Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia que la parte demandada lesionó sus derechos a la vida, a la alimentación, a una vida digna, a vivir bien, a la salud, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la maternidad segura; toda vez que, trabajó en la entidad ahora demandada por más de cuatro años, mediante varios contratos de prestación de servicios de personal eventual en actividades propias y permanentes vinculadas al giro habitual o principal de la empresa; sin embargo, sin considerar que su estado de embarazo se produjo en vigencia de uno de los contratos y que los subsiguientes contratos fueron en el curso de la gestación, siendo que durante el último Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021, con plazo establecido desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre, el seguro de salud le otorgó desde el 6 de diciembre de 2021 las bajas temporales prenatal y postnatal hasta el 27 de febrero de 2022, el demandado, mediante memorando de 5 de enero de igual año, designó en su cargo a otra persona, sin respetar que su baja médica por maternidad aún estaba vigente y no obstante haber realizado su reclamo solicitando que se respete su inamovilidad laboral como progenitora, no fue restituida a su puesto laboral ni se le reconocieron la asignaciones familiares que le corresponde por ley. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetr…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 233 a 240, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al pago de sueldos devengados hasta el cumplimiento de un año de la hija de la accionante y de la totalidad de las asignaciones familiares pendientes que no se hubieran efectivizado desde el quinto mes de gestación hasta los doce meses posteriores al alumbramiento. 2° DENEGAR la tutela pretendida, en cuanto a la reincorporación laboral, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0890/2023-S1 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente 48205-2022-97-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 233 a 240, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Magdalena Martínez García contra Juan Carlos Chura Sucojayu, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).
Por memoriales presentados el 12 y de subsanación el 19 de abril de 2022, cursantes de fs. 132 a 141; y, 143 y vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que trabajó en la entidad demandada por cuatro años y ocho meses; es decir, desde el 6 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, mediante contratos de prestación de servicios de personal eventual, en el cargo de Enlace Administrativo Gran Chaco, donde realizó actividades propias y permanentes vinculadas al giro habitual o principal del INIAF, sin las cuales no tendría objeto la existencia de dicha institución, como ser: procesos de adquisiciones, reportes de ejecución financiera, ventas, reporte de ingresos, cuentas por cobrar, encargada de almacén y de activos fijos, control de personal, elaboración del Programa Operativo Anual (POA) institucional y reportes de toda información requerida referente al manejo administrativo de la citada entidad. Durante los años que trabajó en la institución demandada, suscribió varios contratos eventuales y adendas por un mes, por dos meses e incluso por días, siendo el último suscrito el Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Cuando estaba vigente el Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021 que corría del 12 de enero al 31 de marzo de ese mismo año, tuvo lugar su embarazo; continuando de manera consecutiva e ininterrumpida con la prestación de sus servicios en mérito a subsiguientes recontrataciones, conforme acredita por el Certificado de Atención Prenatal 011307, que establece que su persona como asegurada bajo la matrícula 91-5213-MGM, empezó a recibir atención médica prenatal desde el quinto mes de gestación, otorgándole su habilitación para percibir el subsidio prenatal a partir del 27 de agosto del año 2021, en mérito al cual solicitó personalmente al ahora demandado, que a través de la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.), sea autorizado el pago del subsidio prenatal; actos ocurridos dentro de la vigencia del Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 536/2021 que corría del 11 al 31 de agosto del mismo año; posteriormente, fue recontratada bajo el Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 con vigencia desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre de igual año, a pesar de tener conocimiento de su estado de gravidez, vulnerando de esta manera su derecho de inamovilidad laboral, puesto que correspondía que se la recontrate hasta que su hija cumpla