B.IA.LEGAL

SCP 0890/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
4 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
66724-2024-134-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a la igualdad procesal y ante la ley, de acceso a la justicia en aplicación a los principios pro actione y pro homine, a la vivienda, a la verdad y justicia material; puesto que, esas vulneraciones fueron ocasionadas por el Juez hoy accionado al interpretar y aplicar de manera errónea la SCP 0525/2022-S3 de 2 de junio, en el decreto de 18 de enero de 2024. En dicho decreto, se desconocieron actos judiciales previos y disposiciones como el AS 153/2023-RRC de 3 de marzo, cuya vigencia no fue formalmente cuestionada, y no se tomaron en cuenta situaciones procesales sobrevinientes, como la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio, dispuesta por un Juez de igual jerarquía en un proceso de fraude procesal; y, la existencia de acciones constitucionales aún pendientes de resolución, vinculadas al cumplimiento de fallos constitucionales relacionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 172/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 303 vta. a 309, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional respecto al derecho a la vivienda y demás derechos conexos, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz no ejecute mandamiento de desapoderamiento alguno contra Nicolás Carvajal Carvajal, hasta que no se resuelvan los recursos de compulsa interpuestos contra el Auto 113/24 de 28 de junio de 2024 y de reposición con alternativa de apelación planteado contra el Auto 114/24 de igual fecha y mientras aún esté vigente la medida cautelar de no innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio dispuesta por decreto de 18 de septiembre de 2023 emitida por el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz en el proceso ordinario por fraude procesal planteado el 21 de agosto del citado año por Nicolás Carvajal Carvajal a través de su representante legal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto al derecho a la vivienda y su protección a través de la “tutela provisional” y la limitación de los alcances de dicha protección
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0890/2024-S3 Sucre, 4 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 66724-2024-134-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 172/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 303 vta. a 309, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gloria Delma Romero Peña en representación legal de Nicolás Carvajal Carvajal contra Barly Durán Montero, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante legal, por memoriales presentados el 31 de julio y de 15 de agosto de 2024, cursantes de fs. 170 a 187; y, 198 a 199, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la demanda de cumplimiento de contrato, nulidad de declaratoria de herederos y nulidad de trámite de posesión hereditaria que interpuso contra Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Valentin Reyes Estrada, Margoth, Antonio Valentín, y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga, ampliada contra Eva Ramírez López de Fuentes, María Elena y Aldo, ambos de apellidos Fuentes Ramírez -hoy terceros interesados-, el Juez ahora accionado emitió el decreto de 18 de enero de 2024, de forma ilegal y arbitraria, debido a que no se trata de un decreto de mero trámite o simple procedimiento sino que en su contenido genera efectos jurídicos que cambian el ciclo procesal de la fase de ejecución, en razón a una ilegal, errada y lesiva interpretación y aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional -se entiende SCP 0525/2022-S3 de 2 de junio-, que es competencia de la jurisdicción constitucional, no así de la vía ordinaria.

En el decreto de 18 de enero de 2024, se interpreta y aplica la SCP 0525/2022-S3, señalando -de manera peligrosa- que se daba cumplimiento al mencionado fallo constitucional, en la cual se denegó la tutela concedida por el Juez de garantías, sin tomar en cuenta que esa Sentencia Constitucional Plurinacional no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada al existir otra acción de amparo constitucional que también, en grado de revisión, revocó y denegó la tutela solicitada. Frente a ello, los hermanos “La Fuente Ramírez” interpusieron otra acción de amparo constitucional, a través de la cual solicitaron el cumplimiento de los dos fallos constitucionales. Asimismo, en el decreto de 18 de enero de 2024, el Juez ahora accionado dispuso la vigencia del Auto Supremo (AS) 677/2020 de 8 de diciembre, y dejó sin efecto el Auto 281/23 de 20 de noviembre de 2023 -por el cual el mismo Juez ordenó el cumplimiento del Auto de Vista de 6 de mayo de 2022, y que los vendedores, concluyan su compromiso de cumplimiento de contrato de anticipo de venta de 27 de agosto de 2002-, más posteriores actuaciones. El decreto de 18 de enero de 2024, fue notificada el 6 de abril de ese año, la cual añadió que: ‘“En su lugar se dispone la ejecución de la Sentencia de conformidad al art. 379 del Código Procesal Civil, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO SUPREMO N° 677, y sentencia N° 153/2017 de fs. 551 a 560”’ (sic); es decir que con ello, dispuso el cumplimiento del AS 677/2020 que se pronunció como consecuencia de una primera acción de amparo constitucional, e indicó que su actuación se basa en el cumplimiento de la SCP 0525/2022-S3, que se pronunció en la segunda acción de amparo constitucional, sin tomar en cuenta que si bien dicha Sentencia Constitucional Plurinacional se interpuso contra el AS 677/2020; sin embargo, en ese fallo constitucional se denegó la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado. El Juez hoy accionado hizo caso omiso de los medios impugnativos pendientes, materializó y agravó los actos ilegales; por lo que, ante esa aberración, dentro de plazo, el 2 de febrero de 2024, presentó un memorial de conformidad con el art. 253 del Código Procesal Civil (CPC), a través del cual interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 18 de enero del citado año, fundamentando que: a) El indicado Juez no se encontraba facultado para interpretar Sentencias Constitucionales Plurinacionales, en las que no fue parte ni citado como tercero interesado; b) El Juez ahora accionado señaló que quedó vigente el AS 677/2020; sin embargo, en su parte resolutiva no indicó ese aspecto. Además, al estar pendiente una solicitud de modulación de los efectos de la SCP 0525/2022-S3, dicho Juez no podría interpretar ni hacer cumplir ese fallo constitucional de manera anticipada; puesto que, ello le correspondería al Juez de garantías; c) Existe una acción de amparo constitucional que interpuso María Elena Fuentes Ramírez, ahora tercera interesada, contra los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los Vocales de la Sala Social, Administrativa y Tributaria, y Vocal de la Sala Civil Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que fue resuelta por la Sala Constitucional Primera del mismo