY -hoy tercera interesada-, el 4 de enero de 2016, el entonces Juez de Instrucción de Familia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca -actual Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca- emitió la Sentencia 09/“2015” de 4 de enero de 2016, por la cual homologó el “Documento Privado de Guarda de Hijas” en el que la ahora tercera interesada aceptó otorgar una asistencia familiar en favor de ambas menores de edad por un monto de Bs2 000.- (dos mil bolivianos); sin embargo, el 27 de abril de ese año, observó la planilla de liquidación presentada informando que: a) Suscribió el referido “Documento Privado de Guarda de Hijas” bajo presión psicológica; b) Desde la suscripción de dicho “Documento Privado de Guarda de Hijas”, continuó viviendo con el hoy tercero interesado; y, c) Después de vivir un tiempo en la República del Perú, cuando el hoy tercero interesado fue a recoger a las referidas menores de edad para regresar a la Capital del departamento de Chuquisaca, las “trajo” desarregladas y amenazándola a la ahora tercera interesada con la liquidación de la asistencia familiar; frente a ello, acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Distrito 1 (D-1) del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, logrando que esa entidad rescate a las menores de edad AA y BB después de comprobar el maltrato infantil del que eran víctimas; ya que el hoy tercero interesado las obligaba a trabajar de manera ambulante vendiendo folletos para que ganen para “…‘su pan y leche’” (sic); tal como consta en el Informe Psicológico de 28 de abril de 2016, emitido por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Posteriormente, el 3 de mayo de 2016, el ahora tercero interesado solicitó al entonces Juez de la causa la restitución de la guarda sobre las menores de edad AA y BB, demostrando con ello que estas no se encontraban bajo su cuidado, y que la asistencia familiar otorgada en su favor no estaba cumpliendo su finalidad. En ese sentido, el 19 del mismo mes y año, la hoy tercera interesada adjuntó el Informe Social de igual fecha, emitido por la Trabajadora Social del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, presentó incidente “‘por haber vuelto a la vida en común”’ (sic), señalando entre otros aspectos que: 1) El “Documento Privado de Guarda de Hijas” homologado por Sentencia 09/“2015”, se encontraba viciado por hechos de violencia que estarían siendo investigados por el Ministerio Público; 2) Nuevamente se encontraba conviviendo con el ahora tercero interesado; y, 3) Desde su separación del hoy tercero interesado, las menores de edad AA y BB se encontraban bajo su cuidado y protección. En efecto, una vez que dicho incidente fue admitido, el entonces Juez de la causa a través de Auto Interlocutorio 477/2016 de 8 de junio, abrió un plazo probatorio, dentro del cual el hoy tercero interesado presentó otro Documento Privado sobre Transacción Extrajudicial con reconocimiento de firmas y rúbricas, por el cual la ahora tercera interesada canceló la suma de Bs22 000.-(veintidós mil bolivianos) por concepto de once meses de asistencia familiar. En consecuencia, el referido Juez mediante Auto Interlocutorio 586/2016 de 22 de ese mes, aprobó la planilla de liquidación teniendo por cumplida la totalidad de la asistencia familiar y por concluido de manera extraordinaria el señalado incidente al haberse llegado a un acuerdo transaccional entre los ahora terceros interesados. En ese contexto, el 23 de “agosto de 2018” -lo correcto es junio de 2016-, el hoy tercero interesado hizo conocer al entonces Juez de la causa, que había retornado a la vida en común con la ahora tercera interesada, y renunció a percibir la asistencia familiar fijada, solicitando el archivo del proceso; empero, el referido Juez mediante decreto de 28 de junio de 2016, le ordenó que se aclare el petitorio.

