Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación arbitraria e incongruencia interna, a la defensa, igualdad de las partes y a un Juez natural e imparcial; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del Auto de Vista 34/2023, carente de fundamentación y motivación, activó los riesgos procesales de probabilidad de autoría y de peligro efectivo para la sociedad, y bajo esos fundamentos dispuso su detención preventiva, agravando su situación jurídica al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Roque de ese departamento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0895/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53999-2023-108-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 02/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edson Alejandro Jerez Ibáñez en representación sin mandato de Germán Humberto Zambrana Ugarte contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 9 a 13 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca: En septiembre de 2022, el Fiscal de Materia formuló imputación formal, sin solicitar ninguna medida cautelar en su contra; posteriormente, en diciembre de ese año, la parte víctima solicitó la aplicación de medidas cautelares -detención preventiva-, bajo el fundamento de concurrir la probabilidad de autoría y demás riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), respaldándose en la declaración del hermano de la supuesta víctima; de la misma forma, la autoridad fiscal se adhirió a la petición en razón a los presupuestos de vulnerabilidad; por lo que, el Juez de la causa determinó la concurrencia de los presupuestos del art. 233 del CPP y activando el riesgo procesal de peligro para la víctima establecida en el art. 234.7 del CPP; empero, omitió la valoración de los elementos probatorios que fundan la probabilidad de autoría; de esta forma lo dejó en indefensión debido a la incorporación de nuevos argumentos en audiencia; sin embargo, la autoridad judicial dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; no obstante, planteó recurso de apelación debido a la falta de valoración de los elementos probatorios, también la defensa técnica de la víctima impugnó la Resolución. El 20 de enero de 2023, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, instaló la audiencia de apelación solicitando la fundamentación de los agravios denunciados; empero, dicha autoridad no se pronunció con respecto a la falta de valoración de la prueba en relación a la probabilidad de autoría, manifestando que es viable este riesgo procesal, siendo que es sustentada por la declaración del menor; empero, no realizó una debida fundamentación con respecto a los puntos reclamados. Con relación al otro motivo que fundamentó su recurso de apelación, refirió que el Juez ad quem en aplicación del art. 234.7 del CPP, no fundamentó de qué manera se afectó a la víctima; empero, activó el riesgo procesal debido a la vulnerabilidad y minoridad de la supuesta víctima, complementando que existe el peligro para la sociedad, el cual no fue tomado en cuenta en la resolución del Juez a quo; en virtud a lo enunciado declaró improcedente su recurso. No obstante, pese a los actos incurridos por la autoridad demandada, de manera arbitraria procedió a pronunciarse con respecto a la necesidad de aplicar medidas cautelares, emitiendo el Auto de Vista, declarando la procedencia parcial del recurso de la víctima, disponiendo su detención preventiva.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación arbitraria e incongruencia interna, a la defensa, igualdad de las partes y a un juez natural e imparcial, citando al efecto los arts. 23, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se “…ORDENE SE DEJE SIN EFECTO EL AUTO DE VISTA CONFUTADO 3/2023 de 4 de enero, ordenando se emita uno nuevo conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados” (sic) -siendo lo correcto Auto de Vista 34/2023 de 20 de enero-.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en cursante de fs. 29 a 32, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) El Vocal demandado mediante informe alegó que, en la audiencia aplicó los arts. 231 bis y 234.7 del CPP debido a la concurrencia de la probabilidad de autoría y el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad; b) La autoridad judicial a cargo de la causa penal, realizó una errónea valoración del examen médico forense -prueba documental- proporcionada por la víctima; dicho proceder dio lugar al presente proceso penal; hecho que constituyó un acto “revanchista” de parte de la progenitora, la cual en audiencia solicitó la detención preventiva; c) La autoridad demandada refirió que es necesaria su detención preventiva, lo cual constituyó una flagrante transgresión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, siendo que, actuó de manera ultrapetita al activar el riesgo procesal de peligro para la sociedad y de obstaculización, siendo carentes de fundamentación y petición de la parte contraria; y, d) De la prueba adjunta -Disco Compacto (CD)-, se establece que la autoridad demandada de manera verbal se refirió al peligro para la víctima; empero, al momento de plasmar en la resolución también hizo alusión al peligro para la sociedad.
