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SCP 0894/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54022-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia, a la impugnación y a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, en audiencia de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, emitió el Auto de Vista 130/2023, confirmando el Auto Interlocutorio 15/2023, mediante el cual rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva y mantuvo la medida restrictiva de libertad; y, prescindiendo del respeto al horario previamente fijado, procedió a instalar la audiencia a horas 8:32, sin tomar en cuenta que se encontraba privado de libertad, circunstancia que imposibilitó su comparecencia directa a ese acto procesal, a pesar de que su abogado se hallaba presente en sala virtual, negando a éste toda posibilidad de participación efectiva, pese a sus reiterados intentos de intervención, frustrando así el ejercicio de su defensa técnica e impidiendo una adecuada exposición y fundamentación de los agravios esgrimidos en apelación. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El accionante tenía la obligación de estar conectado quince minutos antes de la audiencia, conforme al Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, 2) La audiencia fue fijada para horas 8:50 y, habiéndole otorgado un margen razonable de espera, el impetrante de tutela no fue conducido ni justificó su ausencia; 3) El recurso fue resuelto conforme a los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la solicitud de sorteo de un nuevo tribunal de alzada para el conocimiento del recurso de apelación incidental, conforme lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcances procesales de la inasistencia del imputado a la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares con presencia del defensor técnico
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0894/2025-S2 Sucre, 15 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54022-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 50/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Brandon Jesús Chino Alanoca contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 49 a 54 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de diciembre de 2022, el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 416/2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento; posteriormente, solicitó la cesación a la detención preventiva, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio “05/2023” -lo correcto y en adelante es 15/2023-, dictado en audiencia de “11” de enero de 2023, contra el cual interpuso recurso de apelación incidental. Una vez sorteada la causa, radicó ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de dicha Sala -ahora demandada-, quien, mediante providencia de 3 de febrero de 2023, señaló audiencia virtual de apelación incidental para el 6 de ese mes y año, a horas 8:50; no obstante, diez minutos antes, su abogado defensor ingresó a la sala virtual para fundamentar los agravios y, al iniciar la audiencia, la Secretaria de Cámara constató su ausencia, al igual que la del Ministerio Público y la víctima; no obstante, al ingresar al acto procesal, la Vocal demandada, sin requerir informe sobre la presencia de las partes ni constatar si se cumplieron con las formalidades, a pesar de que su abogado defensor activó reiteradamente la función de “mano alzada” y solicitó el uso de la palabra por micrófono, apagó el canal de audio y resolvió de inmediato, señalando que: “‘Del informe emitido por Secretaria de Cámara se evidencia que las partes han sido debidamente notificadas, para este acto procesal, sin embargo no se encuentra la parte imputada apelante consecuentemente en estos casos se debe aplicar por lo que establece la Ley 1173 en su Disposición Transitoria D[é]cima Tercera que ha creado el Reglamento No. 12/2019 (…) y ante la inasistencia de la parte imputada apelante se debe aplicar el Art. 50 de la citada norma legal. No habiendo m[á]s que tratar damos por concluido el presente acto procesal’” (sic), acto seguido, su abogado fue retirado de la sala virtual. Recién al acceder al Auto de Vista 130/2023 de 6 de febrero, pudo conocer los fundamentos de la misma, advirtiendo que la autoridad demandada no consideró que se encontraba privado de libertad, que no dependía de él su conexión virtual y que la audiencia se instaló a las “08:32”, sin otorgarle un margen razonable de espera; asimismo, pese a estar presente su defensa técnica, no se le permitió justificar su inasistencia ni solicitar nuevo señalamiento de audiencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia, a la impugnación y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 114, 115.II, 116.I, 117, 119.“I” y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 2; y, 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 6 de febrero de 2023 y el Auto de Vista 130/2023; b) Se proceda a un nuevo sorteo de la sala penal a fin de que la misma lleve a cabo la referida audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, y que la nueva sala señale de forma inmediata día y hora para la audiencia de apelación, conforme a lo establecido por los arts. 24 y 126 de la CPE; y, c) Se ordene al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, disponga lo necesario para asegurar su comparecencia, ya sea de forma presencial o virtual, garantizando su participación efectiva en dicha audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 65 a 67 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 61 a 64, sostuvo que el proceso penal radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 15/2023, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; previo sorteo informático y, conforme al art. 