No obstante de lo señalado, el 15 de septiembre de 2022; es decir, después de “CUATRO AÑOS”, cuando el proceso de referencia ya se encontraba archivado, el hoy tercero interesado de forma irracional, desnaturalizando la asistencia familiar que tiene por objeto lograr el desarrollo integral de los beneficiarios, presentó ante la Jueza hoy accionada una nueva planilla de liquidación calculada desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 30 de julio de 2022. En virtud a ello, la Jueza ahora accionada sin considerar ninguno de los antecedentes descritos previamente, que acreditaban: i) Los hechos de violencia física y psicológica perpetrados por el hoy tercero interesado contra las menores de edad AA y BB; y, ii) Que, el hoy tercero interesado no estaba a cargo ni cuidado de las menores de edad AA y BB, sino de la ahora tercera interesada; por lo que, la asistencia familiar fijada, que pretendía ser cobrada, no cumplía su finalidad; de manera mecánica, omitiendo aplicar el art. 12 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), y los lineamientos a actuación establecidos por los incs. e) y f) respecto al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; a) con relación al principio de igualdad y no discriminación; a), b) y c) del principio de derecho a opinar, participar y pedir; y, a) y b) del principio de respeto del derecho a la vida, de un nivel de vida adecuado y al desarrollo integral, todos del Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario (Protocolo), aprobado por Acuerdo de Sala Plena 42/2015 de 6 de mayo, del Tribunal Supremo de Justicia, según los cuales ante todas las irregularidades advertidas, las menores de edad AA y BB debían intervenir en el proceso de referencia, emitió el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022; por el que, aprobó la planilla de liquidación presentada por el hoy tercero interesado por el monto de Bs151 700.- (ciento cincuenta y un mil setecientos bolivianos), y posteriormente libró el Mandamiento de Apremio 280/2022 de 18 de noviembre, contra la hoy tercera interesada. Es así, que a consecuencia de la ejecución del Mandamiento de Apremio 280/2022 -el 27 de diciembre de 2022-, la ahora tercera interesada se encuentra recluida en el Centro Penitenciario “Villa Bush” de Cobija del departamento de Pando; puesto que, las menores de edad AA y BB -accionantes- siempre estuvieron a cargo y cuidado de la hoy tercera interesada, y no así del ahora tercero interesado, el 28 del referido mes y año, por intermedio de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Pando, ingresaron al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando, privándoles de su derecho a vivir y crecer en el seno de su familia tal cual consta en los Informes Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023 de 6 de marzo, y las Entrevistas Psicológicas con CITE: DNA/PSCI 050/2023 de 18 del mismo mes y 051/2023 de 18 de abril.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Las accionantes menores de edad a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, al desarrollo integral, y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, vinculados con el principio del interés superior del menor; y, a la no discriminación; citando al efecto los arts. 14; 59.I, II y V; 60; 61.I; 64.II; 115.I; y, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3.1 y 2; 9.1 y 2; 12.1 y 2; y, 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 14 y 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022; y, b) Que la Jueza ahora accionada solicite los correspondientes informes, oficios y/u otros actuados conforme con el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario, a efectos de pronunciar un nuevo auto interlocutorio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de junio de 2023 según consta en el acta cursante de fs. 266 a 271, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes menores de edad a través de su representante, y mediante su abogado en audiencia ratificaron el contenido íntegro del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestaron que: 1) La asistencia familiar fue utilizada con el fin de anular sus derechos; 2) A pesar, que los ahora terceros interesados tienen un total de cinco hijos, suscribieron un “Documento Privado de Guarda de Hijas” respecto a la asistencia familiar, únicamente con relación a sus personas -accionantes-; siendo el mismo homologado mediante la Sentencia 09/“2015”; 3) Según el Informe Psicológico de 28 de abril de 2016, respecto a la ahora tercera interesada, el hoy tercero interesado ejercía violencia contra sus personas -accionantes menores de edad-; por lo que, existía una preocupación por el bienestar y desarrollo emocional de las mismas; 4) Al solicitar el hoy tercero interesado, la restitución de la guarda, demostró que no se encontraba a cargo de sus personas -accionantes menores de edad-; 5) El diagnóstico social establecido en el Informe Social de 19 de mayo de 2016, señala lo siguiente: “…‘de acuerdo a la investigación realizada la suscrita trabajadora social llega a las siguientes conclusiones la (…) e hijas en estas últimas semanas continúan siendo objeto de agresiones verbales por parte del señor (…) sus hijas de iniciales Ch y S se encuentran afectadas psicológicamente por las constantes agresiones verbales por parte de su padre, el señor (…) amenazaba a la señora (…) con no hacerle ver a sus hijas motivo por el cual accedía a todas las peticiones del mencionado señor. Esto es lo fundamental, sé conoce que el señor (…) hacía vender folletos a sus hijas Ch. y S. para que se ganen para su pan y leche” (sic); aspecto que debió ser tomado en cuenta por la Jueza ahora accionada; 6) En aplicación del Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario, la Jueza ahora accionada previa revisión de los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, en los cuales se encuentran informes relativos a la violencia ejercida por el ahora tercero interesado, debió remitir antecedentes al Ministerio Público, y pedir un informe a la DNA para conocer el estado de las accionantes menores de edad; 7) Antes de la emisión del Mandamiento de Apremio 280/2022, la Jueza hoy accionada debió verificar que las accionantes menores de edad se encontraban a cargo del hoy tercero interesado; 8) Sus personas -accionantes menores de edad- sufrieron violencia psicológica, fueron expuestas a trabajos forzosos desvinculadas de su madre, la ahora tercera interesada, quien se encuentra privada de libertad en compañía de sus otros hijos menores de edad; y, 9) El art. 222 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) establece que “…la autoridad judicial debe poner en conocimiento a la autoridad competente” (sic). En ese sentido, la Jueza ahora accionada debió notificar a la DNA con la finalidad de la aplicación del art. 241 del referido Código, esa instancia pueda intervenir en el proceso de referencia velando por los derechos de sus personas -accionantes menores de edad-.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Karen López Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante Informe de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 263 a 265, manifestó que: i) La planilla de liquidación y el Auto Interlocutorio 1532, fueron debidamente notificados a los hoy terceros interesados, sin que estos hubieran interpuesto recurso alguno, sea antes o después de la ejecución del Mandamiento de Apremio 280/2022; por lo que, en el presente caso se tienen actos consentidos; ii) Si bien las accionantes menores de edad no tuvieron conocimiento del proceso de homologación de asistencia familiar, se debe considerar que según el art. 46.1 del CFPF, en el ejercicio de los actos de la vida civil, ellas se encuentran representadas por sus progenitores, los hoy terceros interesados, quienes actuaron de forma activa en el referido proceso; por lo que, no se vulneró su derecho de acceso a la justicia; iii) De acuerdo con el art. 54.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no procede contra actos que pueden ser modificados, o que cuenten con algún recurso disponible. En el presente caso, la hoy tercera interesada teniendo la guarda de las accionantes menores de edad, como se manifestó en la demanda de acción de amparo constitucional, pudo interponer incidentes de entrega directa de asistencia familiar, cesación de asistencia familiar por cambio de guarda, nulidad o cualquier otro; incluso pudo plantear recurso de reposición bajo alternativa de apelación, o directamente recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 1532 de aprobación de la planilla de liquidación; empero, no obró de esa manera; iv) De conformidad con el art. 55.1 del CFPF, no se cumplió con el plazo de inmediatez para la presentación de esta acción de defensa, habiendo fenecido el mismo el 18 de abril de 2023; v) La ahora tercera interesada presentó una acción de libertad reclamando su apremio; sin embargo, la misma fue denegada, existiendo cosa juzgada constitucional; vi) La observación a la planilla de liquidación efectuada por la ahora tercera interesada, así como la solicitud de restitución de la guarda presentada por el hoy tercero interesado fueron observados y tomados por no presentados debido a la inactividad de los referidos hoy terceros interesados; vii) El incidente de haber vuelto a la vida en común presentado por la ahora tercera interesada, concluyó con la homologación de otro Documento Privado sobre Transacción Extrajudicial debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, por el cual esta canceló la asistencia familiar correspondiente a once meses. Dicha homologación no fue impugnada, ratificándose en efecto, la guarda de las menores de edad -accionantes- a cargo del ahora tercero interesado, y la otorgación de asistencia familiar por parte de la hoy tercera interesada. Todos esos antecedentes fueron considerados al emitirse el Auto Interlocutorio 1532; viii) La ahora tercera interesada en ningún momento alegó el cambio de guarda sobre las menores de edad AA y BB -accionantes-, a pesar de su notificación con la planilla de liquidación; ix) Se ratificó la asistencia familiar a cargo de la ahora tercera interesada, y esta no puede cesar de hecho, sino que debe ser solicitada, conforme a lo previsto por el art. 415.VI del CFPF concordante con la SC 0323/2007-R de 24 de julio. En ese sentido, si bien el hoy tercero interesado refirió haber retornado a la vida en común con la ahora tercera interesada renunciando a la asistencia familiar; sin embargo, esa petición no fue debidamente subsanada, teniéndose por no presentada. Así, en resguardo de los derechos de las menores de edad -accionantes-, se encontraba impedida de disponer el cese de la asistencia familiar; x) La asistencia familiar es un derecho irrenunciable, pudiendo presentarse planilla de liquidación incluso después de más de diez años, sin que ello signifique que su necesidad feneció; no habiéndose requerido en ningún proceso en que la madre es la guardadora que acredite el ejercicio de la guarda, el destino de la asistencia familiar u otros elementos; por lo que, tampoco correspondía exigirlos al padre, como en el caso objeto de esta acción tutelar; más aún cuando la ahora tercera interesada pagó y reconoció la vigencia y el cumplimiento de la finalidad de la asistencia familiar fijada; xi) Los Informes Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023 no fueron de su conocimiento, como tampoco el ingreso de las accionantes menores de edad -al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando; habiéndole informado únicamente la ejecución del Mandamiento de Apremio 280/2022; por lo que, no fue posible asumir alguna medida en favor de dichas menores de edad; xii) Ya cursaría un proceso penal en el Ministerio Público contra el hoy tercero interesado por los hechos reclamados con relación a las agresiones sufridas por las accionantes menores de edad; por lo que, no corresponde la duplicidad del mismo; y, xiii) Durante la tramitación del proceso de homologación de asistencia familiar, obró conforme a la normativa vigente, sin vulnerar ningún derecho de las accionantes menores de edad.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