un año de edad, tal como ocurrió en su anterior embarazo. En vigencia del mencionado Contrato, fue otorgada su baja pre natal desde el 6 de diciembre y luego la baja post natal que concluía 27 de febrero de 2022, tal como puede evidenciarse en los certificados de incapacidad temporal emitidos por la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (R.A.); motivo por el cual, fue designada su asistente en tanto dure su baja médica. No obstante que se encontraba en vigencia la referida baja médica por maternidad, el demandado mediante Memorándum MDF-INIAF-DGE-DAF-URH 020/2022 de 5 de enero, nombró en su cargo a Carmen Elda Rioja Miranda; por ello, mediante carta de 8 de enero de ese mismo año, (enviada por courrier el 12 de igual mes y año) solicitó la reconsideración para la restitución a su cargo laboral; sin embargo, no se le brindó respuesta alguna. Concluida su baja médica, el 2 marzo de 2022 se presentó a su fuente laboral, confirmando que otra persona se encontraba en su cargo, habiéndola dejado sin trabajo, privándole del seguro de salud sin beneficio alguno; es en este sentido que, el 11 de igual mes y año, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Yacuiba, pero le fue denegada su denuncia; por ello, acude a la protección que ofrece esta instancia pues ni siquiera le reconocieron las asignaciones familiares que por ley le corresponden.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la alimentación, a una vida digna, a vivir bien, a la salud, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la maternidad segura, citando al efecto los arts. 15, 18.I y II, 45, 46.I, 48, 49.III, 60, 62, 115, 123, 232, 233 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 4 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga lo siguiente: a) Su reincorporación laboral al mismo cargo que venía ocupando al momento de su desvinculación; b) El pago de sueldos devengados, desde la fecha de su desvinculación laboral; c) El pago de los subsidios pre natal, natalidad y lactancia; y, d) De forma inmediata, le sea reestablecido su seguro de salud.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 26 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 230 a 233, produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando los mismos, refirió que no fue evidente que su seguro hubiera tenido una vigencia de sesenta días, pues fue dado de baja el 27 de enero de 2022, constituyendo tal acto en un atentado a la vida y a la salud de su hija.
Juan Chura Sucojayo, Director General Ejecutivo del INIAF, a través de memoriales presentados el 19 y 23 de mayo de 2022, cursantes de fs. 169 y vta.; y, 201 a 206, remitió informes escritos, señalando lo que a continuación se detalla: 1) El INIAF fue creado mediante Decreto Supremo (DS) 29611 de 25 de junio de 2008, como una institución descentralizada de derecho público con personería jurídica propia, patrimonio propio y bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que cuenta con varias regionales y macro regionales a nivel nacional, entre ellas la Macro Regional Gran Chaco, en la cual fue contratada la solicitante de tutela; 2) Fueron tres los contratos suscritos con la ahora accionante, los cuales se detallan a continuación: i) Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021 de 12 de enero al 31 de marzo, que tuvo dos adendas, la primera al 18 de junio y la segunda hasta el 31 de julio del mismo año; ii) Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 536/2021 de 11 al 31 de agosto del ese año; y, iii) Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 de 2 de septiembre al 31 de diciembre de igual año; 3) La impetrante de tutela fue contratada bajo la partida presupuestaria 12100 de personal eventual; es decir, que su relación laboral se regía bajo la suscripción de contratos laborales con la calidad de EVENTUALES; es decir, que conocía que éstos tenían una vigencia y plazo establecidos; 4) En ningún momento se retiró a la accionante de su fuente laboral, como tampoco hubo una resolución de contrato o despido, como falsamente afirma la misma; simplemente se dio la terminación de un contrato, que siempre contó con una vigencia determinada y plazo fijo; 5) En cuanto a que sería prohibido este tipo de contratos para tareas propias y permanentes, se debe considerar que el INIAF debe regir sus actos a los procesos de administración establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sus normas conexas y reglamentarias; pues como dispone el art. 3 de dicha Ley: “Los sistemas de Administración y de control se aplicaran en todas las entidades del Sector Público, sin excepciones”; el Sistema de Administración de Personal, por su parte el inciso b) del art. 7 de