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SCP 0892/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54089-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; toda vez que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 963/2022, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmó el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, decisión que habría sido emitida sin fundamentación ni motivación, al no valorar de forma integral la concurrencia de los riesgos procesales y las nuevas pruebas aportadas, ni justificar la necesidad de mantener la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-25/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54089-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-25/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Eugenia Quispe Condori en representación sin mandato de Layonel Meyson Larrea Montaño contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 71 a 75 vta., el accionante por medio de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado; mediante Auto Interlocutorio 495/2019 de 24 de octubre, se ordenó su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Mediante Auto Interlocutorio 136/2020 de 26 de noviembre, la Jueza a cargo de la causa, dio por desvirtuado el riesgo procesal de peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, sin embargo, dejó latente el riesgo contemplado en el art. 235.2 del referido código, porque debían declarar testigos y víctimas ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, aunque las investigaciones habían concluido, consideró necesario precautelar la reproducción de sus declaraciones; y, al amparo del art. 239.2 del CPP, dispuso su cesación de la detención preventiva, imponiendo medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria con salidas laborales con escolta policial; decisión que al haber sido apelada incidentalmente, fue resuelta por Auto de Vista 668/2020 de 23 de diciembre, el cual modificó la detención domiciliaria con escolta policial, dejando sin efecto las salidas laborales, porque no se demostró actividad lícita vigente, manteniéndose el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. Habiendo cumplido con las medidas impuestas, el 15 de diciembre de 2021, recién fue efectivizada la detención domiciliaria con escolta policial. El 6 de abril de 2022, ante la solicitud de revocatoria de medida cautelar, se emitió el Auto Interlocutorio 61/2022 disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares impuestas, conforme al art. 247.1 del CPP, debido al incumplimiento de la escolta policial; en consecuencia, se libró mandamiento de detención preventiva, señalando que fue emitido durante la vacación judicial por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz y no había verificado previamente el cumplimiento de todas las medidas impuestas al accionante. El 12 de diciembre de 2022, solicitó la cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; el 15 de mismo mes y año se emitió el Auto Interlocutorio 284/2022, que rechazó la solicitud; decisión que en audiencia, apeló conforme al art. 251 del CPP, el cual fue conocido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida por el Vocal demandado; agravió falta de fundamentación y motivación, así como omisión de aplicar correctamente el art. 124 de la CPE, dado que el Juez a quo no valoró objetivamente los elementos de convicción presentados respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; sostuvo que la medida extrema no podía fundarse como cumplimiento anticipado de una pena; sin embargo, la autoridad demandada se limitó a referir la Sentencia Condenatoria S-45/2022 de 20 de julio y rechazó la cesación de la detención preventiva mediante el Auto de Vista 963/2022 de 20 de diciembre. La determinación emitida no revisó los motivos ni las razones que habían fundamentado la imposición de la detención preventiva, tampoco consideró los nuevos elementos de convicción presentados para demostrar que ya no concurrían las causas para determinar la medida extrema, ni verificó la necesidad de sustituir la medida por otra menos gravosa, no realizó una valoración integral de los riesgos procesales vigentes y no apreció de manera razonable las pruebas aportadas; en consecuencia, se trató de un Auto de Vista indebidamente fundamentado y motivado, pues no expresó las razones de hecho y de derecho que sustentaban su convicción ni otorgó valor adecuado a los medios de prueba, además, omitió aplicar el principio de proporcionalidad respecto a la idoneidad, y necesidad de la detención, pretendiendo que se cuente con una sentencia absolutoria para proceder a la cesación de la detención preventiva, lo que generó una reforma en perjuicio del accionante.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 115.II, 117 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) Los Vocales demandados, de manera inmediata señalen audiencia de consideración de apelación de la medida cautelar; y, b) El Secretario demandado cumpla con las gestiones necesarias para el desarrollo de la audiencia de apelación de medida cautelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 82 a 85 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos, señaló que: 1) El Juez a quo dispuso en su contra la detención preventiva; posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 136/2020 de 26 de diciembre, se declaró la cesación de dicha medida extrema, al verificarse la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, dado que aún debían declarar los testigos y víctimas ante el Tribunal de Sentencia Penal correspondiente, este riesgo se mantuvo vigente mientras los testigos prestaran su declaración; y se determinó medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria con escolta policial y la autorización de salidas laborales; mediante Auto de Vista 668/2020 se modificó la detención domiciliaria sin salida laboral; 2) En la gestión 2021, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de Turno de El Alto, emitió mandamiento de detención domiciliaria sin consignar escolta policial; esta omisión generó posteriormente la revocatoria de la medida cautelar, bajo el argumento que no se había cumplido con la escolta policial dispuesta en el Auto Interlocutorio 61/2022 de 6 de abril; actuación en la cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto actuó de forma ultrapetita, pues la víctima únicamente había solicitado la revocatoria por el incumplimiento de la escolta; sin embargo, el tribunal realizó una revisión exhaustiva y concluyó en que persistían dos riesgos procesales de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP, estableciendo que el mandamiento de detención domiciliaria nunca debió existir, todo ello ocurrió pese a que cumplió cabalmente las demás medidas cautelares impuestas y permaneció en detención domiciliaria desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 6 de abril de 2022; 3) Presentó nuevamente solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, acompañando nuevos elementos que desvirtuaban el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Adjetivo, el cual ya se había cumplido; asimismo, hizo conocer que tenía la obligación de proveer asistencia familiar a sus hijos menores y que la medida impuesta debía ser temporal y excepcional, sin convertirse en una pena anticipada, aspecto que fue omitido; posteriormente, interpuso recurso de apelación, el cual confirmó el Auto Interlocutorio cuestionado, pese a existir voto disidente de un miembro del referido tribunal; agravió falta de fundamentación y motivación, ya que no se dio una respuesta clara respecto a los riesgos procesales que sustentaron la detención preventiva, ni se realizó una valoración objetiva de los elementos presentados en audiencia, no se consideró que no era responsable de designar un custodio, ni se valoró su condición de padre con hijos menores; finalmente, señalaron que, aunque existía una sentencia condenatoria en su contra, seguía vigente la presunción de inocencia al no contar con sentencia ejecutoriada y podía ejercer todos los mecanismos legales que la norma le amparaba; 4) Obviaron la aplicación del art. 16 de la CPE, pese a que se solicitó una resolución debidamente fundamentada que considerara la ponderación y la utilidad de la detención, la cual no podía ni debía ser tratada como una pena anticipada; en la audiencia se interrumpió la exposición de los agravios y se omitió responder sobre la vigencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP, el cual cesaba automáticamente tras la declaración de los testigos en juicio; sin embargo, este aspecto no fue considerado y únicamente valoraron la relación fáctica del hecho, que no era objeto de debate, actuando de forma ultrapetita; el tribunal debió al menos pronunciarse sobre si la declaración de la víctima y testigos mantenía vigente el riesgo procesal referido; en consecuencia, dictaron un Auto de Vista arbitrario, que derivó en un procesamiento indebido al carecer de fundamentación suficiente y afectar directamente el derecho a la libertad; y, 5) Advirtió que no se valoró la declaración de la víctima ni de los testigos en el juicio oral, pese a que de ellas derivó una sentencia; no entorpeció ni obstaculizó el proceso; no correspondía redactar la gravedad del hecho en ese contexto.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito presentado el 3 de marzo de 2023, cursante a fs. 81 y vta., expresó: i) Efectivamente emitió el Auto de Vista 963/2022; respecto a la acción de libertad –el accionante- no señaló cuál de las causales previstas en la CPE y en el Código Procesal Constitucional (CPCo) sustentaba la acción, ni expresó si esta se interpuso por encontrarse en peligro de vida, por ser ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad, esta omisión amerita la denegatoria de la tutela solicitada, más aún al no estar correctamente planteada la pretensión; ii) No presentó un petitorio congruente con los fundamentos de hecho y de derecho, la pretensión no estuvo correctamente planteada, ya que sus elementos configuradores no fueron identificados ni fundamentados de manera adecuada, lo que derivó en una falta de sustento de la acción impetrada; iii) No indicó que su vida hubiera estado en peligro por el incumplimiento de un acto, razón por la cual la acción presentada no habría superado la barrera de la subsidiariedad; sin embargo, no existió fundamento alguno; iv) No acreditó haber sido ilegalmente perseguido, procesado o privado de libertad; por el contrario, estuvo sometido a un proceso legal en calidad de imputado y su detención se halló justificada mediante el Auto Interlocutorio que impuso la medida extrema, la cual permaneció vigente; y, v) La acción de libertad, aunque careció de formalismos, tenía la obligación de señalar la causa que motivó la solicitud de tutela constitucional, mencionó una supuesta vulneración, pero no expuso la fundamentación que la demostrara, tampoco explicó el nexo causal ni identificó la forma en que se afectaron derechos o garantías; en consecuencia, realizó una enunciación genérica sin precisar la relevancia constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-25/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 86 a 90, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE, tenía como finalidad esencial proteger la vida y la libertad de las personas cuando eran ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de libertad; sin embargo, de la acción interpuesta