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe, cursante a fs. 20 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El 20 de enero de 2023, se efectuó la audiencia de apelación, habiéndose realizado la revisión de obrados y los motivos de impugnación, determinó declarar parcialmente procedentes los recursos de apelación presentados por el imputado -ahora accionante- y la parte víctima; por lo que, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio de 12 de enero de 2023, dejando sin efecto la aplicación de medidas cautelares impuestas y disponiendo la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; 2) Con respecto al Juez a quo refirió que hizo una correcta valoración de los elementos probatorios, así también, que de los antecedentes postulados y la transcripción efectuada por el Juez en el testimonio de la víctima, que hizo referencia a que el imputado cometió el delito, de lo cual emergió la probabilidad de autoría; y, 3) Con relación al riesgo para la sociedad, según el Juez a quo no existió una debida fundamentación, siendo que se basó en los testimonios de los testigos; sin embargo, no consideró dos aspectos que rigen la procedencia “…como se ha cometido el hecho delictivo y que la víctima es una persona vulnerable” (sic), mismo que según la jurisprudencia se considera que al estar en riesgo la integridad del menor, el imputado es un peligro para la sociedad.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 32 a 34 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El testimonio de la víctima debe ser analizado por el Ministerio Público para su correcta calificación jurídica, por que conlleva a la comisión del delito de violación, por lo que, el imputado debe desvirtuar o enervar la magnitud de los hechos denunciados; ii) Existe una relación paterno filial entre el inculpado y la víctima, haciendo entender al Vocal ad quem, que al incurrirse en esta supuesta agresión sexual por el procesado, no existe una garantía de protección hacia otros infantes, motivo por el cual se establece un riesgo latente; iii) La autoridad demandada activó el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, en virtud a la jurisprudencia establecida en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad o desventaja de la víctima con relación al imputado; iv) El Vocal accionado no incurrió en la falta de fundamentación tampoco de motivación al momento de emitir la resolución, siendo que la aplicación de la normativa fue en razón al interés superior de la niñez y adolescencia; y, v) De la grabación de la audiencia de apelación se advirtió que la autoridad demandada al fundamentar el riesgo procesal citado, omitió señalar que el imputado constituye un peligro para la sociedad, lo cual fue complementado en la resolución escrita.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 12 de enero de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, que dispuso: “1.-Detención domiciliaria para el imputado (…), con derecho al trabajo u ocupación, debiendo en el plazo de 15 días presentar la respectiva verificación policial o notarial, que indique donde va a cumplir esa detención domiciliaria, además de presentar un certificado de trabajo o contrato de trabajo haciendo ver su horario de trabajo que va realizar. 2.- El imputado tiene la prohibición expresa de contactarse con la víctima y con sus familiares prohibición que implica a cualquier tipo de contacto, redes sociales aplicaciones informáticas o tener un contacto personal directo e indirecto, a través de terceras personas, excepto cuando se trate de los procesos que tienen instaurados entre las partes. 3.- Deberá presentarse ante la instancia fiscal una vez a la semana, es decir, todos los días lunes para registrarse en el biométrico del Ministerio Público, sea en horarios de oficina; 4.- Prestar una fianza juratoria consistente en la promesa de que el imputado se va someter a procedimiento y no va obstaculizar la presente investigación, promesa que tiene que hacer llegar a este Despacho Judicial a través del Acta Notarial correspondiente. 5.- La prohibición de salir del país sin autorización judicial, para lo cual tiene que tramitar su arraigo en el plazo de 15 días” (sic [fs. 4 a 6]).
