B.IA.LEGAL

SCP 0895/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Primera · 11 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de agosto de 2023
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48210-2022-97-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció como lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia a la interdicción de la arbitrariedad, a la justicia material e iura novit curia; toda vez que, los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión mediante Auto de Vista 284/2021: 1) Al resolver el primer motivo de apelación incurrió en incongruencia externa ya que se limita a realizar alegaciones con criterio formalista sin abordar sus tres cuestiones que son: 1.a) Que la Tercería de Dominio Excluyente está regulada para procesos monitorios o ejecutivos en el Código Procesal Civil, no así para los procesos ordinarios o de conocimiento; 1.b) El Auto 227/2021 es inmotivado y errado pues viola los arts. 365, 366, 368 y 213.I del CPC; y, 1.c) Los argumentos de hecho y derecho expuestos en la Tercería de Dominio Excluyente debe ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 71/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la segunda sub-problemática del primer problema jurídico, así como del tercer problema jurídico, por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Auto de Vista 284/2021 de 11 de noviembre, ordenando que los Vocales demandados emitan una nueva Resolución en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación con este fallo constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia sobre la primera y tercera sub problemática del primer problema jurídico, así como del segundo, cuarto y quinto problema jurídico, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3.Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0895/2023-S1 Sucre, 11 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de Amparo Constitucional Expediente: 48210-2022-97-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 71/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Llanos Vargas contra Julio César Sandi Ustarez y Hugo Córdova Eguez Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 20 vta. la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A partir de 1952 que se estableció la reforma agraria, una de las parcelas de terreno del ex fundo “Bañado” correspondiente al Sindicato Agrario de Candúa provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca fue poseído de forma pública, pacífica y continua por su padre Eliseo Llanos miembro del referido sindicato, trabajando la tierra, sembrando maíz, caña, yuca y otros sin que persona o institución haya reclamado como dueño o poseedor a su fallecimiento, en el que “mi persona” continuando con la posesión trabajó la tierra dedicándose a la siembra de maíz, caña, poroto, y otros productos de la parte de su padre que en vida le asignó, empero a partir de 1993, a través de la Ley de 12 de febrero de 1993 se produjo la ampliación del radio urbano de Monteagudo, por lo que la configuración inicial de una sola parcela pasó a conformar 5 lotes que también se encuentran debidamente cerrados con postes y alambres de púas en todo sus perímetros en los cuales continuó con la posesión y producción de actividades agrícolas para su subsistencia.

