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SCP 0894/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 11 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47540-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías anotados en el acápite pertinente del presente fallo constitucional; toda vez que, la parte demandante de asistencia familiar y su abogado -ahora coaccionados- pese a tener conocimiento que por resolución judicial se dejó sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra y ordenó a la parte demandante devolver en el día dicho actuado procesal hasta el presente no se cumplió con la orden judicial dictada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, y para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciado por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0894/2023-S1 Sucre, 11 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47540-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Onnasis Michael Molina Saucedo contra Valeria Nazaria Ramírez Chavarría y Reynaldo Calatayud Criales.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 7, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra a instancia de Valeria Nazaria Ramírez Chavarría -hoy codemandada-, mediante memorial de 25 de abril de 2022 presentó el depósito de Bs2 600.-, cancelando con ello la totalidad de lo adeudado y dispuesto por Auto de 14 de marzo de 2022. A tal efecto, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital mediante “…AUTO DE VISTA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022…” (sic) dejó sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra y ordenó a la parte demandante devolver en el día dicho actuado procesal, previa notificación legal. La parte demandante fue notificada con la citada resolución el 28 de abril de 2022 a horas 11:37 sin que hasta el presente se haya cumplido con la orden judicial dictada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus “derechos y garantías” a la celeridad, libertad, salud, debido proceso, defensa, libertad de locomoción, al trabajo, acceso a una justicia pronta y oportuna, a ser oído por autoridad jurisdiccional competente e imparcial, a la aplicación preferente de instrumentos internacionales con enfoque de género; citando al efecto, los arts. 13.IV, 22, 23.I, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 2 y 3; 8.2; 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se conmine a los demandados para que cumplan con lo ordenado en el Auto de 26 de abril de 2022, realizando la devolución del mandamiento de apremio de 13 de similar mes y año y en su defecto pide se haga la denuncia al Colegio de Abogados y Ministerio de Justicia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 5 de mayo de 2022, según consta en acta de fs. 13 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló, que el co demandado Reynaldo Calatayud Criales en su calidad de abogado de la codemandada Valeria Nazaria Ramírez Chavarría realizó varias publicaciones vía WhatsApp y Facebook; además de andar acosando a su familia.

I.2.2. Informe de los demandados

Valeria Nazaria Ramírez Chavarría, en audiencia de acción de libertad informó que el mandamiento de apremio extrañado fue devuelto el 4 de mayo de 2022, por el feriado largo que hubo de por medio, que su abogado tiene la constancia, pero él se encuentra de viaje. Reynaldo Calatayud Criales, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 10.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; mediante Resolución 17/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, denegó la tutela solicitada bajo el fundamento que no se agotó la subsidiariedad, puesto que, el Juez que tramita la causa pueda conminar a los ahora accionados a que devuelvan el mandamiento de apremio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 5 de abril de 2022 ante el Juez Público de Familia Cuarto de la capital del departamento de La Paz, por el cual Onnasis Michael Molina Saucedo -hoy accionante- adjunta depósito bancario por la suma de Bs 2600.- por concepto de asistencia familiar y solicita se deje sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra (fs. 2). II..2. Por Auto de 26 de abril de 2022, la referida autoridad jurisdiccional dio curso a lo solicitado señalando en lo principal “…téngase por cancelada la misma dejándose sin efecto el mandamiento de apremio de Fs. 346 …Por último, notifíquese a la parte demandante con el presente auto para que en el día devuelva el Mandamiento de Apremio ordenado a fs. 346”; diligencia de notificación que se cumplió el 28 de abril de 2022 a horas 11:31 a la codemandada Nazaria Ramírez Chavarria (fs. 3 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías anotados en el acápite pertinente del presente fallo constitucional; toda vez que, la parte demandante de asistencia familiar y su abogado -ahora coaccionados- pese a tener conocimiento que por resolución judicial se dejó sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra y ordenó a la parte demandante devolver en el día dicho actuado procesal hasta el presente no se cumplió con la orden judicial dictada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, y para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo asumió el siguiente entendimiento:

El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, la Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de 1El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Conforme a ello, este entendimiento debe ser asumido ante la emisión de un mandamiento de apremio por asistencia familiar que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse -previamente- los mecanismos intraprocesales idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efecto de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

En esa misma línea el citado fallo constitucional consideró:

La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; 366 que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición.b) Apelación.c) Casación. d) Compulsa”; y, 368 que menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos y garantías invocados en la presente demanda tutelar, debido a que ante el pago total de la asistencia familiar devengada, el Juez de la causa ordenó por resolución de 26 de abril de 2022, la notificación a la parte hoy demandada para que en el día devuelva el mandamiento de apremio ordenado en su contra, diligencia de comunicación procesal que se cumplió el 28 del mismo mes y año sin que hasta el presente se haya cumplido con dicha orden judicial. Ahora bien, de las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se comprueba que efectivamente el impetrante de tutela presentó un escrito el 5 de abril de 2022 en el cual hace saber al Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que realizó el depósito bancario de la suma adeudada por concepto de asistencia familiar y solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio en su contra; bajo ese antecedente, la referida autoridad jurisdiccional por Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2022 dio curso a lo solicitado ordenando a la parte ahora accionada que en el día devuelva el mandamiento de apremio ordenado, dicho pronunciamiento se notificó a esa parte el 28 del mismo mes y año. Al respecto, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la norma procesal ordinaria en materia familiar, establece como mecanismo idóneo de reclamo ante cualquier defecto procesal o irregularidad en el despliegue de la causa familiar la vía incidental prevista en los arts. 255 y 256 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) a los fines de lograr el normal desarrollo del proceso, la restitución de derechos y garantías lesionados. En ese orden, la parte afectada -hoy accionante- debió reclamar mediante dicho mecanismo intraprocesal establecido por la norma adjetiva familiar al juez a cargo del proceso, el cumplimiento de la orden judicial señalada precedentemente. Bajo ese marco y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el impetrante de tutela no debió acudir directamente ante la justicia constitucional en procura del restablecimiento de la supuesta lesión de sus derechos y garantías denunciados ante el incumplimiento de la orden judicial que prescribía la inmediata devolución del mandamiento de apremio emitido en contra del hoy solicitante de tutela. Dicho de otro modo, correspondía -como se señaló ut supra- acuda a los medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos previstos en la jurisdicción ordinaria; a fin que en ejercicio de su derecho a la defensa exija el acatamiento de lo dispuesto por la misma autoridad jurisdiccional, que debieron ser agotados previamente al interior del proceso familiar antes de acudir a la justicia constitucional activando la presente acción de libertad. En conclusión, la denuncia respecto a la ilegalidad del apremio corporal como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, previo a acudir a la vía constitucional, debe ser reclamada ante el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en la vía de incidental por ser un medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente Fallo Constitucional; y, una vez agotada la misma, recién queda expedita la presente acción tutelar. Así el procurar activar una demanda tutelar como un mecanismo de defensa de la jurisdicción ordinaria, implicaría desnaturalizar el alcance del carácter subsidiario excepcional de la acción de libertad; por lo que, se reitera, antes de venir a esta vía constitucional, debió hacer uso de los mecanismos procesales ordinarios conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, circunstancia que hace inviable el ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Consiguientemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 14 a 15, pronunciado por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0894_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): f0b49977f5ee347a90ff38e0df51f59e25383407aef4ddf13ae6f4f6fac4b139

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