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SCP 0892/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48971-2022-98-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la seguridad social, a la salud y a la integridad física; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, después de despedirla injustificadamente, se resiste a dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 de 14 de septiembre, que conminó a dicha entidad municipal, proceda a su reincorporación inmediata, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado y demás derechos que corresponden por ley, hasta que su hija cumpla un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100 de 11 de julio de 2022, cursante de fs. 130 vta. a 132, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2023-S3 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48971-2022-98-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 100 de 11 de julio de 2022, cursante de fs. 130 vta. a 132, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amancaya Beatriz Salinas Sandoval contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 47 a 52, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de febrero de 2021, ingresó a trabajar en la Secretaria Municipal de Planificación, Subalcaldía del Distrito Municipal 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con un sueldo de Bs6 534.- (seis mil quinientos treinta y cuatro bolivianos), cumpliendo sus funciones en forma continua e ininterrumpida, con honestidad, responsabilidad y eficiencia. Sin embargo, lamentablemente el 30 de abril de 2021, fue desvinculada, negándose su ingreso a su puesto laboral, cuando ya tenía seis meses de gestación; por lo que, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando el despido injustificado y solicitando la reincorporación por inamovilidad laboral, con el respaldo documental de su estado de gestación; asimismo, en audiencia el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, manifestó que ese despido obedeció a una supuesta finalización de contrato, siendo que en realidad la despidieron porque se encontraba embarazada, sin considerar que goza de la garantía de inamovilidad laboral. Ante la denuncia presentada a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se pronunció la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 de 14 de septiembre, la cual conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda a su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley; con dicha Conminatoria, la citada entidad municipal fue notificada el 16 de septiembre de 2021; empero, cuando su persona se apersonó ante la misma, le señalaron que impugnarían la referida Conminatoria, por cuanto, darían cumplimiento a esa Conminatoria; aspectos que fueron constatados por la Inspectora de la indicada Jefatura Departamental, y expresados por Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 007/2022 de 24 de enero.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la seguridad social, a la salud y a la integridad física; citando al efecto los arts. 15, 16, 18, 46, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dé cumplimiento inmediato e íntegro a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 de 14 de septiembre, para que proceda a su reincorporación inmediata a su fuente laboral, la cancelación de sus sueldos devengados y demás derechos laborales colaterales que le corresponden, y a la inmediata afiliación a los seguros de salud de corto y largo plazo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 126 a 130 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándolo, manifestó que: a) La Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 fue notificada al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de septiembre de 2021; por lo que: “…la trabajadora de manera voluntaria se presentó a querer trabajar en cuanto a su reincorporación, sin embargo representantes del Gobierno Autónomo Municipal manifestaron que no darían curso a que ella pueda ingresar a su trabajo y que por su lado manifestaron en ese entonces que presentarían todos los recursos que la ley les franquease a objeto de evitar esa situación” (sic), incumplimiento que fue evidenciado por Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 007/2022 de la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; b) Para la destitución de una trabajadora, los empleadores deben someterla a un proceso previo para demostrar la concurrencia de alguna causal de despido, de acuerdo a lo previsto por