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se señaló audiencia para el 6 de febrero de 2023, en esa audiencia, se emitió el Auto de Vista 130/2023, que confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, con base en los siguientes argumentos: 1) El Auto Interlocutorio 15/2023 dictado por el referido Juez, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, quien enfrenta cargos por los delitos de estupro y otros; en la fase de apelación incidental, solo correspondía revisar los presupuestos legales establecidos en los arts. 221, 233, 234 y 235 del CPP, sin analizar aspectos ajenos al objeto del recurso; 2) El solicitante de tutela fue debidamente notificado; sin embargo, no asistió a la audiencia virtual ni justificó su inasistencia, pese a que también se notificó al “Director” del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, tampoco su defensa técnica acreditó su ausencia por causa justificada; por lo que, no se expusieron agravios ni se presentaron elementos de convicción, conforme lo establecen las SSCC 1703/2004-R de 22 de octubre y 1698/2005-R de 19 de diciembre; es así que, se otorgó un tiempo razonable de espera, y según el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, tenía la obligación de estar conectado quince minutos antes; 3) Se debe tener en cuenta la aplicación del art. 250 del referido Código, que señala que el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio, pues si se considera que se tienen nuevos elementos de convicción se puede pedir la modificación de dicha medida cautelar; 4) Según el art. 398 de la mencionada norma, el tribunal de alzada debe limitarse a los puntos apelados; en este caso, al no exponerse agravios, la Vocal demandada no podía emitir pronunciamiento sobre aspectos no planteados, evitando incurrir en una resolución ultra petita; 5) No existió vulneración al principio de celeridad ni retardación de justicia, ya que la audiencia fue convocada dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP y se resolvió conforme a ley; 6) La audiencia fue fijada para horas 8:50 y, pese a otorgarse un margen de espera, el accionante no fue conducido ni justificó su ausencia mediante certificación u otro documento del citado Centro Penitenciario, tampoco su defensa técnica alegó impedimento válido, incumpliendo así el referido Protocolo; 7) La apelación resuelta fue contra el Auto Interlocutorio 15/2023 y no contra el Auto Interlocutorio 15/2023, como erróneamente afirma el impetrante de tutela, encontrándose debidamente fundamentada en hechos y derecho, sin evidenciarse vulneración de garantías procesales; y, 8) El peticionante de tutela tenía la posibilidad de solicitar explicación, complementación o enmienda de la Resolución que cuestiona, conforme al art. 125 del CPP, lo cual no lo hizo, evidenciando conformidad con la misma.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 50/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 68 a 71 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 130/2023, para que la autoridad demandada, luego de señalar nueva audiencia, emita otra debidamente fundamentada y motivada; con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme al art. 25.II del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -aprobado mediante Acuerdo 12/2019 de 10 de junio de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia-, la inasistencia del accionante a las audiencias de apelación incidental, cuando el abogado defensor se encuentra presente, ya sea de manera presencial o virtual, no constituye causal de suspensión; por lo que, correspondía conceder la palabra al abogado para que fundamente los agravios; ii) El Auto de Vista 130/2023 se basó únicamente en la inasistencia del imputado y en la supuesta falta de justificación de su abogado; sin embargo, este fundamento no se ajusta a la normativa aplicable, ya que el abogado defensor sí se encontraba conectado virtualmente y no se le concedió el uso de la palabra para sustentar el recurso; como corresponde en apelaciones de medidas cautelares, la Vocal demandada omitió este derecho y confirmó la Resolución impugnada sin dar lugar a la intervención de la defensa técnica, incurriendo en vulneración del debido proceso, específicamente en sus elementos motivación, fundamentación y derecho a la defensa técnica, más aún cuando el accionante se encuentra bajo detención preventiva; iii) En cuanto al petitorio de designar una nueva sala mediante sorteo, se advierte que no existe un fundamento suficiente que justifique el apartamiento de la Sala que conoció el recurso, pues, si bien hubo una errónea valoración sobre la inconcurrencia del antes nombrado, no se evidenció una parcialidad por parte de la Vocal demandada ni se expresó algún criterio anticipado; por lo que, corresponde que la misma resuelva el recurso conforme al procedimiento legal; y, iv) Respecto a la observación de la autoridad demandada sobre la falta de subsidiariedad por no haberse activado el art. 125 del CPP -explicación, complementación y enmienda-, debe aclararse que este mecanismo no constituye un medio idóneo ni eficaz para reparar la vulneración alegada, dado que no modifica el fondo de la resolución y, por tanto, no garantiza la restitución plena del derecho conculcado.