la misma norma legal determina que “toda entidad pública se organiza internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades’ dotando a las entidades públicas la facultad de efectuar su administración en relación a las funciones que desempeña, entre estas facultades se encuentra la de administrar el personal dependiente de esta, que debe efectuarse no solamente enmarcado en la normativa vigente, sino también a la disponibilidad presupuestaria de cada gestión”(sic); 6) El art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- establece que no están sometidos a dicho estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que trabajen con carácter de eventual; de igual forma, el art. 5 del DS 012 de 19 de febrero de 2009, expresa que el beneficio de la inamovilidad no se aplica a contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra; asimismo, el Reglamento para la contratación de personal eventual del INIAF en su art. 7 dispone que por las características de la entidad, el INIAF al carecer de ítems para funcionarios de línea y otros, la vigencia de cada contrato será establecida de acuerdo al requerimiento de la unidad solicitante, tomando en cuenta las funciones a desempeñar para cada cargo; 7) En cuanto a la solicitud de beneficios sociales y asignaciones familiares, a la que hace referencia la impetrante de tutela; de acuerdo al Informe INF/INIAF/DAF/URH 147/2022 de 10 de mayo, emitido por la Unidad de RR.HH., que en la parte pertinente sostuvo que: “…la relación contractual entre el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y la Sra. María Magdalena Martínez García, concluye en fecha 31 de diciembre de la gestión 2021(…) no se tienen pago de haberes pendientes de pago (…). Los beneficios sociales también fueron cancelados considerando que la funcionaria pudo gozar del seguro médico los 60 días posteriores a la conclusión de la relación laboral…”(sic); y, 8) Respecto a los subsidios correspondientes del quinto al noveno mes de gestación no fueron efectivizados, en razón a que la solicitante de tutela no cumplió con las formalidades y requisitos que no fueron remitidos en los plazos correspondientes; de igual forma, como tampoco presentó solicitud para su entrega, no teniendo conocimiento expreso del nacimiento de su hijo/a. Por otro lado, en el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, la autoridad demandada refirió que la inamovilidad laboral no se aplica a contratos que por su naturaleza sean temporales, eventuales o de obra; asimismo, sostuvo que no existió lesión a sus derechos, pues solo se dio la culminación del contrato suscrito con la ahora accionante.
La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 233 a 240; denegó la tutela impetrada con relación a la reincorporación de la peticionante de tutela a su puesto de trabajo; sin embargo, y velando por el interés de la menor se dispuso que la autoridad ahora demandada, otorgue las asignaciones familiares en caso de no haberlas entregado, desde la fecha del nacimiento de la hija de la demandante de tutela “…con la aclaración de que si estaba asignado los beneficios sociales, que manifiesta que no conocía, y en caso de no hacerlo no haberse asignarse los beneficios sociales, la suscrita no puede determinar retroactivamente que se cancelen los beneficios sociales a la menor si la accionante en su momento no ha dispuesto que se cancelen los mismos”(sic); decisión que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La impetrante de tutela suscribió con la entidad ahora demandada varios contratos a plazo fijo, siendo el último el Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 de 2 de septiembre al 31 de diciembre; data desde la cual, la solicitante de tutela ya se encontraba desvinculada de la institución en la cual prestaba sus servicios, teniendo la misma pleno conocimiento de que su relación laboral era eventual; b) Al momento de firmar su última contratación que vencía el 31 de diciembre de 2021, gozaba de los derechos que le otorgaba el DS 012; y, c) No existe prueba alguna para que la accionante goce de los beneficios sociales de agosto a diciembre de 2021, pues no consta en obrados el sello presentado ante la Unidad de RR.HH. de la entidad demandada, dado que cuando fue suscrito el último contrato ya contaba con cinco meses de gestación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021 de 12 de enero; por el cual, se contrataron los servicios de María Magdalena Martínez García -ahora impetrante de tutela-, para que ocupe el cargo de Técnico III Enlace Administrativo Macro Región Chaco, con vigencia desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de ese año (fs. 50 a 55). II.2. A través de la Primera Adenda