YY en audiencia, manifestó que: a) No se separó del ahora tercero interesado, habiendo procreado entre ambos cinco hijos; contando el menor de ellos con un año de edad; y, b) Junto con las menores de edad AA y BB -accionantes-fueron maltratadas física y psicológicamente por el hoy tercero interesado, quien hasta el presente les amenaza con llevárselas del colegio. XX en audiencia, manifestó que: 1) La hoy tercera interesada lo denunció en varias oportunidades, siendo todas esas denuncias rechazadas; 2) El 22 de agosto de 2022, cuando junto con la hoy tercera interesada se encontraban viajando a la ciudad de Cuzco de la República del Perú, ella cambió de opinión decidió no acompañarlo; por lo que, al no tener donde quedarse, fue llevada a un “refugio transitorio”. Posteriormente, lo denunció por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), y por asistencia familiar; por lo que, esa denuncia fue rechazada porque ya se tenía fijada una asistencia familiar en la Capital del departamento de Chuquisaca; y, 3) Las menores de edad AA y BB -accionantes-estudiaron en la ciudad de Cuzco de la República del Perú desde el 2015 hasta el 2019, su persona las mantenía, y “…la señora solo se ocupaba en denunciarme y está con sentencia la señora en Sucre donde puede averiguar el Nº de expediente 222-2017 que está en el juzgado mixto de Kistikanki…” (sic).

I.2.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Bonifacio Villegas por la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Pando, en audiencia manifestó que: i) La hoy tercera interesada se encuentra privada de su libertad junto a tres de sus hijos; ii) Una de las menores de edad -accionante-cumplió quince años dentro del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), sin el apoyo del ahora tercero interesado, quien ejerció violencia física y psicológica en su contra, siendo un peligro para las accionantes menores de edad; iii) Desde el 2016 hasta el 2022, nunca hubo separación de la vida en común de los ahora terceros interesados; prueba de ello es que entre ambos procrearon cinco hijos; iv) Las accionantes menores de edad “…sienten que su padre se los llevara como lo hizo en el Perú, teniendo mucho temor a ello, es por eso que se tiene la prohibición al Sr. Llerena de acercarse a los menores” (sic); y, v) Las accionantes menores de edad tienen derecho de participar y opinar. Julia Verónica Gutiérrez Quiroga, en representación de la Unidad de la DNA de la Defensoría del Pueblo, en audiencia manifestó que la Defensoría es la instancia que presta el servicio de defensa “psicosociojurídica” gratuita para garantizar los derecho de los niños, niñas y adolescente; sin embargo, en el presente caso se mencionó de forma incierta que sus progenitores estaban resguardando los derechos de las menores de edad -accionantes- quienes merecen una protección reforzada; por lo que, la Jueza ahora accionada debió notificar a la defensoría de la Niñez y Adolescencia con el objeto de que intervenga en el proceso -art. 241 del CFPF- velando por los derechos de los menores, razón por la cual solicitó se anule el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022 y se notifique a la DNA.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución AAC 039/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 272 a 279, concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022; y, b) La emisión de un nuevo auto interlocutorio previa entrevista a las menores de edad AA y BB, debiendo oficiarse a las instancias correspondientes a fin de recabar mayores elementos de convicción para determinar lo que corresponda con relación a la planilla de liquidación presentada por el ahora tercero interesado. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Con relación al principio de subsidiariedad, tratándose de los derechos de grupos vulnerables, como ser de niños, niñas y adolescentes, es posible de manera excepcional, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese marco, en el presente caso corresponde efectuar la abstracción del referido principio ingresando al fondo de esta acción tutelar; 2) No se tienen hechos consentidos debido a que las menores de edad AA y BB -accionantes-, una vez que tomaron conocimiento de los hechos reclamados, inmediatamente interpusieron la presente acción de defensa; 3) En cuanto al principio de inmediatez, se debe considerar que las accionantes menores de edad nunca fueron notificadas con el Auto Interlocutorio 1532, asumiendo conocimiento del mismo en “diciembre” de 2022, cuando ingresaron al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando. En ese sentido, desde esa fecha hasta la presentación de esta acción tutelar transcurrieron cinco meses, correspondiendo la abstracción de este principio; 4) Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, las accionantes menores de edad se constituyen en terceras interesadas que pueden resultar directamente afectadas por las determinaciones que se asuman; 5) El 2016, sucedieron hechos que debieron generar duda en la Jueza ahora accionada. Así, al haberse aclarado por el entonces Juez de la causa, que la Sentencia 09/“2015” únicamente homologó la asistencia familiar fijada; no se tiene certeza respecto a quien cuenta con la guarda de las menores de edad AA y BB -accionantes-; 6) La solicitud de restitución de la guarda presentada por el ahora tercero interesado, debió alertar a la Jueza ahora accionada para dudar que las menores de edad AA y BB -accionantes- continuaban viviendo con éste; puesto que con ello, se dio a entender que ya no se encontraban bajo su cuidado, sino de la hoy tercera interesada; 7) La Jueza ahora accionada debió advertir todas las contradicciones que se dieron en la tramitación del proceso de referencia, precautelando el interés superior de las accionantes menores de edad; 8) Bajo el principio de verdad material, se advierte que las referidas menores de edad vivían con la hoy tercera interesada cuando se ejecutó el Mandamiento de Apremio 280/2022, quedando las mismas bajo la protección del Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando; 9) Si bien la ahora tercera interesada fue excesivamente negligente en la defensa de sus propios derechos, sea por desconocimiento de la norma o por presión del hoy tercero interesado, ello no debe afectar los derechos de las accionantes menores de edad; 10) En aplicación del Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención Profesional del Equipo Interdisciplinario, la Jueza hoy accionada ante las contradicciones observadas, debió considerar a las accionantes menores de edad como sujetos titulares de los derechos fundamentales; y así, convocarlas y escucharlas, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 11) De la revisión del Auto Interlocutorio 1532, no se advierte que la Jueza ahora accionada hubiese analizado todos los antecedentes, como tampoco que haya entrevistado a las accionantes menores de edad a fin de conocer su opinión sobre la planilla de liquidación presentada por el ahora tercero interesado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 4 de diciembre de 2015, presentado ante Juez de Instrucción de Turno de Familia de la Capital del departamento de Chuquisaca, XX -ahora tercero interesado- solicitó la homologación del “Documento Privado de Guarda de Hijas”, por el cual el nombrado e YY -hoy tercera interesada- acordaron una asistencia familiar de Bs2 000.- en favor de las menores de edad AA y BB -hoy accionantes-, que debía ser pagada por la hoy tercera interesada (fs. 125 a 128 vta.); mereciendo la Sentencia 09/“2015” de 4 de enero de 2016, a través de la cual el entonces Juez de Instrucción de Familia Segundo de la Capital del referido departamento, homologó dicho Documento Privado (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 27 de abril de 2016, ante Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual la hoy tercera interesada observó la planilla de liquidación presentada por el ahora tercero interesado alegando que accedió a firmar el “Documento Privado de Guarda de Hijas” por presión psicológica del nombrado; y, que ambos continuaban teniendo una vida en común (fs. 5 a 6).

