B.IA.LEGAL

SCP 0896/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
57375-2023-115-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el debido proceso con relación al principio de celeridad, argumentano que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dilató indebidamente el inicio del juicio oral, público y contradictorio provocando ataques psicológicos en su contra, por parte de los familiares del acusado para que desista de la acción penal y por ello fueron expulsadas del domicilio donde vivían.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 51 vta. a 55, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0896/2023-S2 Sucre, 5 de septiembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 57375-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 006/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 51 vta. a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Margarita Sorioco Rojas en representacion sin mandato de la menor AA contra Santa Cruz Arias Gutierrez, Juan Pablo Olmos Tapia y Hugo Celso Fernandez Peñaranda, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2023, cursante de fs. 26 a 29 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Bismar Salazar Sorioco por la presunta comisión del delito de violación infante, niño, niña o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dilató indebidamente el inicio del juicio oral, público y contradictorio, sin ordenar a los funcionarios responsables que realicen las notificaciones necesarias para la presentación de las pruebas de descargo del acusado, lo cual conculcó el derecho de la menor AA a una vida libre de violencia y el debido proceso que emerge de la inactividad procesal; toda vez que, estas demoras injustificadas provocaron constantes ataques psicológicos en su contra, dado que los familiares del acusado que se encuentra detenido preventivamente están constantemente instigándole a que desista de la acción penal y quede impune el hecho delictivo, pero ante la negativa fueron expulsadas del domicilio donde vivían por los aludidos. A tal efecto citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0019/2018-S2 de 28 de febrero y 0619/2022-S3 de 10 de junio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el debido proceso con relacion al principio de celeridad; citando al efecto el art. 115.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se conmine a las autoridades demandadas a dar curso a las notificaciones correspondientes e iniciar el juicio oral, público y contradictorio.

I.2. Audiencia y resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 51, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad; y ampliando añadió que: a) Las víctimas de violencia estan exentas de cualquier pago para que se efectuen las notificaciones; b) El art. 7 de la Convención Belem Do Para establece el deber de la debida diligencia interpretada por la SCP 0619/2022-S3, que en el caso concreto no se ha cumplido, en mérito a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió la Circular 28/2023 -no señaló fecha- ordenando priorizar los casos en los que sean víctimas los niños, niñas y adolescentes; y, c) La dilación indebida ocasionó más agresiones psicológicas a la víctima con la intención que se desista de la acción penal. Aclarando a preguntas efecutadas por la Jueza de garantias, precisió que son los funcionarios públicos quienes deben notificar a las partes procesales, habiendo presentado para ello fotocopias de la acusación.