INIAF/UAL/CPE/ADENDA 203/2021 de 31 de marzo al Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 071/2021, se amplió el plazo de contratación de la solicitante de tutela, hasta el 18 de junio de 2021 (fs. 56 a 57). II.3. Por Segunda Adenda INIAF/UAL/CPE/ADENDA 364/2021 de 18 de junio al Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021, se modificó nuevamente el tiempo de contratación de la accionante, ampliando el plazo hasta el 31 de julio de 2021 (fs. 58 a 59). II.4. En el Carnet Perinatal de María Magdalena Martínez García -ahora impetrante de tutela- constan sus consultas antenatales efectuadas el 21 de julio, 27 de agosto, 29 de septiembre, 28 de octubre y 2 de diciembre de 2021 (fs.2). II.5. Mediante Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 536/2021 de 11 de agosto suscrito por el representante legal del INIAF, se contrató a la demandante de tutela, en el cargo de Técnico III Enlace Administrativo Macro Región Chaco del 11 al 31 de agosto de ese año (fs. 184 a 188). II.6. A través de Certificado de Atención Prenatal en el Seguro Social de Caminos, se evidencia que la accionante realizó sus controles médicos de atención prenatal el 27 de agosto, el 29 de septiembre, el 28 de octubre y el 2 de diciembre de 2021, además el 11 de enero de 2022; de igual forma, consta el Carnet de Asegurada de la impetrante de tutela en la Caja de Salud de Caminos (fs. 3). II.7. Por Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 de 2 de septiembre, la accionante fue contratada como Técnico III Enlace Administrativo Macro Región Chaco del INIAF, a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2021 (fs. 65 a 69).
II.8. Cursa Boleta de asignaciones familiares, por la cual se acredita el abono en favor de la peticionante de tutela, correspondiente al subsidio prenatal de diciembre de 2021 (fs. 247). II.9. Constan los Certificados de Atención Prenatal y de Incapacidad Temporal otorgados por la Caja de Salud de Caminos y R.A., en favor de la solicitante de tutela desde el 6 hasta el 20 de diciembre de 2021; del 21 de diciembre de 2021 hasta el 19 de enero de 2022; del 14 de enero al 31 de enero del mismo año; y, del 1 de febrero al 27 de febrero de igual año; mismos que corresponden a su baja prenatal y postnatal (fs. 4 y 5). II.10. A través de nota de 6 de enero de 2022, (recepcionada el 12 del señalado mes y año) la accionante solicitó al demandado, que encontrándose con baja médica prenatal y habiendo tomado conocimiento que se había designado a otra persona en su lugar, se reconsidere esa determinación y se le restituya su cargo o se le asigne otro similar con el mismo nivel salarial (fs. 71 a 72). II.11. Mediante certificado de nacimiento, se constata el nacimiento de AA, hija de la ahora impetrante de tutela, acaecido el 14 de enero de 2022 (fs. 6). II.12. Mediante nota de 16 de marzo de 2022 (no cuenta con cargo de recepción), el Inspector de Trabajo de la Jefatura Regional de Yacuiba, señaló a la solicitante de tutela que la inamovilidad laboral no se aplica a contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales y de obra; por lo tanto, en el caso a la peticionante de tutela no le asiste dicho derecho, debido a que se encuentra sujeta a una relación eventual (fs. 77).
La accionante denuncia que la parte demandada lesionó sus derechos a la vida, a la alimentación, a una vida digna, a vivir bien, a la salud, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la maternidad segura; toda vez que, trabajó en la entidad ahora demandada por más de cuatro años, mediante varios contratos de prestación de servicios de personal eventual en actividades propias y permanentes vinculadas al giro habitual o principal de la empresa; sin embargo, sin considerar que su estado de embarazo se produjo en vigencia de uno de los contratos y que los subsiguientes contratos fueron en el curso de la gestación, siendo que durante el último Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021, con plazo establecido desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre, el seguro de salud le otorgó desde el 6 de diciembre de 2021 las bajas temporales prenatal y postnatal hasta el 27 de febrero de 2022, el demandado, mediante memorando de 5 de enero de igual año, designó en su cargo a otra persona, sin respetar que su baja médica por maternidad aún estaba vigente y no obstante haber realizado su reclamo solicitando que se respete su inamovilidad laboral como progenitora, no fue restituida a su puesto laboral ni se le reconocieron la asignaciones familiares que le corresponde por ley. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; 2) Sobre el régimen de las asignaciones familiares; y, 3) Análisis del caso concreto.