Tribunal, encontrándose pendiente de resolución en grado de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional; sin embargo, la nombrada autoridad judicial anticipadamente y de forma ilegal dio por cumplida la Resolución de la mencionada Sala Constitucional. Por ello, el Juez ahora accionado no puede adelantarse y desconocer una acción de defensa activada por la propia solicitante, que pretende de forma maliciosa activar vías paralelas con la misma finalidad, induciendo a un grave error y vulnerando el derecho al debido proceso; d) El AS 153/2020 de 3 de marzo, se pronunció a efecto del recurso de casación interpuesto por María Elena Fuentes Ramírez, ahora tercera interesada y Rómulo Renato Arandia Orellana en representación de Aldo Fuentes Ramírez, ejerciendo su derecho a la impugnación y de acceso a la justicia, y no existe ninguna sentencia o resolución judicial ordinaria ni extraordinaria que de manera taxativa anule dicho Auto Supremo; por ello, sigue vigente y corresponde su cumplimiento; y, e) El AS 153/2023-RRC de 3 de marzo, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación, notificándose a las partes el 11 de agosto de 2023 y al momento de su devolución su autoridad mediante decreto de 4 de octubre del indicado año dispuso que se cumpla. Al respecto, el art. 31 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), sobre el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, establece que: ‘“La jurisdicción ordinaria se ejerce a través de: 1. El Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de justicia de la jurisdicción ordinaria, que se extiende a todo el territorio del Estado Plurinacional, con sede de funciones en la ciudad de Sucre…”’ (sic), por consiguiente, el citado Auto Supremo fue emitido por el máximo Tribunal de Justicia en la vía ordinaria y no es atribución de los jueces el inaplicar, interpretar o incumplir un Auto Supremo, menos aun cuando no existe otra resolución ordinaria ni extraordinaria que mediante el “Por Tanto”, disponga su nulidad, ni que se encuentre pendiente de resolución de una acción de amparo constitucional que definirá su situación; por ello, el mencionado Auto Supremo se encuentra vigente. En ese sentido, no correspondía que mediante decreto de 18 de enero de 2024, se deje sin efecto el Auto 281/23 y posteriores actuaciones, menos aún disponer la ejecución de la Sentencia 153/2017 de 7 de junio y del AS 677/2020, con la agravante de otorgarle un plazo para la desocupación del bien inmueble, cuando no corresponde, deviniendo del decreto de 18 de enero de 2024, que vulnera su derecho al debido proceso, generándole una situación desigual y de desventaja por la inseguridad jurídica. En ese sentido, pidió la reposición del mencionado decreto, dejándolo sin efecto, y en su lugar, mientras no exista una resolución judicial que expresamente anule o deje sin efecto el AS 153/2023-RRC, se establezca su validez, dejando de lado cualquier intento infundado para evitar su cumplimiento, sobretodo porque la que antes activó la jurisdicción constitucional, paralelamente interpuso una nueva acción de amparo constitucional con la misma finalidad; por ello, debe estar sujeta a los resultados del Tribunal Constitucional Plurinacional, y mientras tanto, debe proseguirse con la ejecución del “cúmplase” del citado Auto Supremo. Además, solicitó que en caso de negativa del recurso de reposición, se tenga por interpuesto alternativamente el recurso de apelación. Su recurso de reposición, no fue resuelto ni considerado por el Juez hoy accionado, quien en lugar de reparar la vulneración de derechos, mediante Auto 113/24 de 28 de junio de 2024, le negó su recurso de reposición como la alternativa de apelación, a pesar de ello, dejó sin efecto una disposición judicial anterior que establece todo lo contrario, y para agravar más la situación, interpretó y aplicó un fallo constitucional, señalando que estaría cumpliendo un Auto Supremo, sin considerar que el Tribunal Constitucional Plurinacional refirió que no ingresó al análisis de fondo porque emerge de otro fallo constitucional; es decir que, el Juez de la causa distorsionó lo resuelto por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando no fue parte procesal ni accionado, además de existir otra acción de amparo constitucional que se encuentra pendiente de revisión. Al mismo tiempo, el Juez ahora accionado dispuso el cumplimiento sin que el “Por Tanto” de ningún fallo anule algún Auto Supremo, existiendo con ello contradicción que no le corresponde al juzgador dilucidar. En resumen, el Juez hoy accionado no tomó en cuenta todos los agravios y la situación sui generis de ese caso, por los efectos y las situaciones jurídicas sobrevinientes y actuales, que afectan el desarrollo de la ejecución de fallos; puesto que, no se consideró que el supuesto cumplimiento solo formal y no material de una resolución no puede ser una fuente de vulneración de derechos constitucionales y procesales contra su persona, tratándose de su vivienda y lugar de trabajo. Además, a los anteriores accionantes -al margen de demostrar la malicia, la temeridad y el fraude en su actuación- no les afecta esperar el fallo constitucional de la acción de amparo constitucional que ellos mismos activaron pidiendo lo mismo; es decir, el cumplimiento de los fallos constitucionales. Así también, mediante Auto 114/24 de 28 de junio de 2024, se negó su incidente de inejecutabilidad de sentencia por situaciones sobrevinientes. Más aun, contra el Auto 113/24 interpuso recurso de compulsa y contra el Auto 114/24 formuló recurso de apelación; sin embargo, por la naturaleza del proceso de ejecución, la espera del procedimiento puede ser tardía y podría generar un daño irreversible e irreparable; por esa razón, debe aplicarse la excepción del principio de subsidiariedad y la tutela provisional. Asimismo, existe otro proceso judicial sobre el mismo bien inmueble objeto de litigio, en el cual se dispusieron medidas cautelares de prohibición de innovar y contratar, lo que afecta momentáneamente la ejecución del proceso. De igual manera interpuso una demanda ordinaria de nulidad de proceso ordinario por fraude procesal contra quienes piden la ejecución de sentencia. Ese proceso se tramita en el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, el cual mediante decreto de 18 de septiembre de 2023, ordenó la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble objeto de litigio, lo que de forma oportuna y mediante oficio se puso en conocimiento de la autoridad accionada. Por consiguiente, la situación procesal se convierte en causal sobreviniente que impide la ilegalmente pretendida ejecución de la Sentencia. En razón a ello, debe realizarse una ponderación de derechos en su favor como poseedor y considerarse que no se está afectando ningún derecho personalísimo de los ahora terceros interesados. En ese sentido, de conformidad con lo previsto por el art. 324 del CPC, las medidas cautelares tienen la finalidad de evitar un daño o perjuicio inminente o irreparable, debido a dicha ejecución, en el presente caso, como resultado de un