El 17 de octubre de 2018, al encontrase en posesión del predio, interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria de 16.818.16 m2 de superficie dirigiendo la demanda contra Víctor Velásquez Herrera, posteriormente a raíz del Auto Supremo 682/2020 que anuló el proceso hasta que el Juez integre a la Litis a todas las personas que figuran como últimos titulares del inmueble que se pretendía usucapir, el 3 de marzo de 2021 la demanda fue ampliada alternativamente prescripción o usucapión treintenal contra Víctor Velásquez Herrera, Lucia Mostajo, José Mostajo y otros con la que se citó a todos los demandados y el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Monteagudo. El 29 de julio de 2021, el GAM de Monteagudo interpuso tercería de dominio excluyente, con el argumento de que el inmueble que se encuentra en posesión objeto de usucapión se encuentra parcialmente sobrepuesto a la propiedad municipal en la superficie de 1332.39 m2 declarada mediante Ley Municipal 53/2018 registrado en Derechos reales bajo la matricula 1.05.1.01.0009175 y que se sobrepone a una parte del vértice del área municipal Ordenanza Municipal 043/2013-CMM registrado en Derechos reales bajo la matricula 1.05.1.01.0005595 en la superficie de 14004.77 m2. Luego de que el 4 de agosto de 2021 haya respondido a dicha tercería de dominio excluyente, el Juez de instancia dictó el Auto Interlocutorio Simple 227 de 8 de septiembre de 2021, sin motivar ni realizar un contraste de validez formal y material de la Ley 53/2018 y Ordenanza Municipal 43/2013 con la Norma Suprema ya que injustamente declaró probada el referido incidente, por lo que el 14 de septiembre interpuso recurso de apelación. El 11 de noviembre de 2021, la Sala Civil dicto el Auto de Vista 284/2021 con argumentos formalistas propios del Estado legislado del pasado y procedió a confirmar el Auto 227/2021, la cual no tiene suficiente fundamentación y motivación en sujeción a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, incurre en incongruencia externa y omitió realizar el control del convencionalidad necesario que se requiere de la Ley Municipal 43/2018 y OM 43/2013 en relación al terreno que se encuentra en posesión. El Tribunal de alzada no tomó en cuenta que de acuerdo al art. 302 de la CPE el GAM de Monteagudo no tiene facultades para auto titularse ni declarar por sí y ante sí el derecho propietario respecto a los inmuebles que cuentan con antecedente dominial en Títulos Ejecutoriales y se encuentren en posesión de una persona como en su caso. El Auto de Vista no se pronunció respecto a cada una de las cuestiones puntualmente planteadas como agravios en los motivos del recurso de apelación, omitió realizar una adecuada compulsa de los antecedentes dominiales, incumplieron con su rol de realizar un control efectivo a los actos del inferior, incumplen con los parámetros que exige la SCP 100/2013 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de la debida motivación. Omite dar preferencia al principio de verdad material frente a la verdad formal que refleja la Ley Municipal 43/2018 y la OM 43/2013, tales actos arbitrarios y omisivos incurridos está teniendo graves consecuencias para el ejercicio de sus derechos reforzados al debido proceso y tutela judicial efectiva, ello dada su condición de persona indígena, analfabeta, enferma y de la tercera edad que apenas sabe firmar. Se vulneró el debido proceso en su vertiente congruencia, fundamentación y motivación en relación al art. 4.b, c y d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por cuanto respecto al primer agravio se incurrió en incongruencia externa al no existir esa consonancia con lo resuelto en el Auto de Vista 284/2021 en el que denunció tres cuestiones: a) Que la tercería de dominio excluyente está regulada para procesos monitorios o ejecutivos en el Código Procesal Civil, no así para los procesos ordinarios o de conocimiento; b) El Auto 227/2021 es inmotivado y errado que viola los arts. 365, 366, 368 y 213.1 del CPC; c) Los argumentos de hecho y derecho expuestos en la tercería de dominio excluyente debe ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. 213.I del CPC, al efecto el acto arbitrario está en el numeral 2 del Considerando I del Auto de Vista 284/2021 que se limita a realizar alegaciones con criterio formalista sin abordar todas las cuestiones cuando señala que no es evidente que la tercería de dominio excluyente esté reservada para los procesos ejecutivos y que este instituto al encontrarse en la parte general es aplicable a los procesos ordinarios y que en el caso al haberse tramitado y declarado probada la tracería en un proceso ordinario en base a la documental adjunta no resulta evidente que se haya incurrido en una erógena aplicación del art. 52 del CPC, aspecto que evidencia un criterio formalista del Auto de Vista, ya que no se pronuncia sobre la violación de los arts. 213.I, 365, 366 y 368 del CPC que fue acusado. Por otra parte no se pronuncia de manera fundamentada y motivada sobre el cuestionamiento de hecho y de derecho expuestos en la tercería de dominio excluyente sustentado en una irregular Ley 53/2018 y OM 043/2013, cuestionada en su validez y legalidad; siendo que, debía ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. 213.I del CPC ya que a lo largo de la respuesta al planteamiento de la tercería así como en la apelación alegó que el Gobierno Autónomo Municpal no tenía atribución ni competencia para auto titularse terrenos que está en posesión y que cuentan con antecedente dominial debidamente registrado en DD.RR, más aun cuando la posesión está vinculada a personas de condición indígena, analfabeta, enferma y de la tercera edad que obligaba al Tribunal de alzada realizar un enfoque diferenciado. Por lo que se acredita que el citado Auto de Vista al no haberse pronunciado de manera integral con enfoque diferenciado a todas las cuestiones planteadas en el primer motivo de apelación en sujeción a la Norma Suprema y al boque de constitucionalidad vulneraron el debido proceso reforzado. Sobre el segundo agravio se vulneró el debido proceso reforzado en su elemento de motivación, ya que omite realizar el control de convencionalidad de oficio que requería el caso, cuyo segundo motivo señalaba que el Auto impugnado vulnera el debido proceso sustantivo y adjetivo porque correspondía resolver en sentencia la tercería a efectos de someter a probanza y debate amplio y contradictorio sobre la legalidad de la Ley 53/2018 y la OM 043/2013. El acto arbitrario está en el numeral 2 del Considerando I del Auto de Vista donde de manera superficial, genérica y con criterio formalista haciendo referencia de forma conjunta al segundo y cuarto agravio se limitan en señalar que esta situación no puede ser analizado en el recurso en razón al principio de constitucionalidad de dichas normas; es decir que, se niegan a ingresar y analizar la validez constitucional y legitimidad de los documentos en los que se basa el Gobierno Autónomo Municipal para justificar la tracería de dominio excluyente como son las citadas normas municipales dictadas en vulneración al principio de separación de funciones y las competencias exclusivas previstos en los arts. 12 y 203 de la CPE ya que ninguna parte de la norma fundamental otorga competencia al municipio para determinar como si fuera Juez el derecho propietario nada menos que a su favor. Cuando existe conflictos de la posesión de la propiedad de un inmueble de acuerdo al principio de separación de funciones previsto en el art. 12 de la CPE deben ser dilucidados por los Jueces en materia Civil. El art. 203 de la Norma Suprema establece cuarenta y tres competencias exclusivas de los municipios y ninguna de ellas le otorga la competencia o atribución de resolver conflictos de la posesión o autotilarse como propietario de bienes inmuebles urbanos haciendo de Juez y parte como lo hizo en el caso, en un hecho notorio que las pruebas presentadas por el municipio fueron edificadas violando groseramente la Norma Suprema siendo que resulta inaceptable que el juez declare probada esa Tercería en base a los actos antijurídicos generados por el mismo municipio y el Tribunal de alzada convalidó una Tercería basada en una Ley y Ordenanza municipal que vulneró la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. El art. 1281 del CC señala que los conflictos entre derechos son resueltos por os órganos jurisdiccionales en la forma determinada por las leyes, el cual es concordante con el art. 69 de la LOJ y 87 del CC. El GAM de Monteagudo por Ley y Ordenanza Municipal declaró a su favor el derecho propietario terrenos que están en posesión desde la época de la reforma agraria lo que hizo es invadir competencias que corresponden a otros Órganos del Estado y haciendo justicia directa utiliza medidas de hecho para auto titularse una propiedad urbana, medida que está prohibida por el art. 1282.I del CC que indica que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Fue el legislador a través del Código Civil que reguló los conflictos y controversias sobre la posesión y la propiedad urbana para que sean resueltos por los Jueces Civiles del Órgano Judicial y no puede ser resuelto unilateralmente por el municipio, aspecto incomprendido no solo por GAM de Monteagudo sino también por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista 284/2021 que se negó a abordar esos temas, por eso la ausencia de motivación en sujeción a la norma suprema y el boque de constitucionalidad incumpliendo con la pauta de constitucionalidad de interpretación. Por esas razones el Tribunal de alzada tenía la obligación de realizar el control de convencionalidad de oficio ya que la Ley y Ordenanza Municipal en los que se basa el Juez para declarar probada la Tercería son contrarias a los derechos protegidos por los arts. 8 y 9 de la CADH como el debido proceso y el principio de legalidad, porque el municipio conociendo que está en posesión del terreno desde la época de su causante sin respetar el debido proceso ni ser oído ni escuchado previamente, directamente por sí y ante sí declaró el derecho propietario a su favor sin tomar en cuenta que está en posesión del predio, lo cual vulnera el principio de separación de funciones, transgrede competencias exclusivas asignadas a los GAM y las garantías mínimas previstas en los arts. 8.2 de la CADH y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La ausencia de motivación resulta evidente en el Auto de Vista impugnado ya que incumplieron los parámetros de la SCP 100/2013 cuya aparente respuesta genérica que hizo el Tribunal de alzada viola el deber de motivar, en la Sentencia de la Corte IDH en el caso Hernandez vs Argentina reiterado en la Sentencia del caso Chocron Chocron vs Venezuela, establece el estantar mas alto sobre dicho deber que tienen las autoridades judiciales. El Auto de Vista al resolver el tercer agravio lo hizo con falta de congruencia fundamentación y motivación que vulnerando el debido proceso reforzado vinculado a personas adultas mayores; siendo que, en dicho motivo señaló que existiendo antecedente dominail sobre el bien objeto de litigio con dotación de Títulos individuales y colectivos mediante Sentencia, Auto de Vista y Resolución Suprema 137043 y un Título Ejecutorial colectivo 366033 en 1966 registrado en DD.RR. y al haberse auto titulado el GAM un derecho de propiedad que cuenta con antecedente dominial violó las prohibiciones previstos en la Cláusula Quinta de la Ley 247 que tiene como antecedente inmediato la Disposición Final cuarta del DS 2786 que reglamenta la Ley 2372, ya que el Auto 227/2021 no tomó en cuenta que el municipio se arroga facultades que no están previstas en el art. 302 de la CPE, pues abusivamente procedió a determinar por sin y ante si como si fuera juez el derecho propietario a su favor respecto a un terreno que está en posesión y cuenta con antecedente dominal, lo hizo violando el principio de separación de funciones previsto en el art. 12 de la CPE el principio de tracto sucesivo inmerso en el art. 26 del DS 27957 y la seguridad jurídica previsto en el art. 178 de la Norma Suprema; asimismo sostuvo que conforme al ordenamiento jurídico las instituciones públicas pueden adquirir la propiedad mediante procedimientos administrativos observando la Ley de Expropiación, el art. 57 de la CPE o provenientes de procesos administrativos de urbanización de propiedad o loteamiento que proviene de una cesión gratuita de áreas de uso público cuyos bienes cedidos a la Alcaldía descritos en el art. 31 de la Ley de Gobiernos Municipales debe previamente haber un desprendimiento o sesión gratuita por parte del propietario de las calles, áreas verde, área de equipamiento, en un proceso de loteamiento donde se identifican esos extremos. El acto arbitrario está en el numeral 2 del Considerando I del Auto de Vista 284/2021, la cual con absoluta impertinencia limitándose superficialmente a realizar alegaciones genéricas sin fundamentar y motivar señala que la incongruencia acusada no es evidente en razón a que la resolución impugnada existe una orden y racionalidad desde la parte considerativa y los efectos de parte dispositiva; ya que la declaratoria de probada la tercería fue en base al derecho propietario acreditado por la entidad, asimismo no es evidente la falta de fundamentación en razón a que en la resolución impugnada la autoridad judicial expuso de manera suficiente las razones por los cuales en el caso acoge favorablemente la Tercería; es decir, que no se otorgó una respuesta congruente a la problemática planteada simplemente se limitó en realizar un análisis formal de la resolución impugnada sin pronunciarse a cada una de las cuestiones, acto arbitrario que viola el debido proceso en su vertiente de congruencia y pertenencia dejando imprejuzgado los reclamos realizados lo que generó más incertidumbre e indeterminación porque desconoce cual fue la respuesta del Tribunal de alzada a los reclamos realizados, pues no existe fundamento ni respuesta a la existencia de antecedente dominial siendo que el GAM de Monteagudo no podía auto titularse como propietario un bien inmueble que se encuentra en posesión, tampoco se pronunció sobre su reclamo realizado en sentido de que la dictación de la Ley y Ordenanza Municipal en las que se basa la Tercería fueron emitidas violando las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 y Disposición Final Cuarta del DS 27864 que reglamenta la Ley 2372 y el art. 302 de la CPE. Asimismo inobservaron la jurisprudencia inserta en la SCP 1083/2014 referido sobre la congruencia externa por lo que al haber confirmado el Auto 227/2021 sin pronunciarse de forma congruente a las cuestiones planteadas en el tercer agravio del recurso de apelación vulneraron el debido proceso, la congruencia y pertinencia. El Auto de Vista impugnado, al resolver el cuarto agravio incurrió en incongruencia omisiva y vulnera el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, en cuyo cuarto motivo denunció que el auto 227/2021 no tomó en cuenta ni analizó que la Ley y Ordenanza Municipal en la que se basa la alcaldía un supuesto derecho propietario son nulas de pleno derecho, carecen de validez y legitimidad democrática debido a que fueron emitidas fuera de las atribuciones y competencias previstas en el art. 302.II de la CPE, por el que los municipios no tienen facultad para auto titularse por sí el derecho de propiedad sobre bienes de particulares que cuentan con antecedente dominial en Títulos Ejecutoriales solo pueden hacerlo a través de un adecuado proceso de expropiación o cesión gratita por el propietario en un proceso de loteamiento o regularización de derecho propietario desprendiéndose con una minuta a favor de la alcaldía, bajo ninguna circunstancia dichas normas pueden aplicarse al pasado por expresa prohibición del art. 123 de la CPE y desconocer su posesión pacifica, continua y cumplida que le otorga el derecho de adquirir la propiedad por usucapión decenal o treintenal (art. 1565 del CCAgrg y 118 del CC) mucho antes de la emisión de esos instrumentos legales del GAM, ello en estricta aplicación de la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos inmersos en el valor justicia y principio de seguridad jurídica, previsto en los arts. 7, 8 y 178 de la CPE. El acto arbitrario está en el numeral 2 delConsiderando I en el que con un criterio restrictivo de forma formalista atinan a decir que dicha situación no puede ser analizado en razón a que en virtud del principio de constitucionalidad se presume la constitucionalidad de la ley municipal, hasta que el Tribunal constitucional diga lo contrario y cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o no de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no en el recurso de apelación, aspecto que no se pronuncia sobre su denuncia de que la Ley y ordenanza municipal no puede aplicarse a hechos acaecidos en el pasado sino a futuro por expresa prohibición del art. 123 de la CPE porque desconocer su posesión publica pacifica continua y cumplida desde su causante es una circunstancia que le otorga el derecho de adquirir a propiedad por usucapión decenal o treintenal muchos antes de la emisión de esos írritos instrumentos legales ello en estricta aplicación de la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos en lo que esta inmerso el valor justicia y el principio de seguridad jurídica previsto en los arts. 7, 8 y 178 de la CPE cuestiones que no fueron respondidas, acto arbitrario que se constituye en una incongruencia omisiva que se opera cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tacita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la misma resolución. Por lo que queda acreditado que los vocales al no haberse pronunciado de amera puntual con la debida pertinencia fundamentación y motivación a las cuestiones planteadas en el recurso de apelación violaron el debido proceso en su vertiente de congruencia y pertinencia. El Auto de Vista al resolver el quinto agravio incurrió en incongruencia omisiva, cuyo agravio era que en el Auto 227 el Juez reconoce que en el inmueble que se encentra en posesión desde bastantes años y cuenta con antecedente dominial registrado en DD.RR. plasmado en el titulo ejecutorial agrario a nombre de Víctor Velásquez y Víctor Mostajo con folio 10110500006468 inscrito el 9 de enero de 1969 empero posteriormente en los numerales 2 y 3 de manera incongruente, sin justificación fundamentación y motivación se limita a indicar que mi persona carece de derecho y solo sería un derecho de propiedad expectaticio citando a la inspección judicial anulada infiere la existencia de sobreposición con el GAM omitiendo tomar en cuenta el art. 302 y 12 de la CPE, la Cláusula Quinta de la Ley 247 la Disposición Final Cuarta del DS 27864 impiden que el GAM utilice la Ordenanza o Ley Municipal para declarar unilateralmente por sí y ante sí derecho propietario a su favor respecto a bienes particulares o que cuentan con antecedente dominial como ocurre en su caso los lotes de terreno que se encuentra en posesión desde su causante bajo tolerancia del juez permite al GAM se apropie indebida e ilegalmente bienes particulares y con antecedente dominail y con títulos ejecutoriales declaró probada la tercería en base a documentos que tiene origen antijurídico y en violación a la norma fundamental, el debido proceso a la tutela judicial. Acusó como agravió que la Ley 53/2018 y OM 043/2013 tienen origen en los actos antijurídicos ilícitos y contarios a los arts. 12 y 203 de la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad lo que violo su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva siendo esos cuestionamientos seguro que no será convalidada por el Tribunal de alzada. El acto arbitrario está en el numeral 2 del considerando I del Auto de Vista donde no existe un pronunciamiento fundamentado y motivado sobre los extremos alegados en mi recurso de apelación lo que cae dentro del vicio que establece la SCP 22121/2012 ya que al no haberse pronunciado a todas las cuestiones planeadas en el recurso de apelación se constituye en acto arbitrario que conlleva relevancia constitucional porque se constituye en la causa que ocasionó la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia. El Auto de Vista vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso sencillo efectivo y acceso a la justicia previsto en los arts. 115.I de la CPE, 8.2.b) de la CADH, de la DUDH; y 31 de la CIDH de adultas mayores. El acto arbitrario está en el numeral 2 del considerando I del Auto de Vista donde pese a contar en los antecedentes que es una persona de la tercera edad las autoridades demandadas no resolvieron cuestiones planteadas en si recurso de apelación otorgando una respuesta judicial motivada y fundada en derecho en sujeción a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad. El Auto de Vista al no haber ingresado a analizar y pronunciarse se manera particularizada a cada una de las cuestiones planteadas en su apelación constituye una denegación de justicia porque lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva vinculado al acceso a la justicia como recurso efectivo consagrado en la Norma Suprema.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció como lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, a la interdicción de la arbitrariedad, a la justicia material e iura novit curia, al efecto cita los arts. 115, 117 y 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela, y por consiguiente se deje sin efecto el Auto de Vista 284/2021 de 11 de noviembre ordenando se emita uno nuevo debidamente fundamentada motivada y congruente en sujeción a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad con enfoque diferenciado e interseccional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública se efectuó el 10 de junio de 2022, según acta cursante de fs. 77 a 88 produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante se ratificó en su acción de amparo constitucional presentado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Julio Cesar Sandi Ustarez y Hugo Córdova Eguez Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante de fs. 34 a 35 manifestaron que: a) Sobre la denuncia de que el Auto de Vista 284/2021, hubiera incurrido en la lesión del debido proceso, en sus componentes de congruencia externa, tutela judicial efectiva, el recurso sencillo y efectivo y acceso a la justicia; corresponde precisar que lo acusado no es evidente, pues el fallo impugnado se halla debida, coherente y suficientemente fundado y responde a todos y cada uno de los reclamos; explicándosele con claridad por qué concluyeron que la tercería de dominio excluyente interpuesta por el GAM de Monteagudo, sí es posible interponerla dentro de cualquier proceso, incluso, en proceso ordinario, que se halla establecida en el Capítulo Cuarto del Título III del Libro Primero del Código Procesal Civil, relativo a la parte general de dicho Código; b) De lo dispuesto por el art. 52 del citado Código, claramente se verifica dicho extremo que concuerda a su vez, con lo que establece el art 359 del mismo Código; debido a ello y siendo que la referida Tercería, según la doctrina y jurisprudencia constitucional, resulta ser de puro derecho; porque para su interposición se debe demostrar la existencia de un derecho positivo de existencia cierta a través de los medios probatorios idóneos; según se trate del proceso en el que se interponga, es posible resolverla en sentencia o luego de ser corrida en traslado y antes de pronunciarse ésta, a través de Auto definitivo, resoluciones que son apelables en la forma que lo determina el art. 56 del CPC; c) En la resolución impugnada de ninguna manera se puede declarar y en su caso analizar la inconstitucionalidad de una determinada Ley, en este caso Municipal en el que se funda el derecho positivo y cierto del tercero que formula ese tipo de tercerías, como erróneamente pretende en su recurso de apelación el accionante; tal cuestionamiento debía ser efectuado a través de los mecanismos legales y constitucionales reconocidos (inconstitucionalidad abstracta o concreta); pues toda Ley en vigencia, se presume su constitucionalidad, hasta en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no diga lo contrario, conforme lo establece el art. 4 del CPCo, conforme clara y expresamente se le hiciera saber al accionante en el Auto de Vista que ahora cuestiona; d) No resulta evidente que no se hubiese pronunciado respecto de cada uno de los cuestionamientos efectuados en el recurso de apelación y menos efectuado la violación de los arts. 365 y siguientes del CPC, que regula la tramitación de las Tercerías en procesos Ejecutivos, que no es el caso del proceso del cual deviene la acción tutelar, sino, de un proceso ordinario de usucapión, en el que, como se tiene referido y demostrado, también es posible la interposición de este tipo de tercerías y se la tramita como un incidente de intervención de tercero de pUro derecho, como efectivamente se lo ha hecho por el A-quo; e) El proceso en el que el ahora accionante sólo tiene un derecho espectaticio en relación a la fracción de bien inmueble que pretende adquirir vía usucapión, pues tal derecho se consolida y se reconoce, cuando se lo declara de esa manera en la sentencia que pone fin al proceso y ésta cobra ejecutoría, lo que en la especie no existe en el proceso ordinario del cual ha emergido la presente acción de amparo, por lo que, el ahora accionante mal puede alegar y menos sustentar su pretensión respecto de derecho propietario que aún no le ha sido reconocido en la forma que determina la Ley; y, f) Tampoco se puede pretender salir en defensa de los presuntos derechos de las personas que ha demandado en el proceso ordinario de usucapión, pues en todo caso, son esas personas las que tienen que hacerlo.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Adhemar Carvajal Ruiz Alcalde Municipal de Monteagudo manifestó que: 1) El accionante quiere tener la última palabra o la razón a como dé lugar interponiendo la presente acción de amparo pretendiendo forzar las decisiones correctas de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, quejándose sin motivo de una supuesta vulneración de derechos, pretendiendo obligar a la jurisdicción ordinaria civil a desconocer y declarar la nulidad de pleno derecho de los efectos de la Ley Municipal 53/2018 registrado en Derechos Reales bajo la matricula 1.05.1.01.0009175 y la Ordenanza Municipal 043/2013- CMM registrado en derechos reales bajo la matricula 1.05.1.01.0005595; 2) Para interponer esta acción tutelar no es suficiente mencionar la Constitución Política del Estado, convenciones internacionales, lo imprescindible es que el acto u omisión denunciada, sea capaz de generar en la esfera jurídica un agravio con trascendencia constitucional; lo que no ocurre en el caso de autos, puesto que el accionante en su memorial de amparo, además de reiterar y redundar hasta el cansancio, se avoca a realizar citas de articulados legales e internacionales, con argumentos entremezclados y desordenados, cuando lo primero es determinar si la mal llamada teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos en los cuales se quiere amparar el accionante, son capaces de confutar el derecho propietario del GAM de Monteagudo, que emerge de una Ley Municipal; 3) En el caso de autos el accionante reinventando el derecho a su antojo se arroga la calidad de dueño, por considerarse poseedor, que no es lo mismo que propietario, situación que no acontece puesto que el núcleo duro del derecho de propiedad privada contiene tres elementos, usar, gozar y disfrutar, presupuestos que no acredita el accionante, demostrando que el área considerada bien municipal, sea de su propiedad de manera cierta e incuestionable, y justamente sus autoridades advertirán que el accionante queriendo valerse de su condición de simple poseedor, al no tener perfeccionado su derecho propietario utiliza la acción ordinaria de usucapión, sin embargo en esta instancia, sin ninguna justificación legal confunde un proceso ordinario con una acción de inconstitucionalidad, de donde se extrae que el único argumento repetitivo y ofuscado que utiliza es decir que la Ley Municipal 53/2018 y Ordenanza Municipal 043/2013-CMM, serian ilegales, irritas, inconstitucionales, carentes de validez y legitimidad democrática, etc.; 4) Respecto al primer motivo reclamado, de una revisión del Auto de Vista 284/2021, se advierte que el mismo es absolutamente claro al explicar que la tercería de dominio excluyente no está reservada única y exclusivamente para los procesos para los procesos ejecutivos puesto que este instituto se encuentra en la parte general del procedimiento civil y es totalmente aplicable a los procesos ordinarios, asimismo explica porque no se ha transgredido el art. 52 del CPC, toda vez que una tercería de dominio excluyente independientemente a que puede ser dilucidado en sentencia también es posible sustraerlos en un proceso ordinario a través de una tercería excluyente la porción de un propiedad que corresponde a un tercero y de manera impertinente el accionante confundiendo la vía ordinaria civil con la vía constitucional tilda de irregular la Ley Municipal 53/2018 y O.M. 043/213; 5) Respecto al segundo motivo de reclamo, de una revisión del Auto de Vista 284/2021, se establece que si otorga una respuesta precisa y clara señalando que en el recurso de apelación alternada no puede cuestionarse la validez o constitucionalidad de la Ley Municipal 53/2018 y O.M. 043/213, puesto que se presume su constitucionalidad conforme manda el art. 4 del CPCo, y que cualquier cuestionamiento a las normas municipales deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no así atreves de un recurso de apelación como pretende la parte recurrente; 6) Una vez más el accionante se enfoca en cuestionar la validez de las normas municipales Ley Municipal 53/2018 y O.M. 043/213, de donde se vislumbra que el trasfondo de su acción de amparo es que sus autoridades dispongan que la jurisdicción ordinaria civil deje sin efecto o desconozca las citadas normas municipales, lo cual no corresponde a través de una acción de amparo constitucional; 4) Con relación al tercer motivo, tampoco es evidente puesto que el Auto de Vista 284/2021, impugnado explica y da las razones con absoluta claridad señalando que la resolución del a quo, no es contradictoria, puesto que la decisión de acoger la tercería de dominio excluyente fue sustentada en base al derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, debidamente acreditado. (Dicho sea de paso, se trata de un bien de dominio público inalienable, inembargable e inexpropiable art. 339 II. C.P.E); 5) Con relación al cuarto motivo, tampoco es evidente como ya se tiene manifestado en el inciso 2) del presente memorial los Vocales accionados a través del Auto de Vista 284/2021 confutado, ha otorgado una respuesta suficiente, clara y razonada señalando que mediante el recurso de apelación alternada no puede cuestionarse la validez o constitucionalidad de la Ley Municipal 53/2018 y O.M. 043/213, ya que se presume su constitucionalidad; 6) Referente al quinto motivo, tampoco tiene trascendencia puesto que la respuesta otorgada en este punto ha sido categórica al señalar que el accionante es un simple poseedor y no propietario, dicho sea de paso, no podría surtir efecto legal alguno por encontrarse sobre una bien de dominio público conforme manda el art. 91 del CC; 4) De relacionado se establece que el accionante en todos los puntos esgrimidos como vulnerados, están relacionados a su disconformidad con la Ley Municipal 53/2018 y O.M. 043/213, según este serian, nulas de pleno derecho, ilegales, arbitrarias, inconstitucionales, etc. Además, quiere escudarse en su condición de simple detentador, poniéndose en el papel de víctima y discriminado por el solo hecho de ser una persona de la tercera edad, con lo cual quiere desconocer la presunción de legalidad y carácter de cumplimiento obligatorio, que tienen las Leyes y Ordenanzas Municipales; y, 5) Bajo esas consideraciones, no existiendo sustento para la acusación de haberse vulnerado el derecho y garantías; será pertinente que se desestime la misma, pues en definitiva, se actuó de manera imparcial, en resguardo del valor justicia, la seguridad jurídica debido proceso, y con pleno respeto a los bienes del Estado, siendo correcta la decisión de asumida por los Vocales accionados al haber CONFIRMADO, el recurso de reposición alternado interpuesto por el accionante, motivando para ello de manera pertinente como se señaló supra, por lo que pidió denegar la tutela. Andrés Zensano, Felipe Carrasco, Juan Carvalho, Modesto Cáceres, Raimundo López, Eliseo Llanos Félix Gamarra, Pedro Plata, Luis Barja, Marcelino Gonzales, Ricardo Banegas, Toribio Delgado y Mariano Vargas a través de su abogado de oficio no hizo uso de la palabra. Florinda Ramírez Ortiz, Víctor Velásquez Herrera, Lucia Mostajo Contreras y José Mostajo Contreras, pese a su legal citación cursante a fs. 62 a 67 no presentaron informe ni se hicieron presentes a la audiencia programada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 71/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta.; denegó la tutela; con los siguientes fundamentos: i) Del examen de antecedentes y el Auto de Vista SCCII 284/2021, se pudo advertir que los Vocales demandados, manifiestan que el art. 50 del CPC, regula las tercerías de manera general, en tanto que el art. 52 del citado Código, establece "Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se embargó, en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes"; por lo que concluyen que no es evidente que la tercería de dominio excluyente esté reservada para los procesos monitorios o ejecutivos, si no que este instituto tiene la finalidad de dar la oportunidad a un tercero para que defienda su derecho propietario, logre la exclusión de un bien, y es totalmente aplicable a los procesos ordinarios; por lo cual, no resulta evidente que se haya incurrido en una errónea aplicación de dicho precepto normativo; ii) Respecto a la incongruencia denunciada por no haberse resuelto debidamente fundamentada y motivada, los agravios referidos a que, lo argumentado por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo en su tercería, y correspondían ser debatidas y probadas de manera amplia para ser resueltas en Sentencia conforme dispone el art. 213.I del CPC, y la consiguiente vulneración de los arts. 365, 366 y 368, del CPC; del examen del Auto de Vista, se advierte que el mismo, no contiene un análisis preciso, ni pronunciamiento respecto a lo extrañado por el impetrante de tutela, excepto la manifestación de que los aspectos traídos en la tercería pueden se dilucidados en sentencia y también a través de una tercería de dominio excluyente; iii) Respecto a la existencia del antecedente dominial de los predios que se denuncia haber sido apropiados indebidamente por el Gobierno Autónomo, y en lo concerniente a la falta de legitimidad de la Ley en la que sustentó su derecho propietario el aludido Gobierno Municipal; no resulta evidente lo denunciado porque si bien, lo expresado respecto a la presunción de constitucionalidad de la Ley y que no corresponde a través del recurso de apelación analizar la validez del derecho propietario del tercerista, no contiene una suficiente fundamentación y motivación; empero, contiene un pronunciamiento expreso, aludiendo también al derecho expectaticio que tiene el demandante de usucapión; iv) Como se tiene expresado supra por un lado existe omisión de pronunciamiento y por otro, se advierte insuficiente fundamentación y motivación en relación a los dos últimos temas; sin embargo, siguiendo lo razonado entre otras en la SCP 0018/2018-S2 y teniendo en cuenta que la finalidad de la jurisdicción constitucional, es la tutela de los derechos fundamentales y garantías, el análisis de las denuncias por lesión al debido proceso en sus componentes de la debida congruencia, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales -en este caso-, debe ser complementado con el de relevancia constitucional, para determinar si en el caso una eventual concesión de tutela va a permitir reparar un derecho sustancial; v) En el caso examinado se concluye que, razonablemente no existe la posibilidad de que cambie el resultado del Auto de Vista SCCII 284/2021, puesto que los cuestionamientos al título de propiedad del GAM de Monteagudo, en base al cual presentó y se resolvió la tercería de dominio excluyente, respecto a una parte de los terrenos demandados en usucapión por el impetrante de tutela, no podrían ser resueltos en esta vía, y tampoco podrían ser incluidos a la demanda principal, entendiendo que el tercerista no es demandado, mucho menos reconvencionista; vi) Lo anotado, no implica que esta Sala esté validando las normas cuestionadas, sino que la sola invocación de la verdad material, no puede viabilizar el análisis la invalidez de los documentos y normas en las que sustenta su derecho el tercerista, y tampoco resulta exigible que el Tribunal de apelación tenga que hacer un control de constitucionalidad a la Ley Municipal que se acusa de ilegitima, puesto que, la Ley cuestionada no está siendo aplicada a la resolución del recurso como tal, porque no tiene un contenido normativo; vii) Sobre la tutela judicial efectiva -acceso a un recurso sencillo-, no se ha demostrado de qué manera se ha obstruido el acceso a ese derecho, puesto que una cosa es flexibilizar los mecanismos para un acceso efectivo de las personas adultas y otra es tener que resolver favorablemente las pretensiones. Es evidente que, el accionante es una persona adulta mayor que merece todas las consideraciones y el trato preferente de parte del Estado incluyendo la jurisdicción constitucional y la ordinaria; sin embargo, no hemos encontrado elementos que demuestren objetivamente, que mediante obstáculos irrazonables le hubiesen restringido el ejercicio de sus derechos; y, viii) En tal mérito, respecto a la congruencia, fundamentación, motivación, pese a ser parcialmente evidentes estos extremos no encontramos relevancia constitucional y con relación a la tutela judicial efectiva al no haberse establecido de manera objetiva como es que resulta lesionado, restringido este derecho, es que corresponde denegar la tutela.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene copia de Título Ejecutorial 3666034 de 6 de septiembre de 1967, por el cual el Presidente de la república de Bolivia en acuerdo a la Resolución Suprema 137048 de diciembre de 1966 que reconoce el derecho de propiedad comunitaria del ex fundo "bañado" ubicado en el cantón Monteagudo, provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, cuyo Área 1, hacienda San Miguel, candua, Felipe Carrasco y El Bañado, Rio Bañado, Sivinga Mayu de una superficie 153,0000 has; Área 2 población campesina Rio del Bañado, Quebrada y Raymundo López, hacienda Candua y Mariano Vargas con una superficie de 51,1500has; Área 3 hacienda Caguayuri, Área población campesina Quebrada y Marcelino Gonzales, Hacienda Candua y Toribio Delgado con una superficie de 121,6300 has (fs. 71 y vta. Anexo 1). Al efecto cursa copia de matrícula 1.05.1.01.0006468, y en el Asiento A-1 está inscrito el Titulo Ejecutorial 3666034 que fue presentado el 9 de enero de 1968 (fs. 72 y vta. Anexo 1). II.2. Mediante Ordenanza Municipal 043/2013-CMM de 15 de agosto, el Concejo Municipal de Monteagudo en su art. 1ro. resolvió declarar bien municipal el inmueble de un lote de terreno ubicado en el barrio José Barbero, zona de Candua entre calles Manuel Céspedes y Serrano que colinda al Norte con el predio de Mario Llanos, con una superficie por fracciones en cada vértice del alambrado haciendo un total de 203.72 mts lineales; al Sur con el rio Bañado, con una superficie de 210.46 mts lineales; al Este con la calle Serrano con una superficie de 119.89 mts lineales; al Oeste con la calle Manuel céspedes con una superficie de 80.00 mts lineales haciendo un total de 14004.77 m2 debiendo el ejecutivo municipal proceder a la inscripción en DD.RR. (fs. 828 a 831). Al efecto cursa copia de matrícula 1.05.1.01.0005595, y en el Asiento A- 1 está inscrito el GAM de Monteagudo y la Ordenanza Municipal 043/2013 que fue presentado el 29 de julio de 2014 (fs. 833 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 17 de octubre de 2018, Mario Llanos Vargas interpuso demanda de usucapión decenal de un inmueble urbano contra Victor Velásquez Herrera por estar poseyendo un inmueble urbano situado en el mzno 41, No33 y 46 Distrito 3, predio s/n Calle Serrano, barrio José Barbero zona Candua del municipio de Monteagudo con extensión de 16.818.10 M2 cuyas colindancias son: al Norte con Antonio Llanos, al Sus con Filomena Cuellar, al este con la familia Aguirre Vallejos y al Oeste con la calle Luis Espinal (fs. 5 a 6 de Anexo 1). II.4. A través de Ley Municipal 53/2018 de 18 de octubre, el Concejo Municipal de Monteagudo en su art. 1ro. declaró propiedad municipal el inmueble ubicado en el barrio José Barbero, zona de Candua, Distrito 3, Mzno. 4, con dirección en calle Serrano, Av. Costanera y la Circunvalación de la ciudad de Monteagudo que colinda al Norte con la calle Costanera, al Este con el GAM de Monteagudo, al Oeste con la calle Serrano; al Sur con la circunvalación haciendo una superficie de 1.332.39 m2 el rio Bañado, con una superficie de 210.46 mts lineales; al Este con la calle Serrano con una superficie de 119.89 mts lineales; al Oeste con la calle Manuel céspedes con una superficie de 80.00 mts lineales haciendo un total de 14004.77 m2 por lo que en su art. 2 ordenó inscribir la misma en DD.RR. (fs. 822 a 825). Al efecto cursa copia de matrícula 1.05.1.01.0009175, y en el Asiento A-1 está inscrito el GAM de Monteagudo y la Ley Municipal 053/2018 que fue presentado el 12 de diciembre de 2018 (fs. 827 y vta.). II.5. El Juez Publico Civil y Comercial, de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo mediante Sentencia 034/2020 de 13 de julio declaró probada en parte la demanda interpuesta por el accionante y también probada en parte la demanda de la codemandante Florinda Ramírez Ortiz e improbada la oposición interpuesta por el GAM de Monteagudo (fs. 611 a 622 vta.). II.6. Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2020, el GAM de Monteagudo interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 034/2020 de 13 de julio (fs. 695 a 698 vta.). II.7. A través de Auto de Vista SCCI 111/2020 de 25 de septiembre, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal departamental de Justicia de Chuquisaca revocó parcialmente la Sentencia 034/2020 y en el fondo declaró probada la demanda de usucapión de Mario Llanos Vargas y Florinda Ramírez Ortiz, e improbada la oposición a la demanda del GAM de Monteagudo (fs. 737 a 744 vta.).