Conforme al razonamiento a partir de la SCP 0512/2020 S1 de 16 de septiembre, se estableció que:
El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios.
En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad -art. 62 de la CPE-. Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino, que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y lactancia, aspectos que dan lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad.
En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras).
Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, lo entendió la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.
Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R, de 10 de febrero de 2005, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción.
En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:
…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el 1La SCP 0076/2012 de 12 de abril, señala: “(…) durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 2La SC 1497/2011, señaló: ““De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’. La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 3La referida SC 130/2005-R, en su F.J.III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.
nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas nos corresponden). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez, provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras).
En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:
…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad.
Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, en el marco de la protección que brinda la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional precisó que está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento, refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos.
La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:
se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE.
Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abrilefectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, señalando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores.
Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo, que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, 5Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 6La citada Sentencia en el FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección”. 7El art. 71 del EFP, refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 8El FJ III.8, expresa: “La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.
Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.
naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales, que serán desarrolladas para el efecto.
La Constitución Política del Estado, en su art. 45.I y III, dispone que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad; (…)
II. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Asimismo, el art. 48.I y IV de la CPE, prevé lo siguiente:
I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio;
(…)
IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles. En cuanto a las asignaciones familiares establecidas en favor de los trabajadores, el DS 3546 de 20 de febrero de 2013, modificatorio del art. 25 del DS 21637, establece en su art. 25, inc. a) y c), que se reconocen las prestaciones del Régimen de las Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras, las siguientes:
a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;
(…)
c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. Por otra parte, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Administrativa (RA) ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, con relación al pago retroactivo de las asignaciones familiares, en su art. 35 establece que se efectuará en los siguientes casos:
a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes.
La solicitante de tutela alega que la parte demandada lesionó sus derechos a la vida, a la alimentación, a una vida digna, a vivir bien, a la salud, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, al debido proceso, a la justicia pronta oportunidad y sin dilaciones y a la maternidad segura; toda vez que, trabajó en la entidad ahora demandada por más de cuatro años, mediante contratos de prestación de servicios de personal eventual en actividades propias y permanentes vinculadas al giro habitual o principal de la empresa. Una vez que quedó embarazada en el mes de marzo de 2021 en vigencia de uno de los contratos, continuó trabajando normalmente; en todo caso, fue recontratada por Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021 del 2 de septiembre al 31 de diciembre; de esta manera, y en vigencia de esta contratación, el 6 de diciembre se le otorgó su baja prenatal y postnatal que comprendía desde ese día hasta el 27 de febrero de 2022; sin embargo, y no obstante que se encontraba en vigencia su baja médica por maternidad, el ahora demandado, mediante memorando de 5 de enero de igual año, puso en su cargo a otra persona y pese a que solicitó reconsideración para su restitución a su cargo laboral, no tuvo una respuesta favorable; a ello, sumado el hecho de que tampoco le reconocieron las asignaciones familiares que por ley le corresponden.
