Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de junio de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, así como al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, igualdad entre partes, acceso a la justicia, transparencia, probidad, honestidad y legalidad; argumentando que: a) Pese a conocerse su condición de integrante de la nación Aymara y dirigente indígena, el Ministerio Público presentó imputación formal sin la intervención de un perito especializado en cuestiones indígenas, incumpliendo el procedimiento especial previsto en el art. 391 del CPP; y, b) Sobre la base de dicha imputación, el juez cautelar lo declaró rebelde y dispuso mandamiento de aprehensión y arraigo, sin observar las garantías reforzadas reconocidas a los pueblos indígena originario campesinos por la Constitución Política del Estado, jurisprudencia constitucional y bloque de constitucionalidad. En virtud de lo anterior, solicita se conceda la tutela impetrada y, se disponga la anulación de la imputación formal y todo mandamiento de aprehensión o detención preventiva dispuesto en su contra, el arraigo, el descongelamiento de cuentas, el pago de daños civiles y daño moral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2025 de 3 de octubre, cursante a fs. 174 a 179 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al examen de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2026-S3 Sucre, 11 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 77850-2025-156-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 04/2025 de 3 de octubre, cursante de fs. 174 a 179 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Mario Peña Mancilla en representación sin mandato de Juan Evo Morales Ayma contra Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija; Luis Silverio Gutiérrez Cabezas y Luis Efraín Ramírez, Fiscales de Materia.
Por memorial presentado el 3 de octubre de 2025, cursante a fs. 1 y 119 a 125, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 601102012401698, seguido en su contra, el 16 de diciembre del 2024, las autoridades fiscales demandadas, presentaron imputación formal por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas; no obstante, pese a que durante la etapa investigativa se acreditó documentalmente su condición de miembro de una Nación Indígena Originaria Campesina (NIOC), específicamente de la Nación Aymara, el Ministerio Público formuló dicha imputación sin disponer previamente la designación de un perito antropológico que oriente y asista respecto a su comportamiento, usos, costumbres y cosmovisión. Esta omisión desconoce que, cuando se trata del enjuiciamiento penal de un miembro de una NIOC, corresponde respetar la diversidad cultural y aplicar el procedimiento especial, tal como lo establece el art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disposición que impone a las autoridades jurisdiccionales y autoridades del Ministerio Público el deber de considerar las particularidades del imputado, a efectos de garantizar que su juzgamiento sea compatible con el pluralismo jurídico y la interculturalidad reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE). En consecuencia, la actuación de las autoridades fiscales demandadas vulneró el debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, igualdad, tutela judicial efectiva y defensa; toda vez que, la ausencia del perito antropológico impidió que la investigación y la formulación de la imputación se desarrollen en observancia de su identidad cultural y del enfoque diferenciado exigido por el orden constitucional vigente; lo cual, trae como consecuencia la nulidad de la imputación, conforme al entendimiento establecido en la SCP 1123/2019-S2 de 18 de diciembre y 1119/2023-S1 de 19 de septiembre. Posteriormente, en audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 11 de febrero de 2025, el Juez demandado pronunció Auto de rebeldía, librando mandamiento de aprehensión y orden de arraigo en su contra, sin hacer mención al perito antropólogo; lo cual, constituye persecución penal y conlleva graves consecuencias nacionales e internacionales, teniendo en cuenta además que, el 27 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de la forzada e ilegal imputación, fue atacado por “mercenarios” del actual Gobierno, quienes pretendieron quitarle la vida hiriéndolo con una bala, todo con el fin de proscribir su candidatura a la presidencia de Bolivia.
Denunció la lesión a sus derechos a la vida y a la libertad, así como al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, igualdad entre partes, acceso a la justicia, transparencia, probidad, honestidad y legalidad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 inc. f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre Pueblos Indígenas y Tribales-.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la anulación de la imputación formal y todo mandamiento de aprehensión o detención preventiva, arraigo, congelamiento de cuentas, así como el pago de daños civiles y daño moral.