II.8. Los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 082/2020 de 8 de diciembre, en aplicación de los arts. 42.1.1 de la LOJ, 220.III y 106 del CPC anuló obrados hasta fs. 520 inclusive, es decir hasta la audiencia preliminar con la finalidad de que el Juez integre a la Litis a todas las personas que figuren como últimas titulares registrales del inmueble que se pretende usucapir (fs. 752 a 757). II.9. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2021, el accionante amplio su demanda de usucapión (fs. 764 a 765 vta.). II.10.El GAM de Monteagudo por memorial presentado el 29 de julio de 2021, luego del apersonamiento interpuso Tercería de Dominio Excluyente por haber una sobreposición total en una extensión de 1332.39 m2 y sobreposición parcial en el vértice de otro inmueble de 14004.77 m2 (fs. 834 a 836 vta.). II.11.Mediante escrito presentado el 4 de agosto de 2021 el accionante respondió a la referida tercería de dominio excluyente (fs. 841 a 844). II.12.El Juez Publico Civil y Comercial de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo mediante Auto Interlocutorio 227/2021 de 8 de septiembre, declaró probada la Tercería de Dominio Excluyente de las superficies de 1332.39 m2 y de 1400,77 m2 del GAM de Monteagudo (fs. 872 a 873). II.13.Mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 227/2021 por ser errado e inmotivado, bajo los siguientes argumentos:

1) La base legal prevista en el art. 52 del CPC con el que se declara probada la tercería de dominio excluyente, está legislado para los procesos monitorios o ejecutivos y no para procesos ordinarios o de conocimiento, cuyo trámite y conclusión está reglado por los arts. 365, 366 y 368, y 213.I del CPC, extremo acredita que el fundamento jurídico y resolución expuesta en el Auto 227/2021 es errado e inmotivado violatorio de preceptos legales citados, por lo que los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la tercería deben ser sometidos a debate y resueltos en sentencia conforme manda el art. 213 del CPC. 2) Se vulneró el debido proceso sustantivo y adjetivo, porque corresponde modificar y resolver en Sentencia esa tercería o dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Simple 227/2021 de 8 de septiembre a fin de someter a probanza y debate la legalidad de la Ley 53/2018 de 18 de octubre y la OM 043/2013 de 15 de agosto. 3) Existiendo antecedente dominial, sobre el bien objeto de Litis, con dotación de títulos individuales y colectivos mediante Sentencia, Auto de Vista y Resolución Suprema y un Titulo ejecutorial colectivo 366033 de 1966 registrado en DD.RR., al haberse autotitulado el GAM de Monteagudo violo las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 que tiene como antecedente inmediato en la Disposición Final Cuarta del DS 2786 que reglamenta la Ley 2372, donde el Auto Impugnado no tomo en cuenta que el municipio se arroga facultades que no le confiere el art. 302.I.II de la CPE, ya que por sí y ante si como si fuera juez y parte determinó en su favor el derecho propietario de un terreno que está en posesión y cuenta con antecedente dominial de Titulo ejecutorial, quebrantando los principios de separación de funciones previsto en el art. 12 de la CPE, de tracto sucesivo inmerso en el art. 26 del DS 27957 y seguridad jurídica previsto en el art. 178 de la CPE es decir que la citada tercería se sustenta en conductas antijurídicas que merecen ser denunciadas e investigadas por el Ministerio Publico, máxime si los sujetos pasivos de la usucapión no fueron citados y oídos en la emisión de Ley y Ordenanza municipal siendo que cualquier entidad pública puede adquirir un derecho de propiedad de bienes inmuebles mediante el procedimiento administrativo observando la Ley de expropiación, el art. 57 de la CPE o emergente de un acto administrativo, proceso de urbanización de propiedad o aplicando procesos de loteamiento que proviene de una cesión gratuita de áreas de uso público como calles, áreas verdes, de equipamiento u otras descritos en el art. 31 de la ley de gobierno municipales, donde previamente debe haber un desprendimiento o sesión gratuita por parte del propietario, no de forma directa como erradamente entiende la alcaldía. 4) El Auto 227/2021, no tomó en cuenta ni analizado la Ley 53/2018 y la OM 043/2013 que la no ha considerado que el derecho propietario del GAM de Monteagudo es nulo de pleno derecho, por haber sido obtenido fuera de sus atribuciones y competencias que le confiere el art. 302.I.II de la CPE, es decir no tiene atribución para autotitularse por sí y ante sí un derecho de propiedad sobre bienes de particulares que cuentan con antecedente dominial en Títulos ejecutoriales, solo pueden hacerlo a través de un adecuado proceso de expropiación o cesión gratita por el propietario en un proceso de loteamiento o regularización de derecho propietario desprendiéndose con una minuta a favor de la alcaldía, bajo ninguna circunstancia dichas normas pueden aplicarse al pasado por expresa prohibición del art. 123 de la CPE y desconocer su posesión pacifica, continua y cumplida que le otorga el derecho de adquirir la propiedad por usucapión decenal o treintenal (art. 1565 del CCAgrg y 118 del CC), mucho antes de la emisión de esos írritos instrumentos legales del GAM, ello en estricta aplicación de la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos inmersos en el valor justicia y principio de seguridad jurídica, previsto en los arts. 7, 8 y 178 de la CPE. 5) En el Auto 227/2021 el Juez reconoce que en el inmueble que se encuentra en posesión es desde bastantes años y cuenta con antecedente dominial plasmado en el Titulo ejecutorial agrario a nombre de Victor Velásquez y Victor Mostajo con folio real 10110500006468 inscrito el 9 de enero de 1969, empero posteriormente de manera incongruente, sin justificación fundamentación y motivación se limita a indicar que mi persona carece de derecho y solo sería un derecho de propiedad expectaticio, al efecto citando la inspección judicial anulada infiere la existencia de sobreposición con el GAM omitiendo tomar en cuenta el art. 302 y 12 de la CPE, la Cláusula Quinta de la Ley 247 y la Disposición Final Cuarta del DS 27864 que impiden que el GAM utilice la Ordenanza o ley municipal para declarar unilateralmente por sí y ante sí derecho propietario a su favor respecto a bienes particulares o que cuentan con antecedente dominial como ocurre en su caso donde bajo tolerancia del juez se permite al municipio apropiarse indebida e ilegalmente bienes particulares en base a documentos que tiene origen antijurídico y en violación a la norma fundamental, el debido proceso y la tutela judicial. Debe quedar claro que acusa como agravio que la Ley 53/2018 y 043/2013 tienen origen en los actos antijurídicos ilícitos y contrarios a los arts. 12 y 203 de la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad, lo que vulneró su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva siendo esos cuestionamientos seguro que no será convalidada por el Tribunal de alzada (fs. 880 a 882 vta.).