Planteada la problemática y de los antecedentes procesales cursantes en obrados, se advierte que la accionante, interpuso la presente acción de amparo constitucional, alegando que le correspondía la inamovilidad y estabilidad laboral, por ser madre de un recién nacido, además de sus asignaciones familiares que se le estarían negando. Por su parte, el ahora demandado, en su defensa señaló que la solicitante de tutela fue contratada bajo la partida presupuestaria 12100 de personal eventual; es decir, que su relación laboral con la empresa demandada fue bajo la suscripción de contratos laborales eventuales, a sabiendas de que estos tenían una vigencia y plazo establecidos; por lo que, en ningún momento se retiró a la accionante, como tampoco hubo una resolución de contrato o despido, simplemente la terminación de un contrato que contaba con una vigencia y plazo fijo, reforzando sus alegatos con normas como ser (art. 6 del EFP que establece que no están sometidos a dicho Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas con carácter de eventual; art. 5 del DS 012, expresa que el beneficio de la inamovilidad no se aplica a contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra; asimismo, el Reglamento para la contratación de personal eventual del INIAF que en su art. 7 dispone que por las características de la entidad, el INIAF al carecer de ítems para funcionarios de línea y otros, la vigencia de cada contrato será establecida de acuerdo al requerimiento de la unidad solicitante, tomando en cuenta las funciones a desempeñar para cada cargo). Por otro lado y en cuanto a los subsidios correspondientes del quinto al noveno mes de gestación no fueron efectivizados, en razón a que la impetrante de tutela no cumplió con las formalidades y requisitos que no fueron remitidos en los plazos correspondientes, como tampoco presentó solicitud para su entrega, no teniendo conocimiento expreso del nacimiento de su hijo/a. Es así, que dentro del contexto señalado, de los antecedentes procesales adjuntos y lo referido por las partes, se advierte que mediante Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021, se tomó los servicios de la solicitante de tutela, para que ocupe el cargo de Técnico III Enlace Administrativo Macro Región Chaco del 12 de enero al 31 de marzo de ese año, emitiéndose el último día de vigencia de este, la primera Adenda al Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 071/2021; por la cual, se modificó el tiempo de contratación de la accionante, del 12 de enero al 18 de junio de 2021 a cuya conclusión se emitió la Segunda Adenda al Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 070/2021; a través de la cual, se modificó nuevamente el tiempo de vigencia de la contratación de la impetrante de tutela, ahora del 12 de enero al 31 de julio de 2021. Por otro lado, cursa Contrato Administrativo para Prestación de Servicios de Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 536/2021;
por el cual, nuevamente se tomó los servicios de la peticionante de tutela, para que ocupe el mismo cargo que venía desempeñando del 11 al 31 de agosto de ese año; también se evidencia los controles médicos realizados a la accionante, el 27 de agosto, 29 de septiembre, 28 de octubre, 2 de diciembre de 2021 y 11 de enero de 2022; a través de su certificado de atención prenatal y carnet de asegurada. Posterior a ello, nuevamente se contrató a la impetrante de tutela, mediante Contrato Administrativo para Prestación de Servicios Personal Eventual INIAF/UAL/CPE 737/2021, con una duración al 31 de diciembre del mismo año. Por otro lado, constan los certificados de incapacidad temporal por maternidad otorgados por la Caja de Salud de Caminos y R.A. en favor de la accionante, por baja prenatal del 6 al 20 de diciembre de 2021 y del 21 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022 y baja postnatal del 14 de enero al 31 de enero de 2022 y del 1 de febrero al 27 de febrero de igual año; sin embargo, en vigencia de la baja prenatal, el 5 de enero del citado año, el demandado designó a otra persona en su puesto laboral; por lo que, mediante nota de 6 de enero de 2022, con cargo de recepción de 12 del señalado mes y año, la impetrante de tutela solicitó se reconsiderase el referido nombramiento y por ende se le restituya a su cargo o se le asigne otro similar con el mismo nivel salarial, sin ser atendida su solicitud; posteriormente, el 14 de enero del precitado año, según consta se produjo el nacimiento de AA, hija de la ahora accionante.