II.2. Mediante Auto de Vista 34/2023 de 20 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca: “…DECLARA LA PROCEDENCIA PARCIAL de los recursos de apelación incidental interpuesto por la defensa del imputado (…), así como por la defensa de la madre de la víctima, con los fundamentos expuestos en la parte considerativa. Por lo que, al existir la necesidad de aplicar la detención preventiva, se Revoca la resolución apelada, dejándose sin efecto la aplicación de las otras medidas cautelares de carácter personal, DISPONIENDOSE LA APLICACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA del ahora imputado (…) En el penal de San Roque, por el plazo de tres meses” (sic [fs. 21 a 28]). II.3. Cursa Auto Complementario al Auto de Vista 34/2023 de 20 de enero, de su contenido se extrae que están pendientes de realización ciertas diligencias, por lo que dispuso “…el plazo de duración de 3 meses de detención preventiva, tiempo suficiente para que el Ministerio Público concluya estos actos investigativos” (sic [fs. 7 y vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación arbitraria e incongruencia interna, a la defensa, igualdad de las partes y a un Juez natural e imparcial; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del Auto de Vista 34/2023, carente de fundamentación y motivación, activó los riesgos procesales de probabilidad de autoría y de peligro efectivo para la sociedad, y bajo esos fundamentos dispuso su detención preventiva, agravando su situación jurídica al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Roque de ese departamento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0435/2025-S3 de 27 de mayo, estableció que: “Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: ‘…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligada a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, también debe justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se hayan fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva'. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determina que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establece la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquel conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o participación de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas medidas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determina disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se expresa la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar'. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determina la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”». Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que 'Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución'”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual decide imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevista para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querrellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haber circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (las negrillas corresponde al texto original).
La SCP 0414/2021-S3 de 28 de julio, estableció que: «La SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, estableció que: “…la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: ‘Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo’. En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló: 153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental; y en el caso de las medidas cautelares, en una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP; por cuanto, prueban la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible o en palabras de la Corte IDH, la existencia de: ‘…indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga’”» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación arbitraria e incongruencia interna, a la defensa, igualdad de las partes y a un Juez natural e imparcial; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del Auto de Vista 34/2023, carente de fundamentación y motivación, activó los riesgos procesales de probabilidad de autoría y de peligro efectivo para la sociedad, y bajo esos fundamentos dispuso su detención preventiva, agravando su situación jurídica al encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Roque de ese departamento. De la revisión de antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; el 12 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió Auto Interlocutorio, otorgando medidas sustitutivas a la detención preventiva, disponiendo: Detención domiciliaria para el imputado -ahora accionante-, prohibición de comunicación con la víctima y con sus familiares, presentación una vez por semana ante el Ministerio Público, fianza juratoria y arraigo (Conclusión II.1).
El 20 de enero de 2023, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 34/2023, declarando la procedencia parcial de los recursos de apelación incidental planteados por el imputado -ahora accionante- y la víctima, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio de 12 del mismo mes y año, ordenando la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de ese departamento; con carácter complementario a la resolución emitida se dispuso la detención preventiva del ahora accionante por el lapso de tres meses, con el objeto de que el Ministerio Público realice los actos investigativos pendientes (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación del citado Auto de Vista, resulta necesario extraer los motivos del recurso de apelación incidental planteado por el ahora accionante, quien expuso los siguientes agravios: a) El Juez a quo no consideró la prueba ofrecida concerniente al Informe Médico emitido por la Sala de Emergencias de Pediatría del Hospital Santa Bárbara, realizada a la supuesta víctima -hijo del imputado-; y, b) Falta de fundamentación en relación a la aplicación del art. 234.7 del CPP, debiendo tomarse en cuenta el precepto normativo establecido en el art. 233.1 del mismo Código;
De igual manera, la parte víctima contestó a los indicados agravios, exponiendo lo siguiente: 1) Con relación a la probabilidad de autoría, fue omitido el principio de presunción de veracidad con respecto a la declaración de los menores; 2) Respecto al certificado médico emitido por el Hospital Santa Bárbara, se advirtió que, si bien no existen lesiones; empero, el abuso sexual a la víctima fue infringido de manera oral; lo característico de este tipo de abuso es que no deja lesión visible alguna; empero, el daño puede ser valorado mediante el área psicológica; y,
3) En cuanto a la errónea valoración de la prueba, en la entrevista informativa policial el hijo menor del imputado -ahora accionante-, expresó que conoció los hechos suscitados porque le comentaron, también agregó que “durante el conflicto del año 2019-2020 un día mi padre a sacó mi madre de mi casa, tomando así la custodia de los cuatro, de mí y de mis hermanos, en la estadía de mi padre Germán él no me daba comida porque no quise denunciar a mi madre, tampoco alimentaba bien a mis hermanos..” (sic); el amedrentamiento fue constante; toda vez que, coaccionaba a los menores de edad -hijos-para que declaren contra su progenitora. Todo lo aseverado fue utilizado para demostrar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP.