proceso que considera fraudulento. Bajo esas circunstancias, se trata de actos ilegales producto de la ejecución apresurada de la “Sentencia” mediante el desconocimiento de los aspectos procesales y legales, vulnerándose el derecho al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa, de la verdad y de la justicia material, que impiden la ejecución de la Sentencia por causal sobreviniente. En ese sentido, se vulneró el derecho al debido proceso, ya que el Juez ahora accionado dio por válido el AS 677/2020, a pesar de existir una acción de amparo constitucional en trámite mediante la que se pidió el cumplimiento de dos fallos constitucionales; acción de defensa que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, tampoco dicho Juez tomó en cuenta que un Juez de la igual jerarquía dispuso la medida cautelar de no innovar. Por su parte, se vulneró también el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al no considerarse las causales sobreviniente en ejecución de sentencia, los anteriores fallos constitucionales, la acción de defensa en trámite y la medida cautelar dispuesta en el mismo bien inmueble por parte de un juez de igual jerarquía que el Juez hoy accionado. Al mismo tiempo, el Juez ahora accionado vulneró el derecho a la igualdad procesal y ante la ley, al constituirse sus actos judiciales en medidas de hecho, dándole un trato desigual al no considerar los aspectos jurídico-procesales en favor de su persona. Aunando en lo anterior, el Juez hoy accionado vulneró su derecho de acceso a la justicia, ya que su persona cuestionó e impugnó toda ilegalidad oportunamente; sin embargo, las respuestas de dicho juez le denegaron toda defensa y acceso a la real y verdadera justicia no formal sino material. Más aun, se vulneró su derecho a la vivienda vinculado al derecho al trabajo y a la amenaza del derecho a la vida; puesto que, existe una amenaza inminente e ilegal de desalojo del bien inmueble que habita y en el que ejerce su actividad principal; por lo que, su situación se acomoda a las exigencias previstas en la jurisprudencia constitucional para que proceda la tutela provisional que impida la ejecución del mandamiento de desalojo hasta que se dilucide su situación jurídica en ejecución de sentencia por las situaciones sobrevinientes que impiden la acelerada ejecución del fallo constitucional mediante una interpretación alejada de la verdad y que no le correspondía realizar al Juez ahora accionado. Asimismo, con esos actos se amenazan otros derechos como son al trabajo, al hábitat y a la vida.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a la igualdad procesal y ante la ley, de acceso a la justicia en aplicación a los principios pro actione y pro homine, a la vivienda, a la verdad y justicia material; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga de manera excepcional y provisionalmente, la no emisión y ejecución del mandamiento de desapoderamiento alguno, mientras no se resuelvan los recursos y medios impugnativos pendientes, incluyendo el proceso judicial por fraude procesal donde se emitió una medida cautelar de no innovar ni contratar sobre el mismo ben inmueble, y sea notificado al Juez ahora accionado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 299 a 306 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que solicita la tutela provisional entre tanto se dilucide el proceso de fraude procesal; puesto que, si bien los ahora terceros interesados ostentan derecho propietario aparente sobre el bien inmueble en litigio que su madre les cedió, nunca estuvieron en posesión del mismo precisamente en razón del fraude llevado a la vía judicial ordinaria, que se encuentra en trámite y que es de conocimiento del Juez ahora accionado.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Barly Durán Montero, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 21 de agosto de 2024, cursante de fs. 214 a 217 vta., manifestó que: 1) Se encuentran pendientes de resolución: el recurso de compulsa interpuesto contra el Auto 113/24 que fue concedido mediante decreto de “fs. 2028”; el recurso de reposición con alternativa de apelación planteado contra el Auto 114/24; y, el proceso de fraude procesal instaurado en el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz. En ese sentido, queda en evidencia que el accionante incumplió con el principio de subsidiariedad, siendo incluso cuestionable la admisión de la presente acción tutelar, debiendo denegarse la tutela solicitada; 2) Las líneas jurisprudenciales de excepción del principio de subsidiariedad señaladas por el accionante no son aplicables en esta acción de defensa, ya que no contienen supuestos fácticos análogos al presente caso en su ratio decidenti. Tampoco el accionante pertenece a un sector vulnerable. Menos existe la inminencia de daño irreparable e irremediable; puesto que, el proceso ordinario se encuentra con calidad de cosa juzgada, al margen que la aplicación de una medida cautelar encuentra sus fundamentos en la esencia misma de la ejecución del proceso ordinario conforme a las normas procesales previstas en el Código Procesal Civil; por lo cual, la emisión del decreto de 18 de enero de 2024, no genera ningún daño irremediable, irreparable o la eventual destrucción de un bien jurídicamente protegido; por lo que, el accionante debió acudir a las vías ordinarias de impugnación; y, 3) El accionante no sustentó debida y claramente las razones para acudir a la jurisdicción constitucional, incumpliendo los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

María Elena Fuentes Ramírez a través de sus abogados en audiencia, manifestó que: i) Respecto a las acciones de amparo constitucional pendientes de revisión, es necesario señalar que las resoluciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inmediato; por lo cual, no es necesario esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ello, no existe óbice para dar cumplimiento a la “Sentencia” pronunciada en el proceso ordinario que tiene calidad de cosa juzgada. Además, de conformidad con el art. 400 del CPC no puede suspenderse la ejecución de una sentencia por ningún motivo, ni siquiera por la presentación de un recurso de compulsa u otros medios de impugnación; ii) En cuanto al proceso de fraude procesal, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar a trámites que son de absoluta competencia de la jurisdicción ordinaria, debiendo el accionante acudir ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz para que se pronuncie respecto a las actuaciones a ser tomadas con relación al Juez ahora accionado; por consiguiente, el accionante incumplió el principio de subsidiariedad; iii) Respecto a que en el bien inmueble en litigio existirían personas de la tercera edad y niños; ello no es evidente; puesto que, se demostró que el lugar es un depósito de madera; y, iv) No existen “medios” de hecho para que excepcionalmente se dé curso a la presente acción tutelar. Tampoco es cierto que el accionante ostente la posesión legal de bien inmueble objeto de litigio. Razones por las que pide que se deniegue la tutela.

Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Valentín Reyes Estrada, Margoth, Antonio Valentín y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga, Eva Ramírez López de Fuentes y Aldo fuentes Ramírez, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 203, 205, 207 y 208 a 212.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 172/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 303 vta. a 309, concedió la tutela solicitada, disponiendo una tutela de carácter provisional a efectos de que no se libre un mandamiento de desapoderamiento, mientras no se resuelvan los recursos pendientes, como ser el de compulsa pendiente a ser resuelto por la Sala de turno de ese Tribunal y los recursos pendientes que se encuentran emergentes del proceso del cual deriva esta acción tutelar, lo propio mientras y en cuanto exista pronunciamiento respecto al oficio de la medida cautelar emitida por parte del Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) La Sentencia “153/2007” reconoce que desde el “2017” el accionante se encontraba en el bien inmueble en litigio. Posteriormente, fueron emitidas varias resoluciones en la vía ordinaria y acciones de amparo constitucional que fueron resueltas mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0616/2019-S3 de 13 de septiembre y 0525/2022-S3 que denegaron la tutela; por lo que, el proceso debe volver al estado inicial de las cosas; empero, el Juez hoy accionado emitió el decreto de 18 de enero de 2024 pretendiendo ejecutar incorrectamente un Auto Supremo -nulo- bajo la advertencia de librar mandamiento de desapoderamiento de no procederse a la desocupación del bien inmueble en litigio. Esa determinación fue objeto de recurso de reposición con alternativa de apelación que fue denegada sin ninguna fundamentación ni motivación; por cuanto, si bien el Juez ahora accionado indicó que no cometió ningún error; sin embargo, no expuso los motivos para ello ni explicó los efectos jurídicos de la sentencia ni demostró a las partes que exista un sometimiento a la ley; por lo que, tampoco esa autoridad judicial fue congruente en su “fallo”. En virtud a ello, fue presentado un recurso de compulsa; b) Con relación a lo anterior y al supuesto incumplimiento del principio de subsidiariedad, se tiene que la SCP 0338/2018-S3 establece como presupuestos para aplicar la tutela provisional tanto la acreditación de la vivienda como la existencia de un recurso pendiente. En el presente caso, la Sentencia 153/2017 manifestó que el accionante fue un simple detentador del bien inmueble por permisión efectuada por los suscribientes del contrato de 27 de agosto de 2007; deduciéndose que, los ahora terceros interesados no tienen la posesión del bien inmueble al solicitar mandamiento de desapoderamiento. Asimismo, se encuentra pendiente el recurso de compulsa, advirtiéndose que el Juez de la causa ordenó la remisión de fotocopias legalizadas al superior en grado para su tramitación; y, c) En consecuencia, fueron cumplidos los presupuestos determinados por la jurisprudencia constitucional para resguardar el derecho a la vivienda de una persona amenazada con mandamiento de desapoderamiento, siendo ese derecho directamente aplicable; por lo que, debe ser respetado en tanto y en cuanto no se resuelvan todos los recursos pendientes como el recurso de compulsa y el trámite por fraude procesal en el que se ordenó una medida cautelar de prohibición de innovar, sobre la que tampoco existe pronunciamiento alguno por parte del Juez hoy accionado. Por consiguiente, resulta viable la concesión de la tutela provisional. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, pidió a la Sala Constitucional complemente en sentido que al existir sobre el bien inmueble en litigio una medida cautelar de no innovar no se emita ningún mandamiento. En mérito a dicha solicitud, la Sala Constitucional aclaró que la tutela que se otorga es de carácter provisional y no definitivo, mientras se resuelvan los recursos que se encuentran pendientes. Asimismo, en vía de complementación y enmienda, María Elena Fuentes Ramírez a través de su abogado, solicitó aclaración respecto al por qué no fue aplicado el art. 400 del CPC y se considera la medida cautelar dispuesta en otro proceso, la cual fue determinada por una autoridad cuya competencia fue observada. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló no ser evidente el cuestionamiento de la competencia del Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, que no se desconoció la Sentencia 153/2017 sino que procedió a tutelar la forma en la que esta se va ejecutar al existir recursos que deben ser dilucidados, no existiendo nada más que considerar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa SCP 0616/2019-S3 de 13 de septiembre, que revocó la Resolución 02/2019 de 26 de abril, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, quien inicialmente concedió en parte la tutela solicitada y dispuso la nulidad del AS 1144/2018 de 26 de noviembre, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Nicolás Carvajal Carvajal -hoy accionante- en el proceso civil sobre cumplimiento de contrato, nulidad de declaratoria de herederos y nulidad de trámite de posesión hereditaria seguido contra Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Valentín, Margoth, Antonio Valentín y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga ampliada contra Eva Ramírez López de Fuentes, María Elena y Aldo, ambos de apellidos Fuentes Ramírez -ahora terceros interesados-. En consecuencia, ese fallo constitucional denegó la tutela solicitada por Laida Zabala Paredes en representación del accionante (fs. 48 a 59). Fallo constitucional que según el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal fue notificado a las partes el 7 de julio de 2020. II.2. Consta SCP 0525/2022-S3 de 2 de junio, que denegó la tutela solicitada por Jesús Edil Paz Parada en representación legal de Nicolás Carvajal Carvajal -accionante- sin ingresar al fondo de la problemática planteada; bajo los siguientes fundamentos: “…teniendo en cuenta la determinación asumida a través de la mencionada SCP 0616/2019-S3, debe quedar claramente establecido que el fallo entonces cuestionado consistente en el AS 1144/2018 y que fue objeto de análisis en el fondo del planteamiento constitucional, permanece firme y subsistente en todos sus efectos, pues la nulidad dispuesta por el Juez de garantías fue dejada sin efecto, producto precisamente de la revocatoria de su decisión; en ese marco, contrario sensu, todas las determinaciones emitidas en forma posterior y a consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías, se consideran inexistentes en la vida jurídica…