Celebrada la audiencia virtual, el 3 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 171 a 173, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe escrito presentado el 3 de octubre del 2025, cursante a fs. 151 y vta., señaló lo siguiente: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Emeterio Vargas Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de trata de personas, el sindicado Juan Evo Morales Ayma, presentó incidente de nulidad por defectos absolutos el 27 de junio de 2025, que fue rechazado in limine mediante Auto Interlocutorio de 30 del mismo mes y año, calificándolo como malicioso y dilatorio; y, b) El imputado fue declarado rebelde el 17 de enero de 2025; presentando desde entonces, apersonamientos con incidentes de nulidad y excepciones, aproximadamente en un número de cuatro, todos declarados maliciosos y temerarios, llegando a separar a varios abogados de la defensa y sancionarlos pecuniariamente, en ejercicio del poder ordenador y disciplinario contenido en el art. 315 del CPP; además de ello, antes de la fecha referida, ya se presentó incidentes de similar naturaleza, los cuales fueron apelados y confirmados por el Tribunal de alzada. Luis Silverio Gutiérrez Cabezas y Luis Efraín Ramírez, Fiscales de Materia, mediante informe escrito presentado el 3 de octubre de 2025, cursante de fs. 168 a 170 vta. y en audiencia, solicitaron que se deniegue la tutela, informando lo siguiente: 1) La afirmación del accionante, que el proceso penal seguido en su contra tendría la finalidad de proscribir la candidatura del mismo, carece de todo sustento jurídico y fáctico; por el contrario, la presente investigación se origina en hechos concretos que tienen relevancia penal; 2) La declaratoria judicial de rebeldía, no se trata de un acto discrecional ni político, sino el resultado de la inobservancia de los arts. 87 y 89 del CPP, ante la incomparecencia injustificada del imputado a las audiencias previamente señaladas; 3) Con relación a las repercusiones nacionales e internacionales, el Ministerio Público no puede hacerse responsable de las percepciones políticas o interpretaciones mediáticas de las partes, su función se limita a la investigación objetiva de los hechos denunciados y a la prosecución penal en el marco de la ley; en todo caso, la afirmación del impetrante de tutela confirma que el mecanismo pertinente para hacer valer sus derechos políticos es la acción de amparo constitucional; por lo cual, la activación de la acción de libertad con el argumento de la afectación de derechos políticos, resulta improcedente; 4) Conforme lo establece la SCP 1344/2013 de 15 de agosto, el prenombrado tiene la obligación de cumplir con la carga de la prueba; en tal sentido, si bien se hace referencia a la emisión de un mandamiento de aprehensión, no se acreditaron los extremos señalados; por lo que, al tratarse de un acto propio del procedimiento establecido en el art. 224 -se entiende del CPP-, éste tenía la obligación de comparecer a prestar su declaración informativa el 10 de octubre de 2024 y ante su incomparecencia, correspondía a la comisión de Fiscales, la emisión -se entiende del mandamiento de aprehensión-; 5) El 16 de diciembre de 2024, de forma objetiva se presentó imputación formal y en audiencia de consideración de medidas cautelares, el juez de la causa dispuso la rebeldía del imputado; 6) No es evidente la vulneración del derecho a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso; en razón a que, el accionante se encuentra en libertad; asimismo, no es evidente que la vida de Juan Evo Morales Ayma esté en peligro, tampoco que se encuentre ilegalmente perseguido o procesado; pues, así como las personas tienen derechos también tienen obligaciones, entre ellas, cumplir la ley, cuando la ley es violentada a través de hechos criminosos, corresponde al Ministerio Público actuar conforme al art. 225.I de la CPE y el art. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; 7) En cuanto al nombramiento del perito, el accionante se apersonó de manera voluntaria, adjuntando documentación dando cuenta que el mismo vive en Villa Tunari y que su carnet de identidad y el poder, no evidencian que sea indígena; ya que, se identifica como agricultor; dicho dato, coincide con la documentación requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; puesto que, en todo el legajo documental no se señala su condición de indígena; 8) En las etapas preliminar y preparatoria, Juan Evo Morales Ayma, presentó un sinfín de incidentes y excepciones; empero, nunca denunció la vulneración de derechos o que este sea un proceso político; 9) El ahora representante, presentó un incidente de actividad procesal defectuosa el 26 de junio de 2025 con los mismos argumentos y los supuestos elementos de prueba; el cual, fue rechazado in limine por extemporaneidad y falta de prueba; ya que, días antes de presentar el referido incidente, Juan Evo Morales Ayma, cambió su condición a indígena, pretendiendo que esta acción de libertad se constituya en una instancia casacional, cuando este mecanismo de defensa no puede dirimir derechos controvertidos; y, 10) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 0944/2019-S4 de 22 de octubre, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero y la SC 0008/2010-R de 6 de abril, antes de presentar la acción de libertad, deben agotarse los medios de defensa intraprocesales, en mérito a la subsidiariedad excepcional de ésta.