II.3. Por Informe Psicológico de 28 de abril de 2016, Silvia Yassira Tedin Heredia, Psicóloga del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, concluyó que la hoy tercera interesada se encuentra en una situación de preocupación por el bienestar y desarrollo emocional de las menores de edad AA y BB -accionantes-; y, por el proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, considerando hechos de violencia previos; asimismo, estableció que la relación de los hoy terceros interesados se caracterizaba por la inestabilidad emocional a causa de antecedentes de violencia y comunicación desadaptada (fs. 7 a 9). II.4. A través de memorial presentado el 3 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, el hoy tercero interesado solicitó la restitución de la guarda de las accionantes menores de edad (fs. 10 a 11); mereciendo el Auto Interlocutorio 389/2016 de 17 de mayo; por el cual, el entonces Juez del referido Juzgado lo tuvo por no presentado; por no “subsanar la observación” efectuada (fs. 12). II.5. Consta memorial presentado el 19 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual la hoy tercera interesada interpuso incidente “POR HABER VUELTO A LA VIDA EN COMÚN” (sic) alegando que accedió a firmar el “Documento Privado de Guarda de Hijas” por presión psicológica del ahora tercero interesado; y, que ambos continuaban teniendo una vida en común; haciendo conocer; además, que desde su separación con el hoy tercero interesado, las accionantes menores de edad se encontraban bajo su cuidado y protección (fs. 18 a 19 vta.). II.6. Mediante Informe Social de 19 de mayo de 2016, Soledad Yolanda Garnica, Trabajadora Social del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, concluyó que: i) Los ahora terceros interesados se encuentran separados por las agresiones ejercidas por el hoy tercero interesado; ii) La ahora tercera interesada y las accionantes menores de edad continúan siendo agredidas de manera verbal por el hoy tercero interesado; iii) Las accionantes menores de edad se encuentran afectadas psicológicamente por las agresiones verbales del hoy tercero interesado; iv) El ahora tercero interesado le amenazaba a la ahora tercera interesada con no hacerle ver a las menores de edad AA y BB -accionantes-; por lo que, ésta accedía a todas sus peticiones; v) Durante los ocho años de convivencia de los hoy terceros interesados, el ahora tercero interesado no trabajó alegando que se encontraba estudiando en la carrera de medicina; vi) El ahora tercero interesado les hacía vender folletos a las menores de edad AA y BB -accionantes-para “…su pan y leche…” (sic); vii) La hoy tercera interesada sostenía económicamente a su familia y pagaba los estudios del ahora tercero interesado; y, viii) La ahora tercera interesada se encontraba emocionalmente afectada por los últimos sucesos (fs. 13 a 17).

II.7. Cursa memorial presentado el 31 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca , a través del cual el ahora tercero interesado contestó el incidente “POR HABER VUELTO A LA VIDA EN COMÚN” (sic) interpuesto por la hoy tercera interesada, solicitando se lo declare improbado el mismo (fs. 180 a 181 vta.); mereciendo el Auto Interlocutorio 477/2016 de 8 de junio, por el que el entonces Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca señaló audiencia de conciliación y de declaración testifical para el 22 de ese mes y año, y aperturó un plazo probatorio de seis días (fs. 21). II.8. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2016, dirigido al Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, el hoy tercero interesado adjuntó el Documento Privado sobre Transacción Extrajudicial de igual fecha, por el cual la hoy tercera interesada canceló en favor de las accionantes menores de edad la suma de Bs22 000.- por concepto de asistencia familiar correspondiente a “once meses” (fs. 23 a 25); mereciendo el Auto Interlocutorio 586/2016 de 22 de junio, a través del cual el entonces Juez del referido Juzgado aprobó la planilla de liquidación elaborada desde el 30 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016, en el monto antes señalado, y la tuvo por cumplida (fs. 26). II.9. A través de memorial presentado el 23 de junio de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca el ahora tercero interesado renunció a percibir la asistencia familiar fijada, alegando haber retornado a la vida en común con la hoy tercera interesada; solicitud que mereció el decreto de 28 de junio de 2016, por el cual el entonces Juez del referido Juzgado señaló que, para dicho fin debían cumplirse los requisitos establecidos por el art. 259 del CFPF, acompañándose la prueba pertinente (fs. 198 y vta.). II.10. Cursa memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca por el cual el hoy tercero interesado solicitó la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs151 700.- calculados desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 30 de julio de 2022 (fs. 28 y vta.); reiteró ese pedido mediante memorial presentado el 17 de octubre de ese año (fs. 225); que mereció el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, a través del cual Karen López Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora accionada-aprobó dicha planilla de liquidación; e intimó a la hoy tercera interesada a su pago dentro del tercer día de su notificación bajo conminatoria de procederse al embargo y venta de sus bienes; asimismo, dispuso que ante su incumplimiento por Secretaría se libre el correspondiente mandamiento de apremio con habilitación de días y horas inhábiles (fs.

226 y vta.); que fue solicitado por el hoy tercero interesado mediante memorial presentado el 24 de octubre del señalado año (fs. 233); librándose el Mandamiento de Apremio 280/2022 de 18 de noviembre (fs. 30), que fue ejecutado el 27 de diciembre del mismo año (fs. 74). II.11. Por Acta de Solicitud de Ingreso de 28 de diciembre de 2022, la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Pando solicitó el ingreso de las accionantes menores de edad al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando (fs. 31). II.12. Mediante Informes Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023 de 6 de marzo, la Trabajadora Social, la Psicóloga y el Médico de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando, concluyeron que las accionantes menores de edad: a) En el ámbito social, desean volver a estar junto con la hoy tercera interesada y sus demás hermanos; b) En el área psicológica, “…es importante trabajar en la temática de la ‘AUTOESTIMA’ el cual ella puede ir superando las vivencias de maltrato tanto físico como psicológico que vivía dentro del hogar y pueda proyectar un comportamiento resiliente posterior” (sic); y, c) En el área médica, se encuentran saludables, con buen peso y talla (fs. 32 a 45). II.13. Cursan Entrevistas Psicológicas con CITE: DNA/PSIC 050/2023 de 18 de marzo y 051/2023 de 18 de abril, por las cuales la Psicóloga de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Pando concluyó que las accionantes menores de edad habrían vivido con los ahora terceros interesados, siendo la hoy tercera interesada quien se encargaba de proveer los alimentos, ropa y útiles, y cubrir todas las necesidades de su familia; mientras que el hoy tercero interesado le quitaba el dinero para pagar a su abogado (fs. 46 a 48 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes menores de edad a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, al desarrollo integral, y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, vinculados con el principio del interés superior del menor; y, a la no discriminación; puesto que, la Jueza ahora accionada sin considerar todos los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, por los cuales se acreditó que sus personas -accionantes menores de edad-: 1) Sufrían agresiones físicas y psicológicas por parte del hoy tercero interesado; y, 2) No se encontraban a cargo del ahora tercero interesado, sino de la hoy tercera interesada; y, omitiendo aplicar el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario; mediante Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, sin la intervención de sus personas -accionantes menores de edad-, aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por el ahora tercero interesado, por un monto de Bs151 700.-; en virtud a ello, posteriormente libró el Mandamiento de Apremio 280/2022 de 18 de noviembre, contra la hoy tercera interesada y ante su ejecución, sus personas -accionantes menores de edad- fueron ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, analizando el interés superior de la niña, niño y adolescente, reconoció lo siguiente: “…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La SCP 088/2021-S3 de 20 de abril, estableció que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de sus derechos, el art. 60 de la CPE impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos tanto en la familia como en la sociedad, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como a la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual se constituye en el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños y adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos.

Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: ‘Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales’. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: ‘…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ʽ…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…’” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.3. El derecho de acceso a la justicia

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia: “1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho” (las negrillas son nuestras).

Ampliando lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, refirió que: “En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal” (las negrillas son nuestras).

III.4. De la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales

El Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 42/2015 de 6 de mayo, del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de garantizar la intervención de los menores de edad, estableció diferentes lineamientos de actuación con relación a los principios generales de la Constitución Política del Estado, la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Código Niña, Niño y Adolescente. En ese marco, en cuanto al principio del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente, determinó que: “a) Se observará este principio durante el desarrollo de todo el proceso y en la adopción de medidas en el mismo. b) Se aplicará necesariamente la norma más favorable a la niña, niño o adolescente durante el proceso. (…) d) Se tendrá en cuenta los probables efectos y repercusiones de las medidas adoptadas en toda la esfera integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

e) Cuando el servidor tome conocimiento de situaciones de riesgo o peligro para la integridad y desarrollo de la niña, niño o adolescente, debe actuar de oficio para proteger y restituir los derechos vulnerados, aunque estos acontecimientos no formen parte de la Litis, siguiendo las características de indivisibilidad e interdependencia de sus derechos. f) Se deberá ver más allá de la causa para constatar la verdad, pudiendo disponer de medios de prueba que considere necesaria, para formar mejor convicción de los hechos, identificando indispensablemente los que faciliten la participación de niñas, niños y adolescentes. (…)” (las negrillas son nuestras). Con relación al principio de Igualdad y no discriminación, refirió que: “a) Se considerará que cualquier medida adoptada en el proceso judicial que afecte los intereses de una niña, niño o adolescente, debe tomarse considerando sus características propias. (…) c) Se deberá prever una defensa y representación procesal adecuada de la niña, niño o adolescente, para garantizar su derecho al acceso a la justicia de manera idónea. d) Se tendrá en cuenta que la repercusión de las medidas respecto a toda la esfera integra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, proyectando las decisiones a futuro. (…)”. Respecto al principio del Derecho a Opinar, Participar y Pedir, estableció que: “a) Se mantendrá informada a la niña, niño o adolescente sobre el desarrollo del proceso judicial, especialmente sobre las medidas que le afecten, además de tomar en cuenta su opinión al respecto, aun cuando no haya sido a petición de parte. b) Se promoverá la participación de la niña, niño o adolescente en el proceso judicial, en la medida que sea necesaria y de acuerdo a su desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y moral.

c) Se considerará la opinión de la niña, niño o adolescente como parte de los fundamentos al momento de dictar sentencia o adoptar cualquier medida. (…)” (el resaltado es nuestro). Sobre el principio de Respeto del Derecho a la Vida, de un Nivel de Vida Adecuado y al desarrollo integral, determinó que: “a) Se deberá prever a futuro y analizar más allá de la situación específica del proceso judicial, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. b) Se considerará las implicaciones que pueden tener las decisiones judiciales, respecto al derecho a la vida digna, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. (…) e) Antes de que la niña, niño o adolescente participe del proceso judicial, la autoridad judicial debe comprobar que esté siendo asistido de manera especializada por personal de apoyo; si no estuviese siendo asistido se realizará las diligencias necesarias a fin de garantizar este derecho. (…)” (las negrillas son nuestras). De acuerdo con lo señalado, el Tribunal Supremo de Justicia en resguardo del derecho de acceso a la justicia, del que gozan todas las niñas, niños y adolescentes conforme a la Constitución Política del Estado, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Niña, Niño y Adolescente; velando por el respeto de los principios consagrados en esos instrumentos nacionales e internacionales, que hacen a la esfera de la protección de los menores de edad como un sector vulnerable de la sociedad, a través del Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario, determinó una serie de lineamientos de actuación que toda autoridad judicial debe tomar en cuenta al momento de asumir el conocimiento de una causa en la que se encuentre inmersos los intereses y derechos de ese sector. Así, en todo proceso judicial en el que las decisiones que se asuman puedan afectar los derechos e intereses de las niñas, niños o adolescentes, la autoridad judicial a cargo debe promover su participación en la medida que sea necesaria y de acuerdo a su desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y moral sin importar si se constituyeron en parte o no; bastando para ello, que se advierta una afectación directa o indirecta en sus derechos o intereses. Para ello, la autoridad judicial deberá garantizar que la niña, niño o adolescente interviniente cuente con una adecuada asistencia y representación procesal, manteniéndolo informado respecto a todas las actuaciones que se desarrollen dentro del proceso, en especial sobre aquellas medidas que le afecten directa o indirectamente. En caso que durante la tramitación de un proceso judicial, se evidencie alguna situación de peligro o riesgo para la integridad y desarrollo de la niña, niño o adolescente, aún estos no se constituyan en parte, la autoridad judicial o el servidor público correspondiente está en la obligación de asumir de oficio las medidas que considere necesarias con el objeto de proteger y restituir esos derechos vulnerados, a pesar que ello no sea objeto del litigio. Asimismo, al momento de asumir alguna determinación, la autoridad judicial debe considerar en sus fundamentos la opinión vertida por la niña, niño o adolescente interviniente respecto a las situaciones que le puedan afectar; y, tomar en cuenta los probables efectos y repercusiones en toda la esfera integral de los mismos, previendo las implicancias que a futuro pueden repercutir sobre sus derechos a la vida digna, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo integral.