Ante la solicitud de complementación del accionante, relacionada al señalamiento o la emisión de nueva resolución, el Juez de garantías señaló que corresponde ser tramitada por la autoridad demandada, quien deberá actuar conforme a la decisión que emita esta jurisdicción constitucional, por lo que declaró no ha lugar la solicitud de complementación.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 130/2023 de 6 de febrero, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, determinó: a) Admitir el recurso de apelación incidental interpuesto por Brandon Jesús Chino Alanoca -accionante-, al haber sido presentado dentro de plazo, conforme el art. 251 del CPP; y, b) Confirmar el Auto de Interlocutorio 15/2023 de 18 de enero, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento (fs. 58 a 59 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia, a la impugnación y a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, en audiencia de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, emitió el Auto de Vista 130/2023, confirmando el Auto Interlocutorio 15/2023, mediante el cual rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva y mantuvo la medida restrictiva de libertad; y, prescindiendo del respeto al horario previamente fijado, procedió a instalar la audiencia a horas 8:32, sin tomar en cuenta que se encontraba privado de libertad, circunstancia que imposibilitó su comparecencia directa a ese acto procesal, a pesar de que su abogado se hallaba presente en sala virtual, negando a éste toda posibilidad de participación efectiva, pese a sus reiterados intentos de intervención, frustrando así el ejercicio de su defensa técnica e impidiendo una adecuada exposición y fundamentación de los agravios esgrimidos en apelación. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El accionante tenía la obligación de estar conectado quince minutos antes de la audiencia, conforme al Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, 2) La audiencia fue fijada para horas 8:50 y, habiéndole otorgado un margen razonable de espera, el impetrante de tutela no fue conducido ni justificó su ausencia; 3) El recurso fue resuelto conforme a los arts. 221, 233, 234, 235, 250, 251 y 398 del CPP; y, 4) El argumento del impetrante de tutela que alegaba apelar el Auto Interlocutorio “05/2023”, no es evidente, puesto que fue el Auto Interlocutorio 15/2023 el impugnado, por lo que, al emitir el Auto de Vista 130/2023, no se vulneró derecho o garantía constitucional alguno.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Alcances procesales de la inasistencia del imputado a la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares con presencia del defensor técnico

La SCP 0251/2025-S2 de 21 de abril, señaló que: «Respecto a la inconcurrencia de las partes o de sus abogados a las audiencias de apelación de medidas cautelares, en un entendimiento coherente con el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado mediante el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, desarrolló lo siguiente: “…el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el 'Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal', en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, elaborando que: `I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente'. De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; Sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8,2 pulgadas d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) , el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de '…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor'”». De acuerdo con lo señalado, la inasistencia del imputado o acusado a la audiencia de apelación incidental sobre medidas cautelares no justifica su suspensión cuando su abogado defensor se encuentra presente. En ese escenario, corresponde que el profesional exponga los argumentos necesarios, en ejercicio del derecho a la defensa en sus dimensiones técnica y material, esta última se mantiene activa durante todo el proceso y no admite restricciones. Bajo esa comprensión, toda persona sometida a proceso penal conserva el derecho a defenderse personalmente o mediante un abogado de su elección, así como a comunicarse de manera libre con él.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que, mediante Auto Interlocutorio 15/2023 de 18 de enero, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el accionante, ordenando la continuidad de la medida privativa de libertad. Frente a esta decisión, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental el mismo día, motivando la remisión de antecedentes ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que fue asignada por turno, quedando el conocimiento del recurso a cargo de la Vocal demandada. Como resultado de aquello, el 6 de febrero de 2023, dicha autoridad pronunció el Auto de Vista 130/2023, confirmando la decisión impugnada (Conclusión II.1). En este punto, es necesario aclarar que el impetrante de tutela afirmó que, en la audiencia de 11 de enero de 2023, se emitió el Auto Interlocutorio “05/2023”, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, según el informe de la autoridad demandada y el propio Auto de Vista 130/2023, dicha resolución fue en realidad el Auto Interlocutorio 15/2023, dictado en audiencia de 18 de enero del mismo año, y fue esta la que motivó la emisión del Auto de Vista referido. Ahora bien, la problemática se centra en la actuación desplegada durante la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares. Según denuncia el impetrante de tutela, si bien fue notificado, no pudo participar directamente en la audiencia debido a su situación de detención preventiva; sin embargo, su abogado defensor sí se encontraba conectado a la sala virtual; no obstante, la Vocal demandada le negó reiteradamente la palabra, concluyendo el acto sin permitirle ejercer su defensa técnica.