los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), y 9 de su Decreto Reglamentario, situación que en el presente caso no ocurrió; c) Lo lamentable es que no se respetó su situación de embarazo de ese entonces y ahora su condición de madre de una niña de un año de edad, vulnerando su garantía de inamovilidad laboral, y su derecho al trabajo, afectando su entorno familiar, quienes dependían económicamente de su persona, tornándose en una situación difícil casi imposible para proveer de alimentos y atenciones en salud; y, d) La acción de amparo constitucional se constituye en un medio idóneo de protección de los derechos, en la que corresponde verificarse si el empleador cumplió o no la conminatoria de reincorporación laboral, para la otorgación de tutela. Por lo expuesto, pidió se le conceda la tutela solicitada, y se disponga el cumplimiento inmediato e íntegro de la citada Conminatoria.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su representante legal y abogado en audiencia, manifestó que: 1) Según la Certificación Laboral de 11 de julio de 2022, emitida por la Dirección de RR.HH. de dicho Gobierno Autónomo Municipal, la accionante tiene una relación de carácter eventual con esa entidad municipal, en razón al Contrato Administrativo 7744/2021, con duración hasta el 30 de abril de 2021, aspecto que se comunicó a la accionante, de la que se prescindió de sus servicios; por lo que, no fue un despido sino la conclusión del contrato administrativo; 2) El Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, que reglamenta la inamovilidad laboral, establece excepciones como en el presente caso, ya que no cabe esa garantía al personal eventual, cuando haya culminado la relación laboral por el cumplimiento del plazo pactado en el contrato; 3) En la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no fueron valoradas las pruebas presentadas por el referido Gobierno Municipal, que acreditan los extremos señalados; por cuanto, esa entidad municipal no incurrió en ninguna falta; y, 4) El mencionado Gobierno Municipal fue notificado con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021, el 16 de septiembre de 2021; por lo que, el plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional se venció de manera superabundante. Por lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 100 de 11 de julio de 2022, cursante de fs. 130 vta. a 132, denegó la tutela solicitada y la declaró “IMPROCEDENTE”; bajo los siguientes fundamentos: i) Si la persona considera que fue ilegalmente despedida y cuenta con una conminatoria de reincorporación laboral, esta debe hacerse efectiva de manera inmediata a través de la acción de amparo constitucional; puesto que, su objeto de protección es el trabajo, la alimentación, la salud y el derecho a la vida, y dejar abierta la posibilidad de la acción tutelar, haría que la “autoridad accionada” o el “accionado” tenga que pagar sueldos que no fueron trabajados; y, ii) No existe la posibilidad material de tutelar derechos; puesto que, la accionante reclamó de manera posterior al plazo previsto en la Constitución Política del Estado, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa diagnóstico de Ecografía Obstétrica de 2DO/3ER Trimestre de Amancaya Beatriz Salinas Sandoval -hoy accionante- realizado el 28 de mayo de 2021 por Ana Quiroz Valdivia, Médica Ecografista, a través del cual se concluyó el embarazo de treinta y un semanas de gestación (fs. 33); asimismo, consta Certificado de Nacimiento de la Oficialía 4182, Libro LIBN-7, Partida 39, Folio 39, de 12 de agosto de igual año, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que acredita el nacimiento de Jasibe Suárez Salinas, nacida el 16 de julio de ese año, en el cual figura como progenitores la accionante y Néstor Ramiro Suarez Mendoza (fs. 32). II.2. Mediante Certificación Laboral de 11 de julio de 2022, emitida por Manfredo Menacho Ferrante, Director de Recursos Humanos (RR.HH.), del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se certificó que entre el citado Gobierno Autónomo Municipal y la accionante se estableció la relación laboral en la modalidad de “Servidor Público de Contrato Eventual Administrativo” (sic), por Contrato 6005/2021 en el cargo de Profesional B, con una vigencia desde el 01 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de igual año; y, Contrato 7744/2021 en el señalado cargo, con una duración desde el 01 de abril de ese año hasta el 30 de dicho mes y año, perteneciente a la Secretaria Municipal de Planificación del mencionado Gobierno Autónomo Municipal (fs. 70).