III.5. Análisis del caso concreto

Las accionantes menores de edad a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, al desarrollo integral, y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, vinculados con el principio del interés superior del menor; y, a la no discriminación; puesto que, la Jueza ahora accionada sin considerar todos los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, por los cuales se acreditó que sus personas -accionantes menores de edad-: i) Sufrían agresiones físicas y psicológicas por parte del hoy tercero interesado; y, ii) No se encontraban a cargo del ahora tercero interesado, sino de la hoy tercera interesada; y, omitiendo aplicar el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario; mediante Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, sin la intervención de sus personas -accionantes menores de edad-, aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por el ahora tercero interesado, por un monto de Bs151 700.-; en virtud a ello, posteriormente libró el Mandamiento de Apremio 280/2022 de 18 de noviembre, contra la hoy tercera interesada y ante su ejecución, sus personas -accionantes menores de edad- fueron ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que el hoy tercero interesado mediante memorial de 4 de diciembre de 2015, presentado ante Juez de Instrucción de Turno de Familia de la Capital del departamento de Chuquisaca, el ahora tercero interesado- solicitó la homologación del “Documento Privado de Guarda de Hijas”, por el cual el nombrado y la hoy tercera interesada acordaron una asistencia familiar de Bs2 000.- en favor de las menores de edad hoy accionantes, que debía ser pagada por la hoy tercera interesada; mereciendo la Sentencia 09/“2015” de 4 de enero de 2016, a través de la cual el entonces Juez de Instrucción de Familia Segundo de la Capital del referido departamento, homologó dicho Documento Privado (Conclusión II.1.). En mérito a ello, cursa memorial presentado el 27 de abril de 2016, ante Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual la hoy tercera interesada observó la planilla de liquidación presentada por el ahora tercero interesado alegando que accedió a firmar el “Documento Privado de Guarda de Hijas” por presión psicológica del nombrado; y, que ambos continuaban teniendo una vida en común (Conclusión II.2.); asimismo, se adjuntó Informe Psicológico de 28 de abril de 2016, o por el que Silvia Yassira Tedin Heredia, Psicóloga del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, concluyó que la hoy tercera interesada se encuentra en una situación de preocupación por el bienestar y desarrollo emocional de las menores de edad accionantes; y, por el proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, considerando hechos de violencia previos y estableció que la relación de los hoy terceros interesados se caracterizaba por la inestabilidad emocional a causa de antecedentes de violencia y comunicación desadaptada (Conclusión II.3.).

Posteriormente, a través de memorial presentado el 3 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, el hoy tercero interesado solicitó la restitución de la guarda de las accionantes menores de edad alegando que al regresar de la República del Perú a la ciudad de Sucre con las nombradas el 18 de abril de ese año, al día siguiente fueron llevadas al Kinder Municipal y a la Unidad Educativa Ricardo Mujía; empero, cuando quiso recogerlas, ya habían sido recogidas por la hoy tercera interesada, siendo impedido de llevarlas consigo por la intervención de la DNA del D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. En efecto, el entonces Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el decreto de 4 de mayo de ese año, por la que observó esa petición, y ante la falta de subsanación, por Auto Interlocutorio 389/2016 de 17 del mismo mes, la tuvo por no presentada (Conclusión II.4.). Asimismo, consta memorial presentado el 19 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual la hoy tercera interesada interpuso incidente “POR HABER VUELTO A LA VIDA EN COMÚN” (sic) alegando que accedió a firmar el “Documento Privado de Guarda de Hijas” por presión psicológica del ahora tercero interesado; y, que ambos continuaban teniendo una vida en común; haciendo conocer; además, que desde su separación con el hoy tercero interesado, las accionantes menores de edad se encontraban bajo su cuidado y protección (Conclusión II.5.); también, adjuntó el Informe Social de 19 de mayo de 2016, por el que la Trabajadora Social del SLIM D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, concluyó que: a) Los hoy terceros interesados se encuentran separados por las agresiones ejercidas por el tercero interesado; b) La ahora tercera interesada y las accionantes menores de edad continúan siendo agredidas de manera verbal por el hoy tercero interesado; c) Las accionantes menores de edad se encuentran afectadas psicológicamente por las agresiones verbales del hoy tercero interesado; d) El hoy tercero interesado le amenazaba a la ahora tercera interesada con no hacerle ver a las menores de edad AA y BB -accionantes-; por lo que, la misma accedía a todas sus peticiones; e) Durante los ocho años de convivencia con el ahora tercero interesado, este no trabajó alegando que estaba estudiando la carrera de medicina; f) El ahora tercero interesado les hacía vender folletos a las accionantes menores de edad para “…su pan y leche…” (sic); g) La hoy tercera interesada sostenía económicamente a su familia y pagaba los estudios del ahora tercero interesado; y, h) La ahora tercera interesada se encontraba emocionalmente afectada por los últimos sucesos (Conclusión II.6.). Corrido en traslado el incidente “POR HABER VUELTO A LA VIDA EN COMÚN” (sic) planteado por la ahora tercera interesada, mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2016, ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, el hoy tercero interesado contestó el referido incidente de manera negativa, y solicitó se lo declare improbado. En consecuencia, el entonces Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca pronunció el Auto Interlocutorio 477/2016 de 8 de junio, por el que señaló audiencia de conciliación y de declaración testifical para el 22 de ese mes y año, y aperturó un plazo probatorio de seis días (Conclusión II.7.). En ese contexto, por memorial presentado el 13 de junio de 2016, el hoy tercero interesado adjuntó el Documento Privado sobre Transacción Extrajudicial de igual fecha, a través de cual la hoy tercera interesada canceló en favor de las accionantes menores de edad, la suma de Bs22 000.