En esa línea de análisis, considerando que el AS 677/2020 fue emitido dentro de un trámite que actualmente es considerado inexistente, y siendo que dicho pronunciamiento se constituye en el objeto de análisis de la presente acción tutelar, se concluye en la imposibilidad de realizar labor alguna dado que a partir de lo mencionado en el singular caso se presenta una inexistencia del objeto procesal, haciendo inviable un pronunciamiento de fondo sobre una resolución que en realidad no nació en la vida jurídica; por lo que, en ese marco y a fin de evitar disfunciones procesales corresponde en el caso determinar la denegatoria de tutela al evidenciarse, se reitera, la inexistencia jurídica del pronunciamiento cuestionado por esta vía de control tutelar de constitucional, y cuyo examen y nulidad se pretendía” (fs. 33 a 46 [las negrillas nos pertenecen]). Fallo constitucional que según Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal fue notificado a las partes el 31 de marzo de 2023. II.3. Por Acta de audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional de 11 de diciembre de 2023, se tiene que María Elena Fuentes Ramírez, hoy tercera interesada planteó acción de amparo constitucional contra Olviz Egüez Oliva y “Erwin” -Edwin- Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Freddy Larrea Melgar y Mirian Rosell Terrazas, Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 154 a 158). Asimismo, de la lectura de la Sentencia S-154 de la misma fecha se establece que la nombrada accionante solicitó la concesión de la tutela y se dejen sin efectos los “fallos” pronunciados por las autoridades accionadas para la ejecución de la Sentencia 153/2017, en cumplimiento al AS 1144/2018 de 26 de noviembre y AS 677/2020 de 8 de diciembre; sin embargo, la tutela fue denegada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz sin ingresar al fondo de la problemática planteada (fs. 158 a 161). Del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se advierte que la señalada acción tutelar se encuentra en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional con el número de expediente 61446-2024-123-AAC. II.4. Mediante decreto de 18 de enero de 2024, Barly Durán Montero, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado- dispuso dar cumplimiento a la SCP 0525/2022-S3 que denegó la inicial concesión de la tutela otorgada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del citado departamento. “Que habiendo quedado vigente el Auto Supremo No. 677/2020 de fecha 08 de diciembre del 2020, se deja sin efecto la resolución de fecha 20 de noviembre de 2023 (…) y posteriores actuaciones” (sic); asimismo, determinó la ejecución de sentencia en cumplimiento al AS 677/2020 y la Sentencia 153/2017, disponiendo que Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Margoth, Antonio Valentín y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga, ahora terceros interesados, devuelvan $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) y el pago de daños y perjuicios de $us5 000.- en favor del accionante en el plazo de tres días a partir de su notificación. Además, otorgó el plazo de treinta días al nombrado a partir del pago por el monto de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses), para la desocupación del bien inmueble objeto de litigio y su entrega a los propietarios, advirtiéndole que de no proceder a la desocupación se librará el correspondiente mandamiento de desapoderamiento (fs. 62). Notificándose con el señalado decreto al accionante el 10 de abril de “2023” (fs. 63). Por su parte, mediante memorial presentado el 25 de junio de 2024, María Elena Fuentes Ramírez, ahora tercera interesada, pidió en el “Otrosí” se libre mandamiento de desapoderamiento (fs. 110 a 111 vta.); emitiéndose en consecuencia el decreto de 26 de ese mes y año; por el cual, el Juez hoy accionado dispuso se libre mandamiento de desapoderamiento contra el o los ocupantes del bien objeto del proceso ordenando que el mismo sea entregado a sus propietarios, y en caso de resistencia, sea intervenida con la fuerza pública (fs. 112). II.5. Mediante Auto 113/24 de 28 de junio de 2024, el Juez ahora accionado en respuesta al recurso de reposición con alternativa de apelación presentado por el accionante contra el decreto de 18 de enero de ese año, declaró no ha lugar y rechazó el recurso de apelación alternativamente opuesto (fs. 114 a 115). De la misma manera por decreto de 19 de julio de igual año, ante el recurso de compulsa interpuesto ordenó la remisión de fotocopias legalizadas al superior en grado (fs. 292). II.6. Por memorial presentado el 17 de junio de 2024, ante el Juez hoy accionado; el accionante formuló incidente de inejecutabilidad temporal de la Sentencia 153/2017 (fs. 97 a 102); emitiéndose en consecuencia el Auto 114/24 de 28 de igual mes y año por el nombrado Juez, que declaró infundado dicho incidente (fs. 116 y vta.); Auto contra el cual, el accionante por memorial presentado el 18 de julio del citado año interpuso recurso de apelación con alternativa de apelación (fs. 293 a 298 vta.). II.7. Cursa memorial presentado el 21 de agosto de 2023, ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; por el que, Nancy Soledad Mérida Chura en representación legal del accionante formuló demanda de nulidad de proceso ordinario por fraude procesal (fs. 80 a 88); asimismo, mediante memorial presentado el 15 de septiembre del señalado año, el accionante a través de su representante legal reiteró su solicitud de medida precautoria de prohibición de innovar (fs. 90); por consiguiente, el indicado Juez, mediante decreto de 18 del señalado mes y año, ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio (fs. 91). Posteriormente, mediante memorial presentado el 26 de abril de 2024, el accionante solicitó se dé a conocer la medida precautoria al Juez hoy accionado (fs. 146), ordenando se oficie por decreto de 17 de igual mes y año (fs. 147), expidiéndose al efecto el Oficio 411/2024 de 29 de ese mes (fs. 153).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a la igualdad procesal y ante la ley, de acceso a la justicia en aplicación a los principios pro actione y pro homine, a la vivienda, a la verdad y justicia material; puesto que, esas vulneraciones fueron ocasionadas por el Juez hoy accionado al interpretar y aplicar de manera errónea la SCP 0525/2022-S3 de 2 de junio, en el decreto de 18 de enero de 2024. En dicho decreto, se desconocieron actos judiciales previos y disposiciones como el AS 153/2023-RRC de 3 de marzo, cuya vigencia no fue formalmente cuestionada, y no se tomaron en cuenta situaciones procesales sobrevinientes, como la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio, dispuesta por un Juez de igual jerarquía en un proceso de fraude procesal; y, la existencia de acciones constitucionales aún pendientes de resolución, vinculadas al cumplimiento de fallos constitucionales relacionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto al derecho a la vivienda y su protección a través de la “tutela provisional” y la limitación de los alcances de dicha protección