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2025 de 3 de octubre, cursante de fs. 174 a 179 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela señaló que, las autoridades fiscales demandadas incumplieron con la previsión del art. 391 del CPP, al haber presentado la imputación formal sin contar con un consultor antropólogo; empero, de la lectura de los antecedentes del cuaderno de autos, se advierte que esta situación ya fue analizada y resuelta por la autoridad jurisdiccional a través del Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025; mediante el cual, se rechazó in limine el indicado incidente; ii) La concurrencia de un consultor antropológico a la causa, no tiene relación directa con el derecho a la libertad personal o de locomoción; toda vez que, no resulta suficiente señalar que esté en riesgo su vida y libertad, sino que debe realizarse una explicación clara y detallada del derecho vulnerado con relación al derecho a la libertad del imputado; en tal sentido, de los antecedentes se advierte que la incomparecencia del perito antropólogo no operó como causa para la restricción o supresión de la libertad del procesado; por lo que, no corresponde atender la acción de libertad para resguardar el debido proceso; iii) En razón a que esta acción de defensa procede para la protección inmediata del derecho a la libertad de locomoción; en este caso, Juan Evo Morales Ayma cuenta con una declaratoria de rebeldía que deviene de su inconcurrencia al llamado realizado por la autoridad jurisdiccional, ya que, desde el 17 de enero de 2025 que se dispuso su rebeldía, hasta la fecha no ha justificado esa incomparecencia; en consecuencia, la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión no son el resultado de la falta de un perito antropológico dentro de la causa penal de referencia; iv) Conforme establece la SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, en el control constitucional, no se pueden ejercer labores que la ley atribuye específicamente a la jurisdicción ordinaria; por lo que, la jurisdicción constitucional, no puede pronunciarse sobre esos aspectos, lo contrario implicaría desconocer las específicas funciones asignadas por la norma fundamental y la ley a los distintos órganos; asimismo, se pretende la valorización de la prueba consistente en la cédula de identidad y otros documentos para determinar la supuesta condición de indígena de Juan Evo Morales Ayma y la interpretación de la legalidad ordinaria asumida por el juez de la causa en el Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025, ya que el accionante pide que se anule la imputación formal y se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y el citado Auto interlocutorio, pese a que existen medios o recursos legales ordinarios idóneos para resolver lo que él ahora solicita; asimismo, se advierte que esta petición ya ha sido resuelta por la autoridad jurisdiccional a través del Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025; y, v) El representante sin mandato, omitió pronunciarse sobre el incidente planteado por Juan Evo Morales Ayma dentro del proceso de trata de personas, el 26 de junio de 2025, pretendiendo que la vía constitucional ingrese al análisis de cuestiones netamente jurisdiccionales, analizando prueba que no presentó en el momento de plantear la cuestión incidental.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 182 a 187), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz de protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Decreto Constitucional de 20 de abril de 2026, cursante a fs. 194, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria, habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 9 de junio de igual año (fs. 211); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Evo Morales Ayma -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada, causa con CUD 601102012401698, cursa la imputación formal y solicitud de medidas cautelares de 16 de diciembre de 2024, por parte de la Comisión de la Fiscalía Especializada en delitos de Trata y Tráfico de la Fiscalía Departamental de Tarija (fs. 10 vta. a 49 vta.). II.2. Cursa Mandamiento de Aprehensión y Conducción 010/2025 de 11 de febrero, librado por Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandado-; mediante el cual, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de la misma fecha, se ordenó la aprehensión y conducción del accionante ante la referida autoridad judicial (fs. 10). II.3. Por Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025, el Juez demandado rechazó in limine el incidente de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación promovido por Juan Evo Morales Ayma, sustentado en su alegada pertenencia a una NPIOC; declarando en consecuencia, la improcedencia del incidente por carecer de fundamento y respaldo probatorio, en razón a que: a) El incidentista, busca sustentar su pretensión en una nueva circunstancia generada por él mismo, al haber introducido en la cédula de identidad recientemente obtenida, el 23 de junio de 2025, una presunta condición de miembro de una NPIOC, pese a que anteriormente contaba con un documento de identidad en el que no constaba dicha pertenencia; y, b) En los más de seis meses de iniciado el proceso penal, el imputado no hizo conocer su pertenencia a una NPIOC (fs. 79 vta. a 82).