En este contexto, si bien la autoridad demandada argumentó que la audiencia fue programada para horas 8:50 y se instaló a horas 8:52, y que se otorgó un margen razonable de espera, tal razonamiento pierde validez frente a la condición especial del peticionante de tutela, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. Esta circunstancia exigía una coordinación efectiva previa que garantizara su conexión virtual y su participación real en la audiencia, por lo que, la instalación del acto procesal, sin asegurar dicha comparecencia, vulneró el derecho del impetrante de tutela al debido proceso en su elemento a ser oído, máxime si su defensa técnica fue impedida injustificadamente de intervenir, afectando de forma directa la posibilidad de argumentar los agravios y sustentar adecuadamente el recurso. Bajo esa comprensión, el actuar de la autoridad demandada lesionó de manera evidente el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa del accionante, aunque éste no pudo conectarse a la audiencia de medidas cautelares, su abogado sí estuvo presente en sala virtual; por lo que, no correspondía suspender o dar por concluido el acto sin permitírsele exponer sus argumentos, pues, de acuerdo con lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la defensa, tanto en su elemento técnico como material, debe ser respetado durante todo el proceso y no puede ser limitado de forma injustificada. En ese sentido, la justificación ofrecida por la autoridad demandada, en sentido de que se ofició oportunamente al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y se aguardó un “margen razonable” de tiempo para el inicio de la audiencia, resulta insatisfactoria e insuficiente para convalidar la omisión advertida; puesto que, en primer lugar, el cumplimiento formal de notificación a ese Centro Penitenciario no garantizaba por sí solo la comparecencia del impetrante de tutela, situación que exige una coordinación efectiva por parte del órgano jurisdiccional con la administración carcelaria a fin de viabilizar su participación real, conforme al principio de igualdad procesal y al derecho a ser oído. A ello se suma que el abogado defensor del imputado sí se encontraba conectado en la sala virtual al momento de la audiencia, pero le fue negada injustificadamente la palabra, sin que la autoridad judicial haya ofrecido una motivación razonada que explique por qué se le impidió ejercer su rol de defensa técnica, omisión que vulneró el principio de contradicción y el derecho a una defensa efectiva.

Asimismo, resulta inadmisible que se alegue, posteriormente, la inexistencia de fundamentos o pruebas presentadas por la defensa, cuando justamente fue la propia autoridad demandada quien impidió su intervención, frustrando la posibilidad de exponer los agravios vinculados al recurso de apelación incidental. Tal proceder desnaturaliza la finalidad de la audiencia de apelación de medidas cautelares, que no es otra que permitir el control de legalidad sobre la decisión del Juez a quo y garantizar que el accionante pueda impugnar, con asistencia letrada, toda resolución que afecte su derecho fundamental a la libertad. Por ello, la falta de participación, tanto del impetrante de tutela como de su defensa técnica, no puede ser atribuida a una supuesta inactividad de la parte, sino que responde a una actuación procesal indebida por parte de la Vocal demandada, quien restringió, sin justificación válida, el ejercicio del derecho a la defensa, configurando así una vulneración sustancial a la libertad y a la impugnación.

Por otra parte, con relación a la solicitud de sorteo de la causa a una nueva sala penal para el conocimiento del recurso de apelación incidental, debe señalarse que no existe sustento legal ni constitucional para tal pretensión, pues, conforme al derecho al juez natural, consagrado en el art. 120.I de la CPE, las causas deben ser conocidas por el tribunal previamente determinado por ley y conforme a reglas de distribución. En este caso, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fue asignada conforme al procedimiento y no existe indicio de parcialidad objetiva o pérdida de competencia, ya que las irregularidades advertidas derivan de la actuación concreta de la Vocal demandada; por lo que, corresponde reponer la audiencia ante la misma Sala Penal, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la defensa.

Finalmente, respecto al cuestionamiento de la autoridad demandada, en cuanto a la supuesta inobservancia del principio de subsidiariedad debido a la no interposición previa del mecanismo previsto en el art. 125 del CPP -explicación, complementación o enmienda-, debe señalarse que este no constituye un recurso o mecanismo idóneo ni eficaz para proteger derechos fundamentales, ya que su finalidad es meramente formal, orientada a aclarar aspectos imprecisos o corregir errores materiales, sin afectar el fondo de la resolución. Por consiguiente, su no activación no implica una inobservancia del principio de subsidiariedad, ya que la acción de libertad, en este caso, constituye el único mecanismo procesal apto para restablecer los derechos fundamentales afectados. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la solicitud de sorteo de un nuevo tribunal de alzada para el conocimiento del recurso de apelación incidental, conforme lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0894_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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