De igual forma en audiencia de apelación incidental de 19 de septiembre de 2022, la parte víctima formuló sus agravios con las siguientes expresiones: i) El Ministerio Público demoró alrededor de dos meses en la formulación de la imputación formal; no obstante, omitió solicitar la aplicación de medidas cautelares, razón por la cual la víctima solicitó la consideración de situación jurídica del imputado; ii) Con respecto al peligro de fuga establecido en el art. 234.1 del CPP, el imputado no cuenta con domicilio real, extremo que no acreditó de manera documental; por lo que, incurre en el peligro de fuga;
iii) Con relación al peligro de obstaculización citado en el art. 235.2 del CPP, en virtud a la declaración del hijo del imputado, se estableció que existe la coacción hacia sus hijos, manipulándolos para que vayan contra su madre; extremo advertido en sus declaraciones, las cuales no fueron valoradas;
iv) La víctima no fue registrada en la Unidad Educativa durante un año, debido a la omisión del imputado -padre del menor-;
v) Del Informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), se advirtió que el ahora accionante coaccionó a sus hijos para que “inventen sobre situaciones, que no contesten como han encontrado al menor en situación totalmente deplorable” (sic); lo cual repercutió en la víctima y en sus hermanos, situación por lo que se requirió la terapia psicológica; y, vi) El Ministerio Público tenía pendiente extraer las fotografías de los celulares de los hijos del imputado, las cuales sustentarían estos extremos citados supra.
Ante lo cual, el imputado contestó exponiendo lo siguiente: a) Invocó la SCP 0139/2016-S3 -no consigna fecha-, haciendo referencia que el recurso de apelación incidental que se interponga, deberá hacer constar los agravios acontecidos en la audiencia, vinculando con los arts. 252 y 398 del CPP; la contraparte no señaló los agravios suscitados; b) No existió la necesidad de aplicar las medidas cautelares, toda vez que, hubo una buena predisposición a la realización de los distintos actuados procesales y que inclusive el Fiscal de Materia demoró tres meses en formular la imputación formal con base en escasos elementos probatorios y a la presunción de veracidad;
c) La víctima en ningún momento refirió haber sufrido la agresión sexual; no obstante, inesperadamente fue convocado para una audiencia reservada, de la cual no le proporcionaron el CD de la grabación;
d) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, la parte víctima aseveró que el imputado manipuló a sus hijos para que estén contra su madre, coaccionándolos con la restricción de alimentos; inclusive el hijo mayor huyó debito a estos tratos. En respuesta a estos alegatos de la parte contraria, el accionante aseveró que sus hijos no fueron privados de nada, mucho menos de la alimentación, incluso sus dos hijos que se encuentran bajo su guarda, no fueron convocados a declarar dentro el proceso penal, para así desvirtuar la manipulación a su hermano -víctima- por parte de su madre; y, e) En relación a las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP, el Juez a quo determinó su concurrencia de la autoría y el riesgo procesal -no especificó-; en contra posición, el sindicado mencionó que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece medidas menos gravosas antes de la aplicación de la detención preventiva; motivo por el cual existió una sobreprotección a la víctima, omitiendo una valoración objetiva de los elementos probatorios.