La SCP 0654/2017-S2 de 3 de julio, estableció que: «Con relación a la protección del derecho a la vivienda a través de la tutela provisional ante la inminencia de un desapoderamiento, así como la limitación de los alcances de dicha protección, en la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, señaló: “Sobre el derecho a la vivienda, se mencionó precedentemente que el mismo tiene la característica de ser ‘fundamental-fundamental’; toda vez que, se constituye en un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales como la vida o la dignidad humana; de modo tal que, cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos; por lo que, corresponde activar su tutela en la medida de lo posible, para evitar cualquier afectación que pueda dar lugar a que se vulneren los ‘otros’ derechos mencionados. En razón a esto, la jurisprudencia desarrollada en varias Sentencias Constitucionales ha previsto que, cuando existan mandamientos de desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas de un bien inmueble, es posible otorgar una tutela de carácter ‘provisional’, siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de la referida medida. Es decir que, para evitar que una persona quede desprotegida al perder su vivienda, mientras se tramite todavía algún mecanismo que podría determinar que no corresponde el desalojo, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá tutelar ‘provisionalmente’ ese derecho a fin de evitar cualquier lesión a otro derecho que pueda resultar como consecuencia de la restricción del primero. Así, entre otras, la SC 1082/2003-R de 30 de julio, en un caso similar al que ahora se analiza, estableció lo siguiente: ‘Bajo esta idea rectora, sólo es posible conciliar los principios de subsidiariedad, protección inmediata y eficacia, brindando una tutela provisional, destinada a evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental en cuestión, lo cual requiere de una ponderación del derecho invocado como lesionado y las circunstancias que rodean al hecho excepcional. En la problemática en análisis, si bien se invoca como lesionado el derecho a la seguridad jurídica, no debe perderse de vista que el asunto fáctico, al estar directamente relacionado con la vivienda, en caso de efectuarse el desapoderamiento, el núcleo familiar quedaría gravemente afectado en uno de los componentes esenciales del ser humano, su dignidad, la cual se vería profunda y singularmente afectada al tener que trasladarse provisionalmente a otro inmueble, hasta que se defina su situación jurídica; y en su caso retornar al mismo, con las penurias que tal hecho conlleva. Consiguientemente, dada la naturaleza de los derechos fundamentales amenazados (dignidad y seguridad), las circunstancias fácticas presentadas en el caso particular, y la inminencia de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento -dado que la apelación en efecto devolutivo no suspende el procedimiento-, corresponde a este Tribunal, como garante del respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, otorgar una tutela provisional, hasta que la jurisdicción ordinaria defina el recurso pendiente de resolución’”. Sobre la limitación de los alcances de la protección del derecho a la vivienda a través de la tutela provisional ante la inminencia de la ejecución de mandamientos de desapoderamiento, en la SCP 0171/2017-S1 de 10 de marzo, señala lo siguiente: “Finalmente; y, en razón de delimitar los alcances de esta tutela provisional a la que nos referimos en éste acápite, resulta prudente referirnos una vez más al contenido de la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, pues si bien tras la ya aludida labor de ponderación, se argumentó sobre las razones para proteger provisionalmente el derecho a la vivienda; empero, igualmente en razón de no generar desequilibrio o conculcar el derecho del ejecutor, o quien demanda el desalojo, estableció la necesidad de acreditar que efectivamente la parte solicitante de tutela, habita el inmueble objeto de discusión; conclusión a la que llego en base al siguiente razonamiento: ‘Se debe aclarar que, si bien es cierto que en este caso se está concediendo una tutela provisional al derecho a la vivienda de los accionantes, mientras concluya el proceso de usucapión iniciado por ellos sobre el inmueble que pretende ser desapoderado; empero, la protección otorgada tiene su base en la existencia de prueba contundente e idónea que acredita que ellos habitaron la propiedad por más de dieciocho años; y por tanto, existe una gran probabilidad que la sentencia del referido proceso sea emitida en su favor. Por lo que, para que en futuros casos análogos pueda admitirse la acción de amparo constitucional y la misma pueda otorgar este tipo de tutela provisional frente a un mandamiento de desapoderamiento contra los ocupantes de una propiedad; necesariamente los accionantes deberán adjuntar prueba idónea que certifique su posesión en el inmueble que pretende ser desapoderado... Este razonamiento se da para evitar que en situaciones futuras se haga un uso indiscriminado de esta acción para evitar el cumplimiento de una orden de desapoderamiento; entendiéndose en consecuencia que, no es suficiente la iniciación de un proceso como el de usucapión para paralizar la ejecución de otro proceso en el que se ordenó la medida mencionada; sino que, más allá de la interposición de la demanda, se deberá cumplir con el requisito de la existencia de una duda razonable sobre el ‘derecho posesorio’ del bien inmueble que pretende ser desapoderado respecto a las partes que se verían afectadas con esa determinación’”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a la igualdad procesal y ante la ley, de acceso a la justicia en aplicación a los principios pro actione y pro homine, a la vivienda, a la verdad y justicia material; puesto que, esas vulneraciones fueron ocasionadas por el Juez hoy accionado al interpretar y aplicar de manera errónea la SCP 0525/2022-S3 de 2 de junio, en el decreto de 18 de enero de 2024. En dicho decreto, se desconocieron actos judiciales previos y disposiciones como el AS 153/2023-RRC de 3 de marzo, cuya vigencia no fue formalmente cuestionada, y no se tomaron en cuenta situaciones procesales sobrevinientes, como la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio, dispuesta por un Juez de igual jerarquía en un proceso de fraude procesal; y, la existencia de acciones constitucionales aún pendientes de resolución, vinculadas al cumplimiento de fallos constitucionales relacionados. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que la SCP 0616/2019-S3 evocó la Resolución 02/2019, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, quien inicialmente concedió en parte la tutela solicitada por Laida Zabala Paredes en representación del accionante, y dispuso la nulidad del AS 1144/2018 que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el nombrado dentro del proceso civil sobre cumplimiento de contrato, nulidad de declaratoria de herederos y nulidad de trámite de posesión hereditaria seguido contra Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Valentín, Margoth, Antonio Valentín y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga -ampliada contra Eva Ramírez López de Fuentes, María Elena y Aldo, ambos de apellidos Fuentes Ramírez- hoy terceros interesados. En consecuencia, ese fallo constitucional denegó la tutela. Resolución constitucional que según Sistema de Gestión procesal de este Tribunal fue notificado a las partes el 7 de julio de 2020 (Conclusión II.1.). Asimismo, la SCP 0525/2022-S3 denegó la tutela solicitada por Jesús Edil Paz Parada en representación legal del accionante sin ingresar al fondo de la problemática planteada; bajo los siguientes fundamentos: “…teniendo en cuenta la determinación asumida a través de la mencionada SCP 0616/2019-S3, debe quedar claramente establecido que el fallo entonces cuestionado consistente en el AS 1144/2018 y que fue objeto de análisis en el fondo del planteamiento constitucional, permanece firme y subsistente en todos sus efectos, pues la nulidad dispuesta por el Juez de garantías fue dejada sin efecto, producto precisamente de la revocatoria de su decisión; en ese marco, contrario sensu, todas las determinaciones emitidas en forma posterior y a consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías, se consideran inexistentes en la vida jurídica… En esa línea de análisis, considerando que el AS 677/2020 fue emitido