I.2.2. Informe de los demandados

Santa Cruz Arias Gutierrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en audiencia solicitó se denigue la tutela de acuerdo a los siguientes argumentos: 1) El citado Tribunal cuenta con más de dos mil causas en movimiento y lamentablemente en este proceso la Secretaria no ingresó el expediente para realizar el impulso necesario, tampoco recibió ninguna solicitud de la parte accionante a fin de hacer prevalecer su derecho, pese a ello, se dispuso que en el día se proceda a notificar al encausado donde se encuentra con cumpliendo la detención preventiva; 2) No se afectó ningun derecho procesal ni constitucional de la parte impetrante de tutela; y, 3) La acción de libertad no se encuadra en ninguna de los prespuestos del art. 125 de la CPE para poder activar de manera directa. Juan Pablo Olmos Tapia, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en audiencia impetró se denigue la tutela con base en los siguientes argumentos: i) A través de esta acción de libertad la parte peticionante de tutela intentó acelerar la causa señalando que el mencionado Tribunal de Sentencia Penal hubiese vulnerado su derecho a la vida dentro del proceso penal; ii) No se realizó petición alguna a fin que el aludido Tribunal impulse la causa, cuando solo correspondía que la accionante presente un memorial impetrando ese extremo, para que se aplique el impulso procesal y el art. 340.III del CPP; iii) Se cumplió con los actos preparatorios de juicio oral, público y contradictorio, actuado procesal que se llevará a cabo, estando pendiente notificar al acusado, lo cual se realizará en el dia, y una vez vencido el plazo de los diez días que se le otorgará se emitirá el auto de apertura y llevará a cabo la audiencia de juicio oral; y, iv) En ningún momento el Tribunal de Sentencia Penal nombrado vulneró derecho alguno de la accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela. Hugo Celso Fernandez Peñaranda, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en audiencia se ratificó de manera oral en todo lo vertido por sus colegas.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 006/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 51 vta. a 55, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) Los argumentos de la parte accionante no se enmarcaron dentro de la naturaleza de la acción de libertad, por cuanto, no se demostró que la vida de la víctima menor AA corra peligro, más aún cuando el supuesto agresor se encuentra privado de libertad, tampoco se acreditó las amenazas de los familiares quienes estubveron hostigando a desistir del proceso penal; b) En el proceso se advirtió que Margarita Sorioco Rojas es madre de la víctima y no esta siendo ilegalmente perseguida, al contrario ha instaurado un proceso penal contra el supuesto agresor, tampoco se evidenció que la menor AA esta privada de su libertad; c) Se citó como jurisprudencia las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0019/2018-S2 y 0619/2022-S3, empero ninguna de éstas es vinculante al fundamento de la acción de defensa interpuesta, por cuanto, dentro del proceso penal instaurado que se encuentra en etapa de juicio, el imputado guarda detención preventiva y la vida de la menor AA no corre peligro, asi tambien goza de medidas de protección; y d) Si bien es cierto que el proceso se encontraba inactivo desde su radicatoria (diciembre de 2022) es a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz a quien le correspondía llevar el control de los plazos procesales e informar el vencimiento de los mismos, ante esa omisión, los sujetos procesales como el Ministerio Público en su calidad de acusador principal y la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) en representaciín de la víctima, tenian el deber de realizar el seguimiento y advertir a la autoridad jurisdiccional sobre el cumplimiento o incumplimiento de las actuaciones, ya que las mismas son instituciones públicas especializadas en la prevención, atención y procesamiento hasta lograr la sanción del agresor de violencia sexual, más aun cuando se trata de víctima menores de edad. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó se señale la norma que obliga a la víctima a solicitar las notificaciones dentro del proceso. En respuesta, la Jueza de garantías refirió que no se resolvió el fondo de la problemática, sino por la naturaleza de la acción de libertad, que ha sido ampliamente expuesta, por lo que declaró no haber lugar a la solicitud de enmienda y complementación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; es así que en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Definitivo 184/2022 de 13 de diciembre “de 2021”, emitido por Judith Marcela Reynolds Espinoza, Jueza Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, a traves del cual, declinó competencia al Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo asiento judicial (fs. 40 a 41). II.2. Cursa oficio con CITE: JNNAA y SP 786/2022 de 14 de diciembre, mediante el cual la indicada Jueza remitió el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Bismar Salazar Sorioco, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, constando cargo de recepción de igual data a horas 11:57 por el referido Tribunal (fs. 43 ). II.3. Mediante el Auto de Radicatoria 51/2022 de 15 de diciembre, Nuria Lino de Pacheco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dispuso la notificación al Ministerio Público para que dentro del plazo de veinticuatro horas presente fisicamente o ratifique las pruebas ofrecidas, para luego de un término similar de recibidias las mismas, se notifique a la víctima o querellante para que en el plazo de diez días formule su acusación y ofrezca pruebas de cargo o se adhiera a la acusación fiscal. Vencido el indicado plazo, ordenó la notificacion al procesado con la acusacion fiscal y en su caso la del querellante, más las pruebas de cargo ofrecidas y demás antecedentes procesales para que en un término igual siguiente a su notificación ofrezca y presente fisicamente sus pruebas de descargo, con la advertencia que una vez cumplido este último plazo otorgado al acusado con o sin su pronunciamiento se dictará el auto de apertura de juico. Por otra parte ordenó que por Secretaría, conforme a las atribuciones que le asiste luego de realizar las tres notificaciones indicadas precedentemente, pase el expediente a despacho con las respectivas diligencias e informe sobre el vencimiento del plazo otorgado al acusado para la emisión del auto de apertura a juicio, quedando bajo su estricta responsabilidad el cumplimiento de lo ordenado, ya que la autoridad judicial solo tiene acceso a los expedientes cuando estos ingresan a despacho con memoriales o informes para su pronunciamiento (fs. 46). II.4. Por providencia de 28 de julio de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-una vez verificada la radicatoria de 15 de diciembre de 2022 y los antecedentes procesales que el Ministerio Público presentó junto a las pruebas de cargo para producir en el juicio oral, se tuvo por cumplido el art. 340.I. del CPP, asimismo evidenciada la presentación de la acusación particular por Margarita Sorioco Rojas por la suspuesta comsión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, en observancia del paragrafo II del mencionado precepto legal, se dispuso notificar al acusado con los actos preparatorios de juicio a los efectos del cumplimiento de la misma norma legal, sea de manera personal en el lugar donde cumple su detención preventiva, en el día. Asisimo señaló que como: “CONTROL JUDICIAL.- SE INSTA AL SECRETARIO A DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE PROVIDENCIA EN EL DIA, YA QUE LA CAUSA ES DE ATENCION PRIORITARIA CONFORME AL ART. 60 DE LA CPE. SE LLAMA SEVERAMENTE LA ATENCION A LA SECRETARIA TITULAR DEL TRIBUNAL POR NO PASAR A DESPACHO LA CAUSA PARA DETERMINAR IMPULSOS PROCESALES” (sic [fs. 47]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el debido proceso con relación al principio de celeridad, argumentano que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dilató indebidamente el inicio del juicio oral, público y contradictorio provocando ataques psicológicos en su contra, por parte de los familiares del acusado para que desista de la acción penal y por ello fueron expulsadas del domicilio donde vivían.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto al derecho a la vida, la SCP 1433/2022-S4 de 31 de octubre, señaló que: “…el derecho a la vida, se entendió que la protección de éste deriva del carácter importantísimo que posee esta prerrogativa de las personas frente a las demás; y por ello, será protegido cuando exista un real peligro o amenaza al mismo. Así lo refirió la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en la que también se concluyó lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que «su vida está en peligro». (…) empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’. Por ello, se concluye que el impetrante que reclame la lesión o amenaza a su derecho a la vida, debe demostrar razonablemente el riesgo o amenaza que sufre, no siendo suficiente la sola alegación de tal vulneración; así lo estableció también la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, que indica: ‘Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables’. Bajo el mismo criterio, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto estableció que: ‘Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que «su vida está en peligro». Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal’” (negrillas añadidas).