II.14.Los Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Chuquisaca por Auto de Vista II 284/2021 de 11 de noviembre CONFIRMARON el Auto 227/2021 de 8 de septiembre, con costas y costos contra el recurrente, bajo los siguientes fundamentos:

1. Nuestro procedimiento civil regula la participación de los terceros y terceristas, con el título de "Intervención de Terceros" a partir del art. 50 del CPC, señalando las siguientes clases de tercerías, tercería de domino excluyente, tercería de derecho preferente, tercería coadyuvante simple y litisconsorcial, siendo de nuestro interés en el caso presente, la de domino excluyente, regulada por el art. 52 del CPC, que establece que su interposición, se la realiza fundando en un interés propio y en un derecho positivo y de existencia cierta, a los fines de limitar y hacer valer su derecho de dominio sobre algún bien o derecho que se discute en un proceso pendiente, o en los caso en que este haya sido embargado, disposición normativa de donde se concluye que la tercería de domino excluyente se refiere a una acción específica que ejerce un tercero en defensa de un derecho propietario que se discute en un proceso pendiente o en su caso lograr el levamiento de un embargo erróneamente trabado sobre un bien o derecho que es de su propiedad. 2. Establecido lo anterior, respecto al primer agravio, por el cual se acusa, errónea aplicación del art. 52 del CPC, a los procesos ordinarios, cuando la misma está regulada solo para los procesos monitorios o ejecutivos, por lo que los derechos alegados en la tercería deben ser dilucidados en sentencia conforme manda el art. 213 del CPC. Al respecto, corresponde referir que al encontrarse en el título III (generalidades), la intervención voluntaria, principal y accesoria de los terceros, se tiene que no es evidente que la tercería de dominio excluyente esté exclusivamente reservada para los proceso ejecutivos, pues conforme se tiene desarrollado en el punto 1, este instituto jurídico tiene por finalidad de dar oportunidad a un tercero, para haga la defensa de su derecho propietario y logre la exclusión de un bien que es objeto de discusión en un proceso pendiente, es decir, este instituto al encontrarse en la parte general del procedimiento civil, es totalmente aplicable a los procesos ordinarios, pues son precisamente en este tipo de procesos donde se debaten y dilucidan los litigios sobre el derecho propietario de las partes. En tal sentido, en el caso de Autos al haberse tramitado y declarado probada una tercería de domino excluyente en un proceso ordinario en base a la documental adjunta, no resulta evidente que se haya incurrido en una errónea aplicación del art. 52 del CPC, pues independientemente de que los aspectos traídos en la tercería pueden ser dilucidados en sentencia, también es posible sustraerlos dentro de un proceso ordinario a través de una tercería de domino excluyente la porción de una propiedad que corresponde a un tercero, conforme se hizo en obrados. Por lo que no corresponde acoger este agravio. 3. Con relación al segundo y cuarto agravio, que se centran en cuestionar la validez del derecho propietario alegado por el GAM de Monteagudo. Al respecto, corresponde referir, que esta situación no puede ser analizado a través del presente recurso de apelación alternada, en razón a que en virtud del principio de la constitucionalidad de las normas, se presume la constitucionalidad de la Ley municipal, conforme lo establece el art. 4 del CPCo, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, por lo que cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o la constitucionalidad de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista, deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no así a través de un recurso de apelación como pretende la parte recurrente. A esto se debe añadir, que por el carácter expectaticio del derecho propietario que tiene el demandante poseedor, el mismo se encuentra limitado a efectuar cuestionamiento legal alguno con relación al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Por todo lo referido, tampoco corresponde acoger estos agravios. 4. Por ultimo con relación al tercer agravio por el cual se acusa falta de fundamentación e incongruencia de la resolución impugnada, donde por una parte se reconoce el antecedente dominial particular y por otra luego se determina la existencia de sobre posición con bien municipal. Al respecto, corresponde referir, que la incongruencia alegada no resulta evidente en razón a que en la resolución impugnada existe una orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la valoración de los medios probatorios, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, no existen consideraciones contradictorias entre sí o de estas con el punto de la misma decisión, pues la declaratoria de probada de la tercería de dominio excluyente fue en base al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Así mismo no resulta evidente la falta de fundamentación acusada, en razón a que, en la resolución impugnada, la autoridad judicial expuso de manera suficiente las razones por las cuales, en el caso de Autos, acoge favorablemente la tercería de dominio excluyente interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, por lo que tampoco corresponde acoger este último agravio. De todo lo referido, se concluye que la autoridad judicial, acogió correctamente la tercería interpuesta, correspondiendo en consecuencia fallar en la forma prevista por el art. 218. II.2) del CPC (fs. 1014 a 1016).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció como lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia a la interdicción de la arbitrariedad, a la justicia material e iura novit curia; toda vez que, los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión mediante Auto de Vista 284/2021: 1) Al resolver el primer motivo de apelación incurrió en incongruencia externa ya que se limita a realizar alegaciones con criterio formalista sin abordar sus tres cuestiones que son: 1.a) Que la Tercería de Dominio Excluyente está regulada para procesos monitorios o ejecutivos en el Código Procesal Civil, no así para los procesos ordinarios o de conocimiento; 1.b) El Auto 227/2021 es inmotivado y errado pues viola los arts. 365, 366, 368 y 213.I del CPC; y, 1.c) Los argumentos de hecho y derecho expuestos en la Tercería de Dominio Excluyente debe ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. 213.I del CPC; 2) Al resolver el segundo motivo, de manera superficial, genérica y con criterio formalista haciendo referencia de forma conjunta al segundo y cuarto agravio con ausencia de motivación se limitan en señalar que esta situación no puede ser analizado en el recurso en razón al principio de constitucionalidad de dichas normas municipales, siendo que se convalidó una tercería basada en una Ley y Ordenanza Municipal que vulneró la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, al efecto había la obligación de realizar de oficio el control de convencionalidad; 3) Al resolver el tercer motivo del recurso de apelación, lo hizo con falta de congruencia, fundamentación y motivación ya que no existe fundamento ni respuesta a la existencia de antecedente dominial, siendo que el GAM de Monteagudo no podía autotitularse un inmueble que se encuentra en posesión, tampoco se pronunció sobre su reclamo de que la dictación de la Ley y Ordenanza Municipal en las que se basa la tercería fueron emitidas violando las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 y Disposición Final Cuarta del DS 27864 que reglamenta la Ley 2372 y el art. 302.1.II de la CPE, asimismo inobservaron la jurisprudencia de la SCP 1083/2014; 4) Al resolver el cuarto motivo del recurso de apelación incurre en incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación, ya que con un criterio restrictivo, formalista atinan a decir que esas normas municipales no pueden ser analizados en razón al principio de constitucionalidad, y cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o no de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no en el recurso de apelación, aspecto que no se pronuncia sobre su denuncia de que dichas normas no pueden aplicarse a hechos acaecidos en el pasado sino a futuro por expresa prohibición del art. 123 de la CPE; y, 5) Al resolver el quinto motivo del recurso de apelación incurrió en incongruencia omisiva ya que al no haberse pronunciado a todas las cuestiones planeadas en el recurso de apelación se constituye en acto arbitrario que conlleva relevancia constitucional lo que cae dentro del vicio que establece la SCP 2221/2012. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela2, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5.