dentro de un trámite que actualmente es considerado inexistente, y siendo que dicho pronunciamiento se constituye en el objeto de análisis de la presente acción tutelar, se concluye en la imposibilidad de realizar labor alguna dado que a partir de lo mencionado en el singular caso se presenta una inexistencia del objeto procesal, haciendo inviable un pronunciamiento de fondo sobre una resolución que en realidad no nació en la vida jurídica; por lo que, en ese marco y a fin de evitar disfunciones procesales corresponde en el caso determinar la denegatoria de tutela al evidenciarse, se reitera, la inexistencia jurídica del pronunciamiento cuestionado por esta vía de control tutelar de constitucional, y cuyo examen y nulidad se pretendía” (las negrillas nos pertenecen). Fallo constitucional que según Sistema de Gestión procesal de este Tribunal fue notificado el 31 de marzo de 2023 (Conclusión II.2.). También consta en antecedentes el Acta de audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional de 11 de diciembre de 2023, por la cual, se advierte que María Elena Fuentes Ramírez, ahora tercera interesada, planteó acción de amparo constitucional contra Olviz Egüez Oliva y “Erwin” -Edwin- Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Freddy Larrea Melgar y Mirian Rosell Terrazas, Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. De igual manera, de la lectura de la Sentencia S-154 se establece que la nombrada accionante solicitó la concesión de la tutela y que se dejen sin efectos los fallos pronunciados por las autoridades accionadas para la ejecución de la Sentencia 153/2017, en cumplimiento al AS 1144/2018 y AS 677/2020; sin embargo, la tutela fue denegada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se advierte que la señalada acción tutelar se encuentra en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el número de expediente 61446-2024-123-AAC (Conclusión II.3.). Mediante decreto de 18 de enero de 2024, se dispuso dar cumplimiento a la SCP 0525/2022-S3 que denegó la inicial concesión de la tutela otorgada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz. “Que habiendo quedado vigente el Auto Supremo No. 677/2020 de fecha 08 de diciembre del 2020, se deja sin efecto la resolución de fecha 20 de noviembre de 2023 (…) y posteriores actuaciones” (sic); además, dispuso la ejecución de sentencia en cumplimiento al AS 677/2020 y la Sentencia 153/2017, ordenando que Yaneth Reyes de Paz, Gino Reymar Veizaga, Margoth, Antonio Valentín y Silvia, todos de apellidos Reyes Veizaga, ahora terceros interesados, devuelvan $us5 000.- y el pago de daños y perjuicios de $us5 000.- en favor del accionante en el plazo de tres días a partir de su notificación. Además, otorgó el plazo de treinta días al demandante -accionante- a partir del pago por el monto de $us10 000.-, para la desocupación del bien inmueble objeto de litigio y su entrega a los propietario, advirtiéndole que de no proceder a la desocupación se librará el correspondiente mandamiento de desapoderamiento. Decreto notificado al accionante el “10” de abril de “2023”. Por su parte, mediante memorial presentado el 25 de junio de 2024, María Elena Fuentes Ramírez, hoy tercera interesada, pidió en el “Otrosí” que se libre mandamiento de desapoderamiento; emitiéndose el decreto de 26 de ese mes y año que dispuso se libre el mandamiento de desapoderamiento contra el o los ocupantes del bien objeto del proceso ordenando que ese sea entregado sus propietarios, y en caso de resistencia, deberá intervenir la fuerza pública (Conclusión II.4.). Posteriormente, ante el recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto por el accionante contra el decreto de 18 de enero de 2024, el Juez ahora accionado dictó el Auto 113/24 declarando no ha lugar el recurso de reposición y rechazó el recurso de apelación alternativamente formulado por el accionante. Por su parte, consta decreto de 19 de julio de igual año que ante el recurso de compulsa interpuesto ordenó la remisión de fotocopias legalizadas al superior en grado (Conclusión II.5.). Además, por memorial presentado el 17 de junio de 2024, el accionante formuló incidente de inejecutabilidad temporal de la Sentencia 153/2017; emitiéndose en consecuencia el Auto 114/24 de 28 de igual mes y año que declaró infundado dicho incidente; fallo contra el cual fue interpuesto recurso de apelación con alternativa de apelación mediante escrito presentado el 18 de julio de 2024 (Conclusión II.6.). Por su parte, cursa memorial presentado el 21 de agosto de 2023, ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; por el que, Nancy Soledad Mérida Chura en representación legal del accionante formuló demanda de nulidad de proceso ordinario por fraude procesal. Asimismo, mediante memorial presentado el 15 de septiembre del citado año, la representante legal del accionante reiteró su solicitud de medida precautoria de prohibición de innovar; por consiguiente, dicho Juez, mediante decreto de 18 del indicado mes y año ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio. Posteriormente, mediante memorial presentado el 26 de abril de 2024, el accionante solicitó se ponga en conocimiento del Juez ahora accionado la medida precautoria, ordenando se oficie por decreto de 17 de igual mes y año, expidiéndose al efecto el Oficio 411/2024 (Conclusión II.7.). Conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la SCP 0654/2017-S2, basándose en precedentes como la SCP 2164/2013 y la SC 1082/2003-R de 30 de julio, destaca la importancia de proteger el derecho a la vivienda mediante tutelas provisionales frente a desapoderamientos, al ser este un derecho fundamental que resguarda otros como la vida y la dignidad. Sin embargo, esa protección no es ilimitada y debe aplicarse bajo condiciones específicas, como la existencia de procesos pendientes que puedan determinar la improcedencia del desalojo, la acreditación de la posesión efectiva del bien inmueble por parte del solicitante, y la evaluación de las circunstancias que rodean cada caso. La SCP 0171/2017-S1 precisa además que esta medida no busca suspender automáticamente el cumplimiento de mandamientos de desapoderamiento sino equilibrar los derechos en conflicto, exigiendo pruebas idóneas que generen una duda razonable sobre el derecho posesorio, evitando el uso indiscriminado de estas acciones constitucionales. Bajo ese contexto y con los antecedentes aportados, incluida la emisión del mandamiento de desapoderamiento dispuesto mediante decreto de 26 de junio de 2024 (Conclusión II.4.), se puede afirmar que en el presente caso, se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la concesión de una tutela provisional; puesto que, en primer lugar, el accionante a través de su representante denuncia la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad procesal, de acceso a la justicia, y principalmente, el derecho a la vivienda; y en segundo lugar, existe una inminente ejecución del mandamiento de desapoderamiento -que podría realizarse con el uso de la fuerza pública en caso de resistencia- que implica un riesgo directo e irreparable sobre esos derechos. En ese orden, debe considerarse que el derecho a la vivienda, es un derecho fundamental con impacto en la dignidad humana que debe ser protegido cautelarmente mientras subsisten elementos de cuestionamiento legal sobre la legitimidad de las resoluciones que fundamentan la orden de desalojo.