III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señala que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia y el debido proceso con relación al principio de celeridad, argumentano que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dilató indebidamente el inicio del juicio oral, público y contradictorio provocando ataques psicológicos en su contra, por parte de los familiares del acusado para que desista de la acción penal y por ello fueron expulsadas del domicilio donde vivían. De los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Bismar Salazar Sorioco, se advierte que el mismo fue recepcionado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz el 14 de diciembre de 2022 (Conclusion II.2), por lo cual, el 15 de diciembre de 2022 mediante Auto de radicatoria 51/2022 se dispuso la notificacion a las partes por su turno para que una vez vencido el plazo, se emita el auto de apertura de juicio ordenando a la Secretaria que despues de haber efectuado las notificaciones reingrese el expediente a despacho e informe sobre el vencimiento del plazo otorgado al acusado, para la correspondiente emisión del auto de apertura a juicio, quedando bajo su estricta responsabilidad el cumplimiento de lo ordenado (Conclusion II.3); una vez que fueron notificadas las autoridades demandadas con la presente acción de libertad el 28 de julio de 2023, pronunciaron la providencia reiterando la notificación en el día al acusado en el lugar donde cumple su detencion preventiva (Conclusion II.4).

En consideración al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe establecer que la acción de libertad como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; también se activa en los casos en que exista un real peligro para el derecho a la vida, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal; esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encontrando su sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional; por lo cual, efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona que considere que su vida está en peligro, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, en el caso en particular, la parte impetrante de tutela no estableció dicho extremo y no sustentó su enunciado con prueba pertinente a efectos de establecer algún tipo de responsabilidad en las autoridades demandadas, resultando inviable ingresar al análisis de dicha problemática debiendo denegar la tutela solicitada. Respecto al debido proceso en su vertiente de celeridad, el Fundamento Jurídico III.2 así como la amplia jurisprudencia constitucional establecieron que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, al presente se tiene que la parte peticionante de tutela no se encuentra privada de libertad aspecto que se constituye en una causal de improcedencia, debiendo denegar la tutela solicitada. Por lo precedentemente desarrollado, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 51 vta. a 55, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0896_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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