III.3.Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció como lesionado sus derechos al debido 5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia a la interdicción de la arbitrariedad, a la justicia material e iura novit curia; toda vez que, los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión mediante Auto de Vista 284/2021: 1) Al resolver el primer motivo de apelación incurrió en incongruencia externa ya que se limita a realizar alegaciones con criterio formalista sin abordar sus tres cuestiones que son: 1.a) Que la Tercería de Dominio Excluyente está regulada para procesos monitorios o ejecutivos en el Código Procesal Civil, no así para los procesos ordinarios o de conocimiento; 1.b) El Auto 227/2021 es inmotivado y errado pues viola los arts. 365, 366, 368 y 213.I del CPC; y, 1.c) Los argumentos de hecho y derecho expuestos en la Tercería de Dominio Excluyente debe ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. 213.I del CPC; 2) Al resolver el segundo motivo, de manera superficial, genérica y con criterio formalista haciendo referencia de forma conjunta al segundo y cuarto agravio con ausencia de motivación se limitan en señalar que esta situación no puede ser analizado en el recurso en razón al principio de constitucionalidad de dichas normas municipales, siendo que se convalidó una tercería basada en una Ley y Ordenanza Municipal que vulneró la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, al efecto había la obligación de realizar de oficio el control de convencionalidad; 3) Al resolver el tercer motivo del recurso de apelación, lo hizo con falta de congruencia, fundamentación y motivación ya que no existe fundamento ni respuesta a la existencia de antecedente dominial, siendo que el GAM de Monteagudo no podía autotitularse un inmueble que se encuentra en posesión, tampoco se pronunció sobre su reclamo de que la dictación de la Ley y Ordenanza Municipal en las que se basa la tercería fueron emitidas violando las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 y Disposición Final Cuarta del DS 27864 que reglamenta la Ley 2372 y el art. 302.1.II de la CPE, asimismo inobservaron la jurisprudencia de la SCP 1083/2014; 4) Al resolver el cuarto motivo del recurso de apelación incurre en incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación, ya que con un criterio restrictivo, formalista atinan a decir que esas normas municipales no pueden ser analizados en razón al principio de constitucionalidad, y cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o no de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no en el recurso de apelación, aspecto que no se pronuncia sobre su denuncia de que dichas normas no pueden aplicarse a hechos acaecidos en el pasado sino a futuro por expresa prohibición del art. 123 de la CPE; y, 5) Al resolver el quinto motivo del recurso de apelación incurrió en incongruencia omisiva ya que al no haberse pronunciado a todas las cuestiones planeadas en el recurso de apelación se constituye en acto arbitrario que conlleva relevancia constitucional lo que cae dentro del vicio que establece la SCP 2221/2012. En ese antecedente, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene copla de Titulo Ejecutorial 3666034 de 6 de septiembre de 1967, correspondiente a la propiedad comunitaria del ex fundo "bañado" ubicado en el cantón Monteagudo, provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, registrado en DDRR. bajo la matrícula 1.05.1.01.0006468, el 9 de enero de 1968. Asimismo consta Ordenanza Municipal 043/2013-CMM de 15 de agosto, por el cual el Concejo Municipal de Monteagudo declaró bien municipal el lote de terreno ubicado en el barrio José Barbero, zona de Candua entre calles Manuel Céspedes y Serrano haciendo un total de 14004.77 m2, registrado en DD.RR. bajo la matrícula 1.05.1.01.0005595, el 29 de julio de 2014 (Conclusión II.1 y II.2). Por memorial presentado el 17 de octubre de 2018, Mario Llanos Vargas interpuso demanda de usucapión decenal del inmueble urbano situado en el mzno 41, No33 y 46 Distrito 3, predio s/n Calle Serrano, barrio José Barbero zona Candua del municipio de Monteagudo con extensión de 16.818.10 M2, en ese contexto, el Concejo Municipal de Monteagudo, a través de Ley Municipal 53/2018 de 18 de octubre, declaró propiedad municipal el inmueble ubicado en el barrio José Barbero, zona de Candua, Distrito 3, Mzno. 4, con dirección en calle Serrano, Av. Costanera y la Circunvalación de la ciudad de Monteagudo, registrado en DD.RR. bajo la matrícula 1.05.1.01.0009175, el 12 de diciembre de 2018 (Conclusión II.3 y II.4). El Juez de la causa mediante Sentencia 034/2020 de 13 de julio declaró entre otros probada en parte la demanda del accionante y probada en parte la demanda de la codemandante Florinda Ramírez Ortiz e improbada la oposición interpuesta por el GAM de Monteagudo, quienes el 10 de agosto de 2020, interpusieron recurso de apelación, dictándose el Auto de Vista SCCI 111/2020 de 25 de septiembre, por el que el Tribunal de alzada revocó parcialmente la Sentencia 034/2020 y en el fondo declaró probada la demanda de usucapión e improbada la oposición a la demanda del GAM de Monteagudo, en cuyo recurso de casación los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 082/2020 de 8 de diciembre, anuló obrados hasta fs. 520 inclusive, es decir hasta la audiencia preliminar (Conclusión II.5, II.6, II.7 y II.8). El 3 de marzo de 2021, el accionante amplió su demanda de usucapión, al efecto se tiene copia de edicto de 6 de abril de 2021, empero el GAM de Monteagudo el 29 de julio de 2021, interpuso tercería de dominio excluyente por lo que luego de que el accionante haya respondido a la referida tercería, a través de Auto Interlocutorio 227/2021 de 8 de septiembre, declaró probada la referida tercería de dominio, al efecto el accionante el 14 de septiembre de 2021, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 227/2021, por lo que los Vocales demandados por Auto de Vista SCC II 284/2021 de 11 de noviembre CONFIRMARON el Auto 227/2021 (Conclusiones II.9, II.10, II.11, II.12, II.13 y II.14). Ahora bien, a fin de resolver la problemática planteada, a continuación, por didáctica constitucional se resolverá el objeto procesal inmerso en el inc. 1), posteriormente se verificará el objeto procesal inmerso en el inc. 2) y 3); finalmente se verificará el problema jurídico inmerso en el inc. 4) y 5). En relación al primer problema jurídico descrito en el inc. 1) Como un primer aspecto la parte accionante denuncia que los Vocales demandados mediante Auto de Vista al resolver el primer motivo de apelación incurrió en incongruencia externa ya que se limita a realizar alegaciones con criterio formalista sin abordar sus tres cuestiones que son: 1.a) Que la Tercería de Dominio Excluyente está regulada para procesos monitorios o ejecutivos en el Código Procesal Civil, no así para los procesos ordinarios o de conocimiento; 1.b) El Auto 227/2021 es inmotivado y errado pues viola los arts. 365, 366, 368 y 213.I del CPC; y, 1.c) Los argumentos de hecho y derecho expuestos en la Tercería de Dominio Excluyente debe ser sometida a las reglas de la amplia contradicción resolviéndose en sentencia conforme al art. 213.I del CPC Al efecto cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que establece que la congruencia externa u omitiva, debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales. En ese marco, de la contrastación del memorial de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.13) específicamente del primer motivo de apelación en relación al Auto de Vista 284/2021 de 11 de noviembre, descrito en la Conclusión II.14 del presente fallo constitucional, se advierte lo siguiente:

Como primer agravio el accionante expresó que la base legal prevista en el art. 52 del CPC con el que se declara probada la tercería de dominio excluyente, está legislado para los procesos monitorios o ejecutivos y no para procesos ordinarios o de conocimiento, cuyo trámite y conclusión está reglado por los arts. 365, 366 y 368, y 213.1 del CPC, extremo acredita que el fundamento jurídico y resolución expuesta en el Auto 227/2021 es errado e inmotivado violatorio de preceptos legales citados, por lo que los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la tercería deben ser sometidos a debate y resueltos en sentencia conforme manda el art. 213.I del CPC.