II.3. Consta Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM.

145/2021 de 14 de septiembre, emitida por Julio César Choque Saramani, Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la cual se conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda a la reincorporación inmediata de la accionante al mismo puesto que ocupaba, reponiendo sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija de la accionante (fs. 12 a 13 vta.); la cual fue notificada a dicho Gobierno Autónomo Municipal y a la accionante el 16 de ese mes de 2021 (fs. 10).

II.4. Por Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 007/2022

de 24 de enero, emitido por Lizeth “R.” Méndez Díaz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informó que ante la verificación realizada en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Asesor Legal de RR.HH. de dicha entidad municipal, indicó que: “no se los ha reincorporado, ya que agotaremos todas las instancias’” (sic), concluyendo que el mencionado Gobierno Autónomo Municipal no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la seguridad social, a la salud y a la integridad física; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, después de despedirla injustificadamente, se resiste a dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 de 14 de septiembre, que conminó a dicha entidad municipal, proceda a su reincorporación inmediata, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado y demás derechos que corresponden por ley, hasta que su hija cumpla un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez

El art. 129.II de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; en términos similares, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresa que la acción de amparo constitucional se interpondrá en el plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Este plazo, expresada en la norma constitucional y procesal, se encuentra vinculada al principio de inmediación que rige ésta acción tutelar. Al respecto el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente, en cumplimiento a su labor interpretativa y protectora de los derechos, se pronunció señalando que en el ámbito de la inmediatez por principio general del derecho, ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías les sean restituidos; en ese entendido, vía jurisprudencia constitucional se estableció de forma implícita y de manera expresa, que el plazo de seis 1 Respecto a la inmediatez, el art. 129.II de la CPE, expresamente establece:

“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. (…)” (las negrillas nos pertenecen). 2 Respecto a la inmediatez, el art. 55.I del CPCo, textualmente establece: “ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).

I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. (…)” (las negrillas nos pertenecen).

3 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, estableció que:

“…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”. (las negrillas nos pertenecen). 4 En torno a la inmediatez, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, expresó el siguiente entendimiento: “…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (las negrillas son añadidas), citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, SCP 0450/2012 de 29 de junio, SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, entre otras. 5 Respecto al plazo de los seis meses de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -antes recurso de amparo constitucional- la SC 0544/2002-R de 13 de mayo, estableció de manera implícita, en los siguientes términos: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna -referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha incumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado” (las negrillas y el subrayado son añadidos), citado en la SC 1216/2010-R de 6 de septiembre, SCP 0809/2012 de 20 de agosto, entre otros. 6 Respecto al plazo de los seis meses de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -antes recurso de amparo constitucional-, la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, estableció de manera expresa, en los siguientes términos: “El recurso de amparo constitucional se caracteriza por otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías, que han sido lesionados por actos, resoluciones u omisiones indebidas ejecutados por funcionarios públicos o meses la caducidad del derecho de acudir a la jurisdicción constitucional para salvaguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales; su incumplimiento, impide conocer el fondo de la cuestión planteada. Con base en los razonamientos desplegados y tomando en cuenta este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia; puesto que, su apertura ilimitada e indefinida en el tiempo, causaría sin duda alguna, inseguridad e incertidumbre para los justiciables; por lo que, el constituyente boliviano fijó el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional en forma clara y categórica. Ahora bien, respecto al inicio del cómputo del plazo de la inmediatez en las acciones de amparo constitucional vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por la autoridad administrativa, la jurisprudencia constitucional se pronunció señalando que “…el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la seguridad social, a la salud y a la integridad física; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, después de despedirla injustificadamente, se resiste a dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021 de 14 de septiembre, que conminó a dicha entidad municipal, proceda a su reincorporación inmediata, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado y demás derechos que corresponden por ley, hasta que su hija cumpla un año de edad. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se concluye que la relación laboral entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la accionante fue establecida en la modalidad de “Servidor Público de Contrato Eventual Administrativo” (sic), mediante Contrato 6005/2021 en el cargo de Profesional B, con una vigencia desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de igual año; y, Contrato 7744/2021 en el señalado cargo, con una duración desde el 1 de abril de ese año hasta el 30 de dicho mes y año, perteneciente a la Secretaria Municipal de Planificación del mencionado Gobierno Autónomo Municipal (Conclusión II.2); no obstante, también se constata, el estado de gestación de la accionante en vigencia de la relación laboral, con treinta y un semanas de gestación; en razón al diagnóstico de Ecografía Obstétrica de 2DO/3ER Trimestre realizado el 28 de mayo de ese año, dando lugar al nacimiento de su hija el 16 de julio de igual año (Conclusión II.1). Ante la denuncia de la accionante -despido injustificado y solicitud de reincorporación- la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021, que conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda a la reincorporación inmediata de la accionante, al mismo puesto que ocupaba, reponiendo sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, hasta el cumplimiento de un año de edad de su hija; asimismo, la indicada Conminatoria fue notificada a esa entidad municipal y a la accionante el 16 de septiembre de 2021 (Conclusión II.3.). Así también, notificada la entidad municipal con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021, refirió textualmente: “‘no se los ha reincorporado, ya que agotaremos todas las instancias’’” (sic), ante la verificación realizada en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien dejó constancia de la negativa al cumplimiento de la referida Conminatoria, en el Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 007/2022 de igual fecha (Conclusión II.4.). Antes de ingresar al análisis de la cuestión de fondo -en caso de corresponder-, es preciso resolver la cuestión procesal o de forma planteada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra -cuya Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es ahora accionada-, al señalar que la accionante presuntamente no observó el plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, incumpliendo el principio de inmediatez. Respecto al presunto incumplimiento del plazo de la inmediatez Esa cuestión fue incorporada en el informe del Alcalde hoy accionado, y expresado en la audiencia de consideración de la acción tutelar. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el inicio del cómputo del plazo de la inmediatez en las acciones de amparo constitucional vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por la autoridad administrativa, comienza a correr a partir de que el empleador se rehúse o se muestre renuente a cumplir la conminatoria de reincorporación laboral, inmediatamente después de su notificación, a partir del cual, el trabajador tiene la facultad de acudir a la vía constitucional para la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. De los antecedentes adjuntos en la acción de amparo constitucional y el informe presentado por el Alcalde hoy accionado, el procedimiento administrativo laboral concerniente a la denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral no se encuentra concluido; es decir, no hay una resolución ejecutoriada, es más, se tiene constancia que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra expresó su disposición para presentar los medios de impugnación en sede administrativa y promover el control judicial de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021, al expresar: “no se los ha reincorporado, ya que agotaremos todas las instancias” (sic) cuando la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, procedió a la verificación del cumplimiento de la señalada Conminatoria, plasmada en el Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 007/2022. Sin embargo, para el cómputo del plazo de la inmediatez, principio rector de la acción de amparo constitucional, debe tomarse en cuenta, cuándo fueron cumplidos los actos de comunicación a las partes con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021;