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, así como al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, igualdad entre partes, acceso a la justicia, transparencia, probidad, honestidad y legalidad; argumentando que: a) Pese a conocerse su condición de integrante de la nación Aymara y dirigente indígena, el Ministerio Público presentó imputación formal sin la intervención de un perito especializado en cuestiones indígenas, incumpliendo el procedimiento especial previsto en el art. 391 del CPP; y, b) Sobre la base de dicha imputación, el juez cautelar lo declaró rebelde y dispuso mandamiento de aprehensión y arraigo, sin observar las garantías reforzadas reconocidas a los pueblos indígena originario campesinos por la Constitución Política del Estado, jurisprudencia constitucional y bloque de constitucionalidad. En virtud de lo anterior, solicita se conceda la tutela impetrada y, se disponga la anulación de la imputación formal y todo mandamiento de aprehensión o detención preventiva dispuesto en su contra, el arraigo, el descongelamiento de cuentas, el pago de daños civiles y daño moral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1100/2025-S3 de 12 de septiembre, refirió que:
De acuerdo con el art. 125 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona “que considere que su vida está en peligro”. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que “su vida está en peligro”. La lectura del alcance de protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad ha sido amplia por parte de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional al señalar “no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto). Al respecto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0771/2018-S2 de 15 de noviembre y 0793/2019-S2 de 11 de octubre, sistematizadoras de línea señalaron lo siguiente: [El] alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. (El resaltado es nuestro) Sin embargo, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, tampoco su concesión; teniendo en cuenta que esta jurisdicción constitucional debe adquirir la debida convicción a efectos de determinar si el derecho a la vida del peticionante de tutela fue puesto en peligro indebidamente para que la acción de libertad abra su ámbito de protección, de no ser así, corresponderá su denegatoria.
Jurisprudencia reiterada
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
4 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 5 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 6 El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.
7 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 8 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 9 El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”. 10 El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 11 El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”.
incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la 12 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 13 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 14 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…)
acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, contra cuyas resoluciones procede el recurso de apelación incidental. La sistematización realizada fue extraída de las Sentencia Constitucionales Plurinacionales 0077/2018-S2, 0078/2018-S2, 0101/2018-S2, entre otras.
Al respecto, la SCP 0543/2020-S3 de 15 de septiembre, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales respecto a la interpretación sobre el alcance y efectos de dicha figura procesal, estableció que: «...la SCP 0097/2019-S1 de 10 de abril, citando la SCP 0962/2015-S3 de 7 de octubre, precisó los entendimientos asumidos por dicha jurisprudencia y la interpretación efectuada sobre el alcance de la normativa adjetiva penal que regula esta figura procesal, señalando que: «La norma prevista en el art. 89 del CPP, dispone la emisión del mandamiento de aprehensión contra el declarado rebelde en los supuestos del art. 87 del mismo cuerpo legal, que dispone la rebeldía en los siguientes supuestos: “1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código; 2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del Juez o Tribunal del lugar asignado para residir”. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre, señaló que: “…la finalidad del instituto procesal de la rebeldía y, por ende, de la medida de aprehensión, es lograr la comparecencia del imputado al proceso. La comparecencia del rebelde en el proceso penal, según lo dispuesto en el art. 91 del CPP, puede ser de dos formas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión. En efecto, cuando el art. 91 del CPP, señala 'Cuando el rebelde comparezca…', está regulando la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión. En este supuesto, efectuada la presentación voluntaria del rebelde, como manda la misma norma procesal penal corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y, por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad, cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida; lo contrario, esto es, mantener la orden de aprehensión, implica persecución indebida, debido a que se deja latente una orden de restricción a la libertad sin causa justificada. La SC 1404/2005-R de 8 de noviembre, sobre las consecuencias de