Al respecto, las Autoridades demandadas respondieron señalando que nuestro procedimiento civil regula la participación de los terceros y terceristas, con el título de "Intervención de Terceros" a partir del art. 50 del CPC, señalando las siguientes clases de tercerías, tercería de domino excluyente, tercería de derecho preferente, tercería coadyuvante simple y litisconsorcial, siendo de nuestro interés en el caso presente, la de domino excluyente, regulada por el art. 52 del CPC, que establece que su interposición, se la realiza fundando en un interés propio y en un derecho positivo y de existencia cierta, a los fines de limitar y hacer valer su derecho de dominio sobre algún bien o derecho que se discute en un proceso pendiente, o en los casos en que este haya sido embargado, de donde se concluye que la tercería de domino excluyente se refiere a una acción específica que ejerce un tercero en defensa de un derecho propietario que se discute en un proceso pendiente o en su caso lograr el levamiento de un embargo erróneamente trabado sobre un bien o derecho que es de su propiedad. Establecido lo anterior, respecto al primer agravio, por el cual se acusa, errónea aplicación del art. 52 del CPC, a los procesos ordinarios, cuando la misma está regulada solo para los procesos monitorios o ejecutivos, por lo que los derechos alegados en la tercería deben ser dilucidados en sentencia conforme manda el art. 213 del CPC. Al respecto, corresponde referir que al encontrarse en el Título III (generalidades), la intervención voluntaria, principal y accesoria de los terceros, se tiene que no es evidente que la tercería de dominio excluyente esté reservada para los proceso ejecutivos, pues conforme se tiene desarrollado en el punto 1, este instituto jurídico tiene por finalidad de dar oportunidad a un tercero, para que haga la defensa de su derecho propietario y logre la exclusión de un bien que es objeto de discusión en un proceso pendiente, es decir, este instituto al encontrarse en la parte general del procedimiento civil, es totalmente aplicable a los procesos ordinarios, pues son precisamente en este tipo de procesos donde se debaten y dilucidan los litigios sobre el derecho propietario de las partes. En tal sentido, en el caso de Autos al haberse tramitado y declarado probada una tercería de domino excluyente en un proceso ordinario en base a la documental adjunta, no resulta evidente que se haya incurrido en una errónea aplicación del art. 52 del CPC, pues independientemente de que los aspectos traídos en la tercería pueden ser dilucidados en sentencia, también es posible sustraerlos dentro de un proceso ordinario a través de una tercería de domino excluyente la porción de una propiedad que corresponde a un tercero, conforme se hizo en obrados, por lo que no corresponde acoger este agravio. De lo precisado y contrastado en forma precedente, ciertamente se advierte la vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia externa u omitiva porque no existe una respuesta puntual y concreta al cuestionamiento de que el Auto 227/2021 seria inmotivado y errado que vulneraría los arts. 365, 366 y 368, y 213.I del CPC; aspecto que, a su vez hace que sea pertinente conceder la tutela impetrada sobre este cuestionamiento o sub problemática por la inexistencia de respuesta. Asimismo, sobre el reclamo de que se hubiera respondido sin una debida fundamentación y motivación; al respecto previamente corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que refiere que la fundamentación es la labor argumentativa por el cual la autoridad competente en la resolución de un caso está impelido de citar las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además en casos específicos y necesarios tiene la obligación interpretar la norma aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; y, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese marco de la revisión del fallo impugnado se advierte que respecto al primer y tercer cuestionamiento o sub problemática descritos en los incs. 1.a) y 1.c) referidos a que la Tercería de Dominio Excluyente solo se aplicaría a procesos monitorios o ejecutivos, y que los argumentos de la tercería debían ser sometidos a reglas de contradicción resolviéndose en sentencia; al efecto las Autoridades demandadas con un debido sustento legal, señalando el art. 50 y sgtes. y el art. 52 del CPC referidos a la intervención de terceros, su alcance y la tercería de dominio excluyente; con argumentos lógico-jurídicos o motivación, explicaron y dieron a entender que no es evidente que la tercería de dominio excluyente este reservada solo para procesos ejecutivos sino que este instituto al encontrarse en la parte general del Código Procesal Civil es también aplicable a procesos ordinarios, en la cual se debaten y dilucidan litigios sobre el derecho propietario de las partes tal como sucede en el caso independientemente de que los aspectos traídos en la tercería pueden ser dilucidados en sentencia pero que también es posible sustraerlos en un proceso ordinario la citada tercería, debiéndose al efecto denegar la tutela sobre dichos cuestionamientos o sub problemáticas. En cuanto al cuestionamiento de que de que el Auto 227/2021 sería inmotivado y errado que vulneraría los arts. 365, 366 y 368, y 213.I del CPC, al haber llegado a la conclusión de que la misma no fue respondida tal como se tiene precisado supra, de igual forma hizo que se haya incurrido en falta de fundamentación y motivación, aspecto que también hace viable conceder la tutela por falta de fundamentación y motivación respecto a la segunda sub problemática inserto en el inc. 1.b) o cuestionamiento del presente problema jurídico. En relación al problema jurídico inmerso en el inc. 2) Como un segundo aspecto la parte accionante denuncia que los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión resolver el segundo motivo, de manera superficial, genérica y con criterio formalista haciendo referencia de forma conjunta al segundo y cuarto agravio con ausencia de motivación se limitan en señalar que esta situación no puede ser analizado en el recurso en razón al principio de constitucionalidad de dichas normas municipales, siendo que se convalidó una tercería basada en una Ley y Ordenanza Municipal que vulneró la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, al efecto había la obligación de realizar de oficio el control de convencionalidad. Al respecto, previamente corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que refiere que la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. Al efecto de la contrastación del memorial de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.13) específicamente del segundo motivo de apelación en relación al Auto de Vista 284/2021, descrito en la Conclusión II.14 del presente fallo constitucional, se advierte o establece lo siguiente:

Como un segundo motivo de apelación señaló que se vulneró el debido proceso sustantivo y adjetivo, porque corresponde modificar y resolver en Sentencia esa tercería o dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Simple 227/2021 de 8 de septiembre a fin de someter a probanza y debate la legalidad de la Ley 53/2018 de 18 de octubre y la OM 043/2013 de 15 de agosto.

Al respecto, las Autoridades demandadas -tal como se tiene precisado supra-respondieron señalando que con relación al segundo y cuarto agravio, que se centran en cuestionar la validez del derecho propietario alegado por el GAM de Monteagudo. Al respecto, corresponde referir, que esta situación no puede ser analizado a través del presente recurso de apelación alternada, en razón a que en virtud del principio de la constitucionalidad de las normas, se presume la constitucionalidad de la Ley municipal, conforme lo establece el art. 4 del CPCo, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, por lo que cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o la constitucionalidad de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista, deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no así a través de un recurso de apelación como pretende la parte recurrente. A esto se debe añadir, que por el carácter expectaticio del derecho propietario que tiene el demandante poseedor, el mismo se encuentra limitado a efectuar cuestionamiento legal alguno con relación al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Por todo lo referido, tampoco corresponde acoger estos agravios. De lo precisado y contrastado en forma precedente, no se evidencia una falta de motivación, por cuanto los Vocales demandados advirtiendo que la pretensión del ahora accionante era cuestionar el derecho propietario del GAM de Monteagudo bajo el argumento de que la misma se habría basado en una Ley y Ordenanza Municipal emitida de forma irregular. Al respecto las Autoridades demandadas citando el art. 4 del CPCo referido al principio de constitucionalidad, con un argumento lógico-jurídico o motivación, explicaron y dieron a entender que en mérito a ese principio toda Ley u Ordenanza Municipal se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional señale lo contrario, al efecto señalaron que cualquier cuestionamiento sobre la validez o constitucionalidad de esas normas municipales que dieron lugar al derecho propietario deben ser dilucidados por los mecanismos e instancias pertinentes, mas no así mediante la presente acción de amparo constitucional, lo cual hace viable denegar la tutela sobre el presente problema jurídico. En relación al problema jurídico descrito en lo inc. 3) Como un tercer aspecto la parte accionante denuncia que los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión al resolver el tercer motivo del recurso de apelación, lo hizo con falta de congruencia, fundamentación y motivación ya que no existe fundamento ni respuesta a la existencia de antecedente dominial, siendo que el GAM de Monteagudo no podía autotitularse un inmueble que se encuentra en posesión, tampoco se pronunció sobre su reclamo de que la dictación de la Ley y Ordenanza Municipal en las que se basa la tercería fueron emitidas violando las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 y Disposición Final Cuarta del DS 27864 que reglamenta la Ley 2372 y el art. 302.1.II de la CPE, asimismo inobservaron la jurisprudencia de la SCP 1083/2014 Al respecto, en primera instancia se verificará la falta de congruencia y a continuación se comprobará la falta de fundamentación y motivación, por lo que de la contrastación del memorial de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.13) específicamente del tercer motivo de apelación en relación al Auto de Vista 284/2021, descrito en la Conclusión II.14 del presente fallo constitucional, se advierte o establece lo siguiente:

Como un tercer motivo de apelación señaló que existiendo antecedente dominial, sobre el bien objeto de Litis, con Titulo ejecutorial colectivo 366033 de 1966 registrado en DD.RR., al haberse autotitulado el GAM de Monteagudo violó las prohibiciones previstas en la Cláusula Quinta de la Ley 247 que tiene como antecedente inmediato en la Disposición Final Cuarta del DS 2786 que reglamenta la Ley 2372, donde el Auto Impugnado no tomó en cuenta que el municipio se arroga facultades que no le confiere el art. 302.I.II de la CPE, ya que por sí y ante si como si fuera juez y parte determinó en su favor el derecho propietario de un terreno que está en posesión y cuenta con antecedente dominial, quebrantando los principios de separación de funciones previsto en el art. 12 de la CPE, de tracto sucesivo inmerso en el art. 26 del DS 27957 y seguridad jurídica previsto en el art. 178 de la CPE es decir que la citada tercería se sustenta en conductas antijurídicas que merecen ser denunciadas e investigadas por el Ministerio Publico, máxime si los sujetos pasivos de la usucapión no fueron citados y oídos en la emisión de Ley y Ordenanza municipal siendo que cualquier entidad pública puede adquirir un derecho de propiedad de bienes inmuebles mediante el procedimiento administrativo observando la Ley de expropiación, el art. 57 de la CPE o emergente de un acto administrativo, proceso de urbanización de propiedad o aplicando procesos de loteamiento que proviene de una cesión gratuita de áreas de uso público como calles, áreas verdes, de equipamiento u otras descritos en el art. 31 de la ley de gobierno municipales, donde previamente debe haber un desprendimiento o sesión gratuita por parte del propietario, no de forma directa como erradamente entiende la alcaldía.