En ese contexto, y conforme establece el art. 48.VI de la CPE, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los trabajadores o servidores públicos progenitores (madres y padres), hasta un año después de producido el nacimiento del hijo o hija, que en armonía con el art. 60 de la misma Norma Suprema, se garantiza la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, además garantizar el bienestar de la madre gestante y de los trabajadores y servidores públicos progenitores (padre o madre), además de los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta que cumplan un año de edad; inamovilidad que no fue respetada por la autoridad del INIAF ahora demandada, quien sin considerar que se trataba de una funcionaria sujeta a varios y subsecuentes contratos a plazo fijo, cuyo embarazo se produjo en vigencia del contrato y que durante el último contrato le fue otorgada su baja prenatal desde el 6 de diciembre de 2021 que se extendió hasta el 14 de enero de 2022, cuando se produjo el nacimiento de la hija de la demandante de tutela iniciándose a partir de esa fecha hasta el 27 de febrero del citado año, el periodo de incapacidad temporal por maternidad posnatal; sin embargo, sin tomar en cuenta la situación de inamovilidad de la impetrante de tutela, el demandado desde el 5 de enero del referido año, nombró a otra persona en el cargo que desempeñaba la accionante, sin respetar que su baja por maternidad aún estaba en curso, vulnerando de esta manera dicho derecho; por lo que, corresponde ser tutelado y si bien por el tiempo transcurrido no es posible disponer su reincorporación laboral dado que a la fecha la hija de la solicitante de tutela ya cumplió un año de edad, corresponde el pago de los sueldos que le correspondían percibir hasta el cumplimiento del año de la menor. Por otra parte, debe tenerse presente que los derechos de la niña tampoco pueden verse afectados, pues lo que se busca es la protección del ser en gestación y del recién nacido en sus derechos a la vida y a la salud; en mérito a lo dispuesto por el art. 25 del DS 3546, que reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares como son: i) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; ii) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); iii) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; conforme también estableció la jurisprudencia constitucional en la SC 1539/2010-R de 11 de octubre; derechos de los que según denunció la impetrante de tutela fue privada tanto ella como su hija menor, dado que el demandado no hubiera cumplido con el trámite administrativo correspondiente para su efectivización. Al respecto, de la revisión de los antecedentes que constan en el expediente, se tiene que en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, la parte accionante señala que se le había pagado el octavo mes por concepto de prenatalidad; adjuntando para ello, copia de la boleta de asignaciones por el mes de diciembre, probando con ello, que si había cumplido con los trámites necesarios para que se le endose los subsidios correspondientes; en tal sentido, a la impetrante de tutela, le correspondían las asignaciones familiares, por ser madre progenitora dependiente laboralmente de la entidad ahora demandada, derechos sociales que cubren tanto a la madre en gestación como al ser concebido, incluso antes del nacimiento de la menor, en procura de salvaguardar la salud y vida de la madre gestante y del ser concebido, derechos que de ninguna manera pueden encontrarse limitados o supeditados por aspectos circundantes al cumplimiento en la dotación de dichas asignaciones familiares, o bien a la aplicación de meros formalismos que signifiquen el impedimento en la materialización de los derechos que les corresponden a la madre gestante y al nuevo ser; por ende, corresponderá a la parte demandada atender en su totalidad las asignaciones familiares previstas por ley, debiendo completar a los cinco meses por concepto de prenatalidad, el pago natalidad y los doce meses de lactancia, derechos que no pueden ser privados, pues como se tiene entendido, la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, cinco meses por concepto de prenatalidad, el pago natalidad y los doce meses de lactancia, derechos que no pueden ser privados, pues como se tiene entendido, la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como a la integridad y el buen desarrollo del concebido durante la gestación, el nacimiento, la recuperación y lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad; derechos de la madre accionante y de su hija que no fueron protegidos por la autoridad del INIAF hoy demandada, puesto que además de haber designado a otra persona en el cargo que ocupaba la funcionaria en estado de gestación con baja por maternidad, vulneró su derecho a la inamovilidad laboral; al no haber viabilizado el pago de las asignaciones familiares, lesionó también los derechos a la vida, a la alimentación, a una vida digna, a vivir bien, a la salud y a la seguridad social, tanto de la madre como de la menor, que se vieron privadas de recibir todos los derechos y protección que les correspondía; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder parcialmente la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 233 a 240, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al pago de sueldos devengados hasta el cumplimiento de un año de la hija de la accionante y de la totalidad de las asignaciones familiares pendientes que no se hubieran efectivizado desde el quinto mes de gestación hasta los doce meses posteriores al alumbramiento. 2° DENEGAR la tutela pretendida, en cuanto a la reincorporación laboral, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
4 El FJ III.2 de la citada Sentencia expresa lo siguiente “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0890_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): f0770749b041cac996fc33f257f9b468a5bbee9e322a6fe82a278197b7e09cca
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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