la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal, indicó que: '…cabe expresar que el mandamiento de aprehensión [emitido en mérito a lo dispuesto en los] arts. 87 y 89 del CPP, [fue] únicamente para conducirlo al acto de la audiencia del juicio; y si el representado acude voluntariamente, no hay necesidad que se ejecute el mandamiento expedido en su contra'» (las negrillas y el subrayado nos corresponden). En esa misma línea, la SCP 0606/2018-S4 de 2 de octubre, con relación a lo dispuesto por el art. 91 del CPP, citando la SCP 1455/2012 de 24 de septiembre, estableció que: «…de producirse la comparecencia del imputado al proceso, el art. 91 del CPP, establece: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza”. Si el imputado comparece voluntariamente, dicho comportamiento advierte su voluntad de someterse al proceso y/o investigación y si además acredita que su inconcurrencia se debió a una causa grave y/o impedimento legítimo, la declaratoria de rebeldía quedará sin efecto y no procederá la ejecución de fianza alguna; si por el contrario, no justifica su ausencia, la aprehensión queda sin efecto, quedando persistentes las medidas cautelares reales» Los entendimientos jurisprudenciales referidos, realizan una interpretación respecto a la finalidad y alcance de las medidas de carácter personal asumidas como efecto de una declaratoria de rebeldía y la comparecencia del declarado rebelde, interpretación que converge en dos dimensiones procesales: i) Las medidas personales asumidas a efectos de la comparecencia, deben ser dejadas sin efecto ante la comparecencia del rebelde ya sea voluntaria o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión, y en caso de presentarse irregularidades en la efectivización de esta regla, ello puede ser objeto de una acción de libertad al estar directamente vinculados el mandamiento de aprehensión y/o arraigo -como medidas personales- a la libertad del imputado o acusado; y, ii) La declaratoria de rebeldía constituye un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la sola comparecencia del rebelde -aun cuando sea voluntaria-, sino que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos intra proceso y en caso de presentarse irregularidades del debido proceso al respecto, corresponde que tal situación sea conocida vía acción de amparo constitucional, que es el mecanismo de defensa idóneo para conocer infracciones al debido proceso no vinculadas con la libertad. (En ese mismo sentido la SCP 0271/2020-S3 de 14 de julio).» Razonamiento jurisprudencial que fue reiterado en la SCP 0873/2021-S3 de 20 de noviembre.
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, así como al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, igualdad entre partes, acceso a la justicia, transparencia, probidad, honestidad y legalidad de su representado; sosteniendo que: 1) Pese a conocerse su condición de integrante de la nación Aymara y dirigente indígena, el Ministerio Público presentó imputación formal sin la intervención de un perito especializado en cuestiones indígenas, incumpliendo el procedimiento especial previsto en el art. 391 del CPP; y, 2) Sobre la base de dicha imputación, el juez cautelar lo declaró rebelde y dispuso mandamiento de aprehensión y arraigo, sin observar las garantías reforzadas reconocidas a los pueblos indígena originario campesinos por la Constitución Política del Estado, jurisprudencia constitucional y bloque de constitucionalidad. Identificada la problemática a resolver, de una revisión de los antecedentes y los elementos probatorios que cursan en obrados se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Evo Morales Ayma -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada, causa con CUD 601102012401698, cursa la imputación formal y solicitud de medidas cautelares de 16 de diciembre de 2024, por parte de la Comisión de la Fiscalía Especializada en delitos de Trata y Tráfico de la Fiscalía Departamental de Tarija (Conclusión II.1); en dicho mérito, cursa Mandamiento de Aprehensión y Conducción 010/2025 de 11 de febrero, librado por Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandado-; mediante el cual, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de la misma fecha, se ordenó la aprehensión y conducción del accionante ante la referida autoridad judicial (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme sale del Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025, el Juez demandado rechazó in limine el incidente de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación promovido por Juan Evo Morales Ayma, sustentado en su alegada pertenencia a una NPIOC; declarando en consecuencia, la improcedencia del incidente por carecer de fundamentación y respaldo probatorio, en razón a que: i) El incidentista, pretende sustentar su pretensión en una nueva circunstancia generada por él mismo, al haber introducido en la cédula de identidad recientemente obtenida, el 23 de junio de 2025, una presunta condición de miembro de una NPIOC, pese a que anteriormente contaba con un documento de identidad en el que no constaba dicha pertenencia; y, ii) En los más de seis meses de iniciado el proceso penal, el imputado no hizo conocer su pertenencia a una NPIOC (Conclusión II.3). En virtud a lo expresado, corresponde establecer la pertinencia de la pretensión de la parte accionante, conforme al siguiente análisis.