Al respecto, las Autoridades demandadas señalaron que con relación al agravio por el cual se acusa falta de fundamentación e incongruencia de la resolución impugnada, donde por una parte se reconoce el antecedente dominial particular y por otra luego se determina la existencia de sobre posición con bien municipal. Al respecto, corresponde referir, que la incongruencia alegada no resulta evidente en razón a que en la resolución impugnada existe una orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la valoración de los medios probatorios, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, no existen consideraciones contradictorias entre sí o de estas con el punto de la misma decisión, pues la declaratoria de probada de la tercería de dominio excluyente fue en base al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Asimismo, no resulta evidente la falta de fundamentación acusada, en razón a que, en la resolución impugnada, la autoridad judicial expuso de manera suficiente las razones por las cuales, en el caso de Autos, acoge favorablemente la tercería de dominio excluyente interpuesta por el GAM de Monteagudo, por lo que tampoco corresponde acoger este último agravio. De todo lo referido, se concluye que la autoridad judicial, acogió correctamente la tercería interpuesta, correspondiendo en consecuencia fallar en la forma prevista por el art. 218. II.2) del CPC. De lo precisado y contrastado en forma precedente, se evidencia una falta de congruencia, por cuanto los Vocales demandados si bien respondieron señalando que la declaratoria de probada a Tercería fue en mérito a que el GAM de Monteagudo habría acreditado su derecho propietario; empero, no se responde sobre el cuestionamiento de que el municipio se hubiera arrogado facultades que no le confiere el art. 302.I y II de la CPE y que no se hubiera efectuado un proceso administrativo de expropiación o un proceso de urbanización y loteamiento para autotitularse, aspecto que de igual hizo que se haya vulnerado el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación por no haberse respondido a todos los cuestionamientos planteados respecto al tercer motivo de apelación, lo cual hace viable conceder la tutela sobre el presente problema jurídico. En relación al problema jurídico descrito en el inc. 4) Como un cuarto aspecto la parte accionante denuncia que los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión al resolver el cuarto motivo del recurso de apelación incurre en incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación, ya que con un criterio restrictivo, formalista atinan a decir que esas normas municipales no pueden ser analizados en razón al principio de constitucionalidad, y cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o no de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no en el recurso de apelación, aspecto que no se pronuncia sobre su denuncia de que dichas normas no pueden aplicarse a hechos acaecidos en el pasado sino a futuro por expresa prohibición del art. 123 de la CPE Al respecto, en primera instancia se verificará la falta de congruencia y a continuación se comprobará la falta de fundamentación y motivación, por lo que de la contrastación del memorial de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.13) específicamente del cuarto motivo de apelación en relación al Auto de Vista 284/2021, descrito en la Conclusión II.14 del presente fallo constitucional, se advierte o establece lo siguiente:

Como un cuarto agravio expresó que en el Auto 227/2021 el Juez reconoce que en el inmueble que se encuentra en posesión es desde bastantes años y cuenta con antecedente dominial plasmado en el Titulo ejecutorial agrario a nombre de Victor Velásquez y Victor Mostajo con folio real 10110500006468 inscrito el 9 de enero de 1969, empero posteriormente de manera incongruente, sin justificación fundamentación y motivación se limita a indicar que mi persona carece de derecho y solo sería un derecho de propiedad expectaticio, al efecto citando la inspección judicial anulada infiere la existencia de sobreposición con el GAM omitiendo tomar en cuenta el art. 302 y 12 de la CPE, la Cláusula Quinta de la Ley 247 y la Disposición Final Cuarta del DS 27864 que impiden que el GAM utilice la Ordenanza o ley municipal para declarar unilateralmente por sí y ante sí derecho propietario a su favor respecto a bienes particulares o que cuentan con antecedente dominial como ocurre en su caso donde bajo tolerancia del juez se permite al municipio apropiarse indebida e ilegalmente bienes particulares en base a documentos que tiene origen antijurídico y en violación a la norma fundamental, el debido proceso y la tutela judicial. Debe quedar claro que acusa como agravio que la Ley 53/2018 y 043/2013 tienen origen en los actos antijurídicos ilícitos y contrarios a los arts. 12 y 203 de la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad, lo que vulneró su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva siendo esos cuestionamientos seguro que no será convalidada por el Tribunal de alzada.

Al respecto, las Autoridades demandadas –tal como se tiene precisado supra– respondieron señalando que con relación al segundo y cuarto agravio, que se centran en cuestionar la validez del derecho propietario alegado por el GAM de Monteagudo. Al respecto, corresponde referir, que esta situación no puede ser analizado a través del presente recurso de apelación alternada, en razón a que en virtud del príncipio de la constitucionalidad de las normas, se presume la constitucionalidad de la Ley municipal, conforme lo establece el art. 4 del CPCo, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, por lo que cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o la constitucionalidad de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista, deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no así a través de un recurso de apelación como pretende la parte recurrente. A esto se debe añadir, que por el carácter expectaticio del derecho propietario que tiene el demandante poseedor, el mismo se encuentra limitado a efectuar cuestionamiento legal alguno con relación al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Por todo lo referido, tampoco corresponde acoger estos agravios. De lo precisado y contrastado en forma precedente, no se evidencia una falta de congruencia, por cuanto los Vocales demandados respondieron al agravio que cuestionaba el derecho propietario del GAM de Monteagudo bajo el argumento de que la misma se habría basado en una Ley y Ordenanza Municipal emitida de forma irregular. Asimismo, sobre el reclamo de que se hubiera respondido sin una debida fundamentación y motivación, se advierte que las Autoridades demandadas sobre la fundamentación, citando la norma aplicable, en ese caso el art. 4 del CPCo referido al principio de constitucionalidad, con un argumento lógico- jurídico o motivación, dieron a entender que en mérito a ese principio toda Ley u Ordenanza Municipal se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional señale lo contrario, al efecto señalaron que cualquier cuestionamiento sobre la validez o constitucionalidad de esas normas municipales que dieron lugar al derecho propietario deben ser dilucidados por los mecanismos e instancias pertinentes, mas no así mediante la presente acción de amparo constitucional, aspecto que hace viable denegar la tutela sobre el presente problema jurídico. En relación al problema jurídico descrito en el inc. 5)

Como un quinto aspecto la parte accionante denuncia que los Vocales demandados dentro del proceso civil de usucapión al resolver el quinto motivo del recurso de apelación incurrió en incongruencia omisiva ya que al no haberse pronunciado a todas las cuestiones planeadas en el recurso de apelación se constituye en acto arbitrario que conlleva relevancia constitucional lo que cae dentro del vicio que establece la SCP 2221/2012 Al respecto de la contrastación del memorial de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.13) específicamente del quinto motivo de apelación en relación al Auto de Vista 284/2021 de 11 de noviembre, descrito en la Conclusión II.14 del presente fallo constitucional, se advierte o establece lo siguiente:

Como quinto agravio el accionante expresó que en el Auto 227/2021 el Juez reconoce que en el inmueble que se encuentra en posesión es desde bastantes años y cuenta con antecedente dominial plasmado en el Titulo ejecutorial agrario a nombre de Victor Velásquez y Victor Mostajo con folio real 10110500006468 inscrito el 9 de enero de 1969, empero posteriormente de manera incongruente, sin justificación fundamentación y motivación se limita a indicar que mi persona carece de derecho y solo sería un derecho de propiedad expectaticio, al efecto citando la inspección judicial anulada infiere la existencia de sobreposición con el GAM omitiendo tomar en cuenta el art. 302 y 12 de la CPE, la Cláusula Quinta de la Ley 247 y la Disposición Final Cuarta del DS 27864 que impiden que el GAM utilice la Ordenanza o ley municipal para declarar unilateralmente por sí y ante sí derecho propietario a su favor respecto a bienes particulares o que cuentan con antecedente dominial como ocurre en su caso donde bajo tolerancia del juez se permite al municipio apropiarse indebida e ilegalmente bienes particulares en base a documentos que tiene origen antijurídico y en violación a la norma fundamental, el debido proceso y la tutela judicial. Debe quedar claro que acusa como agravio que la Ley 53/2018 y 043/2013 tienen origen en los actos antijurídicos ilícitos y contrarios a los arts. 12 y 203 de la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad, lo que vulneró su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva siendo esos cuestionamientos seguro que no será convalidada por el Tribunal de alzada.

Al respecto las Autoridades demandadas respondieron señalando que con relación al segundo y cuarto agravio, que se centran en cuestionar la validez del derecho propietario alegado por el GAM de Monteagudo. Al respecto, corresponde referir, que esta situación no puede ser analizado a través del presente recurso de apelación alternada, en razón a que en virtud del principio de la constitucionalidad de las normas, se presume la constitucionalidad de la Ley municipal, conforme lo establece el art. 4 del CPCo, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, por lo que cualquier aspecto tendiente a cuestionar la validez o la constitucionalidad de las normas municipales que dieron lugar al derecho propietario del tercerista, deben ser dilucidados en la instancia pertinente y no así a través de un recurso de apelación como pretende la parte recurrente. A esto se debe añadir, que por el carácter expectaticio del derecho propietario que tiene el demandante poseedor, el mismo se encuentra limitado a efectuar cuestionamiento legal alguno con relación al derecho propietario debidamente acreditado por la entidad tercerista. Por todo lo referido, tampoco corresponde acoger estos agravios. En consecuencia, conforme lo expuesto y descrito en forma precedente no se advierte la lesión del debido proceso en su elemento de congruencia omitiva porque los cuestionamientos traídos en revisión merecieron una respuesta en el Auto de Vista impugnado, lo cual a su vez hizo que sea pertinente denegar la tutela impetrada sobre el presente problema jurídico. Asimismo, sobre el reclamo de se hubiera respondido sin una debida fundamentación y motivación, se advierte que las Autoridades demandadas sobre la fundamentación, citando la norma aplicable (art. 4 del CPCo) con un argumento lógico- jurídico o motivación, explicaron que en mérito al principio de constitucionalidad toda ley u ordenanza municipal se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional señale lo contrario, al efecto indicaron que cualquier reclamo sobre la validez o constitucionalidad de esas normas municipales que dieron lugar al derecho propietario deben ser dilucidados por los mecanismos e instancias pertinentes aspecto que de igual forma hace viable denegar la tutela sobre el presente problema jurídico. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 71/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la segunda sub-problemática del primer problema jurídico, así como del tercer problema jurídico, por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Auto de Vista 284/2021 de 11 de noviembre, ordenando que los Vocales demandados emitan una nueva Resolución en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación con este fallo constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia sobre la primera y tercera sub problemática del primer problema jurídico, así como del segundo, cuarto y quinto problema jurídico, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R,

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0895_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.

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