- por concepto de asistencia familiar correspondiente a “once meses”; En virtud a ello, el referido Juez emitió el Auto Interlocutorio 586/2016 de 22 de junio, a través del cual el entonces Juez del referido Juzgado aprobó la planilla de liquidación elaborada desde el 30 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016, en el monto antes señalado, y la tuvo por cumplida, determinando que el incidente por haber vuelto a la vida en común, había concluido con dicho acuerdo transaccional (Conclusión II.8.). Asimismo, a través de memorial presentado el 23 de junio de 2016 ante el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca el ahora tercero interesado renunció a percibir la asistencia familiar fijada alegando haber retornado a la vida en común con la hoy tercera interesada; solicitud que mereció el decreto de 28 de junio de 2016, por el cual el entonces Juez del referido Juzgado señaló que para dicho fin debían cumplirse los requisitos establecidos por el art. 259 del CFPF, acompañándose la prueba pertinente (Conclusión II.9.). Finalmente, se advierte que el 15 de septiembre de 2022, el hoy tercero interesado solicitó la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs151 700.- calculados desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 30 de julio de 2022; reiterando ese pedido mediante memorial presentado el 17 de octubre de ese año; mereciendo el Auto Interlocutorio 1532, a través del cual la Jueza ahora accionada aprobó dicha planilla de liquidación; e intimó a la hoy tercera interesada a su pago dentro del tercer día de su notificación bajo conminatoria de procederse al embargo y venta de sus bienes; asimismo, dispuso que ante su incumplimiento por Secretaría se libre el correspondiente mandamiento de apremio con habilitación de días y horas inhábiles; siendo notificada la nombrada el 18 de igual mes y año. Posteriormente, el 24 del mismo mes y año, el ahora tercero interesado presentó un memorial por el que solicitó se expida el correspondiente Mandamiento; librándose, en efecto, el Mandamiento de Apremio 280/2022, que fue ejecutado el 27 de diciembre del mismo año (Conclusión II.10.). Consecuentemente, el 28 de diciembre de 2022, la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Pando, solicitó el ingreso de las menores de edad AA y BB -accionantes- al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando (Conclusión II.11.), donde fueron evaluadas por la Trabajadora Social, la Psicóloga y el Médico de dicho Hogar; y la Psicóloga de la referida DNA, emitieron: 1) Los Informes Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023, que concluyeron que las referidas menores de edad -accionantes-: i) En el ámbito social, desean volver a estar junto con la hoy tercera interesada y sus demás hermanos; ii) En el área psicológica, “…es importante trabajar en la temática de la ‘AUTOESTIMA’ el cual ella puede ir superando las vivencias de maltrato tanto físico como psicológico que vivía dentro del hogar y pueda proyectar un comportamiento resiliente posterior” (sic); y, iii) En el área médica, se encuentran saludables, con buen peso y talla (Conclusión II.12.); y, 2) Las Entrevistas Psicológicas con CITE: DNA/PSIC 050/2023 y 051/2023, que concluyeron que las menores de edad AA y BB -accionantes- habrían vivido siempre con los ahora terceros interesados, siendo la hoy tercera interesada quien se encargaba de proveer los alimentos, ropa y útiles, y cubrir todas las necesidades de su familia; mientras que el hoy tercero interesado le quitaba el dinero para pagar a su abogado (Conclusión II.13.). Precisada la problemática jurídica, y los antecedentes que originaron la presentación de esta acción tutelar, con carácter previo a su análisis, es necesario referirse a los reclamos de la Jueza hoy accionada, relativos al supuesto incumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad, así como con relación a los presuntos actos consentidos que devendrían en la improcedencia de esta acción tutelar. Así, sobre el principio de inmediatez, se debe tomar en cuenta que si bien el Auto Interlocutorio 1532 fue notificado a los hoy terceros interesados el 18 de octubre de 2022, tal como fue precisado; no es menos cierto que el mismo no fue de conocimiento de las accionantes menores de edad, sino hasta el momento de la ejecución del Mandamiento de Apremio 280/2022; es decir, recién el 27 de diciembre de dicho año; producto de lo cual, al día siguiente estas fueron ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando, tal cual consta líneas arriba. En ese sentido, tomando en cuenta que las accionantes menores de edad a través de su representante, presentaron esta acción de defensa el 19 de mayo de 2023; es decir, después de cuatro meses y veintidós días de conocido el Auto Interlocutorio 1532; no se advierte incumplimiento alguno respecto al plazo de los seis meses establecido por el art. 55 del CPCo; por lo que, no corresponde atender el reclamo de la Jueza ahora accionada. Con relación al principio de subsidiariedad, se tiene que la Jueza ahora accionada denunció que existían mecanismos de impugnación contra el Auto Interlocutorio 1532 que no fueron activados por los hoy terceros interesados. Al respecto y conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se advierte que en casos en los que esté comprometido y se reclame el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es posible flexibilizar este principio por tratarse de un sector vulnerable de la sociedad que goza de la preminencia de sus derechos fundamentales.