En el marco de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la tutela del derecho a la vida en acciones de libertad procede aun cuando no exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción, correspondiendo a la parte accionante definir si activa la acción de libertad o acción de amparo constitucional y, dada la naturaleza esencial del derecho a la vida y condición de presupuesto para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional que rige este tipo de acciones tutelares. Sin embargo, la sola invocación o enunciación del derecho a la vida no activa automáticamente el examen de fondo de la acción de libertad ni determina por sí misma la concesión de tutela, correspondiendo a la jurisdicción constitucional verificar, en cada caso, si existen elementos objetivos que permitan advertir una amenaza, riesgo o lesión real, cierta e identificable contra el referido derecho fundamental; pues, únicamente ante la existencia de una afectación atribuible a los demandados se abre el ámbito de protección constitucional de la acción de libertad, caso contrario corresponde denegar la tutela solicitada. Bajo tales premisas, el solicitante de tutela sostiene que el 27 de octubre de 2024 sufrió un atentado perpetrado por supuestos “mercenarios” del Gobierno actual, quienes presuntamente atentaron contra su vida dos meses antes de la emisión de la imputación formal ahora cuestionada. En cuyo caso, de la revisión de antecedentes y del propio contenido de la demanda tutelar, no se advierte que el supuesto atentado denunciado sea atribuido de manera concreta y directa a las autoridades ahora demandadas; toda vez que, el accionante identifica genéricamente como responsable a supuestos “mercenarios”, sin establecer el vínculo específico alguno entre dicho hecho y los Fiscales de Materia o el Juez demandados. Por lo que, no se advierte lesión al derecho invocado, ya que los hechos descritos no emergen de actuaciones atribuibles a las autoridades demandadas dentro del proceso penal seguido contra el accionante, ni se acredita la existencia de una amenaza actual, cierta e identificable contra dicho derecho fundamental derivada de los actos procesales cuestionados en esta acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada respecto al derecho a la vida.
Conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando durante la etapa preparatoria del proceso penal se denuncien actos u omisiones atribuidos a las autoridades fiscales o policiales que presuntamente lesionen derechos fundamentales vinculados al debido proceso y a la libertad, corresponde activar previamente los mecanismos intraprocesales previstos por el ordenamiento jurídico, en observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad. En ese marco, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el incidente de actividad procesal defectuosa -en el marco de los arts. 314 y 315 del CPP- constituye el medio idóneo, oportuno y eficaz para cuestionar actuaciones desarrolladas durante la investigación penal, correspondiendo además agotar los recursos ordinarios previstos por la normativa procesal penal; entre ellos, la apelación incidental contra la resolución que resuelve dicho incidente -art. 403.2 del CPP-. En el caso concreto, el accionante sostiene que el Ministerio Público presentó imputación formal sin disponer previamente la designación de un perito antropológico, pese a su alegada pertenencia a una Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, incumpliendo -en su criterio- las previsiones del art. 391 del CPP. De la revisión de antecedentes, se advierte que dicha problemática fue planteada por el propio imputado mediante incidente de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, el cual fue rechazado in limine por Auto Interlocutorio de 30 de junio de 2025, pronunciado por el Juez cautelar ahora demandado, conforme se tiene desarrollado en la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional. Ahora bien, aun cuando el impetrante de tutela cuestiona en esta acción tutelar la ausencia de perito antropológica durante la etapa preparatoria -precisamente por su alegada condición de miembro de Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino-, no cursa en antecedentes elemento alguno que permita evidenciar que el referido Auto Interlocutorio hubiera sido impugnado mediante apelación incidental, mecanismo expresamente previsto por la normativa procesal penal y reconocido por la jurisprudencia constitucional como idóneo para el restablecimiento de derechos presuntamente vulnerados dentro del proceso penal. En consecuencia, al advertirse que el accionante activó parcialmente los mecanismos intraprocesales de defensa, pero omitió agotar los medios ordinarios de impugnación previstos por ley antes de acudir a la jurisdicción constitucional, corresponde concluir que la presente acción de libertad fue promovida desconociendo el principio de subsidiariedad excepcional; por consiguiente, sin que corresponda emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia relativa a la procedencia o no de la designación de un perito antropológico en el caso concreto, corresponde denegar la tutela solicitada.