desprendió que lo planteado se refería a la valoración de la prueba; el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que dicha facultad correspondía de manera exclusiva a los órganos jurisdiccionales ordinarios, aunque reconoció excepciones en ciertos supuestos, conforme a la SCP 0608/2017-S1 de 27 de junio, para que el Tribunal pudiera ingresar a valorar pruebas era necesario que la parte agraviada expusiera de forma clara y precisa los fundamentos jurídicos que sustentaran su posición, identificando qué pruebas habían sido valoradas fuera de los marcos de razonabilidad y equidad, o señalando si alguna prueba no fue practicada pese a haber sido solicitada oportunamente, además, debía demostrar cómo esa irregularidad incidía en la resolución final, ya que no toda omisión o defecto procesal en materia probatoria generaba por sí mismo una indefensión material constitucionalmente relevante; b) Tras analizar y revisar los 21 cuerpos remitidos y las fotocopias presentadas por el accionante, estableció que el Auto de Vista 963/2022 de 20 de diciembre, que confirmó el Auto Interlocutorio 284/2022 de 15 de diciembre, atendió todos los puntos cuestionados y los supuestos agravios planteados en la audiencia respectiva; conforme al art. 398 del CPP, el Vocal demandado contrastó los agravios expuestos, incluso aquellos descritos en el recurso de apelación incidental interpuesto; la resolución fue emitida de manera adecuada, por lo que el alegato de falta de fundamentación y motivación careció de sustento, ya que, por el contrario, la encontró debidamente fundamentada, motivada y razonada de forma lógica, con base en antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la audiencia de apelación incidental.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Layonel Meyson Larrea Montaño -accionante- por la presunta comisión del delito de robo agravado; mediante Auto Interlocutorio 495/2019 de 24 de octubre, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al considerar la existencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 136/2020 de 26 de noviembre, la autoridad jurisdiccional referida, dispuso la cesación de la detención preventiva del accionante y determinó medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP, entre ellas la detención domiciliaria con salidas laborales, arraigo, verificación domiciliaria, depósito económico de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos), escolta policial, marcado biométrico dos veces por semana y firma de asistencia semanal ante la autoridad jurisdiccional; ante la solicitud de complementación y enmienda interpuesta por la víctima, respecto a la no aplicación del art. 234.7 del CPP y la falta de consideración de la gravedad del ilícito conforme al art. 239.2 del Código Adjetivo, resolvió que la decisión había sido clara y no requería aclaración; en consecuencia, al amparo del art. 251 del CPP, todas las partes procesales interpusieron recurso de apelación incidental (fs. 6 a 9). II.3. Por Auto de Vista 668/2020 de 23 de diciembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la admisibilidad de los tres recursos de apelación planteados, confirmando el Auto Interlocutorio impugnado, con la modificación de mantener la detención domiciliaria sin salidas laborales al no haberse demostrado actividad lícita vigente; asimismo, incorporó un nuevo punto que dispuso la obligación del accionante de presentarse ante el Fiscal de Materia o el Órgano Jurisdiccional cuando fuera convocado a audiencias o actos investigativos, bajo advertencia de revocatoria en caso de incumplimiento (fs. 10 a 12). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 61/2022 de 6 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, resolvió la solicitud planteada por la víctima y dispuso la revocatoria de las medidas cautelares impuestas al accionante, conforme al art. 247.1 del CPP, debido al incumplimiento de la escolta policial, ordenando la emisión del mandamiento de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs.13 a 14 vta.). II.5. A través de Auto de Vista 261/2022 de 13 de abril, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación incidental del Auto Interlocutorio 61/2022; determinó la admisibilidad del recurso planteado y confirmó la resolución impugnada (fs. 15 a 16). II.6. Por Sentencia S-45/2022 de 20 de julio, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, declaró al accionante, junto a otros, autor de los delitos de asociación delictuosa y robo agravado, condenándolo a la pena de doce años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 24 a 43 vta.). II.7. Mediante memorial de 12 de diciembre de 2022, el demandante de tutela solicitó cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP; solicitud que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Turno de El Alto, mediante Auto Interlocutorio 284/2022 de 15 de diciembre, la rechazó; motivo por el cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental (fs. 52 y vta.; y, 58 a 59 vta.). II.8. A través de Auto de Vista 963/2022 de 20 de diciembre, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesta, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, y confirmando el Auto Interlocutorio 284/2022 (fs. 67 a 69 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; toda vez que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 963/2022, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmó el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, decisión que habría sido emitida sin fundamentación ni motivación, al no valorar de forma integral la concurrencia de los riesgos procesales y las nuevas pruebas aportadas, ni justificar la necesidad de mantener la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:

[Es] la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 1La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado.

Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Sistematización jurisprudencial extraída de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 963/2022, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmó el rechazo de su solicitud a la cesación de detención preventiva, decisión que habría sido emitida con falta de fundamentación y motivación, al no valorar de forma integral la concurrencia de los riesgos procesales y las nuevas pruebas aportadas, ni justificar la necesidad de mantener la detención preventiva.

En principio, no puede soslayarse que, el petitorio planteado por el accionante, no guarda coherencia con el objeto procesal de la presente acción de libertad; no obstante, esa observación bajo el alcance del principio de informalismo que rige esta acción tutelar, se ingresará al análisis de la problemática planteada.

Ahora bien, de acuerdo a los datos consignados en el presente fallo constitucional e identificada la problemática traída en revisión, se advierte entre los antecedentes del proceso penal la siguiente secuencia procesal: Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la supuesta comisión del delito de robo agravado, mediante Auto Interlocutorio 495/2019 de 24 de octubre, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al considerar la existencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.

Por Auto Interlocutorio 136/2020 de 26 de noviembre, la autoridad jurisdiccional referida, dispuso la cesación a la detención preventiva del accionante y le impuso medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP; decisión que al ser apelada por las partes, fue confirmada por Auto de Vista 668/2020 de 23 de diciembre, con la modificación de mantener la detención domiciliaria sin salidas laborales al no haberse demostrado actividad lícita vigente; asimismo, incorporó un nuevo punto que dispuso la obligación del accionante de presentarse ante el Fiscal de Materia o el Órgano Jurisdiccional cuando fuera convocado a audiencias o actos investigativos.

Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 61/2022 de 6 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la revocatoria de las medidas cautelares impuestas al accionante, debido al incumplimiento de la escolta policial, ordenando la emisión del mandamiento de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; resolución que fue confirmada a través del Auto de Vista 261/2022 de 13 de abril. Por Sentencia S-45/2022 de 20 de julio, el Tribunal de Sentencia referido, declaró al accionante autor de los delitos de asociación delictuosa y robo agravado, condenándolo a la pena de doce años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

Ahora bien, entre los antecedentes que hacen a la presente causa tutelar, a través de Auto Interlocutorio 284/2022 de 15 de diciembre, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Turno de El Alto, resolvió el rechazo de la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el accionante; resolución contra la cual interpuso recurso de apelación incidental; el cual fue resuelto por Auto de Vista 963/2022 de 20 de diciembre, dictado por el vocal demandado, a través del cual declaró improcedente el recurso de apelación referido, y confirmó el Auto apelado.

Del Auto de Vista 963/2022, se constata que la parte recurrente interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 284/2022, mediante el cual agravió: 1) El Juez a quo al resolver su solicitud de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP, no consideró la homologación de un acuerdo familiar destinado a proveer asistencia familiar a sus hijos, documento que ofreció como nuevo elemento; respecto al art. 235.1 del CPP debió tomarse en cuenta la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, toda vez que el Auto Interlocutorio 495/2019 hizo mención a la caja fuerte; y, el Auto Interlocutorio 136/2020 mantuvo vigente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, por la declaración de testigos; y, 2) Señaló que en juicio se dictó Sentencia condenatoria S-45/2022, que se encuentra en apelación restringida; que el Tribunal consideró que debe cumplir la ley, sin considerar que debía prevalecer la presunción de inocencia; además, que se encuentra privado de libertad por más de tres años.

En ese marco, a continuación, revisaremos los planteamientos del accionante contrastando los agravios desarrollados en el párrafo anterior con el Auto de Vista cuestionado, bajo los entendimientos del Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, es un componente esencial que garantiza que toda restricción a la libertad se base en razones de hecho y de derecho, esta exigencia cobra mayor trascendencia en resoluciones que imponen, mantienen o modifican la detención preventiva.

En relación al agravio referido a que el a quo no consideró la homologación de un acuerdo familiar de asistencia familiar; y que para analizar los riesgos procesales debió tomar en cuenta la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio; el Auto de Vista 963/2022, el Vocal demandado refirió: a) En previsión del art. 398 del CPP, que establece que los tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones únicamente a los aspectos cuestionados en la resolución apelada, al conocer un recurso de apelación, la instancia superior no puede pronunciarse sobre temas que no hayan sido objeto de impugnación, garantizando así el principio de congruencia y el respeto al derecho de defensa; b) El Tribunal a quo estableció que –el apelante- no fundamentó ni acreditó su pretensión y tampoco presentó nuevos elementos; siendo el único elemento que se conoce, la resolución familiar que dispone que el acusado debe proveer asistencia familiar, que no tiene relación con el proceso penal; en absoluto corresponde tomar en cuenta que por la obligación familiar, deba gozar de una medida menos gravosa a la detención preventiva, cuando de por medio ya existe una sentencia; por lo que, invocar la situación de los menores para justificar una medida menos gravosa a la detención preventiva no resultaba viable.

Como se corrobora, el demandado precisó que el apelante no acreditó cómo una obligación de asistencia familiar tiene incidencia directa en la estructura del proceso penal o en la desaparición de los riesgos de obstaculización; por cuanto consideró adecuadamente la previsión del art. 239.1 del CPP, al establecer que el nuevo elemento de convicción que aportó el imputado consistente en el documento de homologación de un acuerdo familiar dentro de un proceso de asistencia familiar, para demostrar la cesación de detención preventiva, evidentemente, no tenía relación con el proceso penal; ya que, la obligación familiar establecida no significaba que deba gozar de una medida menos gravosa a la detención preventiva; y, que invocar la situación de los menores no resultaba viable; con lo que resulta que, el Vocal realizó un análisis razonable al determinar que el acuerdo de asistencia familiar no es un elemento idóneo para sustituir la detención preventiva por una medida menos gravosa; efectivamente, la protección de los menores beneficiarios aludidos por el accionante, si bien es un principio constitucional, no opera como un salvoconducto automático para evadir medidas cautelares cuando no hay una vinculación lógica con el riesgo procesal que se pretende desvirtuar. De ahí resulta que, el demandado realizó una valoración integral razonable de las circunstancias concurrentes de los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP en contraste con el acuerdo de asistencia familiar aportado por el imputado, que no constituía nuevo elemento para tornar conveniente que la detención sea sustituida por otra medida; con esa determinación, el Vocal no lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; al contrario, se evidencia que fundó la misma en el marco de lo regulado por el art. 239.1 del CPP.