En ese orden, en cuanto a la aplicabilidad de la excepción del principio de subsidiariedad en el presente caso por la inminencia de un daño irreparable, se establece que la orden de desapoderamiento dispuesta por decreto de 26 de junio de 2024, tiene carácter inminente, y de ejecutarse, ocasionaría un daño irreparable al accionante al privarlo de su vivienda y de la estabilidad asociada a ese derecho. Dicho perjuicio no podría ser reparado eficazmente mediante una decisión posterior; puesto que, implicaría la afectación de derechos inherentes a la dignidad humana. Bajo ese contexto, se advierte que el mandamiento de desapoderamiento busca ejecutar el derecho de los propietarios reconocido en fallos judiciales previos; sin embargo, la ejecución de dicho mandato genera un perjuicio irreversible sobre el derecho a la vivienda del accionante. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional dispone que, en casos donde los derechos en conflicto tengan un impacto irreparable sobre derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, debe prevalecer la protección del derecho que garantice mayor estabilidad y dignidad al afectado, en aplicación de los principios pro actione y pro homine. En cuanto a la existencia de procesos pendientes, en el presente caso se encuentran en trámite diversos procedimientos relacionados, como: 1) La demanda de nulidad por fraude procesal, en la que se dictó la medida precautoria de prohibición de innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio (Conclusión II.7.). Dicha medida, fue dispuesta por un Juez de igual jerarquía a la del Juez hoy accionado, la cual no fue cuestionada formalmente, tampoco fue considerada por esta última al emitir el mandamiento de desapoderamiento (Conclusión II.4.); 2) La revisión de acciones constitucionales pendientes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que guardan relación con la ejecución de las resoluciones judiciales base del presente conflicto; y, 3) Los recursos interpuestos contra decretos y decisiones de ejecución, señalados en las Conclusiones II.5. y II.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a las deficiencias observadas en la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones cuestionadas, se advierte que el mandamiento de desapoderamiento ordenado (Conclusión II.4.) se emitió sin valorar la vigencia de la medida precautoria de prohibición de innovar, dispuesta previamente por un Juez competente en el marco del proceso de fraude procesal. Esa omisión compromete el principio de congruencia vinculado a la fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso, y pone en duda la validez del procedimiento seguido para disponer la ejecución, debiendo en este punto concederse la tutela.

Complementando lo expuesto precedentemente, se tiene que existen actos judiciales y constitucionales pendientes de resolución que afectan directamente la validez y legitimidad de las Resoluciones que se pretende ejecutar. Por consiguiente, la emisión del mandamiento de desapoderamiento, sin considerar esas circunstancias, podría interpretarse como una actuación procesal irregular que vulnera el derecho al debido proceso, concediéndose la tutela. Asimismo, la jurisprudencia constitucional establece que cuando una medida pueda generar efectos irreparables sobre derechos fundamentales, es imperativo analizar las circunstancias específicas del caso para evitar que el daño se concrete. En ese sentido, la falta de valoración integral de los elementos que concurren en el presente caso amenaza el derecho de acceso efectivo a la justicia, debiendo concederse la tutela respecto a ese punto en particular. El derecho a la defensa se ve vulnerado cuando no se permite a la parte interesada una participación efectiva en el proceso, o cuando se le impide exponer adecuadamente sus argumentos. En este caso, el accionante denuncia que se desconocieron actos judiciales previos y disposiciones que no fueron formalmente cuestionadas, lo que sugiere que no se permitió una debida y efectiva defensa. Además, el decreto de 18 de enero de 2024, que dispuso el cumplimiento de la SCP 0525/2022-S3, pudo afectar la capacidad del accionante para hacer valer sus derechos, al no tomarse en cuenta las acciones constitucionales pendientes de resolución y otras situaciones procesales como la medida cautelar de prohibición de innovar sobre el bien inmueble objeto de litigio. Ese hecho implica que el accionante no tuvo la oportunidad de defender sus intereses adecuadamente en un contexto procesal en el que aún estaban pendientes decisiones que podrían alterar el curso del proceso; por consiguiente, se concede la tutela al respecto. El derecho a la verdad y la justicia material implica que los actos procesales se resuelvan de manera justa y conforme a los hechos, respetando las pruebas y circunstancias que emergen durante el proceso. En el presente caso, el accionante sostiene que la determinación que se adoptó al desconocer actos judiciales previos y disposiciones vinculadas a la tutela no consideró los elementos fácticos y procesales que pudieron alterar el resultado. En particular, el desconocimiento de las acciones constitucionales pendientes y de las medidas cautelares, como la prohibición de innovar, impide que se haga justicia de manera material, ya que se omiten circunstancias procesales relevantes que podrían influir en la resolución del conflicto, debiendo concederse por ello la tutela solicitada. El derecho a la igualdad procesal y ante la ley implica que todas las partes deben ser tratadas de manera equitativa en el proceso judicial, sin que se produzcan discriminaciones o trato desigual. En el presente caso, al ignorarse disposiciones previas y situaciones procesales en curso -como las acciones constitucionales pendientes y las medidas cautelares-, el accionante se ve en una situación de desventaja frente a otras partes involucradas, como los propietarios del bien inmueble objeto de litigio. Eso genera una vulneración al principio de igualdad procesal, ya que no se le brindó la oportunidad de que se resolviera adecuadamente su situación jurídica, afectando la imparcialidad y el equilibrio en el proceso, concediéndose por ello la tutela solicitada. Por lo anteriormente expuesto, se establece que la emisión del mandamiento de desapoderamiento, sumada a la ausencia de motivación suficiente y la falta de valoración de medidas cautelares y procesos pendientes, demuestra que la orden de ejecución compromete los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, se verifica el cumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales necesarios para la concesión de una tutela provisional, con la finalidad de evitar un daño irreparable sobre el derecho a la vivienda del accionante y demás derechos conexos -trabajo y vida-. Por lo tanto, corresponde suspender la ejecución del mandamiento de desapoderamiento mientras se resuelven los procedimientos pendientes y se garantizan las condiciones necesarias para la resolución definitiva de fondo, en respeto a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y prevalencia de los derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 172/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 303 vta. a 309, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional respecto al derecho a la vivienda y demás derechos conexos, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz no ejecute mandamiento de desapoderamiento alguno contra Nicolás Carvajal Carvajal, hasta que no se resuelvan los recursos de compulsa interpuestos contra el Auto 113/24 de 28 de junio de 2024 y de reposición con alternativa de apelación planteado contra el Auto 114/24 de igual fecha y mientras aún esté vigente la medida cautelar de no innovar y contratar sobre el bien inmueble objeto de litigio dispuesta por decreto de 18 de septiembre de 2023 emitida por el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz en el proceso ordinario por fraude procesal planteado el 21 de agosto del citado año por Nicolás Carvajal Carvajal a través de su representante legal.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0890_2024-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): d771b2b8c24b15ab1b24431ee361421585595d4c6b402a17b5ea9d9edad1130d

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