El accionante refiere que, en audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 11 de febrero del 2025, el Juez demandado pronunció Auto de rebeldía, librando mandamiento de aprehensión y orden de arraigo en su contra, sin hacer mención al perito antropológico conforme al art. 391 del CPP, lo cual -en su criterio-constituye persecución penal y conlleva graves consecuencias nacionales e internacionales. Al respecto, la jurisdicción constitucional a través de su reiterada jurisprudencia, ha sido clara al señalar que, declarado rebelde el imputado, su comparecencia conforme a lo establecido en el art. 91 del CPP puede ser de dos maneras: a) De manera voluntaria, antes de la ejecución del mandamiento de apremio; en cuyo caso, corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y por ende el mandamiento de aprehensión, debido a que la finalidad de que el procesado comparezca en el proceso penal -arts. 87 y 89 del CPP- fue cumplida; y, b) En ejecución del mandamiento de aprehensión, supuesto en el que inmediatamente sea puesto a su disposición, la autoridad jurisdiccional debe pronunciarse sobre la situación jurídica del procesado. A mayor abundamiento, la jurisprudencia constitucional señala que en el caso de la comparecencia del imputado -sea esta voluntaria o por ejecución del mandamiento de aprehensión-, las medidas personales asumidas para asegurar su presencia dentro del proceso deben quedar sin efecto y cualquier irregularidad en el cumplimiento de esta regla, debe denunciarse vía acción de libertad por existir vinculación directa con el derecho a la libertad personal. Asimismo, la jurisprudencia constitucional establece que la declaratoria de rebeldía es un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la sola comparecencia del rebelde -aun cuando sea voluntaria-, sino que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos dentro del proceso por las autoridades competentes; en consecuencia, cualquier denuncia relativa a defectos procesales o vulneraciones al debido proceso vinculadas a la declaratoria de rebeldía debe ser reclamada mediante los mecanismos intraprocesales previstos por el ordenamiento jurídico y, eventualmente, corresponde la interposición de la acción de amparo constitucional. En el caso concreto, se advierte que las medidas personales dispuestas contra el accionante, consistentes en los mandamientos de aprehensión y arraigo emergentes del Auto de Rebeldía de 11 de febrero de 2025, tienen como antecedentes su incomparecencia a los actos procesales convocados por el Juez demandado dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas; en ese entendido, no consta en el expediente prueba alguna de un acto de comparecencia voluntaria ante la autoridad jurisdiccional, a efectos de someterse al proceso penal y que; pese a ello, las medidas personales dispuestas hubiesen permanecido indebidamente vigentes.
Consiguientemente, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, el solicitante de tutela no podía acudir directamente a la jurisdicción constitucional denunciando persecución indebida mediante la acción de libertad de autos, sin antes comparecer ante la autoridad jurisdiccional competente conforme prevé el art. 91 del CPP, a efectos de que ésta determine dejar sin efecto las medidas personales dispuestas para garantizar su comparecencia dentro del proceso penal. Por otra parte, el cuestionamiento relativo a que el Juez demandado habría dispuesto la declaratoria de rebeldía, mandamiento de aprehensión y arraigo sin considerar la necesidad de designar previamente un perito antropológico conforme al art. 391 del CPP y las garantías reforzadas reconocidas a los pueblos indígena originario campesinos, constituye una denuncia vinculada a presuntos defectos que hacen al debido proceso y a la legalidad ordinaria que corresponden ser dilucidadas por las autoridades jurisdiccionales competentes dentro del propio proceso penal; pues dicho cuestionamiento no desvirtúa, por sí mismo, la finalidad constitucional y legal de las medidas personales emergentes de la declaratoria de rebeldía ni mucho menos acredita que estas hayan sido mantenidas arbitrariamente pese a la comparecencia del imputado. Por lo que, al no evidenciarse comparecencia voluntaria del accionante y; por lógica consecuencia, tampoco se advierte la persistencia arbitraria de las medidas personales dispuestas en su contra, persecución indebida ni lesión al derecho a la libertad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2025 de 3 de octubre, cursante a fs. 174 a 179 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al examen de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción.
2 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). 3Razonamiento jurídico expresado en la SCP 122/2015-S1 de 20 de febrero, entre otras.
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0892_2026-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): a616f49f69366013de3d9416cc0fdacf4b7f930e4b739b07ee0473caddedc09c
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