En consideración a esos agravios el Vocal demandado mediante Auto de Vista 34/2023, declaró procedente en parte en relación a los recursos de apelación incidental planteados por el accionante y por la víctima, con base en los siguientes fundamentos: En cuanto al recurso de apelación planteado por el imputado -ahora accionante- 1) En cuanto a la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1 del CPP, se tiene el Informe médico proporcionado por el imputado, que si bien no establece la existencia de lesiones, no es prueba determinante para establecer este extremo; empero, el delito de abuso sexual para su configuración no requiere la existencia de lesiones físicas; de igual manera, fue sustentado por el testimonio de la víctima, que por su cualidad de presunción de verdad, es considerada como elemento fundamental para determinar la probabilidad de autoría del delito de abuso sexual; 2) Con respecto al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, previsto en el art. 234.7 del CPP, el Juez a quo sustentó la concurrencia de este riesgo procesal con base en los testimonios de los testigos, a las características del hecho y la vulnerabilidad de la víctima; se resaltó la SCP 0408/2015-S2 -no consigna fecha-, destacando la protección de la integridad sexual de los menores de edad, siendo que, no tienen poder de decisión sobre dichos actos, por su falta de desarrollo físico, sexual y psicológico; motivo también por el cual están contemplados en los grupos vulnerables. En cuanto al recurso de apelación planteado por la víctima i) El representante del Ministerio Público en aplicación al art. 302 del CPP, formuló imputación formal; teniendo en cuenta la existencia de elementos fácticos, los mismos hacen viable la aplicación de medidas cautelares personales conforme prevé el art. 233 del adjetivo penal; empero, siempre y cuando se cumplan los requisitos de probabilidad de autoría y riesgos procesales -no fueron señalados- y que la medida a aplicarse sea necesaria; ii) La existencia de los suficientes elementos de convicción, sostuvieron la probabilidad de la autoría del delito de abuso sexual previsto en el art. 233.1 del CPP;
iii) En cuanto al art. 234.1 del CPP, el Juez a quo realizó una debida valoración y fundamentación; toda vez que, al no haber demostrado la parte víctima la carencia de domicilio del imputado, resultó inviable la concurrencia de este peligro de fuga -domicilio-;
iv) Con respecto al art. 234.4 del CPP, la autoridad judicial manifestó la ausencia de elementos probatorios que demuestren que las suspensiones de las audiencias hayan sido por la inasistencia del imputado; deduciendo que existió una debida fundamentación;
v) Con relación al art. 235.2 del CPP, el Juez de origen aseveró que si bien hubo actos de manipulación e influencia hacia los testigos por parte del imputado; empero, no guardan relación con la causa penal, siendo que los mismos fueron realizados en otros procesos judiciales; así también, que los testigos tienen una relación paterno-filial con el sindicado; y, vi) En cuanto a la solicitud de aplicación de la detención preventiva previsto en el art. 233 del CPP, debió especificarse fundadamente el plazo aplicable, tal como estable el art. 235 párrafo segundo del adjetivo penal, mismo que se encuentra sujeto a la consideración de la autoridad judicial.
De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la obligación de los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus resoluciones sobre medidas cautelares, se establece que, el tribunal de alzada tiene la obligación de resolver los recursos de apelación incidental interpuestos contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen la aplicación de una medida cautelar, esto en cumplimiento al art. 398 del CPP. En cuanto al Fundamento Jurídico III.2 citado en el presente fallo constitucional, en relación a los delitos de agresión sexual, debido a sus características específicas, ocurren sin la presencia de otras personas aparte de la víctima y del perpetrador; por lo que, la carencia de pruebas médicas y el hecho que en la mayoría de las ocasiones no hay evidencia visual o documental, se toma el testimonio de la niña, niño o adolescente afectado como un indicador básico y suficiente sobre los acontecimientos, para mantener la posibilidad de responsabilidad o implicación en un acto delictivo, siempre que no sea refutado de manera objetiva. Ahora bien, ingresando al análisis de los agravios denunciados, se tiene el presunto incumplimiento por el Vocal demandado en relación a la falta de consideración y valoración de la prueba documental ofrecida -Informe médico-, de la misma manera, con la carencia de fundamentación y motivación en la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; estas supuestas omisiones -se denuncia- conllevaron a la revocatoria de las medidas sustitutivas ordenando la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca. Bajo ese entendido, se establece que el razonamiento aplicado en los fundamentos y motivaciones pronunciados en el Auto de Vista 34/2023 son acertados y correctos, en virtud a que el precepto normativo citado supra -art. 234.7 del CPP- es aplicable debido a las circunstancias del hecho, al testimonio de la víctima y su vulnerabilidad al ser una persona menor de edad, como fundamentos del citado fallo, advirtiéndose los siguientes extremos:
a) El Juez a quo no realizó una debida fundamentación al otorgar las medidas sustitutivas, puesto que las mismas no son efectivas para el cumplimiento conforme dispone el art. 221 del CPP; por consiguiente, fue imprescindible la aplicación de la detención preventiva, debido a que, existen actos investigativos por realizarse. Esta medida cautelar fue idónea, dado que la actitud del imputado concurre en los preceptos del art. 233 del CPP; b) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, de forma objetiva se hizo constar la posibilidad que el imputado pueda darse a la fuga, perjudicando el desarrollo del proceso penal; por ende, la medida cautelar tendría la finalidad de garantizar la presencia del sindicado para cumplir con lo previsto del art. 221 del CPP, de tal manera, se precautele a los derechos y la integridad de la víctima; y, c) El testimonio de los testigos respaldaron la probabilidad de autoría;
así también, estableció dos aspectos fundamentales para determinar la existencia del riesgo procesal, como ser, las características del hecho punible y la vulnerabilidad de la víctima; aspectos que fueron respaldados con la SCP 0408/2015-S2 -no consigna fecha-, la cual establece la protección de la integridad sexual en el caso de menores de edad; toda vez que, no tienen poder de decisión sobre dichos actos, por su falta de desarrollo físico, sexual y psicológico; motivo también por el cual están contemplados en los grupos vulnerables. Por otra parte, en los casos de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes, estas circunstancias ocurren en ámbitos privados y ocultos; por lo que, el testimonio de la víctima adquiere un valor probatorio fundamental mientras tanto no se desvirtúe el mismo; al respecto, sin importar que en la consumación del delito exista o no el acceso carnal, bastará con el contacto de naturaleza sexual; estos actos no necesariamente ocasionan una lesión física visible y verificable, motivo por el cual se sustenta la probabilidad de autoría en virtud al testimonio de la víctima; estos extremos se sustentan con el art. 193 inc. c) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, que establece “Presunción de Verdad. Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo” (sic); asimismo la SCP 0414/2021-S3 de 28 de julio, respalda dicho pronunciamiento expresando que, “…en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental”. En relación al Informe médico ofrecido en calidad de prueba por el ahora accionante, si bien fue objeto de análisis por la autoridad judicial, fue descartado su valor probatorio, pese a que su contenido establece la inexistencia de lesiones; empero, la falta de evidencia médica no desvirtúa la declaración de la víctima; respaldando lo versado, el razonamiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.2 establece que “…la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos (…) en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima (…) En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes”.
En cuanto al riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, previsto en el art. 234.7 del CPP; la declaración de la víctima y los testimonios de los testigos constituyeron una prueba fundamental para determinar la probabilidad de autoría; así también, fue respaldado de acuerdo a las características del delito y a la vulnerabilidad de la víctima -menor de edad-; de igual manera, se invocó la SCP 0408/2015-S2 -no consigna fecha-, para establecer la protección de la integridad sexual en el caso de víctimas menores de edad, dado que no tienen la capacidad de decisión en este tipo de actos, debido a la falta de su desarrollo físico, sexual y psicológico. Por consiguiente, este Tribunal considera que la decisión asumida por el Vocal demandado, tras disponer la aplicación de la detención preventiva, resulta idónea, tomando en cuenta que la víctima forma parte de los grupos vulnerables; por tal razón, goza de la protección de la normativa nacional e internacional citada supra, con relación a que el Estado asume la obligación de brindar el amparo a la víctima. Bajo ese contexto, del análisis abordado por el Vocal demandado, este Alto Tribunal advierte que, el planteamiento formulado por el accionante, versa en la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de alzada, alegando la carencia de fundamentación y motivación en el fallo judicial; en contraposición, se pudo evidenciar el cumplimiento de las citadas premisas; toda vez que, el Auto de Vista 34/2023, fue erigido con la debida valoración de las pruebas ofrecidas, la fundamentación y motivación en relación a los agravios propuestos; asimismo, con la debida aplicación normativa que amerita el caso; por consiguiente, no corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, corresponde señalar que, en cuanto a los derechos a la libertad, a la defensa, igualdad de las partes y a un juez natural e imparcial, el accionante no explicó cómo habrían sido vulnerados; por lo que, corresponde denegar también la tutela requerida. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0895_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 04b08658a30d87b1f06b7e7e8e9aaf6d38ef97535605d38cb0550024d9d339e7
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