En efecto, siendo que el representante de las accionantes menores de edad en su condición de Defensor del Pueblo, presentó esta acción de defensa, conforme a sus atribuciones conferidas por los arts. 52.3 del CPCo y 5.1 de la Ley del Defensor del Pueblo (LDP); en el presente caso corresponde prescindir del principio analizado; puesto que, las accionantes al ser menores de edad, forman parte de un sector vulnerable de la sociedad que merece una atención preferente; por lo que, el hecho de que no se hubiera interpuesto ningún recurso o mecanismo contra el Auto Interlocutorio 1532 por parte de los ahora terceros interesados o de las accionantes menores de edad a través de su representación, carece de relevancia para esta jurisdicción constitucional a efectos del análisis del presente caso; no correspondiendo tampoco atender este reclamo. Finalmente, en cuanto a los actos consentidos que a decir de la Jueza hoy accionada concurrirían por no haber los hoy terceros interesados impugnado el Auto Interlocutorio 1532, es necesario señalar que esa actitud pasiva de los mismos en la situación fáctica planteada de ninguna manera demuestra que las accionantes menores de edad habrían estado de acuerdo con lo resuelto en dicho Auto Interlocutorio; menos aún con los efectos derivados del mismo más aún cuando al contrario de consentir esa decisión, al ser evaluadas por diferentes especialistas en el Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando después de la ejecución del Mandamiento de Apremio 280/2022, de acuerdo a los Informes Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023, y las Entrevistas Psicológicas con CITE: DNA/PSIC 050/2023 y 051/2023; expresaron su deseo de regresar a vivir con su madre, la hoy tercera interesada, que se encuentra privada de libertad en virtud del señalado Auto Interlocutorio; lo cual deja entrever que en ningún momento manifestaron su conformidad de manera tácita o expresa sobre esa determinación; por lo que, no resulta evidente la existencia de actos consentidos. En definitiva, al no haberse acreditado ninguno de los reclamos previos efectuados por la Jueza ahora accionada; puesto que, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede abstenerse de conocer acciones tutelares que involucren a menores de edad, como ocurre en el presente caso, por tratarse de un sector vulnerable de la sociedad; esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no evidencia causal alguna que conlleve a la improcedencia de la presente acción de defensa, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. En ese sentido, y según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional se tiene que en todo proceso judicial en que se hallen involucrados los derechos de menores de edad, todos los jueces y tribunales están obligados a considerar de manera primordial el interés superior de la niña, niño o adolescente en todas las decisiones que puedan afectar sus intereses y derechos, debiendo garantizar su protección y cuidado por tratarse de un sector vulnerable de la sociedad; contando para tal fin, con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés. Asimismo, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, precisamente con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los menores de edad, plasmado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, en todos sus elementos, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo Profesional Interdisciplinario, determinó una serie de lineamientos de actuación que toda autoridad judicial debe tomar en cuenta al momento de asumir el conocimiento de una causa en la que se encuentren inmersos los intereses y derechos de ese sector vulnerable de la sociedad. Así, estableció que se debe promover su participación en la medida que sea necesaria y de acuerdo a su desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y moral sin importar si se constituyeron en parte o no, velando porque cuenten con una adecuada asistencia y representación procesal, manteniéndolos informados respecto a todas las actuaciones que se desarrollen, en especial sobre aquellas medidas que les afecten directa o indirectamente. Asimismo, precisó que en caso de evidenciarse alguna situación de peligro o riesgo para la integridad y desarrollo de la niña, niño o adolescente, la autoridad judicial o el servidor público correspondiente está en la obligación de asumir de oficio las medidas que considere necesarias con el objeto de proteger y restituir esos derechos vulnerados. Finalmente, determinó que al momento de asumir alguna determinación, la autoridad judicial debe considerar en sus fundamentos la opinión vertida por la niña, niño o adolescente interviniente respecto a las situaciones que le puedan afectar; y, tomar en cuenta los probables efectos y repercusiones, previendo las implicancias que a futuro puedan repercutir sobre sus derechos a la vida digna, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo integral. En ese marco jurisprudencial, de acuerdo con lo expuesto líneas arriba, en el presente caso se evidencia que a pesar que los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar del que deviene esta acción de defensa, como ser los memoriales presentados por la hoy tercera interesada el 27 de abril y 19 de mayo de 2016, a los cuales adjuntó los Informes Psicológico y Social respectivamente -Bio-Psico-Social 07/2023 y 08/2023-; y, los memoriales presentados por el ahora tercero interesado el 3 de mayo y 23 de junio del mismo año, dejaron entrever que: a) Las accionantes menores de edad sufrían constantes agresiones físicas y psicológicas por parte del hoy tercero interesado, quien además, no les prestaba el cuidado y atención necesarias, obligándolas a vender folletos de manera ambulante; y, b) Desde el 19 de abril de 2016, las accionantes menores de edad se encontraban bajo el cuidado y protección de la hoy tercera interesada, quien esa fecha las habría recogido de sus establecimientos educativos con colaboración de la DNA del D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, viviendo desde ese momento “…en la vivienda de la señora María Luisa Orellana quien le brindó un cuarto…” (sic [fs. 16]), tal cual consta en el Informe Social de 19 de mayo de igual año; la Jueza hoy accionada atendiendo la petición del hoy tercero interesado sobre la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs151 700.-, omitiendo considerar esos aspectos, pronunció el Auto Interlocutorio 1532; por el que, no solamente aprobó dicha planilla, sino que además dispuso se libre Mandamiento de Apremio contra la hoy tercera interesada, el cual finalmente fue librado y ejecutado el 27 de diciembre de 2022. En ese contexto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que la Jueza ahora accionada al pronunciar el Auto Interlocutorio 1532, obró de manera contraria al interés superior de las accionantes menores de edad, incumpliendo además los lineamientos de actuación establecidos en el Protocolo de Intervención, impidiéndoles ejercer por su cuenta su derecho de acceso a la justicia en resguardo de sus intereses; puesto que: 1) A pesar que los intereses y derechos de las accionantes menores de edad se vieron directamente comprometidos por las irregularidades e imprecisiones advertidas, relativas a supuestos hechos de violencia perpetrados en su contra por el hoy tercero interesado, y al presunto cambio de guarda en favor de la hoy tercera interesada, tal cual fue evidenciado, omitió promover la participación de dichas menores de edad garantizando su adecuada representación procesal, e informándoles sobre las determinaciones a ser asumidas con relación a la asistencia familiar que debe ser otorgada en su beneficio; ya que no obstante de poder requerir los medios de prueba necesarios y contar con un margen de discrecionalidad para asumir decisiones que satisfagan el interés superior de las mencionadas menores de edad, no consta que dicha autoridad judicial hubiera notificado a las accionantes menores de edad con algún actuado procesal, y menos que las haya convocado para conocer su opinión respecto a la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar solicitada por el ahora tercero interesado, que debía ser otorgada en su favor; 2) Decidió aprobar la planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por el ahora tercero interesado sin prever los efectos y consecuencias sobre los derechos e intereses de las accionantes menores de edad; puesto que, producto de ello, a petición del hoy tercero interesado, posteriormente libró el Mandamiento de Apremio 280/2022, a cuya ejecución, la hoy tercera interesada fue privada de su libertad y las referidas menores de edad fueron ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando, tal cual consta del Acta de Solicitud de Ingreso de 28 de diciembre de 2022, alejándolas del núcleo familiar; más aún cuando conforme a los Informes Psicológico y Social desglosados en las Conclusiones II.2. y II.3., que fueron de su conocimiento cursantes en el cuaderno procesal, la hoy tercera interesada sería quien provee los recursos necesarios indispensables para su subsistencia; y, 3) No asumió la medidas necesarias para precautelar la integridad y desarrollo de las accionantes menores de edad; ya que no consta ningún pronunciamiento respecto a los supuestos hechos de violencia física y psicológica de los que habrían sido víctimas, cuando en el marco de los mencionados instrumentos normativos, de oficio debió activar los mecanismos pertinentes ante las instancias correspondientes para la averiguación de esos hechos. Bajo esas circunstancias, se evidencia que la Jueza hoy accionada al pronunciar el Auto Interlocutorio 1532 sin considerar las imprecisiones e irregularidades evidenciadas en los actuados cursantes en el cuaderno procesal del proceso judicial del que deviene esta acción de defensa, incumplió los lineamientos de actuación establecidos en el Protocolo de Intervención conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, impidiendo de esa manera que las accionantes menores de edad sean escuchadas y asuman la defensa de sus derechos e intereses; esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que dicha autoridad judicial vulneró el derecho de acceso a la justicia vinculado al principio del interés superior de las referidas menores de edad. Asimismo, con la ejecución de dicho Auto Interlocutorio, ante la emisión del Mandamiento de Apremio 280/2022, igualmente vulneró su derecho a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA” y al desarrollo integral, vinculado con el referido principio de interés superior del menor; ya que a consecuencia de ello, las mencionadas menores de edad fueron separadas de su madre -hoy tercera interesada-, sin su consentimiento, e ingresadas al Hogar de Niños de la Instancia Técnica Departamental de Política Social-Pando, por esa razones, corresponde conceder la tutela solicitada con relación a los mencionados derechos. Finalmente, en cuanto a los derechos a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, y, a la no discriminación, corresponde señalar que las accionantes menores de edad a través de su representación no expusieron una argumentación clara sobre las razones por las que consideraron que el Auto Interlocutorio 1532 transgredió dichos derechos y principio, limitándose a citar jurisprudencia relacionada a los mismos; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AAC 039/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 272 a 279, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al acceso a la justicia y a vivir y crecer en el “SENO DE SU FAMILIA”, y al desarrollo integral vinculado al principio del interés superior de las accionantes menores de edad AA y BB; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 1532 de 17 de octubre de 2022, y todos los actuados emergentes del mismo; y, en consecuencia, se emita un nuevo auto interlocutorio aplicando los lineamientos de actuación establecidos en el Protocolo de Intervención, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la igualdad, a un nivel de vida adecuado; y, a la no discriminación, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0896_2023-S3.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4b0895ebb633bd6331d994868f971e8130c6f5c1d10c04bff4cd6651f536cc00

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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