específicamente, el acto de comunicación a la trabajadora o dependiente; puesto que, a partir de dicho acto, la misma tiene la facultad de acudir en caso de renuencia o resistencia a la jurisdicción constitucional en procura de la restitución de sus derechos laborales, sin perjuicio de los recursos que pudiera presentar la parte patronal en sede administrativa o promover su revisión en sede judicial. En ese entendido; no obstante, la resistencia o renuencia comprobada del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral-Madre Progenitora JDTSC/JCCHS/CONM. 145/2021, es necesario precisar que, tanto el señalado Gobierno Autónomo Municipal, como la accionante, tuvieron conocimiento de dicha Conminatoria el 16 de septiembre de 2021, mediante diligencia de notificación cumplida por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 10 y 11), fecha a partir de la cual, la accionante tenía la facultad de acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional para la restitución de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados ante la renuencia de la indicada entidad municipal, sin perjuicio de los medios de impugnación o recursos intraprocesales en sede administrativa o revisión en sede judicial. En ese contexto, la acción de amparo constitucional se interpuso el 6 de julio de 2022; por cuanto, esos hechos, permiten concluir que la acción tutelar fue presentada de manera extemporánea, venciendo superabundantemente el plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional; en esa comprensión, la accionante incumplió el principio de inmediatez que rige dicha acción de defensa, tornándola en improcedente o dando mérito para denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100 de 11 de julio de 2022, cursante de fs. 130 vta. a 132, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

particulares. En el caso que se examina, el amparo ha sido demandado en forma extemporánea y después de más de un año de haber dictado los Vocales recurridos el Auto de complementación impugnado, desnaturalizando su característica esencial: la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; dado que, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión” (las negrillas y el subrayado son añadidos), citado en la SC 1216/2010-R de 6 de septiembre, SCP 0809/2012 de 20 de agosto, entre otros.

7 Respecto al principio de inmediatez la SCP 1880/2012 de 12 de octubre, expresó: “El principio de inmediatez del amparo constitucional, referido al planteamiento de dicha acción dentro de los seis meses, tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que es propio de la administración de la justicia, dado que, al permitirse aperturada la jurisdicción constitucional por un tiempo ilimitado e indefinido, sin la menor duda, provocaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables, a cuyo fin, la sabiduría del constituyente boliviano, estableció categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la presente acción de defensa” (las negrillas son añadidas), citada en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

8 SCP 1712/2013 de 10 de octubre, reconduciendo el entendimiento de la SCP 0809/2012 de 20 de agosto.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0892_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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