Por otra parte, en cuanto al agravio por la Sentencia condenatoria S-45/2022, que se encuentra en apelación restringida; el Tribunal consideró que debía cumplir la ley, sin contemplar que debía prevalecer la presunción de inocencia; además, que se encuentra privado de libertad por más de tres años; la autoridad demandada estableció: c) El recurrente destacó como nuevo elemento que anteriormente gozaba de detención domiciliaria, la cual fue revocada y ahora pretendía modificar su situación jurídica, cuando ya existía sentencia; la presunción de inocencia debe tomarse en cuenta concatenando con la Sentencia y la aplicación del art. 221 del CPP, refiriendo a la finalidad y alcance de esta norma; citando al respecto el AS 426/2015 RRC de 19 de junio, mencionando que se estaría vulnerando la presunción inocencia como garantía constitucional si no se hubiese acreditado la existencia de los elementos del delito y la autoría; caso contrario, se debe verificar que la actividad probatoria del titular de la acción penal se haya llevado con total respeto de los derechos, principios y garantías procesales, exigiendo al juez o tribunal valorar las pruebas conforme al art. 173 del CPP, a través de la resolución que debe estar basada únicamente en prueba legalmente obtenida y sea suficiente para generar convicción sobre la existencia de hechos punibles, así como la participación y responsabilidad penal del imputado.

Sobre este motivo en particular, si bien el accionante, no agravió explícitamente la omisión de justificar la necesidad de mantener la detención preventiva; se advierte que el Vocal demandado efectuó una suficiente explicación de los motivos que le llevaron a confirmar el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, toda vez que, realizó un análisis lógico y razonable en cuanto a la justificación de mantener la vigencia de la medida de ultima ratio en lugar de otras medidas menos gravosas, en mérito a los riesgos procesales existentes, en relación con la Sentencia expedida; que le generó la convicción suficiente para fundamentar su decisión, al margen de que se desvirtuó que esta medida lesione la presunción de inocencia del accionante; se corrobora que si bien no fue exhaustivo en la explicación de la proporcionalidad y necesidad, efectuó una explicación suficiente y lógica, al sostener que la confirmación del rechazo de la pretensión del accionante se basó en la falta de prueba idónea para desvirtuar la persistencia de los riesgos, cumpliendo así con el deber de motivación integral; además de fundamentar que la presunción de inocencia debe interpretarse en armonía con la finalidad y el alcance de las medidas cautelares.

Como se evidencia, el Vocal demandado cumplió con el Fundamento Jurídico III.1 referido, al sostener que el accionante no aportó prueba idónea como nuevo elemento que sustente que la detención preventiva deba ser sustituida por otra medida menos gravosa, justificando la necesidad de mantener la detención preventiva para asegurar los fines del proceso; conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, toda vez que motivó y fundamentó su resolución, precisando que el acuerdo de asistencia familiar aportado por el accionante, no hace prueba idónea con aptitud jurídica para desvirtuar riesgos procesales ni justifica por sí misma el concluir en la conveniencia de aplicar otras medidas cautelares personales en lugar de la detención preventiva.

Consiguientemente, se evidencia un desarrollo intelectivo suficiente por parte del Vocal demandado al confirmar la resolución apelada; correspondiendo denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-25/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

8 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y

estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0892_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): bebc65696d54de0a3739439242132df5760b3664fec7d9e83d18dd0b06d76162

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